martes, 29 de noviembre de 2011

Amigos del Albéniz piden el desalojo policial del teatro y que las administraciones lo protejan


MADRID.- La Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz ha solicitado este martes, ante el fuego declarado en el interior del inmueble, que la Policía lo desaloje y que el Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid protejan el edificio.

   La presidenta de la asociación, Eva Aladro ha defendido el desalojo del teatro para evitar que sea destruido. Así, ha recordado que antes del incendio ya ha habido una inundación provocada, según explicó, por los atascos de las tuberías y desagües generados por los 'okupas' de las plantas superiores del teatro, así como la entrada incontrolada de gente tanto por esa zona como por el contiguo 'okupado' Hotel Madrid.
   "Ya no podemos confiar en la gente del Hotel. Nos prometieron que nadie entraría y ahora la situación es mucho peor que antes de que llegaran. No tienen criterio, y un día te dicen una cosa y otro día, otra. Hace unos días recibí una llamada de un ocupante del hotel, que me dijo que el teatro estaba en grave peligro. Han estado jugando con nosotros y yo ya me desvinculo de ellos", ha manifestado Aladro.
   Sobre el incendio, la presidenta de la plataforma desconoce aún su origen, aunque ha apuntado a una posible colilla mal apagada o que haya sido provocado por algún 'okupa' como revancha contra otros del Hotel o del propio edificio por sus "luchas y peleas constantes".
"Sigue siendo un peligro, por la instalación eléctrica de alto voltaje que hay allí y por las fugas de agua", ha indicado.
   Por otro lado, Aladro ha pedido la actuación de la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que pongan en marcha las medidas oportunas para proteger el teatro. De hecho, ha recordado que hace 20 días les enviaron un requerimiento por escrito y no han obtenido respuesta.
   Asimismo, los Amigos del Albéniz han indicado que están a la espera de la resolución final del Tribunal Supremo sobre el carácter de Bien de Interés Cultural del teatro, ya confirmado este verano por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 
Además, han apuntado que los daños al inmueble pueden perjudicar a este declaración de protección o que incidentes como los de hoy pueden provocar que cuando salga el fallo judicial definitivo "ya no queda nada que proteger".

Protección ahora
La consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, ha pedido este martes a la Delegación del Gobierno que, ahora que está vacío el edificio del Hotel Madrid como consecuencia del incendio declarado en el teatro Albéniz, se proceda a proteger el inmueble para evitar que se pueda volver a 'okupar'.
   Plañiol ha explicado que el suceso se ha producido alrededor de las 13 horas en el tercer sótano del teatro, en unas dependencias que se destinaban a una antigua sala de fiestas. El foco ha sido una acumulación de cables y basura, si bien ha añadido que es "pronto para saber si ha sido fortuito o intencionado".
"El foco está apagado, se está aireando el edificio y esperaremos a las causas oficiales", ha afirmado.
   "No se puede decir que los ocupantes del hotel sean los causantes directos o indirectos de los daños, pero es verdad que cuando se ocupa un edificio de estas características siempre hay riesgo para la integridad de todos", ha añadido.
   Plañiol ha indicado que "no ha hecho falta desalojar el hotel Madrid porque ante el incendio se ha vaciado solo".
"Ahora están los dos vacíos, así que hemos llamado a la delegada del Gobierno para decirle que está vacío y que ha llegado el momento de protegerlo y se puede desocupar", ha sugerido.
   Sobre si algunos posibles problemas entre los 'indignados' puedan haber desembocado en esta situación, ha señalado que "los comentarios por parte de muchos de los posibles indignados van en ese sentido".
"Desconozco lo que pasa dentro, pero los ocupantes son personas que no están utilizando debidamente el inmueble: ponen en riesgo el edificio y por tanto la integridad de todos. Si ha sido causa o no, en breve lo podremos saber", ha concluido.
Bomberos del Ayuntamiento de la capital han extinguido ya el incendio declarado este mediodía en una antigua sala de fiestas del Teatro Albéniz.
   Hasta el lugar se han acercado tres dotaciones de Bomberos, que han tenido que derribar algunas de las entradas tapiadas para acceder al interior del teatro. Allí, los profesionales, en medio de un intenso humo, han encontrado el foco del fuego en el tercer sótano, que antes era utilizada como sala de fiestas.
   En la estancia había acumulado una gran cantidad de cables electrónicos y de megafonía. Los bomberos han extinguido el fuego y están ahora ventilando la zona. Debido a la gran cantidad de humo y a su escasa salida, un vehículo especial de los Bomberos se va a desplazar a la zona para favorecer la ventilación.
   Hasta el lugar también se ha desplazado una ambulancia del Samur-Protección Civil, que no ha tenido que atender a ninguna persona, salvo a un bombero por una leve intoxicación. Los profesionales no han encontrado a nadie en el interior del teatro, mientras que los 'okupas' que viven en los pisos de arriba y en el contiguo hotel Madrid se han marchado por su propio pie.
   Por su parte, miembros de la Policía Nacional y Municipal han acudido al lugar, así como la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, puesto que la sede de la Consejería está a escasos metros del Albéniz. De momento, se desconoce si el incendio ha sido provocado, accidental o fortuito.
   El pasado 16 de octubre, tras la manifestación del 15O, un grupo de 'indignados' okupó el hotel Madrid, situado en la calle Carretas y contiguo y con acceso comunicado con el teatro Albéniz. Desde entonces, diferentes asambleas debatieron sobre la posibilidad de 'okupar' también el edificio escénico.
   Tras la intervención de la plataforma de Amigos del Albéniz, la mayoría de los 'okupas' del hotel se comprometieron a cerrar los accesos y a no entrar al teatro. Sin embargo, días después alertaron de una inundación provocada por los 'okupas', pero no los del hotel Madrid, sino de los que vivían desde principios de otoño en las plantas superiores del teatro.

Los jóvenes madrileños necesitan el 62,6% de su sueldo para comprar una casa

MADRID.- Los jóvenes madrileños necesitan dedicar más de la mitad de su sueldo neto (62,6 por ciento) para comprar una vivienda, lo que explica en parte que solo cuatro de cada diez jóvenes en España esté en condiciones de emanciparse en estos momentos, según el último 'Observatorio Joven de la Vivienda' que elabora el Consejo de la Juventud de España (CJE).

   El trabajo revela también la diferencia entre los ingresos reales y los mínimos necesarios para comprar una casa: Los jóvenes cobran un 78,1 por ciento menos de lo que deberían para poder convertirse en propietarios sin sobrepasar el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras del 30 por ciento.
   Asimismo, la superficie máxima a la que puede aspirar un joven que se anima a comprar una casa es de 56,1 metros cuadrados. Si se decanta por el alquiler, no podrá acceder a una vivienda de más de 44,5 metros cuadrados.
   Por provincias, los jóvenes que más parte de su sueldo neto deben dedicar a la compra de una vivienda son los de Vizcaya (el 71,6 por ciento de sus ingresos), seguidos de guipuzocanos (70,9 por ciento), barceloneses (67,9 por ciento), baleares (65,1 por ciento), madrileños (62,6 por ciento), cántabros (58,2 por ciento) y málagueños (57,8 por ciento).
   Ante estos datos, el CJE pide al futuro Gobierno del PP una ley que garantice el acceso a una vivienda digna y adecuada de titularidad pública, cuyo coste no supere el 30 por ciento de los ingresos netos anuales.
   Asimismo, demanda un parque público de vivienda en alquiler, con un coste que no supere el 10 por ciento de los ingresos anuales por persona, la movilización de suelo público para la construcción de vivienda pública o una mayor protección para los inquilinos mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Condenan al SERMAS a indemnizar con 120.000 euros por mala praxis

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar con 120.000 euros a la familia de una paciente que falleció después de que no se le realizaran las pruebas necesarias para detectarle un cáncer en el Hospital Gregorio Marañón.

