MADRID.- Los sindicatos CCOO, UGT, STEM y CGT, integrados en la Plataforma
Regional por la Escuela Pública, convocan para los días 24, 25, 26 y 27
de abril y 7 y 8 de mayo una huelga del profesorado en la Comunidad de
Madrid contra las pruebas externas, preámbulo de las reválidas de la Lomce. En 4º de la ESO, los paros serán el 24 y 25 de abril. En 3º de primaria, el 26 y 27. Y en 6º, el 7 y 8 de mayo.
Los estudiantes y las familias secundan la huelga y llaman a la no realización de estas pruebas externas, que están previstas los días de huelga, con las que están en desacuerdo y que van a intentar paralizar.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha hecho un llamamiento
a la participación en una manifestación, promovida por la Plataforma
Estatal, para protestar por "las contrarreformas del PP y la Lomce", así
como por los recortes en la educación, que tendrá lugar el 8 de mayo a
las 18.00 horas desde la plaza de Neptuno hasta el Departamento de
Educación.
“Rechazamos estas pruebas, que cuestionan al profesorado y al
alumnado. Se les quitó rotundidad y se nos dijo que no iban a tener
impacto pero sí hubo mucha presión al profesorado y el malestar que
quedó no se olvida”, dice Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO
de Madrid.
“Por otro lado supone un desbordamiento de trabajo, pues al
profesorado se le obliga a corregir las pruebas sin compensación. Y para
rematar, no olvidamos el caso Cifuentes, cuyo gobierno no parece que
esté legitimado para ponerlas en marcha, siendo presidido por alguien
con unas pruebas académicas, según parece, ausentes de sacrificio y
esfuerzo”.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM),
Alberto Carrillo, ha indicado que su organización ofrecerá apoyo al
profesorado encargado de aplicar las pruebas externas que quiera
boicotearlas, organizará concentraciones en las puertas de los centros y
colaborará económicamente con los docentes que sufrirán una merma de
ingresos por "sabotear" las pruebas. Carrillo ha señalado que las
pruebas externas carecen de "rigor estadístico", están diseñadas con el
objetivo "perverso" de hacer un ránking de centros y su gestión está
cedida a empresas privadas que van a manejar datos personales de los
alumnos y sus familias.
Por su parte, la responsable de Enseñanza Pública de UGT Madrid,
Estrella Roldán, ha recalcado que las pruebas externas "no tienen ningún
valor pedagógico", sirven "únicamente" para "desorganizar" los centros,
se utilizan para hacer un ránking de centros de primera y de segunda y
cuestan 600.000 euros a las arcas públicas.
Ana García, del Sindicato de Estudiantes, se ha mostrado
"escandalizada" por las políticas que "el PP intenta imponer de forma
autoritaria en la Comunidad de Madrid", después de la lucha para
paralizar las "reválidas franquistas".
El portavoz de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, Camilo
Jené, presidente de la FAPA "Francisco Giner de los Ríos", ha reclamado
un incremento de la financiación de la educación hasta alcanzar el 5 por
ciento del Producto Interior Bruto (PIB) este año y un aumento de los
recursos previstos para la escuela pública antes que la privada.
Tras la ruptura del Pacto Educativo, Jené ha reivindicado una nueva
ley de educación consensuada con la comunidad escolar, una garantía de
la democracia y la participación en los centros educativos, la reversión
de los recortes en la educación, así como un aumento de las becas y
ayudas para el alumnado.
MADRID.- Varias asociaciones de estudiantes de la Universidad Rey
Juan Carlos han convocado para el próximo miércoles un encierro en el
Edificio de Gestión del Campus de Vicálvaro, con el objetivo de
"protestar por el inmovilismo de la directiva" ante el escándalo que han
supuesto las irregularidades que rodean al máster de Cristina
Cifuentes, según han informado desde Radio 5.
En el
acto, convocado para las 20:30 de la tarde, las diferentes asociaciones
de estudiantes que lo han organizado celebrarán talleres y asambleas con
el objetivo de exigir responsabilidades tanto a la directiva de la
Universidad Rey Juan Carlos como a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes.
"Ya que Cristina
Cifuentes y la URJC no quieren depurar responsabilidades (...)
os esperamos a todas para pasar una noche de encierro exigiéndolas y
tratar la situación en la que se encuentra la universidad pública", ha
explicado la asociación feminista de estudiantes Cariátides, una de la organizaciones detrás del evento.
MADRID.- La población extranjera empadronada en la Comunidad se sitúa en
893.276 personas un 13,4 % de las 6.663.405 personas que residen en la
región. Con respecto a 2016, la población extranjera empadronada ha
aumentado en 28.791 personas. Estos datos están recogidos en el Informe
de Población Extranjera Empadronada en la Comunidad que realiza el
Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Dato.
Estos datos los ha presentado el consejero de Políticas Sociales y
Familia, Carlos Izquierdo, quien ha destacado que “se trata del mayor
aumento de población extranjera en nuestra región desde 2009”.
Con el
paso del tiempo va cambiando el origen de los extranjeros que eligen la
Comunidad de Madrid como su residencia. Actualmente, entre los siete
grupos con más presencia se encuentran las nacionalidades rumana (21,7
%), marroquí (8,8 %), china (6,8 %), colombiana (4,7 %), ecuatoriana
(4,5 %), italiana (3,5 %) y venezolana (3,4 %), que suponen más del 53 %
del total de población extranjera en nuestra región.
En términos absolutos, las nacionalidades que más han crecido son la
venezolana, con un aumento de 8.618 personas; la hondureña, con 5.245
personas más; y la colombiana, con un incremento de 4.235 personas.
“La
nacionalidad colombiana ha avanzado un puesto y pasa a ser la cuarta
mayoritaria, desplazando a la ecuatoriana al quinto lugar. También la
nacionalidad venezolana avanza seis puestos y pasa a ser la séptima
nacionalidad mayoritaria en la región”, ha explicado Izquierdo.
Por sexos, el informe revela que sigue aumentando el peso de las
mujeres extranjeras, que representan ya el 52,16 % del total de
población extranjera, y se mantiene el carácter joven de esta población,
cuya media de edad es de 34,5 años. El 81,82 % de la población
extranjera está en edad de trabajar (entre 16 y 65 años), frente al 64,7
% de la población española que está en esta franja de edad.
“El Gobierno regional tiene un compromiso absoluto con la población
extranjera y por ello estamos trabajando en un Plan de Inmigración que
tendrá como objetivo la mejora de la empleabilidad de la población
inmigrante y trabajar con los hijos de inmigrantes para favorecer su
integración, entre otras actuaciones”, ha afirmado Izquierdo.
La Comunidad de Madrid cuenta con ocho Centros de Participación e
Integración (CEPI) distribuidos por toda la región, unos lugares de
encuentro para todos los madrileños, sea cual sea su nacionalidad, donde
pueden tener acceso a diversas actividades como cursos de formación,
asesoría jurídica, talleres de búsqueda y mejora de empleo, variados
programas culturales y actividades deportivas. “En los CEPI se facilita
el intercambio cultural y la convivencia entre los nuevos madrileños y
los de siempre”, ha explicado Izquierdo.
Estos centros, pioneros en Europa, cuentan con actividades
específicas para niños, jóvenes y mujeres, así como otras generales para
todos sus usuarios, de cualquier nacionalidad, incluyendo la española.
Atienden cada año a una media de 100.000 personas, con las que se
realizan 330.000 acciones, a través de talleres o formaciones
ocupacionales.
Dichos recursos disponen de asesoría individualizada en las áreas
psicológica, jurídica y laboral. Asimismo, desarrollan actividades de
formación y orientación en la búsqueda de empleo como cursos y talleres
para la elaboración de un currículo y una entrevista, para la búsqueda
activa de empleo a través de las redes sociales, para el desarrollo de
habilidades sociales, de enseñanza del español, capacitación para el
cuidado de personas dependientes y mayores o cursos en el sector de la
hostelería.
MADRID.- Un total de 660 ayuntamientos españoles recibieron
requerimientos del Gobierno central por incumplir sus planes de ajuste
durante el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del cierre. El
dato sitúa Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias, como las
autonomías que cuentan con una mayor porcentaje de municipios incumplidores.
Los
planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten
al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales
de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y
deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Estos datos se han
conocido a raíz de una respuesta escrita del Ejecutivo nacional al
diputado socialista Miguel Ángel Heredia. A lo largo del país, hay 660
ayuntamientos que recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir
sus planes de ajuste en el ejercicio 2016.
