domingo, 1 de abril de 2012

Piden preservar el carácter público del Canal de Isabel II


MADRID.-   La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido a trámite una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Municipal en la que se pide derogar varios artículos de la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid de 2009 para preservar el carácter público del Canal de Isabel II.

   Según señala la Proposición de Ley, publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, la vía que eligen para asegurar el carácter público de la empresa de aguas es derogar "todas aquellas disposiciones que quebranten o meramente alteren el irrenunciable carácter público" del Canal y, en especial, los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad.
   Y es que los firmantes opinan que la entidad es "un patrimonio común de esta ciudadanía con todos sus elementos integrantes", además de un "instrumento de una gestión honesta que ha de proseguir en el tiempo para la mejora del bienestar de las poblaciones y en armonía entre ese bienestar y las exigencias ambientales" del entorno.
   Dentro de su alegato, los ayuntamientos dicen que "la utilización del agua, su tratamiento para diferentes finalidades y, en especial, su dedicación a satisfacer las necesidades primordiales de la población, como son la del consumo de boca, la higiene personal y el tratamiento de los alimentos, constituye uno de los rasgos esenciales de las civilizaciones humanas".
    Se remontan a la antigua Roma, y afirman que el derecho romano declaraba explícitamente a los acueductos como cosas consideradas fuera del comercio de los hombres, y citan la "gran tradición jurídica española en materia de ordenamiento hidráulico". Así, afirman que "tanto la antigua Ley de Aguas de 1879, como la vigente de 1985 y el Texto Refundido de 2002 son inequívocas en la afirmación del carácter público del agua".
   "El legislador muestra de este modo el valor social del recurso y trata de evitar la intervención de actitudes basadas en el ánimo de lucro", sostienen y dicen que "más de 150 años de ininterrumpida presencia y actuaciones ha ido generado un amplio y rico patrimonio territorial que ha estado y está al servicio de las actividades propias del Canal de Isabel II y que es garantía de que tales actividades se llevan a cabo en las mejores condiciones de seguridad y protección".
   Por otro lado, apuntan que ese conjunto de espacios "de gran valor histórico y paisajístico" son "parte de la riqueza colectiva de esta ciudadanía", y aseveran que el conjunto íntegro de lo que se conoce como Canal de Isabel II "debe permanecer como público en su indivisible totalidad".
   Los firmantes aseguran que "la continuidad de la naturaleza jurídica pública de esta institución garantiza no ya los derechos de los ciudadanos, sino también los de todos los trabajadores que a lo largo del tiempo, han venido, vienen y vendrán haciendo posible el hecho relevante de que unos seis millones de personas no sientan preocupación por el agua".
   Afirman también que el servicio "se ha venido prestando ininterrumpidamente a satisfacción de la inmensa mayoría de la población que considera al Canal como algo propio de la identidad madrileña", y dicen que el historial se ha desarrollado "bajo los auspicios de una gestión pública muy valorada" por los ciudadanos.
  "La intención del Gobierno regional de proceder a la privatización, por el momento parcial, de algunos de los servicios que actualmente realiza la entidad Canal de Isabel II, resulta poco adecuada para que estos servicios básicos sigan funcionando como hasta el presente e incluso mejoren", defienden.
   Además, afirman  que hasta el presente, se viene observando "una total opacidad y un apresuramiento que en nada favorece la participación ciudadana plena en asuntos que le conciernen y cuyo derecho no puede ser menospreciado en aras de unos propósitos económicos contrarios al interés general rectamente entendido".
   Por ello, consideran que los ciudadanos y en su representación los ayuntamientos, han de exigir de las autoridades de la Comunidad de Madrid cuanta información referente a las intenciones y fines que dichas autoridades alberguen respecto al Canal, a fin de que "cualquier decisión que se pudiera adoptar, lo sea con el pleno conocimiento y consentimiento de la citada ciudadanía, siendo lo más predecible que la gran mayoría opte por la continuidad de la gestión pública de su servicio de aguas y de saneamiento".

El Papa recibirá este lunes a Rouco y a Ana Botella

MADRID.- El Papa recibirá este lunes en una audiencia privada al cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, y a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ya viajaron a Roma junto a miembros del Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid en el marco de una peregrinación a Roma organizada por el Arzobispado de Madrid para dar las gracias al Pontífice por la JMJ.

