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lunes, 12 de junio de 2023

Más de 200 exparlamentarios y viudas de diputados y senadores siguen cobrando las pensiones que el Congreso eliminó en 2011

 


MADRID.- En 2011 las Cortes Generales decidieron eliminar las pensiones vitalicias a las que tenían derecho diputados y senadores una vez llegaba su jubilación. Pero la medida no tuvo efecto retroactivo. Así que quienes ya la recibían, podían seguir cobrándola. En la actualidad, 222 personas se siguen beneficiando de estas pensiones: 159 exparlamentarios y 63 viudas de exdiputados o exsenadores, tal como recoge Público.

Ese desembolso supone más de 200.000 euros al mes de las arcas públicas. Este mes de mayo ha sido exactamente de 219.012,83 euros. El gasto, que depende de las Cortes, acaba suponiendo más de 2 millones y medio de euros anuales. Los 222 beneficiarios de estas pensiones han recibido este mes de mayo de media casi mil euros: 986,54.

 Actualmente los parlamentarios que abandonan su cargo solo tienen derecho a una indemnización tras el cese. Los que cumplen los requisitos pueden pedir esa prestación, que es una especie de 'paro' que pueden cobrar como máximo durante dos años. 

Una vez se reincorporan a otro trabajo y empiezan a percibir otro sueldo, dejan de recibirla. Actualmente la cobran Alberto Casero y Juan Bernardo Fuentes —más conocido como 'el Tito Berni'— después de que dimitieran como diputados. 

Pero antes los diputados sí tenían derecho a prestaciones vitalicias una vez llegara su jubilación o prejubilación. Existían dos tipos: las "pensiones parlamentarias" y la "complementación de ingresos".

El primer tipo se otorgaba a los diputados que no alcanzaban la pensión máxima de aquel entonces y para cobrarla había que haber estado al menos 11 años en las cámaras. En ese caso, el Congreso les daba la diferencia entre su pensión y la máxima. 

Sin embargo, si los diputados o senadores habían permanecido en el cargo entre siete y once años, recibían el 80% o el 90% de la diferencia entre la pensión que estuvieran cobrando y la máxima.

Esta pensión actualmente la perciben 120 exparlamentarios. En mayo cobraron un promedio de 1.080,14 euros. Esto sucede porque quien antes de su eliminación en 2011 tenía derecho a recibirla, lo mantuvo.

La otra tipología, la complementación de ingresos, se creó para que los parlamentarios que no habían alcanzado los siete años en el cargo no se quedaran sin prestación. Estos exdiputados o exsenadores podían pedir una compensación, pero esta no era automática como la otra ni se fijaba en una cantidad concreta por un baremo oficial. 

Los exparlamentarios debían pedirla a la Mesa del Congreso o del Senado y era este órgano, formado por diputados o senadores en activo, el que decidía si se le otorgaba la pensión y, en caso afirmativo, establecía la cuantía.

También fue eliminada en 2011, pero este tipo de pensión en la actualidad la cobran 39 exparlamentarios. No sólo ellos. También tenían derecho a pedirla las parejas de exdiputados o exsenadores que enviudaban o sus hijos menores de 25 años. En mayo 63 viudas —todas mujeres— tuvieron algún ingreso de este tipo. En total: 102 personas reciben aún este tipo de pensión que se otorgaba de forma discrecional.

Los beneficiarios de estos complementos reciben de media 876,44 euros, algo menos que los que cobran la pensión. Aún así, hay diferencias. Las viudas perciben menos dinero que los exparlamentarios y exparlamentarias. 

En mayo la media para las viudas ha sido de 795,02 euros. Para exdiputados y exsenadores, de 1.007,96 euros, una cifra muy similar a la de los beneficiarios de la que el Congreso conoce como "pensión".

Pero las medias no dejan de ser eso: promedios. Hay quien recibe mucho y quien recibe poco. En el caso de las pensiones, además, hay un motivo claro: los exparlamentarios cobran la diferencia de lo que les falta para alcanzar la pensión máxima —o un porcentaje de esta diferencia—.

Actualmente las prestaciones más altas las tienen concedidas el exsenador y exdiputado por UCD y por el PP Jaime Ignacio Del Burgo Tajadura, el exdiputado del PSOE Pablo Castellano Cardalliaguet y la exdiputada de CiU Maria Mercè Pigem i Palmes. Ingresan al mes 3.568,61 euros.

Las prestaciones más bajas son las de Teresa Nieto González, viuda de un exparlamentario que recibe 18 euros al mes, Manuel Arjona Santana, exsenador del PSOE que recibe 35,67 euros, y Clara María Santoro Sánchez, viuda que recibe 54,72 euros.

El PSOE, el más beneficiado

Los exparlamentarios que más se benefician de estas prestaciones son los socialistas. 77 exdiputados y exsenadores del PSOE reciben actualmente una de estas pensiones de las Cortes. Detrás se sitúa el PP, con 52 beneficiarios. Algunos de ellos, antes habían pasado por la UCD. 20 exparlamentarios del partido de Adolfo Suárez —incluidos los que luego repitieron cargo por el PP o el PSOE— reciben actualmente esta prestación.

También hay beneficiarios de Convergència i Unió, el PNV, Unión del Pueblo Navarro, el BNG o Coalición Canaria. Por parte de Izquierda Unida solo la recibe Cristina Almeida. La también abogada y tertuliana fue diputada de Izquierda Unida y luego senadora designada por la Comunidad de Madrid, cuando ya se presentaba en las listas del PSOE.

Almeida no es la única de este grupo que ha tenido presencia mediática en los últimos años, aunque por una razón muy diferente. Antonio García-Pagán, exdiputado socialista que recibe casi mil euros al mes de pensión parlamentaria, fue protagonista de diversas informaciones por su aparición en los Papeles de Panamá, según explicó laSexta.

También están el exdiputado y exsenador del PP Jesús Merino Delgado, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León y se le condenó a tres años y siete meses de cárcel por delitos de blanqueo de capitales y falsedad continuada en el caso Gürtel. Recibe 674,75 euros de pensión parlamentaria.

El exdiputado socialista Ricardo García Damborenea también cobra mensualmente del Congreso. Recibe el complemento que deben aprobar las Mesas de forma discrecional, ya que por poco más de dos meses no alcanzaba el mínimo de siete años en el cargo que se exige para obtener la pensión de forma automática.

El Congreso le ingresa 2.056,48 euros al mes. García Damborenea fue procesado en el caso de los GAL. Fue condenado y estuvo en la cárcel por el secuestro de Segundo Marey. No cumplió toda la condena al ser indultado por el Gobierno de Aznar. Unidas Podemos pidió el año pasado que se le retirara la pensión, pero actualmente la sigue cobrando.

sábado, 26 de mayo de 2018

El piso de 300 m2 que la hija de Zaplana compró con "donaciones" de sus padres


MADRID.- En los meses previos a su detención en el marco de la operación Erial, el cartagenero Eduardo Zaplana (62) retomó su afición por las inversiones inmobiliarias mientras los investigadores seguían sus pasos de cerca en el secreto más absoluto. Recientemente, el ex presidente de la Generalitat Valenciana, acusado de siete delitos, vendió por 2,8 millones de euros un piso de 500 metros cuadrados en el madrileño Paseo de La Castellana para reinvertir estos fondos en un inmueble de 290 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, adquirido el pasado marzo por 1,8 millones de euros. 