La
mayoría de
administraciones locales pertenecen a Andalucía (201), Comunidad
Valenciana (88) y Cataluña (82). Ante estos datos, el socialista Heredia
reprocha al Gobierno que «utilice medidas coercitivas, enviando
requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones
financieras que puedan paliar la situación de los entes locales».
El
menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de
autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo
las provincias de Burgos y Palencia tienen cifras más reducidas, de solo
uno en cada caso.
Para Heredia, las entidades locales tienen que pagar
unos «intereses desorbitados» si se acogen al programa del Gobierno para
el pago a proveedores, lo que les supone «un serio problema».
En
este sentido, el diputado considera que la gestión que realiza el
Ejecutivo es «nefasta» porque se resiste a considerar a los
ayuntamientos «como adultos» para que puedan invertir el superávit en
generar empleo, a través de inversiones que «son mayores de edad» para
decidir.
MADRID.-
Los extranjeros compraron el año pasado el 13,1% de las viviendas que
se vendieron en el conjunto de
España, según el Anuario
Inmobiliario del Colegio de Registradores correspondiente al pasado
ejercicio.
Las
comunidades autónomas con mayor peso de compra por parte de
extranjeros, que coinciden con las de mayor actividad turística, fueron
Canarias, con un 31,4%, seguidas de Baleares (31,3%); Comunidad
Valenciana (26%); Murcia (18,8%); Andalucía (13,8%) y Cataluña (12,9%).
En
términos absolutos, dado el crecimiento del volumen de operaciones, los
extranjeros superaron las 61.000 compras de vivienda en el último año
en el conjunto de España, frente a las poco más de 53.000 de 2016.
Casi
el 7% de las hipotecas sobre vivienda suscritas en España en 2017
fueron firmadas por extranjeros, más de 21.000 préstamos, según el
Colegio de Registradores.
La hipoteca media solicitada por este
segmento de la población fue de 128.452 euros, una cantidad que superó
en un 1,5% a la del año anterior y que se situó por encima de los
117.243 euros que pidieron de media los españoles para este mismo fin.
Las
comunidades autónomas con más hipotecas firmadas por foráneos fueron
Cataluña (con el 20,2% del total); Comunidad Valenciana (19,2%);
Andalucía (17,4%) y Comunidad de Madrid (14,4%).
En cuanto al
importe medio de estos préstamos, los más elevados se solicitaron en
Baleares, con 244.148 euros, Comunidad de Madrid (155.070 euros);
Cataluña (143.143 euros) y Andalucía (141.699 euros).
Por países de procedencia, los rumanos fueron los que más porcentaje de hipotecas sobre vivienda contrataron en
relación con el total de las formalizadas por extranjeros, con un
11,6%; seguidos por los británicos (9,3%); chinos (8,4%); italianos
(5,8%); franceses (4,6%); marroquíes (4,2%) y alemanes (4%).
Por
lo que respecta a los importes medios, los alemanes solicitaron las
cantidades más elevadas, con 234.102 euros, seguidos de los noruegos
(217.981 euros); daneses (192.990 euros), holandeses (181.429 euros);
suecos (171.394 euros), británicos (166.968 euros) y franceses (153.987
euros).
MADRID.-
La Región de Murcia, Madrid, Aragón, País Vasco y Baleares liderarán el
crecimiento de España en 2018, con un aumento de sus economías superior
al 3%,
según las estimaciones de BBVA Research, que apunta a que la mejora del
entorno exterior, que potencia las exportaciones de bienes, es una de
las principales claves de la revisión al alza del crecimiento de España,
hasta el 2,9%.
Las revisiones en la contabilidad regional, que
introducen una aceleración en las comunidades del Cantábrico (Asturias,
Cantabria, Aragón y País Vasco), el impacto de la incertidumbre en
Cataluña, una política monetaria que continúa siendo laxa y una política
fiscal que será algo más expansiva, contribuyen también a justificar el
aumento de las expectativas de crecimiento de las distintas comunidades autónomas.
La
mejora del sector exterior es la principal clave para la revisión al
alza del crecimiento en España en 2018. Según el Observatorio Regional
de BBVA Research, las regiones más favorecidas por esta situación son la
Región de Murcia (+0,8 puntos porcentuales), Asturias, Aragón y Madrid (+0,7 puntos) y la Comunidad Valenciana (+0,6 puntos).
Junto
con las cinco comunidades que más crecerán, figuran asimismo, con una
tasa del 3%, Cantabria, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y
Asturias.
Igualando el crecimiento medio del conjunto de España (2,9%),
aparecen Canarias y Castilla-La Mancha. El resto de comunidades crecerán
por debajo: Andalucía (2,7%), Castilla y León (2,5%), Cataluña (2,5%),
Extremadura (2,7%) y La Rioja (2,6%).
De
cara al próximo año,
cuando se espera un crecimiento del PIB del 2,5%, las previsiones de la
entidad financiera apuntan a que el liderazgo del crecimiento virará en
mayor medida hacia el norte peninsular, gracias a la aceleración de las
exportaciones y el menor impulso del turismo y la demanda interna.
Aumentos salariales en algunas CCAA
Por
otro lado, la gran creación de empleo en los últimos dos años y las
perspectivas de evolución favorable del mercado de trabajo pueden
comenzar a traducirse en aumentos salariales en algunas comunidades.
Esto podría deberse a la fuerte reducción de la tasa de paro en ciertas
regiones, que podría comenzar a mostrar una falta de empleados
cualificados en el sector industrial (especialmente en comunidades del
Norte, como Navarra) o en servicios turísticos (por ejemplo, en
Baleares).
La desaceleración de la demanda interna, ya anunciada en trimestres anteriores, afectará al turismo nacional. La Región de Murcia,
Andalucia, Comunidad Valenciana y Cataluña, además de Galicia y Madrid,
serán las comunidades que más se resientan por esta situación,
ya que al efecto propio de su demanda interna cabe añadir el que se
pueda generar por ser los principales destinos de estos viajeros
turísticos.
Sin embargo, los anuncios de una política fiscal más
expansiva podrían compensar en parte lo anterior, «lo que podría
reforzarse si se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para 2018», según apunta BBVA. Esto podría ser especialmente positivo
para aquellas comunidades autónomas donde el sector público tiene un
mayor peso en la economía, como es el caso de Extremadura, Castilla y
León o Castilla-La Mancha, indicó el economista jefe de BBVA Research,
Miguel Cardoso.
Por otro lado, la aprobación de los PGE también
puede favorecer a las comunidades autónomas que cumplieron su objetivo
de déficit, lo que podría impulsar la inversión en el País Vasco,
Navarra, Canarias y Baleares.
Tal y como avanzaba BBVA Research en el 'Observatorio Regional' correspondiente al cuarto trimestre de 2017, la tensión política en Cataluña
se tradujo de inmediato en un estancamiento en la demanda interna. «El
efecto de la incertidumbre, sin embargo, ha estado acotado a algunos
sectores como el turismo y el comercio, y estuvo limitado en el tiempo»,
sostiene Miguel Cardoso.
Por otro lado, los efectos se están notando
sobre todo en Cataluña y afecta en menor medida a aquellas economías más
dependientes de esta región.
Aunque la incertidumbre se mantiene
elevada, Cardoso destaca que los indicadores apuntan a que tanto en
Cataluña como el resto de España el crecimiento continúa mostrando un
buen ritmo durante el primer trimestre de 2018.
MADRID.- El mercado del mueble de estilo en Rusia, absorbido hasta la fecha
casi en exclusiva por el diseño italiano, descubre ahora las excelencias
de la oferta española. La delicada situación económica que atraviesa
Rusia, debida en gran parte a las sanciones, invita a explorar otras
posibilidades para decorar y amueblar, no sólo los hogares, sino también
los espacios oficiales, comerciales, empresariales y de ocio, según el corresponsal de Abc en Moscú.
Los
estudios de decoración rusos, las tiendas y, en general, los
profesionales del mundo de la decoración no querían saber de otras
marcas que no fueran Fendi, Minotti, B&B o cualquier otra italiana
de prestigio. Pero ahora empiezan a descubrir que las marcas españolas
ofrecen no menos calidad, diseños originales y precios más competitivos.
Esta
tendencia se lleva notando desde hace unos años y se ha manifestado
como nunca antes durante la 57 edición de La Semana del Diseño de Milán o
Salone del Mobile di Milano, que cerró sus puertas ayer domingo tras
seis intensos días de feria. Se trata del certamen más importante del
año en lo que al mueble se refiere.
Han estado presentes 58
empresas españolas presentado sus novedades y, según los organizadores,
el Salone del Mobile ha sido visitado durante la pasada semana por
434.509 personas procedentes de 188 países, lo que ha supuesto un
aumento con respecto a 2017 de un 26%.