   La alcaldesa de Madrid asistirá a la audiencia con el Pontífice en calidad de encargada de la organización de la Jornada por parte del Ayuntamiento de Madrid en sus labores como teniente de alcalde que era el cargo que ostentaba el pasado mes de agosto cuando se celebró el evento, según han informado fuentes del Consistorio.
   La peregrinación diocesana hacia Roma comenzó este viernes y se prolongará hasta el próximo miércoles 3 de abril y en el programa se incluía una misa ayer sábado presidida por el cardenal Rouco Varela en la Basílica romana de San Lorenzo in Dámaso, de la que es titular como cardenal, así como la Eucaristía de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, hoy, Día de Ramos.
   Asimismo, en la agenda del viaje destaca la audiencia con el Pontífice que tendrá lugar mañana lunes, 2 de abril, a las 11 horas y a la que asistirán, además de Botella y Rouco, el obispo auxiliar de Madrid y coordinador general de la JMJ de Madrid, César Franco, y el director ejecutivo de la JMJ de Madrid, Yago de la Cierva, quien ha indicado que en la audiencia estarán presentes unas 4.000 personas.
   En este sentido, De la Cierva ha explicado que esta audiencia que les ha concedido el Papa es algo "extraordinado" y ha explicado que el objetivo de la misma es mostrar su agradecimiento al Pontífice.
   La peregrinación coincidirá con el encuentro organizado por el Pontificio Consejo para los Laicos (PCL), responsable de las JMJ, para discutir cuestiones relacionadas a las jornadas de Madrid y de Río, que se celebra desde el pasado jueves hasta el lunes, y en la que participan una delegación del Comité Organizador Local (COL) de la JMJ Rio 2013, representantes de la JMJ de Madrid y de diferentes conferencias episcopales, diócesis, comunidades y movimientos de más de 80 países.
   Entre los asistentes, se encuentran el arzobispo de Río y presidente del Comité Organizador Local (COL), monseñor Orani Joao Tempesta, y los vicepresidentes, obispos auxiliares de Rio, monseñor Antonio Augusto Dias Duarte y Paulo Cezar Costa, junto al coordinador general de la JMJ Rio 2013, monseñor Joel Portella Amado.
   El primer día del encuentro, representantes de la JMJ de Madrid habrían presentado su evaluación de su Jornada y el viernes los miembros de la JMJ de Río presentaron su situación sobre los avances en la preparación de la JMJ de 2013. Asimismo, este sábado se presentó un estudio a nivel mundial, llevado a cabo por el Pontificio Consejo, sobre la presencia de la Iglesia junto a los jóvenes hoy. Además, el Comité Organizador tuvo también una entrevista colectiva con el presidente del PCL, el cardenal Stanislaw Rylko.
   Este Domingo de Ramos participaron en la celebración de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro de Roma y, según la web oficial de la JMJ de Río que cita a fuentes del COL, en la misa, iba a estar presente la réplica del Cristo Redentor que estará viajando por el mundo para invitar a los jóvenes a la Jornada.

Censuran que se subvencione visitas escolares a plazas de toros

MADRID.- Una veintena de activisitas de la asociación antitaurina AnimaNaturalis ha realizado este domingo frente a la plaza de toros de Las Ventas una performance en la que una joven se ha desnudado y 'clavado' tres banderillas en su cuerpo para denunciar que la Comunidad de Madrid "subvenciona visitas" escolares de alumnos de 3º y 4º de la ESO a plazas de toros para fomentar la 'fiesta' entre los jóvenes.