Una transacción, adelantada por Vanitatis, para la que no necesitó contratar hipoteca, lo que llamó la atención de los agentes, quienes durante los dos últimos años intentaban averiguar cómo el también ex ministro de Aznar pudo repatriar 10,5 millones de euros que supuestamente cobró en sobornos y que ocultó en Panamá a través de empresas gestionadas desde Uruguay. La compra de este apartamento precipitó su detención. Sin embargo, ésta no ha sido, tal y como ha podido saber El Mundo en exclusiva, la única adquisición millonaria reciente de los Zaplana.
María Zaplana Barceló (33), la hija de Eduardo Zaplana y Rosa Barceló, miembro de una de las familias más adineradas de Alicante y también detenida en la operación Erial, se hizo el pasado 14 de noviembre de 2017 con un impresionante piso de 310 metros cuadrados en la calle Poeta Querol de Valencia, una céntrica calle de la ciudad del Turia, donde se ubican las tiendas de grandes marcas de lujo, como Ferragamo o Louis Vuitton. 
Al igual que sus padres, María, a pesar de su juventud, no tuvo que suscribir ninguna hipoteca. Fuentes cercanas sostienen que la compra fue analizada "exhaustivamente" por las entidades bancarias para descartar un posible blanqueo de capitales por lo que la operación, a su juicio, "está completamente limpia". 
Aunque la hija de Zaplana está casada en el régimen de sociedad conyugal con el controvertido y riquísimo empresario Luis Iglesias Rodríguez-Viña, con el que vive en Puerta de Hierro, en el momento de la firma del citado 'pisazo', María sostuvo ante el notario Antonio Pérez-Coca que el dinero era privativo, es decir exclusivamente suyo, y fruto de unas "donaciones" efectuadas por sus padres. Con el dinero regalado, María invirtió en una propiedad valorada entre 1.200.000 y 1.485.000 euros, según el equipo de Idealista Data.
En estos meses previos a la detención de su progenitor, María Zaplana, quien trabaja como asesora en la Secretaría de Estado de Turismo, ha quintuplicado su patrimonio inmobiliario. En julio de 2009, sólo tenía el 50% de un garaje en la calle Príncipe de Vergara de Madrid -el otro 50 % figura a nombre de Inversiones Mun SL-. 
En la segunda mitad de 2017, adquirió cuatro más: el citado inmueble de Valencia y otros tres en Menorca. Eso sí, en esta ocasión junto a su marido, ex socio de Oleguer Pujol en la compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander. Su causa por un presunto delito de blanqueo de capitales fue reabierta por el magistrado José de la Mata en enero de 2017.
El matrimonio, que se casó en 2013 y celebró el enlace de manera íntima en el restaurante Horcher, tiene un local y una vivienda en Mahón, así como una finca de 83 hectáreas en la que están realizando obras con las que han tenido problemas. 
Tal y como ha podido confirmar El Mundo, el Consorcio por la legalidad urbanística en suelo rústico de Menorca ha abierto un expediente de disciplina urbanística sobre esta finca. Puestos en contacto con la hija de Zaplana, ésta ha declinado realizar declaraciones.

La mujer de Zaplana, también detenida

María Zaplana y su hermana Rosa María, quien tampoco necesitó de hipoteca para la compra en 2012 de una vivienda de 131 metros cuadrados en la Avenida Alberto Alcocer, de Madrid, arroparon a su madre Rosa, a la salida de la comandancia de la Guardia Civil de Valencia este miércoles. 
María llevaba un bolso de Loewe valorado en 1.000 euros y su hermana, uno de estimación económica parecida, pero de Louis Vuitton. Las dos intentaban proteger de las preguntas de los periodistas a su progenitora, quien hacía unas horas también había sido detenida, pero había sido puesta posteriormente en libertad, con mayor suerte que su marido, en prisión provisional comunicada y sin fianza. 
No son buenos momentos para Rosa Barceló, quien en marzo perdió a su padre, Miguel Barceló, histórico senador del PP fallecido a los 94 años, quien deja un gran legado a sus herederos.
Lo que riza el rizo son los importantes problemas de salud de la familia. Tras despedir a su padre, Rosa acaba de ser diagnosticada de un cáncer, según OK Diario, y Zaplana sigue requiriendo de revisiones médicas para tratar la leucemia que sufre desde hace unos años. Eduardo Zaplana y su mujer han superado momentos duros, como la muerte en 2011 de su hijo Eduardo, y otros asuntos no tan relevantes, pero también dolorosos, como la presunta amistad del ex ministro con una compañera del PP en la Comunidad Valenciana.

Una exconsejera de Zaplana cree que la actuación del PP se enmarca en el "odio y el rencor"

BENIDORM.- La portavoz del grupo municipal Liberales en el Ayuntamiento de Benidorm, Gema Amor, que fue miembro del gobierno del expresidente de la Generalidad Valenciana Eduardo Zaplana, ha lamentado la actuación del PP, que tardó 21 minutos en darle de baja, y la ha enmarcado en el "deporte nacional que es la envidia y el rencor", en alusión a la reacción del partido tras la detención del ex ministro.

Amor señala que el PP, "que tenía que dar ejemplo de los más esenciales preceptos del Estado del Derecho, se ha cargado la presunción de inocencia" y ha criticado al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha justificado la rápida actuación por pertenecer Zaplana al pasado.
Asimismo ha calificado de "penosas" las declaraciones del actual portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, renunciando a lo que es "una gran parte del pasado del PP sin dejar el más mínimo resquicio a la defensa". Cabe recordar que Hernando fue portavoz adjunto del partido cuando Zaplana era el portavoz en el Congreso.
"Ha añadido que debe ser el único caso en el que se ha actuado de forma autónoma, cosa que dudo. No han dejado ninguna posibilidad de que se pueda defender ni de conocer la causa, ni el mínimo beneficio de la duda", ha dicho.
Las "diferentes varas de medir del PP tras la fulminante" actuación con Zaplana demuestra "que no se le tiene respeto a la persona" y que el partido se encuentra en total descomposición, a la deriva, que no respeta su pasado", dice la ex consejera, que también ataca a Bonig diciendo de ella que nadie "espera nada de ella".
Además de no respetar la presunción de inocencia, añade, "hemos tenido que asistir al dantesco espectáculo de que el PP dé crédito al autodenominado yonqui del dinero, con una película de ciencia ficción con una versión inverosímil de un imán sirio y el altillo. Lo único que se ha podido demostrar es que el empresario sirio existe y que ha dicho que es falso".

El testaferro de Zaplana suma un patrimonio inmobiliario de 9 millones

MADRID.- La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sospecha que Joaquín Barceló, mano derecha e íntimo amigo de Eduardo Zaplana, ayudó al expolítico del PP a esconder parte de la fortuna acumulada por el cobro de comisiones. Barceló llegó a controlar junto a su mujer, Felisa López, cerca de una decena de sociedades y, según las últimas cuentas remitidas al Registro Mercantil, al cierre de 2016 sumaba activos inmobiliarios valorados en 9 millones de euros. Todas las firmas tienen su sede en Alicante y sus propiedades y promociones se encuentran repartidas por dicha provincia, publica El Economista.

En el marco de la Operación Erial la UCO está investigando ahora la titularidad de distintas propiedades y empresas vinculadas tanto al matrimonio Barceló López -ambos han sido detenidos- como a otras personas del entorno de Zaplana, que tendrían el control de cuentas en paraísos fiscales en Luxemburgo, Uruguay y Panamá.
En España, la empresa más importante bajo el control de Barceló Llorens es Medlevante, que al cierre del ejercicio 2016 tenía activos valorados en 3,17 millones. Igualmente, destaca también Costera del Glorio, una empresa en la que participa también como apoderada Felisa López, con activos por 2,49 millones más; o Gesdesarrollos Integrales, que tiene también 2,23 millones en activos inmobiliarios.
La relación de Eduardo Zaplana con Joaquín Barceló es de estrecha amistad desde hace muchos años. Ambos se conocen desde su juventud en Benidorm, el pueblo donde el exministro pasaba sus veranos y conoció a su mujer Rosa Barceló -la coincidencia del apellido con el de su amigo es pura casualidad- comenzando además su carrera política hasta llegar a ser alcalde de la localidad en 1991.
En la capital de la Costa Blanca, Zaplana y su grupo de amigos -entre ellos Barceló- formaron la Peña El Picarol. Y allí, los dos matrimonios, los Zaplana Barceló y Barceló López, forjaron un grupo que se mantenía vivo desde entonces. La vida profesional de Zaplana y Barceló también ha ido en paralelo a esta relación personal.
El ahora detenido y señalado como testaferro de Zaplana, entró a formar parte de la extensa nómina de personajes de Benidorm que saltaron a las instituciones de la Comunidad Valenciana a finales de los años 90 del siglo pasado después de que Eduardo Zaplana se hiciera con la presidencia de la Generalitat. 
Así, Barceló empezó dirigiendo el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y posteriormente pasó a ser director de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo. En 1995, ya tras la llegada de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat, Barceló fue nombrado director general de la Consejería de Turismo y pasó a hacerse cargo de todos los centros de turismo de la Comunidad Valenciana. 
Posteriomente, en 2002, con Zaplana ya como ministro de Trabajo, Barceló fue nombrado responsable de Relaciones Institucionales del Parque Terra Mítica.
Fuentes de la investigación de la Guardia Civil insisten, no obstante, en que la detención de Barceló no guarda en principio relación con sus cargos públicos, sino con su red de empresas, puestas a disposición de Zaplana. La Guardia Civil está analizando ahora todo su patrimonio, así como las empresas que figuran también a nombre de Felisa López.

