viernes, 4 de enero de 2013

La Comunidad de Madrid gana 8.880 habitantes y roza los 6,5 millones

MADRID.- Los residentes en la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2012 son 6.498.560, lo que supone un aumento de 8.880 personas respecto a la misma fecha del año anterior, y más de la mitad de la población regional, un 51,8 %, son mujeres.

Según la revisión del padrón municipal publicado ya por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la región hay 3.368.319 mujeres frente a 3.120.241 hombres.
El municipio de Madrid es el más poblado, con 3.233.527 habitantes, y registra un 53,3 % de mujeres, que totalizan 1.723.676 frente a 1.509.851 hombres.
Sin embargo, Madrid capital ha perdido 31.511 habitantes respecto a la misma fecha de 2011, lo que supone un 0,97 % menos de población en un año.
En la Comunidad de Madrid hay seis municipios con una población de entre 30.001 y 50.000 habitantes, diez con entre 50.001 y 100.000, y nueve municipios donde residen entre cien mil y 500.000 personas.

Los municipios más poblados de la región, por detrás de Madrid capital, son:

Móstoles 206.031 habitantes
Alcalá de Henares 203.924
Fuenlabrada 198.132
Leganés 187.125
Getafe 171.280
Alcorcón 169.308
Torrejón de Ardoz 125.331
Parla 124.208
Alcobendas 111.040

La Comunidad de Madrid abona a los abogados el turno de oficio

MADRID.- El Colegio de Abogados de Madrid ha recibido de la Comunidad de Madrid las cantidades liquidadas para el pago de la totalidad de las actuaciones de los letrados del turno de oficio durante los tres primeros trimestres del pasado año 2012.

Según ha informado la institución colegial en su web, estas cantidades fueron recibidas anteayer día 2 y su abono a los letrados se efectuará mediante transferencias independientes por cada uno de los trimestres.
Además, el Colegio de Abogados de Madrid ha recibido una cantidad adicional para el pago de las actuaciones que los abogados han justificado durante el cuarto trimestre de 2012 y que han sido objeto de certificación por el Colegio con fecha 22 de noviembre de 2012, a petición expresa de la Comunidad de Madrid.
Sólo quedan pendientes de pago las actuaciones que serán objeto de certificación por el Colegio durante este mes de enero, una vez se procese toda la documentación presentada hasta el 31 de diciembre de 2012.

Lissavetzky dice que las grabaciones del Samur le "ponen los pelos de punta"

MADRID.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha reconocido este viernes que las grabaciones en las que se escucha el modo en el que un operario del Samur atiendo las llamadas de auxilio de amigos de víctimas del Madrid Arena le "ponen los pelos de punta", motivo por el que ha exigido la depuración de responsabilidades políticas.

   Dichas grabaciones revelan la "descoordinación del servicio y ponen los pelos de punta", como ha afirmado este viernes en rueda de prensa. Por ello ha exigido a la alcaldesa, Ana Botella, que llegue hasta el fondo de la investigación. De ella ha dicho que le abochorna su comportamiento y que "no está preparada para dirigir el Ayuntamiento".
   También ha criticado al equipo de Gobierno que no hayan cumplido con su obligación de entregar las grabaciones a los grupos de la oposición durante la comisión de investigación sobre la tragedia. El PSOE, que defendió la labor del Samur durante la fiesta celebrada en Madrid Arena, considera que estos nuevos datos "ensombrecen el servicio de urgencia. "En este momento tendría un suspenso", ha apostillado.
   Considera el socialista que los "recortes en el presupuesto y en el personal han producido un deterioro en el funcionamiento de un servicio que ha gozado de buena fama entre los ciudadanos y que pareció no tener implicación alguna en la tragedia porque los organizadores no avisaron de la celebración de la fiesta".