   El coordinador de AnimaNaturalis en Madrid, Sergio García, ha reprochado que unos 12.000 niños acudirán de manera "obligada" durante este curso escolar 2012-2013 a visitar las plazas con el objetivo político de "generar afición taurina" en un momento en el que la tauromaquia, según ha asegurado, "está desapareciendo" en el país.
   Además, ha lamentado que llevar a "niños de 3º y 4º de la ESO" a visitar plazas de toros cuando las "restricciones" de estos recintos son "hasta los 16 años" es similar a permitir a los niños entrar "a un sex shop".
   "Luchamos contra esas subvenciones. Entendemos que es un movimiento a la desesperada del mundo taurino para mantener sus privilegios", ha criticado García tras afirmar que la tauromaquia se nutre al "90 por ciento de las subvenciones públicas". 
"Necesitan recuperar gente, ni siquiera el tendido de sombra se llena en la feria de abril", ha recalcado.
   Además, ha resaltado que en época de ajuste presupuestario las Administraciones no deberían de dedicar recursos públicos con el que cubren el "90 por ciento" de los costes de la fiesta. Según ha estimado el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos destinan unos "550 millones de euros" al año.
   En este sentido, dos turistas que visitaban Madrid y se han encontrado a la joven desnuda tendida en el suelo ensangrentada junto a veinte activistas antitaurinos portando una pancarta en la que se podía leer 'Tortura. Tauromaquia abolición. Muerte', María Jesús y María José, han afirmado que el dinero público debería ser destinado a "otras cosas" a su juicio más importantes como a reducir el paro.
   Por el contrario, un taurino que ha mostrado su repulsa hacia actos como el que han llevado a cabo AnimaNaturalis, Pepe Sanz, ha calificado el acto de "vergüenza" ya que la tauromaquia es "una fiesta nacional de España".
 "Cada vez que veo esto yo les pondría las banderillas de verdad", ha espetado. Del mismo modo, otro aficionado a los toros ha tildado de "inadmisible" protestas y ha protagonizado un enfrentamiento verbal contra una activista antitaurina.

El Defensor del Pueblo critica el acceso a tres cárceles madrileñas

MADRID.- El Defensor del Pueblo ha criticado el acceso a tres cárceles de la Comunidad de Madrid --Madrid I, Madrid II y CIS de Alcalá de Henares--, sobre las que ha mostrado su preocupación, y ha alertado sobre el déficit de plazas penitenciarias en régimen ordinario en la región pese a la apertura del Centro Penitenciario de Estremera.

   Según se desprende del Informe de 2011 elaborado por la institución, el Defensor apunta a que se han investigado "las preocupantes condiciones de acceso a los Centros Penitenciarios de Madrid I, Madrid II y CIS de Alcalá de Henares" debido al "peligro que supone el tránsito simultáneo por la misma carretera de los viandantes y los vehículos que acuden a los citados centros".
   Ello ha derivado en la sugerencia a Instituciones Penitenciarias para que acometa o inste "directa e inmediatamente" a acometer al órgano competente de la Administración General del Estado la conservación del vial de acceso al Centro Penitenciario Madrid II.
   Asimismo, en el caso de que sea necesario, también al Ministerio de Fomento con el asesoramiento de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, para que se lleve a cabo la mejora del acceso al centro penitenciario "para el adecuado tránsito de personas y vehículos, con pavimentación y alumbrado apropiados".
   El Defensor también refiere que para ello debe producirse en coordinación con la Comunidad de Madrid en el desarrollo del proyecto autonómico 'Duplicación de la carretera M-121, Tramo: A-2 Meco', en el enlace a distinto nivel de acceso al centro penitenciario.
   Según advierte el Defensor, se encuentra abierta una investigación con la Secretaría General de Instituciones Penitencarias relativa al déficit de plazas penitenciarias en régimen ordinario en la Comunidad de Madrid, pese a la apertura del Centro Penitenciario de Estremera.
   Debido a esto, según refiere el Defensor del Pueblo en su informe, la Administración apuntó que a fin de paliar este déficit estaba prevista la creación de diversos centros destinados a albergar reclusos en régimen abierto, como el Centro de Inserción Social de Navalcarnero y el de Madrid Sureste, por lo que la institución informante señala haberse "mantenido atenta acerca de la evolución del citado plan de infraestructuras".
   Por otra parte, para conocer las inauguraciones penitenciarias de diversa índole en la totalidad del territorio nacional, procedió a tramitar una investigación, informando de varios centros, entre ellos la Unidad de Madres de Madrid. Esta investigación se mantiene abierta, entre otros aspectos, "para que informen sobre los motivos de las demoras en los plazos previstos de inauguraciones".
   Por otra parte, el Defensor muestra en su informe su preocupación por "la sobreocupación que sufren los centros penitenciarios y, muy especialmente, la de aquellos centros con una mayor antigüedad en los que persisten los dormitorios colectivos o con una tercera litera por celda". Entre los centros que menciona se encuentra el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid.

