martes, 29 de mayo de 2012

En libertad con cargos el 'mantero' detenido en Lavapiés

MADRID.- El hombre detenido el pasado domingo en Lavapiés, Madou T., cuyo arrestó acabó en enfrentamientos entre agentes de Policía Nacional y algunos vecinos, ha sido puesto en libertad por el juez con la imputación de un delito de resistencia y atentado a la autoridad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

   El suceso tuvo lugar minutos antes de las 15 horas de este domingo, cuando los policías, que vestían de paisano, realizaban tareas de vigilancia dentro del dispositivo que el Ayuntamiento de Madrid establece todos los domingos en las calles del Centro con motivo de la organización del mercado del Rastro.
   Según informó el Consistorio, estos dos agentes observaron que una persona estaba apostado en la calle en un puesto de venta itinerante ilegal. Cuando se dirigieron a él para identificarle, el 'mantero' salió corriendo, iniciándose una persecución que culminaba con la captura y posterior arresto de este hombre en la calle Amparo.
   Cuando uno de los agentes se encontraba sobre el detenido esposándole, varias personas comenzaron a increpar a los agentes. Uno de ellos llegó a enzarzarse en una pelea con uno de los policías, que sacó una porra extensible mientras el agresor blandía una zapatilla deportiva.
   Asimismo, otras personas se acercaban a los agentes lanzando varios objetos contra ellos, obligando a los policías a retroceder y abandonar el lugar con el detenido. El agente que se llevaba esposado al arrestado sacó una pistola y tras apuntar al hombre que amenazaba con la zapatilla a su compañero, efectuó dos disparos al aire con la intención de ahuyentar al grupo de vecinos que les hostigaba.
   Una vez efectuados los disparos, ambos policías se retiraron varios metros con el detenido, llegando una tercera persona que escudó a los dos agentes. Según fuentes municipales, en la actuación policial únicamente participaron dos agentes, que, eso sí, solicitaron refuerzos. Tras tomar declaración al arrestado, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 34 ayer lunes.

Sabanés pide "responsabilidades políticas" por Bankia y que intervenga la Fiscalía Anticorrupción

MADRID.- La portavoz de eQuo Madrid, Inés Sabanés, ha pedido este martes "responsabilidades políticas" por la situación de Bankia y ha solicitado que intervenga la Fiscalía Anticorrupción ya que, a su juicio, "hay elementos sobre la mesa para que actúe". 

   "La primera medida ejemplar es no inyectar dinero mientras no se establezcan cada una de las responsabilidades, que son gravísimas", ha señalado en una entrevista el El Círculo de Telemadrid, dirigido y presentado por Ely del Valle.
   Según ha recordado, desde eQuo también han pedido una comisión de investigación, aunque ha reconocido que no se fía "mucho" de las comisiones parlamentarias de este país, "que dirigen quienes están en el Gobierno".
   "La imagen de Estados Unidos que determina responsabilidades en sus comisiones es la que yo querría tener en España", ha dicho Sabanes, quien ha considerad que "todo el mundo está obligado a "abrir puertas y ventanas".
   En su opinión, "el Banco de España tiene que ser investigado y el gobernador del Banco de España tiene que dar explicaciones, así como los gobiernos de comunidades, quiénes han intervenido y quiénes se han beneficiado".
   Sabanés ha indicado que a la hora de abordar la crisis de Bankia, lo primero que hay que hacer es "salvaguardar al máximo a los pequeños inversores y a la gente que nunca tuvo interés en especular" para posteriormente "pedir responsabilidades a los consejos de administración y a los especuladores".
   Según ha señalado, hay que ver a dónde han ido "esos créditos que han supuesto un enorme problema y su retorno y, finalmente, fijar un sistema público financiero que garantice la estabilidad y el futuro", porque, aunque han sido las Cajas públicas las que no han funcionado bien, en opinión de Sabanés, la banca privada todavía "puede dar sorpresas en negativo".

UPyD quiere llevar ante los tribunales a los gestores de Bankia y a los políticos que los nombraron

MADRID.-   La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha anunciado este martes que su partido tiene intención de llevar ante los tribunales no sólo a los gestores de Bankia, sino también a los políticos que los nombraron.

