martes, 6 de noviembre de 2012

La FEMP pide que también se hable de los sueldos de los consejeros y secretarios autonómicos


MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha manifestado este martes que aunque ve razonable hablar de los sueldos de los alcaldes o de los concejales, es necesario tratar este asunto en el ámbito del sector público y abordar también la regulación del salario de otros cargos públicos como los de los consejeros autonómicos o los secretarios generales.

   "No parece muy sensato que sólo se hable del sueldo del alcalde pero no se hable del sueldo de un consejero o un secretario general", ha señalado De la Serna durante su intervención en un desayuno informativo de Executive Forum España. "Nos parece razonable que si ese debate se abre, se abra en el conjunto de las Administraciones Públicas", ha añadido.
   En este sentido, ha asegurado que "por supuesto" que este debate está teniendo lugar en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias pero ha matizado que debe abordarse ""con carácter general incluyendo a todo el sector público". 
"Sólo se habla del sueldo de los alcaldes. Yo creo que todo se puede hablar y razonar", ha señalado.
   "Hemos tratado de trasladar al ministerio que por supuesto que estamos dispuestos a hablar de sueldos, de número de concejales, aunque no sé si tanto de número de concejales como de número de concejales liberados. Hay muchos que trabajan sin cobrar un euro, realizando un gran servicio. Simplemente eliminarlos no supone ningún ahorro y sin embargo sí puede suponer un cierto perjuicio en la prestación de esos servicios", ha explicado.
   No obstante, a pesar de que considera "necesario" realizar este tipo de "gestos" y "avanzar en estas cuestiones", De la Serna ha manifestado que se trata de medidas que no tienen un "gran impacto y repercusión económica sobre el conjunto de las cuentas públicas" y que ni siquiera están incluidas en el borrador del anteproyecto de la reforma de la ley de bases de régimen local.
   En este sentido, ha abogado por poner más empeño en cuestiones tales como la mejora de la eficiencia del coste de los servicios públicos, del reparto de competencias para evitar duplicidades y de la financiación local, así como en la necesidad de reducir las "competencias impropias" que asumen las entidades locales y que, según ha denunciado, representan actualmente un 25 por ciento de sus gastos.
   Asimismo, ha señalado que para abordar todos estos asuntos es necesario un "acuerdo político". Por ello, ha calificado de "enormemente positivo" el proceso de contactos abierto entre el PP y el PSOE para conseguir ponerse de acuerdo en la reforma de la Administración Local. "Es enormemente positivo para el país", ha remarcado. "Lo primero que hay que hacer es colaborar todos", ha añadido.
   Preguntado sobre el papel que deberían ejercer las Diputaciones Provinciales, papel que el Gobierno quiere potenciar con la reforma de la ley de bases de régimen local, De la Serna ha reconocido que hay "inquietud" respecto a este tema y ha manifestado que en la FEMP son "defensores" del "gran papel" que desempeñan estas instituciones. "Deben seguir siendo instrumentos de cohesión territorial", ha apuntado.
   Ahora bien, el también alcalde de Santander ha añadido que, aunque le parece "razonable" que para mejorar la eficiencia de los servicios que prestan los municipios se traspasen algunas competencias a otros órganos supramunicipales como pueden ser las Diputaciones, algunas de dichas competencias deben ser "indelegables". 
"Me parece razonable que las competencias de los Ayuntamientos no se vayan todas en absoluto", ha defendido.

Un total de 197 familias y empresas madrileñas se declararon en quiebra

MADRID.- Un total de 197 familias y empresas madrileñas se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas durante el tercer trimestre del año, lo que supone el 11,97 por ciento del total nacional.

   Según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes, la Comunidad de Madrid concentra, junto a Cataluña y la Comunidad Valenciana, el 58,3 por ciento del total de deudores concursados del país durante el tercer trimestre de 2012.
   La estadística muestra que del total de 1.646 familias y empresas concursadas en el tercer trimestre, 197 forman parte de la región. Del total de 184 concursos registrados, 184 fueron voluntarios y 13 necesarios.
    Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados alcanzaron los 162, superando los ordinarios que alcanzaron los 35. Asimismo, en la totalidad de los casos los deudores tuvieron constancia de una existencia de propuesta anticipada de convenio.
   Con estas 197 declaraciones de concurso en el conjunto del tercer trimestre, la Comunidad de Madrid se sitúa en el tercer puesto, superada por Cataluña que sumó 345 concursos y la Comunidad Valenciana que registró 243.
   Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

El murciano Ginés Jiménez, de nuevo en la Policía local de Coslada

MADRID.- El alcalde de Coslada, Raúl López, ha incorporado al exjefe de la Policía local de esta localidad, el murciano Ginés Jiménez, a su puesto en el cuerpo, cumpliendo así la última orden del juzgado, ha informado el Consistorio de esta localidad en un comunicado.

