madridconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) * Fundado en 2011 por Francisco Poveda
viernes, 18 de mayo de 2012
Cifuentes niega tener constancia de las cuatro supuestas denuncias interpuestas por el 15-M contra la Policía
MADRID.- La Delegada del Gobierno en la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, ha destacado este viernes que todavía no
tiene constancia de las presuntas cuatro denuncias que han interpuesto
los abogados del 15-M por supuestos malos tratos en dependencias
policiales y ha agregado que si ha habido algún ciudadano que ha
denunciado tendrá que actuar la Justicia.
En declaraciones a los medios tras visitar las unidades caninas y
de caballería del Cuerpo Nacional de Policía, Cifuentes ha explicado que
las denuncias interpuestas estarán todavía en vía judicial y ni la
Delegación ni la Jefatura Superior de Policía ha recibido notificación
alguna. Así las cosas ha agregado que de las 560 personas a las que se
les requirió identificación durante las movilizaciones, "solamente" 360
se van a proponer para sanción.
"Estamos pendientes de que llegue el informe definitivo de la
Policía y una vez que llegue se valorará cada caso de manera individual
para ver si, efectivamente, estas personas han realizado algunos de los
supuestos que la propia Ley establece como sancionables", ha indicado la
delegada de Gobierno, quien ha matizado que el hecho de que a una
persona se le pida identificación no implica que tenga que se le tenga
que imponer una sanción.
En este contexto ha vuelto a aplaudir la actuación de las fuerzas y
cuerpos de Seguridad del Estado y ha calificado de "extraordinariamente
positiva" la valoración de las concentraciones del 15-M que se
celebraron en la Puerta del Sol desde el pasado sábado 12 hasta el día
15. Al respecto ha agregado que se ha conseguido el objetivo buscado,
que era "compatibilizar, por un lado, el derecho de reunión de quienes
han querido celebrar el aniversario del 15-M, con el derecho del resto
de ciudadanos", ha indicado.
"Quiero felicitar el comportamiento cívico y pacífico de las
personas que se manifestaron estos días, sobre todo el sábado 12 que fue
el más numeroso, y por supuesto destacar el comportamiento
absolutamente ejemplar que ha mantenido el Cuerpo Nacional de Policía,
también la Policía de Madrid. Gracias a ellos se ha conseguido que en
estas celebraciones no haya habido incidentes destacables", ha
subrayado.
Por su parte, el jefe Superior de la Policía de Madrid, Alfonso
Fernández Díez, ha recalcado que lo que suponía un "reto policial
importante" se ha convertido en una misión que se asumió con
"profesionalidad" por parte de los agentes que participaron en el
operativo, y cuya actuación ha calificado de "tremendamente ejemplar".
"Hemos recibido numerosas felicitaciones por lo que ha sido el
comportamiento oficial de estos días", ha detallado.
La Delegada del Gobierno ha visitado las dependencias de la Unidad
de Guías Caninos y de la Unidad de Caballería del Cuerpo Nacional de
Policía, situadas en la Casa de Campo, y allí ha elogiado la
"importantísima" labor que realizan los animales en la prevención de
delitos así como también en la lucha contra el crimen.
"En total son un número de 147 tanto los caballos como los perros,
67 perros policía y 78 caballos que forman parte de estas unidades, y
cuyas tareas van desde la incautación de droga y dinero, a la
desactivación de explosivos y búsqueda de personas que se puedan
encontrar en riesgo. Los caballos permiten el que se pueda acceder a
determinados lugares de muy difícil acceso, participan también en todo
tipo de eventos donde hay aglomeraciones y más que una ayuda a los
agentes de Policía, se pueden considerar agentes en sí", ha agregado.
La Comunidad de Madrid anuncia a los sindicatos un ERE en Telemadrid
MADRID.- El vicepresidente del Gobierno regional,
Ignacio González, se ha reunido este viernes con los sindicatos para
informarles de que se va a llevar a cabo un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) en Telemadrid aunque no ha ofrecido datos exactos sobre a
cuántos trabajadores puede afectar, han informado fuentes
del Gobierno regional y sindicales.