   En declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Portavoces, Díez ha explicado que UPyD ha tomado esta decisión "no como una vía alternativa sino complementaria" para depurar las responsabilidades económicas, políticas y penales, si las hubiera, sobre la situación en la que se encuentra Bankia.
   "Esto no puede ser gratis. Tiene que haber justicia y para que haya justicia hay que actuar y puesto que el fiscal general del Estado (Eduardo Torres Dulce) no actúa, actuaremos nosotros como partido político", ha subrayado.
   Y lo hará, según ha insistido, presentando la demanda correspondiente contra los gestores, pero también contra los políticos que los nombraron puesto que, ha recalcado, también ellos deben asumir la responsabilidad política y, en su caso, penal de haber designado a personas que han llevado a la citada entidad a la actual situación.
   "No sólo hay que mirar al gestor que ha dimitido, al presidente, al que esta arriba --ha dicho--. Éste tiene una responsabilidad, pero a éste le puso ahí alguien, al igual que a todo el Consejo de Administración que aprobó con él determinadas decisiones y la Asamblea General, que está compuesta por representantes de los partidos y que actúa, no con un interés económico, sino político y partidario".
   Al margen de llevar este asunto a los tribunales, la líder de la formación magenta también ha querido dejar claro que seguirá pidiendo las explicaciones oportunas sobre lo sucedido en Bankia y urgiendo responsabilidades sobre lo que ha llegado a calificar como "una gran estafa política y económica".
   "En el sistema financiero español ha habido una gran estafa política a la hora de montar un gran entramado institucional dentro de las cajas --ha sentenciado--. El sistema financiero español no ha llegado donde está simplemente por unos malos gestores, sino porque PSOE y PP han sido cómplices a la hora de definir un modelo económico y financiero que ha permitido que ambos partidos hicieran lo que les diera la gana con el dinero de todos los españoles".
   De ahí que, según Díez, ni PSOE ni PP quieran comisiones de investigación ni depurar las responsabilidades sobre lo sucedido. "No la quieren porque deberían comparecer el señor Rajoy y el señor Rubalcaba porque son ellos los que nombraron a los gestores políticos que han llevado al sistema financiero español a una situación de quiebra", ha remarcado.
   "Mientras no se depuren las responsabilidades, no saldremos de esta situación, y las consecuencias de prima de riesgo, de la falta de confianza en el sistema económico y financiero y de las dificultades de todo tipo las pagarán los ciudadanos españoles", ha concluido.

Nuevo 'sabotaje' en diez estaciones de Metro con parones en hora punta

MADRID.- El movimiento 'Paremos el Metro' ha vuelto a actuar en hora punta boicoteando a las 8.30 horas varios trenes en diez estaciones de toda la red, que han estado parados durante unos minutos, según han informado desde el colectivo contra el 'tarifazo' en el transporte público y desde la propia compañía.

   Un portavoz de Metro ha explicado a Europa Press que las estaciones afectadas han sido Embajadores (línea 3), El Carmen (línea 5),  Arguelles (línea 6), Alvarado (línea 1), Sevilla (línea 2), Callao (línea 3), Colombia (línea 8), Concha Espina (línea 9), Sainz de Baranda (línea 6) y Antón Martín (línea 1).
  Metro de Madrid presentará a lo largo del día una denuncia ante la Policía por el nuevo sabotaje producido esta mañana en hora punta en diez estaciones de Metro, una acción que, según sus cálculos, ha afectado a 90.000 viajeros, han informado fuentes de la compañía.
   Un grupo de personas, a las 8.30 horas, han accionado los frenos de emergencia de los trenes en diez estaciones de la red, afectando a los coches en ambas direcciones. Según Metro, se han producido retrasos de 10-11 minutos en cada línea y se han visto afectados 90.000 viajeros entre los usuarios que estaban en los trenes afectados, los que iban en los posteriores y los que aguardaban en los andenes.
   Por su parte, desde el movimiento han asegurado que un grupo de personas ha hecho saltar las alarmas de decenas de trenes repartidos en todas las líneas de la red, "provocando un parón de varios minutos en la actividad del suburbano".
   En este sentido, han indicado que la acción se ha producido cuando los trenes se encontraban parados en las estaciones y con las puertas abiertas, "por lo que no ha causado daños ni situaciones de peligro para los usuarios".
   Con esta iniciativa, que se produce "al calor de otras protestas similares que han tenido lugar en Madrid durante las últimas semanas, que han sido criminalizadas con el fin de que los ciudadanos rechacen este tipo de iniciativas", los autores pretenden demostrar "que los ciudadanos de Madrid no aceptan este tarifazo".
   Así, han asegurado que están "decididos" a actuar para pararlo, y que pueden hacerlo, porque "pueden parar el metro". También dicen que "no tienen miedo" de la "actitud prepotente y represora del Gobierno, que no duda en lanzar campañas dirigidas a amedrentar y atemorizar a los ciudadanos para que no emprendamos acciones de este tipo".
   Además, la protesta de esta mañana constituye un reclamo a la ciudadanía para acudir a una concentración convocada este jueves, 31 de mayo, a las 20 horas en la sede de Metro (Avenida de Albufera 248), horas antes de que entre definitivamente en vigor el tarifazo en el transporte público.