El apoyo a la celebración de la JMJ no es inconstitucional

MADRID.- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, afirma en su informe de 2011 que el apoyo de las administraciones a la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid, del 16 al 21 del pasado mes de agosto, no es inconstitucional pues no vulnera el artículo 16.3 de la Constitución Española que se refiere a la neutralidad del Estado en materia religiosa y establece "que ninguna confesión tendrá carácter estatal".

   Así ha respondido la Defensora a las quejas recibidas durante el pasado año por españoles que manifestaban su discrepancia sobre la participación de organismos públicos estatales, autonómicos y municipales en la organización y celebración de la JMJ puesto que entendían que podría haberse vulnerado el principio de laicidad o neutralidad del Estado.
   No obstante, según indica el informe, la participación de organismos estatales, autonómicos y municipales en un acto de naturaleza religiosa como la JMJ, promovido y organizado por una confesión religiosa concreta --la Iglesia Católica--, que ha aglutinado a una parte de la sociedad española, no puede considerarse una vulneración del artículo 16.3 de la Constitución.
   Por ello, apunta que la Defensora informó a los comparecientes de que el Estado español "asiste a la libre expresión de lo religioso y permite una potencial interlocución con las confesiones, sin tomar partido hacia ninguna, y con una visión positiva de la realidad a la que atiende, pues la posibilidad de cooperación es un referente constitucional en sus relaciones con los grupos religiosos".
   Además, el estudio señala que "hay que distinguir entre los actos religiosos que el Estado no puede realizar en absoluto por ser contrarios a la neutralidad religiosa, como exigencia del artículo 16.3" y "otros actos que el Estado realiza como participante en un acto ajeno pero cuya organización no es imputable al Estado". Para estos últimos casos, según apunta el informe, es de aplicación la previsión del artículo 16.3 que establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.
   En cuanto a la financiación estatal de actos religiosos, en concreto de actos de culto católicos, la Defensora explica que el Estado "puede destinar infraestructuras públicas para conseguir un buen desarrollo de actos de naturaleza privada pero con participación ciudadana multitudinaria" al igual que se dispone de ellos por motivos de seguridad en actos privados con una concentración importante de ciudadanos, por ejemplo, en las manifestaciones deportivas.
   A estos efectos, precisa que la Comunidad de Madrid colaboró con el mencionado evento a través de las áreas de transportes, emergencias, sanidad y protección ciudadana "a fin de lograr un desarrollo satisfactorio de estas actividades".

Las ejecuciones hipotecarias en Madrid descendieron un 26,7% en 2011

MADRID.- Las ejecuciones hipotecarias en la Comunidad descendieron un 26,7 por cuento durante 2011 hasta alcanzar los 7.533 procesos (la cifra más baja desde 2009), según el último informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Por otro lado, el estudio remarca que los desahucios en la región se incrementaron un 6 por ciento en 2011 con un total de 9.460 procedimientos y supone la cifra más alta desde 2008,
   A nivel nacional, los desahucios aumentaron un 21,8 por ciento durante el pasado año, con un total de 58.241 procedimientos, marcando un nuevo máximo en la serie histórica.
   La estadística recoge desahucios de inquilinos que no pueden pagar sus rentas y también propietarios de viviendas que tampoco pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias.
   Así, el CGPJ registró el mayor número de desahucios en un sólo año desde el inicio de la crisis, que duplica incluso los 26.748 procedimientos de 2008.  
   Con todo, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas se redujeron un 16,9 por ciento respecto a 2010, con un total de 77.854 ejecuciones registradas.
   Las comunidades autónomas en las que se registró mayor número de lanzamientos en 2011 fueron la Comunidad Valenciana (13.711), Andalucía (9.864) y Madrid. Por el contrario, el menor número de procedimientos se registró en La Rioja (244), Navarra (336) y Extremadura (439).