   Ante este mandado judicial, el concejal de Personal del Ayuntamiento de Coslada, Emilio García Grande, ha firmado el decreto de incorporación de Ginés, cumpliendo de esta forma el auto judicial dictado el 29 de octubre de 2012.
   Con esta incorporación, que se producirá en un breve plazo de tiempo, el cuerpo de la Policía Local cuenta con dos Oficiales. El alcalde de Coslada, ha procedido al nombramiento de Gabriel Cerrato Pedroche como Oficial Jefe del Cuerpo.
   El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid dictó el pasado 29 de octubre un auto que ordenaba al alcalde del Ayuntamiento de Coslada que proceda "inmediatamente a reincoporar al recurrente en sus funciones como Oficial del Cuerpo de la Policía Local".
   Además, remitió un exhorto al Juzgado Decano de Coslada para que requiera personalmente al alcalde para advertirle que sino cumple con lo ordenado podría incurrir e responsabilidades penales como como autor de un presunto delito de desobediencia previsto y penado en el artículo 410 del Código Penal.
   El nuevo mandato judicial contesta al recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Coslada, y en el que se acuerda ratificar el auto, del 18 de julio de 2012, y la providencia de fecha 19 de septiembre de 2012, en cuanto a la inmediata incorporación a su puesto de trabajo como Oficial del Cuerpo de Policía Local de Coslada de Ginés Jiménez Buendía.
   Esta resolución judicial indica que "la parte dispositiva de dicha resolución es clara, precisa y contundente" al acordar que el recurrente se reincorporara a sus funciones como Oficial del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Coslada.

El TS avala la prohibición de Gallardón de poner anuncios en los coches privados

MADRID.- El Tribunal Supremo ha avalado la prohibición que realizó el exalcalde de Madrid y ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de poner anuncios en los vehículos privados en el marco de la ordenanza municipal de publicidad exterior aprobada en enero de 2009.

   En una sentencia notificada hoy el Alto Tribunal estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de noviembre de 2010, que anuló el artículo 2.2 de dicha ordenanza.
   De este modo, los magistrados declaran nula la resolución de instancia y "sin ningún valor ni efecto, en lo relativo a la anulación del artículo 2.2 de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior".
   Este artículo prohibía "la publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se realice en los vehículos destinados al transporte público de viajeros".
   "En aquellos vehículos que pertenezcan a actividades económicas podrá figurar un elemento de identificación, nombre y/o logotipo de la razón social de la empresa o de su titular o de la marca comercial del producto, sin mención de promociones de productos y servicios", añadía el artículo.
   En su recurso, el Ayuntamiento consideró que la sentencia del TSJM vulneraba "el principio de autonomía municipal consagrado en los artículos 137 y 140, así como el artículo 38 de la Constitución española y los artículos 4.1 y 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local".
   En la sentencia, se señala que en efecto el "objeto de la Ordenanza es regular las condiciones que deben cumplir las instalaciones y actividades de la publicidad exterior, justificando todas las medidas adoptadas para cumplir el fin de compatibilizar dichas actividades con la protección del paisaje urbano y la imagen de la ciudad de Madrid".
   Además, añade que todo ello lo hace "considerando el objetivo de prevención y corrección de la contaminación lumínica y visual y el fomento de la utilización de fuentes de energía renovable; todo ello, sin que se menoscabe el principio constitucional de la libertad de empresa, bien entendido que no puede entenderse como un derecho absoluto".
   "Así, cuando su ejercicio colisiona con otros -señala el Ayuntamiento recurrente-, es susceptible de control y pueden establecerse, por tanto, restricciones. No se trata de una decisión arbitraria, sino de aplicación general a todas las personas afectadas sin diferenciación alguna; no se hace más que una excepción, la relativa al transporte público del municipio porque no tiene los inconvenientes ya expuestos", concluye.

Trabajadores de la Princesa protestan por la conversión del centro en un "geriátrico"

MADRID.- Trabajadores del Hospital de la Princesa han cortado este martes las calles de Diego de León, conde de Peñalver y Francisco Silvela durante la concentración, que ha comenzado a las 11 horas frente al centro sanitario, para protestar contra la transformación del centro sanitario en un "geriátrico".