Comunicado de los activistas

Desde el suburbano condenan estos hechos que han sido reivindicados por el movimiento 'Paremos el Metro', que ya ha actuado en dos ocasiones y que realizan este tipo de boicot para denunciar el 'tarifazo' del transporte público.
   En un comunicado remitido desde un correo denominado 'Stop Tarifazo' aseguran que "o se para el tarifazo" o ellos paran el Metro". Así, afirman que han llevado a cabo esta acción porque les resulta "ya prácticamente imposible hacer frente a las nuevas tarifas del transporte público".
   Dicen que están "hartas" de comprobar "cómo el Gobierno ignora o reprime cualquier atisbo de protesta contra el mayor retroceso de derechos" que se puede recordar" y que quieren demostrar que los ciudadanos de Madrid no aceptan este tarifazo. "Estamos decididos a actuar para pararlo, y que podemos hacerlo, porque podemos parar el metro", apuntan.
   En su escrito, señalan que doblar el precio del transporte público, "dejando a miles de personas sin la posibilidad de acceder a este derecho, y obligando al resto a dedicar prácticamente el 10 por cientp de su salario miserable a poder llegar cada mañana al trabajo, sí es una acción violenta".
   "El gobierno pretende que aceptemos esta subida intolerable de tarifas agachando la cabeza y sin tan siquiera expresar nuestro rechazo, y no duda en lanzar campañas dirigidas a amedrentar y atemorizar a los ciudadanos para que no emprendamos acciones de este tipo", añaden.
   En esta línea, han criticado que desde el Ejecutivo se esté anunciando "castigos ejemplares para aquellas personas que sí están dispuestas a actuar para defender el derecho de todos los madrileños a acceder al transporte público", e incluso deteniendo a varias personas "en sus casas y centros de trabajo".
   "Ante esta actitud prepotente y represora del Gobierno, propia de formas de estado que poco tienen que ver con la democracia, quienes vivimos en esta ciudad respondemos: no nos dejamos avasallar por sus chantajes, no tenemos miedo de sus amenazas, y cada vez nos queda menos que perder", apostillan.

Antecedentes

   El pasado 25 de abril fue la primera vez que se produjo una acción de estas características, cuando un grupo de personas accionó las frenos de emergencia en trece convoyes de nueve líneas del metro madrileño y causó retrasos de varios minutos en el servicio.
   Tras lo ocurrido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, condenó los hechos, aseguró que los responsables no podían quedar impunes y que se habían visto afectados unos 8.000 usuarios. Metro denunció lo ocurrido a la Policía e informó a la Delegación del Gobierno.
   Posteriormente, el 8 de mayo, el mismo grupo aseguró haber "inutilizado" en torno a las 8 horas "decenas de compuertas de acceso al Metro de Madrid en diferentes estaciones repartidas por toda la ciudad", aunque la compañía señaló que solo tenía constancia de tres tornos atascados en una única estación.
   Esta acción se produce después de que ayer el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Pablo Cavero, adelantase que estaban estudiando el adelanto del horario de cierre del Metro como medida de ahorro. Afectará a unos 25.000 viajeros diarios que usan el suburbano entre medianoche y la hora de cierre.

El Canal no venderá de momento su 49% pero creará en un mes una sociedad con ayuntamientos

MADRID.- El Canal de Isabel II ha decidido no vender de momento el 49% de la entidad y así congelará su capitalización debido a la mala situación económica y de los mercados,  aunque tiene previsto aprobar el próximo mes de junio en su Consejo de Administración la propuesta de creación de una sociedad anónima cuyos accionistas serán la Comunidad de Madrid (80 por ciento) y los ayuntamientos adheridos (el 20 por ciento).

