viernes, 15 de febrero de 2013

El fiscal general Torres-Dulce pide "celeridad" para que se aclaren "cuanto antes" casos de corrupción política

MURCIA.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este viernes en Murcia que hay que unir eficacia y rapidez en procesos judiciales referidos a posibles tramas de corrupción política, como son los casos "Bárcenas" o "Gürtel" , que afectan a las instituciones democráticas, para depurar responsabilidades.


   "Es una exigencia absolutamente esencial", ha indicado el fiscal general, pues no resulta creíble que "un proceso, por muy complejo que sea, dure 14 años, y, además, en primera instancia", por ello pide "la máxima celeridad en estos procesos para intentar cerrarlos cuanto antes".

   A su juicio, "es intolerable" y "todo lo que signifique reforma legislativa, para permitir la celeridad en los procesos y autoexigencia para no complicar la tramitación de los procesos con una tramitación innecesaria, es tan importante como que se nos den los medios para poder trabajar".

   Preguntado por si la actual ley es demasiado "blanda" con los corruptos, el fiscal ha señalado que la norma debe "estar en el libro Guinness de los Récords" pues "no creo que haya ningún otro ordenamiento jurídico que desde 1995 haya tenido 25 reformas y algunas de importantísimo calado", incluso, en su opinión, "habría que adelgazar el Código Penal y algunos tipos penales", no es posible "que todo sea delito".

   Desde el punto de vista de Torres-Dulce, no hay crear más tipos ni incrementar las penas, lo que hay que lograr "es que se celebren los juicios con la mayor rapidez, que los culpables sean condenados y cumplan las sentencias" y "si es posible, devuelvan el dinero".

   Torres-Dulce, que ha asegurado que no ha recibido presiones y que el día que eso ocurra se irá a su casa, "indiscutiblemente, ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla de Anticorrupción, "sobrecargada de asuntos muy complejos, en este momento", y así lo ha pedido al Ministerio de Justicia.

   Finalmente, ha insistido en que "la justicia debe ser lo más accesible posible a todos los ciudadanos" y ha advertido que el uso abusivo de la justicia "acaba perjudicando la calidad e igualdad para todos en la Administración de Justicia".

   Por último, ha apuntado que las tasas judiciales "son necesarias y cumplen una función", están en casi todos los países, "pero no pueden ser desproporcionadas".

El IPC baja un 1,2% en enero

MADRID.-   El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la Comunidad de Madrid ha bajado un 1,2 por ciento el pasado enero respecto al mes anterior y ha situado su tasa interanual en el 2,4 por ciento, una décima por debajo de la registrada en diciembre de 2012, según ha hecho público este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Todas las comunidades autónomas han reducido su tasa anual salvo Asturias, que la mantiene en el 2,6 por ciento, y Navarra, que aumenta una décima su variación hasta el 2,8 por ciento. Entre los descensos destacan Comunidad Valenciana (2,5%), cuya tasa ha disminuido cinco décimas, e Islas Baleares (2,8%) y Cataluña (3,3%), ambas con tres décimas menos.
   En cuanto al IPC nacional, ha descendido un 1,3 por ciento el pasado enero respecto al mes anterior y ha situado su tasa interanual en el 2,7 por ciento, dos décimas inferior a la registrada en diciembre. Así, el IPC nacional ha registrado su mayor descenso mensual en 50 años.
   Los datos de la evolución de los precios a nivel nacional difieren en una décima de los que avanzó el organismo a finales de enero, cuando, provisionalmente, apuntó que la tasa interanual se situaría en el primer mes del año en el 2,6 por ciento, mientras que, en tasa mensual, calculaba un descenso de los precios del 1,4 por ciento.
   Finalmente, la caída mensual ha sido del 1,3 por ciento, un descenso histórico, pues no se registraba un recorte mensual de esta naturaleza desde junio de 1963, cuando los precios disminuyeron un 1,8 por ciento, según la serie de IPC elaborada por el organismo estadístico.
   La reducción mensual de enero se ha debido, sobre todo, a las rebajas de invierno en el vestido y el calzado. También el ocio y la cultura y la vivienda han ayudado a recortar los precios en enero.
   Por otro lado, la tasa interanual del 2,7 por ciento alcanzada en enero es la más baja desde el pasado mes de agosto, cuando la inflación se situó también en el 2,7 por ciento.
   El INE ha explicado que el descenso interanual de los precios se debe al comportamiento menos inflacionista de los precios de la electricidad y de los carburantes.
   En la Comunidad de Madrid, los precios del vestido y el calzado han bajado un 13,1 por ciento en enero respecto al mes anterior. Este grupo es el que ha experimentado el mayor descenso de precios en la región, seguido del ocio y la cultura (-2,9%).
   También han bajado los precios del menaje (-1,3%); las comunicaciones (-1,2%); la vivienda (-0,7%); los hoteles, cafés y restaurantes, y las medicinas (-0,5 por ciento).
  Por contra, han subido los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco (2,5%); el transporte (1%), y los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), mientras que se han mantenido invariables los de la enseñanza.

