sábado, 9 de marzo de 2013

Figar defiende los ajustes en la UPM y dice que la calidad no se verá mermada porque los despidos no afectan a docentes

MADRID.-   La consejera de Educación y Deportes, Lucía Figar, ha defendido este sábado los ajustes que ha anunciado la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para lograr el equilibrio necesario ante la "tremenda crisis" que vive el país y ha añadido, a renglón seguido, que la calidad de la formación que ofrece la institución no se verá mermada ya que los despidos no afectan ni a docentes ni a investigadores.

   Las declaraciones de Figar, en las instalaciones deportivas de Puerta de Hierro, se han producido minutos antes de conocerse que el Consejo de Gobierno de la UPM ha aprobado el despido de 301 trabajadores --145 del Personal de Administración y Servicios (PAS) funcionariado y 156 PAS laboral--, además de una rebaja salarial de casi un 10 por ciento para el Personal Docente e Investigador (PDI).
   "Con la tremenda crisis que estamos viviendos estamos obligados a ajustar el gasto. Lo están haciendo los hogares, las empresas, los autónomos, todas las administraciones públicas, de todo signo político, y también las universidades públicas dentro de su autonomía", ha apostillado la consejera, que ha apuntado que "lo responsable en los tiempos que corren es adoptar medidas para ajustar gastos e ingresos".
   Figar ha subrayado que el ajuste de gastos en la Politécnica "no afectará a la calidad de la docencia y la investigación de la universidad". En este punto, la consejera ha apostillado que la propuesta de despidos en la UPM no afecta al personal docente e investigador.
   Sobre las clases dadas en las calles por los profesores para protestar por los recortes, Lucía Figar ha declarado que respeta cualquier forma de protesta que se realice según lo previsto por la ley y espera que se desarrollen "con total paz".

La Policía admite que tenía agentes de paisano en el 25-S en Madrid

MADRID.- La Dirección General de la Policía ha admitido que en las protestas desarrolladas el 25 de septiembre en torno al Congreso de los Diputados que había agentes de la Policía Nacional de paisano desplegados entre los manifestantes, que "tenían únicamente la misión de informar de posibles movimientos 'proviolentos', aislar los conflictos que afectasen a la seguridad de los manifestantes y el dispositivo preventivo policial y asegurar que las sesiones parlamentarias se celebrasen sin interrupción alguna".