   Así lo ha anunciado el presidente del Canal y vicepresidente regional, Ignacio González, durante un encuentro informativo. La creación de dicha sociedad, que se denominará 'Canal de Isabel II Gestión S.A.', está recogida en la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativa y tendrá por objeto la prestación de servicios relacionados con la gestión del ciclo integral del agua en la región, como son el abastecimiento, el saneamiento, los servicios hidráulicos y las obras hidráulicas. Su constitución tiene que ser aprobada por el Consejo de Administración del Canal y el Consejo de Gobierno autonómico.
   González ha recordado que tanto el Ejecutivo autonómico como el Canal de Isabel II siempre han afirmado que la entrada de inversores privados en la nueva sociedad se realizaría si las condiciones económicas y los mercados permitiesen asegurar el máximo valor de venta posible.
   Y es que, según ha destacado, actualmente la situación económica actual no ofrece las mejores circunstancias para proceder a la incorporación de inversores y, por esta razón, ambas instituciones han optado por congelar la capitalización de la empresa.
   "Constituiremos la sociedad pero de momento no vamos a sacar a venta el 49 por ciento del Canal. Ahora, la situación económica no está lo suficientemente bien y no es el mejor momento para hacerlo. Esto es lo que hemos detectado en las conversaciones que hemos mantenido con los grupos asesores. No se dan las condiciones para sacarlo a venta, pero lo haremos cuando se den dichas condiciones", ha explicado el vicepresidente regional.
   De hecho, ha insistido en que "no se puede vender por debajo del valor de la compañía". "Si ahora no hay ofertas, pues no vamos a malvenderlo. Por tanto, es mentira lo que dicen algunos de que queríamos venderlo para dárselo a nuestros amigos", ha dicho González, en referencia a las críticas de la oposición.
   En el capital social de la sociedad 'Canal de Isabel II Gestión S.A.' estarán representados, aproximadamente, con un 80 por ciento de las acciones la Comunidad de Madrid y el 20 por ciento restante los ayuntamientos adheridos al proceso en proporción a su población. Así, el Ayuntamiento de la capital tendrá el 10,5 por ciento. Hasta ahora el Ejecutivo autonómico tiene el 100 por cien del Canal.
   El Consejo de Administración de la nueva sociedad estará compuesto por un representante de los ayuntamientos y varios de la Comunidad y no tendrá representación de los sindicatos ni del Estado. Su presidente será Ignacio González.
   Mientras, el Consejo de Administración del Canal se mantendrá y seguirá estando formado por 9 miembros de la Comunidad, dos del Estado, dos de los sindicatos y varios de los ayuntamientos. "En estos Consejos no se cobra y los representantes serán prácticamente los mismos en uno y otro", ha apuntado González.
   Hasta la fecha un centenar de ayuntamientos han aprobado dicho acuerdo, que representan al 81,7 por ciento de la población de la región, más de 5,1 millones de habitantes. Esta misma semana esta proporción puede llegar al 90 por ciento, ha indicado el presidente del Canal, que calcula que "casi todos los municipios" se unirá finalmente a esta sociedad.
    La nueva sociedad dará mayor protagonismo en la gestión del agua a los ayuntamientos que tengan acciones en ella. Hasta ahora, los municipios conveniaban con el Canal de Isabel II la gestión de los servicios de distribución pero no percibían contraprestación económica.
   Con su incorporación, los ayuntamientos no sólo asegurarán la prestación de los servicios relacionados con la gestión del agua, sino que también podrán cobrar dividendos de la nueva empresa, si así lo aprueba su Consejo de Administración. El año pasado los beneficios del Canal ascendieron a 135 millones de euros, y se espera que en 2012 sean parecidos. "Habrá reparto de dividendos casi seguro", ha afirmado González.
   El servicio de distribución del agua representa un 20 por ciento sobre el total de las actividades del Canal de Isabel II y también del valor de la empresa. Por esta razón, el porcentaje de representación atribuido a los ayuntamientos en el capital de la sociedad se corresponde aproximadamente con un 20 por ciento. "Los grandes beneficiados serán los ayuntamientos", ha reconocido González.
   Precisamente, el vicepresidente regional ha asegurado que se constituye la nueva sociedad aunque el Canal no salga a Bolsa de momento "por mandato legal y para que los ayuntamientos reciban beneficios".
   Ha argumentado que este nuevo modelo beneficiará también a la Comunidad y al Canal en su conjunto "porque dará una mayor estabilidad y mayor valoración a la compañía porque la gestión del ciclo del agua se garantizará durante 50 años".
   Para la constitución de la nueva sociedad ha sido necesario realizar una valoración de los bienes y derechos que le serán aportados, así como el propio contrato-programa. Este último documento regulará las relaciones entre el ente público Canal de Isabel II y la nueva sociedad. Desde que se aprobó la Ley 3/2008 se encargó a diferentes empresas a través de grupos asesores jurídicos y económicos y empresas de activos que valorasen el precio del Canal y la definición del nuevo modelo de gestión. La Comunidad ha gastado en este proceso de estudio 1,2 millones de euros.
   La sociedad tendrá una vigencia de 50 años y en él se detallan los servicios que prestará la nueva empresa como son la explotación, operación, mantenimiento y conservación de la red general de infraestructuras hidráulicas. La titularidad de los bienes y activos seguirá siendo de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II, por lo que la sociedad sólo los gestionará durante ese medio siglo y luego retornará a la Comunidad o se renovará ese contrato. "No vedemos el agua porque el agua es propiedad del Estado", ha señalado González.
   Por otro lado, las tarifas del agua seguirán siendo aprobadas por el Consejo de Gobierno regional. Asimismo, todo el personal del Canal necesario para la prestación de los servicios que se encomienden a la nueva sociedad se integrará en ésta, manteniendo las mimas condiciones laborales existentes en el momento de la integración, tal y como recoge la Ley 3/2008.
   Por su parte, el ente público Canal de Isabel II convivirá con la nueva empresa y mantendrá la titularidad, los derechos y las obligaciones de las potestades administrativas que corresponden a la Comunidad en materia de aducción y depuración del agua, incluida la potestad sancionadora.