   En la sentencia de la sección novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tramitada por la Asociación del Defensor del Paciente, queda reflejado que "las pruebas diagnósticas que no se realizaron hubieran permitido la detección del cáncer dos meses antes del fallecimiento".
   "Un diagnóstico precoz podría haber determinado alguna posibilidad de supervivencia por lo que, la falta de diagnóstico supuso una pérdida de oportunidad de supervivencia y una infracción de la lex artis que desembocó en el fallecimiento", reza la sentencia.
   El pasado 11 de septiembre de 2006, S. A. C., de 50 años, con antecedentes de carcinoma epidermoide y portadora de un segundo trasplante renal, ingresó en el Servicio de Nefrología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid como consecuencia de un cuadro de dolor en el costado derecho de un mes de evolución y fiebre.
   Tras la realización de una serie de pruebas, como un TAC que reveló la existencia de lesiones pulmonares, se le diagnosticó un tromboembolismo pulmonar y se le dio el alta médica quince días después de su ingreso sin que se indagara sobre la etiología de dichas lesiones ni se valorara su evolución en los meses posteriores.
   El 10 de octubre de 2006 la paciente acudió al Servicio de Urgencias por dolor en costado pero fue dada de alta, de nuevo, al igual que seis días después, cuando volvió a acudir al Servicio de Urgencias. Dado que los síntomas se agravaban, la paciente tuvo que ingresar, el 18 de octubre.
   El motivo de ingreso era dolor costal, abdominal y fiebre. Finalmente, el Servicio de Nefrología decidió consultar el caso de S. A. C. con la Unidad del Dolor. La situación clínica de la paciente era de tal gravedad que surgió un cuadro de ansiedad que requirió tratamiento por Psiquiatría.
   De hecho, los facultativos llegaron a insinuar que el origen de sus dolencias era psiquiátrico. Finalmente y sin haber determinado el origen del intenso, persistente y progresivo dolor costal que no cedía con analgésicos, la paciente fue dada de alta el 1 de diciembre de 2006.
   Con fecha 1 de enero de 2007, la afectada fue ingresada en el Servicio de Urgencias del centro hospitalario como consecuencia de un cuadro de dolor lumbar crónico de dos meses de evolución, malestar y debilidad generalizados, insuficiencia respiratoria y aumento del dolor.
   Tan grave era el estado de la paciente que entró en parada cardiorrespiratoria en la misma ambulancia que la trasladaba hacia el centro hospitalario. Tras diversas pruebas se demostró que la paciente sufría un cáncer extendido por toda la cavidad abdominal con una gran masa tumoral que invadía el colon.
   También existían adenopatías en hígado y mediastino. El cáncer era tan grave y estaba tan extendido que le afectada falleció apenas unas horas después de su último ingreso hospitalario en demanda de asistencia sanitaria que atenuara el dolor que había motivado numerosos ingresos previos.
   La Sección entiende que el diagnóstico de la existencia del cáncer en las fechas mencionadas, "y lógicamente la aplicación urgente del adecuado tratamiento, podría haber determinado alguna supervivencia a la paciente por cuanto el informe de la inspección médica no afirma con absoluta certeza que tal posibilidad fuese inexistente".
   Además, el propio perito en su informe manifiesta "cierta posibilidad de supervivencia (25 por ciento de los pacientes al año), por lo que en definitiva "cabe apreciar que la falta de diagnóstico ha supuesto una pérdida de supervivencia de la paciente", por lo que se determina una "infracción de la lex artis de la que derivó el fallecimiento de la paciente".

Unas 2.000 personas protestan contra las políticas de Aguirre en Educación

MADRID.- Unas 2.000 personas, según fuentes policiales, han vuelto a cortar la calle Alcalá, a la altura del Ministerio de Educación, para protestar contra los recortes en la Comunidad de Madrid y las políticas en Educación de su presidenta, Esperanza Aguirre, coincidiendo con la novena jornada de huelga en los centros educativos.

   Como la concentración se ha celebrado de noche, muchos son los que han acudido con velas verdes, el color elegido por la 'marea verde' para todas las movilizaciones. En esta ocasión, como en cada concentración, pasadas las 19 horas, han soltado centenares de globos que han cubierto el cielo de la Gran Vía durante segundos.
   'Aguirre saquea Madrid', 'Esperanza Aguirre tiene mala educación' o 'Esperanza devorando la educación pública' son algunas de las frases que se han podido leer en las pancartas que portaban los manifestantes, que también han pedido en varias ocasiones la dimisión de la dirigente regional.
   No obstante, el lema de esta concentración convocada por CC.OO., ANPE, CSI-F, FETE UGT y STEM era 'La educación no es un gasto, es una inversión' y muchos eran los carteles que han ido en esta dirección con proclamas sobre la inversión en el futuro y con apoyo al profesorado que está siendo "represaliado" por las movilizaciones.
   Para el secretario general de CC.OO. Enseñanza Madrid, Francisco García, "sobra ilusión" en el profesorado que "después de tantas jornadas de huelga, cinco manifestaciones, cinco concentraciones", siguen movilizándose. "Aquí hay mucha gente", ha señalado García, quien ha destacado que casi la mitad de los docentes en Secundaria e Infantil ha secundado los paros.
   En este sentido, ha hecho especial hincapié en los "más de mil euros de inversión en escuela pública y en calidad de la enseñanza" que han hecho los profesores al haber ido a huelga, pues es el descuento aproximado que se les ha hecho en sus nóminas por esta cuestión. "Es una inversión generosa por parte del profesorado", ha apostillado.
    A su juicio, al Gobierno regional "seguir encastillado en su posición y mirar para otro lado no va a resolver" el conflicto. "No nos vamos a cansar si están esperando eso", ha asegurado, quien ha adelantado que habrá calendario para el primer trimestre del año y para el segundo porque la Comunidad "tiene que convocar la mesa y buscar una salida en conflicto".
   Para el vicepresidente de Anpe Madrid, Manuel Díez, después de nueve jornadas, "mantener el ritmo" que llevan "es un éxito" porque "es mucho desgaste y desembolso económico" y se "nota el agotamiento" mientras que el presidente de CSI-F Enseñanza Madrid, Antonio Martínez, insiste en que son muchas las actuaciones que han llevado a cabo para que "nadie" les haga caso.
   "Nueve jornadas de huelga, concentraciones, manifestaciones, encierros, cartas que hemos enviado a la consejera, a la presidenta de la Comunidad, a Mariano Rajoy seguimos con perjuicio para las familias y los alumnos y nadie nos quiere recibir. Nadie quiere hablar con nosotros después de cinco meses de actuaciones y exigimos que la mesa sectorial se abra para presentar nuestras quejas", ha dicho.
   Por su parte, el secretario general de FETE UGT Madrid, Eduardo Sabina, ha señalado que es importante que un día, "ya por la tarde", después de las movilizaciones que llevan, "haya venido tanta gente". 
"Creo que el profesorado sigue disgustado y además la Consejería está contribuyendo a ello con sus presiones en los horarios", ha considerado.

Los 'camisetas verdes' amonestados el 20N presentan alegaciones

MADRID.-   Varias decenas de personas que el pasado 20 de noviembre tuvieron problemas a la hora de votar por acudir con la camiseta verde en favor de la educación pública han acudido este martes a los Juzgados de Plaza de Castilla para presentar sus alegaciones después de recibir por parte de la Junta Electoral de Zona de Madrid un telegrama en el que se les recuerda que han cometido una infracción.