   Una portavoz de la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid ha indicado que "el desfile y las consignas" han comenzado a las 10.30 horas, media hora antes de los previsto, debido a la gran cantidad de personas que han acudido a la cita.
   En la protesta, que se ha prolongado hasta las 13 horas, han participado numerosas personas vestidas con batas blancas que han coreado lemas como 'la Princesa no se vende', 'sanidad pública universal para todos' o 'no a la privatización'.
   En la fachada del hospital los trabajadores han colgado diferentes pancartas, entre las que destacan siete imágenes del cuadro del Guernica acompañadas por carteles en los que puede leerse 'miles de trabajadores públicos serán despedidos' o 'se privatizarán los servicios no sanitarios de los 36 hospitales públicos'.
   Asimismo, un miembro del sindicato Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT)-Unión Profesional, Juan Pedro Iglesias, ha indicado que esta acción de protesta está acompañada por una recogida de firmas, que comenzó el pasado viernes cuando se produjo el primer encierro.
   Con esta recogida de firmas, los trabajadores pretenden "hacer entender" al Gobierno regional que los pacientes que acuden a este centro sanitario "no quieren cambiar de especialistas ni de médicos".
   Trabajadores del Hospital Infanta Leonor continúan con el encierro de carácter indefinido, que comenzaron este lunes, para protestar contra el proceso de externalización de seis centros hospitalarios, anunciado por el Gobierno regional.
 Un miembro del sindicato Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT)-Unión Profesional, Manuela Martínez, ha señalado que alrededor de 80 personas continúan encerradas en el salón de actos del centro sanitario.
   "Permaneceremos encerrados hasta que alguien nos explique cuál va a ser el futuro de la sanidad pública", ha recalcado Martínez quien ha explicado que durante el encierro los trabajadores han formado diferentes grupos de trabajo y han planeado diversas acciones.
   Entre esas acciones, se encuentra la sentada que los trabajadores han realizado esta mañana frente a la puerta central del hospital o la recogida de firmas, que están llevando a cabo entre los pacientes.
   Además, los trabajadores han "decorado" el hospital, colgando tanto sábanas en la zona de psiquiatría y de urgencia como diversas pancartas en las que puede leerse 'Privatizar Vallecas' o 'Se vende el Hospital Infanta Leonor'.

La Comunidad destinará 800 viviendas 'okupadas' del IVIMA para desahuciados

MADRID.- La Comunidad de Madrid va a destinar cerca de 800 viviendas que han estado 'okupadas' en los últimos meses pertenecientes al parque mobiliario del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a varias ONG que las repararán y las podrán alquilar a familias que han sido desahuciadas.

   Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad han explicado a Europa Press que son cerca de 800 casas que recupera el IVIMA de "okupaciones ilegales" y que necesitan ser reparadas puesto que los anteriores inquilinos las han dejado en muy mal estado.
   En las "próximas semanas", el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, firmará un convenio con distintas ONG para ceder estos inmuebles y que las organizaciones, tras repararlas, puedan alquilarlas a estas familias por un precio aproximado de unos 200 euros al mes.
   Cáritas es la organización con la que las conversaciones están más avanzadas, según las mismas fuentes, que han explicado que se trata de una medida "temporal" para dar salida a estas familias que, de la noche a la mañana, se han quedado sin casa, y que no reúnen todos los requisitos para optar por una vivienda del IVIMA por el procedimiento ordinario.
   Estas personas tendrán que pagar un alquiler medio de unos 200 euros y cada año se someterán a una revisión. Las 800 viviendas están repartidas por 34 municipios de la región, siendo Madrid capital la localidad con mayor número de casas disponibles, pues cuenta con unas 350.
   Una iniciativa similar se puede encontrar en el Ayuntamiento de Madrid. Precisamente, el principal anuncio que hizo la alcaldesa, Ana Botella, en el Pleno del Estado de la Ciudad de junio fue su propósito de destinar 200 viviendas municipales a familias desahuciadas.
   Los primeros pisos empezaron a ocuparse con la llegada del otoño. Son propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y están siendo gestionados por entidades y organizaciones dedicadas a la lucha contra la exclusión social.
   Las familias tienen que pagar a cambio un "precio social", como lo definió la primera edil, que asciende a tres euros por metro cuadrado hasta un máximo de 200 euros.

El Gobierno reformará la financiación autonómica tras corregir el déficit

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha garantizado que el Gobierno impulsará la reforma del modelo de financiación autonómica, pero ha sostenido que primero es necesario corregir el déficit público y sanear las cuentas de las comunidades autónomas y dotarlas de liquidez.

