viernes, 27 de abril de 2012

'Paremos el tarifazo' dice que no son "vándalos" y pide disculpas a los afectados

MADRID.- 'Paremos el tarifazo', el colectivo que reivindicó el sabotaje que se produjo en nueve líneas de Metro el miércoles, ha asegurado que no son un "grupo organizado y violento, vándalos ni saboteadores", sino "personas libres y responsables", y ha señalado que protestaron de manera "simbólica" contra lo que consideran un "robo" de la empresa del suburbano a los madrileños.

   En un comunicado, denuncian la "grotesca campaña de criminalización y represión" que se ha emprendido contra ellos y advierten de que la acción del miércoles tenía como objetivo manifestar que los ciudadanos "no aceptan" esta subida de tarifas y que "están dispuestos" a actuar para defender su transporte público.
   "No somos un grupo organizado y violento, no somos vándalos ni saboteadores, somos personas libres y responsables, decididas a no aceptar que se nos siga exprimiendo y robando, y decididas a tomar la iniciativa para frenar este 'tarifazo', que es una agresión cruel e indefendible", ha mantenido.
   Al mismo tiempo, los miembros de este colectivo creen que es "increíble que la Policía haya ido a detener a varias personas a sus casas y centros de trabajo por hacer sonar la alarma del vagón de un tren".
   "Es ridículo oír calificar poco menos que de atentado terrorista una acción que sólo provocó unos minutos de retraso en varias líneas de Metro, y en la que no hubo ningún tipo de altercado ni la más mínima situación de violencia contra bienes ni personas", opina.
   También dicen que es "absurdo" oír a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegurar que "se ha puesto en riesgo la vida de 8.000 personas" al referirse a una acción que se llevó a cabo --insisten-- con los trenes parados en los andenes y con las puertas abiertas, y "que no supuso el más mínimo peligro para nadie".
   "Protestar contra la subida abusiva de las tarifas haciendo sonar la alarma de un vagón con el tren parado no pone en peligro la vida de los ciudadanos", sentencian. No obstante, piden disculpas a quienes se vieron afectados por el parón e instan a los madrileños a que tomen la iniciativa y lleven a cabo las acciones que juzguen necesarias" para frenar el 'tarifazo'.
   Finalmente, han manifestado su solidaridad con las personas detenidas por estos hechos, así como su apoyo a las concentraciones que diversos colectivos han convocado para hoy para expresar el rechazo que provocan estas detenciones (por la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla y a las 20 horas en Sol).

Identificación masiva

Agentes de la Policía Nacional han identificado a una gran parte del casi centenar de individuos que se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol en apoyo a las tres personas detenidas por los sabotajes en el Metro de Madrid de esta semana.
   La policía ha desplegado una decena de coches antidisturbios en la propia plaza y en las calles adyacentes y ha comenzado a identificar a los manifestantes de la concentración, que no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
   Los agentes han formado un cordón en el lateral de la plaza donde protestaban y se han situado en el medio de la concentración dividiendo en dos a la misma.
   Entre los identificados se encontraba Francisco Román, el conocido como 'el abuelo' del 15M, que ha explicado que continuarán las protestas a lo largo del mes de mayo y que las identificaciones no intimidarán a los 'indignados'.
   Los manifestantes han coreado lemas como 'yo también tiré de la palanca', 'libertad activistas detenidos', 'libertad detenidos por luchar', 'violencia es no llegar a fin de mes', 'ito ito ito Metro gratuito' o 'próxima estación acampada sol'.
   Sobre las 21 horas de este viernes, parte de los manifestantes se han retirado cuando ha empezado a llover en la Puerta del Sol.

El paro en Madrid alcanza las 632.600 personas en el primer trimestre del año

MADRID.- El número de parados registrados en la Comunidad de Madrid ha subido en 9.300 personas en el primer trimestre del año, un 1,48 por ciento respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar los 632.600 desempleados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