UPyD pide que el Ayuntamiento de Madrid retire la candidatura olímpica para 2020

MADRID.- El Grupo Parlamentario de UpyD en la Asamblea de Madrid ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en la que pide que la Comunidad solicite al Ayuntamiento de Madrid la retirada de la candidatura olímpica de Madrid 2020 ante la situación de crisis económica.

   Además UPyD reclama que en el caso de que el Consistorio de la capital no retire la candidatura, la Comunidad pida al Gobierno central que retire el aval de la candidatura ante el Comité Olímpico Internacional.
   En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, el portavoz de UpyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha explicado que están "en contra" de la celebración de los Juegos porque "la situación económica actual y la previsible en los próximos años no permite el esfuerzo" de todo orden que hay que realizar de cara a la cita olímpica.
   "El esfuerzo de todo orden que se debe hacer estos años para la organización de los Juegos Olímpicos no permite dedicar recursos a otros fines que parecen mucho mas rentables", ha sostenido De Velasco, que ha considerado que retirarse de la carrera olímpica "no es ninguna tragedia".
   Además, poniendo la vista en Italia ha dicho que una de las primeras medidas que adoptó  el primer ministro italiano, Mario Monti, al llegar al cargo fue retirar a Roma de esta carrera.
   "Madrid no esta para juegos, ni para Juegos", ha sostenido De Velasco, quienha añadido que la experiencia demuestra que las previsiones que se hacen de superávit "no son ciertas" y que "una de las causas de la situación económica de Grecia es la organización de los últimos Juegos".
   Además, ha apuntado que a pesar de que se dice que la organización de esta cita supondría 250.000 o 300.000 puestos de trabajo, como dicen de Eurovegas, "no es el momento adecuado".
   De hecho, en el texto desde UPyD inciden en que la candidatura se ha presentado "en un momento de graves dificultades para el país" por la crisis, momento en que no hay que perderse en "objetivos que no son esenciales para el conjunto del país y que sin duda tienen costes, tanto económicos directos como de oportunidad, por las cosas más rentables económica y socialmente que se dejan de hacer".
   En el caso de los costes directos, rechazan el argumento de que las obras están casi terminadas, porque habría que hacer un estadio olímpico y una villa olímpica y mantenerlos, y en el caso de los indirectos, apuntan al coste de oportunidad, y se preguntan cuántas escuelas, centros de salud o viviendas se podrían hacer con el dinero que sería necesario invertir en los Juegos.
   "Es un disparate económico y social y una frivolidad política solicitar ahora la organización de unos Juegos Olímpicos aunque sean para el 2020. No es el momento de destinar recursos económicos y humanos, limitados por definición, a un proyecto que no beneficia a la gran mayoría de ciudadanos de esta Comunidad", ha concluido.
   Por su parte, el portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, se ha mostrado también en contra de la celebración de los Juegos ante la situación de crisis económica, y el portavoz socialista, Tomás Gómez, ha dicho que "siempre" ha tenido "muchas dudas" sobre esta candidatura porque estas cosas "cuestan mucho dinero".
   En este sentido, ha criticado que "parece que hay dinero para lo que se quiere" porque hay dinero público para Bankia, parece que otros 30.000 millones para otros bancos, pero no para sillas de ruedas o medicamentos para pensionistas.
   "Hay cosas que no se deben tocar, que es la Sanidad y la Educación, y a partir de ahí veamos que recursos tenemos y adónde dirigirlos", ha concluido.
   No obstante, la PNL no saldrá adelante, ya que el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho que se oponen a esta iniciativa y que no entiende a UPyD, más aún cuando ya es algo oficial tras haber pasado el corte en Quebec.
   "Una vez que ya es oficial, ¿cómo se va a retirar? Nadie lo entiende", ha afirmado Henríquez de Luna, quien ha sostenido que si ahora Madrid se retirara, sería "un escándalo para la imagen de España y Madrid a nivel mundial".