Madrid, provincia española a la cabeza en despidos durante 2011

MADRID.- En España, los Juzgados de lo Social registraron en 2011 un total de 117.613 demandas por despidos, lo que supone un aumento del 5,1% respecto a 2010 y una vuelta al crecimiento tras las disminuciones interanuales registradas desde el cuarto trimestre de 2009, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

   En el cuarto trimestre del pasado año se registraron 29.955 demandas por despido, lo que representa un aumento del 12,9% respecto del mismo trimestre del año anterior, el mayor crecimiento de todo 2011.
   Por otro lado, en la jurisdicción social se presentaron además 37.899 reclamaciones de cantidad por impagos derivados de extinciones de contratos e indemnizaciones en el cuarto trimestre de 2011, lo que supuso un descenso del 4,5 por ciento.
   Por provincias, los juzgados de Madrid fueron los que más demandas por despidos registraron en 2011, con un total de 18.968 procesos, un 5,51% más que en el año anterior. En segundo lugar se situó Barcelona con un total de 17.355 demandas, un 2,6% más que el año anterior.
   Por detrás y con cifras menores se situaron Valencia, con un total de 7.332 procesos judiciales por despido en todo el año pasado, un 2,1% más que en 2010, Alicante con 4.747 demandas, un 2,3% menos, y Sevilla con un total de 4.573, un 13,7% más.
    Por último, las reclamaciones de cantidad entre empresarios y trabajadores por despedidos disminuyeron en todos los trimestres de 2011, con una caída en el conjunta del año del 8,7%. Esta disminución se puede deber a que se están acumulando las reclamaciones de cantidad en las propias demandas por despido, según informa el CGPJ.

El PP reduce los plazos de la Ley de Estabilidad para aprobar y aplicar ajustes

MADRID.- Las enmiendas presentadas por el PP al articulado del proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria permitirán reducir los plazos en los que las administraciones públicas deberán aprobar los planes económico-financieros o de reequilibrio para corregir los desajustes de sus presupuestos, así como acortar el tiempo en los que se deberán redactar los informes de seguimiento, y también ampliarán los supuestos que dan lugar a la aplicación de medidas coercitivas por parte del Estado.

   Estas enmiendas serán incorporadas previsiblemente al proyecto de ley el próximo martes en la ponencia de la Comisión de Hacienda encargada para revisar el texto.

   El Grupo Popular introduce varias modificaciones en el artículo que hace referencia a la tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio que deberán redactar las administraciones públicas que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, incluyendo los que se hayan aprobado a lo largo de 2012.

   Así, las administraciones dispondrán finalmente de dos meses (en lugar de tres) para aprobar estos planes una vez se constaten los incumplimientos, y tendrán que poner en marcha las medidas de ajuste en un máximo de tres meses en lugar de cuatro. El objetivo es, según se justifica en la propia enmienda, "acelerar la corrección" de los desajustes.

   Por otra parte, también se acortan los plazos para elaborar los informes de seguimiento de la aplicación de las medidas de reequilibrio, y los plazos para aplicarse las medidas coercitivas previstas en la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.

   En concreto, el Ministerio de Hacienda deberá elaborar informes trimestrales de seguimiento de la aplicación de las medidas de reequilibrio en lugar de cada seis meses como se recoge en el proyecto de ley, y las desviaciones que se prolonguen durante dos semestres darán lugar a medidas coercitivas. En el caso de las corporaciones locales, los informes de seguimiento serán semestrales en lugar de anuales.

   Asimismo, la falta de remisión del informe de seguimiento o su valoración desfavorable serán motivos, junto al incumplimiento de los planes de ajuste, para aplicar las medidas sancionadoras, que pasan por la constitución de un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento del PIB nominal de la administración sancionada que se transformará en una multa coercitiva si se mantiene el incumplimiento durante seis meses.

   Por otra parte, los 'populares' introducen un nuevo apartado en la disposición adicional primera de la normativa para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos presenten, trimestral y anualmente respectivamente, un informe de sus interventores sobre la ejecución de los planes de ajuste.

   Además, se da capacidad al Ministerio de Hacienda para seguir la implementación de las medidas de reequilibrio y para informar al departamento de Economía sobre este asunto, e incluso podrá recomendar actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado cuando los informes de seguimiento recojan riesgos para garantizar el reembolso de operaciones de endeudamiento concertadas por comunidades y corporaciones locales.

