viernes, 26 de octubre de 2012

Las CCAA tienen que justificar el destino del dinero del FLA

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este viernes a las comunidades autónomas que deben justificar el fin al que destinen el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y en respuesta a la pregunta de si el Ejecutivo controla los préstamos que están recibiendo las comunidades, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "ese dinero tiene que llegar a los proveedores para los que se ha autorizado".
   Al hilo del pago a las farmacias realizado por la Generalitat de Cataluña tras recibir la partida correspondiente al FLA, la vicepresidenta ha explicado que el dinero fue solicitado por el Gobierno de Artur Mas el pasado lunes y que se dio "respuesta inmediata".
   Según ha recordado, el dinero del FLA "está para pagar vencimientos o para pagar a proveedores y se tiene que justificar el destino de esos fondos"
 "Ese dinero tiene que llegar a los proveedores para los que se ha autorizado porque el FLA obliga por un lado a cumplir los planes de ajuste y además tiene marcado el procedimiento de para qué se tiene que destinar ese dinero que se recibe", ha indicado.

La Comunidad dice que la financiación del Estado "no es comprensible ni coherente, ni técnica ni lógicamente"

MADRID.- La Comunidad de Madrid considera que el marco de financiación dibujado para la región en 2013 a través del actual sistema de financiación "no es comprensible ni coherente, ni técnica ni lógicamente", según consta en una carta remitida por el Consejero autonómico de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

   En esta misiva, cuyo original ha publicado al completo este viernes el diario El País, Madrid considera erróneo el modelo, entre otros motivos, porque "mermando a Madrid los ingresos el Sistema" le hace "aportar más en proporción a la transferencia neta al fondo de garantía".
   Así, si en 2011 Madrid aportaba el 63 por ciento de dicha cantidad, ahora, en 2013 "aportará el 73 por ciento, cuando sus ingresos del Sistema son disminuidos en 1.000 millones de euros", lo que consideran que "no es coherente con la evolución que se le atribuye --erróneamente-- a Madrid de una peor evolución de sus ingresos por actividad económica respecto a su mayor aportación porcentual a la transferencia neta del fondo de garantía".
   "Porque si comparativamente baja respecto al resto en cuanto a los ingresos, ¿cómo puede crecer comparativamente en cuanto a la aportación neta a la transferencia al fondo de garantía?", se pregunta el máximo responsable de las cuentas madrileñas.
   El Gobierno de la Comunidad de Madrid habla de "errores" de cálculo del propio Ejecutivo central, así como del Instituto Nacional de Estadística, en cifras que afectan al cálculo del sistema de financiación autonómica y que harían perder millones de euros a Madrid.
   "Podemos concluir que no solo dicho sistema de financiación es injusto, incoherente y conduce al absurdo, sino que, además, contiene errores en indicadores fundamentales que influyen en el reparto de determinados impuestos, con grave perjuicio para Madrid. Y dichos errores tienen su influencia negativa tanto en las entregas a cuenta de 2013 como en la evolución de las liquidaciones", sostiene Ossorio.
   De hecho, Madrid apunta un error del INE en el indicador de IVA que perjudica en 608 millones menos de lo que le correspondería en 2013. "Sería de agradecer que se ponga en conocimiento del INE esta circunstancia", piden.
   "Y que éste [el INE] muestre su disposición a elaborar una nueva metodología para futuros ejercicios no es suficiente, porque sí que ha de poder corregirse para el ejercicio de 2013, en aras de que lo que la Comunidad de Madrid pide que se le asigne por el Sistema de Financiación en 2013 es lo que le corresponde en función de los parámetros del Modelo de Financiación correctamente calculados".
   Sobre este respecto, la Comunidad dice tener "de un completo informe" que puede hacer llegar al Ministerio de Hacienda "donde se explica técnicamente el problema y los fallos".
   Pero en resumen, ese informe apunta a que el INE "emplea erróneamente la óptica del gasto frente a la óptica de la renta a la hora de distribuir el consumo de IVA".
 "Al tiempo que el cálculo que realiza el INE cuenta con una serie de limitaciones importantes, puesto que para pasar de la óptica renta --empleada por todas las fuentes de información disponibles-- a la óptica gasto, precisa de una serie de indicadores con mala calidad o desfasadas, de manera que hacen poco certera cualquier estimación que de aquí salga", explica Ossorio.
   El relato de errores continúa en referencia los cálculos para los impuestos especiales, de hidrocarburos o el del tabaco. En estos últimos dos casos, Madrid estima que deja de recibir 360 y 160 millones de euros, respectivamente, hasta un montante de 1.128 millones de euros.
   Ossorio termina la carta recordando a Montoro que ya tiene encima de la mesa "diversas fórmulas" remitidas por la Comunidad para poder enmendar estos errores, cuya resolución tiene el fin de "la aplicación de la normativa básica estatal en la prestación de servicios esenciales" y que "los madrileños puedan contar con la misma financiación que el resto de españoles para dichos servicios".

