sábado, 26 de mayo de 2018

La sobrina de Paesa gestiona en Luxemburgo las mordidas del 'caso Zaplana'


MADRID/BENIDORM.- Beatriz García Paesa administró la sociedad luxemburguesa Imison International, a través de la que, según la juez que instruye la Operación Erial, se canalizó un soborno de 6,4 millones de euros para Eduardo Zaplana

La sobrina del espía que ayudó a Luis Roldán a fugarse de España ha explicado a El Mundo, a través de fuentes de su entorno, que el dinero que pasó por esa sociedad era propiedad de la familia Cotino y que fue enviado al Gran Ducado con la explicación de que "procedía de un holding familiar e iba a ser invertido en negocios de cemento y promociones inmobiliarias en España". 
García Paesa reconoce que "Vicente Cotino acudía a las juntas de la compañía", pero niega conocer a Zaplana. "Nunca he hablado con él", asegura.
La sobrina del espía Francisco Paesa administró la sociedad luxemburguesa Imison International a través de la que se canalizó la supuesta comisión de 6,4 millones de euros que ha llevado a prisión al ex presidente valenciano.
Beatriz García Paesa, que fue investigada por dar cobertura con sus empresas a su tío, que ayudó a fugarse al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, fue hasta su liquidación en 2011 la gestora de esta compañía. 
A través de la misma, según la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, se instrumentó hace 12 años el supuesto soborno millonario pagado por la familia Cotino a Zaplana a cambio de la adjudicación de ITV's y de parques eólicos desde la Generalitat.
El Mundo se puso este viernes en contacto con el entorno de García Paesa, que admitió su presencia en la compañía "desde finales de 2001". 
No en vano así figura en la documentación oficial del registro mercantil de Luxemburgo a la que ha tenido acceso este periódico. En los archivos de esta plataforma de inversión aparece como integrante del Consejo de Administración junto al domicilio de sus oficinas, ubicadas en el número 5 de Boulevard Royal.
Radicada en el Gran Ducado como gran asesora financiera las mismas fuentes subrayan que García Paesa "ni tuvo poder en las cuentas ni movió nunca los fondos". Apuntan a que simplemente accedió a ocupar el cargo de administradora ya que los propietarios del dinero eran españoles, concretamente "los miembros de la familia Cotino", que argumentaron ante la sociedad que el dinero "procedía de un holding familiar que tenía inversiones en cemento y quería llevar a cabo promociones inmobiliarias en España".
No obstante, la instructora del bautizado como caso Erial considera que el dinero transferido a Imison International tiene como origen realmente un soborno cuyo beneficiario último era el ex alto cargo popular.
Así, la magistrada señala que "existen indicios de la relación" de Zaplana "con el cobro de una serie de comisiones aparentemente desembolsadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa, propiedad de los Cotino, en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de la Comunidad valenciana, ambas licitadas en el periodo temporal en el que fue presidente de la Generalitat valenciana" y canalizadas a través de la referida entidad luxemburguesa.
A su vez añade la magistrada que "existen indicios de su relación en términos de posesión con determinada documentación que trata aspectos de las licitaciones y adjudicaciones, así como una serie de operaciones societarias vinculadas a las anteriores".
En ellas, prosigue la juez en el auto mediante el que envió a prisión al ex presidente valenciano, "aparecen reflejadas diferentes personas físicas y jurídicas relacionadas a los hechos pasados y futuros descritos en ellos y apareciendo descrita con cierto grado de detalle la operativa seguida en relación a Imison International, aparentemente instrumentalizada para el pago de la comisión".
Estos fondos, señala la instructora, "fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006". También apunta el auto que "con respecto a los fondos retornados se ha evidenciado a lo largo de la investigación cómo, de forma contemporánea a la salida de fondos de Luxemburgo, se habrían estado produciendo una serie de movimientos solitarios (constitución de empresas, cambios de titularidad, etcétera)".
"Un análisis conjunto parece indicar que tuvieran el propósito finalista de posibilitar el retorno de estos fondos y la puesta a disposición o bajo el control de los destinatarios finales", subraya.
En esta operativa de retorno de fondos la juez implica también a las sociedades Medlevante, Turnis Silvatica y Gesdesarrollos Integrales, entre otras. "Siendo de especial interés", prosigue el auto judicial, "el hecho de que todas las personas intervinientes en este proceso de creación y posterior administración que alcanza hasta la actualidad se encontrarían personalmente vinculadas con Eduardo Zaplana", concluye en su última resolución la instructora de la Operación Erial.
El asesor fiscal personal de Zaplana prestó declaración ante la juez de Valencia y también desvinculó por completo al ex ministro de la sociedad Imison International, S.A. "Conozco todo lo que tiene y eso no es suyo", dijo a la juez, que insiste en tener pruebas de la vinculación de Zaplana con la entidad. El entorno familiar del ex ministro también niega relación alguna con esta empresa.