Muchos de esos visitantes, como
cada año, llegaron de Rusia, pero esta vez para prestar una mayor
atención a los expositores españoles de mueble moderno, los segundos más
numerosos tras los italianos. El mueble clásico español ya se cotiza en
Rusia desde hace tiempo y hacía falta que se abriera paso el de diseño.
Prácticamente
todos los expositores patrios han constatado una presencia de
visitantes rusos este año mucho mayor de lo habitual. Muchos de ellos
han recibido encargos directamente en el stand para entidades
financieras rusas, cadenas de cafeterías, aeropuertos y otros
establecimientos. Hubo quien quiso llevarse las muestras expuestas al
finalizar la feria.
De esta forma, el mueble español aumenta su
presencia en el mundo, factor que pone de manifiesto su recuperación
después de la crisis. Más del 60% de las empresas españolas que fabrican
muebles los venden en el extranjero. Van a parar fundamentalmente a
países europeos y Estados Unidos, pero cada vez más se venden en Rusia.
El
Salone del Mobile es el principal escaparate mundial en tendencias y
moda hábitat. De ahí que constituya un punto de encuentro obligatorio
para profesionales a la hora de ponerse al día sobre las novedades
existentes. Bajo la marca Mueble de España, se ha ofrecido una enorme
variedad de estilos: moderno, vanguardista, de lujo y clásico.
MADRID.- Las pensiones de los trabajadores autónomos son, en líneas generales, la
más reducidas del grueso de los pensionistas. De hecho, la pensión media del autónomo alcanza los 646,30 euros mensuales
según establece la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) y
720,09 euros conforme a lo aportado por el Ministerio de Empleo, una
cifra limitada, según recoge infoautonomos.eleconomista.es.
Estas cifras son motivo de reivindicaciones por parte del colectivo y
tienen que ver con el incremento de la pensiones contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 aún a falta de aprobación y
puesta en marcha.
Desde la asesoría online de Infoautónomosanalizamos la subida y las razones por las que las prestaciones por jubilación de los autónomos son tan estrechas.
El pasado verano nos hacíamos eco de que las intenciones del Gobierno pasaban por un incremento anual en las pensiones del 0,25%,
el mínimo establecido por ley. Esta subida básica se mantendría hasta
el año 2022 pero las peticiones populares ha obligado al ejecutivo a dar
un giro de tuerca en las Cuentas Públicas de 2018 y finalmente el
incremento será mayor de lo esperado.
La partida presupuestaria
para estas prestaciones sociales alcanza 127.110 millones, un 3,5% más
que en 2017, periodo en que el aumento de las pensiones fue de apenas
0,25%.
El porcentaje de incremento de las pensiones en 2018 queda establecido de la siguiente forma:
3% de incremento en las pensiones mínimas y no contributivas
2% para las pensiones de viudedad
1.5% para pensiones por debajo de 700 euros mensuales
1% para pensiones entre 700 y 800 euros mensuales
Como
ya hemos indicado, la pensión media del autónomo no alcanza los 700
euros, por tanto, según lo indicado con anterioridad, el incremento
estimado para estas pensiones es del 1,5% . Este aumento revalorizará diez euros mensuales la cuantía de la pensión.
Sin
embargo, la subida se queda corta; una gran parte de los autónomos
seguirán cobrando una pensión tan estrecha que no alcanza los 735 euros
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si tomamos como referencia la
aportación de UPTA, la pensión media del autónomo pasará de los 646,30
euros actuales a 655,99 euros.
El menor de los incrementos previstos, el del 1% se aplicará sobre las pensiones entre 700 y 800 euros.
La pensión media del autónomo varía entre los 640 y 720 euros en función de la fuente de información y el periodo establecido.
Sin
embargo, en lo que no hay variación es en la brecha existente entre la
pensión del autónomo y el asalariado que llega a ser de 500 euros.
Esta diferencia abismal es uno de los principales motivos por lo que el
trabajador por cuenta propia continúa cotizando tras alcanzar la edad de
jubilación en lo que se conoce como jubilación activa.
La
falta de un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales da
lugar a que el 80% de los autónomos esté cotizando, hoy por hoy, por la
base mínima lo que redunda en unas coberturas sociales muy limitadas,
especialmente la pensión del autónomo que es irriosoria si el
trabajador siempre ha cotizado por la base mínima.
Desde
Infoautónomos recomendamos optar por cotizaciones superiores a la
mínima cuando los resultados de la actividad económica lo permitan y muy
fundamentalmente conforme el autónomo se aproxime a la edad de
jubilación.
MADRID.- Rota ya es la mayor base de la Armada española
y, probablemente, de la US Navy en el sur de Europa. Tras el Brexit, en
marzo próximo, se convertirá también en uno de los cinco cuarteles
generales estratégicos (OHQ) de la UE, en sustitución de Northwood
(Reino Unido), lo que supondrá una inversión de 1,5 millones y la
incorporación de unos 50 militares europeos. Rota aspira también a
relevar a Northwood al mando de operación Atalanta de lucha contra la
piratería, según revela hoy El País.
El ejercicio Milex 18, que se desarrolla desde el pasado 13 abril hasta
el próximo miércoles, servirá para certificar a Rota como cuartel
general operacional de la UE, listo en todo momento para ejercer el
mando de cualquier misión u operación en el marco de la Política Europea
de Seguridad y Defensa (PESD).
Nadie duda de que Rota superará con creces el examen ya que la base
naval, que alberga cuatro destructores lanzamisiles estadounidenses y el
cuartel general de la Flota española, está preparada para misiones más
exigentes que las “no ejecutivas” a las que se limita la UE.
Coincidiendo con este ejercicio, la ministra de Defensa, María Dolores
de Cospedal, junto a una amplia delegación de diplomáticos y
representantes militares de la UE y la OTAN visitará este lunes la base.
Con su designación, Rota se sumará a otros cuatro cuarteles generales
que ya tiene la UE: París (Francia), Postdam (Alemania), Larissa
(Grecia) y Roma (Italia). Y sustituirá a Northwood, cuando Reino Unido
salga de la Unión. Estos cuarteles están a mitad de camino entre el
Estado Mayor de la UE, en Bruselas, y al mando de la fuerza en el teatro
de operaciones.
Defensa estima en 1,5 millones la inversión necesaria para acomodar
el nuevo cuartel general, en el que trabajarán 95 militares, la mitad
españoles y el resto de los 26 países socios. Gran parte del coste lo
pagará la UE, según las fuentes consultadas.
Pero España no quiere que Rota sea un cuartel general solo sobre el
papel o inactivo y pretende que herede de Northwood el mando de laOperación Atalanta de lucha contra la piratería, que desde 2009 desarrolla la UE en el Cuerno de África.
Esta aspiración tropieza, sin embargo, con la competencia de Italia,
que quiere llevarse el mando de Atalanta a Roma, desde donde se dirige
la Operación Sophiade lucha contra el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo central.
El argumento italiano es que agrupar las dos misiones en un mismo
cuartel general facilita las sinergias y ahorra costes. Justo lo
contrario de lo que argumentó en su momento para oponerse a que Sophia
se dirigiera desde Northwood.
Consciente de que la batalla no está ganada, España se ha buscado un
poderoso aliado. Según adelantó Abc, Cospedal y su homóloga francesa,
Florence Parly, remitieron el pasado 28 de marzo a la Alta Representante
de la UE, Federica Mogherini,
una carta en la que presentaban la candidatura conjunta de Rota, que
asumiría el mando de la EUNavfor Somalia, y la base francesa de Brest,
que se haría cargo del Centro de Seguridad Marítima del Centro de África
(MSCHOA). Este centro, también ubicado en Northwood, vigila
permanentemente el tráfico marítimo desde el golfo de Adén hacia el mar
Rojo.
España considera que tiene argumentos sobrados para reclamar el mando
de la Operación Atalanta. No solo fue uno de los más firmes impulsores
de su puesta en marcha, sino que ha sido el único país que ha mantenido
una presencia permanente en el teatro de operaciones, con la
participación de 37 buques de la Armada y 31 destacamentos del Ejército
del Aire durante la última décda. Actualmente, España aporta el buque de
aprovisionamiento Patiño y un avión de patrulla marítima P3 Orion
desplegado en Yibuti.
Más allá de la Operación Atalanta, España es el único país que ha
participado en todas las operaciones de la UE y en este momento es su
mayor contribuyente: un 30% de todos los efectivos de las misiones
militares europeas son españoles.