Ignacio González asegura que existe "colaboración" con Hacienda por la financiación

VALDEQUEMADA.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que hay conversaciones desde hace semanas entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para tratar las "correcciones" en la financiación autonómica derivadas de la aplicación del actual modelo y se ha mostrado convencido de que "la colaboración" entre ambos va a ser "fructífera".

   Así se ha manifestado el jefe del Gobierno madrileño preguntado por si el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha respondido a su consejero económico, Enrique Ossorio, a una carta enviada el pasado 11 de octubre en la que critica el actual modelo tildándolo de "absurdo" y en la que vuelve a reclamar los más de 1.000 millones de euros que, a su juicio, Madrid pierde por varios errores en el cálculo y del propio Sistema.
   "Estamos en conversaciones para tratar de ver si hay posibilidades de hacer algunas correcciones al desaguisado que provoca este modelo con respecto a Madrid, seguimos con estas conversaciones y estoy seguro de que la colaboración va a ser fructífera seguro", ha indicado González en una visita a Valdemaqueda para comprobar las tareas de reforestación en la parte afectada por el incendio que este verano arrasó la Sierra Oeste.
   Sobre la carta, González ha indicado que "está muy bien escrita" mientras que sobre su contenido, ha indicado que "lo único que pone de manifiesto" es lo que ya vienen hablando "desde hace tiempo".
 "Tenemos un modelo de financiación vigente impuesto como consecuencia de un pacto político entre José Luis Rodríguez Zapatero y el tripartito catalán", ha destacado.
   A juicio de González, este modelo solo "beneficiaba" a Cataluña y Andalucía y "ahora ni siquiera da satisfacción a aquellos que lo firmaron".
 "No satisface a nadie, produce unos resultados que son absurdos y perjudican gravemente a Madrid", ha criticado el dirigente madrileño, quien ha recordado que es una cuestión que ya comentó en la Conferencia de Presidentes y en la primera reunión institucional que mantuvo en La Moncloa con Mariano Rajoy.
   "Es necesario proceder a su revisión", ha insistido González, quien ha explicado que en la Conferencia de Presidente ya se acordó tratar el tema y se van a iniciar los trabajos creando un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Vamos a ponerlo en marcha para evaluarlo y poner de manifiesto que produce un resultado absurdo que hay que cambiar", ha dicho, al tiempo que ha señalado que se trata de un "sentimiento generalizado".

Hacienda calcula que hay 6.000 millones por cobrar por delitos fiscales

SANTANDER.- La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha confirmado que quedan unos 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales españoles por delitos fiscales, tal y como ha adelantado este jueves el director del servicio jurídico del organismo, Juan Manuel Herrero.

   En un encuentro con la prensa durante el XXII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Viana ha explicado que, de esta cantidad, unos 4.000 millones corresponden a delitos cometidos en los últimos cinco años y, el resto, son de años anteriores.
   Por ello, la directora del organismo ha subrayado la importancia de las mejoras que introduce el Código Penal en esta materia. En este sentido, la agencia ha destacado la prescripción en diez años de este tipo de delitos.
   En este sentido, el director del servicio jurídico ha señalado que le hubiese gustado que esta medida hubiera podido tener retroactividad y se hubiese extendido a los casos anteriores, aunque ha aclarado que hubiera supuesto problemas técnicos a los tribunales y que, por ello, no se ha llevado a cabo.
   Los delitos fiscales que podrán tener una prescripción de diez años serán los que superen la cuantía de 600.000 euros, los que se comentan por una trama criminal o los que utilicen medios sofisticados, como negocios simulados o paraísos fiscales.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.
   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.
   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.
   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".
 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.
   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".
   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.
   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.
   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.
   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.
   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.
   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.
   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

El Gobierno acaba con el despido de veteranos a cargo de las árcas públicas

MADRID.-  El Gobierno obligará a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas empresas de cargar este coste sobre las arcas públicas.