   Montoro ha respondido así en el Pleno del Senado a una pregunta del parlamentario de Foro, Isidro Martínez Oblanca, que ha recordado que la reforma de la financiación autonómica fue un compromiso electoral del PP y ha exigido al Ejecutivo que no espere más tiempo para llevarla a cabo.
   "Seamos realistas, llevamos diez meses en el Gobierno", ha respondido Montoro, que ha recordado que él fue el ministro que posibilitó en 2001 el anterior modelo de financiación aprobado por unanimidad. "Déjeme que trabajemos, pero que trabajemos con lealtad institucional entre todas las formaciones políticas para que consigamos ese objetivo ambicioso, que necesita su tiempo", ha reclamado.
   En este sentido, el ministro ha insistido en que, en política, "los tiempos son fundamentales" y ha reiterado que primero se deben cumplir los objetivos de déficit y sanear las finanzas de las autonomías para ya después promover esa reforma del modelo de financiación "para la que todavía hay bastante legislatura por delante".
   Martínez Oblanca ha insistido en que la reforma debe llevarse a cabo con "urgencia" porque el actual modelo es "muy perjudicial" para todo el país y "arrastra insolidaridad" entre los españoles. "El actual sistema es fruto del mercantilismo de votos y el oportunismo político", ha censurado al recordar que fue pactado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con CiU.
   Montoro ha reiterado que el Gobierno "está en ello" y ha recordado que ésta fue una de las conclusiones aprobadas por unanimidad en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado el pasado 2 de octubre en el Senado.
   Además, ha explicado que ya están disponibles los datos del ejercicio liquidado de 2010 y el próximo año se dispondrán los del ejercicio 2011, lo que permitirá hacer una evaluación "técnica además de política" del funcionamiento del sistema.

La subida del IVA permitirá a los ayuntamientos cumplir con el déficit

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que la subida del IVA tiene "dos caras" para los ayuntamientos, ya que encarecerá los servicios que prestan pero a la vez aumentará los recursos que reciben del Estado por transferencia de tributos.

   "Tiene dos caras, y yo quiero enfatizar la cara positiva por la que los ayuntamientos, gracias a esa subida, podrán contar con bastantes más recursos y podrán cumplir con holgura el objetivo de equilibrio presupuestario que marca la ley estabilidad", ha sostenido Montoro en el Pleno del Senado.
   El ministro ha explicado así los efectos de la subida del IVA al senador del PSOE Antonio Gutiérrez Limones, que ha advertido de las consecuencias "negativas" de este aumento tributario para las corporaciones locales y ha exigido al Gobierno que ponga en marcha alguna medida de compensación.
   En su intervención, Montoro ha reconocido que es "evidente" que la subida del IVA tiene "inconvenientes", como el encarecimiento de los servicios que prestan los ayuntamientos, pero ha insistido en que también será positiva porque promoverá un aumento de los recursos disponibles por los ayuntamientos.
   Por su parte, el senador socialista y alcalde de Alcalá de Guadaira (Sevilla) ha insistido en que los municipios son la administración más cercana a los ciudadanos y ha censurado que el Ejecutivo primero obligue a los ayuntamientos a elaborar un plan de viabilidad y después apruebe una subida del IVA que "dinamita" toda esa planificación.
   "Gobernar es comprometerse con la estabilidad presupuestaria, sin ella no vamos a salir de la crisis económica. Les invito a la reflexión para que incorporen esta reflexión y este principio", ha respondido Montoro.

Aguirre no pone fecha para dejar la Presidencia del PP de Madrid

MADRID.- La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha evitado despejar dudas acerca de cuándo dejará la Presidencia de su partido y ha señalado que aunque en su día dijo que no le gustaba la "bicefalia", en relación a que el presidente del partido y del Gobierno de la Comunidad fueran dos personas distintas, ésta "tiene muchos adeptos". 

   En rueda de prensa celebrada minutos antes de que comenzará el Comité de Dirección del PP de Madrid y la Junta Ejecutiva Regional, Aguirre ha sido preguntada sobre los plazos que habrá para que deje la Presidencia, a lo que ha respondido que ella dijo que dejaba la "primera línea" de la política pero no la política.
   De hecho, Aguirre ha recordado que en el pasado mes de mayo fue elegida por el 97,2 por ciento de los compromisarios del PP de Madrid en el último Congreso regional del partido y que, por lo tanto, se siente no "ya legitimida" sino "extremadamente legitimada".
   "Es verdad que yo dije que no me gustaba la bicefalia, creo que añadí con estas manías mías de añadir algo más de lo que no he de decir que esa se la dejaba para Arzalluz", ha reconocido Aguirre, quien, a continuación, ha señalado que "salieron algunas voces diciendo que a ellos sí les gustaba la bicefalia".
   En este punto, Aguirre ha dicho que es "muy negociadora y transigente" y que por eso sigue en la Presidencia. "Aquí estoy bicéfalamente".
 "Tiene muchos adeptos la bicefalia, y si tiene adeptos no voy yo a ponerme en contra", ha añadido.
   Aguirre ha asegurado que es "todo el tiempo" presidenta del PP de Madrid y funcionaria del Ministerio de Turismo y no ha descartado "absolutamente nada" sobre qué pasará con su futuro. "Cuando me llame la secretaria general de mi partido (María Dolores de Cospedal), ahí estaré", ha zanjado.