Un directivo de Bancaja tiene derecho a una pensión de 13,9 millones

MADRID.-   El director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, cuenta con derecho a una pensión de 13,9 millones de euros, según consta en la memoria de las cuentas consolidadas de 2011 de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia.

    En concreto, Bancaja tiene compromisos con este directivo, que el 13 de octubre de 2011 causó baja como director comercial de Bankia, por valor de 7,633 millones de euros en concepto de póliza de aportación definida que cubre la contingencia de jubilación, fallecimiento e invalidez.
   Además, Bancaja tiene comprometidos con Izquierdo 6,285 millones en un seguro de ahorro individual para cubrir la opción de que, "bajo determinadas circunstancias", opte por la prejubilación.
   Fuentes de Bankia explicaron que ni Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ni Bankia tiene pendiente algún pago a Izquierdo por su pertenencia a la alta dirección de la entidad. "Los compromisos son de Bancaja", enfatizaron las mismas fuentes.
   Además, las fuentes recordaron que las cajas ya no están obligadas por ley a publicar sus cuentas, con lo que este tipo de información las presentan en la entidad en la que consolidan su negocio financiero, que en el caso de Bancaja es BFA.
Hoy, el presidente de BFA-Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha transmitido al Gobierno que el director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, no podrá ejercer sus derechos de pensión acumulados cuando deje la entidad, y que ascienden a 13,9 millones de euros, informaron fuentes gubernamentales.
   Izquierdo, que fue la mano derecha del presidente de Bancaja, José Luis Olivas, quien le promovió como director comercial de Bankia, cuenta con derecho a una pensión de casi 14 millones de euros, según consta en la memoria de las cuentas consolidadas de 2011 de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia.
   En concreto, Bancaja tiene compromisos con este directivo, que el 13 de octubre de 2011 causó baja como director comercial de Bankia, por valor de 7,633 millones de euros en concepto de póliza de aportación definida que cubre la contingencia de jubilación, fallecimiento e invalidez. Además, Bancaja tiene comprometidos con Izquierdo 6,285 millones en un seguro de ahorro individual para cubrir la opción de que, "bajo determinadas circunstancias", opte por la prejubilación.
   Fuentes de Bankia explicaron que ni Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ni Bankia tiene pendiente algún pago a Izquierdo por su pertenencia a la alta dirección de la entidad. "Los compromisos son de Bancaja", enfatizaron las mismas fuentes. La entidad levantina, al igual que las otras seis cajas que integran el grupo, verá diluida su participación en el capital de BFA cuando el Gobierno transforme las preferentes en capital y desembolse las aportaciones precisas para reforzar su solvencia, lo que supondrá una inyección de recursos superior a 23.000 millones.
   Además, las fuentes recordaron que las cajas ya no están obligadas por ley a publicar sus cuentas, con lo que este tipo de información las presentan en la entidad en la que consolidan su negocio financiero, que en el caso de Bancaja es BFA.

Morenés: "Cualquier español bien nacido" respeta el himno de España

MADRID.- El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha admitido que el protocolo del himno nacional no es de "obligado cumplimiento" pero ha recalcado que las personas que lo respetan "se ponen de pie" al escucharlo y "hacen lo que cualquier español bien nacido haría".

   En un desayuno informativo hoy, cuatro días después de la pitada al himno nacional en el partido de la Copa del Rey, Morenés ha explicado que el himno "tiene su protocolo establecido", que se debería que cumplir.
   "Es decir, hay que respetarlo (el protocolo), ya está establecido y cuando las personas que lo respetan lo oyen se ponen de pie y hacen lo que cualquier español bien nacido haría", ha declarado, para añadir que cuando no se respeta el himno, como ocurrió el pasado viernes, "uno se pone en evidencia como pasó el otro día en la final de la Copa". Además, ha aprovechado para asegurar que jugaba su equipo, el Athletic de Bilbao.

Anticorrupción no tiene previsto abrir una investigación de oficio sobre Bankia

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción no tiene previsto abrir una investigación de oficio para depurar las presuntas responsabilidades penales de los directivos del grupo BFA-Bankia y de los organismos supervisores por la gestión de la entidad financiera, que recibirá una inyección pública de 19.000 millones de euros para evitar su quiebra.