   Muchos de los afectados han acudido con el telegrama que recibieron durante el día de ayer en el que, según consta, la Junta Electoral de Zona de Madrid, por orden del presidente, concede un plazo de 48 horas para que la persona en cuestión "alegue lo que estime conveniente, previniéndole que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, podrá pararle el perjuicio al que hubiera lugar en derecho".
   En el escrito, la Junta explica que ha contrastado los hechos con el informe de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en el cual consta que a al afectado "se le hizo saber el acuerdo" de este órgano electoral que se resolvió "al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la prohibición de difundirse propaganda electoral" y que se ha incumplido.
   Los afectados, asesorados por distintos abogados, han presentado distintos modelos de alegación, pero todos coinciden en que la camiseta verde no es "propaganda electoral" sino "defensa de la educación pública" y que su derecho a la libertad de expresión está recogido en la Constitución, incluso en jornada electoral.
   Además de las alegaciones, otros compañeros han presentado al Juzgado 147 de Madrid una "autoinculpación" por haber acudido a votar al colegio electoral el pasado 20 d noviembre en las elecciones generales "ataviados con una camiseta verde en la que podía leerse 'Escuela pública de tod@s para tod@s'".
   En el texto, señalan que estas palabras reflejan su "profunda adhesión con el artículo 27.5 de la Constitución Española, que dice literalmente 'Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes'".
   "Es y sigue siendo mi interés que este artículo se siga cumpliendo en España y la educación pública siga siendo de todos y para todos", continúa el escrito que han firmado algunos de los profesores solidarizados con los que han recibido los telegramas y que podrían recibir una multa en el caso de que así lo decidan los tribunales.
   El firmante también lamenta "profundamente" que su actitud en defensa de uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución "haya sido intencionadamente malinterpretada por personas que al tratar de criminalizar este hecho demuestran su desacuerdo con tales derechos tanto como su gestión de la educación allá donde gobiernan".
   Por otro lado, varios institutos han recogido un centenar de firmas para adjuntar un comunicado dirigido a las autoridades competentes de la Junta Electoral de Zona de Madrid en el que muestran su "más absoluto rechazo ante el delito cometido contra varias personas por impedirles votar con la camiseta verde por parte de las autoridades competentes".
   Consideran que como ciudadanos tienen derecho a votar "siempre que no se incumpla la ley en el procedimiento" y el derecho de llevar la camiseta verde en cuestión "no constituye ningún motivo de delito y bajo ningún concepto puede ser motivo para impedir a ninguna persona que ejerza su derecho al voto ya que en ninguna parte de la camiseta se difunde propaganda electoral".
   Por ello, los firmantes de este comunicado exigen que aquellas personas de la Jefatura Provincial de Policía así como a los miembros de la mesa e interventores que impidieron a varias personas ejercer tal derecho sean identificadas y puestas a disposición judicial por cometer el delito de impedir ejercer el derecho al voto".
   Ante esta situación, hay también otras personas que presentaron en su día una denuncia en su correspondiente comisaría por la situación vivida en la Mesa electoral. Así lo cuenta uno de los afectados que denunció, incluso, que había sufrido intento de coacción.
   Con los afectados estaba la diputada de IU en la Asamblea de Madrid y portavoz de Educación, Eulalia Vaquero, para apoyar a las personas que han presentado las alegaciones porque "se está vulnerando un principio fundamental, el de la libertad de expresión; y un derecho fundamental como el que algunas personas no hayan podido ejercer su derecho a votar por el simple hecho de llevar una camiseta verde".
   A juicio de Vaquero, se quiere "tendenciosamente confundir con campaña de un partido político" y el logotipo de las camisetas "lo contiene la Constitución y no está ligada a ningún partido político". 
"La escuela pública es de todos y se confunde quien lo quiera relacionar con un partido político", ha considerado.
   Por eso, ha señalado que solidariza con las "decenas" de apoderados e interventores que han recibido la denuncia. En el caso de CC.OO. hablan de 200 afectados pero no se pueden contabilizar todos pues cada uno está acudiendo a su organización. "Son gente que libremente acudió porque no ha sido consigna de nadie", ha recordado.

Las adhesiones a la denuncia de profesores contra Figar por injurias y calumnias alcanzan la cifra de 700

MADRID.- Varias decenas de profesores se han adherido este martes a la denuncia presentada hace unas semanas por unos 70 docentes contra la consejera de Educación y Empleo de la Comunidad, Lucía Figar, por injurias y calumnias, y alcanzan ya la cifra de 700 después de que hace unos días se produjera una adhesión masiva con 600 profesores.

   En el escrito que han presentado este martes en Plaza de Castilla, cada profesor explica que tras conocer el contenido de la denuncia presentada el 7 de noviembre contra Figar, se adhieren a la misma y se personan en las actuaciones en calidad de denunciante por los hechos que contienen.
   Uno de los promotores de esta idea ha explicado que están satisfechos por cómo está evolucionando la causa pues no se ha desestimado en primera instancia y está en proceso de pasar a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) puesto que Figar, por su condición de consejera y diputada, es aforada.
   En la denuncia original,  señalan que la consejera ha afirmado desde finales del pasado mes de agosto que los profesores de Secundaria trabajan 20 horas a la semana, "dando a entender en sus intervenciones que ese es el horario completo de trabajo" o que están "vinculados a facciones violentas".
   También se refieren a declaraciones en las que, según dicen, Figar apunta que no tienen derecho a quejarse los profesores porque "los funcionarios están a salvo de cualquier crisis económica" y porque en septiembre vienen "de dos meses ininterrumpidos de vacaciones" o que practican un "elevado absentismo laboral".
   En la misma dirección, hacen referencia a declaraciones sobre que los profesores madrileños son los que menos horas trabajan, en relación a Europa; que ningún profesor va a impartir una asignatura que no sea de su especialidad; que las dos horas lectivas están contempladas por la normativa o que la huelga que llevan a cabo los profesores "es política".
   Así, consideran que en distintos medios de comunicación, Figar ha realizado declaraciones sobre su jornada laboral "con un claro ánimo de confundir a la opinión pública menoscabando" su "dignidad como trabajadores de la enseñanza", hablando de que trabajan 20 horas semanales sin especificar que esas 20 horas son lectivas, es decir, "de trabajo directo en el aula con los alumnos".
   Por otro lado, los denunciantes aseguran que Figar ha descalificado en "repetidas ocasiones" la figura del profesor interino ante distintos medios de comunicación. "No considera docentes a los interinos, cuando son profesores que hacen el mismo trabajo que los funcionarios de carrera", apuntan.
   Adjuntando toda la documentación para exponer sus argumentos, los profesores suplican al juzgado que admitan a trámite la denuncia, y "se practiquen las diligencias que consideren pertinentes, dando al procedimiento el curso que proceda".

Los profesores siguen secundando la huelga pese a ser la novena jornada

MADRID.- Casi la mitad de los profesores de Secundaria han secundado la novena jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid, según han explicado a Europa Press los sindicatos, que sitúan el seguimiento en este ciclo en un 48,5 por ciento, muy alejado del 8 por ciento en el que la Consejería de Educación fija este seguimiento.

   Según ha informado el Gobierno regional, la jornada de huelga convocada por CC.OO., ANPE, C-SIF, FETE UGT y STEM ha sido secundada por un 8,5 por ciento de los profesores de Infantil, un 2 por ciento de los docentes de Primaria y un 8 por ciento en Secundaria, similar al de los paros anteriores.
   Sin embargo, estos porcentajes aumentan en el caso de los sindicatos que, según han indicado, en Primaria se ha registrado un seguimiento del 27,5 por ciento; en Infantil, de un 47 por ciento y en Secundaria, de un 48,5 por ciento, pese a que en este caso es su novena jornada.
   El secretario general de CC.OO. Enseñanza Madrid, Francisco García, ha indicado que "la mitad de los profesores de Secundaria siguen en paros después de nueve días de huelga y que el conflicto está abierto pese a que el Gobierno regional esté con esta política de desgaste".
   García ha reconocido que el conflicto generado a raíz de las instrucciones de inicio de curso en Secundaria se está "enquistando" pero, en su opinión, es problema del Ejecutivo autonómico que "no corrige el rumbo y solo se sienta en la mesa con las patronales de la privada".
   Esta jornada de huelga es significativa, pues ante las críticas del Gobierno regional que tildaban la huelga de "política", los sindicatos querían demostrar que sus movilizaciones iban más allá de las elecciones del 20 de noviembre y advirtieron de que no iban a dejar de moverse.
   Junto a la primera huelga después de los comicios, como viene siendo habitual en las jornadas de paros, se celebrará una concentración a las 18.30 horas frente a la Consejería de Educación madrileña, en la calle Alcalá, bajo el lema de 'La Educación no es gasto, es inversión. No a los recortes'.

Punset insta a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentra "sobre todo" ahí

VALENCIA.- El divulgador científico Eduardo Punset ha explicado este martes que lo que, "hasta ahora, hemos aprendido de la administración" es a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentran "sobre todo" en estas administraciones.