La sobrina de Paesa gestiona en Luxemburgo las mordidas del 'caso Zaplana'


MADRID/BENIDORM.- Beatriz García Paesa administró la sociedad luxemburguesa Imison International, a través de la que, según la juez que instruye la Operación Erial, se canalizó un soborno de 6,4 millones de euros para Eduardo Zaplana. 

La sobrina del espía que ayudó a Luis Roldán a fugarse de España ha explicado a El Mundo, a través de fuentes de su entorno, que el dinero que pasó por esa sociedad era propiedad de la familia Cotino y que fue enviado al Gran Ducado con la explicación de que "procedía de un holding familiar e iba a ser invertido en negocios de cemento y promociones inmobiliarias en España". 
García Paesa reconoce que "Vicente Cotino acudía a las juntas de la compañía", pero niega conocer a Zaplana. "Nunca he hablado con él", asegura.
La sobrina del espía Francisco Paesa administró la sociedad luxemburguesa Imison International a través de la que se canalizó la supuesta comisión de 6,4 millones de euros que ha llevado a prisión al ex presidente valenciano.
Beatriz García Paesa, que fue investigada por dar cobertura con sus empresas a su tío, que ayudó a fugarse al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, fue hasta su liquidación en 2011 la gestora de esta compañía. 
A través de la misma, según la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, se instrumentó hace 12 años el supuesto soborno millonario pagado por la familia Cotino a Zaplana a cambio de la adjudicación de ITV's y de parques eólicos desde la Generalitat.
El Mundo se puso este viernes en contacto con el entorno de García Paesa, que admitió su presencia en la compañía "desde finales de 2001". 
No en vano así figura en la documentación oficial del registro mercantil de Luxemburgo a la que ha tenido acceso este periódico. En los archivos de esta plataforma de inversión aparece como integrante del Consejo de Administración junto al domicilio de sus oficinas, ubicadas en el número 5 de Boulevard Royal.
Radicada en el Gran Ducado como gran asesora financiera las mismas fuentes subrayan que García Paesa "ni tuvo poder en las cuentas ni movió nunca los fondos". Apuntan a que simplemente accedió a ocupar el cargo de administradora ya que los propietarios del dinero eran españoles, concretamente "los miembros de la familia Cotino", que argumentaron ante la sociedad que el dinero "procedía de un holding familiar que tenía inversiones en cemento y quería llevar a cabo promociones inmobiliarias en España".
No obstante, la instructora del bautizado como caso Erial considera que el dinero transferido a Imison International tiene como origen realmente un soborno cuyo beneficiario último era el ex alto cargo popular.
Así, la magistrada señala que "existen indicios de la relación" de Zaplana "con el cobro de una serie de comisiones aparentemente desembolsadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa, propiedad de los Cotino, en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de la Comunidad valenciana, ambas licitadas en el periodo temporal en el que fue presidente de la Generalitat valenciana" y canalizadas a través de la referida entidad luxemburguesa.
A su vez añade la magistrada que "existen indicios de su relación en términos de posesión con determinada documentación que trata aspectos de las licitaciones y adjudicaciones, así como una serie de operaciones societarias vinculadas a las anteriores".
En ellas, prosigue la juez en el auto mediante el que envió a prisión al ex presidente valenciano, "aparecen reflejadas diferentes personas físicas y jurídicas relacionadas a los hechos pasados y futuros descritos en ellos y apareciendo descrita con cierto grado de detalle la operativa seguida en relación a Imison International, aparentemente instrumentalizada para el pago de la comisión".
Estos fondos, señala la instructora, "fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006". También apunta el auto que "con respecto a los fondos retornados se ha evidenciado a lo largo de la investigación cómo, de forma contemporánea a la salida de fondos de Luxemburgo, se habrían estado produciendo una serie de movimientos solitarios (constitución de empresas, cambios de titularidad, etcétera)".
"Un análisis conjunto parece indicar que tuvieran el propósito finalista de posibilitar el retorno de estos fondos y la puesta a disposición o bajo el control de los destinatarios finales", subraya.
En esta operativa de retorno de fondos la juez implica también a las sociedades Medlevante, Turnis Silvatica y Gesdesarrollos Integrales, entre otras. "Siendo de especial interés", prosigue el auto judicial, "el hecho de que todas las personas intervinientes en este proceso de creación y posterior administración que alcanza hasta la actualidad se encontrarían personalmente vinculadas con Eduardo Zaplana", concluye en su última resolución la instructora de la Operación Erial.
El asesor fiscal personal de Zaplana prestó declaración ante la juez de Valencia y también desvinculó por completo al ex ministro de la sociedad Imison International, S.A. "Conozco todo lo que tiene y eso no es suyo", dijo a la juez, que insiste en tener pruebas de la vinculación de Zaplana con la entidad. El entorno familiar del ex ministro también niega relación alguna con esta empresa.

La juez cree que Zaplana cobró a plazos las comisiones

La investigación de la Operación Erial apunta a que el exministro del PP Eduardo Zaplana cobró a plazos comisiones obtenidas a cambio de adjudicaciones. Por ese motivo, la juez Isabel Rodríguez le atribuye delitos de cohecho y prevaricación respecto a contratos concedidos en su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana (de 1995 a 2002) sin considerar que hayan prescrito, según El País.
La tesis de la investigación es que Zaplana recibió mordidas años después de que adjudicaciones como la de las ITV y el Plan Eólico Valenciano se materializaran, e incluso tras abandonar el cargo. 
Pero que el delito se perfeccionó —se cometió del todo—, cuando el pago del soborno se hizo efectivo. A partir de entonces, señalan fuentes de la investigación, empieza a contar el plazo de prescripción. Un plazo que en el caso del cohecho es de 15 años.
La magistrada envió el jueves a prisión a Zaplana y a dos de sus colaboradores, su asesor fiscal Francisco Grau y su presunto testaferro Joaquín Barceló, por los delitos continuados de cohecho y prevaricación, fraude en la contratación y fiscal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo, malversación, pertenencia a asociación ilícita para delinquir y a grupo criminal. 
La magistrada señala que el pago de las comisiones se efectuó en el extranjero y, tras pasar por un circuito internacional de blanqueo, el dinero se reintroducía en España.
La instructora menciona una operación de 2005, y fuentes de la investigación sostienen que la operativa se ha mantenido presuntamente hasta este año.
 Fuentes del entorno de Zaplana señalaron que su defensa considera su ingreso en prisión “innecesario, desproporcionado e injusto”.