   Según la normativa aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de 50 o más años tendrán que efectúen una aportación económica al Estado para compensar el impacto que dichos despidos suponen sobre el sistema de protección por desempleo.
   La norma persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.
   El Real Decreto aprobado este viernes recoge el sistema de cálculo para calcular las aportaciones económicas que tendrán que hacer las empresas y que se realizará a través de liquidaciones anuales. El Servicio Público de Empleo será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de las aportaciones.
   El procedimiento de liquidación se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán 15 días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones, las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.
   Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de 30 días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.
   Esta norma viene únicamente a adaptar las novedades que se incluyeron en la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que, en los años de bonanza, "grandes grupos empresariales con beneficios" ajustaron plantilla a través de los denominados 'ERE preventivos', que incluían prejubilaciones y despidos con cargo a los recursos públicos.
   "Aunque el anterior Gobierno puso coto a esto, nosotros llegamos un poco más lejos", ha dicho Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha precisado que con esta medida no se limita el derecho de las empresas a hacer un ERE, sino que se trata de impedir que los contribuyentes paguen estos despidos.
   Con esta norma se modifica parcialmente la llamada 'enmienda Telefónica', aquella que se incluyó en la reforma de pensiones para evitar que las grandes empresas con beneficios que prejubilan a trabajadores mayores de 50 años carguen el coste al presupuesto público.
   El Consejo de Ministros ha aprobado también el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.
   La norma, que desarrolla la reforma laboral aprobada en febrero, regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en el periodo de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.
   En el reglamento se concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas.
   Además de la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de reestructuración empresarial, para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de 50 trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
    Por lo que respecta a la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.
   Por otro lado, el Real Decreto desarrolla la disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral y que sólo afectará al personal laboral del sector público. En ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto.
   En el caso de las empresas del sector público, entidades o sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, se aplicarán las mismas causas y procedimientos que den lugar a despidos colectivos previstos con carácter general para las empresas del sector privado.
   En el caso de las Administraciones Públicas, se regula un procedimiento específico. Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones Públicas en las que estuviera legalmente previsto.
   En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa.
   La norma refuerza los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.
   Cuando se trate de causas económicas se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.

Bankia pierde 7.053 millones hasta septiembre tras provisionar 11.485 millones

MADRID.- Bankia perdió 7.053 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, frente a un beneficio de 295 millones registrado en el mismo periodo de 2011, después de haber provisionado 11.485 millones que siguen el plan de recapitalización de la entidad. 

   Según ha informado el banco nacionalizado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el margen de intereses acumulado hasta septiembre ascendió a 2.449 millones de euros, un 23,6% más que en igual periodo de 2011.
   Los depósitos estrictos de los clientes de Bankia totalizaron a septiembre un total 98.793 millones de euros incluyendo los pagarés emitidos por el grupo, lo que supone un descenso de 14.257 millones en lo que va de año.

Los parados madrileños descienden en 15.100 en el tercer trimestre

MADRID.- El número de parados madrileños ha descendido en el tercer trimestre del año en 15.100 personas hasta 628.200 parados, según refleja la encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa la tasa de desempleo en la región en un 18,56 por ciento.