   Se trata de una de las comunidades donde el incremento de número de parados es menor. De hecho, los mayores aumentos de paro se dan este trimestre en Andalucía (81.100 parados más), Cataluña (61.500) y Comunidad Valenciana (40.100).
   No obstante, si se comparan estos datos con los del mismo trimestre del año 2011, la Comunidad de Madrid cuenta con 110.500 parados más, lo que significa en términos porcentuales un 21,17 por ciento más, una de las cifras más altas por detrás de Andalucía (142.100) y por delante de Cataluña (109.300).  
   A nivel nacional, el paro subió en 365.900 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 6,9 por ciento más, situándose el número total de desempleados en 5.639.500 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.
   La tasa de paro escaló al cierre de marzo hasta el 24,44 por ciento, porcentaje casi 1,6 puntos superior al del trimestre anterior. La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001.
   Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el primer trimestre de 1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55% (su valor más alto desde 1976).
   La incorporación de activos al mercado laboral ha sido especialmente significativa este trimestre en la Comunidad de Madrid, que cuenta con 25.200 activos más, lo que significa un 0,75 por ciento más que el trimestre anterior, hasta alcanzar los 3.391.900 activos. Además, supone 8.300 activos más que el mismo trimestre del año pasado, un 0,24 por ciento más.
   En esta comparativa, a Madrid le siguen Canarias, con 17.200 activos más y Andalucía, con 10.300. Por el contrario, en Comunidad Valenciana (26.500 activos menos) y País Vasco (24.500) se observan los mayores descensos del número de activos.
   Asimismo, Comunidad de Madrid registra un incremento de la ocupación de 15.900 personas el primer trimestre de 2012, un 0,8 por ciento más que el trimestre anterior, hasta alcanzar los 2.759.300 ocupados.
   En términos interanuales, la Comunidad de Madrid tiene 102.300 ocupados menos que el mismo trimestre del año anterior, lo que se traduce en un 3,57 por ciento menos.

Tomás Gómez condena los sabotajes de Metro, pero dice que muestran el "malestar" por la "descomunal" subida de precios

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha condenado este viernes los sabotajes en Metro de Madrid, pero ha destacado que muestran el "malestar" de los madrileños por la "descomunal" subida de precios de transporte público.

   "Una opinión de condena no puede ser de otra manera", ha afirmado Gómez preguntado por los sabotajes producidos esta semana en varias líneas de Metro de Madrid al filo de las 8 horas y que afectaron a cerca de 8.000 usuarios.
   "Condeno, pero ponen de manifiesto un malestar importante en la sociedad madrileña por subida descomunal de precio del transporte público", ha recalcado a renglón seguido.
   De hecho, durante la rueda de prensa que ha concedido en la sede del PSM en la plaza del Callao, ha afirmado que los socialistas de Madrid iniciarán una campaña contra la "subida brutal del transporte público".

Equo Madrid afirma que el Plan de Calidad del Aire de Madrid es insuficiente para combatir la contaminación

MADRID.- Equo Madrid considera insuficientes las medidas del Plan de Calidad del Aire de la ciudad, ante los graves problemas de contaminación que a su juicio padece la capital, y señala como contradictorias las políticas del PP que han atentado contra el fomento del Transporte Público con el "tarifazo".

   En un comunicado, esta formación política defiende que dicho Plan debería aportar más medidas que sean además "mucho más valientes y radicales", puesto que su configuración actual se limita a poner en marcha proyectos que ya se habían aprobado, con anterioridad, y que habían sido aplazados.
   Desde Equo Madrid, señalan que, en materia de contaminación, la Comunidad supera los valores límites establecidos por la legislación europea y que ha rebasado los valores máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
   Por ello, el coportavoz de Equo Madrid, Ramón Linaza, subraya que  las "medidas como destinar la recaudación adicional del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a la bici pública son una trampa cosmética y, por otro lado, el mismo cambio de sistema ya se llevará parte de la recaudación".
   Para Linaza, "subvencionar las infraestructuras viarias para los coches y, al mismo tiempo, obligar a los usuarios del transporte público a pagar éstas con su billete, es totalmente injusto".
   "Deberían ser los usuarios del coche privado, y que contaminan, los que deberían asumir costes", añade para tildar de "totalmente desafortunadas" las políticas del PP que "atentan" contra el fomento del transporte público.

La comisión de desahucios de Getafe estudia ampliar la oficina de información a los afectados al verse saturada

GETAFE.- La comisión de desahucios de Getafe va a estudiar la ampliación del servicio que presta la oficina de información a los afectados, situada en el Hospitalillo de San José, al verse desbordada por el número de personas que buscan asesoramiento.

   El miembro de la comisión y portavoz de UPyD, José Luis Morato, ha manifestado en rueda de prensa que en la última sesión se ha llegado a la conclusión de que "no da abasto" la persona de Servicios Sociales que está atendiendo la oficina por lo que analizarán que haya alguien los cinco días de la semana.
   Para eso, se habilitará una nueva partida que dote económicamente a la oficina y que no sólo se atienda un día a la semana porque existe más demanda que la que presentían.
   La comisión también prevé contar con viviendas-puente para los desahucios, que serían temporales hasta que los afectados encuentren una alternativa habitacional y no se queden en la calle. En este sentido, Morato ha anunciado que en poco tiempo habrá dos o tres viviendas para casos urgentes y luego se espera contar con catorce o quince pisos más para atender a los desahuciados.
   La comisión de desahucios de Getafe aprobó hace dos meses crear un punto de atención a los afectados por desahucios, gestionado por la Concejalía de Asuntos Sociales, para proporcionar, principalmente, asesoramiento jurídico y social.

Las mujeres maltratadas madrileñas podrán cambiar gratis la cerradura de su casa

MADRID.- La mujeres maltratadas de la Comunidad de Madrid, siempre que dispongan de una orden judicial que lo autorice, podrán cambiar la  cerradura de su domicilio sin coste gracias a un acuerdo firmado este viernes entre el  Gobierno regional y la Federación Unión de Cerrajeros de Seguridad  (UCES) bajo el título 'Cerremos la puerta al maltrato'.

   El acuerdo incrementa las garantías de protección para las mujeres  afectadas frente a sus agresores, pero también las de sus hijos y, en  general, las condiciones de seguridad de las personas que puedan estar a su cargo.
   Después de expresar su repulsa por los casos de violencia de género, especialmente por el último, en el que un octogenario mató a su mujer en Chamartín el pasado martes, el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, ha explicado que mientras haya una sola mujer que sea víctima de la violencia, la Comunidad "seguirá trabajando con todas sus fuerzas para conseguir desterrar la violencia de género de la sociedad".
   El consejero ha sido el encargado de certificar el convenio por  parte de la Administración regional, junto al presidente de UCES, David Ormaechea.
   Ormaechea ha explicado que asociaciones de mujeres maltratadas llaman a su Federación porque "necesitan mayor seguridad en sus viviendas". "Consideramos que es una cuestión vital para ellas y por lo tanto quedarnos al margen nos haría cómplices de ese maltrato. No nos gusta la indiferencia", ha añadido.
   Al acto también han acudido la delegada del Gobierno para la  Violencia de Género, Blanca Hernández; la letrada del Observatorio  Contra la Violencia Doméstica, Pilar Llop; la fiscal adscrita a la Sala  Contra la Violencia Sobre la Mujer, Teresa Peramato; y la periodista  Mónica Carillo, madrina del acto, que ha leído el testimonio que una  mujer maltratada había puesto por escrito.
   Aunque el proyecto piloto de esta iniciativa de los cerrajeros se  puso en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, Madrid  es la primera comunidad autónoma en suscribir este convenio.
   "Con el acuerdo que hoy hemos firmado transmitimos a las mujeres  víctimas más seguridad para que den el paso de romper con la  violencia", ha indicado el consejero de Asuntos Sociales.
   Victoria ha manifestado que en la actualidad, miles de mujeres se  podrían beneficiar de este acuerdo, "ya que sólo en 2011 el Punto de  Coordinación de las Órdenes de Protección de la Comunidad derivó 4.227 resoluciones judiciales, entre órdenes de protección, sentencias o  medidas cautelares".
   En este sentido, el consejero ha recordado que el Gobierno madrileño mantiene una red de atención integral para las víctimas, con recursos tanto residenciales como no residenciales, 52 puntos del Observatorio  Regional de Violencia de Género instalados en distintos municipios (que  ofrecen atención psicológica, jurídica y social) y el teléfono 012, que  en 2011 recibió más de 6.500 llamadas y realizó 15.800 actuaciones.
   Estas acciones, así como la que implica el acuerdo firmado este  viernes, se orientan a impulsar a las mujeres a dar el paso decisivo de  denunciar su situación e iniciar un camino con el apoyo necesario, que les permitirá emprender una nueva vida y una nueva trayectoria.
   Victoria ha apuntado que "son más de 20.708 las denuncias  registradas en la región en el último año, y eso significa que cerca de  21.000 valientes mujeres han hecho una apuesta por la libertad".
   "Sólo vamos a poder resolver este problema estando todos unidos: las administraciones públicas, los medios de comunicación y la sociedad en  su conjunto. Esta iniciativa es un buen ejemplo de cómo la lucha contra la violencia de género es una lucha que ha de ser de todos", ha concluido el consejero.

Contratar varios trabajadores irregulares será delito

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un plan de intensificación de la lucha contra el fraude laboral hasta 2013 que, entre otras medidas, plantea un endurecimiento de las penas al convertir en delito la contratación de varios trabajadores irregulares.

"Modificaremos el Código Penal para tipificar como delito el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en empleo irregular", dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros.
Además, Báñez dijo que la modificación del Código Penal ampliará el periodo de prescripción, de 5 a 10 años, de los supuestos delictivos más graves contra la Seguridad Social, y que los defraudadores deberán abonar todas las cuotas defraudadas para eximirse de la responsabilidad penal.
En una nota de prensa, el Ministerio de Empleo dijo que entre estos supuestos se encuentran "las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública".
El plan, anunciado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, tiene como objetivo, entre otros, impulsar el afloramiento de la economía sumergida y así generar mayores recursos económicos para el sistema de la Seguridad Social.
En ese sentido, se contempla una reorganización de la inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que actúen coordinadamente en la lucha contra el fraude, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores para dedicarse a este tema, y la realización de campañas en aquellos sectores que se identifiquen como "bolsas de fraude".
En el plan también se introducen cambios que pretenden proteger a los trabajadores mayores de 50 años, como por ejemplo, la ampliación del número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán estos trabajadores si son incluidos en despidos colectivos, al rebajarse de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.
En este sentido, además, se prohíbe la jubilación obligatoria a determinada edad en convenios colectivos.

Los comerciantes temen que la subida del IVA sea "la puntilla que remate" el sector

MADRID.-   Los comerciantes han advertido de que la subida del IVA anunciada por el Gobierno para 2013 supone un "hachazo" para un sector que acumula 21 meses consecutivos de caída de ventas y temen que sea "la puntilla que remate" a las tiendas que están intentando evitar el cierre.

   "La subida hará mucho daño al comercio en las actuales circunstancias de decaimiento del consumo y crea temor y desconfianza en los consumidores desde hoy", dijo hoy el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.
   El presidente de la CEC defendió la necesidad de poner en marcha medidas que "favorezcan el consumo y no que vayan en contra" como, a su juicio, es el caso de un alza fiscal de este tipo, al tiempo que advirtió del impacto de esta medida en un sector que está "agotando todas sus reservas".
   Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio Textil y Complementos (Acotex), Borja Oria, manifestó la sorpresa del sector ante este anuncio, después de los "mensajes del Gobierno de que no se iba a subir este impuesto", así como la preocupación por el convencimiento de que se trata "la peor medida que se puede tomar".
   Oria señaló que, tras el incremento del IVA aplicado en julio de 2010, las tiendas de ropa registraron una caída de las ventas del 10% ese mismo mes, debido a la desconfianza del consumidor, dado que la mayoría de las empresas absorbieron la subida.
   El vicepresidente de la CEC y presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, coincidió en que el anuncio supone un "hachazo a la posible recuperación del consumo". "Va en línea contraria a lo que hay que hacer, que es un plan de dinamización del comercio", apuntó.

El juez rechaza la petición de Correa de declarar desde prisión debido a su estres

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la petición del cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, para declarar el próximo 7 de mayo desde prisión por videoconferencia debido a su estrés y ansiedad y ha decretado que sea trasladado a la sede judicial para ser interrogado, según han informado fuentes jurídicas. 

   La defensa de Correa había pedido al magistrado que le permitiera prestar testimonio desde la cárcel de Soto del Real, donde cumple prisión preventiva, o bien desde un juzgado cercano al centro penitenciario para así evitar la claustrofobia que le provocan los furgones en los que se suele efectuar el traslado.
   A la vista de la solicitud, el juez Ruz ordenó que se realizara al reo un examen forense para así determinar la licitud de sus alegaciones. La médico encargada de estudiar su estado ha descartado que el desplazamiento sea imposible y ha sugerido que este se realice en ambulancia, han añadido las mismas fuentes.
   Así, en una providencia firmada este jueves, el magistrado ordena que Correa sea trasladado en un vehículo médico hasta las dependencias de la Audiencia Nacional y especifica que durante su custodia en el edificio judicial deberá evitarse mantenerle en espacios "tipo celda", para eliminar la posibilidad de generarle claustrofobia.
   El cabecilla de la trama Gürtel volverá a la Audiencia Nacional el 7 de mayo para ser interrogado en el marco de la pieza en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de empresas por parte de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) durante la visita del Papa a Valencia en 2006.
   Ese mismo día prestarán también declaración otros dos de los responsables de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y el gestor de la compañía Teconsa, a la que adjudicó la sonorización de los actos de la visita, Óscar Fragio.
   El día 8 el juez interrogará al exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno, acusado de recibir regalos a cambio de conceder la adjudicación, y otras dos personas. El magistrado imputa a todos ellos la comisión de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Tomás Gómez dice que "por alguna razón" Aguirre "no puede prescindir" de González