Durante el encuentro, según las mismas fuentes, el también
portavoz ha señalado que aún no se conocen detalles sobre la fecha para
llevar a cabo el ERE pero que será en un "futuro próximo". Por su parte,
los sindicatos le han instado a recortar de otras partidas antes de
afectar al ente público.
La cadena madrileña cuenta con una plantilla de unos 1.175
trabajadores. El ente público Radio Televisión Madrid aumentó casi en un
7 por ciento su presupuesto de gastos en 2012 y pasó de los más 158
millones de euros del 2011 a superar los 169 millones en el presente
ejercicio.
El PP no es partidario de una comisión de investigación en el Congreso sobre Bankia
MADRID.- El Partido Popular no es partidario de constituir una comisión de
investigación en el Parlamento que analice y depure posibles
responsabilidades sobre lo que ha sucedido en Bankia, máxime cuando esta
entidad financiera es una "pieza más" en la reforma del sector
financiero.
Así se deduce de las declaraciones de la presidenta de la Comisión
de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, que ha dicho que hay que
"trabajar" en algo que "sirva en positivo" para "solucionar los
problemas" que tiene España y, "sobre todo para ver qué es lo que ha
fallado".
"En este momento yo no tengo información sobre lo que se ha
decidido pero una comisión de investigación como tal no creo que sea un
lazo directo con lo que ha pasado con Bankia, que es una pieza más en la
reforma del sector financiero que es tan importante para España y que
realmente nos tiene que servir para lo que nos sirven todas las reformas
que está haciendo el Gobierno, que es crecer y crear empleo", ha
manifestado.
Después de que el PSOE haya pedido la comparecencia en el Congreso
del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Rodríguez Ordóñez, y
del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, Rodríguez ha afirmado que no
disponía de información acerca de lo que decidirá finalmente el Grupo
Popular que dirige Alfonso Alonso.
En cuanto a la caída que este jueves sufrió Bankia en la Bolsa y la
subida de casi un 30 por ciento este viernes, la exministra del PP lo
ha achacado al mensaje que ha ofrecido el presidente de la entidad, José
Ignacio Goirigolzarri, haciendo hincapié en que se trata de una entidad
"segurísima". "Ayer intervino su nuevo presidente dando seguridad y se
ha producido ese rebote tan importante", ha apostillado.
El Gobierno apoyará la financiación de las CC.AA. con el instrumento que considere "oportuno"
MADRID.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno apoyará la
financiación de las comunidades autónomas, aunque tomará la decisión que
considere "oportuna" para hacerlo y tendrá en cuenta el cumplimiento de
los planes de reequilibrio.
Así lo ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que la cuestión no
se ha tratado en la reunión de este viernes y no ha precisado si la
ayuda se concretará en 'hispanobonos'.
En cualquier caso, la portavoz ha afirmado que el Gobierno es "muy
consciente" de las necesidades de financiación de las comunidades y los
vencimientos de deuda que tienen por delante, como el resto de las
administraciones.
Madrid sugiere habilitar espacios para fumar en casinos
MADRID.- La Comunidad de Madrid ha sugerido al
Gobierno central la habilitación de espacios para fumar en lugares de
juego, como casinos o bingos, ante la caída del 21 por ciento de las
cantidades jugadas registradas en la región durante el pasado año 2011
en relación con el 2010.
Así lo incluye el plan económico financiero de la Comunidad para
el 2012-2014 que presentó este jueves el Ejecutivo de Esperanza Aguirre
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y donde se hace referencia
a los tributos propios, que incluyen los vinculados al mercado
inmobiliario, las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos
documentados y el impuesto del juego que recauda la Comunidad.
Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad, Percival Manglano, lo que constata el informe es que desde la
aplicación de la ley antitabaco "ha habido un desplome en la cifra de
negocios del juego en la región, que es directamente achacable al hecho
de que hoy por hoy no se pueda fumar en los espacios dedicados al
juego".