Piden cambiar de nombre la avenida Eduardo Zaplana de Benidorm

Podemos y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) han registrado una iniciativa en el Ayuntamiento de Benidorm para cambiar de nombre la avenida Eduardo Zaplana y que le sean retirados los demás honores y reconocimientos al exalcalde, exministro y 'expresident', tras su detención en la operación Erial por presunto blanqueo de capitales y su posterior ingreso en prisión preventiva y sin fianza en Picassent (Valencia).
Las formaciones han defendido en un comunicado conjunto que los hechos que se le imputan son "muy graves y constatan, una vez más, que el Partido Popular es una banda organizada para delinquir".
La portavoz de Podemos en Benidorm, Asun Villaverde, ha recordado que "Zaplana empezó su carrera política asumiendo la Alcaldía de Benidorm con el apoyo de una tránsfuga". Ha recalcado además que "dicha maniobra fue apoyada por Mariano Rajoy en calidad de vicesecretario general del Partido Popular".
En relación al presidente del Gobierno, ha añadido que "en 2009 compareció ante la prensa asegurando que existe una trama contra el PP y que los casos de corrupción son casos aislados; es decir, una mentira que no se sostiene y que es la excusa para no asumir responsabilidades políticas".
Por su parte, el portavoz municipal de EUPV, Fran Casellas, ha asegurado que "la detención de Zaplana no es ninguna sorpresa, ya que la maniobra con la que llegó a la Alcaldía dejaba muy claro por dónde discurrirían sus prácticas de gobierno". 
"No hay mayor declaración de intenciones que subvertir un resultado electoral comprando lavoluntad de una tránsfuga", ha enfatizado.
Por todo ello, desde ambas formaciones consideran que Zaplana "no cumple los requisitos de ejemplaridad para merecer reconocimiento público" y que "es imprescindible que el Ayuntamiento de Benidorm proceda a sustituir el nombre de la avenida", además de retirar tanto las placas de los lugares públicos donde aparezca su nombre como la medalla corporativa de la ciudad, que le fue concedida en 2012.
Podemos y EUPV han reconocido que "no se puede borrar la relación pasada entre Eduardo Zaplana y Benidorm", pero creen que "borrar su nombre de los espacios públicos es fundamental para mejorar la imagen de la ciudad". 
 Han lamentado que Benidorm "se está viendo perjudicada con este asunto", por lo que ven "imprescindible" que el Ayuntamiento se posicione a favor de la iniciativa presentada para "mejorar la calidad democrática de la ciudad".

jueves, 24 de mayo de 2018

La Fiscalía pide prisión sin fianza para Eduardo Zaplana

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la jueza que investiga la operación Erial el ingreso en prisión incondicional comunicada y sin fianza del expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, según ha informado el Ministerio Público.

Zaplana ha pasado hoy a disposición del Juzgado de instrucción nº 8 de Valencia tras ser detenido el martes junto a seis personas más por supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy prisión comunicada y sin fianza para Zaplana por su implicación en el caso Erial, de blanqueo de varios millones de euros.
Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia deberá decidir si acepta la pretensión del Ministerio Público o deja al exministro en libertad, tras la operación con siete detenidos acusados de delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.
Además de Zaplana, hoy han pasado a disposición de la juez los hermanos Vicente y José Cotino, empresarios y sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.
También lo han hecho el exdirigente de la Agencia Valenciana de Turismo y exconsejero del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, el abogado y asesor fiscal Francisco Grau, y Juan Francisco García, exjefe de Gabinete de Zaplana en la Generalitat.
la Ciudad de la Justicia de Valencia también ha acudido la esposa del expresidente, Rosa Barceló, una de las personas llamadas a declarar por la UCO de la Guardia Civil como investigadas (antes imputadas), junto a Juan Cotino y la secretaria personal de Zaplana Mitsuko Henríquez.
Eduardo Zaplana, tras pasar la noche en un calabozo de la Comandancia de Madrid después de haber asistido al registro de su vivienda y su despacho en la capital, ha sido trasladado este jueves desde el cuartel de la Guardia Civil de Patraix a la Ciudad de la Justicia de Valencia para prestar declaración ante la jueza.
Zaplana permaneció en las dependencias de cuartel de Patraix desde las 10:15 hasta las 12:25 horas, cuando fue trasladado en un coche con las lunas tintadas a la Ciudad de la Justicia.A las 12.25 horas ha salido del cuartel de Patraix un coche gris oscuro, en cuyo interior iba Eduardo Zaplana, con destino a la Ciudad de la Justicia de Valencia y pasar a disposición del juzgado de Instrucción número 8, que es el que lleva el caso.

El sirio que vivió en el piso de Zaplana después de él: "Yo no lo he vendido"

VALENCIA.- Después de años evitando ser salpicado por casos de corrupción como los destapados en las operaciones Púnica y Lezo o el escándalo de Terra Mítica, puede parecer inverosímil y rocambolesco que sean finalmente unos documentos olvidados en un falso techo los que hayan llevado a la detención de un supuesto experto en ingeniería financiera como Eduardo Zaplana, relata hoy el diario Levante-EMV. 

Dicha información, donde se detallaba la compleja estructura del entramado, habría sido encontrada de forma fortuita por el inquilino que alquiló la vivienda del expresidente de la Generalitat años después de que éste abandonara el domicilio junto a los jardines de Monfort.
El por entonces morador del inmueble, un ciudadano de origen sirio comprometido con la comunidad islámica de Valencia, halló los citados documentos, que permanecían escondidos, durante unas obras y se los habría entregado al conocido como 'yonki del dinero' , Marcos Benavent. Así daba comienzo en 2015 la investigación de la Operación Erial.
Imad Al Naddaf, responsable del Consejo Islámico Valenciano y supuesta pieza clave en la resolución del caso, negó ayer haber entregado los citados documentos a Benavent, ni tan siquiera tener constancia de ellos.
«Yo no me he encontrado nada, ni he vendido a Zaplana, ni sé nada de eso», aseguró tras ser localizado por Levante-EMV. «Que os lo confirme quien os haya pasado la información», alegó insistiendo en que no iba a hablar más sobre ese asunto.
No obstante, antes de poner punto final a la conversación admitió conocer a Marcos Benavent, persona a la que supuestamente habría entregado la documentación relacionada con el entramado de empresas, dossier que daría pie posteriormente a las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil.
«Lo conozco como a muchas otras personas importantes de Valencia, llevo más de veinte años aquí», argumentó Al Naddaf, quien admite que ha coincidido con el ´yonki del dinero´ «en varias ocasiones».
De hecho, según ha podido saber este periódico, este empresario sirio tiene relación, o al menos la ha tenido, con altos cargos del Partido Popular. Hay imágenes de él junto a Rafael Blasco y el también investigado en la trama Erial, Juan Cotino. También mantiene una estrecha amistad con altos mandos de la Policía Local de Valencia y de la Nacional.
Aunque es obvio que no quiere que se le vincule con la caída de Zaplana, fuentes consultadas por este periódico aseguran que Imad Al Naddaf residió junto a su familia entre los años 2014 y 2016 en el mismo inmueble que fue residencia del expresidente de la Generalitat.
El hallazgo de los documentos en posesión de Benavent se produjo en esas fechas y cuando fue interrogado sobre su procedencia éste indicó que fueron encontrados por el actual residente del piso, de origen sirio.

Una fotografía con Aznar
Vecinos de la exclusiva finca, situada entre el parque de Viveros y los jardines de Monfort, en una de las mejores zonas de la capital del Turia, apenas recordaban a este empresario de origen sirio con nacionalidad española. «Creo que tenía una empresa de cerámica o mármol», apuntaba uno. Otro recordaba cómo Imad alardeaba de conocer a Aznar y tenía una fotografía con el expresidente enmarcada en el salón.
Sin embargo, la tónica general de los residentes del edificio fue el mutismo. «Bastante mal lo han pasado ya Rosa y Eduardo. Si roban todos, por uno más», restaba importancia una vecina del exministro.
Además de empresario y responsable del Consejo Islámico Valenciano, Imad Al Naddaf siempre se ha mostrado comprometido por la situación que vive el país que lo vio nacer. De hecho, en su perfil de Facebook cuelga casi a diario duras imágenes de las consecuencias de la guerra en Siria. En esta misma red social también se muestra partidario de la unidad de España en el conflicto independentista de Cataluña.