Leganés, líder en reducción del desempleo a nivel regional en diciembre

LEGANÉS.- Leganés finalizó 2012 con un notable descenso en el número de desempleados ya que durante el mes de diciembre 452 personas obtuvieron un puesto de trabajo, siendo el municipio con la cifra más alta en la Comunidad de Madrid si exceptuamos a Madrid Capital, con una cifra de población enormemente más elevada, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

   A su vez, la ciudad redujo el porcentaje de desempleados en diciembre en un 2,35 por ciento, el más alto de toda la región en municipios de más de 100.00 habitantes, incluida la Capital de España.
   Además, ciudades de similares características a Leganés pero con más población, como Alcalá de Henares, Fuenlabrada o Móstoles, redujeron el desempleo en menor medida que Leganés tanto en valores absolutos como en porcentaje.
   La relevancia los 452 desempleados menos en Leganés se pone de manifiesto cuando se comprueba que representan un 4,78 % de reducción del desempleo en la Comunidad de Madrid, mientras que la población leganense representa sólo el 2,88 % del toral de  la población regional.
   Es más, si excluimos a la Capital, la reducción del desempleo en Leganés representa casi el 10 por ciento (9,76) del total de los municipios de la región, cuando la población sólo representa el 5,73 por ciento de la población regional de la Comunidad de Madrid excluida la capital.  
   Con estos datos, resulta obvio señalar que el porcentaje de reducción del desempleo en Leganés es sensiblemente superior al que corresponde al total regional ya mientras el paro descendió en el nuestro municipio en un 2,35 por ciento, la media regional se elevó sólo hasta el 1,68 por ciento.
   Cabe recordar que la 'I Feria de Empleo de Leganés', una iniciativa pionera en nuestra ciudad impulsada por el equipo de gobierno del Partido Popular, arrojó un saldo positivo de 132 nuevos contratos de trabajo.
   Los puestos de trabajo que se han cubierto con esas 132 personas que acudieron a la Feria del Empleo de Leganés a entregar sus currículum son de diversos sectores: fisioterapeutas, teleoperadores, comerciales, electricistas, carpinteros, personal de áreas administrativas, personal técnico, secretarias...
   Este número de personas que encontraron trabajo gracias a la 'I Feria del Empleo de Leganés' muy bien podría ser superior, ya que muchos de los ciudadanos que depositaron su currículum han sido incorporados directamente a las propias bases de datos centralizadas de algunas de las empresas que tomaron parte en la feria, con el objetivo de cubrir sus necesidades de personal, por lo que alguno de ellos ha podido haber sido contratado posteriormente, aunque al Ayuntamiento no le conste.
   El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, se ha mostrado enormemente satisfecho tras conocer los datos. "La intensa reducción del número desempleados en Leganés durante el mes de diciembre, la mayor de todos los municipios de la Comunidad de Madrid excluida, claro está, la Capital, pone de manifiesto que nuestras política de bajadas de impuestos e impulso de la actividad económica en nuestra ciudad están rindiendo sus frutos. No en vano, gracias a la Feria de Empleo encontraron trabajo 132 personas de un gran número de sectores y diferentes perfiles profesionales", ha dicho.
   El primer edil quiso añadir que "esperamos continuar en esta senda de reducción del desempleo con la próxima puesta en marcha de la planta embotelladora de Casbega que estará funcionando la próxima primavera y que generará 500 puestos de trabajo, la reapertura del Centro Comercial M-40, con más de 2.000 empleos entre directos e indirectos, así como la instalación de otras grandes empresas en Leganés Tecnológico".

Bruselas analizará las condiciones de detención en el centro de internamiento de inmigrantes de Aluche

BRUSELAS.- La comisaria europea del Interior, Cecilia Malmström, ha avanzado que el Ejecutivo comunitario analizará la situación del Centro de Internamiento de Inmigrantes (CEI) de Aluche (Madrid) en el marco del estudio que pretende impulsar en 2013 para verificar la correcta aplicación de la directiva comunitaria de retorno de inmigrantes irregulares a sus países de origen.