Tomás Gómez avanza que llevará el euro por receta al Constitucional

MADRID.-   El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha avanzado este martes que el PSM llevará el euro por receta al Tribunal Constitucional (TC) el 'euro por receta' que anunció el miércoles pasado el presidente regional, Ignacio González, en el caso de que, finalmente, no lo haga el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

   Gómez se expresaba así tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid después de que Rajoy haya dicho que es contrario a la aplicación del euro por receta que pretende imponer el Gobierno de la Comunidad de Madrid a partir del 2013 y de que haya anunciado que negociará con Cataluña y Madrid su supresión antes de recurrir al Tribunal Constitucional.
   "Si Rajoy no lo hace, el PSOE lo va a hacer", ha asegurado Gómez a este respecto, tras destacar que "ya que el Gobierno de Rajoy no tiene dudas para recurrir ante el TC con el matrimonio de personas del mismo sexo pero sí tiene dudas de recurrir al Constitucional cuando se comete una agresión a los derechos de las personas, como es el euro por receta en la Comunidad de Madrid" y "no lo tuvo en Cataluña", si Rajoy no lo hace, "desde luego, el PSOE lo va a hacer".
   Preguntado por estas posiciones contrarias entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, el líder del PSM ha indicado que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP de la Comunidad de Madrid dan toda la sensación de haber enloquecido en los últimos tiempos".
   "Los socialistas vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para paralizar una medida negativa que perjudica a la mayoría, que penaliza la enfermedad y la falta de recursos", ha señalado el socialista, quien ha destacado que es una "medida que significa un cambio de modelo".
   Por su parte, el portavoz de IU, Gregorio Gordo, ha considerado que "CiU y el PP la bandera la tienen normalmente en la billetera", y ha considerado que "sería bastante extraño" que "el Gobierno de la Nación le obligara al Gobierno de la Comunidad" a retirar el euro por receta.
   De hecho, ha opinado que "sería como un callejón sin salida" y que en el caso de que Rajoy obligara a González a retrotraerse, al presidente de la Comunidad  "sólo le quedaría dimitir y convocar elecciones".
   Así, ha dicho que el euro por receta o la pugna por la financiación autonómica "hacen poner en cuestión esa magnífica relación que dice que ha retomado el presidente de la Comunidad con el presidente del Gobierno de España".
   En este punto, ha indicado que si el alma sensible y social del PP es Mariano Rajoy, "cómo tiene que ser la cosa en la Comunidad".
   Y es que, en opinión del portavoz de Sanidad de IU, Ruben Bejarano, el euro por receta "no es ir aumentando el repago, sino "un impuesto a la enfermedad absolutamente injusto" que, además, "no va a servir para resolver el problema de la sostenibilidad del sistema saniatrio" porque el impacto "va  ser mínimo". Además, ha considerado que "no va a disuadir" en el caso del gasto farmacéutico.
   Por su parte, el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha sostenido que este asunto "no está resuelto" y que va a haber "marcha atrás seguro".  En este sentido, ha considerado que la cifra que se dio de ahorro de 85 millones de euros no es "excepcionalmente importante".
   Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica, Íñigo Henríquez de Luna, ha destacado que son medidas "no fáciles" pero que son las que de "forma fácil y eficiente" van a permitir cumplir el objetivo de déficit fijado para 2013, marcado en el 0.7 por ciento.
   Tras destacar la "lealtad institucional en el más amplio de los sentidos" de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de España, ha sostenido que las medidas de colaboración público-privada "no las ha inventado la Comunidad de Madrid".
   "No estamos inventando nada nuevo. Estamos buscando la máxima eficiencia en la gestión del gasto público", ha destacado y ha dicho que la responsabilidad del Ejecutivo regional es "cuadrar las cuentas" y que a lo mejor si tuvieran los mil millones que reclaman al Estado por el sistema de financiación autonómica no sería necesario adoptar medidas difíciles".
   Por último, ha destacado que la Comunidad de Madrid "está completamente comprometida con el Gobierno de España".
   El secretario general del PSM también se ha referido a las movilizaciones que ha habido en los hospitales en los últimos días a raíz del anuncio de externalización de servicios, y ha avanzado que van promover "todas las acciones de oposición parlamentaria, política e institucional, pero también social y en la calle" a su alcance contra estas medidas, y ha señalado que habrá movilizaciones y ellos estarán allí.
   Por su  parte, Bejarano ha avanzado que preguntarán al Gobierno regional en el pleno por cómo piensa garantizar la prestación sanitaria con el presupuesto de 2013 y ha considerado que las medidas del presupuesto no son "una vuelta de tuerca más, sino que ponen en un contexto de absoluta privatización".
   "El Gobierno regional va a tener que dar explicaciones sobre la colaboración público privada", ha indicado y ha destacado que creen que este tipo de gestión sanitaria "no es más eficaz" que la directa.