   Punset, durante la presentación en Valencia de su último libro 'Viaje al optimismo', en el que defiende la implantación de un gobierno mundial, considera un "error considerable coartar los métodos globales de financiación local". "Los ayuntamientos se encontraron sin dinero y echaron mano de cualquier cosa", ha apostillado.
   El presentador de 'Redes' ha subrayado que España todavía "no ha recurrido al liderazgo de los jóvenes" y ha aseverado que hasta que esto no se haga el país no saldrá de la crisis". Aunque se ha mostrado seguro de que esto "se hará".
   En este sentido, ha comentado que en tiempos pasados cuando una sociedad entraba en crisis siempre recurría a los jóvenes por "su fuerza,  capacidad creativa e innovación". Sin embargo, en España no pasa esto desde la Transición, ha indicado.
   Asimismo, el escritor catalán ha manifestado que no se está viviendo "una crisis planetaria". "Esto no existe para un economista", ha afirmado el divulgador, quien ha explicado que hay países que están en expansión y otros en crisis.
   Para luchar contra esta situación y contra el pesimismo, ha instado a recuperar el "reconocimeinto social", algo que considera "fundamental" para ser feliz, como ha demostrado una encuesta que llevaron a cabo unos investigadores británicos. A su juicio, "es muy difícil ser pesimista hoy en día".
   Entre los elementos que alimentan este optimismo, ha mencionado la esperanza de vida. "Cómo se puede ser pesimista cuando la esperanza de vida aumenta dos años y medio cada década", se ha preguntado. A este respecto, ha recalcado que es "la primera vez en la historia de la evolución" que "hay vida antes de la muerte".
   Punset ha señalado que si el siglo XX fue el de "redistribución de la riqueza", el XXI será el de la "redistribución del trabajo". Así, ha explicado que debido al incremento de la esperanza de vida las personas tienen "vidas redundantes".
"No se han eliminado los daños perversos de la senectud, pero sí se han retrasado en el tiempo".
   Preguntado sobre las pautas a seguir para cambiar la educación, un tema que aborda en su libro, el autor ha explicado que la Fundación Eduardo Punset y otros colectivos están buscando introducir lo que considera "una revolución en el sistema educativo", que es incluir "el aprendizaje emocional" en las escuelas.
   Sobre las redes sociales, Punset, el autor español con más apoyo en estas plataformas con 133.000 seguidores en Twitter y 650.000 "amigos" en Facebook, considera esta herramienta "muy importante" porque "nos tiene comunicados con el resto del mundo". El estudio solitario que defendían los intelectuales antaño "ahora ya no le hace a uno grande sino extinguirse".

La deuda de la Comunidad Autónoma con las farmacias madrileñas cerrará el año en 200 millones de euros

MADRID.-   La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) prevé que la deuda que las administraciones autonómicas mantienen con las oficinas de farmacia ascenderá a final de año a cerca de 1.930 millones de euros, y para entonces afectará a más del 70 por ciento de estos establecimientos. En el caso de la Comunidad de Madrid, la cifra se eleva a 202 millones.

   Así se desprende de las previsiones recogidas por esta entidad en su último Observatorio del Medicamento, relativo al mes de octubre, donde urgen al Estado a avalar dicha deuda a fin de evitar "desabastecimientos generalizados", con el consiguiente "riesgo de quiebra" del Sistema Nacional de Salud (SNS).
   Actualmente ya hay 12 comunidades autónomas que han publicado los resúmenes de sus programas de austeridad para cumplir con los objetivos de déficit de 2011 fijados por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre los que incluyen 855 millones de ahorro en medicamentos.
   Esto está generando una situación generalizada de impagos que va en aumento aunque, no obstante, afecta en mayor o menor medida a unas comunidades y otras.
   De este modo, y según las previsiones de FEFE, la región más endeudada a finales de año con las farmacias será Comunidad Valenciana (360 millones), seguida de Castilla-La Mancha (335), Andalucía (300), Cataluña (276), Madrid (202), Canarias y Murcia (150, en ambos casos).
   En situaciones de normalidad, recuerdan las farmacias, el pago de los medicamentos dispensados se producía en un plazo medio de 45 días, los mismos en los que las farmacias pagan a los proveedores (almacenes de distribución y laboratorios), a quienes corresponde un 78 por ciento de lo ingresado.
   Con el 22 por ciento restante, la farmacia tiene que hacer frente a sus gastos generales, nóminas, pago de seguros sociales e impuestos. Sin embargo, según reconocen, en el momento actual su capacidad de endeudamiento es muy limitada, particularmente en lo que se refiere a la adquisición de deuda a corto plazo (pólizas y préstamos), agravada por la situación de crisis económica global.
   Sobre todo teniendo en cuenta que el retraso en el pago a proveedores, en caso de que el farmacéutico no se encuentre ya en el máximo, llegando a los 120 días, lo que conlleva un alto coste financiero.
   Por ello, y ante los retrasos anunciados en el pago en distintas comunidades autónomas, FEFE teme un "importante desabastecimiento" y que, en algunos casos, haya farmacias que tengan que entrar en concurso de acreedores, particularmente las adquiridas en los cinco últimos años con créditos.
   "En ningún caso, ya que ni los colegios ni las patronales lo recomiendan, se está barajando la posibilidad de dejar de dispensar voluntariamente las recetas del Sistema Nacional de Salud o tratar de cobrar su importe a los beneficiarios", aseguran las oficinas de farmacia, que no obstante advierten que "pagarán prioritariamente las nóminas, los seguros sociales, los impuestos y aquellas cantidades que sean imprescindibles para su supervivencia".
   Sin embargo, advierten, "el pago a proveedores puede verse afectado". Con todo, el problema principal es de carácter sanitario y social, por lo que instan al nuevo Gobierno a tomar "importantes" decisiones antes de fin de año para que no llegue a producirse la quiebra del sistema.
   "El aval del Estado solicitado al Gobierno por FEFE y reclamado también por Farmaindustria se perfila como la mejor, y quizá la única solución, en esta crisis", reconocen.
   Asimismo, en este observatorio también se recogen los impagos de los hospitales por las compras que realizan directamente a los laboratorios y empresas de tecnología sanitaria, representadas por Farmaindustria y Fenin.
   Estos impagos por la compra de medicamentos a hospitales ascendían a 30 de septiembre pasado a 5.826 millones de euros con un plazo de pago medio de 432 días. En el caso de los productos sanitarios y de tecnología conexa la deuda a la misma fecha era de 4.740 millones de euros y el plazo medio de pago de 431 días.

La Seguridad Social compensará a pensionistas de mínimas con 855,87 millones

MADRID.- La Seguridad Social compensará a los pensionistas de mínimas y no contributivas con 855,87 millones de euros por la desviación al alza de la inflación en el mes de noviembre, que fue de 1,9 puntos porcentuales sobre lo previsto para 2011 (1%), según ha informado el Ministerio de Trabajo.

   Los beneficiarios de esta compensación son los más de 3,2 millones de perceptores de pensiones mínimas, SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez y Enfermedad) no concurrente con otras pensiones, pensiones no contributivas y prestaciones familiares, es decir, todas aquellas que no quedaron congeladas tras el decreto de recortes de mayo de 2010.
   Esta compensación se abonará en una paga de 441,69 millones de euros que se consolidará en su nómina del próximo ejercicio, lo que significará otros 414,18 millones de euros.
   Según Trabajo, la compensación por la desviación de inflación no afecta a las pensiones que hayan sido reconocidas a lo largo de 2011.
   El gasto previsto para este año es un 65% inferior a lo empleado en la compensación el pasado año (2.472 millones de euros), lo que supone un ahorro de más de 1.600 millones de euros.
   En enero de 2010, los pensionistas españoles no recibieron paga compensatoria pues la subida de pensiones en 2009 fue superior a la inflación y el colectivo ganó entre 1,6 y 6 puntos de poder adquisitivo, 1.280 millones de euros.
   El sistema de Seguridad Social español  establece el abono de las pensiones en 14 pagas al año y prevé una compensación en caso de que se supere la inflación con la que se revalorizan las  pensiones.

lunes, 28 de noviembre de 2011

Gallardón propone analizar qué administración presta mejor los servicios antes de atribuir competencias

MADRID.- El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha propuesto este lunes durante su comparecencia ante la comisión de duplicidades de la Asamblea de Madrid que se realice un estudio técnico sobre qué administración presta mejor cada servicio antes de definir quién se queda con cada competencia, y también ha reclamado que este reparto vaya acompañado de la financiación adecuada.

