MADRID.- La Comunidad de Madrid va a destinar cerca de
800 viviendas que han estado 'okupadas' en los últimos meses
pertenecientes al parque mobiliario del Instituto de la Vivienda de
Madrid (IVIMA) a varias ONG que las repararán y las podrán alquilar a
familias que han sido desahuciadas.
Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad han explicado a Europa Press que son cerca de
800 casas que recupera el IVIMA de "okupaciones ilegales" y que
necesitan ser reparadas puesto que los anteriores inquilinos las han
dejado en muy mal estado.
En las "próximas semanas", el presidente del Gobierno madrileño,
Ignacio González, firmará un convenio con distintas ONG para ceder estos
inmuebles y que las organizaciones, tras repararlas, puedan alquilarlas
a estas familias por un precio aproximado de unos 200 euros al mes.
Cáritas es la organización con la que las conversaciones están más
avanzadas, según las mismas fuentes, que han explicado que se trata de
una medida "temporal" para dar salida a estas familias que, de la noche a
la mañana, se han quedado sin casa, y que no reúnen todos los
requisitos para optar por una vivienda del IVIMA por el procedimiento
ordinario.
Estas personas tendrán que pagar un alquiler medio de unos 200
euros y cada año se someterán a una revisión. Las 800 viviendas están
repartidas por 34 municipios de la región, siendo Madrid capital la
localidad con mayor número de casas disponibles, pues cuenta con unas
350.
Una iniciativa similar se puede encontrar en el Ayuntamiento de
Madrid. Precisamente, el principal anuncio que hizo la alcaldesa, Ana
Botella, en el Pleno del Estado de la Ciudad de junio fue su propósito
de destinar 200 viviendas municipales a familias desahuciadas.
Los primeros pisos empezaron a ocuparse con la llegada del otoño.
Son propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y
están siendo gestionados por entidades y organizaciones dedicadas a la
lucha contra la exclusión social.
Las familias tienen que pagar a cambio un "precio social", como lo
definió la primera edil, que asciende a tres euros por metro cuadrado
hasta un máximo de 200 euros.
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