La base de Rota tiene, además, acreditada su “eficacía, experiencia,
accesibilidad, seguridad y garantía de disponibilidad”, en palabras del
jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre.
Los expertos coinciden en que el traslado a Rota del mando de la
operación Atalanta sería lo más lógico desde el punto de vista militar y
lo más justo desde el punto de vista político. Pero el Ministerio de
Defensa no se fía y por eso ha buscado la complicidad de Francia y el
apoyo de Alemania. La última palabra la dirá, previsiblamente en mayo,
la italiana Mogherini.
MADRID.- El proceso de cierre de oficinas es imparable. No
así el del recorte de las plantillas de las entidades financieras. Eso
es al menos lo que aseguran tanto en el sector financiero como entre los
supervisores bancarios. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde,
reiteró el pasado día 10 de abril en la comisión que investiga la
crisis financiera en el Congreso, que España cuenta “con muchas oficinas
en comparación con Europa”, razón por la que el proceso de cierres debe
seguir. Durante el pasado año entre bancos y antiguas cajas de ahorros
clausuraron 1.379 oficinas al situar su número total en 27.320 locales, según datos que publica hoy Cinco Días.
Nada
que ver, no obstante, con los 4.286 cerrojazos que se dieron en 2013,
el mayor de la historia. En total, desde que se inició la crisis
financiera en 2008 hasta 2017 la red comercial del sector se ha reducido
de media un 40%, aunque si solo se analiza el de las entidades
asociadas a CECA el porcentaje se eleva a un 44,5%.
Pero
las tendencias han ido variando a lo largo de la década de
crisis. Así, mientras que inicialmente, el declive de las cajas de
ahorros, con sus necesidades de ayudas públicas, desembocaron en una
fuerte reestructuración de estas instituciones, ahora son los bancos los
que están desprendiéndose de un mayor número de locales. El pasado año
los bancos asociados a la AEB prescindieron de 734 agencias, para situar
su número en España en 15.074. En el caso de las antiguas cajas los
cierres ascendieron a 645 oficinas al contar en diciembre de 2017 con
12.246 oficinas.
En
cuanto a las plantillas, el goteo de salidas se
mantiene en el sector desde 2009, aunque, como es lógico se va
atenuando, aunque el recorte de empleo sigue siendo significativo. En
2017 salieron 4.019 empleados entre bancos y antiguas cajas, número
bastante inferior a los 8.551 trabajadores que tuvieron que abandonar
sus puestos en 2016, o a los 18.443 que salieron en 2013, el mayor
número de la historia como consecuencia del ajuste sufrido en las cajas.
Pero
al contrario de lo que pasa en el cierre de oficinas, el goteo de
salidas en las entidades asociadas a la CECA siguen siendo superiores.
En 2017 dejaron su trabajo en estas firmas 2.398 personas, para situar
el número de empleados en 72.344.
Mientras que la cifra de despidos se reduce a 1.621 si se analizan solo
los bancos de la AEB.
En conjunto, la plantilla de bancos y excajas ha
disminuido un 31,6% en el sector desde 2008, aunque el porcentaje se
eleva al 39,3% si únicamente se tiene en cuenta a las firmas adheridas a
CECA. Solo en 2017, el recorte de plantilla se sitúa en un 2,1%, que se
eleva a un 3,2% en el caso de las asociadas a la Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA).
Varias fuentes financieras aseguran que tras estos drásticos
recortes, “las salidas seguirán, pero serán mucho más moderadas”.
Fuentes sindicales, de hecho, mantienen que “la fusión de las redes de Santander y Popular
supondrá también salidas de empleados, pero estamos convencidos de que
serán inferiores a ajustes anteriores”.
La razón, la firma que preside
Ana Botín no quiere cerrar demasiadas oficinas urbanas. Además, está
embarcada en un proyecto para crear sucursales mucho más grandes, que
necesitan más empleados por agencia.
Un estudio del BCE señala que en España el número medio de empleados
por sucursal es de 6,5, frente a los 13,1 del conjunto de Europa. Por
cierto, Santander ha comenzado a fusionar unas 200 sucursales suyas con
las de Popular.
Fuentes sindicales aseguran que esta iniciativa se debe a
que una gran parte de estas oficinas estaban prácticamente al lado, y
lo que ha hecho la entidad que preside Ana Botín es trasladar a los
trabajadores de Popular a la agencia de Santander, pero con sus
ordenadores y con sus clientes.
“Aún no es una unión de redes por su
fusión. En el caso actual los empleados de Popular y Santander pueden
compartir local, pero no clientes”, explican estas fuentes.
Volviendo al tema inicial, este cierre masivo de oficinas en la
última década ha provocado que 1,3 millones de españoles de zonas
rurales, según datos de 2016, hayan sido excluidos financieramente al no
tener oficinas bancarias en su zona de residencia.
Las
últimas
estadísticas del Banco de España indicaban que hasta un 70% de los
pueblos de menos de 100 habitantes, y más de la mitad de los pequeños
municipios de todo el país ya no tienen sucursal en sus territorios.
Esta
exclusión financiera ha logrado sensibilizar a
las entidades, o puede que haya sido por alguna recomendación de los
supervisores, pero lo cierto es que en el sector se ha abierto un debate
para buscar vías de colaboración entre el conjunto de los bancos. Una
de las ideas es crear oficinas multimarca en las zonas rurales, aquellas
donde no hay sucursales para que el cliente pueda realizar su
operativa.
El proyecto pasaría por compartir locales, pero cada entidad se
turnaría en días de la semana. Esta iniciativa, gestada entre los bancos
de la AEB, o por lo menos comentada por esta asociación, no sería la única fórmula de colaboración que analiza la banca.
Compartir
centros tecnológicos, incubadoras y aceleradoras fintech,
crear una tarjeta de crédito común, o plataformas como ocurrió con la
aplicación de pequeños pagos inmediatos Bizum o con la fusión de los
tres medios de pago existentes hasta ahora (Servired, 4B y Euro 6000),
forman parte de este debate abierto para estrechar la colaboración en el
sector financiero, que permitirá ahorrar costes.
BARCELONA.-
España lideró el año pasado la venta de carteras de hipotecas morosas
en Europa, con la venta de créditos con
un valor nominal de 50.758 millones de euros (de los 104.000 millones
que se traspasaron en toda Europa), según el estudio sobre el
inmobiliario problemático elaborado por la consultora Evercore que
recoge La Vanguardia.
En
el 2017 el Santander, con la venta del ladrillo del Popular a
Blackstone por 30.000 millones de euros, y BBVA, con la venta de una
cartera de 13.000 millones a Cerberus,
se situaron entre los cinco mayores vendedores de Europa. “Es
previsible que este año y el que viene volvamos a ser líderes en la
venta de inmuebles adjudicados e hipotecas morosas” señala Íñigo
Laspiur, director de Finanzas Corporativas de la consultora CBRE. “Ahora
mismo ya hay carteras en venta por más de 8.000 millones”.
Durante los primeros años de la crisis financiera, fueron las
entidades de Irlanda y Gran Bretaña quienes lideraron la venta de
activos inmobiliarios adjudicados, pero ahora han tomado el relevo los
bancos españoles e italianos (líderes en operaciones en el primer
trimestre de este año). “La regulación del BCE, que dispara las
provisiones y sobre todo las directrices contables que les obliga a
aumentar las dotaciones de capital, están acelerando las ventas de los
activos tóxicos”, señala Laspiur. Las ventas, además, se ven impulsadas
por la recuperación del mercado inmobiliario y por el alto nivel de
provisiones que ya han realizado los bancos. “En la mayoría de ventas
las entidades bancarias ya ganan dinero, o al menos no pierden”.
Laspiur explica que a esto contribuye que los fondos están aceptando
precios más altos por el ladrillo tóxico español: si en el 2013, cuando
la Sareb empezó las primeras ventas en bloque, exigían retornos del 15%
anual para comprar los activos, ahora las rentabilidades han bajado
hasta apenas el 8% cuando compran créditos hipotecarios sobre inmuebles
de calidad.
Las ventas de carteras de activos, por su gran tamaño, están en manos
de muy pocas entidades. “Solo Blackstone, Cerberus, Apollo y Lone Star
pujan por carteras de más de 5.000 millones de euros, mientras que en
operaciones más pequeñas están también muy activas firmas como Bain
Capital, Oaktree o el Deutsche Bank”, señaló Laspiur. Esta falta de
competencia permite a los fondos comprar inmuebles a un precio muy por
debajo del de mercado. “No es sólo por una cuestión de tamaño –añade–.