   Así, Gallardón ha pedido que se haga un "análisis pormenorizado" y con "flexibilidad" para el caso concreto de cada corporación local, ya que no cree que se pueda dar una "solución paraguas" para todos los municipios de la región, que tienen diferentes realidades tanto en población como en servicios prestados; y que este estudio vaya acompañado de "voluntad política" para "atribuir competencias a la administración con mayor garantía de eficacia en la gestión".
   "Debemos interrogarnos sobre la eficacia de la existencia de dos, y hasta tres, redes de servicios administrativos para prestar un servicio público. Eso requiere un análisis técnico y voluntad política entre los distintos gobierno. Un servicio debería calificarse como duplicado cuando exista para un mismo servicio o prestación y para el mismo fin social dos o más administraciones que lo prestan de forma directa sin razones jurídicas, técnicas o sociales que lo justifiquen", ha definido, poniendo como ejemplos de este fenómeno lo que sucede en materias de vivienda, agencias públicas de alquiler, educación infantil, centros de día para mayores o bibliotecas, entre otros.
   Así, para distinguir cuándo se dan estos supuestos "hace falta un análisis pormenorizado" de cada caso ateniendo, "como está previsto en la propia ley, al principio de diferenciación", ya que "no son lo mismo los grandes municipios que los pequeños".
   Porque, a su entender, en juego no está una "batalla entre la Comunidad y los ayuntamientos para ver quién tiene más competencias y más poder político". "Al contrario, en estos momentos somos todos muy conscientes de que los ayuntamientos no queremos más poder político, y que no estamos dispuestos a tener ni una sola competencia más si no va acompañada de la aplicación del principio de suficiencia financiera".
   Como segunda pata de esta solución, el primer edil madrileño ha reclamado un "análisis" de las herramientas de coordinación, cooperación y participación entre administraciones públicas que actualmente existen para evitar este tipo de solapamientos, señalando como ejemplo el "reciente fracaso en la coordinación para la aplicación de la Ley de Dependencia".
   Además, también ha reclamado que, más allá de un acuerdo entre gobiernos, se produzca "un acuerdo político" que "dé continuidad en el tiempo" a esta necesidad de clarificación. "No bastamos los ayuntamientos y las comunidades autónomas, necesitamos a las Cortes Generales", ha dicho, recordando que también hay solapamientos en otros servicios estatales como la seguridad y que son necesarios cambios normativos para permitir esta reordenación de competencias y para mejorar la financiación local.
   "En resumen: hay que estudiar caso por caso. La soluciones no tienen que ser necesariamente homogéneas, y sin la información técnica adecuada a la realidad de cada corporación será difícil una solución paraguas que lo resuelva. Y también hace falta voluntad política desde las administraciones públicas para resolver definitivamente este problema: una definición clara de la responsabilidad que tienen que tener la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos", ha señalado.
   Esto hace imprescindible que el Estado cumpla con su "asignatura pendiente" de "regular las legalmente corporaciones locales conforme al siglo XXI y no con una concepción derivada del estatuto municipal, que está anclado en el siglo XIX".
   Y no sólo se ha referido el alcalde madrileño al reparto competencial, sino que también ha insistido en la necesidad de que los ayuntamientos participen en los presupuestos del estado con "corresponsabilidad fiscal". "No creo que sea bueno tener asignaciones fijas; tenemos que ir a un sistema en el que seamos responsables de cómo invertimos los recursos", ha puntualizado.
   Además, el regidor capitalino también ha hecho un análisis de cómo, a su juicio, se ha llegado hasta esta situación, señalando tres razones básicas. En primer lugar, un sistema jurídico constitucional "muy complejo" que "promueve la existencia de competencias compartidas o concurrentes" en algunas materias.
   En segundo lugar, la "muy mala calidad normativa en regulación de competencias municipales" que tiene España, con una ley básica que "no es una buena ley" ya que "no limita con carácter definitivo las competencias de los gobiernos locales" sino que "tiene un complejo listado que mezcla materias muy amplias" mientras se mantiene la "carencia en el sistema de financiación".
   Y además la existencia de unos medios de coordinación y participación para "posibilitar la adopción de decisiones" en materias compartidas por varias administraciones que no funcionan en un estado cada vez más descentralizado hacia arriba (UE) y hacia abajo (comunidades autónomas).
   "Sumemos a esto que desde que se aprobó la normativa local han surgido fenómenos muy importantes (inmigración, nuevos servicios sociales por el incremento de la esperanza de vida y la dependencia, mayor concentración urbana, existencia de servicios y prestaciones locales con muy alta demanda social que no estaban en nuestro lenguaje cotidiano cuando se aprobó la normativa", ha matizado.
   Con el pasar del tiempo, la solución a este problema se ha ido "aplazando" y ahora, con la crisis económica, es preciso darle una solución bajo los criterios de "austeridad, transparencia y eficacia". "El reparto concreto tiene que tener criterios de eficacia: que el que pueda prestar el servicio mejor sea quien asuma esa responsabilidad. Es la escala más eficiente. Tenemos que determinar para cada servicio cuál es el escalón territorial más adecuado, teniendo siempre en cuenta la carga financiera", ha insistido.
   Así, para Gallardón con esta comisión de duplicidades a la Comunidad de Madrid se le abre la oportunidad de ser "pionera en España" en este asunto del que dependerá "la viabilidad de los distintos ayuntamientos". "Si esta comunidad autónoma consigue llegar a un acuerdo de racionalización de competencias, de aumentar la eficacia desde los principios de transparencia, eficiencia y austeridad, habremos dado una ejemplo formidable que será seguido por muchas otras corporaciones locales", ha pronosticado.
   "Independientemente de ese paquete legislativo que habrá de abordarse en la próxima legislatura (por el Gobierno central), el papel fundamental corresponde a las comunidades autónomas y a los gobiernos locales. Y nosotros tenemos una extraordinaria oportunidad de situar a Madrid por delante en el liderazgo de lo que habrá de ser una reordenación administrativa en toda España", ha concluido Gallardón.

Lissavetzky romperá con el Ayuntamiento por no contar con la oposición para las competencias

MADRID.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha advertido este lunes de "un antes y un después", incluso una "ruptura" en las relaciones con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por el tratamiento dado a la oposición en la cuestión de las competencias impropias y si los 'populares' no aceptan la comisión no permanente que propondrá en Pleno para estudiar el asunto de las duplicidades.

   Minutos antes de que Gallardón iniciase su comparecencia en la comisión de duplicidades que se está llevando a cabo en la Asamblea, el socialista ha tachado de "poco inteligente" que el regidor en este asunto "no haya tenido en cuenta la opinión de la oposición".
"Si hay que ir a la Asamblea para enterarse de lo que piensa el alcalde pues se va", ha señalado Lissavetzky, visiblemente molesto.
   En rueda de prensa, el portavoz socialista ha comparado la situación del cambio en la arquitectura municipal, cuando el Gobierno no se ha acercado a la oposición, con otros asuntos, como la candidatura olímpica. "Entonces los teléfonos sonaban sin cesar para conocer nuestra postura", ha recordado después de añadir que el reparto de las competencias supone "una cuarta parte del presupuesto del Ayuntamiento".
   "Me da igual que (Gallardón) esté con la cabeza en otra parte, no se puede hacer esta marginación a la oposición", ha remachado tras añadir que con esta actitud no queda nada del discurso de "entendimiento" del que hizo gala el primer edil en la investidura de junio.
   El concejal ha lamentado que de algunos asuntos, ya sea el reparto de Metro, de las escuelas infantiles o de las bibliotecas, se han enterado a través de los medios de comunicación. Es por eso que ha advertido de una posible ruptura de relaciones --de la que quedarían excluidos los acuerdos sobre empleo-- "por el tratamiento que (el Gobierno) está teniendo con la oposición".
   Por otro lado, Lissavetzky ha alertado de una posible subida en las tarifas del Metro o pérdida de calidad al ser una competencia que quedará totalmente en manos de la Comunidad. "Cuando decíamos lo del 'catastrazo' nadie nos creía, por eso anuncio que no me extrañaría un 'tarifazo'", ha advertido.
   Y es que, con el proyecto de presupuestos municipales en la mano, se puede comprobar la rebaja en 159 millones de la subvención que hacía el Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transportes para financiar el Metro aunque en las cuentas de la Comunidad "no está" dicha cantidad. "No figura en los presupuestos de la Comunidad y hay una menor subvención (municipal), por lo que eso lleva a una bajada de la calidad o a una subida de los precios", ha apostillado.
   Lissavetzky, por otra parte, ha anunciado que el PSOE ha puesto en manos de la justicia la decisión del equipo de Gobierno de no permitir la comparecencia del presidente de Metro y delegado de Hacienda, Juan Bravo, en el Pleno de septiembre, donde querían que explicase para dar cuenta de la situación económica de la empresa. Los socialistas dan este paso para evitar que el Ayuntamiento se convierta en un "cortijo a la hora de tomar decisiones".

