Los agricultores y pescadores españoles piden detener la ley europea de Restauración de la Naturaleza

 

MADRID.- Los agricultores y pescadores europeos han pedido al Parlamento Europeo que rechace la última locura que sale de Bruselas: la ley de Restauración de la Naturaleza. Esta norma obliga a los Estados a reparar todos los ecosistemas antes del año 2050 y reducir a la mitad el uso de plaguicidas antes del 2030. El mundo rural denuncia que se trata de una amenaza directa contra los cultivos y los caladeros por parte de un plan "irrealista que atenta contra la viabilidad del sector primario".

La Comisión Europea propuso el año pasado una ley de Restauración de la Naturaleza, introduciendo nuevos objetivos y obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros, que también influyen en los sectores de producción del sector primario. El objetivo según la UE es "restaurar los humedales, ríos, bosques, pastizales, ecosistemas marinos y entornos urbanos de la UE y las especies que albergan".

Según un comunicado publicado por Asaja, "la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto que no representa con precisión el impacto real en los productores primarios en Europa, sino que se centró en los beneficios que tendrá para la sociedad". O lo que es lo mismo, propone cambios drásticos en el campo y en el mar sin haber echado cuentas de las pérdidas económicas que podría suponer.

Además, señala Asaja, la Comisión "espera que todas las restauraciones procedan de los fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE, cuando ambos presupuestos ya están sobrecargados; y se niega a proponer un Fondo de Restauración concreto en beneficio de todos los actores de esta transición".

Las comisiones de pesca y agricultura rechazan la ley

En un movimiento sin precedentes, las Comisiones de Agricultura (AGRI) y Pesca (PECH) del Parlamento Europeo rechazaron la propuesta. Todos los miembros del Parlamento Europeo que apoyaron el rechazo dijeron sí a la restauración de la naturaleza, pero no a una legislación mal pensada, "poco realista e inaplicable que pone en peligro los medios de vida y la producción de alimentos" de los agricultores y pescadores en la UE, según recoge www.libremercado.com.

Aún así, la decisión no depende de ellos. Será la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo la encargada de tomar la decisión final este jueves 15 de junio. Los agricultores y pescadores piden desesperadamente que se les escuche y se les respete y también exigen a la Comisión que reanude el proceso desde cero porque estos sectores se están enfrentando "a políticas medioambientales radicales de la UE que están afectando profundamente a la producción de alimentos y a la soberanía alimentaria de la UE."

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Desde el sector de la pesca, Javier Garat, presidente de Europêche, comentó: "La Comisión ha creado un debate polarizado en torno a la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE. Del mismo modo, las ONG han politizado y simplificado el debate enumerando a los eurodiputados a favor o en contra de la naturaleza. 

Pero el problema es que hemos llegado a un punto en el que la protección es sinónimo de exclusión. Debemos intentar compatibilizar la protección del medio ambiente con la actividad humana y, en particular, con la tan necesaria producción de alimentos. Ya estamos importando el 70% de los productos del mar que consumimos en Europa. La nueva Ley sin duda contribuirá a aumentar la brecha de seguridad alimentaria".

¿Qué propone la ley de Restauración de la Naturaleza?

En unos términos muy poco concretos, la propia Comisión Europea asegura que la ley "desarrollará las experiencias existentes en materia de restauración de la naturaleza, como la renaturalización, la replantación de árboles, la ecologización de las ciudades y las infraestructuras o la eliminación de la contaminación para permitir la recuperación de la naturaleza".

Con respecto al impacto económico, las autoridades europeas señalan que "la restauración no excluye la actividad económica. La restauración consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades".

Los objetivos propuestos incluyen que haya más poblaciones de polinizadores (reduciendo a la mitad el uso de plaguicidas para 2030), que no haya ninguna pérdida neta de espacios verdes urbanos y que haya una cubierta mínima de árboles del 10% en todas las ciudades para 2050, así como "espacios verdes integrados en edificios".