Los fondos asumen el riesgo de gestionar las deudas (con una negociación
con el deudor o en los tribunales) para acceder a la propiedad del
inmueble. Es un proceso sofisticado, que atrae a pocas empresas”. Para
las entidades financieras, sin embargo, “la venta de activos adjudicados
y créditos morosos en grandes paquetes les permite acelerar su
saneamiento y liberar recursos, porque vendiéndolos uno a uno tardarían
años”.
Laspiur señala que el 2017 marcó un punto de inflexión en la
estrategia de los bancos de desinvertir en el ladrillo. “Antes se
estaban haciendo operaciones pequeñas. Sareb, por ejemplo, el más
activo, ha hecho más de 30 ventas, seguido por el Sabadell, CaixaBank y
Bankia. El año pasado, sin embargo, Santander y BBVA crearon un vehículo
(una sociedad) al que aportaron sus activos malos, y lo vendieron
quedándose una participación minoritaria, lo que les permite a la vez
desconsolidar los activos y retener parte de la propiedad para
beneficiarse de las subidas de precios que está viviendo el mercado
inmobiliario”, señala Laspiur. “Es una fórmula muy buena, y creo que
vamos a ver más operaciones este año”. A su juicio, serán la Sareb,
CaixaBank y Sabadell las entidades que van a liderar las ventas del
ladrillo este año.
En conjunto, las entidades financieras del sur de
Europa concentran ahora el grueso de los inmuebles adjudicados y
créditos morosos de Europa, según los datos de la consultora Evercore,
que prevé que este año se cierren operaciones por valor de unos 80.000
millones, con España de nuevo a la cabeza (en estos momentos supone el
78% de las carteras en venta en Europa, según la consultora). España,
recuerda Íñigo Laspiur, empezó la limpieza del ladrillo de las entidades
financieras en el 2013, tarde respecto a los países anglosajones, pero
antes que Italia o Grecia, que apenas han empezado. “Los grandes fondos
miran al sur”, señala. Los italianos Monte de Paschi y Banca Marche
estuvieron ya el año pasado entre los vendedores más activos, mientras
que en Grecia los cuatro grandes bancos están bajo presión de las
autoridades comunitarias para acelerar su saneamiento.
El banco malo español o Sareb es el mayor propietario de Europa de
activos tóxicos, según Evercore, con unos activos adjudicados por 75.000
millones, por delante del de Irlanda (le quedan 27.000 millones) y
Reino Unido (20.000). Los bancos más afectados son italianos (Intesa San
Paolo, Unicredito, Atlante Fund y Monte dei Paschi) y griegos (Pireus y
Alpha). En España es el Sabadell, con activos adjudicados y créditos
morosos de 14.000 millones, que tras los saneamientos son apenas 4.000.
MADRID.- Durante toda la vida laboral, el plan de pensiones es de las
pocas cosas que provocan una sonrisa a la hora de hacer la declaración
porque las aportaciones son de las escasas cosas que deducen
directamente.
Pero los planes de pensiones se convierten en un disgusto fiscal en el momento de rescatarlos. Porque no es cierto que las aportaciones a planes de pensiones estén exentas de tributar como
algunos piensan, lo que ocurre es que se difiere su tributación hasta
el momento del rescate. Y es entonces cuando llega el susto.
En
principio, los planes de pensiones están pensados para ser
rescatados en el momento en que el contribuyente se jubila. Pero durante
la crisis, el Gobierno ha modificado la ley en varias ocasiones para
ser algo más flexibles con la liquidez de este tipo de ahorro.
En la actualidad es posible rescatar el plan de pensiones en casos de
especial vulnerabilidad del contribuyente como invalidez, desempleo de
larga duración, enfermedad grave, defunción del contribuyente en cuyo
caso los herederos pueden rescatarlo, o desahucio de la vivienda
habitual.
Además, en reforma del IRPF de 2015 Gobierno aprobó una modificación
legal, cuyo reglamento acaba de ser aprobado, para permitir que las
aportaciones realizadas antes de 2015 puedan ser rescatadas, sin ninguno de los requerimientos anteriores, pasados 10 años. Es decir, en 2025.
Son rentas del trabajo
Pero sea cual sea el motivo del rescate, el tratamiento
fiscal es el mismo. Todo el dinero rescatado de un plan de pensiones se
considera o, al menos, se trata como si fuera un rendimiento del trabajo
y tr
ibuta el tipo marginal del contribuyente, entre el 19% y el 45%.
Por lo tanto, rescatar un fondo de pensiones de una sola vez puede
significar que la factura fiscal sea más alta que toda la rentabilidad
obtenida a lo largo de la vida del fondo.
Y
es que si un contribuyente
declara 25.000 euros anuales y tiene en el plan de pensiones un fondo de
80.000 euros que decide rescatar de golpe, su base imponible ascenderá
hasta los 105.000 euros en un año, en el que pasará de tributar un 16%
de tipo efectivo de IRPF a un 34%.
Rescatarlo de golpe, penaliza
Con estos datos, la opción de jubilarse y rescatar de golpe todo lo aportado al plan de pensiones es la menos aconsejable. Para atenuar el impacto fiscal, lo mejor es rescatarlo en forma de renta recibiendo cantidades periódicas o esporádicamente según le interese.
También se puede hacer una fórmula mixta parte en capital y parte en
renta. Esta fórmula es especialmente aconsejable para aquellos
contribuyentes que hubieran realizado aportaciones a un plan de
pensiones antes del 1 de enero de 2007, puesto que para ellos todavía
sigue vigente la ley anterior según la cual se aplica una reducción del 40%
a las cantidades rescatadas de un plan de pensiones en forma de
capital. De esta forma solo se paga el 60% de impuestos y no el 100%.
El año de la jubilación, no es el mejor para recuperar el ahorro
Para poder acceder a este trato fiscal excepcional, el
contribuyente que se haya jubilado en 2017 tiene que rescatar el plan de
pensiones o parte de él en forma de capital durante los tres años
posteriores a la jubilación o al motivo por el que lo rescata.
La premisa no es valadí. En el caso que el motivo del rescate sea la
jubilación, conviene darse un plazo y no rescatar el plan en mismo año
de esa contingencia. Puesto que ese año todavía habrá ingresado parte de
su sueldo y la cuantía a consignar en la declaración como rentas del
trabajo será más alta que en años venideros cuando como pensionista sus
ingresos por “rentas del trabajo” que así se considera también la
pensión serán seguro más bajos.
MADRID.- La dirección federal del PSOE tuvo claro que Ángel Gabilondo debía
presentar una moción de censura para derribar a Cristina Cifuentes casi
desde que estalló el escándalo del máster. Ya desde una semana antes del
Pleno en el que la presidenta de Madrid dio sus explicaciones, Pedro Sánchez estaba convencido de que el PSOE debía presentar la moción
con un doble objetivo: conseguir que Gabilondo se consolidara como
alternativa al PP frente a un Ciudadanos que sólo es "el recambio" de
los 'populares' y hacer que C's se retrate apoyando o 'salvando' al PP de
Madrid, aunque fuera cambiando a la presidenta, según El Mundo.
Sin embargo, ni Ángel Gabilondo ni el secretario general del PSOE de
Madrid, José Manuel Franco, lo veían tan claro en ese momento. Fuentes
socialistas explican que en las reuniones que mantuvieron Sánchez, la
vicesecretaria general, Adriana Lastra y el secretario de Organización
federal, José Luis Ábalos, con Gabilondo y Franco, los dirigentes madrileños siempre fueron los menos proclives a presentar la moción. De hecho, el ex ministro de Educación insistió en que los socialistas debían esperar a escuchar las explicaciones de Cifuentes
y luego tomar la decisión definitiva. Sánchez, sin embargo, pensaba que
el hecho de que la presidenta madrileña no pudiera demostrar que había
hecho el máster y su largo silencio inicial eran pruebas de que mentía,
como todos consideran que quedó demostrado después. Tras el Pleno de
la Asamblea de Madrid en el que Cifuentes no aportó ni una prueba de que
decía la verdad, según los socialistas, nadie tuvo ya dudas: el PSOE no
tenía otra alternativa que presentar la moción de censura. De hecho, en
aquel Pleno Gabilondo fue muy poco duro contra Cifuentes porque "su objetivo no era derribar a la presidenta",
explican desde el PSOE madrileño, sino "darle la oportunidad de que se
explicara". Los socialistas, tras aquella comparecencia y la rueda de
prensa posterior de Cifuentes, dieron por probada la mentira y
decidieron de forma unánime registrar la moción.