Aguirre estudiará medidas para evitar encarecer "artificialmente" el suelo

TORREJÓN DE ARDOZ.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado este lunes que va estudiar todo tipo de cambio de regulaciones a tener en cuenta con el fin de que el Gobierno regional no encarezca "artificialmente" los suelos destinados a la instalación de industrias.

   La inauguración del primer polígono industrial en Torrejón de Ardoz desde hace 20 años ha servido a la dirigente madrileña para insistir en la idea de eliminar todo tipo de trabas a los empresarios y emprendedores, "que son los que generan riqueza, empleo y prosperidad" a la hora de instalar un negocio.
   "Quiero dar las máximas facilidades para que las empresas puedan instalarse en Madrid, para que el proceso industrial se facilite aquí y para abaratar en todo lo posible el suelo sobre el que se tiene que instalar", ha señalado Aguirre durante su visita al polígono Casablanca.
   No obstante, ha indicado que los propietarios de los suelos "no se tienen que preocupar" porque esto "no quiere decir" que la presidenta quiera que los propietarios "regalen sus tierras". 
"Quiero evitar que la Comunidad encarezca artificialmente lo que es el proceso de instalación de la industria en un suelo", ha puntualizado.
   En este sentido, ha criticado que el Polígono en cuestión que ha inaugurado este lunes tenga tres carriles por cada sentido, cuando, en su opinión, dos sería suficientes y se hubiera "evitado el encarecimiento" de la superficie. "En tiempos de bonanza está bien pero en estos momentos hay que procurar que la instalación de empresas no tenga más coste que el estrictamente necesario", ha dicho.
   Según Aguirre, hay que hacer en la Comunidad de Madrid "todo lo posible" para ser "más atractivos", teniendo en cuenta, por ejemplo, que los terrenos cerca de París son algo más bajos que los de Madrid, según ha señalado la presidenta que le ha dicho hoy mismo un empresario.
   "Los lujos en los polígonos industriales tienen que terminarse y las obligaciones impuestas de donde no sea estrictamente necesario y encarezcan, hay que quitarlas", ha dicho Aguirre, quien ha explicado que le ha pedido al alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, "qué regulaciones hay que quitar para favorecer la creación de empresas".
   Las trabas y los encarecimientos son uno de los problemas que más preocupa a la presidenta madrileña. De hecho, sus conversaciones con los empresarios y propietarios del suelo del nuevo polígono se han centrado en esta cuestión. "Dime qué pesadeces y encarecimientos tienes que yo te los quito", he ha dicho al mayor propietario del suelo del polígono de Torrejón.
   Posteriormente, otro empresario se le ha acercado para explicar los problemas que se encuentran cuando entran a formar parte de una junta de compensación. "¿Cómo es posible que para adherirse un propietario a la junta de compensación tenga que poner todo su patrimonio presente y futuro?", se ha preguntado.
   En este sentido, ha indicado que si algo tiene que ver la Comunidad de Madrid en esta cuestión, la va a cambiar inmediatamente porque "no puede ser que esto sea peor que tener una hipoteca". "No solo pierdes tu suelo, pierdes todo... (esto es) otra cosa que hay que quitar", ha aseverado.
   Por su parte, el alcalde del municipio, Pedro Rollán, ha indicado que los empresarios y emprendedores van a contar con "todo el apoyo" por parte del Ayuntamiento que dirige, que está dando "todo tipo de facilidades para poner en contacto a los emprendedores con los propietarios del suelo".
   En este sentido, ha señalado que también están trabajando para "mediar en lo posible" que el suelo salga por "un precio competitivo" para poder "facilitar y tramitar todos y cada uno de los permisos y licencias", y ha explicado que se ha fijado un "timing" para que procesos administrativos como el informe de una licencia de obras esté en un plazo de 15 días.
   "No existe ningún municipio o ayuntamiento que informe más rápido, más eficaz y más eficientemente de todos y cada uno de los proyectos que se presenten para generar empleo y para poner empresas en marcha y dinamizar nuestra economía", ha considerado, al tiempo que ha pedido que todos los suelos sean sometidos a estudio por parte de los promotores "que van a encontrar facilidades".

Sanidad denuncia la 'okupación' del antiguo centro de salud de Galapagar

GALAPAGAR.- La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana ante la Guardia Civil una denuncia tras la 'okupación' del antiguo centro de salud de Galapagar, ocurrida el sábado, ha informado a través de un comunicado el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty.

   Este edificio, que pertenece a día de hoy a la Consejería de Sanidad, se encuentra en proceso de cesión al Ayuntamiento de Galapagar, y se entregará cuando se retire todo el material utilizable que quedaba en el mismo, previsto para fin de mes.
   Del mismo modo, el Ayuntamiento de Galapagar esta misma mañana va a interponer una denuncia ante los juzgados de Villalba por posible delito de usurpación de un espacio público.
   Los hechos se remontan a este sábado, cuando "unos sujetos que se dan así mismo el nombre de 'Asamblea de Galapagar'" 'okuparon' el que era el centro de salud de la localidad.
   "Los 'okupas', bajo la denominación de 'liberación de espacios públicos: Centro de Salud de Galapagar' han entrado por la fuerza para crear, según dicen ellos un centro social y desde entonces permanecen dentro organizando talleres, y actividades varias", afirma Sanidad. Según las mismas feuntes, la Asamblea "ha alardeado de su actuación ilegal colgando el vídeo de la ocupación en www.youtube.com".
   El Ayuntamiento de Galapagar ha explicado a través de un comunicado que ya se ha dado luz verde al proyecto del antiguo centro de salud de la ciudad que permitirá la creación de un total de 5 edificios de titularidad pública, entre los que destacarán una Biblioteca municipal, un Centro Cívico y Social, un nuevo Consistorio, un centro comercial y un parking público.
   "Ningún movimiento totalitario tiene la potestad para decidir el futuro de un equipamiento público como es el caso del antiguo Centro de Salud de Galapagar", aseguran fuentes municipales, que indican que "la 'okupación' es un acto ilegal que debe ser penado".
   Por ello, han advertido de que van a actuar de "forma contundente" para que así sea, "comenzando por interponer una denuncia por un posible delito de usurpación que derivará en el desalojo de los 'okupas'".
   "Lo que han hecho estos individuos es un delito, invadiendo por la fuerza unas instalaciones públicas que no sólo no están abandonadas, sino que contienen mobiliario, medicamentos y material clínico", destacan.
   "No vamos a consentir que se salgan con la suya. Es una burla a la ley y a la ciudadanía. Si quieren decidir sobre el futuro de Galapagar  tienen el sistema democrático a su disposición para crear una formación política, optar al Gobierno municipal y dejar a la decisión de los vecinos la aceptación de sus propuestas", han sentenciado las mismas fuentes.

UPyD pide el fin de las ayudas sociales del Ayuntamiento de Madrid para los concejales

MADRID.- El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, pedirá en el Pleno que los concejales y altos cargos no puedan beneficiarse de las ayudas sociales que ofrece el Consistorio en forma de ayudas económicas para el pago de ortodoncia, lentes o abono transporte para los hijos.