   Madrid es la Comunidad donde se ha registrado un mayor descenso del número de parados. A nivel nacional, la cifra de desempleados ha aumentado en 85.000 personas hasta alcanzar el total de 5.778.100, con lo que la tasa de paro nacional se ha incrementado hasta el 25,02 por ciento.
   La tasa de paro alcanza así su nivel más alto en España de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, los datos sólo abarcan hasta 1976. En ningún trimestre desde entonces se ha registrado una tasa de desempleo tan elevada como la actual.
   El número de ocupados en la región se ha situado en los 2.756.200, con lo que la tasa de actividad madrileña ha sido de un 64,07 por ciento.
   Por sexos, el número de hombres en paro se ha situado en 332.800 y el de mujeres en 295.400, con tasas de un 18,78 por ciento y un 18,32 por ciento respectivamente. En cuanto a la ocupación, la cifra de hombres ocupados llega hasta 1.439.100 y la de mujeres hasta 1.317.100, con tasas de un 70,41 por ciento y 58.30 por ciento respectivamente.
   Con respecto al trimestre anterior, en términos porcentuales el número de parados ha descendido un 2,34 por ciento, pero con respecto al mismo trimestre del año pasado, ha aumentado un 9,62 por ciento.
   La tasa de actividad ha registrado una variación con respecto al anterior trimestre de un 0,39 por ciento menos, y tomando como referencia el mismo periodo del año pasado ha descendido un 1,41 por ciento.
   En lo que respecta al resto de las comunidades autónomas, el número de parados se ha aumentado en nueve regiones en el tercer trimestre del año. El mayor incremento ha correspondido a Andalucía, con 61.300 parados más, seguida de Comunidad Valenciana (26.500 parados más) y Murcia (20.600 desempleados más). Los mayores descensos, después de Madrid, han correspondido a Galicia (11.900 menos) y Castilla-La Mancha (9.600 meno).
   En cuanto a la ocupación, ésta cayó en el tercer trimestre en 8 de las 17 comunidades autónomas. Las regiones donde más puestos de trabajo se destruyeron entre julio y septiembre fueron Andalucía (58.400 menos) y Cataluña (36.300 menos), mientras que las que más empleo crearon fueron Baleares, con 25.200 puestos de trabajo más, y Extremadura (16.300 empleos más).

Trabajadores del Zoo, llamados a la huelga contra un ere ERE

MADRID.- UGT y CC.OO. han convocado una huelga de trabajadores del Zoo de Madrid para los días 3 y 9 de noviembre contra el ERE de extinción presentado por la empresa Parques Reunidos que afecta a 22 trabajadores, según ha informado la portavoz de UGT, Cristina Alonso.

   Asimismo, Alonso ha indicado que en Faunia también se ha presentado un ERE que afecta a otros 22 trabajadores y que posiblemente se adherirá al paro para los días 3 y 9 de noviembre, que coinciden con el puente de Todos los Santos y el día de La Almudena.
   "No procede un ERE en ninguno de los dos", ha dicho la portavoz de UGT en alusión a ambos parques. Al mismo tiempo, ha señalado que "es una vergüenza" que Parques Reunidos, que tiene el cien por cien de las dos empresas, presente sendos ERE porque "no hay pérdidas".
   "Sólo nos han presentado una bajada de la facturación relativa, que entendemos es coyuntural", ha explicado. Según Alonso, Parques Reunidos es "el segundo operador en Europa del sector del ocio" y se encuentra "en expansión y crecimiento".
   Además, ha señalado que el ERE "afecta a los más desfavorecidos", en el sentido de que los trabajadores implicados son aquéllos cuyos salarios "no son muy altos". En concreto, cuidadores tanto de los animales como de las instalaciones, encargados de garantizar unas condiciones de salubridad, ha indicado.
   Alonso ha subrayado que los animales se verían más perjudicados que los clientes si se aplica este ERE en el Zoo de Madrid, que cuenta con una plantilla cercana a 2.000 trabajadores entre fijos y eventuales. Con respecto a Faunia, Parques Reunido ha planteado un ERE de extinción que afecta a 22 trabajadores de un total de 92, según la portavoz de UGT.
   Mientras la convocatoria de huelga en el Zoo de Madrid ha sido aprobada este jueves en asamblea; en Faunia se votará el próximo miércoles.
   Según Alonso, la empresa está en una posición "bastante inflexible" mientras los sindicatos están intentando negociar alternativas al ERE. Para ello, están a la espera de recibir documentación sobre la masa salarial.
   Además, ha acusado a Parques Reunidos de haber presentado ambos ERE por separado "para debilitar la acción", por lo que ha manifestado la voluntad de UGT de aunar fuerzas. "Totalmente en contra de que una empresa que no tiene pérdidas nos plantee un ERE", ha zanjado.