Con respecto a las tierras de cultivo, no especifica nada en absoluto sobre la producción. La prioridad es el "aumento global de la biodiversidad y tendencia positiva para las mariposas de pradera, las aves de medios agrarios, el carbono orgánico en los suelos minerales de las tierras cultivadas y los elementos paisajísticos de gran diversidad en las tierras agrícolas".

También insiste en la destrucción de presas y embalses a través de la "eliminación de las barreras fluviales para que al menos 25.000 km de ríos pasen a ser ríos de caudal libre de aquí a 2030". Con respecto al mar, el objetivo es restaurar "las praderas marinas o los fondos sedimentarios, y restauración de los hábitats de especies marinas emblemáticas, como delfines y marsopas, tiburones y aves marinas".

Según el sector rural, el "turbulento" debate sobre la nueva ley ambiental dejó una cosa clara: "Para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, la UE debe dar una respuesta directa a la pregunta fundamental: ¿Cuántos alimentos debe producir o importar la UE y es prudente confiar nuestra seguridad alimentaria a terceros países?"

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Más de 200 exparlamentarios y viudas de diputados y senadores siguen cobrando las pensiones que el Congreso eliminó en 2011

 

MADRID.- En 2011 las Cortes Generales decidieron eliminar las pensiones vitalicias a las que tenían derecho diputados y senadores una vez llegaba su jubilación. Pero la medida no tuvo efecto retroactivo. Así que quienes ya la recibían, podían seguir cobrándola. En la actualidad, 222 personas se siguen beneficiando de estas pensiones: 159 exparlamentarios y 63 viudas de exdiputados o exsenadores, tal como recoge Público.

Ese desembolso supone más de 200.000 euros al mes de las arcas públicas. Este mes de mayo ha sido exactamente de 219.012,83 euros. El gasto, que depende de las Cortes, acaba suponiendo más de 2 millones y medio de euros anuales. Los 222 beneficiarios de estas pensiones han recibido este mes de mayo de media casi mil euros: 986,54.

 Actualmente los parlamentarios que abandonan su cargo solo tienen derecho a una indemnización tras el cese. Los que cumplen los requisitos pueden pedir esa prestación, que es una especie de 'paro' que pueden cobrar como máximo durante dos años. 

Una vez se reincorporan a otro trabajo y empiezan a percibir otro sueldo, dejan de recibirla. Actualmente la cobran Alberto Casero y Juan Bernardo Fuentes —más conocido como 'el Tito Berni'— después de que dimitieran como diputados. 

Pero antes los diputados sí tenían derecho a prestaciones vitalicias una vez llegara su jubilación o prejubilación. Existían dos tipos: las "pensiones parlamentarias" y la "complementación de ingresos".

El primer tipo se otorgaba a los diputados que no alcanzaban la pensión máxima de aquel entonces y para cobrarla había que haber estado al menos 11 años en las cámaras. En ese caso, el Congreso les daba la diferencia entre su pensión y la máxima. 

Sin embargo, si los diputados o senadores habían permanecido en el cargo entre siete y once años, recibían el 80% o el 90% de la diferencia entre la pensión que estuvieran cobrando y la máxima.

Esta pensión actualmente la perciben 120 exparlamentarios. En mayo cobraron un promedio de 1.080,14 euros. Esto sucede porque quien antes de su eliminación en 2011 tenía derecho a recibirla, lo mantuvo.

La otra tipología, la complementación de ingresos, se creó para que los parlamentarios que no habían alcanzado los siete años en el cargo no se quedaran sin prestación. Estos exdiputados o exsenadores podían pedir una compensación, pero esta no era automática como la otra ni se fijaba en una cantidad concreta por un baremo oficial. 

Los exparlamentarios debían pedirla a la Mesa del Congreso o del Senado y era este órgano, formado por diputados o senadores en activo, el que decidía si se le otorgaba la pensión y, en caso afirmativo, establecía la cuantía.

También fue eliminada en 2011, pero este tipo de pensión en la actualidad la cobran 39 exparlamentarios. No sólo ellos. También tenían derecho a pedirla las parejas de exdiputados o exsenadores que enviudaban o sus hijos menores de 25 años. En mayo 63 viudas —todas mujeres— tuvieron algún ingreso de este tipo. En total: 102 personas reciben aún este tipo de pensión que se otorgaba de forma discrecional.