   Ésta ha sido la respuesta de la Dirección General al Defensor del Pueblo sobre una la investigación que ha iniciado tras recibir numerosas quejas por la actuación policial del 25-S pasado, con ocasión de las protestas que tuvieron lugar en el entorno del Congreso de los Diputados.
   Los comparecientes afirman que agentes de paisano mezclados con los manifestantes "iniciaron los altercados para aumentar la tensión y romper el curso pacífico de los acontecimientos" y que la actuación policial fue desproporcionada, como así consta en el informe del Defensor del Pueblo 2012 consultado por Europa Press.
   La institución ha señalado que dicha respuesta entra "en contradicción" con el informe remitido por la Delegación del Gobierno en Madrid sobre este asunto, que afirmó que "no existía constancia ni se han aportado pruebas de la existencia de agentes de paisano infiltrados entre los manifestantes".
   Por ello, el Defensor del Pueblo ha decidido mantener abierta esta investigación para aclarar este extremo y extraer conclusiones sobre la corrección o no de la actuación policial durante estas concentraciones.
   El Órgano que dirige Soledad Becerril también ha recibido durante el año pasado numerosas quejas sobre la utilización de pelotas de goma por parte de los agentes antidisturbios. Concretamente, investiga las circunstancias en las que se produjeron las graves lesiones provocadas por el impacto de una pelota de goma el 11 de julio de 2012 a una manifestante que se encontraba en el paseo de la Castellana de Madrid, frente al Ministerio de Industria, durante las protestas de los mineros.
   El informe remitido por la Dirección General de la Policía argumenta que no puede establecerse una relación causa-efecto entre las referidas lesiones y la actuación policial, "a pesar de que en las imágenes que documentan los hechos puede verse a la manifestante caer abatida tras el impacto de una pelota de goma".
   La Institución señala que no consta en la información que se haya investigado ni la causa de las lesiones padecidas por la manifestante, ni el uso de material antidisturbios por los funcionarios policiales que actuaron ese día en el Paseo de la Castellana de Madrid, por lo que ha solicitado un nuevo informe la Dirección Policial.
   El uso en general de las pelotas de goma como material antidisturbios en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha sido objeto de investigación por la defensora del Pueblo en la queja formulada por una asociación que cuestionaba el referido material antidisturbios, dada su peligrosidad, y que alegaba que la mayoría de los países europeos habían dejado de utilizarlo, salvo en situaciones excepcionales.
   Por dicho motivo solicitó información a la Dirección General de la Policía sobre la regulación existente en la actualidad, es decir, las normas de carácter interno que regulan el uso de los medios y material antidisturbios, los protocolos para su utilización, los estudios que se hayan realizado para valorar su peligrosidad y, por último, sobre las previsiones que, en su caso, existan para establecer una nueva regulación.
   La respuesta remitida por la Dirección General de la Policía indica que el uso de los medios y material antidisturbios se recoge en normas de carácter interno basadas en los principios básicos de actuación que establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y menciona brevemente algunos criterios y límites en la utilización de pelotas de goma, por lo que se ha dirigido nuevo escrito a dicho centro directivo para que amplíen la información proporcionada hasta la fecha y remitan copia de las normas de carácter interno que regulan el uso de los medios y material antidisturbios, así como las características y los criterios de utilización de las pelotas de goma.
   "A pesar de la utilidad de las fotos y de los vídeos colgados en Internet para valorar las actuaciones policiales, las imágenes obtenidas pueden ser insuficientes para la identificación de los responsables de dichas actuaciones", ha apuntado este institución.
   Esto se puso de manifiesto en la investigación de las actuaciones policiales que tuvieron lugar el 17 y el 18 de agosto de 2011 en el centro de Madrid, con motivo de la marcha contra la visita del Papa, "especialmente en el caso de la agresión de un funcionario policial a una joven en la calle Atocha y de las posteriores agresiones a otros dos ciudadanos".
   En este caso, la dificultad para identificar a los responsables de dichas agresiones tuvo como causa el reducido tamaño del distintivo de identificación personal. El Defensor del Pueblo denuncia la "ineficacia del distintivo de identificación personal por su reducido tamaño, que resulta todavía más evidente cuando se constata que, ni los policías que estaban presentes en el lugar de los hechos, ni los que analizaron posteriormente las imágenes donde se refleja dicha actuación, pudieron identificar a los responsables de las agresiones".
   "Cuando no resulta posible identificar a los funcionarios que han participado en la comisión de un ilícito penal o administrativo, a pesar de existir imágenes que reflejan con suficiente claridad la actuación policial y numerosos testigos de los hechos, se dejan impunes conductas irregulares e inaceptables, y se produce un deterioro de la imagen y el prestigio de los cuerpos policiales", ha criticado el departamento que dirige Soledad Becerril.
   Por ello,  razón por la cual la Institución ha reiterado recientemente y ampliado la recomendación que formuló el 22 de junio de 2012 a la Secretaría de Estado de Seguridad en el sentido de que aumente el tamaño de los distintivos de identificación y que estos se sitúen en varios lugares del uniforme para que puedan verse desde distintas perspectivas.

La Defensora del Pueblo constata aumento de retrasos judiciales, sobre todo en casos sociales y mercantiles

MADRID.- La Defensora del Pueblo se ha preocupado, en su informe anual que ha presentado recientemente, por las "dilaciones indebidas" en la Justicia, que especialmente se dan en Madrid y que suponen "un empobrecimiento democrático incuestionable".

