viernes, 18 de mayo de 2012

Cifuentes niega tener constancia de las cuatro supuestas denuncias interpuestas por el 15-M contra la Policía

MADRID.-   La Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha destacado este viernes que todavía no tiene constancia de las presuntas cuatro denuncias que han interpuesto los abogados del 15-M por supuestos malos tratos en dependencias policiales y ha agregado que si ha habido algún ciudadano que ha denunciado tendrá que actuar la Justicia.

   En declaraciones a los medios tras visitar las unidades caninas y de caballería del Cuerpo Nacional de Policía, Cifuentes ha explicado que las denuncias interpuestas estarán todavía en vía judicial y ni la Delegación ni la Jefatura Superior de Policía ha recibido notificación alguna. Así las cosas ha agregado que de las 560 personas a las que se les requirió identificación durante las movilizaciones, "solamente" 360 se van a proponer para sanción.
   "Estamos pendientes de que llegue el informe definitivo de la Policía y una vez que llegue se valorará cada caso de manera individual para ver si, efectivamente, estas personas han realizado algunos de los supuestos que la propia Ley establece como sancionables", ha indicado la delegada de Gobierno, quien ha matizado que el hecho de que a una persona se le pida identificación no implica que tenga que se le tenga que imponer una sanción.
   En este contexto ha vuelto a aplaudir la actuación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y ha calificado de "extraordinariamente positiva" la valoración de las concentraciones del 15-M que se celebraron en la Puerta del Sol desde el pasado sábado 12 hasta el día 15. Al respecto ha agregado que se ha conseguido el objetivo buscado, que era "compatibilizar, por un lado, el derecho de reunión de quienes han querido celebrar el aniversario del 15-M, con el derecho del resto de ciudadanos", ha indicado.
   "Quiero felicitar el comportamiento cívico y pacífico de las personas que se manifestaron estos días, sobre todo el sábado 12 que fue el más numeroso, y por supuesto destacar el comportamiento absolutamente ejemplar que ha mantenido el Cuerpo Nacional de Policía, también la Policía de Madrid. Gracias a ellos se ha conseguido que en estas celebraciones no haya habido incidentes destacables", ha subrayado.
   Por su parte, el jefe Superior de la Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, ha recalcado que lo que suponía un "reto policial importante" se ha convertido en una misión que se asumió con "profesionalidad" por parte de los agentes que participaron en el operativo, y cuya actuación ha calificado de "tremendamente ejemplar". 
"Hemos recibido numerosas felicitaciones por lo que ha sido el comportamiento oficial de estos días", ha detallado.
   La Delegada del Gobierno ha visitado las dependencias de la Unidad de Guías Caninos y de la Unidad de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía, situadas en la Casa de Campo, y allí ha elogiado la "importantísima" labor que realizan los animales en la prevención de delitos así como también en la lucha contra el crimen.
   "En total son un número de 147 tanto los caballos como los perros, 67 perros policía y 78 caballos que forman parte de estas unidades, y cuyas tareas van desde la incautación de droga y dinero, a la desactivación de explosivos y búsqueda de personas que se puedan encontrar en riesgo. Los caballos permiten el que se pueda acceder a determinados lugares de muy difícil acceso, participan también en todo tipo de eventos donde hay aglomeraciones y más que una ayuda a los agentes de Policía, se pueden considerar agentes en sí", ha agregado.

La Comunidad de Madrid anuncia a los sindicatos un ERE en Telemadrid

MADRID.- El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, se ha reunido este viernes con los sindicatos para informarles de que se va a llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Telemadrid aunque no ha ofrecido datos exactos sobre a cuántos trabajadores puede afectar, han informado fuentes del Gobierno regional y sindicales.

   Durante el encuentro, según las mismas fuentes, el también portavoz ha señalado que aún no se conocen detalles sobre la fecha para llevar a cabo el ERE pero que será en un "futuro próximo". Por su parte, los sindicatos le han instado a recortar de otras partidas antes de afectar al ente público.
   La cadena madrileña cuenta con una plantilla de unos 1.175 trabajadores. El ente público Radio Televisión Madrid aumentó casi en un 7 por ciento su presupuesto de gastos en 2012 y pasó de los más 158 millones de euros del 2011 a superar los 169 millones en el presente ejercicio.

El PP no es partidario de una comisión de investigación en el Congreso sobre Bankia

MADRID.- El Partido Popular no es partidario de constituir una comisión de investigación en el Parlamento que analice y depure posibles responsabilidades sobre lo que ha sucedido en Bankia, máxime cuando esta entidad financiera es una "pieza más" en la reforma del sector financiero.