Los beneficiarios de estos complementos reciben de media 876,44 euros, algo menos que los que cobran la pensión. Aún así, hay diferencias. Las viudas perciben menos dinero que los exparlamentarios y exparlamentarias. 

En mayo la media para las viudas ha sido de 795,02 euros. Para exdiputados y exsenadores, de 1.007,96 euros, una cifra muy similar a la de los beneficiarios de la que el Congreso conoce como "pensión".

Pero las medias no dejan de ser eso: promedios. Hay quien recibe mucho y quien recibe poco. En el caso de las pensiones, además, hay un motivo claro: los exparlamentarios cobran la diferencia de lo que les falta para alcanzar la pensión máxima —o un porcentaje de esta diferencia—.

Actualmente las prestaciones más altas las tienen concedidas el exsenador y exdiputado por UCD y por el PP Jaime Ignacio Del Burgo Tajadura, el exdiputado del PSOE Pablo Castellano Cardalliaguet y la exdiputada de CiU Maria Mercè Pigem i Palmes. Ingresan al mes 3.568,61 euros.

Las prestaciones más bajas son las de Teresa Nieto González, viuda de un exparlamentario que recibe 18 euros al mes, Manuel Arjona Santana, exsenador del PSOE que recibe 35,67 euros, y Clara María Santoro Sánchez, viuda que recibe 54,72 euros.

El PSOE, el más beneficiado

Los exparlamentarios que más se benefician de estas prestaciones son los socialistas. 77 exdiputados y exsenadores del PSOE reciben actualmente una de estas pensiones de las Cortes. Detrás se sitúa el PP, con 52 beneficiarios. Algunos de ellos, antes habían pasado por la UCD. 20 exparlamentarios del partido de Adolfo Suárez —incluidos los que luego repitieron cargo por el PP o el PSOE— reciben actualmente esta prestación.

También hay beneficiarios de Convergència i Unió, el PNV, Unión del Pueblo Navarro, el BNG o Coalición Canaria. Por parte de Izquierda Unida solo la recibe Cristina Almeida. La también abogada y tertuliana fue diputada de Izquierda Unida y luego senadora designada por la Comunidad de Madrid, cuando ya se presentaba en las listas del PSOE.

Almeida no es la única de este grupo que ha tenido presencia mediática en los últimos años, aunque por una razón muy diferente. Antonio García-Pagán, exdiputado socialista que recibe casi mil euros al mes de pensión parlamentaria, fue protagonista de diversas informaciones por su aparición en los Papeles de Panamá, según explicó laSexta.

También están el exdiputado y exsenador del PP Jesús Merino Delgado, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León y se le condenó a tres años y siete meses de cárcel por delitos de blanqueo de capitales y falsedad continuada en el caso Gürtel. Recibe 674,75 euros de pensión parlamentaria.

El exdiputado socialista Ricardo García Damborenea también cobra mensualmente del Congreso. Recibe el complemento que deben aprobar las Mesas de forma discrecional, ya que por poco más de dos meses no alcanzaba el mínimo de siete años en el cargo que se exige para obtener la pensión de forma automática.

El Congreso le ingresa 2.056,48 euros al mes. García Damborenea fue procesado en el caso de los GAL. Fue condenado y estuvo en la cárcel por el secuestro de Segundo Marey. No cumplió toda la condena al ser indultado por el Gobierno de Aznar. Unidas Podemos pidió el año pasado que se le retirara la pensión, pero actualmente la sigue cobrando.

Un sondeo revela que la unión en Sumar evitaría una mayoría absoluta de PP y Vox

 

MADRID.- Una encuesta de 40Db. para la cadena Ser y El País ofrece escenarios de gobernabilidad tras el acuerdo de la izquierda transformadora en la confluencia Sumar. Según este sondeo, arrebatarían a PP y Vox la mayoría absoluta. De haber ido cada fuerza por su cuenta, el resultado sería diferente: la encuesta arroja que un acuerdo postelectoral de la derecha y la ultraderecha daría el Gobierno a Alberto Núñez Feijóo.