Ignacio González mantendrá el euro por receta, que no le gusta a Rajoy

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este martes que mantendrá el cobro del euro por receta farmacéutica expedida y ha explicado que se trata de una medida de "ajuste" tomada en un escenario marcado por el "fuerte" compromiso del Gobierno regional de no subir los impuestos.

   Así ha respondido González después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya señalado este martes que no le gusta la medida y que tratará de hablarlo tanto con Madrid como con Cataluña.
   Preguntado por si mantendrá la medida pese a que no le guste al Gobierno, González ha contestado con un contundente "evidentemente" mientras que a la cuestión de si se trata de un órdago al Ejecutivo central por no haber recibido los mil millones de euros que reclaman de la financiación autonómica, ha respondido con un escueto "no".
   Tras indicar que respetan, "como es lógico", que el Gobierno quiera analizar la medida, González ha indicado que han tenido que tomar la medida de cobrar un euro por receta, al igual que lo han tenido que hacer con "otras muchas", todo ello "en un escenario de ajuste del gasto público".
   En este punto, ha añadido que también es un "escenario" en el que la Comunidad de Madrid tiene "un fuerte compromiso de no subir los impuestos" y "seguir manteniendo una presión fiscal baja en beneficio de los madrileños y esos datos que tiene la región" y que, a su juicio, "son mejores".
   Así, el presidente regional ha explicado que han presentado un presupuesto que tiene "muchas medidas" dirigidas "a cumplir con el objetivo de déficit" y a "encajar" un ajuste de gasto de 2.700 millones de euros, por lo que, en su opinión, hay que comprender "que es un esfuerzo muy importante".
  "Hemos tomado todas las medidas dirigidas fundamentalmente a garantizar la prestación de los servicios esenciales a los ciudadanos sin que se reduzcan ninguno sino todo lo contrario, que se mantengan, que se mejoren y que se le den con la máxima calidad", ha considerado González. Por eso, el euro por receta es una medida "más" dentro de las muchas que han tomado "para racionalizar el gasto publico sin afectar a la prestación de los servicios".
   Al margen de esto, González ha indicado que desde la Comunidad de Madrid respetan, "como es lógico", que el Gobierno central "pueda estudiar las medidas" que adoptan las comunidades autónomas. "Nos parece bien que el Gobierno plantee la conveniencia de analizar si hay algún aspecto de esta medida que les pueda plantear dificultad", ha reconocido.
   El jefe del Ejecutivo autonómico, que ha recordado que esta medida la tomó la Generalitat catalana "hace unos meses" y que está provocando un mayor ahorro en el gasto farmacéutico que el que tiene Madrid y España, ha asegurado que en la Comunidad "están abiertos a ese diálogo".
   "Es más, estamos totalmente dispuestos a que la decisión que se adopte en relación con Cataluña, evidentemente, también pueda ser una solución que se adopte para Madrid y, por supuesto, vamos a hablar con el Gobierno", ha indicado el presidente.
   No obstante, González ha añadido que el hecho de que haya "distintos enfoques" a la hora de valorar "disposiciones normativas o medidas" es algo "habitual". En este sentido, ha señalado que hay CCAA como Galicia o Extremadura que han recurrido los decretos de las ayudas a las renovables.
   También ha dicho que hay enfoques distintos en la imposición de tasas al turismo o el alquiler de coches con respecto a Cataluña o Baleares. "Es algo normal y es lógico que se abran estos procesos de dialogo para clarificar estas cuestiones que no están claras", ha insistido.
   Por otro lado, González ha asegurado que el euro por receta es una medida "perfectamente compatible y complementaria" con la medida de establecer un copago farmacéutico "por razones de renta", puesta en marcha por el Gobierno central hace unos meses.
   González ha recordado que los "primeros" que hablaron de "la necesidad" de que el copago farmacéutico que ya existía fuera por renta y no por edad fueron ellos, y ha destacado que la expresidenta Esperanza Aguirre "dijo que no era razonable que hubiera personas que siendo trabajadores en paro tuvieran que pagar un porcentaje de sus medicinas, y sin embargo, los que tuvieran altísima renta, en concreto habló de Emilio Botín, no pagasen nada".
   Por lo tanto, ha insistido en que esa es una medida que impulsaron ya desde Madrid y que comparten, y que el euro por receta "viene a encajarse en las medidas de racionalización del gasto farmacéutico".
 "No es contraria a esa medida de pagar por renta sino que es complementaria y no recaudatoria, es disuasoria", ha sentenciado.