Pedro Sánchez cree que el 'caso Cifuentes' está permitiendo visualizar que el PSOE es "la alternativa" al PP,
mientras Ciudadanos sólo puede jugar a salvar al partido de Mariano
Rajoy al sustituir a la presidenta regional por otro dirigente
'popular'. En Ferraz consideran que después de los casos de corrupción
protagonizados por Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco
Granados o, ahora, por Cifuentes, Madrid no necesita a otro presidente
regional del mismo PP, sino un cambio total con la investidura de un
candidato como Gabilondo.
MADRID.- El hangar aeronáutico del campus de Fuenlabrada (Madrid) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
se ha hecho famoso en los últimos meses entre la comunidad académica,
pero no por ser la única instalación de este tipo en campus español,
sino por la forma en la que el hoy rector, Javier Ramos, lo ha
construido y cedido a intereses privados, sin pasar por concurso público
ni por el Consejo de Gobierno de la universidad, según revela hoy El País.
La historia empieza con un convenio de colaboración por 25 años firmado en 2015 por el entonces rector, Fernando Suárez, con European Airline Center SL., aunque el verdadero impulsor del hangar es
Ramos. Según este acuerdo la empresa puede ofertar allí centenares de
cursos de formación profesional, de pilotaje, mecánica o de tripulante
de cabina. La universidad pone el terreno, ha costeado el millón
de euros que ha costado el hangar, paga las facturas y, supuestamente, a
cambio sus alumnos de Aeronáutica hacen prácticas allí. Su presencia,
sin embargo, es anecdótica.
La compañía, por su parte, dice abonar el 10% de sus títulos
propios a la URJC, un porcentaje en entredicho por varias fuentes,
porque no aparece en el convenio y esta formación es una parte muy
pequeña del negocio. Hoy son sus alumnos de FP, los estudiantes
de vuelo o los aficionados a los drones los que ocupan el hangar y tres
aulas, algo que no ven con buenos ojos distintas fuentes universitarias,
que incluso adelantan que van a llevar el caso a la Fiscalía.
Tres profesores de la URJC, descontentos con el devenir del hangar, han
abandonado la comisión académica del Instituto EIATA, del campus, que
debe velar por la gestión de este espacio, según ha podido saber El País.
La URJC pone el nombre, pero el dinero que abonen los
soldados de su bolsillo irá a las arcas de Aviation Group, la marca
comercial que agrupa a las tres compañías que operan ahora en el hangar.
Ramos, que a preguntas de El País trata de desvincularse del proyecto,
asegura no recordar la firma de ese convenio con Arturo Romaní,
subsecretario de Defensa, que es el que aparece en el acuerdo. Afirma
que rubrica "miles de convenios".
“El rector actual [dice en referencia a sí mismo] tuvo un papel activo
en un instituto aeronáutico, pero si alguien no cumplió la ley fue otro
[Suárez]”, se defiende el rector Javier Ramos. “Yo no firmé”, alega.
Pese al distanciamiento de Ramos, lo cierto es que el hangar era su
proyecto desde hace una década; lo gestó como director de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, tal y como ha
reconocido en público en más de una ocasión. Siendo director de la
escuela ha participado activamente en la promoción de los cursos
privados.
Fuentes académicas apuntan a que el acuerdo con
Aviation Group es directamente ilegal, porque se trata de una cesión de
un espacio público que debería haberse sacado a concurso público, y no
en forma de convenio de colaboración con una empresa concreta sin que
otras pudieran competir. Y sostienen que la contraparte tendría que
pagar un canon por uso del espacio de al menos un 6% según la ley de
contratos.
Incluso antes de este convenio, la universidad cerró en 2015 un
acuerdo con el Centro de Formación de Instaladores y Mantenedores, en la
que Castaño era apoderado y matriz del negocio actual, que había entrado en concurso de acreedores semanas antes.
A preguntas de El País, el responsable de
Aviation Group, Francisco Castaño, aseguró que abonan a la universidad
el 10% del máster en Ingeniería de Diseño y Fabricación Aeronáutica, que
ofertan con profesores de la URJC fuera de su horario laboral (cobran
un extra) y con profesionales de las principales empresas aeronáuticas.
Sin embargo, del resto de su catálogo de títulos –los grados de FP, los
cursos de formación continua a Iberia Express o Norwegian, las
certificaciones profesionales o los campamentos tecnológicos- Castaño
dijo desconocer si se paga algo a la universidad. También Ramos dice no
saberlo.
A estas fuentes consultadas por El Paísles
sorprende también que el acuerdo dure 25 años sin que Aviation haga
ningún desembolso, pues el equipamiento sigue siendo suyo. “Por ejemplo,
una empresa que se queda con la concesión de una residencia
universitaria por 30 años, invierte 10 millones en su construcción y
después puede perderla”, explica un profesor. Ramos asegura no saber a
quién pertenece el material.
Ante las dudas sobre el convenio, el rector no
enseñó a El País el informe jurídico previo a la firma sino uno que
encargó el viernes tras unas primeras informaciones publicadas por El
Confidencial.
En el texto, que no va firmado, se sostiene que “queda
clara la justificación del convenio” porque su finalidad es
“rentabilizar las inversiones” de la URJC y las empresas.
Pese a que la justificación de su construcción son los alumnos de grado,
estos son minoría. “Las asignaturas que he tenido hasta ahora no han
requerido que pise el hangar. Que yo sepa no ha ido ninguno de mis
compañeros. Creo que la semana pasada sí hubo una práctica de navegación
aérea”, dice un estudiante de la URJC en cuarto de carrera.
Otro chico, que está empezando, entre risas, agrega: “No conozco a
nadie que haya estado”. Ramos argumenta que no hay universitarios porque
los profesores no han “cambiado la inercia y no han actualizado su guía
de prácticas” pues quizás les resulta más “cómodo” continuar con unas
prácticas simuladas en el ordenador, que en un aparato real.
Según distintas fuentes, la construcción del hangar ha sido uno de
los motivos del cese de María Teresa Sánchez Magdaleno, gerente general
desde 2013, que se negaba a este gasto que consideraba un dispendio.
Según su acta de creación, el Instituto EIATA de la URJC debe velar
porque las empresas que trabajan en el hangar cumplan las cláusulas del
acuerdo, pero lo cierto es que la parte pública y la privada se
confunden. La página web de esta institución, en la que figuraban los
nombres de los representantes de la universidad, la industria y el
Ministerio de Defensa que colaboran con él, dejó de estar operativa el
jueves pasado. Cuando ahora se accede a ella se lee “en construcción”.
El miércoles pasado, fecha en la que la consultó El País, derivaba a la extinta EATC. El acrónimo de esta empresa coincide con el del Mando de Transporte Aéreo Europeo (en inglés),
lo que llevaba a la confusión. Y figuraba entonces como director del
EIATA aún el rector Ramos, el mismo que ve ahora como abandonan su gran
proyecto tres de sus profesores.
MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid ha logrado vetar a las grandes
eléctricas en el megaconcurso municipal de suministro de luz, el mayor
de España con un presupuesto de 82,6 millones de euros.
Tal y como
avanza El Confidencial,
el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid ha rechazado los recursos interpuestos por Gas Natural, Iberdrola
y Endesa contra los pliegos del contrato, que impiden licitar a estas
empresas al exigir al adjudicatario vender exclusivamente energía
renovable.
La decisión no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Pero supone una victoria del
ayuntamiento en su pugna frente a las eléctricas por este asunto y puede
marcar el camino a otras administraciones públicas en sus licitaciones de suministro eléctrico.
Las tres mayores eléctricas del mercado español
habían pedido anular el pliego del ayuntamiento madrileño por entender
que su redacción les impedía, según la resolución del tribunal,
"concurrir en igualdad de condiciones a la licitación", al incluir entre
los criterios de "solvencia técnica" una cláusula que exige contar con
el etiquetado A que expide la Comisión Nacional de Mercados y
Competencia (CNMC). Este certificado reconoce que la comercializadora en
cuestión solo vendió energía verde en el último año vencido.
El tribunal, por unanimidad, entiende que la exigencia de esa
certificación "se ajusta" a la Ley de Contratos públicos, rechaza los
tres recursos y levanta la suspensión del procedimiento que había
decretado el pasado 4 de abril.
La cláusula a la que
ha dado luz verde en la práctica impide concurrir al concurso a las
grandes eléctricas, porque en su mix de generación estas empresas tienen
fuentes como el carbón, el gas o la nuclear, que emiten CO2 o generan
residuos radiactivos.
Tal y como recoge la
resolución, el propio Ayuntamiento argumentaba que, en virtud de esos
certificados de la CNMC, existen 76 comercializadoras que cumplen con
ese requisito, lo que supone el 64%, por lo que el criterio no
plantearía restricciones a la libre competencia. Entre las empresas con
la categoría A que exige el ayuntamiento está una empresa del Ibex
(Acciona), y la comercializadora eléctrica de la petrolera Cepsa.
