domingo, 3 de marzo de 2013

Las Vegas Sands reconoce que podría haber sobornado a cargos públicos extranjeros

NUEVA YORK.- Las Vegas Sands ha reconocido ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) que podría haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley federal que prohíbe los sobornos a funcionarios y cargos públicos en el extranjero.

   El informe anual de la compañía recoge que la auditoría interna ha revelado que hay indicios de "probables violaciones de los libros y registros y de las provisiones de control interno" de la ley antisobornos, según recoge el diario estadounidense 'The Wall Street Journal'.
   Las irregularidades se corresponderían con iniciativas emprendidas en la China continental y serían responsabilidad de ejecutivos que ya no trabajan para Las Vegas Sands, ha asegurado una fuente de la compañía a 'WSJ'. Sin embargo, un portavoz de la empresa, Ron Reese, no ha querido comentar estas posibles irregularidades en China.
   Hace ya dos años que Las Vegas Sands reveló que estaba siendo investigado por quebrantar la ley sobre sobornos a funcionarios extranjeros por la SEC y por el Departamento de Justicia. Siempre según la compañía, la investigación se abrió como consecuencia de una demanda civil presentada en Nevada por el exdirector de su filial en China.
   Según el 'WSJ', Las Vegas Sands intentó levantar un consorcio de comercio en Pekín con el nombre del director ejecutivo de la compañía, Sheldon Adelson, y patrocinar un equipo de baloncesto chino.

El informe del Banco de España y las testificales, claves para la evolución de la causa

MADRID.- El informe pericial encargado a dos expertos del Banco de España y las nuevas declaraciones testificales que preparan ya las partes marcarán la evolución de la causa judicial en la que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, según fuentes jurídicas.

   Tras la comparecencia de los 33 exconsejeros que están imputados, entre ellos el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, y de los principales protagonistas de la crisis y a falta únicamente de la declaración por escrito del ministro de Economía, Luis de Guindos, la instrucción entra en una nueva fase en la que será crucial el trabajo que desarrollen los peritos Antonio González Ruiz y Víctor Sánchez Nogueras, designados por el Banco de España.
   A falta de que las defensas determinen los aspectos sobre los que quieren que se centre esta diligencia, los peritos tendrán que determinar, entre otros aspectos, si el proceso de fusión de las siete cajas de ahorro que dio lugar al Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, y su posterior salida a Bolsa "se desarrolló respetando la normativa aplicable y las recomendaciones e instrucciones del Banco de España".
   Así consta en una providencia dictada por el juez Andreu el pasado 4 de febrero en la que además se ordena a los peritos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que determinen la legalidad de las retribuciones que percibió el personal de alta dirección y los consejeros de BFA y Bankia, los créditos que ellos mismos y sus familiares próximos recibieron y la incidencia de estas cuestiones en el "reflejo de la imagen fiel de la situación financiera" de la entidad.
   De igual modo, los fiscales del caso, Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol, quieren que los peritos analicen el tratamiento contable que se dio a los ejercicios de 2010 y 2011 y si la reformulación de las cuentas correspondiente a este último año, en el que la entidad pasó de tener unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones, llevó aparejada "artificios contables, operaciones indebidamente contabilizadas o insuficiente cobertura de riesgos".
   En el caso de que los peritos aprecien "irregularidades", la Fiscalía quiere que los expertos del Banco de España valoren si "deberían o podrían haber sido detectadas por los auditores  mediante el desarrollo de los trabajos y procedimientos de auditoría generalmente aceptados". De igual modo, pide que detallen "cualquier actuación detectada contraria a la normativa o usos bancarios o mercantiles".
   Los expertos también tendrán que abordar otras cuestiones, como la solvencia del Plan Estratégico aprobado en diciembre de 2010 y la fiabilidad del folleto informativo de salida a Bolsa, a petición de Unión Progreso y Democracia (UPyD); la evolución de las ratios de liquidez, solvencia y morosidad a lo largo de 2011, a propuesta del colectivo '15-MpaRato'; y la explicación del desfase de 4,7 millones de euros que existía entre las cuentas de 2010 y 2011, según la Asociación de Bancos y Cajas de Ahorro (ADICAE).
   Además, las partes personadas en la causa tienen previsto solicitar la declaración de nuevos testigos. El abogado de UPyD, Andrés Herzog, ha avanzado que llamarán a declarar a "directivos de Bankia de un segundo nivel, como el director financiero y el interventor general, para que detallen cómo se tomaron algunas decisiones".
   El colectivo '15-MpaRato', por su parte, quiere que el juez Andreu tome declaración a los 15 perjudicados por la adquisición de participaciones preferentes que están personados en la causa como acusación particular. "Queremos que le expliquen al juez cómo les vendieron estos productos", ha explicado el abogado del colectivo, Juan Moreno, que recuerda que el número de afectados en toda España asciende a casi 200.000.
   Durante la primera fase de la instrucción, Rato y el resto de exconsejeros de la entidad defendieron las cuentas de la entidad y culparon a los Gobiernos del PSOE y el PP del deterioro de Bankia. El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su parte, aseguró que el ministro de Economía, Luis de Guindos, le quitó el "control" de la crisis y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó ante el juez que tuvo que "partir de cero" porque "seguir negando la realidad no llevaba a ningún lado".