Zaplana elige al abogado madrileño Santiago Milans del Bosch para defenderse


MADRID.- El ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, ha puesto su defensa en el ‘caso Erial‘ en manos del abogado madrileño Santiago Milans del Bosch. Zaplana debe responder a las imputaciones de malversación, blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación que han motivado su detención esta semana, según adelanta hoy okdiario.

Zaplana, que ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil en el centro de Tres Cantos (Madrid), es acusado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de aflorar dinero oculto en paraísos fiscales, las estimaciones de los investigadores cifran ese dinero en 10 millones de euros, procedentes de las comisiones obtenidos por adjudicaciones irregulares.
En su defensa trabaja ya el despacho fundado en 2016 por Santiago Milans del Bosch (Madrid, 1960). El abogado de Zaplana cuenta con una impecable trayectoria profesional, primero en lo público y, posteriormente, en el sector privado. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en las universidades de Valladolid, Autónoma de Madrid, Complutense y Alcalá de Henares.

Milans del Bosch fue Juez de Primera instancia e Instrucción de Mataró, Fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, superadas las oposiciones para magistrado especialista en lo contencioso-administrativo, Magistrado de la Sala de dicho orden en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, plaza de la que actualmente se encuentra en excedencia.
En 1997 decidió dar el salto al sector privado, ejerciendo como abogado y posteriormente socio en Cuatrecasas, uno de los despachos más importantes del país, encargándose del área de derecho penal administrativo y de empresa. 
Milans del Bosch se ha especializado como jurista en el blanqueo de capitales, siendo autor de diferentes obras y cursos de formación para abogados sobre prevención del blanqueo de capitales.

La Guardia Civil traslada a Zaplana a Valencia para que declare ante el juez

VALENCIA.- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha trasladado al expresidente de la Comunidad valenciana Eduardo Zaplana, detenido en el marco de la operación Erial, desde Madrid hasta Valencia para declarar ante la juez que lleva el caso. A su llegada a la ciudad, y antes de que la titular del juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia le interrogue, Zaplana fue llevado a la Comandancia de la Guardia Civil en Patraix.

Zaplana ha pasado la noche en las dependencias del Instituto Armado de Tres Cantos (Madrid), después de haber asistido al registro de su vivienda y su despacho en la capital.
La defensa del exdirigente del PP y exdirectivo de Telefónica ha solicitado a la jueza que ordenó el pasado martes su detención que lo ponga en libertad debido a la leucemia que padece desde 2015 y a que, tras someterse a un trasplante de médula, recibe tratamiento en el Hospital de La Fe de Valencia.
Sin embargo, la Fiscalía ha decidido oponerse debido a que el martes fue examinado y no se encontró ninguna causa que impidiera su retención y su presencia en los registros.
Aparte de las declaraciones previstas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, el exdirector de la Policía, exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha sido citado también a declarar este jueves como investigado ante la Guardia Civil.
Sus sobrinos Vicente y Juan Cotino son dos de los detenidos en esta causa, en la que los investigadores han llevado ya a cabo varios registros, como los practicados en las viviendas de Zaplana en Valencia y Benidorm y sus antiguas oficinas en la sede madrileña de Telefónica.
La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.
Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.
La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.
Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como 'el yonqui del dinero', un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.

Zaplana aprovecha su traslado a Madrid para pedir la libertad por su leucemia

VALENCIA.- La defensa de Eduardo Zaplana aprovechó que la UCO de la Guardia Civil lo trasladó ayer a Madrid para presenciar los registros en su puesto de trabajo de Telefónica y otra de sus viviendas (aunque esta última no se realizó) para solicitar su libertad por motivos de la leucemia que padece, según confirmaron a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos.

Su letrado argumenta que en 2015 se le diagnosticó una leucemia por lo que tuvo que someterse a un trasplante de médula y actualmente recibe tratamiento en el Hospital La Fe de Valencia. 
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la medida ya que Zaplana fue examinado el mismo día de su detención en el Hospital Doctor Peset de Valencia, donde fue trasladado a petición propia, y no se encontró causa alguna que impidiera su detención y presencia en los registros, según confirman a al periódico fuentes conocedoras de estos hechos.
Por último, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que no se atreve a "emitir juicios" sobre la detención de Eduardo Zaplana "sin tener datos, ni pruebas, ni argumentos, ni razones", pero ha reconocido que se trata de una noticia que no le hubiera gustado que se produjese nunca.

miércoles, 23 de mayo de 2018

La UCO registra el despacho de Zaplana en Telefónica

MADRID.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han trasladado a primera hora de la tarde de este miércoles al expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana a su despacho en la sede de Telefónica de la calle Gran Vía para practicar el último de los registros que se han llevado a cabo durante la jornada en la capital, según han informado fuentes de la investigación.

Los agentes no han registrado su vivienda de la calle Zurbarán al encontrarse en obras. Numerosos medios de comunicación estaban concentrados a las puertas de la vivienda del exministro, donde supuestamente se iba a efectuar un registro en presencia de Zaplana, pero un agente les ha comunicado a los informadores que no se realizaría porque la casa estaba en obras.
Tras la detención de Zaplana el martes poco después de las ocho de la mañana cuando salía de su casa en Valencia, que también fue registrada junto a otra propiedad en Benidorm, Telefónica anunció que había suspendido "con carácter inmediato" la relación laboral que mantenía con el exministro.
Según las citadas fuentes, la UCO ha practicado este miércoles en Madrid varios registros y el de su despacho en Telefónica será el último antes de que Zaplana vuelva a la Comandancia de Valencia, donde quedará a la espera de pasar a disposición del Juzgado que instruye la causa en la que han sido detenidas otras seis personas de su círculo más próximo.
Zaplana ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en València después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital valenciana como en Benidorm, ciudad en la que fue alcalde.
La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

El PP sabe que en el ‘caso Zaplana’ aparece Alejandro Agag

MADRID.- La operación protagonizada este martes por la UCO contra empresarios y ex cargos del PP, con la detención de Eduardo Zaplana, tuvo respuesta inmediata por parte de Génova 13: suspendió de militancia al ex presidente de la Generalitat Valenciana. La noticia, no obstante, no pilló por sorpresa a importantes dirigentes del partido.

Según explican a El Confidencial Digital desde el PP de la Comunidad Valenciana, altos cargos del partido habían sido advertidos hace semanas de la operación contra Zaplana. Un aviso que también llegó a la ejecutiva nacional, donde se esperaba desde hace tiempo una decisión así por parte de la Justicia.
Las fuentes consultadas explican: “Ya sabíamos que la UCO iba detrás de Zaplana desde que reingresó en España dinero que había enviado a paraísos fiscales”.
No obstante, el “run run” sobre una posible detención se hizo más intenso en los últimos días, hasta que finalmente “todo ha explotado”.

Por eso no se ha atacado a PSOE y Compromís

El PP, por tanto, maneja información de primera mano sobre las pesquisas de la Guardia Civil, tal y como reconocen a ECD algunos de sus dirigentes. Una circunstancia que ha sido clave en la decisión del partido de no ir a por PSOE y Compromís pese a la investigación abierta en Valencia por la financiación ilegal de ambos partidos.
Los populares valencianos reconocen que, en un primer momento, se barajó la opción de impulsar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, con el objetivo de desgastar al gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra. No obstante, añaden, “nunca se dio el paso definitivo” y pocos entendían el porqué.
La razón, “obviamente”, no era otra que el “aviso de lo que podía pasar” en próximas fechas con Eduardo Zaplana. “Nos llegó el aviso. Y lo peor es que esto no ha acabado todavía, según lo que nos dicen”.

