MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción no tiene previsto
abrir una investigación de oficio para depurar las presuntas
responsabilidades penales de los directivos del grupo BFA-Bankia y de
los organismos supervisores por la gestión de la entidad financiera, que
recibirá una inyección pública de 19.000 millones de euros para evitar
su quiebra.
Según confirmaron fuentes jurídicas, Anticorrupción
no actuará por iniciativa propia y esperará a recibir las
correspondientes denuncias contra Bankia, que le lleguen de forma
directa o desde los tribunales, para abrir una investigación.
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) también tiene capacidad para denunciar ante la Fiscalía las
presuntas irregularidades cometidas en las entidades financieras. El
organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez controló el proceso
de fusión de Caja Madrid, Bancaja y cinco cajas más, que dio lugar a
Bankia, y el organismo presidido por Julio Segura supervisó la salida a
Bolsa.
Por otro lado, los fiscales esperan que en las denuncias que
reciban se determinen las operaciones concretas realizadas en Bankia que
presenten indicios claros de delitos penales, así como una
argumentación jurídica que sostenga la acusación, para admitirlas a
trámite.
Con ello, la Fiscalía advierte de que no podrá abrir una
investigación general por la gestión realizada en Bankia y solo lo hará
por hechos concretos como podrían ser los préstamos fallidos al sector
inmobiliario, el proceso de salida a Bolsa, la declaración de cuentas
anuales o la venta de productos financieros 'tóxicos' a los clientes,
entre otros.
Por otro lado, la fiscalía dirigida por Antonio Salinas todavía no
ha recibido la comunicación de apertura de diligencias previas de
investigación enviada el pasado 21 de mayo por el Juzgado de Instrucción
nº 21 de Madrid para que emita un informe sobre las presuntas
irregularidades cometidas en Bankia, según las mismas fuentes.
La denuncia que tramita este juzgado la presentó el sindicato
Manos Limpias y en ella se acusa al gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a los expresidentes de Bankia, Rodrigo
Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la
gestión de la entidad.
Por otro lado, Anticorrupción ha desestimado por no denunciar
hechos concretos la denuncia presentada por la Confederación
Intersindical de Cajas (CIC) contra el gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo, Jaime
Caruana, así como contra los directivos de las cajas intervenidas por no
frenar el riesgo que acumulaba el sector financiero con su exposición
al ladrillo.
El sindicato consideraba que todos ellos son "presuntos autores de
un delito de prevaricación por omisión y como responsables de la
nefasta situación que atraviesan las entidades financieras en España".
De esta forma, la Fiscalía deniega las pruebas aportadas por CIC
entre las que se encuentra el informe elaborado por la Asociación de
Inspectores del Banco de España, con fecha 25 de mayo de 2006, en el que
se advertía al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, de la
exposición al ladrillo.
El informe informaba de la existencia de "motivos suficientes para
la preocupación" por la exposición de los bancos al sector inmobiliario
y el riesgo de que los errores "acabaran siendo transferidos a la
sociedad en conjunto".
Asimismo, CIC también ha aportado un informe elaborado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) un año después en el que también se
advertía a España de una posible 'burbuja inmobiliaria'.
El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, señaló que, a pesar de la "decepción" que ha supuesto esta
contestación recibida este martes por parte de Anticorrupción, "no van
desistir de denunciar estos hechos" y presentarán en los próximo días
denuncias por "operaciones concretas y fallidas otorgadas sin ningún
rigor técnico".
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