Por ello, "se hace una referencia a la posibilidad de poder
habilitar zonas para fumar con, evidentemente, las debidas condiciones
técnicas que contribuyesen a revertir la situación actual en el sector
del juego", ha dicho Manglano, quien ha concretado que solo se hace una
"sugerencia".
Preguntado si esta sugerencia tiene algo que ver con la
probabilidad de que el empresario Sheldon Adelson decida poner en marcha
en la región su proyecto de Eurovegas, Manglano ha negado la mayor:
"Esta sugerencia viene derivada del desplome de las cantidades jugadas
en el sector del juego desde 2010".
"No tiene que ver con las negociaciones que pueda haber con la
empresa que está interesada en hacer una inversión en España, tiene que
ver con el sector del juego en general", ha sentenciado.
El juez Ruz rebaja a 200.000 euros la fianza de Correa para salir de la cárcel
MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
ha vuelto a rebajar de 600.000 a 200.000 euros la fianza que el presunto
líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, deberá abonar para salir
de la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra por orden del
juez Baltasar Garzón desde el pasado 15 de febrero de 2009.
En un auto dictado este viernes, que reproduce los argumentos del
que escribió el pasado 30 de marzo para rebajar la fianza de un millón a
600.000 euros, el magistrado justifica la medida indicando que existe
una "indefinición temporal" sobre el momento en el que podrá celebrarse
el juicio oral debido a la "evidente complejidad" de la causa y la
posible incoación de piezas separadas que pudieran "prolongar la actual
fase de instrucción durante algunos meses".
En el caso de que la defensa de Correa consiga depositar los
200.000 euros de fianza, el juez le impone como medidas cautelares la
prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y
la obligación de comparecer todos los días en un juzgado (lunes y
festivos en la Audiencia Nacional) y "siempre que sea llamado".
El juez Ruz considera que el hecho de que Correa no haya podido
abonar la fianza de 600.000 euros que él mismo le impuso en marzo pasado
demuestra "la imposibilidad real y cierta del inculpado (o su entorno
más cercano) para hacer frente a la misma, evitando así que el
mantenimiento de su exigencia se convierta en efectiva imposibilidad de
lograr la libertad deseada".
"No puede crearse un obstáculo o valladar infranqueable para
quien, privado provisionalmente de libertad, se le reconoce la
posibilidad de obtener su libertad personal mediante una medida como es
la fianza, que trata de conciliar el efectivo control judicial (...) y
la protección y salvaguarda del derecho fundamental a la libertad
personal", sostiene el auto.
Ruz, que recuerda que Correa se encuentra desde hace tres años en
prisión provisional y que ésta no podrá extenderse legalmente más del 6
de febrero de 2013, también señala que el importe de esta nueva fianza
"sigue siendo de suficiente entidad e importancia como para conjurar el
riesgo de sustracción a la acción de la justicia por parte del
imputado".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha adoptado
esta decisión después de que el abogado de Correa, José Antonio
Choclán, volviera a reclamar la puesta en libertad de su cliente o bien
que subsidiariamente se le fijara una fianza de 50.000 euros. La
Fiscalía aseguró no oponerse a una reducción de la fianza a 350.000
euros.
Las acciones de Bankia se disparan un 23,49%
MADRID.- Las acciones de Bankia se han disparado un
23,49% en la Bolsa y han puesto fin a diez días consecutivos de sangría
después de los mensajes tranquilizadores lanzados a los clientes de la
entidad tanto por su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como por el
Gobierno.
Los títulos de la entidad se han desquitado este viernes de la
jornada negra que sufrieron ayer y en la que llegaron a hundirse un 30%
ante informaciones sobre la fuga de depósitos, desmentidas rotundamente
por el Ministerio de Economía y por la propia entidad.
La espectacular remontada experimentada este viernes por las
acciones de Bankia ha logrado mitigar el descalabro semanal al 15%, al
sellar la última jornada en 1,756 euros. Así, la pérdida de valor para
los accionistas se establece en el 53%.
El flamante presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que
sustituye en el cargo a Rodrigo Rato, es poseedor de 23.000 títulos de
la entidad, según figura en los últimos registros de la CNMV.