Metro cifra el seguimiento en un 46%

MADRID.- Metro de Madrid estima que el seguimiento de los paros parciales convocados por Metro esta mañana ha sido del 46 por ciento y que se han cumplido los servicios mínimos decretados entre las 6.05 y las 8.30 horas, según ha detallado un portavoz de la compañía.  

   Por su parte, los sindicatos aseguran que el 97 por ciento del personal de Metro, que no está obligado a desplegar servicios mínimos, ha secundado los paros parciales.
   Así lo ha detallado el responsable de CC.OO. en el suburbano, Ignacio Arribas, quien ha asegurado que los servicios mínimos se han cumplido "a rajatabla".
   Además, el portavoz sindical ha remarcado que, durante esta primera fase de la huelga, los trabajadores han realizado una "importante" tarea de comunicación  con los viajeros. "Nos hemos situado en los andenes de la estación de Sol con unos megáfonos y hemos explicado a la gente que los recortes les afectan también a ellos", ha explicado.
   Así, los trabajadores del suburbano han indicado a los viajeros que el cierre de vestíbulos, la subida del precio del transporte público, el recorte de trenes, la reducción de plantilla de trabajadores de seguridad y limpieza "les afectan también a ellos y mucho".

EMT cifra el seguimiento de la huelga en un 51%

MADRID.-   La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha cifrado el seguimiento de los paros parciales convocados por el Comité de Huelga de 6.30 a 8.30 horas, en un 51,4 por ciento y en un 53,3 por ciento, en el intervalo de 23 a 1 horas; mientras los sindicatos cifran en un cien por ciento el seguimiento en los centros de trabajo.

   Según ha indicado un portavoz de la compañía, los paros se han desarrollado con el cumplimiento del cien por cien de los servicios mínimos y con total normalidad en la prestación del servicio y la circulación de los autobuses.
   Por su parte, los sindicatos en EMT han estimado el seguimiento de la huelga en un cien por cien en los centros de trabajo, en el que se incluyen el personal de conductores y de talleres, así como la plantilla que trabaja en las vías urbanas. Los sindicatos ha reconocido que el seguimiento en la plantilla de las Oficinas Centrales ha sido menor.
   Así lo ha indicado el portavoz de CC.OO. en la EMT, Juan Carlos Castañuela, quien ha resaltado que los "trabajadores están muy sensibilizados" y que el desarrollo de la huelga se ha producido "sin incidentes".
   Respecto a los servicios mínimos, Castañuela ha indicado que se han cumplido "estrictamente", a pesar de que la cifra "impuesta" de prestaciones de autobuses, fijada por la empresa entre el 40 y el 50 por ciento de la dotación habitual, les parece una "barbaridad".
   Por último, Castañuela ha recalcado que desde el Comité de Huelga de la EMT lamenta "mucho" las dificultades y molestias que la huelga pueda causar a los viajeros, pero que "tienen que defender no solo sus puestos de trabajo, sino también el servicio", que está en "continuo deterioro".

Victoria tilda de "error de bulto" el sistema de financiación autonómica porque "perjudica enormemente" a Madrid

MADRID.- El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha afirmado este viernes que el sistema de financiación autonómica actual es "un error de bulto" que "nació ya lastrado por los intereses de los socialistas que ahora están pagando los madrileños".

   Tras la visita a las obras de construcción de un auditorio en la localidad de Tielmes, que cuenta con la inversión del Plan Regional de Inversión de la Comunidad (PRISMA), Victoria ha explicado que dicho sistema de financiación lo puso en marcha el anterior Gobierno socialista como "una concesión política a los intereses partidistas en Andalucía y Cataluña que perjudica enormemente a los madrileños".
   "Ha llevado al absurdo que la comunidad que más empleo genera, que más impuestos recauda, que más crece respeto a su Producto Interior Bruto (PIB) se la comunidad en la que desciende su financiación un 8 por ciento, mientras que al resto se quedan igual o aumentan", ha añadido.
   Por eso, Victoria ha recordado que han pedido al Ministerio de Hacienda una "comprensión" para que los madrileños "no se vean perjudicados" y para conseguir "una garantía de financiación para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales".
   En este sentido, ha indicado que la carta que el consejero de Economía y Hacienda madrileño, Enrique Ossorio, ha enviado al Ministerio de Hacienda sobre este asunto no está suponiendo ningún litigio o problema con el Gobierno de la Nación.
   "Estamos manteniendo conversaciones. La predisposición y la voluntad de ambas partes ha sido siempre muy buena y positiva. Lo que hay es un trabajo intenso desde hace varias semanas para solucionar este problema que nos han dejado los socialistas", ha agregado.
   "Los policías deben estar muy tranquilos y los ciudadanos también porque tienen una Comunidad que desde el año 2004 vela por la seguridad ciudadano, como así se ve en los resultados", ha concluido el titular regional de Presidencia.

El Parque del Manzanares, abandonado con "vertidos ilegales y accesos imposibles"

MADRID.-   La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque, en el distrito de Villaverde, ha recopilado un centenar de fotografías que muestran el "abandono" del segundo tramo del Parque Lineal del Manzanares, donde se pueden ver "accesos imposibles, farolas sin luz, alcantarillas sin tapas, vertidos ilegales" e incluso un coche abandonado.

   La documentación ha sido enviada a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. En el escrito le recuerdan que el parque es "el mayor corredor medioambiental del sur de la ciudad y alberga importantes elementos de alto valor ecológico, arqueológico, paleontológico y cultural".
   "Lo que podría ser un entorno privilegiado dentro del núcleo urbano de Madrid, se está convirtiendo poco a poco es un espacio degradado y abandonado tanto por la falta de mantenimiento del Ayuntamiento de Madrid como por las actuaciones promovidas desde distintas administraciones", denuncia la asociación.
   Desde la entidad se solicita la adopción de una veintena de medidas que permitirían la regeneración social, histórica, cultural y medioambiental de este espacio natural de Madrid.

IU plantea medidas para aumentar en más de 500 millones los ingresos municipales

MADRID.- El Grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto, como alternativa a las iniciativas de recorte del Gobierno local, una serie de medidas fiscales que mejorarían los ingresos municipales en 516 millones de euros y financiar medidas de corte social por valor de 226 millones de euros.

   Para ello abogan por la reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con elementos de progresividad, la aplicación de una serie de tasas municipales a las pernoctaciones turísticas, a la ocupación de cajeros en vías públicas, a los eventos multitudinarios promovidos por entidades privadas (en cobro por los servicios adicionales que requieren) y la tributación por metros ocupados en el caso de terrazas y veladores.
   En concreto, la formación defiende una reforma fiscal que dé como fruto un IBI "progresivo" que se integre en el IRPF para que el valor catastral de los inmuebles formen parte de la renta del contribuyente, gravar las viviendas desocupadas y establecer también un tipo de gravamen para el suelo sobre el que aún no se ha construido. Con ello, se lograrían unos ingresos valorados en 164 millones de euros.
   Por otro lado, IU reclama las reformas pertinentes para aumentar a un tipo de 3 por ciento la cesión al ámbito local de IRPF, IVA y otros impuestos especiales, lo que permitiría recaudar cerca de 300 millones de euros. En materia de tasas, se propone exigir una cuantía entre 1 y 4 euros por día (según la categoría del establecimiento) por las pernoctaciones registradas (con ingresos valorados en 30 milllones), otros 5 millones por la tasa de cajeros y otros 5 millones para el caso de los eventos deportivos.
   En lo que respecta a la tasa de terrazas y veladores, el grupo municipal de IU propone una cuota en función de los metros cuadrados ocupados valorando también el precio del suelo del establecimiento al que pertenecen, una iniciativa que generaría otros 15 millones de euros.
   En materia de gasto, reclama dedicar 30 millones de euros para subvenciona el alquiler de viviendas para familias en situación de exclusión social (con una renta de 250 euros al mes que repercutiría en 10.000 familias) y reservar 36 millones de euros para ayudas de emergencia social a personas en situación de especial necesidad (con una subvención de 300 euros con 10.000 hogares potencialmente beneficiarios).
   También abogan por destinar 50 millones para incrementar en 20.000 usuarios la ayuda a domicilio, financiar con 10 millones el Plan de Empleo Local (que implicaría la contratación también de 1.400 desempleados en riesgo de exclusión social) y un plan de mejora de equipamientos en barrios con déficits dotacinales valorado en 100.000 millones de euros.
   Así lo ha remarcado este viernes el portavoz del grupo municipal, Ángel Pérez, quien ha asegurado que para aplicar estas medidas solo se requiere "voluntad política" por parte del Consistorio y exigir, en materia tributaria, la modificación de las normativas estatales con el objetivo de "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". También se ha referido a la necesidad de dotar de financiación a la Ley de Capitalidad, donde se deslizaría el aumento del tipo de cesión de tributos.
   Pérez ha comentado que estas medidas suponen una alternativa a la política de recortes que aplican los tres niveles de la administración (central, autonómica y local) y rebatir el "dogma" de lograr el déficit cero a base de reducción del gasto público "a costa de la gran mayoría social de la ciudad".
   El portavoz de IU ha cargado contra una política basada en quitar dinero del salario a los funcionarios y de las prestaciones sociales a los más necesitados "para llevársela a los bancos" y que, en consecuencia, las medidas alternativas propuestas permite el cumplimiento de las obligaciones de deuda del Ayuntamiento y garantizar el despliegue de los servicios y asistencia social.
   "La situación actual exige aplicar justicia social", ha agregado Pérez para incidir en que, con estas propuestas "ni dogmáticas y exageradas", IU "lucha por la cohesión social y la igualdad". En este sentido, ha agregado que la propuesta del IBI progresivo ya había sido sugerida por el anterior alcalde Alberto Ruíz-Gallardón.
   El portavoz de IU ha recalcado que en tiempos de crisis son "los más vulnerables" los que padecen la crisis y que las medidas de gasto social que defiende su partido permiten aumentar aspectos tan básicos como las becas comedor, equipar a los barrios más vulnerables o subvencionar alquileres sociales.

El Banco de España estudia reorganizar la Dirección General de Supervisión

MADRID.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha nombrado a Ramón Quintana Aguirre director general de Supervisión en sustitución de Jerónimo Martínez Tello, que ha presentado su denuncia. Además ha nombrado a Mariano Herrera García-Canturri director general adjunto de Supervisión.

   Estos nombramientos se enmarcan dentro de una reorganización de la Dirección General de Supervisión que la Comisión Ejecutiva va a estudiar teniendo en cuenta la ejecución de los planes de reestructuración y recapitalización del sistema bancario español, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento del pasado 20 de julio acordado con las autoridades de la UE y la participación del Banco de España en la puesta en marcha de la supervisión única en el marco de la Unión Europea.
   Además la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado una reorganización de la Dirección General de Regulación, que pasará a denominarse Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, y el nombramiento del director general adjunto Fernando Vargas, que cesa como director general adjunto de Supervisión y pasa a ser director del Departamento de Instituciones Financieras de esta Dirección General.
   El nuevo director general de Supervisión, Ramón Quintana, era desde 2008 director del Departamento de Inspección II (grandes bancos). En el año 2000, fue nombrado jefe de Grupo en el Departamento de Inspección de Bancos del Banco de España y, en 2003, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II.
   Por su parte, el nuevo director general adjunto de Supervisión, Mariano Herrera, era en la actualidad coordinador ejecutivo en el Departamento de Inspección I. En 2011 fue nombrado director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reincorporándose al Banco de España en 2012.

Llamazares exige impedir a bancos que reciben ayudas "ensañarse con ciudadanos"

OVIEDO.- El diputado de IU por Asturias en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha exigido este viernes que ningún banco que haya recibido algún tipo de ayuda pública pueda "ensañarse con los ciudadanos". 

   En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Llamazares ha lamentado el suicido de un comerciante del barrio granadino de la Chana que iba a ser desahuciado. "El drama de los desahucios se ha convertido en tragedia", ha manifestado.
   En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de jueces y legisladores y ha apostado por el "inmediato" cambio normativo para que se pueda aplicar la dación en pago, así como articular otras alternativas, como el pago de alquileres, como ocurre en otros países.