   De esta manera se pretenden garantizar los objetivos de estabilidad presupuestaria, límites de deuda pública y obligación de pago a proveedores. En relación a este último punto, también se excluye explícitamente al fondo de pago a proveedores del artículo que recoge el principio de responsabilidad y según el cual el Estado no asume ni responde por ningún compromiso adquirido por otra administración.

   El resto de las enmiendas presentadas por el PP, hasta un total de 28, se refieren a aspectos técnicos y clarificaciones del texto del proyecto, la precisión de que por estabilidad presupuestaria se entiende el equilibrio o superávit en las cuentas, y la vinculación entre los marcos presupuestarios y los programas de estabilidad.

   Con respecto al punto de la discordia con los socialistas --el límite del cero por ciento en el déficit estructural y su ampliación al 0,4 por ciento sólo en casos excepcionales--, el PP enmienda el texto para que rece: "Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo".

   Además, incluye un nuevo párrafo al articulado para precisar que se entenderá por 'recesión económica grave' lo mismo que define la normativa europea y, en todo caso, "será necesario que se dé una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional".

Según prevé el Gobierno, la Ley de Estabilidad Presupuestaria entrará en vigor el próximo mes de mayo. Tras el rechazo en el Pleno del Congreso de este jueves de las cuatro enmiendas de devolución presentadas contra el proyecto por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), BNG, ERC y CiU, el texto pasará el martes al proceso de ponencia, donde un grupo de diputados de todas las fuerzas políticas presentes en la Comisión de Hacienda redactarán, a puerta cerrada, un informe en base al texto remitido por el Plenario y a las enmiendas parciales que se acepten de entre las más de 200 que se han presentado.

   El documento deberá estar listo a final de semana para que el lunes 9 de abril pueda ser debatido en la comisión del ramo, junto con las enmiendas parciales que aún queden vivas. Tras votar, se emitirá un dictamen, con los cambios que se hayan aceptado, que se remitirá de nuevo al Pleno de la Cámara baja, que lo someterá a consideración el jueves 12.

   El texto que se apruebe se remitirá entonces al Senado, que puede interponer un veto, poco probable ante la mayoría absoluta del PP; introducir enmiendas, con lo que el proyecto debería ser votado de nuevo en el Pleno del Congreso; o aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido, en cuyo caso la ley quedaría ya definitivamente aprobada.

¡Yo aviso! / Carlos Gorostiza *

Aviso a Seat, Renault, Vw, Ford, Opel… de que he reparado mi viejo coche y que ya he descartado completamente cambiarlo. Aviso al BBVA, Santander, La Caixa, Kutxa…de que he renunciado a aquella compra que tenía pensada y que no necesitaré ya pedir ningún crédito. Aviso a Bimbo, Danone, Nestlé, Campofrío, Henkel, Fairy, Ariel... de que me he convertido en un experto en marcas blancas, que son las únicas que llenan ahora mi carro.

Aviso a El Corte Inglés, Inditex, Cortefiel, Hispanitas....de que ya solo compro ropa en outlets o en rebajas. Ah! y que conozco todas las modistas de arreglos de mi barrio. Aviso a Cepsa, BP, Repsol, Shell, Petronor, Avia… de que me acostumbré a conducir despacio cuando la limitación a 110 y que ahora paso de largo por muchas gasolineras. Y, por supuesto, en los viajes largos uso el bus.

Aviso a Prisa, Vocento, Mediapro, Mediaset, Euskaltel y Movistar que la TV de pago ni siquiera la tengo como opción y que he descubierto que se vive perfectamente sin comprar todos los días todos los periódicos. Aviso a las cadenas Barceló, Sol, Zenith, Meliá… de que ya he reservado plaza en un camping para este verano en lugar del hotel de playa de los pasados años.

Soy un privilegiado. Tengo un buen sueldo, excelente en comparación con el de la mayoría de mis amigos, así que estas decisiones no son nada comparadas con las que, sí o sí, han de tomar ellos y otros muchos millones de consumidores. Porque -señores- no olviden que austeridad es NO COMPRAR.

Quienes hoy aplauden entusiasmados esta reforma laboral que precariza los empleos, que expulsa a la clase media del mercado, que destroza la esperanza de los jóvenes más preparados que miran al extranjero como hicieron sus abuelos, mejor harían en no recalentarse las manos con tanta ovación porque tal vez las necesiten para cavar con ellas la tumba de los negocios que hasta ahora les hicieron ricos.