   Esta iniciativa sigue la estela de la "pedida y perdida" en la Asamblea, por la que UPyD reclamaba que los diputados equipararan su tributación al IRPF con la del resto de ciudadanos con el fin de eliminar los "privilegios" de los parlamentarios. La formación magenta proponía que los diputados "tributen como el resto de los mortales" y no ocurra como en la Asamblea, donde "hasta un 20 por ciento del salarios se considera gastos de transporte" y queda excluido de la tributación al IRPF.
   Sobre las ayudas sociales, Ortega ha explicado que a ellas tiene derecho en este momento "desde el último bedel hasta el más alto concejal" pero cree que en época de crisis "deben soportarla más quien más tiene" y ser "solidarios" ya que no es la misma situación la de un portavoz de Grupo, que cobra anualmente 93.000 euros, que la de un trabajador municipal, cuyo sueldo al año ronda los 30.000.
   "Tenemos que dar ejemplo. Es una propuesta para que la clase política, en el momento en el que estamos, se quite de privilegios y sea solidario al apretarse el cinturón", ha desvelado Ortega en rueda de prensa.
   También defenderán que los concejales y altos cargos paguen por los mismos servicios que el resto de la ciudadanía, lo que se traduce en que no haya acceso libre para las Ventas o tarjeta para entrar en el Club de Campo. "Decimos que sean como un funcionario más. Si un ciudadano paga por ir a las Ventas, los políticos igual, y si hay que hacer cola parr entrar en el Club de Campo ellos también", ha rematado.
   Sin embargo, el edil de la formación magenta no tiene demasiadas esperanzas de que este iniciativa salga adelante a pesar de ser una propuesta para "acercar la clase política a la ciudadanía".

Comerciantes chinos piden al Ayuntamiento de Madrid poder vender alcohol

MADRID.- Más de doscientos comerciantes chinos se han concentrado este lunes por primera vez en España frente al Ayuntamiento de Madrid para reclamar al Consistorio que les conceda la denominada 'segunda licencia', que permite a las tiendas de alimentación la venta de alcohol, y han denunciado que sufren un trato "discriminatorio" frente a otros establecimientos.

   El presidente de la Asociación de Comerciantes de Alimentación de Chinos en España, Pedro Zhang, ha asegurado que se sienten discriminados frente a otros empresarios ya que el Ayuntamiento de Madrid no tramita las solicitudes de segunda licencia de los comerciantes de origen chino y han lamentado que es una situación que repercute mucho en sus ventas.
   "Venimos al Ayuntamiento para ver si nos lo explica, porque nosotros pagamos la Seguridad Social y los impuestos. No entendemos por qué las tiendas de conveniencia sí pueden y nosotros no", ha reprochado.
   Por su parte, la Federación de Empresarios de Madrid (FEDECAM) ha reconocido que los únicos comerciantes que tienen este problema "gravísimo" en la región son los de origen "chino" y ha destacado que les resulta "imposible" que el Ayuntamiento les conceda esta licencia.
   "Los hechos son contundentes. Están siendo discriminados. En nuestra Federación sólo tenemos este problema con los empresarios chinos, los otros no", ha subrayado el presidente de FEDECAM, Alfonso Tezanos.
   En este sentido, el abogado de la Asociación de Comerciantes de Alimentación de Chinos en España, Miguel Ángel Armesto, ha relatado que hay ocasiones en las que los propietarios de establecimientos de origen chino sufren inspecciones "cada 45 minutos" con las correspondientes multas si los agentes detectan que venden alcohol sin licencia y ha remarcado que van desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros.
   "Los ayuntamientos ni tramitan ni resuelven las solicitudes, con lo que se crea una inseguridad jurídica que dicta una norma y no resuelve las solicitudes", ha zanjado. Según ha asegurado ante los medios de comunicación presentes en la protesta, únicamente un 25 por ciento de este tipo de establecimientos regentados por ciudadanos de origen chino cuentan con licencia para poder vender alcohol hasta las 22 horas.
   A partir de esta hora, ningún establecimiento está autorizado para poder vender bebidas alcohólicas. Las dificultades a la hora de conseguir estas licencias se han acentuado desde la puesta en marcha de la Ley de Drogodependencia en 2002, a partir de la cual se han admitido un uno por ciento de las nuevas solicitudes, según han denunciado.
   "Hay distritos que ni una", ha manifestado Armesto, que ha apuntado a Usera, Centro o Moncloa como las zonas en las que estos comerciantes tienen mayores dificultades para obtener una licencia para la venta de alcohol.
   Bajo una bandera china y otra española, cerca de trescientos comerciantes chinos han avanzado desde la fachada principal del Ayuntamiento en la plaza de Cibeles hasta la entrada al Consistorio por la calle Montalbán, por la que ha accedido una representación de la marcha para presentar las solicitudes. Esperan que el total de las presentadas al final de la semana alcance las 600.
   Varios comerciantes portaban pancartas que rezaban 'Gallardón, ayúdanos a integrarnos' o 'Pago mis impuestos, quiero la segunda licencia'. "Queremos la misma regla", ha dicho el vicepresidente de la Asociación de Alimentación de Chinos, Juan Carlos Zhen, que ha lamentado que a la hora de negar una licencia se han argumentado problemas de ruido, seguridad o cercanía de parques, mientras comercios similares sí que podían hacerse con un permiso.
   Así, la propietaria de un establecimiento de origen chino, Inma, ha reconocido que para el colectivo "es muy importante" que el Consistorio les conceda esta licencia en situaciones de crisis económica como en la que se encuentra el país.
   Armesto ha señalado que la "inmensa mayoría" de establecimientos ha sido multado, y que algunas tiendas se han visto obligadas a cerrar. De hecho, ha asegurado que se ha llegado a ordenar el cierre de negocios en varias ciudades, entre ellas Madrid.

El Consorcio Regional de Transportes no subirá los precios del transporte público en enero

MADRID.- El Consorcio Regional de Transportes no subirá los precios del transporte público al menos durante el próximo mes de enero, con lo que las tarifas se mantendrán invariables al menos durante el primer mes del 2012, según han confirmado a Europa Press fuentes regionales minutos antes del comienzo del Consejo de Administración del Consorcio, en cuyo orden del día no figura la revisión de tarifas. 

   El consejero de Transportes, Antonio Beteta, ya anticipó la semana pasada que "de momento" no se contempla una subida tarifaria en el transporte público aunque señaló que es necesario ver a lo largo del año cómo evoluciona el precio del combustible.
   "Tenemos que ver a lo largo del año cómo evoluciona el precio del combustible, que es un elemento esencial que tiene que ver con el precio de la energía eléctrica", indicó Beteta, que nuevamente vinculó con estas palabras las tarifas del transporte público con el precio de este carburante.  
   Según el Gobierno regional, será más adelante, cuando ya se conozca el coste del combustible, cuando se proceda a una hipotética convocatoria del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes "con la antelación suficiente". La decisión que se adopte tiene que pasar también por la Comisión de Precios, que es quien tiene que ratificar la revisión, y entrar en vigor antes del día 20 del mes anterior, momento en que comienzan a venderse los abonos transporte.
   La Comunidad ha hecho hincapié en que durante los dos años anteriores quedaron congelados los precios de los abonos transporte, que utilizan dos de cada tres viajeros, aplicando únicamente el IPC general y el IVA. El pasado mes de agosto, se incrementó el precio del billete sencillo en un 50 por ciento, pasando de 1 euro a los 1,5 que cuesta en la actualidad.
   Los sindicatos advirtieron hace algunas semanas de un posible nuevo "tarifazo" con subidas de entre el 5 y el 10 por ciento. Llegaron a esta conclusión de acuerdo con los datos del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año. El consejero lo tildó unos días después de "especulación sin fundamento".

Los hoteles de lujo madrileños piden que se incremente la promoción

MADRID.- Los representantes de los hoteles de cinco estrellas madrileños, agrupados en la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), han reclamado de forma unánime incrementar "al máximo" la promoción de Madrid en los mercados internacionales ante la "baja rentabilidad" que presentan estos establecimientos en comparación con otras ciudades europeas competidoras, ha informado la asociación en un comunicado este lunes.