Doce concejales de Madrid dejarán de cobrar retribución

MADRID.-   La reforma de la administración local que prepara el Gobierno dejará sin retribución a doce concejales de Madrid, de los 57 actuales, y a nueve de Barcelona, de los 41 que forman la corporación, al limitar el número de ediles que podrán tener dedicación exclusiva y, por tanto, sueldo.

   La reducción se aplicará al resto de municipios en proporción a su número de habitantes, según ha informado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
   El ministro ha resaltado la importancia también de la limitación del personal eventual que podrán tener los municipios, algo que afectará especialmente a los más grandes, según ha dicho. En los mayores no se podrá superar el 0,7 por ciento de la plantilla.

Ignacio González se querellará contra Tomás Gómez

GETAFE.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se querellará contra el secretario general del PSM, Tomás Gómez, al considerar que éste está imputando al Gobierno regional las muertes en la sanidad pública.

   Esta decisión se produce después de que ayer el dirigente madrileño advirtiera al también portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid de que no iba a "permitir" que se acusara al Ejecutivo madrileño de ser los responsables de las muertes en sanidad y que si lo volvía a hacerlo fuera de la Cámara, donde Gómez no tiene "impunidad parlamentaria", se querellaría.
   Tomás Gómez, que ayer se limitó a hacer referencia a una información en un medio de comunicación donde se alertaba de que la privatización de los análisis clínicos en los hospitales estaba poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos, ha ratificado sus palabras destacando que solo ha dicho lo que recoge un medio.
   Preguntado en una visita a una fábrica de Loewe por esta ratificación, el jefe del Ejecutivo madrileño ha admitido que no sabía lo que ha hecho Gómez pero ha asegurado que el Gobierno madrileño no va a "consentir" que se les "impute la comisión de delitos" porque es algo "absolutamente falso".
   "No lo vamos a tolerar. Si lo ha hecho otra vez en su irresponsabilidad y estrategia de enfangar la política madrileña del secretario socialista, interpondremos las oportunas querellas criminales que correspondan", ha apuntado.
   González ha sido repreguntado por esta cuestión, y en concreto, por las palabras de Gómez justificándose en que solo se ha dedicado a reproducir lo que dice un medio de comunicación, a lo que ha respondido con tono irónico: "Osea, que se está arrugando".

Bankia Habitat subsanó en agosto las necesidades de provisiones detectadas por el auditor

MADRID.- Bankia Habitat, filial inmobiliaria del grupo bancario que preside José Ignacio Goirigolzarri, subsanó en el mes de agosto las necesidades de provisiones que el auditor de la sociedad detectó en junio sobre las cuentas del año 2011, informaron hoy fuentes próximas a la entidad.

   El informe del auditor indicó que eran necesarias mayores provisiones, algo que la inmobiliaria del grupo corrigió mediante una ampliación de capital que se llevó a cabo mediante la conversión de 499,9 millones de euros de créditos a capital, elevándolo hasta los 755,5 millones.
   Dicha ampliación fue previa a un proceso de reestructuración de filiales del grupo inmobiliario, por el que Bankia Habitat absorbió varias de las sociedades que dependían de esta matriz.
   Esta fusión quedó formalmente inscrita en el Registro Mercantil, lo que avala la corrección de las cuentas.
    El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha revelado en la Audiencia Nacional que el supervisor mantiene "medidas de investigación en curso" por "lo sucedido" en Bankia, incluido un capítulo específico sobre su filial inmobiliaria Bankia Habitat, y ha dejado claro que el futuro de la entidad está actualmente en manos de la troika comunitaria, informaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.
   Linde, que ha comparecido como testigo durante unos 45 minutos en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha explicado que la investigación partió de un informe del Banco de España fechado el 22 de junio de 2012 en el que se analizaba uno de los borradores del plan de recapitalización concebido por el actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
   El informe revelaba, entre otras cuestiones, la existencia de descuadres contables en Bankia Habitat y consideraba insuficente el plan de eficiencia y reducción de costes puesto en marcha por el grupo después de que pidiera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de 19.000 millones de euros. De igual modo, apuntaba que la política salarial y de retribuciones del grupo seguía sin gestionarse como una empresa en crisis.