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha afirmado este viernes que el congreso del PP de Madrid va a celebrar este fin de semana va a ser "irrelevante", y ha destacado que "por alguna razón", la presidenta de la Comunidad y PP de Madrid, Esperanza Aguirre, "no puede prescindir" de Ignacio González.

   "Por alguna razón la señora Aguirre no puede prescindir de él, lo saben bien la señora Aguirre y el señor Ignacio González", ha afirmado Gómez preguntado por el Congreso del PP y la previsible renovación de González como secretario general del PP de Madrid. Y es que su juicio, el de este fin de semana "es un congreso irrelevante para la sociedad madrileña".
   Siguiendo con el tema de los 'populares' y de González, Gómez ha recordado que los socialistas han pedido su comparecencia en la Asamblea de Madrid, pero ha denunciado que "todavía no hay fecha". "Eso es el PP, falta de transparencia. Es la falta de transparencia y el ocultismo", ha remarcado.

Aguirre afronta su tercera reelección como presidenta regional del PP

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y única candidata a la Presidencia del PP madrileño, Esperanza Aguirre afronta este fin de semana su tercera reelección para seguir al mando de la formación popular en Madrid en el XV Congreso Regional, con un marcado aire liberal.

   Aunque la propia dirigente bromea con la posibilidad de que aparezca alguna sorpresa de última hora, todo apunta a que este sábado, pasadas las 21.30 horas, los casi 2.500 compromisarios que acuden al cónclave volverán a mostrar su respaldo a Aguirre, que se presenta para liderar durante otros cuatro años el PP de Madrid.
   Tampoco se esperan sorpresas en los nombres que le acompañarán en la dirección, pues esta semana ya ha desvelado que su propuesta pasa por que su 'número dos', Ignacio González, siga siendo secretario general del partido, además de Gádor Ongil como vicesecretaria de Organización y Javier Fernández-Lasquetty, de Acción Política.
   Una de las novedades es la creación de una tercera Vicesecretaría que recaerá en Bartolomé González, hasta ahora presidente del Comité Electoral. Por otra parte, también le ha propuesto a la actual portavoz y secretaria de Comunicación, Lucía Figar, que se mantenga en el cargo por ser "magnífica", según afirmó el miércoles.
   Aguirre contará con el apoyo del presidente de su partido, Mariano Rajoy, que el domingo acudirá al acto de clausura donde participará, además de él y la propia presidenta, el presidente de honor del PP de Madrid y presidente del Senado, Pío García Escudero; y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
   La presencia de los presidentes autonómicos también será notable y pese a que la secretaria general del partido y jefa del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ausentará, el Congreso contará con la participación de otros dirigentes regionales como el de Comunidad Valenciana, Alberto Fabra; de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; o Luisa Fernández Rudi, de Aragón.
   El PP de Madrid, a través de sus cinco ponencias, planteará nuevas reformas liberalizadoras "para preservar el Estado de Bienestar y sentar las bases de reactivación económica madrileña y española". Así, propondrá, por ejemplo, que los comerciantes tengan plena libertad para organizar sus temporadas de rebajas o exenciones de impuestos para las nuevas empresas en los primeros años de actividad.
   En la misma línea, propone una rebaja del tipo impositivo para las ampliaciones de capital con el objetivo de captar nuevas inversiones, y la implementación de zonas francas de emprendedores con exenciones fiscales para determinadas actividades que aporten un alto valor añadido.
   Complementariamente, apuestan por la mejora del marco fiscal e institucional de los business angels (inversiones privados que compran una participación temporal y minoritaria del capital de empresas) o promover un gran acuerdo entre administraciones públicas, universidades y empresas para alinear bajo una misma estrategia los fondos destinados a la innovación de emprendedores.
   En materia comercial, el PP de Madrid propondrá la implantación de BIDs o Distritos de Desarrollo Empresarial, donde participarían asociaciones del sector privado, con capacidad de gestión pública, que podrán decidir el destino de sus financiaciones y gestionarlas de forma conjunta.
   Por otro lado, en el apartado de la educación, el PP madrileño propugna una reforma en la financiación universitaria, considerando que ésta debería basarse en criterios como resultados académicos, participación en proyectos empresariales, resultados de investigación aplicada y publicaciones.
   Los populares también creen que las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos políticos deben ser reducidas y financiarse por las cuotas de sus asociados y no subvencionarán en la Comunidad de Madrid ninguna actividad de ONGs por encima del 75 por ciento de su coste.
   Se trata solo de propuestas que Aguirre ya ha anunciado que irán aplicando en la región desde el Gobierno regional en la medida que el Estatuto de la Comunidad de Madrid se lo permita, como es el caso de la libertad de rebajas, que se incluirá en la Ley de Liberalización del Comercio. Las que dependan de cambios normativos del Ejecutivo central, se solicitarán.
   Además de un debate de ideas, el XV Congreso Regional quiere convertirse en un mini museo con la historia del PP de Madrid, por lo que los asistentes podrán comparar cómo han evolucionado los medios con los que se afrontaban las campañas electorales hace dos décadas y ahora.
   Así, habrá una exposición en la que se exhibirá, por ejemplo, un Renault 4L (con altavoces incluidos) con el que se concurrió a unas elecciones generales de hace dos décadas junto a un Smart vinilado de los últimos comicios. También habrá vitrinas con merchandising antiguo del partido, mapas electorales para comprobar el avance del PP en la región y vídeos con anuncios electorales.

