MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha
rechazado la petición del cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco
Correa, para declarar el próximo 7 de mayo desde prisión por
videoconferencia debido a su estrés y ansiedad y ha decretado que sea
trasladado a la sede judicial para ser interrogado, según han informado
fuentes jurídicas.
La defensa de Correa había pedido al magistrado que le permitiera
prestar testimonio desde la cárcel de Soto del Real, donde cumple
prisión preventiva, o bien desde un juzgado cercano al centro
penitenciario para así evitar la claustrofobia que le provocan los
furgones en los que se suele efectuar el traslado.
A la vista de la solicitud, el juez Ruz ordenó que se realizara al
reo un examen forense para así determinar la licitud de sus
alegaciones. La médico encargada de estudiar su estado ha descartado que
el desplazamiento sea imposible y ha sugerido que este se realice en
ambulancia, han añadido las mismas fuentes.
Así, en una providencia firmada este jueves, el magistrado ordena
que Correa sea trasladado en un vehículo médico hasta las dependencias
de la Audiencia Nacional y especifica que durante su custodia en el
edificio judicial deberá evitarse mantenerle en espacios "tipo celda",
para eliminar la posibilidad de generarle claustrofobia.
El cabecilla de la trama Gürtel volverá a la Audiencia Nacional el
7 de mayo para ser interrogado en el marco de la pieza en la que se
investigan supuestas irregularidades en la contratación de empresas por
parte de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) durante la visita del
Papa a Valencia en 2006.
Ese mismo día prestarán también declaración otros dos de los
responsables de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y
el gestor de la compañía Teconsa, a la que adjudicó la sonorización de
los actos de la visita, Óscar Fragio.
El día 8 el juez interrogará al exdirector general de RTVV Pedro
García Gimeno, acusado de recibir regalos a cambio de conceder la
adjudicación, y otras dos personas. El magistrado imputa a todos ellos
la comisión de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de
caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda
Pública.
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