Alejandro Agag y el circuito de Fórmula 1

La información que le ha llegado al PP es tan “delicada”, que en el partido se preparan para una “investigación global”, en la que el ‘caso Zaplana’ sea solo la punta del iceberg: “Todo está relacionado. Con la Gürtel y también con la Púnica, porque los empresarios son los mismos”.
Así las cosas, y a pesar de que las investigaciones al ex presidente valenciano se están centrando en las concesiones de las ITV durante su etapa al frente del Consell, la línea de actuación de la UCO no ha concluido: “Todo se va a revisar. Desde las irregularidades durante la visita del Papa en 2006, hasta las obras del circuito de Fórmula 1”.
Sobre la construcción del circuito urbano, la información que maneja el Partido Popular es que los investigadores poseen documentación, y también declaraciones de empresarios procesados, en los que aparece el nombre de Alejandro Agag.
Al partido le llega que el yerno de José María Aznar, marido de Ana Aznar, aparece en “papeles”sobre las obras que se hicieron en Marina Real -próxima al puerto de Valencia- para el circuito urbano de Fórmula 1.
La información de la que dispone el PP indica que ni el juez ni la Guardia Civil tienen prevista de momento ninguna acción contra Alejandro Agag. No obstante, añaden las fuentes consultadas, “no hay que descartar que alguno de los detenidos este martes mencione su nombre cuando pasen a disposición judicial”.

Peligro para la actual cúpula del PP

En el PP dan por sentado que las detenciones de ayer no solo reabrirán viejas investigaciones sobre el circuito de Fórmula 1, sino también sobre el rescate a Valmor, la sociedad mercantil que poseía los derechos del trazado urbano, y que estaba gestionada por Bancaja, Jorge Martínez Aspar y Fernando Roig.
Cabe recordar que la Generalitat Valenciana, con Alberto Fabra al frente, decidió asumir en 2011 la deuda de más de 32 millones de euros, y que el PSOE decidió llevar esa operación, llena de interrogantes, ante la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora, señalan las fuentes consultadas, ese episodio se volverá a reabrir y supondrá un duro varapalo para algunos integrantes de la cúpula del PP a nivel regional. Entre otros, la actual presidenta del partido, Isabel Bonig, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, que respaldaron, desde sus puestos en el Consell, la decisión de Fabra.

La UCO investiga el origen y el reparto del dinero que movían Zaplana y los Cotino desde hace 20 años

MADRID.- Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizan, tras la explosión de la operación Erial, el supuesto cobro de comisiones del exministro Eduardo Zaplana desde hace más de dos décadas: Según la tesis de los investigadores, el exministro cobró en el extranjero importantes cantidades de dinero por concesiones públicas que dependían de la Generalitat Valenciana y que se remontan en algunos casos hasta 1997. Después, Zaplana habría repatriado fondos de forma paulatina para introducirlos en España, en un procedimiento que se intensificó en los últimos años y en el que los investigadores colocan como pieza fundamental a su exjefe de Gabinete, Juan Francisco García Gómez, que tras abandonar la política ejercía como abogado en Barcelona. 

En un segundo escalón a la hora de mover el dinero ya en España, los agentes colocan a otra persona de confianza del exministro, llamada Joaquín Barceló Llorens. La trayectoria política de Barceló ha estado unida a la de Zaplana desde que el segundo fue alcalde de Benidorm en 1991. 
Tras pasar por varios cargos en la Generalitat, los agentes consideran que su relación se extendió cuando Barceló dejó la política para levantar un importante patrimonio inmobiliario en España, dependiente de una madeja de sociedades como Costera del Globo SL o Desarrollos Integrales SL. 
Los agentes de la UCO trabajan con la tesis de que Barceló sirvió de testaferro a Zaplana para colocar el dinero ilegal en España y que parte de esas compras inmobiliarias pertenecen en realidad al exministro popular.
A este respecto, los agentes analiza además la compra de un piso en la zona centro de Madrid que se compró sin necesidad de hipoteca. Sin embargo, según ha podido saber El Español, la operación fue posible ya que con anterioridad, Zaplana se había desprendido de un inmueble de mayor valor en el Paseo de la Castellana de la capital.
En total y como resultado de las investigaciones, que arrancaron en 2015 pero que se intensificaron hace ahora año y medio, la Guardia Civil sospecha que Zaplana pudo mover una cantidad ligeramente superior a los 10 millones de euros. 
La clave de la investigación ahora es determinar tanto la cantidad de ese dinero que corresponde realmente al expresidente valenciano, ya que se ha movido a nombre de terceros, y si procede de comisiones cobradas por la concesión de contratos públicos cuando Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana. 
Por eso, el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia le investiga por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Fuentes próximas a la investigación consideran que parte de ese dinero habría permanecido oculto en cuentas extranjeras -paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay- hasta fechas recientes, cuando habría empezado a recuperarlo a través de pequeñas partidas. El dinero pasó por otros paraísos fiscales más tradicionales como Luxemburgo. Desde ahí daba el salto definitivo a España. 
Según ha sabido El Español, los investigadores señalan al ex director general de Turismo de la Generalitat Joaquín Barceló y a su mujer Felisa López como los creadores del entramado societario encargado de la repatriación del dinero.
Además, los agentes investigan también la estructura empresarial de los hermanos José y Vicente Cotino, sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino. Y lo hacen con una doble función: por un lado buscan presuntos pagos al entorno del expresidente valenciano y por otro, investigan si parte de su entramado empresarial o de sus inversiones dentro y fuera de España pudieron servir para ocultar patrimonio de Eduardo Zaplana.
Algo similar sucede con las operaciones emprendidas por el despacho de Juan Francisco García Gómez. Queda por clarificar qué parte de esas operaciones pertenecía directamente al expresidente autonómico o si parte de ese dinero eran en realidad de otros clientes. Para eso, serán determinante la información obtenida de las escuchas telefónicas, que colocaría a Zaplana al frente de movimientos financieros e inversiones emprendidas formalmente por terceros. 
En esta parte de la investigación, la jueza Isabel Rodríguez ha citado también como investigadas al exdirector de la Policía y exconseller Juan Cotino y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló.  La secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez, quedó puesta en libertad sin cargos tras declarar durante la noche del martes.

Tres años de investigación

Según ha podido confirmar El Español, la llamada operación Erial arrancó formalmente en 2015 y se centran en dos operaciones principales: las concesiones del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana, firmadas en 1997, y las concesiones del Plan Eólico de la Comunidad en 2001. Según ha sabido El Español, los agentes señalan a Juan Francisco García, jefe del gabinete de Zaplana cuando era presidente valenciano, como presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones investigadas.
Sin embargo, fue hace año y medio cuando la investigación se intensificó gracias al resultado de las intervenciones telefónicas, que colocaban a Zaplana como conocedor y coordinador de operaciones financieras concretas. A partir de ese momento, la red de relaciones comenzó a crecer hasta pasar por varios paraísos fiscales. Este martes, la operación estalló a primera hora de la mañana cuando el expresidente autonómico salía de su casa para subir en su coche.
A la misma hora y de forma coordinada, eran detenidos en distintos puntos de España el exdirector de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens y su mujer, Felisa López; el que fuera jefe de gabinete de Zaplana y presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García; también los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino. El listado se completa con el economista Francisco Grau Jornet.
Este último adquiere una relevancia destacada en el tapete de los investigadores. Se trata de un especialista financiero al servicio de Eduardo Zaplana. También es un hombre de confianza del exministro de Trabajo. Grau fue secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1998 hasta 2007. Su actividad empresarial más reciente está vinculada a la de Zaplana.
Para comprender ese lazo hay que reconstruir los pasos que siguió el ex dirigente popular cuando dejó la política. En 2008, Zaplana asumió el cargo de delegado para Europa de Telefónica. Al mismo tiempo, el ex diputado puso en marcha la consultora Decuria Consulting. Desde su creación, la consultoría ha acumulado una facturación superior a las dos millones de euros.
Desde entonces, Francisco Grau Jornet, hombre de confianza de Zaplana, ha sido el máximo responsable financiero de Decuria Consulting.