La juez cree que Zaplana cobró a plazos las comisiones

La investigación de la Operación Erial apunta a que el exministro del PP Eduardo Zaplana cobró a plazos comisiones obtenidas a cambio de adjudicaciones. Por ese motivo, la juez Isabel Rodríguez le atribuye delitos de cohecho y prevaricación respecto a contratos concedidos en su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana (de 1995 a 2002) sin considerar que hayan prescrito, según El País.
La tesis de la investigación es que Zaplana recibió mordidas años después de que adjudicaciones como la de las ITV y el Plan Eólico Valenciano se materializaran, e incluso tras abandonar el cargo. 
Pero que el delito se perfeccionó —se cometió del todo—, cuando el pago del soborno se hizo efectivo. A partir de entonces, señalan fuentes de la investigación, empieza a contar el plazo de prescripción. Un plazo que en el caso del cohecho es de 15 años.
La magistrada envió el jueves a prisión a Zaplana y a dos de sus colaboradores, su asesor fiscal Francisco Grau y su presunto testaferro Joaquín Barceló, por los delitos continuados de cohecho y prevaricación, fraude en la contratación y fiscal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo, malversación, pertenencia a asociación ilícita para delinquir y a grupo criminal. 
La magistrada señala que el pago de las comisiones se efectuó en el extranjero y, tras pasar por un circuito internacional de blanqueo, el dinero se reintroducía en España.
La instructora menciona una operación de 2005, y fuentes de la investigación sostienen que la operativa se ha mantenido presuntamente hasta este año.
 Fuentes del entorno de Zaplana señalaron que su defensa considera su ingreso en prisión “innecesario, desproporcionado e injusto”.

Piden cambiar de nombre la avenida Eduardo Zaplana de Benidorm

Podemos y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) han registrado una iniciativa en el Ayuntamiento de Benidorm para cambiar de nombre la avenida Eduardo Zaplana y que le sean retirados los demás honores y reconocimientos al exalcalde, exministro y 'expresident', tras su detención en la operación Erial por presunto blanqueo de capitales y su posterior ingreso en prisión preventiva y sin fianza en Picassent (Valencia).
Las formaciones han defendido en un comunicado conjunto que los hechos que se le imputan son "muy graves y constatan, una vez más, que el Partido Popular es una banda organizada para delinquir".
La portavoz de Podemos en Benidorm, Asun Villaverde, ha recordado que "Zaplana empezó su carrera política asumiendo la Alcaldía de Benidorm con el apoyo de una tránsfuga". Ha recalcado además que "dicha maniobra fue apoyada por Mariano Rajoy en calidad de vicesecretario general del Partido Popular".
En relación al presidente del Gobierno, ha añadido que "en 2009 compareció ante la prensa asegurando que existe una trama contra el PP y que los casos de corrupción son casos aislados; es decir, una mentira que no se sostiene y que es la excusa para no asumir responsabilidades políticas".
Por su parte, el portavoz municipal de EUPV, Fran Casellas, ha asegurado que "la detención de Zaplana no es ninguna sorpresa, ya que la maniobra con la que llegó a la Alcaldía dejaba muy claro por dónde discurrirían sus prácticas de gobierno". 
"No hay mayor declaración de intenciones que subvertir un resultado electoral comprando lavoluntad de una tránsfuga", ha enfatizado.
Por todo ello, desde ambas formaciones consideran que Zaplana "no cumple los requisitos de ejemplaridad para merecer reconocimiento público" y que "es imprescindible que el Ayuntamiento de Benidorm proceda a sustituir el nombre de la avenida", además de retirar tanto las placas de los lugares públicos donde aparezca su nombre como la medalla corporativa de la ciudad, que le fue concedida en 2012.
Podemos y EUPV han reconocido que "no se puede borrar la relación pasada entre Eduardo Zaplana y Benidorm", pero creen que "borrar su nombre de los espacios públicos es fundamental para mejorar la imagen de la ciudad"
 Han lamentado que Benidorm "se está viendo perjudicada con este asunto", por lo que ven "imprescindible" que el Ayuntamiento se posicione a favor de la iniciativa presentada para "mejorar la calidad democrática de la ciudad".

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