Además, también existen antecedentes de contratos con idéntico objeto
de otras administraciones públicas (en Castilla y León), que han
utilizado la misma cláusula como solvencia técnica y que han salido
adelante pese a que también han sido objeto de recurso.
El Ayuntamiento ya intentó incluir el año pasado este criterio al
incluir el certificado de la CNMC en la valoración de la oferta
(otorgaba hasta cinco puntos). Gas Natural recurrió esa "diabólica" cláusula y logró tumbar los pliegos,
que el consistorio, cuya área económica estaba entonces dirigida por
Carlos Sánchez Mato, tuvo que rehacer. "Ha sido duro, pero ha merecido
la pena", indicaba este lunes el exconcejal en su cuenta de Twitter.
MADRID.- Por segundo año consecutivo, el gasto público en enseñanza concertada marcó un récord. En 2016, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación,
las Administraciones educativas gastaron en concierto 6.055 millones de
euros, casi 140 más que en 2015 y la cifra más alta de la serie
histórica que arranca en 1992, según la Cadena SER.
Con
respecto a 2009, el año en el que ha habido más inversión educativa en
España, el gasto en concertada ha subido en casi 165 millones de euros.
Si hacemos la comparación con 2012 - cuando el Partido Popular llegó al
Gobierno - ha aumentado en 346, 6 millones (un 6,11%).
La enseñanza pública, sin embargo, aún sigue por debajo de los niveles precrisis: en 2016 se
alcanzaron los 41.500 millones, 6.400 millones menos que en 2009. Con
respecto a 2012 la inversión en educación pública supera ya en 753
millones la que había entonces aunque sigue muy lejos de sus mejores
años.
A las cifras de inversión hay que añadir que el número de alumnos entre 2009 y 2016 ha aumentado en la enseñanza pública en 493.449 (un 9,85%). En los centros privados - que incluye concertados y no concertados - ha subido en 176. 165 (7,2%).
El sociólogo de la Educación, José Saturnino Martínez, ve en estas cifras el reflejo de una apuesta ideológica especialmente en algunas comunidades autónomas: "Está aumentando la concertada en comunidades como Madrid que están dando más facilidades para que se abran plazas en la concertada y hay una visión de la pública más como subsidiaria de la iniciativa privada en educación".
Madrid y Murcia son las comunidades donde más ha aumentado el gasto en conciertos
en los últimos siete años, aunque en 2016 la subida fue generalizada.
Solo bajó a la inversión en este tipo de centros en Castilla-La Mancha
respecto al año anterior.
MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid podrá cambiar el nombre de 52 calles de la capital con reminiscencias franquistas que había propuesto el Comisionado de la Memoria Histórica del consistorio y que un juez había suspendido cautelarmente.
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado la suspensión cautelar del
cambio de nombre de las calles de reminiscencia franquista que el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid había
decretado en un auto del 24 de octubre de 2017.
En la sentencia, fechada el 18 de abril el TSJM estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, desestima el interpuesto por la Fundación Francisco Franco, revoca el citado auto y acuerda "no haber lugar" a la suspensión.
Contra
la sentencia cabe recurso de casación que deberá prepararse ante la
sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM en el plazo de 30 días
contados desde el siguiente al de su notificación.
El
auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de de
Madrid ahora revocado acordaba la "suspensión del acuerdo de 4 de mayo
de 2017 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por la que se
cambia la denominación de determinadas calles, plazas y travesías de la
ciudad de Madrid en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 52/2017, de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura".
Se condicionaba dicha medida de suspensión a la prestación de garantía suficiente en derecho para cubrir la cantidad de 60.000 euros en la que se fijó la caución para operar la suspensión.
En
los fundamentos de derecho se indica que en otra sentencia de la misma
sala con fecha del 6 de febrero de 2018 y sobre un asunto similar se
argumentaba que "en cuanto a los perjuicios que supone el cambio de la
denominación, los actores no pueden hacer valer los perjuicios de
terceros, los residentes en dicha calle, ya que ninguno reside en ella".
Por tanto, añade, "no cabe alegar perjuicios ajenos, y por otra parte los perjuicios que pudieran producirse a los actores no son irreparables,
pues la reparación podría fácilmente revertirse con la restauración de
la denominación de la calle y en su caso con la indemnización
correspondiente".
Además,
estima que "los perjuicios que representan los apelantes, de tipo moral,
por otra parte no son irreparables pues los mismos desaparecerían si se
estima el recurso contencioso-administrativo, se anula la resolución
impugnada y se repone el nombre de la calle, junto con, en su caso la
indemnización económica que eventualmente pudiera establecerse".
"Esto
es, en supuestos similares al que aquí nos ocupa nos hemos inclinado
por desestimar la medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado al
no advertirse la necesaria e imprescindible concurrencia de 'periculum
in mora'", agrega.
En la citada
sentencia y en otras posteriores, la sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJM sostiene que "las cuestiones que los
recurrentes plantean (...) deberán ser enjuiciadas en un proceso en el que el conocimiento sea pleno y no limitado".
MADRID.- Cuando Cristina Cifuentes anunció que renunciaba a su máster fraudulento ("no
lo quiero", dijo tras llevar semanas agarrándose a ese título), la
presidenta de Madrid subrayó que no pensaba dejar su puesto. "Tengo el apoyo de mi partido",
explicó el martes pasado.
De momento es así, al menos de puertas hacia
fuera, con los dirigentes conservadores defendiendo su comportamiento
con más o menos vehemencia. Pero lo que no tiene Cifuentes es el apoyo
de los votantes del PP. El 64% de los electores que respaldaron a los populares en las últimas elecciones generales consideran que debería dimitir, según el Barómetro Político de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP)
elaborado para El Periódico.
El porcentaje total de consultados que
quiere que la presidenta de Madrid deje de serlo se eleva al 83,1%.
La encuesta, llevada a cabo la semana pasada a través de 1.000 entrevistas, pone de manifiesto las terribles consecuencias que para el PP está teniendo el escándalo que rodea a Cifuentes, quien obtuvo el máster de Derecho Público Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos a través de un proceso repleto de irregularidades: sus notas fueron cambiadas dos años después de haber acabado ese curso, sus compañeros no la recuerdan ni en clase ni en los exámenes, el trabajo final de máster no aparece y las actas que certifican que ese documento fue entregado han demostrado ser falsas.
El 77,4% de los españoles tachan de "mala" (el 25%) o "muy mala" (el 52,4%) la actuación del PP en
este caso, basada en negar la responsabilidad de la dirigente
conservadora, endosársela a la universidad y sembrar por el camino dudas
sobre los currículums de dirigentes de otras fuerzas políticas.
Aquí los votantes populares también censuran al partido, aunque de forma
menos acusada. El 51,4% de este colectivo valora negativamente al PP en
este escándalo, investigado por la fiscalía por un posible delito de falsedad en documento público.
Los madrileños, en contra
Los madrileños, que dentro de poco más de un año votarán en las elecciones autonómicas, se encuentran entre quienes ven con peores ojos la actitud de los conservadores. El 83% de los habitantes de esta comunidad censuran al PP y el 80,7% tienen claro que Cifuentes debería marcharse.
Si la dirigente popular no de ese paso, Ciudadanos ya ha anunciado que dejará de sostener a la presidenta autonómica y apoyará la moción de censura presentada por el PSOE, que propone a Ángel Gabilondo como candidato, aún está pendiente de fecha (deberá debatirse como máximo el 7 de mayo) y cuenta con los votos de Podemos.
La iniciativa de los socialistas, que necesita para salir adelante
a uno solo de los 17 diputados de la formación naranja en la asamblea
autonómica, tiene un enorme respaldo social. El 68,8%
de los sondeados creen que Ciudadanos debería apoyarla.
En un dato muy
revelador, el 73% de los votantes del partido liderado por Albert Rivera abrazan
esta tesis. Incluso el 35,5% del electorado del PP es partidario de que
la moción de censura prospere, un porcentaje que se eleva hasta el 77%
en el caso del PSOE y al 96,6% en el de Unidos Podemos, mostrando que los simpatizantes morados se encuentran ante aquí más movilizados que los socialistas.
La responsabilidad
Cifuentes renunció a su máster a través de una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, en la que argumentó que ella no tuvo nada que ver en la manera de acceder a este título académico, descargando toda la culpa en
la propia universidad, muy vinculada al PP. "La obtención de dicho
máster se vio afectada, al parecer, por diversas irregularidades
administrativas totalmente ajenas a mí", escribió la todavía presidenta
de Madrid.