   Así se deduce de las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, que ha dicho que hay que "trabajar" en algo que "sirva en positivo" para "solucionar los problemas" que tiene España y, "sobre todo para ver qué es lo que ha fallado".
  "En este momento yo no tengo información sobre lo que se ha decidido pero una comisión de investigación como tal no creo que sea un lazo directo con lo que ha pasado con Bankia, que es una pieza más en la reforma del sector financiero que es tan importante para España y que realmente nos tiene que servir para lo que nos sirven todas las reformas que está haciendo el Gobierno, que es crecer y crear empleo", ha manifestado.
   Después de que el PSOE haya pedido la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Rodríguez Ordóñez, y del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, Rodríguez ha afirmado que no disponía de información acerca de lo que decidirá finalmente el Grupo Popular que dirige Alfonso Alonso.
  En cuanto a la caída que este jueves sufrió Bankia en la Bolsa y la subida de casi un 30 por ciento este viernes, la exministra del PP lo ha achacado al mensaje que ha ofrecido el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, haciendo hincapié en que se trata de una entidad "segurísima". "Ayer intervino su nuevo presidente dando seguridad y se ha producido ese rebote tan importante", ha apostillado.

El Gobierno apoyará la financiación de las CC.AA. con el instrumento que considere "oportuno"

MADRID.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno apoyará la financiación de las comunidades autónomas, aunque tomará la decisión que considere "oportuna" para hacerlo y tendrá en cuenta el cumplimiento de los planes de reequilibrio.

   Así lo ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que la cuestión no se ha tratado en la reunión de este viernes y no ha precisado si la ayuda se concretará en 'hispanobonos'.
   En cualquier caso, la portavoz ha afirmado que el Gobierno es "muy consciente" de las necesidades de financiación de las comunidades y los vencimientos de deuda que tienen por delante, como el resto de las administraciones.

Madrid sugiere habilitar espacios para fumar en casinos

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha sugerido al Gobierno central la habilitación de espacios para fumar en lugares de juego, como casinos o bingos, ante la caída del 21 por ciento de las cantidades jugadas registradas en la región durante el pasado año 2011 en relación con el 2010.

   Así lo incluye el plan económico financiero de la Comunidad para el 2012-2014 que presentó este jueves el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y donde se hace referencia a los tributos propios, que incluyen los vinculados al mercado inmobiliario, las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados y el impuesto del juego que recauda la Comunidad.
   Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Percival Manglano, lo que constata el informe es que desde la aplicación de la ley antitabaco "ha habido un desplome en la cifra de negocios del juego en la región, que es directamente achacable al hecho de que hoy por hoy no se pueda fumar en los espacios dedicados al juego".
   Por ello, "se hace una referencia a la posibilidad de poder habilitar zonas para fumar con, evidentemente, las debidas condiciones técnicas que contribuyesen a revertir la situación actual en el sector del juego", ha dicho Manglano, quien ha concretado que solo se hace una "sugerencia".
   Preguntado si esta sugerencia tiene algo que ver con la probabilidad de que el empresario Sheldon Adelson decida poner en marcha en la región su proyecto de Eurovegas, Manglano ha negado la mayor: "Esta sugerencia viene derivada del desplome de las cantidades jugadas en el sector del juego desde 2010".
   "No tiene que ver con las negociaciones que pueda haber con la empresa que está interesada en hacer una inversión en España, tiene que ver con el sector del juego en general", ha sentenciado.

El juez Ruz rebaja a 200.000 euros la fianza de Correa para salir de la cárcel

MADRID.-   El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha vuelto a rebajar de 600.000 a 200.000 euros la fianza que el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, deberá abonar para salir de la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra por orden del juez Baltasar Garzón desde el pasado 15 de febrero de 2009.