El 60% de los ayuntamientos españoles no rinden cuentas y solo se auditan el 5 ó 6%

MURCIA.-  El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, destaca la necesidad de cualquier entidad, máxime si son administraciones públicas, a que se sometan a auditoría y es que, ha denunciado, "casi el 60 por ciento de las corporaciones locales no han rendido todavía ni cuentas" y solo se auditan el 5 ó 6 por ciento de estos entes públicos.

   "Hay una falta de transparencia enorme" por lo que "es necesario e importantísimo una transparencia, por ejemplo, de los más de 2.300 entes públicos entre organismos, consorcios o fundaciones", ha apostillado Ramón Madrid en relación al el seminario 'Aspectos contables y fiscales de las entidades sin fines lucrativos', celebrado esta semana en el Colegio de Economistas.
   Así como que "debería auditarse cualquier ayuntamiento que tenga un presupuesto superior a los 5 ó seis millones de euros", en este sentido el decano de los economistas de la Región ha apuntado que "la mayoría de consistorios que no rinden cuentas son pequeños".
   Al hilo, ha destacado que la Región de Murcia es, a 15 de octubre de 2012, la cuarta comunidad con un 53,70 por ciento en rendición de cuentas en el ejercicio 2011 por detrás de Galicia, Cataluña y La Rioja; en el conjunto del país, el dato desciende a un 40,8 por ciento, "mucho peor" en las entidades locales, por lo que, en su opinión, "queda mucho por hacer".
   Aunque, no es menos cierto, que la Región de Murcia ha pasado de 105 a 87 entes en 2010, frente a los 152 Valencia, 125 de Aragón, los 95 de Canarias o los 84 del Principado de Asturias.
   En auditorías, el 65 por ciento del sector público estatal está auditado, un 29 por ciento en el autonómico y solo un 5-6 por ciento en la administración local, ha añadido el decano de los economistas murcianos.
   Al tiempo que ha afirmado, con motivo de otro seminario impartido esta semana, 'Las nuevas normas técnicas de auditoría y transición hacia las normas internacionales de auditoría', --de aplicación obligatoria en el año 2014--, que la forma de trabajar anglosajona da más facilidad de desviarse de una supuesta legalidad porque "atrae muchas más interpretaciones" mientras el derecho reglamentista actual "es uno más dos y punto".
   El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, que opina que estos cambios "ahondarán en que el trabajo del auditor sea cada vez más reconocido y preciado por la sociedad" y ha insistido en la importancia de la auditoría "para ofrecer transparencia", considera que hasta entonces "los auditores tenemos mucho que estudiar" por lo que "habrá que ponerse las pilas".
   Por último, ha querido dejar claro que "transparencia no significa que no vaya a haber malversación de fondos", aunque, "hay que rendir cuentas, hacerlas públicas y someterlas a la verificación de un tercero, sean entes públicos o privados".