Los encuestados tampoco comparten esta visión. Ante la pregunta de
quién tiene más responsabilidad en este escándalo, hay
distintas opiniones. El 32,7% de los españoles consideran que Cifuentes,
el 37,7% que la universidad y el 24,6% que los dos por igual.
Los
votantes del PP son quienes más imputan al centro educativo la mayor
parte de la culpa: un 49,1% de este colectivo así lo cree, pero el 22,9%
señala como principal responsable a la presidente autonómica, que hasta
que estalló este caso formaba parte del reducido grupo de favoritos
para sustituir, llegado el caso, a Mariano Rajoy.
Ficha técnica de la encuesta de GESOP
Técnica: entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. Universo: población de 18 años y más en España. Número de entrevistas: 1.000. Muestreo: Estratificado por autonomía y tamaño de municipio con selección aleatoria de hogares y cuotas cruzadas de sexo y edad. Error de la muestra: +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5. Trabajo de campo: del 12 al 18 de abril.
MADRID.- La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha insistido este lunes en que no tiene intención de dimitir por el caso de su máster universitario
y que seguirá acudiendo a los actos institucionales, como el del 2 de
mayo, día de la Comunidad de Madrid, el tiempo que siga en el cargo.
Cifuentes ha asistido a la ceremonia de entrega del Premio Cervantes al escritor nicaragüense Sergio Ramírez en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde ha estado junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien no coincidía en público desde hace dos semanas.
Los
dos dirigentes políticos se han encontrado a la entrada de la
Universidad y se han dado dos besos en presencia del ministro de
Educación y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo.
Rajoy y Cifuentes se saludaron con la cordialidad habitual
en la citada convención de Sevilla, en la que el PP le brindó una
cerrada ovación a la dirigente madrileña cuando el caso de su máster en
la Rey Juan Carlos arrastraba ya una gran polémica.
Desde
entonces, el presidente ha dado siempre de alguna forma un respaldo a
Cifuentes en sus comparecencias públicas y tras surgir otros casos de
currículos de políticos falseados, ha mantenido el argumento de que "son peores" algunas de esas historias.
Al
término del acto, que han presidido los Reyes, ha tenido lugar el
tradicional cóctel en el que Cifuentes ha mantenido una conversación
informal con los periodistas.
Después
de que el pasado día 17 asegurara que renuncia al máster de la
Universidad Rey Juan Carlos, la presidenta madrileña ha insistido en que
el asunto está zanjado.
"De este tema, está todo dicho.
El caso está judicializado y ahora tienen que actuar los tribunales",
ha asegurado Cifuentes. Ha anunciado que su intención es acudir al acto
institucional del 2 de mayo en la sede del Gobierno autonómico y a todas
las citas en las que tenga que representar a la Comunidad Madrid.
"Estaré lo que tenga que estar, varios días, una semana, cinco semanas, cuatro años.
Lo que no voy a hacer es dejar de ir a los actos institucionales como
presidenta de la Comunidad de Madrid", ha añadido Cifuentes para hacer
hincapié en que no hará dejación de funciones.
Sobre
la moción de censura presentada por el PSOE y que se tiene que debatir
antes del 7 de mayo, Cifuentes ha apuntado que se trata de "un mecanismo legítimo" que tiene la oposición.
En
el plano personal, ha confesado que en las últimas semanas ha sentido
"persecución" por parte de algunos medios de comunicación y que se han
publicado informaciones que "no son verdad".
Cifuentes
no ha querido desvelar ningún detalle de la conversación que ha
mantenido con Rajoy, con quien no aparecía en público desde la
convención que el PP celebró en Sevilla los pasados días 6 y 7 de abril.
Mientras
tanto van pasando los días y se acercan fechas clave en este asunto. La
más importante, el 7 de mayo, cuando termina el plazo para que se
celebre en la Asamblea de Madrid el pleno de debate de la moción de
censura contra Cifuentes, pleno que de momento no está fijado.
Además, el 2 de mayo se celebrarán el Día de la Comunidad de Madrid
con los habituales festejos en la sede del Gobierno autonómico y salvo
novedades en la semana que queda, los presidirá Cristina Cifuentes. Su
continuidad o no al frente del Ejecutivo regional se va a resolver por
tanto en quince días.
La tercera pata del triunvirato del 155,
Pedro Sánchez, anda de gira por Alemania para difundir el discurso
represivo, falaz, de la derecha española (PP y C's) sobre Cataluña,
probablemente por encargo directo de M. Rajoy (a) Sobresueldos,
aprovechando que habla a sus congéneres socialistas alemanes.
Hace falta tener morro. Lo siento; no hay otra expresión: morro,
caradura, desfachatez. Este payo debe pensar que los alemanes son
imbéciles, como los que le aplauden sus embustes. ¿Diálogo con los
catalanes? Jamás, como todo el mundo sabe. A él lo echaron precisamente
por haber amagado algo parecido.
Recuperado su puesto, demostró haber
aprendido la lección, se sometió a los arribaespañistas de su partido,
los Rubalcabas, González, Bono, etc y se opuso y se opone siempre con
uñas y dientes a todo diálogo con los independentistas. No quiere ni sus
votos, aunque sean sin condiciones. No está dispuesto a hablar con
ellos en absoluto. Lo ha dicho, redicho y requetedicho porque piensa que
eso le dará votos en España.
¿Por
qué, pues, miente como un bellaco en Alemania, aparte de porque es un
oportunista y un embustero? Porque comparte el orden de prioridades de
los otros políticos del cuadrilátero hispánico de la desvergüenza
política, M. Rajoy, Rivera e Iglesias. Primero es España, la nación
española de la derecha nacional-católica que todos comparten; luego sus
opciones políticas particulares.
Y
hay más en el programa de propaganda y mentiras que lleva este hombre
por Europa. También afirma con idéntico descaro que "España, es una
"democracia sólida", donde impera el Estado de derecho y se respeta "la
pluralidad".
La doctrina oficial de los intelectualess españoles y su
panfleto de cabecera, El País: España, la democracia homologable
en Europa y blablabla. Un país en estado de excepción con el 155, en
donde hay presos, exiliados y embargados políticos, un país en el que se
apalea a la gente por querer votar, se la encarcela por rapear y se la
despoja de sus prendas de vestir arbitrariamente; un país gobernado por
ladrones, con un partido de facinerosos, unos tribunales al servicio del
gobierno y unos medios que son puros aparatos de propaganda, es un
"Estado de derecho a nivel europeo", según la manga de ideólogos al
servicio de este régimen neofranquista al que apoya la oposición en
pleno, por activa o por pasiva, cuando se trata de Cataluña.
Añade
Sánchez de colofón que la situación sería muy distinta si gobernara el
PSOE, como queriendo marcar unas distancias inexistentes con el PP.
Porque es otra mentira. En primer lugar, estamos así precisamente porque
el PSOE de Zapatero comenzó una reforma del Estatuto en 2006 que luego
no tuvo la inteligencia ni el valor ni la honestidad de mantener.
En
segundo porque el PSOE carece de todo proyecto catalán (ya ni menciona
las bobadas federales o de reforma de la Constitución con que amenizaba
las fiestas del partido) y prefiere apoyar el del PP y, sobre todo, su
modo de resolverlo a palos.
En tercero porque un partido que tiene en su
historia los GAL es posible que hubiera hecho algo distinto que el PP y
probablemente peor y más sucio.
Quizá
no han encontrado a otro más vacuo y vanidoso que Sánchez para
encargarle estas mentiras en el extranjero. Si España fuera un Estado de
derecho no sería necesario asegurarlo en todos los foros. Es
inimaginable que un político alemán o francés o inglés o del resto de
los homologables vaya por ahí tratando de convencer a otros de que su país es un Estado de derecho. ¿No?
Frente al nuevo propagandista de la fe, Chomsky y cien académicos internacionales más,
reclaman la libertad de los presos políticos y, por ello mismo,
denuncian la falta de garantías de Estado democrático de derecho en
España. Por supuesto, la prensa de este país "libre" difunde
profusamente las mentiras de Sánchez, mientras que oculta la exigencia
de Chomsky y sus colegas.
¿A quién piensan los lectores que hará más caso la opinión pública internacional, a Sánchez o a Chomsky?
Hay
que poner en marcha cuanto antes una Comisión Chomsky que bien puede
llamarse "Comisión de la verdad sobre Catalunya" o "Comisión de apoyo a
la democracia catalana".
La necesitamos para contrarrestar las falacias y los engaños de estos siervos de la derecha muy y mucho española.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED