martes, 11 de octubre de 2011

La FAPA pide asilo para la Educación Pública a la ONU

MADRID.- La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos ha presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una petición de asilo para la Educación Pública, alegando que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos humanos al llevar a cabo una "persecución expresa" de esta opción educativa.

    Mediante una carta, la FAPA solicita a la Asamblea General de Naciones Unidas "ejercer el derecho de asilo a favor de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid", recordando que, "en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él".
   "En el caso que nos ocupa, supone una persecución expresa a la Educación Pública en la Comunidad de Madrid y de todas aquellas personas que defiendan su existencia y demanden un cambio en las actuaciones del Gobierno regional para que dicha persecución deje de existir", alega.
   Así, la Giner de los Ríos apela a la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU y en la que se recoge explícitamente que "toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental".
   Frente a este principio, la FAPA entiende que el Gobierno madrileño "vulnera el derecho a la educación gratuita al fomentar explícitamente el pago de la misma y la desaparición de dicha gratuidad" a la vez que "rechaza el sistema educativo público".
   Asimismo, según la FAPA la Comunidad también "niega el derecho preferente de los padres y madres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, si en el ejercicio de su derecho eligen la educación pública" y "obvia su obligación de garantizar un orden social en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos".
   Sin embargo, según alega la FAPA, "el actual Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no considera a todos los seres humanos iguales en dignidad y derechos, decantándose por aquéllos que tienen superioridad económica".
   Además, asegura que el Ejecutivo autonómico "niega el derecho de las personas a la propiedad colectiva, en este caso a la escuela pública, y priva arbitrariamente de su propiedad a la sociedad madrileña al privatizar lo que es público para entregarlo arbitrariamente a manos privadas".
   También se asegura que el equipo de Esperanza Aguirre "limita el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión y de expresión con las instrucciones que traslada, especialmente de forma verbal" e "interfiere en la vida de las personas al molestarlas por causa de sus opiniones, a quienes denigra públicamente si no coinciden con las suyas".
   "(La Comunidad de Madrid) impide la difusión de información a las familias, en este caso sobre la situación actual de los centros educativos y de los perjuicios ocasionados por sus propias actuaciones; impide el ejercicio del derecho a la libertad de reunión al dar instrucciones para que se prohíban las asambleas conjuntas de las comunidades educativas; y deslegitima a quienes intentan participar en el gobierno de su país de forma directa o por medio de representantes diferentes a los que comparten su ideología", continúa la misiva.
   Finalmente, la FAPA argumenta que, dado que España firmó la Declaración de los Derechos Humanos y que la Comunidad de Madrid pertenece a España, "el Gobierno regional debe cumplir y hacer cumplir lo expresado" en dicho documento en lugar de efectuar una "persecución expresa" a la educación pública.

El Metro será competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma

MADRID.- La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este martes que el Gobierno regional se quedará con la competencia exclusiva del Metro de Madrid después de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital en la línea del ahorro y con el fin de evitar duplicidades entre administraciones.

   En rueda de prensa posterior al Comité de dirección del PP madrileño, Aguirre ha puesto fin a los rumores sobre qué administración podría quedarse con el suburbano de Madrid señalando que será la Comunidad quien se encargue de la gestión teniendo en cuenta que son ellos los que pagan en la compañía. 
   "Nos hemos puesto de acuerdo", ha indicado Aguirre, quien ha apuntado que no tenía sentido que la gestión de la empresa la llevara un presidente que no era ejecutivo. Ahora mismo este cargo lo ostenta el delegado de Hacienda del Consistorio madrileño, Juan Bravo, pero también tiene un consejero delegado, Ignacio González Velayos.
   "Creemos que es mucho más claro con objeto de mejorar el servicio público que se presta a los madrileños que haya una línea de mando claro", ha sostenido, añadiendo que esta línea de mando tiene que ser de la de "la institución que paga la mayoría de los gastos", que, en este caso, es la Comunidad.
   En este sentido, Aguirre ha recordado que ya cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional era quien más contribuía económicamente en Metro de Madrid, y ha apuntado que tanto el alcalde como ella están de acuerdo en este traspaso, que se verá reflejado ya en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año que viene.
   En cuanto a la posibilidad de fusión entre los servicios de Emergencias del Samur y del SUMMA, Aguirre ha señalado que no se van a dar fusiones sino que se van a evitar "duplicidades" y que en la ciudad de Madrid, trabajará el Samur, mientras que el SUMMA lo hará fuera de la capital "donde no tengan un servicio los ayuntamientos de la categoría que tiene el Samur".
   "Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de bajada presupuestaria en el SUMMA porque deje de estar en la ciudad de Madrid", ha asegurado Aguirre a este respecto, para explicar que los trabajadores de este servicio de emergencias son funcionarios y lo que harán es centrarse en otros lugares, en otras "bases que están fuera de la capital, en la periferia".
   Aguirre ha explicado que hasta ahora, cuando había un accidente en la calle, dentro de la ciudad de Madrid, el servicio de emergencias que iba a atender era el Samur, mientras que si era una persona, a nivel individual, la que llamaba desde casa porque se encontraba mal, aunque fuese en la capital, acudía el SUMMA. Esto, ha dicho, ya no va a pasar, pero no ha podido detallar como será a partir de ahora porque lo están estudiando.
   En cuanto a escuelas infantiles, centros de mayores y centros de día, las duplicidades se van a eliminar y, según ha explicado Aguirre, "también hay que atribuírselos a una sola administración". En el caso de que no recaigan en la Comunidad Autónoma, la presidenta está dispuesta a dar "todo lo que tiene en presupuesto a la institución que lo vaya a llevar".
   En este punto, Aguirre ha puesto como ejemplo la sanidad como competencia del Ayuntamiento: "Todo lo que tiene el Ayuntamiento en Sanidad... pero qué hace el Ayuntamiento con los centros heredados de la antigua Beneficiencia, eso tiene que quitárselo del presupuesto y venir a la Comunidad de Madrid que es la que tiene plena competencia en Sanidad", ha considerado.

Ocho de cada diez madrileños es feliz en su trabajo

MADRID.- Ocho de cada diez madrileños se declara feliz en el trabajo aunque casi la mitad cambiaría de puesto para ser aún más feliz mientras que un 41,8 por ciento asegura que apostaría por otra profesión si pudiera echar el tiempo atrás, según una encuesta realizada por Adecco.

   Adecco ha realizado esta encuesta sobre 'La felicidad en el trabajo' entre 1.800 trabajadores de toda España, 250 de ellos madrileños, ya que "no cabe duda de que hacer felices a los trabajadores es beneficioso para las propias compañías".
   Este estudio ha establecido que los factores que los madrileños valoran más para ser felices en el trabajo son "un buen horario, un buen ambiente laboral y buen sueldo". A continuación, con una puntuación menor valoran la realización personal y el desarrollo de las habilidades personales.
   A los anteriores les siguen el jefe y la adecuación de la formación a las funciones del puesto. Menos importantes que los anteriores resultan los beneficios sociales, la cercanía al lugar de trabajo y el reconocimiento de compañeros y superiores.
   Por otra parte, Adecco ha señalado que el 98,1 por ciento de los madrileños opina que la felicidad influye en el rendimiento y en la productividad de un empleado, frente a tan solo un 1,9 por ciento que piensa que no influye.
   La encuesta ha establecido que tres de cada cuatro encuestados piensan que para ser feliz en el trabajo hay que tener vocación para desarrollarlo, frente a un 23,4 por ciento que opina lo contrario. Además, el 78,2 por ciento cree que un trabajo con reconocimiento social hace feliz al profesional, frente a un 21,8 por ciento que no lo ve así.  
   Más de seis de cada diez encuestados opinan que la felicidad en el trabajo es mayor al comienzo de un reto profesional pero que sin embargo se va agotando con el tiempo, frente a un 37,9 por ciento que cree lo contrario.
   Por último, la encuesta ha establecido que tener un cargo y ejercer más responsabilidades en el puesto de trabajo no aporta más felicidad al trabajador. Así lo defienden casi ocho de cada diez madrileños, frente a dos de cada diez, que creen que a mayor cargo la felicidad profesional aumenta.
   La directora de Márketing y Comunicación de Adecco, Margarita Álvarez, ha señalado que la felicidad en el trabajo "ayuda a que las personas sean más creativas y trabajen mejor en equipo". "Aunque hasta ahora la felicidad haya sido un aspecto olvidado en la cultura empresarial, contar con una plantilla feliz puede ser la clave que te diferencie de tu competencia. Y es que el éxito no da la felicidad pero la felicidad puede dar el éxito", ha concluido.