Quien paga sueldos nimileuristas no puede ser tan tonto como para creer que el resto de empresas no harán lo mismo que él y que, por lo tanto, al cabo no habrá consumidores capaces de comprar lo que él tanto necesita vender. Es obvio. Falta solo saber cuánto tardarán en darse cuenta y a cuánta gente habrán destrozado para entonces.

Aviso de que mi huelga particular empezó antes del 29 y que se prolongará mucho después. ¿Y la de usted?

(*)  Político vasco

Cataluña dice que los rascacielos son el principal escollo para lograr Eurovegas

BARCELONA.- El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder, ha considerado este domingo que el "encaje territorial" en el entorno del Aeropuerto de Barcelona es el principal escollo para que Eurovegas desembarque en Cataluña, por el modelo de construcción con rascacielos que propone el magnate Sheldon Adelson.

   En declaraciones a Catalunya Informació y TV3,  Recoder ha explicado: "No hemos acabado de dar con el encaje territorial en el entorno del Aeropuerto de Barcelona, este es el tema en discusión en este momento", puesto que el modelo de Adelson prevé edificios mucho más altos de los que quiere la Generalitat.
   Tras reunirse en Las Vegas con el magnate durante unas dos horas, el consejero ha puntualizado que no saben "si para ellos es una cuestión insalvable o no, pero es la piedra en el zapato del proyecto".
   Durante la visita de la delegación catalana a Las Vegas, se han acercado posiciones en cuestiones laborales, impositivas y sobre el procedimiento de expropiación y recalificación de terrenos, y según Recoder "tienen un modelo de construcción rectilíneo que a ver si se puede adaptar" al modelo catalán.
   Sobre las críticas a Eurovegas porque atraerá un turismo del juego, el consejero ha puntualizado que no se está hablando con el magnate del juego, "como a veces se quiere hacer caricatura", sino con "el principal gestor de congresos del mundo, con el principal gestor hotelero del mundo".
   Sobre el proyecto para Cataluña ha indicado que "es absolutamente positivo y está en la línea del modelo de país que nosotros queremos". La primera fase del proyecto Eurovegas implicaría una inversión de 7.000 millones en Cataluña, un presupuesto similar al de la Consejería de Salud.
   En total, con una inversión en Cataluña de 20.000 millones, según el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien cree que Cataluña cuenta con más posibilidades para acoger el proyecto que Madrid. Este domingo la delegación madrileña se reúne con los promotores de Eurovegas y Adelson para promover su candidatura a acoger el complejo.
Esperanza Aguirre avanzó que la decisión sobre qué ciudad acogerá el macrocomplejo "se va a tomar pronto" y dijo que "parece ser que este fin de semana será muy importante".
   Así, apuntó que la delegación madrileña estaba formada por el consejero de Economía, Percival Manglano; el presidente de Promomadrid, Jesús Sáinz, y el secretario general de Gobierno, José Luis Martínez Almeida.
   "Expondremos cada uno nuestras razones. La candidatura de Cataluña tiene muy estimables razones para entender que la suya es la mejor, y nosotros, como es lógico, pensamos que es mejor la candidatura de Madrid pero quien tiene que decidir no somos nosotros", precisó.
   También explicó que durante este viaje se "examinarán a fondo las dos candidaturas para este gran centro de congresos del sur de Europa".
  "Lo importante es que venga a España y luego, ya dentro de España, a mi me gustaría que fuera Madrid y supongo que a la Generalitat, Barcelona", apostilló.
Por su parte, el presidente catalán, Artur Mas, ha dicho que en pocos meses el Gobierno de CiU ha logrado que Cataluña cuente con más posibilidades para acoger el proyecto: "Partíamos con una clarísima desventaja, meses atrás podíamos decir que Madrid había ganado la partida". 
En cambio, después de que el Gobierno catalán se haya puesto las pilas, ahora las posibilidades de Barcelona y Madrid se han "equilibrado", según dijo.   
 "No estamos en el mismo nivel" pero casi, ha aseguró Mas, recalcando que el proyecto es importante para Cataluña por la inversión que implica, los puestos de trabajo que se generarán y porque consolidarán a Barcelona y a la comunidad catalana como primer destino turístico europeo.