Rato dimitió de Bankia porque "perdió la confianza de Economía"

MADRID.-   Mercedes Rojo, asesora de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, ha asegurado en su declaración como imputada en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia que el expresidente de la entidad Rodrigo Rato reconoció ante el Consejo de Administración que dimitía porque "había perdido la confianza (del Ministerio) de Economía", informaron fuentes personadas en la causa.

   Tanto Rojo como los otros dos exconsejeros del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, que han declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Ricardo Romero de Tejada y Ángel Villanueva, han apuntado que desconocían que el Banco de España hubiera realizado alguna advertencia sobre la situación de la entidad y que supieron de las nuevas cuentas el 9 de mayo de 2012, cuando Rato anunció su dimisión.
   "Tan correcto contablemente son unos beneficios de 300 millones que unas pérdidas de 3.000", ha manifestado Romero de Tejada, exsecretario general de los 'populares' madrileños. Desde su punto de vista, las últimas cuentas de Rato, que ofrecían unos beneficios de 305 millones de euros, eran "más ajustadas a la realidad" que las del presidente entrante, José Ignacio Goirigolzarri, que ofrecían unas pérdidas de 2.979 millones.
   De igual modo, ha señalado que la mayoría de los consejeros consideraron "normal" que las cuentas de la entidad se aprobaran en marzo de este año sin el informe de la auditora Deloitte porque "faltaban algunos datos". Además, apoyaron la salida a Bolsa porque era "bueno para la sociedad" y el Banco de España "estaba al tanto" de la operación, que se produjo el 20 de julio de 2011.
   Según ha defendido, la entidad cumplía todos los requisitos fijados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que el 40 por ciento de los accionistas eran institucionales y fue este grupo el que fijó el precio de la acción.
   Mercedes Rojo, asesora técnica del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha declarado que mostró "reticencias" por su nombramiento como vocal de la Comisión de Auditoría de la entidad porque no tenía "conocimientos financieros.
   Tras apuntar que en las reuniones de este órgano nunca se abordó el informe de Deloitte en el que se ponía en duda la valoración de las acciones de Bankia, la compareciente, que inició estudios de Farmacia, ha asegurado que la dirección le convenció de que aceptara el cargo porque iba a estar rodeada de "gente que sabía" y los consejeros tenían que "repartirse las comisiones".
   Por su parte, el secretario del Consejo de Administración de Bancaja, Ángel Villanueva, ha explicado que para garantizar la salida a Bolsa de la entidad y que resultara más atractiva para los inversores se reunieron todos los activos tóxicos en el BFA. Antes de declarar ante el juez, ha manifestado que "no hay nada" detrás de la intervención de Bankia, "porque todo estaba muy bien auditado".
   Las tres declaraciones han sido narradas en tiempo real en la red social Twitter por el colectivo '15-MpaRato', que ejerce la acusación particular en la causa, y ha ido desgranando los comentarios de los imputados bajo el hashtag #los33deBankia.
   Las comparecencias en este procedimiento se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que declarar el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
   A los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Sareb, una sociedad muy peculiar / Ángel Tomás Martín *


Desde hace demasiado tiempo y con una lentitud imperdonable procedente de una política económica dubitativa y mediatizada, se va a presentar la solución, que previo largos periodos de hipótesis y dudas, se considera mas idónea. Sabido es que largos años promoviendo una construcción impulsada por la especulación con un claro desequilibrio construcción-demanda, no podía tener otro fin que la enorme burbuja inmobiliaria, principal origen de la gigantesca crisis económica y financiera que venimos padeciendo.