   "La Comisión solicitará al contratista que llevará a cabo este estudio que preste especial atención a la situación de los centros de detención, incluido el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche", ha explicado la comisaria en una respuesta parlamentaria al eurodiputado Raül Romeva, de ICV, fechada el 6 de diciembre y publicada esta semana.
   Malmström ha confirmado que España le notificó la "transposición plena" de la directiva de retorno en su ordenamiento jurídico en 2011.
   "La Comisión está analizando la transposición de esta directiva y en este marco considerará tanto la legislación como las prácticas en cada Estado miembro", ha precisado la comisaria.
   La directiva de retorno introdujo estándares comunes y procedimientos en los Estados miembros para devolver a sus países de origen a inmigrantes en situación irregular en su territorio con  "salvaguardias importantes" para garantizar "condiciones humanas y dignas" para los inmigrantes en los centros de internamiento en los Veintisiete, incluidos la obligación de prestarles atención sanitaria de emergencia y tratamientos esenciales contra enfermedades, así como su derecho a la asistencia letrada y contactos con representantes de ONG competentes, según ha recordado Malmström.
   "La Comisión espera que todos los Estados miembros, incluida España, cumplan sus compromisos en virtud de esta directiva y garanticen condiciones humanas y dignas en todos los centros de detención en su territorio", ha concluido.
   En su pregunta, Romeva criticó la detención cautelar "arbitraria y discriminatoria" del inmigrante marroquí Adnam el Hadj en el CEI de Aluche por motivos raciales, tal y como denunció en una resolución el pasado mes de agosto el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Hadj solicitó asilo en España.
   El grupo de trabajo también denunció que el marroquí fue víctima de abusos serios "equivalentes a tortura" mientras estuvo detenido en el CEI de Aluche y posteriormente fue deportado a Marruecos "sin ser ofrecido asistencia médica, legal o judicial" a la que tenía derecho, así como las malas condiciones de salubridad del centro de Aluche, otras violaciones de Derechos Humanas cometidas en este centro y la falta de regulación del mismo.
   Malmström ha evitado responder en cambio a la pregunta de Romeva sobre si piensa pedir a España que aplique las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la ONU, entre otros que ofrezca una compensación a la víctima por su detención arbitraria.

Se pospone el régimen abierto para Carromero a falta de completar la documentación

SEGOVIA.- La concesión del tercer grado o régimen abierto al dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero, condenado por la muerte en accidente de dos opositores cubanos e interno en la prisión de Segovia, no ha podido ser abordada hoy por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario a falta de completar la documentación.

Aunque la familia confiaba en que la Junta de Tratamiento abordara tal posibilidad, fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han informado hoy que este órgano, presidido por el director del centro, José María García, e integrada por un equipo mutidisciplinar, no ha tratado el asunto.
La Audiencia Nacional ha cerrado la liquidación de condena de Ángel Carromero, un trámite necesario para que la prisión de Segovia pueda acordar el paso al tercer grado penitenciario, aunque aún es provisional, a falta del informe del fiscal, según fuentes del tribunal.
Cuando se formalice, presumiblemente con sentido favorable, el tribunal enviará la liquidación a la prisión para que ésta pueda tomar su decisión.
Carromero ingresó en la cárcel de Segovia el pasado 29 de diciembre, tras ser extraditado a España, donde permanecerá hasta que la Junta de Tratamiento adopte la decisión, que se puede retrasar una semana, hasta el jueves próximo, cuando se vuelva a reunir.
Fue condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico en el coche que conducía, en el que murieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, el pasado 22 de julio, donde también viajaba Jens Aron Modig, presidente de la Liga Juvenil de la Democracia Cristiana sueca.
El abogado de la defensa, José María Viñals, ha señalado que la Junta de Tratamiento sigue el procedimiento previsto y tiene que cumplimentar unos tramites o formalidades con anterioridad a la toma de su decisión.
Asimismo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe testimoniar la sentencia cubana por su parte y, a propuesta del ministerio fiscal, liquidar la condena que le quedaría por cumplir a Carromero en España.
Para la defensa, "los pasos se van siguiendo y adoptando de conformidad con los tiempos y las formalidades previstas en la ley", ha subrayado el letrado.
Según el reglamento penitenciario, antes de que pasen dos meses desde que se recibe la sentencia, la Junta de Tratamiento propone el grado penitenciario en el que, inicialmente, el preso debe cumplir la condena.
El portavoz de la familia y diputado del PP, Pablo Casado, confiaba en la agilidad de los trámites, con el fin de que Carromero pudiera salir en tercer grado hacia mediados de la próxima semana, una vez pasadas las fiestas.