CC.OO. y UGT dan por rota la negociación con la Comunidad de Madrid sobre el horario de los profesores el próximo curso

MADRID.- Los sindicatos CC.OO. y UGT han dado por rotas las negociaciones de las instrucciones de inicio del próximo curso escolar, donde se incluyen las horas lectivas de los profesores, con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tras la reunión de la Mesa Sectorial de esta mañana.

El secretario general de CC.OO. Enseñanza en Madrid, Francisco García, ha explicado que han dado por rotas las negociaciones en lo que respecta a las instrucciones porque "lo que la Comunidad de Madrid ha puesto encima de la mesa es lo propuesto por el Estado pero corregido y aumentado".
"Si nos hemos sentado a negociar para revertir los efectos del inicio de curso pasados con efectos notablemente negativos en la calidad de la enseñanza y en la equidad, y nos presentan esto, entendemos que el Gobierno se atrinchera en su posición", ha explicado.
En este sentido, ha señalado que "en contra" de lo que dice el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la consejera del ramo, Lucía Figar, de que el aumento de las horas lectivas no tenía "efecto en la calidad", el sindicato cuenta con un informe que recoge que en la Comunidad, como consecuencia de esta medida, se han contratado a 2.300 profesores menos.
En la misma dirección, asegura que se ha perdido el 74 por ciento de las horas de actividades extraescolares, el 54 por ciento de las horas de biblioteca, el 36 por ciento de las horas de tutoría, el 20 por ciento de horas de atención a alumnos con asignaturas pendientes, el 17,5 por ciento de los desdobles de Lengua, el 10 por ciento de los de Matemáticas y el 22 por ciento de las horas de guardia.
A su juicio, "todo esto afecta a la calidad de la enseñanza de todos" pero, sobre todo, "a los que necesitan medidas de apoyo y que sin ellas se ven abocados al fracaso escolar". 
"Es aceptar un retroceso en la calidad de la enseñanza y en la equidad de hace mucho tiempo", ha apostillado.
Por su parte, el secretario general de FETE UGT Madrid, Eduardo Sabina, ha criticado que "lo único" que ha hecho el Gobierno regional es "poner encima de la mesa los recortes que plantea el Ministerio en contra del planteamiento" que venían teniendo las organizaciones en la negociación.
Así, ha explicado, que su propuesta pasaba por hablar primero de las funciones que tiene que realizar el profesorado en el centro, "que no solo es dar clase", fijar los tiempos que se dedican a cada una de las actividades y, sobre eso, elaborar una orden de horarios.
Frente a esto, Sabina ha criticado que la Comunidad va a aplicar directamente las 20 horas lectivas, que ya están este año así como las sustituciones y las reducciones por exceso de horario, con lo que se encuentran en "total desacuerdo".
 "El Ministerio solo marca mínimos, que saltarían los máximos de antes", ha apostillado.
La viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez-Llorca, ha explicado que la orden de horarios que habían estado discutiendo con las organizaciones sindicales "va a tener que sufrir modificaciones" para que se reflejen las nuevas disposiciones incluidas en el decreto ley de medidas urgentes del Gobierno central.
De esta manera, se ha referido a las 20 horas lectivas en Secundaria, "que ya estaban en vigor en la Comunidad", y la compensación horaria lectiva "que en el real decreto se establece solo a partir de las 20 horas".
 "Son asuntos que tenemos que reflejar en la orden de horarios porque tenemos que cumplir la ley", ha dicho.
En este sentido, ha recalcado que estas normas "son para todas las comunidades autónomas" y que lo que pretenden los sindicatos "es que esas medidas no se vean reflejadas. "Nos esta pidiendo que incumplamos la ley y no estamos dispuestos a hacerlo porque la norma hay que aplicarla", ha sentenciado.