   Según confirmaron fuentes jurídicas, Anticorrupción no actuará por iniciativa propia y esperará a recibir las correspondientes denuncias contra Bankia, que le lleguen de forma directa o desde los tribunales, para abrir una investigación.
   El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también tiene capacidad para denunciar ante la Fiscalía las presuntas irregularidades cometidas en las entidades financieras. El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez controló el proceso de fusión de Caja Madrid, Bancaja y cinco cajas más, que dio lugar a Bankia, y el organismo presidido por Julio Segura supervisó la salida a Bolsa.
   Por otro lado, los fiscales esperan que en las denuncias que reciban se determinen las operaciones concretas realizadas en Bankia que presenten indicios claros de delitos penales, así como una argumentación jurídica que sostenga la acusación, para admitirlas a trámite.
   Con ello, la Fiscalía advierte de que no podrá abrir una investigación general por la gestión realizada en Bankia y solo lo hará por hechos concretos como podrían ser los préstamos fallidos al sector inmobiliario, el proceso de salida a Bolsa, la declaración de cuentas anuales o la venta de productos financieros 'tóxicos' a los clientes, entre otros.
   Por otro lado, la fiscalía dirigida por Antonio Salinas todavía no ha recibido la comunicación de apertura de diligencias previas de investigación enviada el pasado 21 de mayo por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid para que emita un informe sobre las presuntas irregularidades cometidas en Bankia, según las mismas fuentes.
   La denuncia que tramita este juzgado la presentó el sindicato Manos Limpias y en ella se acusa al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad.
   Por otro lado, Anticorrupción ha desestimado por no denunciar hechos concretos la denuncia presentada por la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo, Jaime Caruana, así como contra los directivos de las cajas intervenidas por no frenar el riesgo que acumulaba el sector financiero con su exposición al ladrillo.
   El sindicato consideraba que todos ellos son "presuntos autores de un delito de prevaricación por omisión y como responsables de la nefasta situación que atraviesan las entidades financieras en España".
   De esta forma, la Fiscalía deniega las pruebas aportadas por CIC entre las que se encuentra el informe elaborado por la Asociación de Inspectores del Banco de España, con fecha 25 de mayo de 2006, en el que se advertía al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, de la exposición al ladrillo.
   El informe informaba de la existencia de "motivos suficientes para la preocupación" por la exposición de los bancos al sector inmobiliario y el riesgo de que los errores "acabaran siendo transferidos a la sociedad en conjunto".
   Asimismo, CIC también ha aportado un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) un año después en el que también se advertía a España de una posible 'burbuja inmobiliaria'.
   El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, señaló que, a pesar de la "decepción" que ha supuesto esta contestación recibida este martes por parte de Anticorrupción, "no van desistir de denunciar estos hechos" y presentarán en los próximo días denuncias por "operaciones concretas y fallidas otorgadas sin ningún rigor técnico".

España pide a la UE que financie el 75% de los corredores mediterráneo y central

BRUSELAS.- El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido este martes a la UE que financie el 75% de los corredores mediterráneo y central con el presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020. Méndez de Vigo ha solicitado además que no se reduzcan los fondos para la agricultura y que Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha mantengan dos tercios de las ayudas comunitarias que reciben actualmente.

   "Hay que aplicar a los corredores mediterráneo y central unas tasas de cofinanciación del 75%", ha dicho Méndez de Vigo durante el debate público sobre las perspectivas financieras de la UE para los próximos siete años mantenido por los responsables de Asuntos Europeos de los Veintisiete.
   El representante español ha avisado de que "los Estados más afectados por la crisis son los más vulnerables a posibles recortes" en el presupuesto de la UE. Por ello, ha pedido que, a la hora de decidir el reparto de los fondos, se empleen "datos económicos actualizados" sobre el nivel de renta de las regiones y nuevos indicadores como "el déficit de competitividad o innovación respecto a la media de la UE".
   Méndez de Vigo también ha defendido "incrementar la prima por desempleo al menos en un 50% para todas las categorías de regiones".
   "España considera imprescindible garantizar una asignación de dos tercios de los fondos percibidos en el periodo actual para aquellas regiones que saldrán de convergencia en el próximo marco financiero", ha señalado el secretario de Estado para la UE en referencia a Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
   El Gobierno español se opone a que la UE pueda en el futuro congelar las ayudas regionales como sanción a los países con déficit excesivo por considerar que "ello iría en contra del principio de equidad, puesto que no afecta por igual a todos los Estados miembros".
   Méndez de Vigo ha reclamado a la Comisión "un estudio más profundo" sobre su propuesta de utilizar la tasa a las transacciones financieras, que España apoya, para financiar el presupuesto comunitario. Y ha pedido que se eliminen las compensaciones que reciben algunos países por beneficiarse poco de las ayudas europeas, como el cheque británico.
   "Las compensaciones responden a una situación del pasado. Las circunstancias que justificaron su creación han desaparecido y nos pronunciamos por una total eliminación de las compensaciones para el próximo periodo", ha dicho.
   España ha suscrito una declaración con otros 14 países en defensa de la política de cohesión de la UE como instrumento para impulsar el crecimiento. El resto de firmantes son Polonia, Croacia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.