   En un auto dictado este viernes, que reproduce los argumentos del que escribió el pasado 30 de marzo para rebajar la fianza de un millón a 600.000 euros, el magistrado justifica la medida indicando que existe una "indefinición temporal" sobre el momento en el que podrá celebrarse el juicio oral debido a la "evidente complejidad" de la causa y la posible incoación de piezas separadas que pudieran "prolongar la actual fase de instrucción durante algunos meses".
   En el caso de que la defensa de Correa consiga depositar los 200.000 euros de fianza, el juez le impone como medidas cautelares la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer todos los días en un juzgado (lunes y festivos en la Audiencia Nacional) y "siempre que sea llamado".
   El juez Ruz considera que el hecho de que Correa no haya podido abonar la fianza de 600.000 euros que él mismo le impuso en marzo pasado demuestra "la imposibilidad real y cierta del inculpado (o su entorno más cercano) para hacer frente a la misma, evitando así que el mantenimiento de su exigencia se convierta en efectiva imposibilidad de lograr la libertad deseada".
   "No puede crearse un obstáculo o valladar infranqueable para quien, privado provisionalmente de libertad, se le reconoce la posibilidad de obtener su libertad personal mediante una medida como es la fianza, que trata de conciliar el efectivo control judicial (...) y la protección y salvaguarda del derecho fundamental a la libertad personal", sostiene el auto.
   Ruz, que recuerda que Correa se encuentra desde hace tres años en prisión provisional y que ésta no podrá extenderse legalmente más del 6 de febrero de 2013, también señala que el importe de esta nueva fianza "sigue siendo de suficiente entidad e importancia como para conjurar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia por parte del imputado".
   El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha adoptado esta decisión después de que el abogado de Correa, José Antonio Choclán, volviera a reclamar la puesta en libertad de su cliente o bien que subsidiariamente se le fijara una fianza de 50.000 euros. La Fiscalía aseguró no oponerse a una reducción de la fianza a 350.000 euros.

Las acciones de Bankia se disparan un 23,49%

MADRID.- Las acciones de Bankia se han disparado un 23,49% en la Bolsa y han puesto fin a diez días consecutivos de sangría después de los mensajes tranquilizadores lanzados a los clientes de la entidad tanto por su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como por el Gobierno.

   Los títulos de la entidad se han desquitado este viernes de la jornada negra que sufrieron ayer y en la que llegaron a hundirse un 30% ante informaciones sobre la fuga de depósitos, desmentidas rotundamente por el Ministerio de Economía y por la propia entidad.
   La espectacular remontada experimentada este viernes por las acciones de Bankia ha logrado mitigar el descalabro semanal al 15%, al sellar la última jornada en 1,756 euros. Así, la pérdida de valor para los accionistas se establece en el 53%.
   El flamante presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que sustituye en el cargo a Rodrigo Rato, es poseedor de 23.000 títulos de la entidad, según figura en los últimos registros de la CNMV. Goirigolzarri acometió su inversión días antes de ser nombrado por el consejo de administración.
   Por su parte, sindicatos de profesionales de Bankia emprendieron el jueves un movimiento a favor de la entidad en el que instaba a los trabajadores y familiares a comprar acciones para evitar su descalabro en Bolsa y contribuir a garantizar su futuro.

Montoro podrá destituir a cargos públicos que incumplan la Ley de Estabilidad

MADRID.- El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier administración pública", Estado, CCAA o ayuntamiento, que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

   La Ley de Transparencia consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.
   La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.
   La norma establece que el órgano competente para "ordenar la incoación" cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda. En los demás supuestos, el órgano competente será el titular de Hacienda.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a "la pérdida de la condición de alto cargo".
 "La inhabilitación, como es una pena, la hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.
   Hace un par de meses, se preguntó a la portavoz si, en caso de que un consejero no envíe un plan de ajuste a Hacienda, el responsable podría ser el  presidente autonómico. Santamaría hizo hincapié en que "el responsable solo puede ser el competente".
 "La competencia determina la responsabilidad", recalcó entonces.
  Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha señalado este viernes que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.
   Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
   Entre las novedades hay un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.
   La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.
   Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Santamaría ha concretado que "es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información" para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano que se encargará de redistribuirla".
   Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según la vicepresidenta.
   Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.
  El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración democrática y considera  que "tendrá efectos económicos porque genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.
   Sáenz de Santamaría ha manifestado que se trata de una norma "compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.

El peso de déficit madrileño dentro del total será del 4,5% en 2011

MADRID.- El peso del déficit madrileño dentro del total va a ser del 4,5 por ciento en el ejercicio 2011, según ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, tras conocerse que el déficit madrileño del pasado año finalmente casi duplica al anunciado con datos provisionales.

   Este viernes, el responsable madrileño ha explicado que finalmente la cifra definitiva del déficit de la región en 2011 es de un 2,2 por ciento, lo que significa que incumple el objetivo de déficit, marcado para las comunidades autónomas ese año fijado en un 1,3 por ciento ese año. Además, se traduce en casi un 1,1 por ciento más de los datos provisionales (déficit del 1,13 por ciento).
   El consejero del ramo ha destacado que el "es el menor déficit de todas las comunidades autónomas, muy por debajo de la media de las comunidades"
   Por otro lado, ha insistido en que a su juicio, "el responsable del déficit total habrá sido el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un gobierno que desde el año 2009 hasta el 2011 habrá tenido una media de déficit de cerca del 10 por ciento".
 "Sus políticas de gasto público han sido precisamente las que han llevado a la situación de déficit y de incremento de la deuda en la cual se encuentra ahora mismo España", ha concluido.