Los minoritarios de Bankia pedirán al Estado que "responda" ante las pérdidas

MADRID.- La Asociación de Accionistas Minoritarios de Bankia ultiman dos demandas colectivas ante la pérdida del valor de los títulos de Bankia, una de ellas por la vía contencioso-administrativa por la que pedirán al Estado que "responda" ante la aprobación de la salida a Bolsa de la entidad por parte del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

   Cremades y Calvo Sotelo, el despacho de abogados de Aemec, ya tiene redactada la demanda colectiva en este sentido, que primero se articulará por la vía de administración para solicitar al Banco de España que se haga cargo de las pérdidas. Fuentes de este despacho de abogados han explicado hoy que esta vía será desestimada y que por lo tanto será el paso previo para emprender la vía contencioso-adminsitrativa.
   La otra demanda colectiva ya se ha iniciado contra la propia entidad ante el folleto de emisión que respaldaba la salida a Bolsa de Bankia. "Al final pagarán el pato del saneamiento de la entidad los accionistas", han lamentado las fuentes.
   Las demandas que prepara Aemec cuentan con el respaldo de unos 1.000 accionistas. En total, unos 350.000 minoritarios poseen títulos del banco nacionalizado.

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.

   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.

   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.

   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.

   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.

   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.

   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.

   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.

   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.

   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.
   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

Linde revela que el Banco de España investiga "lo sucedido" en Bankia

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha revelado en la Audiencia Nacional que el supervisor mantiene "medidas de investigación en curso" por "lo sucedido" en Bankia, incluido un capítulo específico sobre su filial inmobiliaria Bankia Habitat, y que el futuro de la entidad está actualmente en manos de la troika comunitaria y el Banco Central Europeo (BCE), informaron fuentes jurídicas presentes en su declaración. 

   Linde, que ha comparecido como testigo durante unos 45 minutos en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha explicado que la investigación partió de un informe del Banco de España fechado el 22 de junio de 2012 en el que se analizaba uno de los borradores del plan de recapitalización concebido por el actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
   El informe revelaba, entre otras cuestiones, la existencia de descuadres contables en Bankia Habitat y consideraba insuficente el plan de eficiencia y reducción de costes puesto en marcha por el grupo después de que pidiera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de 19.000 millones de euros. De igual modo, apuntaba que la política salarial y de retribuciones del grupo seguía sin gestionarse como una empresa en crisis.
   Linde, que ha sido preguntado por este informe por el abogado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, ha confirmado la existencia de la investigación pero no ha querido aclarar si finalizará con la incoación de un expediente sancionador.
   Según fuentes de Bankia, los servicios de auditoría interna del grupo con el apoyo de equipos legales y forenses externos analizan desde hace meses las operaciones de índole inmobiliario del grupo, sobre las cuales se adoptarán las acciones que legalmente procedan.
   El gobernador del Banco de España también ha dado a entender, según varias fuentes presentes en su declaración, que desde la firma del Memorandum de Entendimiento (MOU) la estrategia de Bankia está siendo supervisada por la troika y el Banco Central Europeo (BCE). "Hay un antes y un después de que la troika entre en acción, ya muchas de las cosas vienen impuestas por Europa", ha dicho.
   En relación con las razones que motivaron la salida de Rato, Linde ha asegurado que no las conoce porque las negociaciones entre Bankia, el Banco de España y el Ministerio de Economía tuvieron lugar antes de su entrada en el supervisor, que se produjo en junio de 2012.
   También ha dicho no tener conocimiento del informe que, según declaró su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el exsubgobernador Francisco Javier Aríztegui, se pidió a los servicios jurídicos del Banco de España para evaluar la intervención en la crisis del Ministerio de Economía.
   Según Fernández Ordóñez y su número 2, el secretario general del regulador, Javier Priego, esta actuación no tenía precedentes pero no revestía ningún tipo de ilegalidad.