Goirigolzarri acometió su inversión días antes de ser nombrado por el
consejo de administración.
Por su parte, sindicatos de profesionales de Bankia emprendieron
el jueves un movimiento a favor de la entidad en el que instaba a los
trabajadores y familiares a comprar acciones para evitar su descalabro
en Bolsa y contribuir a garantizar su futuro.
Montoro podrá destituir a cargos públicos que incumplan la Ley de Estabilidad
MADRID.- El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal
Montoro tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier
administración pública", Estado, CCAA o ayuntamiento, que vulneren la
Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre las
sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen,
salvo que ya hubieran cesado en los mismos".
La Ley de Transparencia consagra un régimen sancionador
estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de
intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito
disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del
incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por
el Ejecutivo.
La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia
sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción
de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades
indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda
Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de
infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo
de entre cinco y diez años.
La norma establece que el órgano competente para "ordenar la
incoación" cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del
Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros a
propuesta del ministro de Hacienda. En los demás supuestos, el órgano
competente será el titular de Hacienda.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado
que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a "la
pérdida de la condición de alto cargo".
"La inhabilitación, como es una
pena, la hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.
Hace un par de meses, se preguntó a la portavoz si, en caso de
que un consejero no envíe un plan de ajuste a Hacienda, el responsable
podría ser el presidente autonómico. Santamaría hizo hincapié en que
"el responsable solo puede ser el competente".
"La competencia determina
la responsabilidad", recalcó entonces.
Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un
proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700
aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha
señalado este viernes que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de
"muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos
profesionales como corporaciones de derecho público. También se
incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la
gestión de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las
solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda
fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una
administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional
prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
Entre las novedades hay un impulso de la adopción de
mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de
la información publicada; se amplía la información
económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá
que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la
obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y
fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que
deberán incluirse los contratos menores.
La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido
mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de
que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias
que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o
que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos
administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses
públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.
Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos
y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un
Portal de la Transparencia. Santamaría ha concretado que "es una web
única para la Administración General del Estado en la que todos los
ministerios y entidades incluirán su información" para que los
ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano
que se encargará de redistribuirla".
Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de
Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los
servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el
nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los
de los organismos reguladores, según la vicepresidenta.
Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las
disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y
simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y
mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según
Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el
tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.
El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración
democrática y considera que "tendrá efectos económicos porque genera
confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una
vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su
remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de
Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación
parlamentaria.
Sáenz de Santamaría ha manifestado que se trata de una norma
"compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el
próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la
ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día
que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte
relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada
en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y
organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.
El peso de déficit madrileño dentro del total será del 4,5% en 2011
MADRID.- El peso del déficit madrileño dentro del
total va a ser del 4,5 por ciento en el ejercicio 2011, según ha
señalado el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, tras
conocerse que el déficit madrileño del pasado año finalmente casi
duplica al anunciado con datos provisionales.
Este viernes, el responsable madrileño ha explicado que finalmente
la cifra definitiva del déficit de la región en 2011 es de un 2,2 por
ciento, lo que significa que incumple el objetivo de déficit, marcado
para las comunidades autónomas ese año fijado en un 1,3 por ciento ese
año. Además, se traduce en casi un 1,1 por ciento más de los datos
provisionales (déficit del 1,13 por ciento).
El consejero del ramo ha
destacado que el "es el menor déficit de todas las comunidades
autónomas, muy por debajo de la media de las comunidades"
Por otro lado, ha insistido en que a su juicio, "el responsable
del déficit total habrá sido el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, un gobierno que desde el año 2009 hasta el 2011 habrá tenido
una media de déficit de cerca del 10 por ciento".
"Sus políticas de
gasto público han sido precisamente las que han llevado a la situación
de déficit y de incremento de la deuda en la cual se encuentra ahora
mismo España", ha concluido.