Un juez abre diligencias previas contra Fernández Ordóñez, Rato y Blesa

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid ha incoado diligencias previas por la denuncia presentada por Manos Limpias contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad.

   Según el auto dictado dictado el 21 de mayo, el juez concluye que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" por lo que abre diligencias y lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
   De esta forma se abre el primer paso para la apertura de un proceso penal por la gestión llevaba a cabo en Bankia, que cerró 2011 con unas pérdidas de 2.979 millones de euros y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que anunció ayer 'números rojos' de 3.318 millones de euros.
   El sindicato acusa al gobernador del Banco de España por su "grave imprudencia" al permitir la concesión de créditos "sin controlar el riesgo", lo que podría constituir varios "delitos penales" por omitir su labor de supervisión de las entidades financieras, según la denuncia presentada.
   Además, Manos Limpias acusa a Fernández Ordóñez de no supervisar correctamente a Caja Castilla La Mancha (CCM) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que también tuvieron que ser intervenidas por el Banco de España ante su situación de quiebra.
   Por otro lado, el sindicato considera que los antiguos presidentes de Bankia incurrieron en presuntos delitos societarios, falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos.
   En la denuncia se les acusa de conceder una "millones de créditos fallidos a los especuladores" del sector inmobiliario y de "maquillar los balances" en la declaración de sus cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hechos denunciados posteriormente por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB).
   El sindicato también denuncia el incumplimiento por parte de España de la directiva europea 30/0/2009, que limitaba las indemnizaciones a los banqueros a dos años de retribuciones fijas y obligaba a devolver los pagos en exceso.

Fernández Ordóñez dejará el Banco de España un mes antes de lo previsto

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le ha transmitido su intención de adelantar la fecha de su cese al próximo 10 de junio, un mes antes de que acabe oficialmente su mandato (12 de julio).

   En un comunicado, el Banco de España ha explicado que tras el 11 de junio (fecha de recepción de los planes de reestructuración de las entidades financieras) comenzará una nueva etapa en la que habrá que tomar decisiones "muy importantes", como la aprobación de dichos planes y los trabajos relacionados con las evaluaciones de las consultoras privadas (Oliver Wyman y Roland Berger) sobre el sistema bancario.
   Si permaneciera en la institución hasta que finalizara su mandato, Fernández Ordóñez solo dispondría de un mes para tomar estas decisiones, por lo que cree que "la mejor" decisión para la institución y para su sucesor es que pueda incorporarse el 11 de junio y participar plenamente en estas decisiones.
   Según el actual gobernador, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de las cuentas del Banco de España, la liquidación del Presupuesto y la presentación del informe anual la próxima semana se cierra un periodo de cinco años y once meses al frente del banco emisor.
   Tal y como ha transmitido el Banco de España, Rajoy ha entendido que la decisión de Fernández Ordóñez favorece una transición "ágil y eficiente" en el puesto del gobernador, y servirá para que el Banco de España siga aportando su "conocimiento y profesionalidad" en la resolución de los problemas de la economía y del sistema bancario.
Son muchos los nombres que han sonado para suceder al actual gobernador, aunque en los últimos días ha cobrado fuerza el de Luis Linde, que el pasado viernes fue nombrado nuevo consejero de la institución por su acreditada experiencia en el sector financiero.
   Linde, de 67 años, entró así en el consejo de administración del Banco de España, pero no en la comisión ejecutiva, donde se llevarán a cabo los nombramientos teniendo en cuenta los pactos que han regido de composición de la misma.
   De ser nombrado miembro de la comisión ejecutiva, Linde podría seguir la trayectoria descrita por los dos últimos gobernadores de la institución, Fernández Ordóñez y Jaime Caruana. Según los estatutos del Banco de España, 70 años es la edad máxima para ser consejero de la institución.
   El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó el pasado lunes que tiene los candidatos a próximos gobernador y subgobernador en la cabeza, y que le trasladará su propuesta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Dejó claro que ambos cargos deben tener una cualificación profesional absoluta, tanto a escala nacional como internacional, y carecer de involucración política.
   Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha valorado la decisión del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de anticipar un mes su salida de la institución, pues el PP considera que el balance de su mandato es "negativo" y que ha habido "más luces que sombras".
   "Me parece que ha tomado una decisión ajustada a la realidad", ha comentado Alonso en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la marcha del gobernador.
   A su juicio, con el adiós de Miguel Angel Fernández Ordóñez se cierra un ciclo en el Banco de España, "que ha acumulado más sombras que luces", y ahora hay que tratar de restablecer "el prestigio" de la entidad. "Su balance es negativo", ha zanjado, declinando comentar nombres de posibles sucesores.