En este segundo supuesto, las cuentas serían sencillas, según El País: PP y Vox sumaría 177 diputados –la mayoría absoluta está en 176–. El PSOE obtendría 111, Sumar 22 y Podemos, tres. Sin embargo, cuando las izquierdas aúnan fuerzas, pueden doblegar a las derechas en algunas provincias y dejar a PP y Vox en 169 escaños (más uno de UPN: 170).

En este escenario, Pedro Sánchez, aun quedando segundo por detrás del PP (107 del PSOE por 131 del PP) podría gobernar si lograse más síes que noes en una segunda votación en el Congreso. Para ello, además de Sumar, que obtendría 41 escaños (19 más que si se dividiera el voto, según esta encuesta) y sería tercera fuerza política por delante de Vox, las fuerzas nacionalistas e independentistas vascas (PNV, EH Bildu) y catalanas (ERC, Junto) serían decisivas.

El sondeo revela, además, que el PSOE tiene un gran trabajo de movilización por delante que ejercer en estas cinco semanas antes del 23 de julio. De ahí la prioridad que tenían las izquierdas de llegar a un acuerdo que impulse cuanto antes los esfuerzos. Los socialistas necesitan ilusionar y reconectar con el electorado que impulsó a Sánchez en el 2019.

Así, el porcentaje de la población que afirma que votará seguro es del 58,5%. El 80,7% de los que hace cuatro años votaron a Vox manifiesta que volverá a hacerlo. Entre los escogieron al PP, la cifra es del 75,1%. Sin embargo, solo el 61% de los que votaron al PSOE en 2019 dice que irá a votar esta vez. 

 A la izquierda de los socialistas, hay una movilización similar a la de la derecha: el 77% de quienes eligieron a Más País y el 74,1% de los que optaron por Unidas Podemos aseguran que votarán el 23 de julio.

Entierro del gobierno de coalición

Otras encuestas entierran el Gobierno de coalición cuando queda algo más de un mes para que se celebren las elecciones generales del próximo 23 de julio. Las batallas internas de los partidos de izquierdas dan fuerza a la derecha y, principalmente, a Alberto Núñez Feijóo, que se presenta como un líder moderado capaz de agrupar el apoyo suficiente para llegar a La Moncloa, según las encuestas.

Sin embargo, en ningún sondeo el Partido Popular alcanzaría la mayoría absoluta necesaria de 176 escaños para poder gobernar, por lo que sería imprescindible que pactase para poder arrebatarle La Moncloa a Sánchez.

El PP lograría hasta 153 diputados, siendo el partido más votado

Según el último sondeo de GAD3 para el 'ABC', el Partido Popular no sólo ganaría las elecciones, sino que podría superar la barrera de los 150 escaños en el Congreso de los Diputados. El PP de Feijóo obtendría el 36,6% de los votos y se movería en una horquilla de entre los 150 y los 153 escaños.

De obtener estos resultados, supondría un aumento de más de 60 escaños respecto a lo obtenido en las últimas elecciones generales de 2019. Así, habría que retrotraerse hasta la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011 para encontrar un Partido Popular más competitivo en el plano electoral que el actual.

Vox perdería apoyos pero estaría en su mano el gobierno de Feijóo

El PP obtendría la mayoría absoluta mediante un acuerdo con Vox, partido que retrocede ante la fuerza de los populares. La formación de Santiago Abascal lograría un 12,4% de los votos y entre 33 y 35 escaños, por lo que perdería más de 17 diputados respecto a las cifras actuales.

A pesar de esto, el bloque de la derecha sería el claro ganador de las generales. La suma de Vox con el Partido Popular superaría los 185 escaños, por lo que si hay pacto entre ambas formaciones, y los de Abascal votan a favor, Feijóo tendría asegurada la investidura.

El PSOE caería hasta los 101-104 escaños

Por el otro lado, parece claro que sería imposible reeditar una coalición de izquierdas. El PSOE caería hasta los 101-104 escaños, frente a los 120 diputados que tiene actualmente. Con el 27,7% de los apoyos, y teniendo en cuenta que Sumar no conseguiría reeditar el resultado de 2019 de Unidas Podemos, un nuevo gobierno de Pedro Sánchez se presenta como una posibilidad bastante improbable.