   "Nuestros poderes públicos, a pesar de sus innegables esfuerzos, se han mostrado, hasta el momento, claramente incapaces de ofrecer una solución definitiva y sostenida en el tiempo", ha señalado Soledad Becerril.
   Especialmente llamativo es el caso de las dilaciones jurisdicciones social y mercantil, que han experimentado "un considerable incremento de volumen de trabajo" como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa España, "que ha dado lugar a un aumento tanto de los conflictos laborales como de los concursos de acreedores de entidades que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas".
   Respecto a los retrasos que se producen en la jurisdicción social, la Institución destaca el caso de un ciudadano, cuyo despido se materializó en el mes de noviembre de 2010, y, en un relato de su precaria situación económica, exponía su preocupación por las dilaciones judiciales en la resolución del recurso de casación que tenía planteado en la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo. Como consecuencia de la intervención de esta Institución, el 5 de junio le fue notificada la sentencia.
   Los casos de insolvencia empresarial tampoco no han dejado de crecer en el año 2012 y, en consecuencia, los Juzgados de lo Mercantil han experimentado un preocupante incremento de carga de trabajo. Sus efectos se han traducido en un significativo aumento de quejas sobre dilaciones indebidas en los órganos de esta jurisdicción, según indica el informe.
   Potenciar la solución extrajudicial de los conflictos mercantiles o la implantación de la mediación intrajudicial, promovida por el propio órgano judicial con la colaboración de las Cámaras de Comercio, podrían ayudar, según la Defensora del Pueblo, dar una resolución a los conflictos de forma práctica, rápida, económica y satisfactoria para las partes y, aligerar, de esta manera, la situación de pendencia que sufre la jurisdicción de lo mercantil.
   En otras jurisdicciones la institución dirigida por Soledad Becerril también ha encontrado graves dilaciones indebidas. Uno de los casos destacados es el de una ciudadana que exponía su preocupación por los retrasos en la tramitación de unas diligencias previas, seguidas contra ella e iniciadas en el año 2007, que investigaba el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid.
   Admitida la queja a trámite ante la Fiscalía General del Estado, su informe concluyó que la imputada "tiene toda la razón al denunciar una total paralización de esta instrucción en lo esencial desde comienzos del año 2010, con abandono por el instructor de sus funciones de impulso de aquella". La actuación de Becerril ha sido dar traslado de este caso a Inspección del Consejo General del Poder Judicial para que depuren las responsabilidades que correspondan
   La Defensora del Pueblo también ha mostrado su asombro por que una Administración demandada "pueda tardar años" en el trámite de remisión del expediente administrativo al órgano judicial competente para que este pueda empezar a valorar el caso planteado; "y en otros supuestos, incluso, la propia Administración retarda conscientemente la ejecución de resoluciones judiciales adversas a sus intereses".
   Además ha constatado que de forma frecuente la Administración "se extralimita en el uso de su privilegio de la ejecutividad de sus resoluciones, con la excepción de que el tribunal ordene la suspensión (que suelen ser casos poco frecuentes), confiando en que el órgano judicial competente tardará años en pronunciarse, una pauta de actuación que no se corresponde con los principios elementales de nuestro Estado social y democrático de Derecho".
   Esta Institución señala también en su informe que ha constatado en numerosos expedientes que se están fijando vistas para el año 2014 y sucesivos. Incluso, en uno de los casos, el procedimiento abreviado estaba pendiente de señalamiento desde el día 20 de octubre de 2010.
   Tras la publicación en la prensa de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid había fijado la vista del juicio para el día 12 de enero de 2017. Esta circunstancia motivó una visita de inspección por parte de dos técnicos del Defensor, que comprobó "el enorme retraso, no solo del citado órgano judicial, sino la de todos los juzgados del orden contencioso-administrativo que se encuentran en esa sede". El titular de dicho Juzgado explicó sus difíciles condiciones de trabajo cotidianas y los retrasos de su juzgado.
   Otro de los casos que destaca es el planteado por un ciudadano que, el día 19 de julio de 2010, interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando la correspondiente demanda que, por reparto, correspondió a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En fecha 1 de septiembre de 2012, una diligencia de ordenación le confirió 20 días para formalizar la demanda, trámite que ya había realizado dos años antes.
   "En definitiva, el abrumador trabajo que pesa sobre los órganos de nuestro sistema judicial y sus deficiencias estructurales, si bien pueden eximir de responsabilidad a las personas que los integran, no convierten una dilación indebida en lícita, dado que ello supondría restringir el contenido del derecho fundamental, constitucionalizado en el artículo 24.2 de nuestra norma fundamental", ha concluido Soledad Becerril.