La adjudicación de las ITV y el plan eólico

La operación más antigua investigada se remonta a 1997, año en el que se adjudican las concesiones de la ITV en la Comunidad Valenciana. El Gobierno presidido por Eduardo Zaplana gestionó la privatización del servicio. El jefe del Gabinete, Juan Francisco García -detenido este martes- trazó las líneas generales del proyecto. En total se vendió una veintena de instalaciones por un montante próximo a los 37 millones de euros. La familia del empresario Vicente Cotino Escrivá recibió parte de las adjudicaciones.
Los escritos judiciales de la operación Erial ponen el foco además sobre otra operación de envergadura en la Comunidad Valenciana presidida por Eduardo Zaplana. En 2002 se programó la adjudicación del Plan Eólico valenciano, un megaproyecto dotado de 450 millones de euros para obtener energías renovables en siete grandes parques. Vicente Cotino, propietario de la empresa Sedesa, adquirió el 25% de los derechos de la VI zona, que entró en funcionamiento a partir de 2006.
Vicente Cotino es sobrino del exdirector general de la Policía y exconseller Juan Cotino. También empresario de confianza de Zaplana. Detenido este martes en el marco de la operación Erial, su nombre también está relacionado con la financiación irregular del PP valenciano. Él mismo admitió en dependencias de la Audiencia Nacional que fue uno de los empresarios que financió al partido a través de la empresa de Correa, Orange Market. Por ese caso, la Fiscalía le pide -junto a otros ocho empresarios que reconocieron actuaciones similares- el pago de una multa superior a un millón de euros.

Documentación en la Consellería

Los agentes de la UCO se presentaron este martes en la Conselleria de Economía valenciana para recabar información sobre las concesiones de la ITV y del Plan Eólico. Concretamente, solicitaron documentación relacionada con las adjudicaciones a las empresas relacionadas con Vicente Cotino y su hermano José.
Todos los movimientos financieros habrían engrosado unas cuentas en paraísos fiscales caribeños, en Panamá y Uruguay de las que Zaplana podría haber sido el principal beneficiario. Más de diez millones de euros que el exministro habría ido introduciendo en España, según las primeras pesquisas de la UCO, en pequeñas cantidades para no llamar la atención de las autoridades.
Los investigadores colocan a Zaplana en el centro de esa presunta trama que salpica a su círculo de máxima confianza.

Zaplana ocultó un imperio inmobiliario con la red societaria de un matrimonio amigo

MADRID.- Eduardo Zaplana habría recurrido a un alto cargo de los gobiernos de la Comunidad Valenciana que él mismo presidió para ocultar parte de un imperio inmobiliario financiado con dinero de comisiones ilegales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha conseguido identificar esas propiedades, que estaban a nombre de terceras personas y mercantiles, para ponerlas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, responsable de la llamada operación Erial.

En esa maquinaria de ocultación, que habría permanecido engrasada durante más de dos décadas, jugó presuntamente un papel fundamental un amigo de la infancia del exdirigente del PP al que este promocionó de forma insistente para puestos clave de la Administración. Se trata de Joaquín Barceló Llorens, que compartía con Zaplana hasta una peña de las fiestas de Benidorm, la ciudad en que ambos crecieron. Agentes de la UCO detuvieron a Barceló este martes junto a su mujer, Felisa López González, por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales del exministro de Trabajo.
Barceló fue la mano derecha de Zaplana en la sombra. Primero, el político situó a su amigo al frente del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm cuando aún era alcalde de ese municipio (1991-1994). Después, al llegar a la presidencia de la Generalitat en 1995, confió de nuevo en Barceló para hacerse cargo de la dirección general de la Consejería de Turismo, un puesto que le permitió controlar todos los centros turísticos de la comunidad. 
Y por último, en 2003, el entonces titular de la cartera de Trabajo (2002-2004) volvió a intervenir para que su estrecho colaborador entrara en el consejo de administración del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en el cargo hasta 2016.
Los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han acreditado tras más de dos años de investigaciones que, en paralelo a la carrera política del que llegó a ser portavoz del PP en el Congreso, Barceló y su mujer habrían constituido una decena de sociedades dedicadas a la promoción y alquiler de viviendas que posteriormente fueron instrumentalizadas por el propio Zaplana para blanquear parte de los 10,5 millones de euros que llegó a esconder en un estructura offshore con ramificaciones en Uruguay, Panamá, Reino Unido, Luxemburgo y Andorra.
Se trataría de un patrimonio distinto al que oficialmente poseían el exministro y su mujer Rosa Barceló, también investigada, aunque el dinero fluía entre esas dos esferas. Uno de esos movimientos fue precisamente el que hizo saltar las alarmas de forma definitiva. Zaplana se compró hace solo dos meses un piso de 270 metros en pleno barrio de Chamberí de Madrid sin necesidad de recurrir a financiación bancaria, como reveló El Confidencial este martes. El inmueble estaba valorado en unos dos millones de euros.

Un patrimonio de 7,4 millones

En el afloramiento de los fondos habrían intervenido las empresas inmobiliarias de Barceló y su esposa. La más antigua de las que siguen en activo es Costera del Glorio SL, controlada por Barceló desde 1999, cuando Zaplana ya llevaba cuatro años instalado en el Palau de la Generalitat Valenciana. El objeto social de la firma es el alquiler de bienes inmobiliarios. Tiene un patrimonio en viviendas y locales superior a los 1,9 millones de euros. 
Destaca un edificio entero de apartamentos en el número 13 de la calle Pescadores, de Benidorm, a solo 50 metros de la arena de la playa de Poniente. Felisa López también figura como administradora.
Otra mercantil bajo investigación es Gesdesarrollos Integrales SL, creada en 2006. En ese momento, Zaplana era el portavoz del PP de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Gesdesarrollos se centra en la promoción inmobiliaria y a fecha del pasado 31 de diciembre tenía en propiedad terrenos tasados en 2.056.870 euros. Barceló es su administrador único desde el primer año de funcionamiento de la empresa. Una tercera compañía suya, Medlevante SL, fue constituida un año antes. 
En 2014 tenía activos de 3,1 millones de euros. Y una cuarta, que lleva su apellido y el de su mujer y en la que participan ambos, Barceló López SL, controla un chalé en Polop y dos apartamentos en Villajoyosa “destinados a arrendamientos” que suman otros 430.000 euros. En total, solo esas cuatro sociedades agrupan bienes por importe de 7,4 millones de euros.
Los movimientos societarios del matrimonio habrían continuado en fechas más recientes. En 2012, Barceló desembarcó en otra promotora inmobiliaria, Gavina del Arsenal SL. Y en enero de 2017, su mujer se convirtió en administradora única de Volp Accesories & Others, una empresa dedicada al “comercio al por menor por correspondencia o internet” que había echado a andar un año antes.
En esa maraña de sociedades se escondería parte de las comisiones ilegales que presuntamente recibió Zaplana por amañar la adjudicación de concesiones para levantar parques eólicos y construir centros de inspección técnica de vehículos (ITV). 
Entre los empresarios más beneficiados por esas licitaciones irregulares se encontrarían los también detenidos este martes Vicente y José Cotino, propietarios de Sedesa y sobrinos del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino, que no fue arrestado pero será citado para declarar en las próximas horas en calidad de investigado.

El abogado uruguayo

Zaplana habría desviado posteriormente el dinero de las comisiones a Uruguay para dificultar su detección. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, en ese país habría contado con el asesoramiento del abogado Fernando Belhot, director del bufete con sede en Montevideo South Capital Partners, especialista en la creación de entramados 'offshore' como el que habría utilizado el presunto cerebro del caso Erial. El nombre de Belhot aparece en la investigación de los papeles de Panamá.
La UCO ya se había topado con el letrado en el caso Lezo. En el trancurso de esas pesquisas, los agentes detectaron conversaciones en las que Zaplana se coordinaba con Belhot para tratar de cerrar un acuerdo comercial a tres bandas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Finalmente, en febrero de 2017, los tres pactaron la compra de la licencia para España y Portugal de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la marca alemana Shieer. 
De los diálogos intervenidos, se desprendía que ese negocio podía ser una excusa, según el primer auto de imputación de González, para el “afloramiento de capital de origen ilícito”. “Las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”, apuntó el entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco.
En otra conversación de Lezo, “Ignacio González proponía a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo —valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay— 'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. 
Según Velasco, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.
La operación Erial ha desplazado el foco de esos diálogos hacia Zaplana. En conversación con este diario tras estallar Lezo, el abogado uruguayo admitió que conocía al exministro desde hacía años y que fue él quien le presentó a González. Belhot llegó incluso a abrir una oficina en Madrid en febrero de 2016 para avanzar en esas operaciones comerciales.
La lista de detenidos este martes la completan el antiguo jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García Gómez, y su asesor fiscal, Francisco Grau, que fue secretario del consejo de administración de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Asimismo, en los próximas días tendrán que prestar declaración en calidad de investigados otras siete personas. Entre ellas, además de la mujer de Zaplana y Juan Cotino, se encuentra su secretaria personal, Mitsouko Henríquez Alcántara.