La desviación de Madrid, Valencia y Castilla y León eleva el déficit al 8,9% del PIB
MADRID.- El Gobierno ha elevado el déficit del Estado en 2011 al 8,9% del PIB,
frente al 8,51% anunciado en febrero a la Unión Europea, ha informado
el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Este aumento en
cuatro décimas para el pasado año, que no afectará a la previsión del
5,3% del PIB para 2012, es consecuencia de la desviación adicional del
déficit de las comunidades autónomas en unos 3.000 millones de euros
destapada en los Planes de Equilibrio Financiero (PEF) aprobados ayer
jueves, así como por la transparencia derivada de la operación de pago a
proveedores.
En concreto, Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes resultados de
déficit al cierre de 2011 superiores a los comunicados en el avance de
liquidación al Ministerio de Hacienda.
Así, la Comunidad de
Madrid declaró en un principio un déficit del 1,13% y lo ha elevado al
2,21%, la Comunidad Valenciana presentó inicialmente a Hacienda una
desviación del déficit del 3,68% de su PIB, que ha elevado en el plan de
ajuste al 4,5%, y Castilla y León ha admitido una desviación del 2,59%,
por encima del 2,35% anterior.
El Gobierno ya ha comunicado el
nuevo dato a Eurostat y en la información trasladada a la Oficina
Estadística de la UE y explica que la desviación se debe al aumento del
déficit de la Comunidad de Madrid y de Valencia, y en menor medida a
Andalucía y Castilla-León.
Según indica a Eurostat, el
Ejecutivo "ha identificado de una manera más correcta el déficit de las
CCAA gracias a la operación de pago a proveedores, que ha supuesto una
auténtica circularización de deudas pendientes", es decir, un gasto
pendiente de pago que no estaba incluido en la comunicación provisional
de cierre de 2011 que se hizo el pasado mes de marzo, fecha de
vencimiento del plazo de comunicación del avance provisional de las
cuentas del sector público.
Según Hacienda, el déficit previsto para este año se mantendrá en el
5,3% del PIB para el conjunto de las Administraciones y del 1,5% para
las Comunidades Autónomas, tal y como estaba previsto, ya que los planes
económicos aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya
tenían en cuenta estas desviaciones.
En este sentido, el
departamento que dirige Cristobal Montoro destaca que con la nueva Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y con los Planes Económicos
Financieros aprobados en el último CPFF "se puede garantizar que no
volverá a haber facturas ocultas en los cajones".
En la misma
línea, señala que esto se garantizará gracias al seguimiento mensual en
términos de contabilidad nacional y a través de la central de
información, lo que permitirá un conocimiento completo de las cuentas
del conjunto de las Administraciones Territoriales.
Tras
subrayar el esfuerzo de transparencia y justicia que implica el
mecanismo de pago a proveedores y que va a suponer el pago en breve de
casi 27.000 millones de euros por facturas, desde Hacienda se hace
hincapié en que la Ley de Presupuestos para 2012 permitirá ahondar en
los objetivos de transparencia e imagen fiel de las cuentas públicas
introduciendo pruebas de cumplimiento de auditoría orientadas al control
de los saldos de proveedores.
Por ello, reitera que la
desviación en el déficit no tendrá impacto en las cuentas de este año y
subraya que todas las Comunidades Autónomas están comprometidas con el
objetivo de alcanzar el 1,5% de déficit en el 2012.
Con esta comunicación a Eurostat, el Gobierno se adelanta a la
información definitiva que será remitida a finales de septiembre, como
indica y exige el propio calendario que Eurostat aplica a todos los
Estados miembros, una vez completado el proceso de negociación bilateral
con cada subsector y que se extiende desde la primera comunicación
provisional, en marzo, hasta la definitiva, cuyo plazo vence el próximo
mes de septiembre.
Este es el procedimiento habitual que España
viene realizando anualmente; en base al mismo se emite el informe de
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente
al ejercicio inmediato anterior del que se da cuenta al CPFF del mes de
octubre.
El nuevo resultado obtenido deriva de operaciones
denominadas "one off" (de efecto en un solo ejercicio) porque
corresponde a gastos de años anteriores concentrados principalmente en
dos comunidades autónomas y en gasto por pago a proveedores.
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