Los activos de cada una de nuestras entidades financieras integran inmuebles adjudicados procedentes de operaciones de prestamos fallidos o de muy difícil recobro, por ausencia del control de riesgos y de regulación, vigilancia e inspección de los Entes supervisores. Estos inmuebles, en un mercado sin demanda, se han visto depreciados y sin prácticamente salida. La valoración de estos activos obligan a la banca a proceder a su liquidación a precios inaceptables, que dañan seriamente sus balances. Por otro lado, surgiría para la banca comercial una actividad (la gestión de activos inmobiliarios) ajena a la habitual, cuya licencia poseen, sin olvidar que su equipamiento humano carece de experiencia y preparación, practicando, por otro lado, competencia desleal al sector de la construcción y a su propia clientela.

Comercializar directamente tan importantes y depreciados activos, acumularía aún más pérdidas, necesitaría años para su regularización e impedirían la financiación de empresas y familias. En resumen, la recesión, el PIB y el ahorro seguiría decreciendo, el comercio exterior perjudicado y la recaudación fiscal en caída libre.

Solo existía un camino, la asistencia financiera necesaria para reforzar el capital y sanear los balances del sistema bancario, básico para iniciar el crecimiento económico, si viene acompañado del análisis e impulso de nuestra riqueza diversa, abandonada torpemente por la especulación inmobiliaria.

Eliminando las desacertadas expresiones: "banco malo", "activos podridos", "activos tóxicos"...entre otros, bastante lesivos, ha llegado el momento tan esperado como deseado que ponga en marcha, un ente que se denominará Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, de nombre oficial "Sareb" de duración máxima quince años. No será una sociedad de liquidación, sino de gestión exclusivamente y por tanto, no se la dotará de la licencia para el ejercicio de banca comercial ni de administración de activos de terceros. Su actividad, independiente de la misión encomendada, tendrá también como objetivo el beneficio, como cualquier otra sociedad anónima. Esto al menos se desprende de las diversas manifestaciones y comunicaciones del Ministerio de Economía. El modelo nórdico en la década de los 90, e irlandés, puesto éste último en práctica hace tres años, por su anticipación y transparencia, debía haberse acometido en España en su día y la reactivación del crédito podría haberse producido ya.

Expuesto lo anterior, resulta ineludible formular preguntas, analizar repercusiones y tomarnos la libertad de sugerir propuestas que puedan ayudar al mejor éxito de Sareb, al saneamiento de los balances bancarios, al crecimiento de la economía real y a la creación de puestos de trabajo.

Si Sareb es, como se anticipa, una sociedad mercantil con ánimo de lucro, y no una gestora inmobiliaria sin él, como debería ser y con una limitación de tiempo no inferior a veinticinco años equivalente al plazo normal de una hipoteca, (la urgencia en la venta de los activos es un error). Si el precio de incorporación de los inmuebles al balance de Sareb se estableciere obligatoriamente por el Banco de España (FROB), como así mismo su selección, quedaría eliminada la libertad operativa de compra en el seno de la "Sociedad", ya que la imposición conjunta del BCE, CE, y el FMI y la sumisión a las valoraciones a la consultora Oliver Wyman, eliminan las facultades de estos actos a los órganos de gestión de la nueva sociedad, y por tanto, difícil será conseguir cubrir libremente el 55 por ciento del capital que generosamente cede el Estado, quedándose como minoritario, pero con derechos y facultades que merman los de la mayoría. La cobertura de la suscripción de terceros, solo se conseguirá mediante otras compensaciones. Si además, la rápida venta de los inmuebles es otra imposición, la promoción de una sociedad gestora resulta cuando menos peculiar y excluida del sistema de libertad de mercado.

El gran volumen de activos adquiridos (se estiman en 90.000 millones de euros) a precios actuales en un mercado casi paralizado y su rápida salida al mismo, puede provocar: a).-Una disminución del "no exigible" en el balance de los bancos, con su correspondiente pérdida de cotización bursátil. b).- Una necesidad de tesorería compensatoria por la depreciación en la valoración de los inmuebles cedidos. Solo se recibiría el precio tasado por la consultora Wyman. c).- Una repercusión muy negativa en el sector inmobiliario. d).- Unos efectos paralizantes de estos activos en los bancos sanos, que deberán reajustar a la baja sus ofertas, o paralizarlas, y e).- un posible retraso de la recuperación económica.

¿Se ha elegido la mejor solución entre las variantes del abanico disponible? Tal vez el programa y el contenido de las normas que se contienen en el Decreto-Ley, requerían más y mejor estudio, y la obtención de un mejor acuerdo con Bruselas.

(*) Economista y empresario