Cuatro de cada diez mayores ya ayudan económicamente a algún familiar

MADRID.- El 40,4 por ciento de las personas mayores ayuda o ha ayudado en los dos últimos años en España a familiares, según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica Investigación para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 

   Así, mientras que en el año 2010 de las personas mayores que ayudan o habían ayudado en los dos últimos años a familiares representaban un 15,1 por ciento, actualmente recurrir a la solidaridad de los progenitores se ha convertido "en una de las principales estrategias de adaptación a la difícil situación que padecen muchos ciudadanos españoles".
   Entre las personas mayores que ayudan o han ayudado durante los dos últimos años económicamente a familiares o amigos, el índice de opinión señala que entre los progenitores con mayor nivel formativo, es decir, con estudios al menos secundarios, se registra un porcentaje (48,8 por ciento) significativamente superior de solidaridad que el registrado entre quienes tienen un nivel de estudios inferior (37,5 por ciento).
   También la clase social de los mayores es determinante para adoptar este comportamiento solidario. Así, más de la mitad de personas mayores de clase social alta, media-alta y media (52,5 por ciento) ayudan económicamente a familiares mientras que este porcentaje entre quienes pertenecen a la clase media-baja y baja es significativamente inferior (37,9 por ciento).
   Por otro lado, el número de ayudas destinadas a las personas mayores ha sufrido un descenso de cinco puntos respecto al estudio de 2010. Así, actualmente, los mayores que reciben algún tipo de ayuda económica de familiares se sitúa en un 7,5 por ciento, una bajada significativa respecto al 12,5 por ciento que recibían ayuda en 2010.
   Entre ellos, las mayores que viven solos (13,6 por ciento) registran un porcentaje significativamente superior de ayuda que aquellos que viven acompañados (5,2 por ciento) y, en relación a su nivel de estudios, son los que tienen hasta estudios primarios, con un 8,7 por ciento, los que tienen más ayuda familiar, frente al 4,6 por ciento registrado entre quienes tienen estudios más elevados.
   Finalmente, atendiendo al estatus social se observan diferencias en el mismo sentido, ya que el porcentaje de personas mayores de clase social media-baja o baja que reciben alguna ayuda económica de familiares (8,6 por ciento) es significativamente superior al registrado entre quienes pertenecen a una clase social más alta (3,2 por ciento). De este modo, quienes reciben ayuda de sus hijos se caracterizan principalmente por vivir solos, haber recibido una formación básica como mucho y pertenecer a las clases más bajas.

El empresario que defraude a la Seguridad Social deberá devolver las cuotas

MADRID.- Los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, según las modificaciones del Código Penal que introduce el nuevo Plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se trata de evitar comportamientos "que atenten contra los derechos de los trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las empresas".
   En último término, ha señalado que el efecto más importante del plan es evitar que la detracción de ingresos a la Seguridad Social por el fraude "ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema", a lo que ha sumado que los ciudadanos que cumplen "ven con muy malos ojos" las estas conductas irregulares.
   En este sentido, los objetivos fundamentales del plan serán el afloramiento de la economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas ficticias.
   Báñez ha hecho hincapié en los cambios normativos que afectan al Código Penal, que requerirán un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación, y ha destacado también la tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular, para perseguir los talleres clandestinos.
   Asimismo, se pretende la ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años en los delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.
   Por otro lado, a través de un anteproyecto de Ley Ordinaria, se modificarán también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Estatuto de los Trabajadores.
   En cuanto a éstas últimas normas, se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo, se amplían las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social hasta los 187.515 euros.
   Además, el plan establece una serie de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.
   Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
   Otras de las medidas incluidas en el plan son un refuerzo de la Inspección de Trabajo con 53 inspectores y 60 subinspectores, y una mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instancias.
   En este punto, Báñez resaltó también la importancia de la participación en el marco del fraude de los colectivos del notariado y de los registradores de la propiedad.
   De esta forma, el Gobierno pretende realizar nuevas campañas de inspección donde está están identificadas posibles bolsas de fraude, así como realizar un seguimiento del empleo aflorado por la inspección para evitar que vuelva a sumergirse.

El Gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto incrementar los impuestos al consumo en 2013 con el objetivo de conseguir recaudar 8.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos explicó que el Ejecutivo está planteado una "modificación de la estructura impositiva" en España, en el sentido de reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la carga impositiva sobre el consumo.
   "Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que está bastante penalizado en estos momentos, e incrementar la imposición del consumo, que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros", afirmó.
   El ministro de Economía explicó que esta subida de la imposición al consumo no solamente se refiere al IVA ya que "existen otros tipos de impuestos al consumo e impuestos especiales".
   De Guindos resaltó así la necesidad de reducir los impuestos sobre el trabajo y subir los del consumo cuando se inicia la recuperación económica, que es lo que se demanda a España desde fuera.
   Además, recordó que el problema de la imposición indirecta es subir los tributos cuando la economía cae, porque acelera la tendencia depresiva.

Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.

Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.
"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.
Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.
González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.
Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.
Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.
Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.
También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.
En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.
Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.
La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.
Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".
Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.
Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.

El AVE no alcanza el umbral de rentabilidad por viajeros en ninguna línea


MADRID.- La red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) española, de unos 2.900 kilómetros de longitud, no tiene un grado de uso por pasajeros mínimo para alcanzar el umbral de la rentabilidad, estimado en entre 6,5 y 8 millones de viajeros.

   Así lo indica un informe realizado por el RACC a partir de distintos estudios, y en el que esta institución llama a hacer un "alto en el camino" en la inversión en AVE para "plantearse si conviene continuar con un proyecto que a día de hoy muestra su falta de sostenibilidad, sobre todo en el actual contexto económico".
   "Se ha llegado al límite de sostenibilidad de las finanzas públicas dada la situación económica del país", indica la institución, por lo que "no se pueden seguir malgastando los recursos públicos". "No se trata de poner en cuestión un hecho ya irreversible, sino de hacer un alto en el camino para ver lo que se ha dejado atrás y lo que queda por delante", añade.
   El informe apunta que "tras un esfuerzo inversor sin precedentes en la historia económica contemporánea del país" (4.263 millones de euros sin contar con el AVE a Sevilla), España será el país de la OCDE con la red AVE más extensa, y el segundo del mundo tras China, una vez se completen las conexiones con Galicia y el País Vasco.
   No obstante, el número de viajeros por kilómetro de las principales rutas del AVE "deja en evidencia" a los dos principales corredores, los que unen Madrid con Sevilla y Barcelona. Con 14.000 y 9.000 viajeros por kilómetro, respectivamete, "quedan a distancias insalvables respecto a otros como el París-Lyon, el Colonia-Frankfurt y el Tokio-Osaka".
   Pese a reconocer la "satisfacción" de los usuarios por el servicio del AVE, señala que "esta satisfacción no ha tenido un paralelismo en los ingresos obtenidos por las líneas en explotación, claramente insuficientes, no ya para cubrir los costes de construcción de la infraestructura, sino los de explotación, incluida la amortización de los trenes".
   El RACC cita varios estudios para indicar que la implantación presente y futura del AVE "responde más a un único objetivo de naturaleza esencialmente política que a motivos fundados de rentabilidad económica y social".
   Asimismo, considera que la centralidad de Madrid en la red AVE "hace dudar de la extensión de los beneficios del modelo en todo el territorio español". 
"Más que un proyecto de futuro es la réplica del modelo decimonónico radial", indica, por lo que estima que "el desarrollo regional de la inversión en Alta Velocidad parece muy exiguo".
   Además, estima que la inversión realizada "es más de sustitución que de generación de nueva demanda", dado que, según los datos que maneja, el 90% de los viajeros del AVE a Barcelona procedían del avión.
   Con todo, el RACC considera que "existen alternativas razonables" al AVE que pasan "gradualizar y limitar" los recursos destinados a este modo de transporte y destinar parte de ellos a invertir en otras infraestructuras que cuenten con una mayor rentabilidad social, entre los que cita "favorecer un adecuado transporte de mercancías en tren" o "modernizar y adecuar zonas críticas de la red convencional".