Sumar no consigue el apoyo que obtuvo Podemos

Con los datos recabados por esta encuesta, Vox y Sumar se disputarían la tercera plaza. Yolanda Díaz ha logrado incluir bajo su marca a Podemos, Izquierda Unidas, Más Madrid, Compromís o los Comunes, entre otras formaciones políticas. Con esto, se ha evitado la dispersión electoral a la izquierda del PSOE.

Sumar obtendría entre 27 y 29 escaños con el 11,2% de voto. El resultado es todavía 1,6 puntos inferiores al resultado de Unidas Podemos en las anteriores generales, cuando bajo la candidatura de Pablo Iglesias obtuvieron 35 escaños, que ya entonces era su peor resultado.

Encuesta de Sociométrica

Un panorama similar presenta la encuesta de Sociométrica para el diario 'El Español'. Feijóo saldría victorioso, pero dependería de Vox para poder Gobernar. En concreto, el sondeo otorga al PP 134 escaños, con 32,1% de los votos. Es decir, se quedaría a 42 escaños de la mayoría absoluta.

Vox, imprescindible para Feijóo

El sondeo de Sociométrica otorga a la formación de Santiago Abascal más relevancia que el de GAD3. Según indican, Vox aglutinaría el 15% de la intención de voto, por lo que alcanzaría los 47 diputados en el Congreso, por lo que podría proporcionar al PP la mayoría necesaria.

El PSOE sufriría una fuerte caída

Por su parte, la legislatura habría pasado factura a Pedro Sánchez y el PSOE sufriría una fuerte caída hasta quedar por debajo de los 100 diputados. El actual partido del Gobierno conseguiría un 25,4% de los apoyos y 94 escaños en el Hemiciclo.

Los extranjeros compran dos de cada diez viviendas incluso en la región de Madrid

MADRID.- Los extranjeros siguen recuperando su espacio en el mercado residencial español. La demanda foránea para comprar vivienda creció un 30% en 2022 mientras que la nacional lo hizo un modesto 2,2%. Son datos de la tasadora Euroval, que cifran en un 18,7% las operaciones protagonizadas por extranjeros en el último año. El porcentaje es un 1,8% superior al de 2019, el año anterior a la pandemia del coronavirus. Por territorios, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña concentraron el 65% de todas las transacciones.

A pesar de la importante recuperación el porcentaje es todavía algo inferior al máximo registrado en 2015, cuando una de cada cinco viviendas (el 19,3%) fue adquirida por un foráneo. No obstante, si en lugar de porcentajes se utilizan cifras absolutas la realidad es diferente. El texto apunta que en 2015 se vendieron 77.530 viviendas a extranjeros, el pasado año la cifra llegó hasta las 133.221 unidades, casi el doble.

"La recuperación de la demanda extranjera se produce un momento delicado para el mercado residencial de nuestro país, en que ya se acusa cierta contracción como resultado de la incertidumbre internacional y el encarecimiento del acceso al crédito hipotecario por el alza de los tipos de interés", apuntan los expertos. 

Por territorios, destaca el comportamiento de la la Comunidad Valenciana, donde la compra de extranjeros repunta un 7,4%, mientras que en el archipiélago canario lo hizo un 6,2%. Un segundo grupo lo forman aquellas comunidades con crecimientos en el entorno de la media nacional (3,4%). Este es el caso de Andalucía (3,2%), Madrid (2,7%), Murcia (2,7%) y Cataluña (2,5).

El resto presentan incrementos más moderados, siempre por debajo del 2% e incluso apuntando a cierta estabilización. En ese grupo están Baleares (1,8%), Asturias (1,2%), Castilla-La Mancha (1%) o Castilla y León (0,9%). 

Los porcentajes absolutos reflejan, por su parte, el peso específico que la demanda extranjera tiene en algunas comunidades. Así, cuatro de cada diez viviendas que se vendieron en Baleares el pasado año fueron compradas por extranjeros. Una cantidad muy similar en Canarias (3,7) y la Comunidad Valenciana (3,6).