La desviación de Madrid, Valencia y Castilla y León eleva el déficit al 8,9% del PIB

MADRID.- El Gobierno ha elevado el déficit del Estado en 2011 al 8,9% del PIB, frente al 8,51% anunciado en febrero a la Unión Europea, ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado. 

   Este aumento en cuatro décimas para el pasado año, que no afectará a la previsión del 5,3% del PIB para 2012, es consecuencia de la desviación adicional del déficit de las comunidades autónomas en unos 3.000 millones de euros destapada en los Planes de Equilibrio Financiero (PEF) aprobados ayer jueves, así como por la transparencia derivada de la operación de pago a proveedores.
   En concreto, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes resultados de déficit al cierre de 2011 superiores a los comunicados en el avance de liquidación al Ministerio de Hacienda.
   Así, la Comunidad de Madrid declaró en un principio un déficit del 1,13% y lo ha elevado al 2,21%, la Comunidad Valenciana presentó inicialmente a Hacienda una desviación del déficit del 3,68% de su PIB, que ha elevado en el plan de ajuste al 4,5%, y Castilla y León ha admitido una desviación del 2,59%, por encima del 2,35% anterior.
   El Gobierno ya ha comunicado el nuevo dato a Eurostat y en la información trasladada a la Oficina Estadística de la UE y explica  que la desviación se debe al aumento del déficit de la Comunidad de Madrid y de Valencia, y en menor medida a Andalucía y Castilla-León.
   Según indica a Eurostat, el Ejecutivo "ha identificado de una manera más correcta el déficit de las CCAA gracias a la operación de pago a proveedores, que ha supuesto una auténtica circularización de deudas pendientes", es decir, un gasto pendiente de pago que no estaba incluido en la comunicación provisional de cierre de 2011 que se hizo el pasado mes de marzo, fecha de vencimiento del plazo de comunicación del avance provisional de las cuentas del sector público.
   Según Hacienda, el déficit previsto para este año se mantendrá en el 5,3% del PIB para el conjunto de las Administraciones y del 1,5% para las Comunidades Autónomas, tal y como estaba previsto, ya que los planes económicos aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya tenían en cuenta estas desviaciones.
   En este sentido, el departamento que dirige Cristobal Montoro destaca que con la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y con los Planes Económicos Financieros aprobados en el último CPFF "se puede garantizar que no volverá a haber facturas ocultas en los cajones".
   En la misma línea, señala que esto se garantizará gracias al seguimiento mensual en términos de contabilidad nacional y a través de la central de información, lo que permitirá un conocimiento completo de las cuentas del conjunto de las Administraciones Territoriales.
   Tras subrayar el esfuerzo de transparencia y justicia que implica el mecanismo de pago a proveedores y que va a suponer el pago en breve de casi 27.000 millones de euros por facturas, desde Hacienda se hace hincapié en que la Ley de Presupuestos para 2012 permitirá ahondar en los objetivos de transparencia e imagen fiel de las cuentas públicas introduciendo pruebas de cumplimiento de auditoría orientadas al control de los saldos de proveedores.
   Por ello, reitera que la desviación en el déficit no tendrá impacto en las cuentas de este año y subraya que todas las Comunidades Autónomas están comprometidas con el objetivo de alcanzar el 1,5% de déficit en el 2012.
   Con esta comunicación a Eurostat, el Gobierno se adelanta a la información definitiva que será remitida a finales de septiembre, como indica y exige el propio calendario que Eurostat aplica a todos los Estados miembros, una vez completado el proceso de negociación bilateral con cada subsector y que se extiende desde la primera comunicación provisional, en marzo, hasta la definitiva, cuyo plazo vence el próximo mes de septiembre.
   Este es el procedimiento habitual que España viene realizando anualmente; en base al mismo se emite el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al ejercicio inmediato anterior del que se da cuenta al CPFF del mes de octubre.
   El nuevo resultado obtenido deriva de operaciones denominadas "one off" (de efecto en un solo ejercicio) porque corresponde a gastos de años anteriores concentrados principalmente en dos comunidades autónomas y en gasto por pago a proveedores.