La conexión del expresidente con Ciudadanos

VALENCIA.- Que en los últimos tiempos el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se había acercado de alguna forma a Ciudadanos es un hecho. Zaplana ya presentó en el Club Siglo XXI de Madrid al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, recuerda hoy Levante-EMV.

Fuentes populares apuntaban ayer que Zaplana también había mediado para que algunos cargos locales pudieran desembarcar en Ciudadanos. También uno de los diputados de Ciudadanos en las Corts, el alicantino Emigdio Tormo, estuvo muy vinculado en el pasado a Zaplana y a su mano derecha, el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, detenido en 2010 por el caso Brugal.
Hace unas semanas, la número dos del PP Eva Ortiz vinculó en un tenso debate en las Corts al propio Tormo con el pasado de casos corrupción que han salpicado a Ripoll y hasta le exigió explicaciones por esa relación, algo que descolocó a Tormo.
Tormo fue concejal del PP en Elx y director de la Agencia de Energía en la etapa del zaplanista Joaquín Ripoll. Tormo fue uno de los asistentes a la conferencia de Eduardo Zaplana en el Ateneo de València el pasado 16 de abril. Fuentes de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana negaron ayer cualquier relación de la dirección autonómica con el expresidente y acusaron al PP de lanzar esta cuestión para vincular a Zaplana con Cs.
En esa conferencia de Zaplana en el Ateneo Mercantil de València, en la que fue su última aparición pública, no acudió ningún representante de la actual dirección del PP, aunque sí el presidente de la gestora en València, Luis Santamaría.
Entre los asistentes estaban exconsellers como Mari Àngels Ramón-Llin, Miguel Peralta, Lola Johnson o Alicia de Miguel. También cargos actuales como la diputada en el Congreso Susana Camarero o a la autonómica Verónica Marcos. 
Además, hace ahora aproximadamente un año, Ciudadanos repescó precisamente a una asesora muy vinculada en el pasado a Zaplana, para convertirla en jefa de gabinete de la síndica en las Corts, Mari Carmen Sánchez.

El «legado» de Eduardo Zaplana se vuelve en contra de Ciudadanos

ALICANTE.- Ciudadanos se nutrió de antiguos referentes del zaplanismo en sus primeros pasos para su implantación en la Comunidad Valenciana. Dirigentes de la más estricta confianza de Eduardo Zaplana -quien en sus últimas apariciones públicas había sido crítico con la actual dirección del PP regional- abandonaron las filas populares para enrolarse en el partido de Albert Rivera. Entre ellos el actual diputado autonómico Edmigio Tormo, exconcejal en Elche quien en su época se enfrentó con la dirección que presidía Francisco Camps, recuerda hoy Abc.

Tormo, quien en el pasado ocupó cargos públicos en Administraciones gobernadas por el PP, dejó el partido en 2013 y en las elecciones autonómicas de dos años después fue cabeza de lista por Ciudadanos en la provincia de Alicante.
Fernando Mut -director general de Arquitectura en la conselleria de Infraestructuras cuando Zaplana era el presidente de la Generalitat- pasó también a Ciudadanos. En este caso, el que fuera candidato en Gandía por el PP llegó a ser coordinador territorial de Ciudadanos de Valencia, pero dejó su cargo en el partido en 2014, tras conocerse su imputación en el caso Innova, que investiga el supuesto desvío de 6 millones de euros que concedió el Gobierno destinados a un centro de innovación en Gandia.
Jorge Sedano, histórico zaplanista en Alcoy, también pasó del PP a Ciudadanos, aunque ha anunciado que al finalizar la legislatura dejará la política.
Mut y Tormo fueron dos de los asistentes al último acto público de Zaplana en Valencia antes de su detención. Una conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia en la que reivindicó su «legado» y criticó la ausencia de «relato» de Isabel Bonig. 
La actual presidenta del PP de la Comunidad Valenciana explicó este martes en una entrevista en La Linterna de la Cadena Cope que no le «consta» que haya una relación directa entre Ciudadanos y Zaplana.
Con todo, la dirección nacional del PP pretende insistir en ese vínculo. Al respecto, Bonig recordó que el exministro «era muy amigo de Aznar, y Aznar ha manifestado sus preferencias en alguna ocasión por Albert Rivera».
Con todo, ni el concejal por Valencia y coordinador autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, ni el diputado nacional y presumible candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones de 2019, Toni Cantó, guardan relación con Zaplana, quien mantuvo hasta este martes -cuando fue suspendido de militancia- el carnet del PP.
Los populares recuerdan que Zaplana trató de encumbrar a Rivera en su etapa del presidente Club siglo XXI. El exministro dejó la política activa en abril de 2008, justo cuando Mariano Rajoy reforzó su poder en el partido tras el congreso del PP celebrado en Valencia.
Zaplana mantuvo el carnet, pero desde la distancia lanzó guiños a Ciudadanos, que se plasmaron en el fichaje por parte del partido de Rivera de antiguos dirigentes del PP de su época, como los referidos Tormo, Mut o Sedano.
Con todo, la formación naranja marcó distancias este martes respecto al exministro. La portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, subrayó que la detención del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana es «una mala noticia que demuestra que la corrupción estaba asentada en el bipartidismo tradicional».
Sánchez manifestó que es «el momento de pasar página» y que la Comunitat Valenciana sea noticia por las propuestas de regeneración «y no por la corrupción», y ha lamentado que parece que no cesa «la romería» de cargos del PP hacia los juzgados.

El PP presume de tomar «en tiempo récord» una decisión «drástica» sobre Zaplana

MADRID.- El PP está muy satisfecho de la respuesta fulminante que dio ayer tras la detención de Eduardo Zaplana por los supuestos delitos de malversación, blanqueo y prevaricación, en una operación policial desarrollada el en Valencia. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha presumido en el Congreso de la suspensión de militancia de Zaplana en «tiempo récord». Una decisión «drástica» que considera totalmente «acertada», tal como recoge Abc.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Maillo ha explicado que el caso de Zaplana era «lo suficientemente grave como para que el Partido Popular tomara una decisión tan drástica en tiempo récord. Es una decisión muy acertada».
El PP quiere subrayar de forma especial que «Zaplana pertenece al pasado» y todas las personas involucradas en la operación deben responder individualmente de las ilegalidades que hayan podido cometer. 
«A nadie se le detiene por casualidad y parece que hay hechos que son muy graves», ha insistido. «Son conductas totalmente reprochables». Maillo ha recordado que cuando Zaplana actuaba, Rajoy no era presidente del Gobierno ni del partido.
Maillo ha mostrado su confianza en que salga a relucir todo y que cada uno responda de forma individual.
 «La Justicia siempre llega, aunque pasen 10, 14 o 16 años. Lo que no vamos a tolerar es que se manche la imagen y las siglas de un partido honrado y honesto, con miles de cargos públicos que han hecho una labor en beneficio del país de una manera limpia».
El coordinador general del PP ha defendido que su partido no actúe con la misma celeridad en otros casos de supuesta corrupción. A su juicio, no todos los casos son iguales. 
«Tenemos que ser cuidadosos y justos a la hora de tomar algunas decisiones. La envergadura de los hechos que se empezaban a conocer hacía que teníamos que tomar una decisión muy rápida».