Las sanciones a comunidades de vecinos por reciclar mal la basura suben un 25%

MADRID.- El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid sostiene que el área de Medio Ambiente ha incoado durante 2012 un total de 110 expedientes sancionadores a comunidades de propietarios por depositar residuos distintos de envases en el contenedor amarillo, por dejar bolsas fuera del contenedor o por incluir bolsas sin cerrar, imponiendo multas de hasta 750 euros.

   En este sentido, los socialistas critican que, tras este balance, las multas han aumentado un 25 por ciento en el último año, al pasar de las 83 sanciones que se impusieron en 2011 a las 110 de 2012.
   La responsable de Medio Ambiente en el grupo municipal socialista, Ruth Porta, cree que este aumento de las multas "es arbitrario e injustificado" y constituye "un abuso de autoridad" por parte del Gobierno municipal.
   Además, sostiene que desde que en el mes de octubre de 2012 se redujo la frecuencia de recogida de envases a tres veces por semana, cuyo fruto ha sido "el espectáculo de los contenedores rebosantes y rodeados de bolsas de basura en los distritos de la capital", al entender que el Ayuntamiento "no ha aumentado de forma proporcional ni el número de contenedores ni su capacidad".
   Pese a ello, Porta recalca que, con esa situación, el número de contenedores en toda la ciudad sigue siendo de 93.000 unidades. "Antes de poner multas por dejar bolsas fuera del contenedor, el Gobierno municipal debe suministrar a las comunidades de propietarios los contenedores suficientes para que todos los vecinos las puedan meter dentro sin problemas", ha agregado.
    Finalmente, la edil socialista ha pedido que el Ayuntamiento suspenda las sanciones por infracción al artículo 33.2 de la Ordenanza de Limpieza hasta que no haya más contenedores amarillos en la calle o se aumente la capacidad de los existentes. Asimismo, ha exigido que "Medio Ambiente ponga a disposición de los vecinos 25.000 nuevos contenedores de envases".

Comunidad, Ayuntamiento, Turespaña, Aena y la Cámara de Comercio se unen para atraer nuevas conexiones aéreas a Barajas

MADRID.- El Ejecutivo regional, el Ayuntamiento de Madrid, Turespaña, Aena y la Cámara de Comercio de Madrid han constituido recientemente el 'Grupo de trabajo para la Promoción de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Madrid-Barajas' que busca atraer nuevas conexiones aéreas al aeropuerto madrileño ante el anuncio de Iberia de retirada de rutas en estas instalaciones.

   Se trata de una respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de IU Joaquín Sanz, que se interesaba por las "repercusiones que tendrá para el turismo en Madrid la eliminación del número de rutas anunciadas por Iberia".
   En respuesta al parlamentario, el Gobierno autonómico expone que  cualquier decisión que adopte Iberia "genera preocupación y hace que se siga muy de cerca su evolución", ya que "Iberia supone para Madrid uno de los grandes pilares de su estructura turística".
    Y es que, relata que con su actividad la compañía confiere al Aeropuerto de Madrid-Barajas su condición de hub, especialmente en las conexiones entre Europa y América Latina.
   A renglón seguido, el Ejecutivo regional relata que, a través de los departamentos de Turismo y de Transportes, la Comunidad forma parte del recientemente constituido 'Grupo de Trabajo para la Promoción de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Madrid-Barajas', junto con Turespaña, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y Aena.
   El objetivo de este Grupo es valorar la evolución del tráfico aéreo de Barajas, así como la búsqueda y atracción de nuevas conexiones aéreas.

El Fondo Social de Viviendas cuenta con 401 casas en la Comunidad de Madrid

MADRID.- El Fondo Social de Viviendas (FSV), puesto en marcha por el Gobierno para facilitar el alquiler a familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desahuciadas, cuenta con 401 viviendas en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad.

   De acuerdo a los mismos datos, en el conjunto del país 5.047 viviendas. Su alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
   La puesta en marcha de este fondo social de viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.
   Las viviendas serán ofrecidas a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo.
   En concreto, se van a poder beneficiar de esta medida las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan, entre otras condiciones, que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el fondo social de viviendas, que el desalojo se haya producido a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en un supuesto de especial vulnerabilidad.
   Además, en el momento de presentación de la solicitud, el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no debe superar el límite de tres veces el IPREM (1.597 euros), así como que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.

Los presupuestos de la UPM salen adelante con 30 votos a favor, 23 en contra y una abstención

MADRID.-   Los presupuestos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han salido adelante este sábado en la reunión del Consejo de Gobierno con 30 votos a favor, 23 en contra y una abstención, como han informado fuentes sindicales.

   La cuestión de los despidos depende de una segunda votación, que también tendrá lugar este sábado. Mientras se producen las votaciones, cientos de personas se concentran ante la UPM en señal de protesta.
   Unas 500 personas se concentran desde primera hora de este sábado ante el lugar donde se celebra el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que deberá decidir entre cuatro opciones -- dos que implican despidos para el Personal de Administración y Servicios (PAS) y dos que conciernen rebajas salariales para el Personal Docente e Investigador (PDI)--.

La Universidad Politécnica de Madrid despide a 301 trabajadores

MADRID.- El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha aprobado este sábado el despido de 301 trabajadores --145 del Personal de Administración y Servicios (PAS) funcionariado y 156 PAS laboral--, además de reducir a la mitad un complemento retributivo destinado al Personal Docente e Investigador (PDI).

Así, el Consejo de Gobierno se ha visto obligado a asumir este "ejercicio de responsabilidad", que pasa por "la amortización de 301 plazas", sumadas a la reducción a la mitad del complemento específico procedente de la Comunidad para profesores e investigadores, como ha señalado el director del gabinete del rector, Jesús Vázquez Mingüela.
Los presupuestos de la Politécnica han salido adelante este sábado en la reunión del Consejo de Gobierno con 30 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones, como han informado fuentes sindicales. De este modo, el techo de gasto alcanza los 204 millones de euros de los 344 que, en conjunto, conforman el presupuesto de la UPM.
Por decisión de los consejeros, se creará una bolsa de trabajo, operativa desde el lunes, "para poder dar un empleo cuanto antes" a los afectados, como ha explicado Vázquez, que ha insistido en la "tristeza" sentida por tener que adoptar una decisión de este calibre. "El Consejo de Gobierno de la UPM ha tomado una decisión democrática pero muy triste", ha subrayado.

La Universidad da clase en calles de Madrid, en protesta por los "recortes"

MADRID.- Varias decenas de profesores y estudiantes de las universidades públicas de Madrid han dado clase hoy al aire libre, en varias calles y plazas de la capital y otras localidades de la Comunidad, como forma de exteriorizar su malestar con las reducciones presupuestarias y de personal.

Convocados por el movimiento "La 'Uni' en la calle", 600 docentes dirigen actividades académicas, científicas y culturales para llamar la atención de la sociedad sobre lo que consideran "estrangulamiento económico" de las universidades públicas a causa de las políticas de las autoridades autonómicas y centrales.
En un manifiesto, alertan de que se pone "en peligro" la función social, docente e investigadora de la universidad pública y el futuro del profesorado más preparado de la historia.
Los firmantes del texto reclaman la eliminación de la subida "brutal" de tasas de matrícula, así como condiciones dignas y estables para todo el personal y profesores e investigadores en formación.
Rafael Escudero, profesor de la Universidad Carlos III y miembro de la Coordinadora "La 'Uni' en la calle", ha explicado que, en general, todas las clases y actividades previstas para esta jornada han comenzado sin incidencias.
Escudero ha pedido a la Comunidad de Madrid y al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que "abran canales de comunicación" con la comunidad universitaria.
"No negamos que la universidad necesita reformas pero es necesario que se hagan con la participación activa de la Comunidad universitaria, que es la que conoce su situación", ha dicho Escudero.
La Puerta del Sol y las plazas Mayor, de España y Ópera (Isabel II) son los puntos principales de la protesta, compartidos por profesorado de todas las universidades públicas de la región, que han hablado sobre el neoliberalismo, las tasas judiciales, las crisis, los movimientos sociales y el 15M, la reforma de la Constitución o la discriminación de género.
En Sol y en la Plaza Mayor había esta mañana poca afluencia en las "clases", con un puñado de estudiantes y de curiosos.
La plaza de la Villa, el Retiro, el Monumento de la Constitución, el Ateneo o el espacio Madrid Río también se han transformado en "facultades", así como lugares públicos de Alcalá de Henares, Getafe y Leganés
Participan profesores, investigadores, personal de administración y servicios y alumnos de las universidades Autónoma, de Alcalá, Carlos III, Complutense, Politécnica, Rey Juan Carlos, así como de la UNED y del CSIC.

Decenas de personas rechazan en Madrid la posibilidad de despidos en la U. Politécnica

MADRID.- Varios cientos de personas rechazaron esta mañana con pitos y gritos frente a la Academia de Ingeniería, en el centro de la capital, la pretensión de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de despedir a 301 trabajadores, asunto que delibera esta mañana el Consejo de Gobierno de la institución.

El Consejo de Gobierno de la UPM, que ha trasladado su reunión de la Ciudad Universitaria a la sede de esta Academia, en la calle Don Pedro, decide hoy si respalda el despido de 301 interinos de administración y servicios y el recorte del 50% del complemento retributivo de docentes e investigadores para ahorrar 24,7 millones de euros.
El secretario de Universidades de CCOO, Santiago Cuesta, ha explicado que más de quinientas personas que realizan una "visita turística" al centro de Madrid "han aprovechado" para expresar al Consejo de Gobierno de la UPM su "absoluto rechazo" al despido de cualquier trabajador o al recorte de sus derechos.
Cuesta ha afirmado también que le parece "lamentable" que la directiva de la UPM "no de la cara a la comunidad universitaria",al comentar que desconoce el motivo por el que el Consejo ha trasladado hoy su reunión a la Academia de Ingeniería, cuyos alrededores están protegidos -ha dicho- por numerosos agentes de la Policía.
La mesa de negociación entre el equipo de gobierno de la UPM y los sindicatos se cerró la semana pasada sin acuerdo sobre las medidas de ajuste a los trabajadores, que podrían acarrear el despido de 156 trabajadores laborales y 145 interinos del personal de administración y servicios (PAS).
Según CCOO, la mesa se cerró tras cuatro semanas al levantarse la representación de la Universidad, pese a que los sindicatos habían presentado a lo largo del proceso una propuesta integral de ajustes que afectaban a distintos ámbitos de la universidad y que ascendía a unos 20 millones de euros.
La universidad finalmente solo se había mostrado interesada en dos de las 28 propuestas que permitirían un ahorro de 1,2 millones, lo que supondría reducir en 35 o 45 los 301 despidos planteados, según CCOO.
Los sindicatos y el conjunto de la comunidad universitaria han manifestado su "firme su rechazo a cualquier despido o recorte", al tratarse de medidas "injustas e injustificadas" que no solventan el problema de fondo de la Universidad y que dejarán en la calle a 301 familias "que no tienen culpa alguna de la situación actual de la universidad".