El número se reduce en las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid, pero aun así sigue siendo muy significativo: 1,9, 1,7 y 0,9, respectivamente. A nivel nacional, los extranjeros adquirieron casi dos casas (1,9) de cada diez que se vendieron en 2022.

De los datos anteriores, el análisis concluye la fuerte concentración de las compras extranjeras en nuestro país. De hecho, solamente tres comunidades concentran el 65% de estas. A la cabeza, y muy por delante de las demás, se sitúa la Comunidad Valenciana: el 30% de las casas compradas por los extranjeros en nuestro país se encuentran aquí. Otro 21% está en Andalucía y el 14% restante en Cataluña.

Canarias, con un 9% de compras extranjeras, ocupa la cuarta posición en este ranking, seguida de la Comunidad de Madrid (6%), Baleares (6%), Murcia (5%), Castilla-La Mancha (2%), Castilla y León (2%) y Aragón (1%). El resto comunidades (Galicia, País Vasco, Asturias, Navarra, Cantabria, La Rioja y Extremadura) suman en conjunto un 5%.

George Soros entrega el control de su imperio multimillonario a su hijo menor

 

NUEVA YORK.- El multimillonario George Soros ha entregado el control de su imperio, valorado en 25.000 millones de dólares (algo más de 23.000 millones de euros) a su hijo menor, Alexander Soros, de 37 años, según publica este lunes el estadounidense Wall Street Journal.

El nuevo líder del entramado filantrópico se declara en la entrevista con el diario económico como "más político" que su padre y aboga por aumentar el apoyo a través de sus asociaciones al derecho al voto y al aborto.

Las Fundaciones de Sociedad Abierta sin fines de lucro de Soros, (OSF, por sus siglas en inglés) destina alrededor de 1.500 millones de dólares (1.395 millones de euros) a grupos en defensa de los derechos humanos, así como a instituciones educativas y a campañas políticas vinculadas a reducir las tasas de encarcelamiento y los prejuicios raciales del sistema judicial estadounidense.

La decisión de George Soros, de 92 años, ha sorprendido en tanto que anteriormente manifestó que no quería que la fundación quedara en manos de alguno de sus hijos "por una cuestión de principios", ya que prefería que fuera manejada por "alguien más adecuado".

Alexander Soros fue designado el pasado diciembre como presidente de OSF por su junta y dirige igualmente el "súper PAC" que respalda esas campañas políticas; la inmensa mayoría de los 25.000 millones de dólares se destinarán a la fundación, mientras que se han reservado unos 125 millones (116 millones de euros) para el "súper PAC".

El pequeño de los hijos de George Soros es el único miembro de la familia en el comité de inversiones que analiza la gestión de fondos de Soros, la firma que supervisa el dinero para la fundación y la familia. 

Licenciado en Historia por la Universidad de Nueva York, se doctoró en 2018 en Historia y Filosofía por la Universidad de Berkeley. Con la decisión ya confirmada, Alexander —al que conocen como Alex—se adelanta así a su hermanastro Jonathan, de 52 años, un abogado con experiencia en finanzas y que, de acuerdo con fuentes cercanas al magnate, fue considerado el claro sucesor del imperio durante años hasta que un desencuentro entre padre e hijo, hace más de una década, le apartase de la carrera sucesoria.

Según The New York Times, se trata de otro ejemplo de planificación de la sucesión por parte de la vieja guardia de Wall Street.

Los analistas contemplan ahora la posibilidad de que Alex Soros herede también la función de pararrayos político de su padre. George Soros, de origen judío, ha sido objeto de innumerables críticas -antisemitas muchas veces- por sus actividades políticas durante años, incluidas las de Elon Musk, que recientemente lo comparó con Magneto, el villano de la serie X-Men. 

Alex Soros, sin embargo, ha mantenido hasta ahora una presencia pública más discreta, centrada en la política de EE UU. “Es improbable que Alex sea el hombre del saco que su padre fue para la derecha”, ha dicho sobre el heredero la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas inglesas).