   Según un estudio de la consultora Pricewatershouse de cara a 2012, las previsiones de ocupación, precio medio y 'RevPar' (precio medio por habitación disponible) sitúan a Madrid en el decimoquinto lugar de entre las 18 ciudades europeas analizadas, por debajo de destinos como Barcelona, Estambul, Ámsterdam, Edimburgo o Viena, y superando solo a Dublín y Belfast.
   Por ello, los representantes de los hoteles han defendido la necesidad de incidir especialmente en la promoción internacional, tanto en los llamados mercados 'maduros' (británico, alemán o estadounidense) como en los emergentes (Brasil o China), ante la actual falta de respuesta del mercado interior, como consecuencia de la crisis económica.
   Asimismo, la patronal hotelera de Madrid ha destacado la necesidad de que las diversas entidades que realizan actualmente la promoción turística de Madrid agrupen sus fuerzas en un solo ente, con la intención de conseguir a menor coste, mayores resultados.

La Fiscalía propone reformar la Audiencia Nacional para centrarse en la lucha contra el crimen organizado

BARCELONA.- El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, considera "imprescindible" llevar a cabo una reforma de este tribunal que esté centrada en ampliar las competencias en la lucha contra el crimen organizado si finalmente ETA desaparece.

   En una conferencia en la Jornada sobre Crimen Organizado en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), Zaragoza, que ha puntualizado que "no hay que ser optimistas con ETA", ha pedido de nuevo que se reforme el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que prevea más supuestos dentro del crimen organizado que el de narcotráfico y falsificación de moneda.
   Para Zaragoza, este artículo está anticuado y no prevé numerosa casuística relacionada con el crimen organizado a la que podría dedicarse la AN tras el final del terrorismo de ETA, como por ejemplo la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero.
   El fiscal ha mostrado su preocupación porque el crimen organizado se está asentando cada vez más y sus estructuras son "auténticos poderes antagónicos y paralelos a los legales", que pretenden regir la vida de la sociedad de forma paralela.
   Según el fiscal, el sistema legal actualmente es bueno pero las mafias son un fenómeno creciente, por lo que ha apostado por utilizar todos los mecanismos legales disponibles "sin complejos".
   Ha defendido como una buena medida la incomunicación de un detenido en el caso de crimen organizado para cortar la relación con su abogado de referencia, porque éste sirve de "correa de transmisión" de las órdenes de la organización, y además esto no priva a la persona de su derecho de defensa.
   Para él, las líneas fundamentales para luchar contra el crimen organizado son mejorar la cooperación judicial internacional, la especialización de los órganos de investigación y enjuiciamiento, sobre todo en el caso de los jueces creando por ejemplo los de instrucción especializados, y la regulación del decomiso de bienes.
   Según el fiscal, el dinero que mueve en el mundo el crimen organizado asciende al billón de euros, lo que significa que si fuera un Estado, debería estar entre los miembros de un hipotético G-10.
   Además, ha recordado que tan solo se decomisa un 20% de toda la droga que mueven las redes de narcotráfico, por lo que el resto genera unas ganancias enormes que llegan a los mercados.

El Supremo ordena que el caso Gürtel vuelva a la Audiencia Nacional

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha denegado la petición del extesorero nacional del PP Luis Bárcenas de que el caso Gürtel continuara en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tal y como planteaba en una queja registrada a principios de verano, y ha ordenado que la causa vaya a la Audiencia Nacional, según han informado fuentes cercanas al caso.

   En julio, Bárcenas impugnó la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM de denegar que el Tribunal Supremo se pudiera pronunciar sobre el órgano competente en la investigación del 'caso Gürtel' tras la inhibición acordada por el magistrado Antonio Pedreira.
   Bárcenas anunció entonces ante el TSJM la interposición de un recurso de queja ante el Supremo, la última vía que queda para que el Alto Tribunal debata sobre a qué órgano judicial se deben de remitir las actuaciones penales iniciadas en febrero de 2009 por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
   Con este escrito se pretendía impugnar el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM que confirmaba la devolución inmediata de la investigación del 'caso Gürtel' a la Audiencia Nacional tras perder la competencia el magistrado Antonio Pedreira de dirigir la instrucción al no haber aforados madrileños en el procedimiento penal.
   En un auto fechado el pasado 20 de julio, los magistrados estimaron el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Francisco Correa contra el auto de 21 de junio de 2011 en el que se daba por preparado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras el auto de inhibición a la Audiencia Nacional.
   El recurso impugnaba la decisión del TSJM de formalizar que el Tribunal Supremo debatiera la inhibición acordada por Antonio Pedreira en el 'caso Gürtel' en un intento de retrasar el proceso al ser la última vía de recurso posible ante el Alto Tribunal madrileño.
   Así, los magistrados argumentaron que "la cuestión relativa a cual juzgado de instrucción debe ser el competente para continuar con la instrucción puede replantearse por las partes ante el juzgado receptor de las actuaciones".
   Añadieron que podrán ejecutarse "contra su decisión los recursos oportunos y permitiendo que, caso de surgir una controversia con otro juzgado de instrucción, se resuelva definitivamente la cuestión de competencia por el superior jerárquico común".

sábado, 26 de noviembre de 2011

Niño Becerra: "Al nuevo Gobierno no le doy más de un año"

BARCELONA.- El catedrático de Economía Niño Becerra calcula que la crisis durará 10 años, insiste en que es la hora de que los técnicos saquen a los políticos de los gobiernos y augura que "tal y como hemos vivido, no volveremos a vivir nunca más".

Niño Becerra presenta libro, 'Más allá del crash'. En él ejerce de 'profeta de la crisis', apelativo que se ganó a pulso al pronosticar en 2006 la crisis que se nos venía encima.
"Tal y como hemos vivido, no volveremos a vivir nunca más". Así de tajante se muestra el economista en una entrevista publicada por XL Semanal. Su pronóstico de que la crisis durará 10 años quiere decir que, a partir de entonces, "conseguiremos cierta tranquilidad y así nos quedaremos".
Sobre la capacidad del nuevo Gobierno español para sacar al país de la crisis, el catedrático tampoco se muerde la lengua. Reconocido defensor de que los tecnócratas desplacen a los políticos profesionales del poder, afirma: "Al nuevo gobierno no le doy más de un año. Antes habrá de nuevo elecciones. La única salida que veo es un Gobierno de concentración nacional, con la mayor parte de los partidos representados en él, dando paso a los técnicos y mandando a casa a los políticos de mitin".
Niño Becerra no se moja ni a favor ni en contra de PSOE y PP. Sobre los primeros indica que podían haberlo hecho mejor en la gestión de una crisis imparable tras la quiebra de Lehman Brothers. Sobre los segundos, no cree que el 'boom' del ladrillo haya sido el culpable de todos los males de la economía española; muy al contrario, "aquellos años fueron necesarios para crecer lo que crecimos, para hacer las infraestructuras que hicimos, para modernizarnos..."
En cuanto a uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos de a pie, las deudas contraidas con los bancos al firmar una hipoteca, Becerra anuncia un camino interesante. "¡Negocie con su banco! Se les acabarán haciendo quitas a todo el mundo. El problema es que sólo proteste una persona. Habrá transformación de hipotecas en alquileres. Los bancos prefieren alquilados que morosos".

La Policía Municipal de Madrid abrió 11.897 expedientes por botellón en octubre

MADRID.- La Policía Municipal de Madrid abrió 11.897 expedientes por consumo de alcohol en la calle durante el pasado mes de octubre (3.273 más que un mes antes, cuando este tipo de expedientes ya se había incrementado en más de 2.000 con respecto a agosto), de los que 11.986 fueron a adultos frente a un único a menores de edad, según una estadística del Ayuntamiento de la capital.

   Además, según los datos municipales, casi una cuarta parte de los adultos 'cazados' por la Policía mientras bebían en la calle se concentraban en el distrito Centro (3.316), seguido por Moncloa-Aravaca (1.296) y Latina (1.086), mientras que el menor multado se encontraba en Usera.
   Relacionado con el fenómeno del botellón se sitúan las inspecciones de locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, que sumaron 2.111 inspecciones municipales y 4.099 denuncias, prácticamente las mismas que en septiembre.
    Por distritos, los más afectados fueron los de Centro (336 inspecciones y 1.155 denuncias) y Chamberí (218 inspecciones y 353 denuncias).