Remitida hoy la documentación

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha enviado hoy a la cárcel de Segovia la liquidación de pena del vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, trámite necesario para que pueda optar al tercer grado penitenciario que le permitiría salir en libertad, informaron fuentes jurídicas.
   El cálculo, que ha sido avalado por la Fiscalía, establece que Carromero, que fue condenado a cuatro años de cárcel en Cuba por el accidente de tráfico en el que fallecieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, terminará de cumplir condena el 21 de julio de 2016.
   El dirigente 'popular' permaneció en una cárcel cubana entre el 23 de julio y el 28 de diciembre de 2012, es decir, 159 días de los 1.460 a los que fue condenado. De esta forma, el dirigente tendría pendiente una pena de 1.301 días. En la cárcel de Segovia ingresó el pasado 29 de diciembre.
   La liquidación de condena es el primer paso para que la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia inicie los trámites para solicitar el tercer grado penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
   En caso de obtener el tercer grado, Carromero disfrutaría de un régimen abierto que le permitiría acudir a la cárcel sólo para dormir. También existe una modalidad, según el Reglamento Penitenciario, por la que un preso puede estar vigilado mediante control telemático y ni siquiera tiene que dormir en la cárcel.
   A la hora de conceder un tercer grado, se tienen en cuenta aspectos como el arraigo, el hecho de tener un trabajo o que no represente riesgo para la sociedad o que no sea reincidente, elementos que serían de aplicación en el caso de Carromero, según informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.
   El Consejo de Ministros autorizó el pasado 14 de diciembre el traslado a España de Carromero, después del acuerdo alcanzado con Cuba ocho días antes, para que éste cumpla en España la condena impuesta por las autoridades cubanas.

IU denuncia que el euro por receta es una medida "recaudatoria y expropiatoria"

MADRID.- El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha presentado al Defensor del Pueblo, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la implantación de la tasa del euro por receta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al considerar que es una medida "recaudatoria y expropiatoria".

   Tras presentar dicha solicitud, el diputado de IU ha asegurado que el euro por receta --en vigor en Madrid desde el miércoles y en Cataluña desde junio-- vulnera los artículos 139 y 149 de la Constitución que establecen el principio de igualdad y la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.
   "No es un procedimiento disuasorio sino, muy al contrario, es recaudatorio, expropiatorio y es una discriminación inaceptable entre los ciudadanos españoles y, respecto a los más enfermos ya que serán éstos los que más paguen", ha argumentado Llamazares para instar a que esta normativa se paralice de manera "inmediata".
   Y es que, a su juicio, este "insoportable tripago" es un "impuesto nuevo a la enfermedad" y, especialmente, para los pacientes que tienen varias enfermedades, los crónicos y los pensionistas. Así, ha insistido en la necesidad de que se "paralice cuanto antes" porque tanto el Gobierno madrileño como el catalán están "vulnerando" sus competencias y la "igualdad" de los españoles en derechos fundamentales como la salud.
   De hecho, en el texto que ha presentado el diputado de IU se recuerda que el Consejo de Estado ha dictaminado que las comunidades autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una competencia exclusiva del Estado y consagrada en el artículo 149.1.16. de la Constitución.
   Por ello, según prosigue la solicitud, "no cabe admitir" que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan "gravámenes" cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos tengan que abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario.
   "Hemos recurrido esta medida y pensamos que debe paralizarse cuanto antes porque es una decisión prevaricadora por parte del Gobierno de Madrid y de Cataluña a sabiendas de que esta competencia no es propia, que es una competencia del Estado y a sabiendas de que vulnera la igualdad de los españoles en derechos tan fundamentales como es el derecho a la salud", ha zanjado Llamazares.
   La tasa del euro por receta ha suscitado ciertas quejas y, según informaron el miércoles fuentes gubernamentales, el Gobierno se está planteando la posibilidad de llevar este mes al Consejo de Ministros un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por esta tasa.
   Además, el Ministerio de Sanidad ya ha elaborado los informes pertinentes en los que se puede basar el recurso y ha remitido toda la documentación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado.

El PSM interpondrá medidas judiciales contra González para frenar el euro por receta

MADRID.- El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado este viernes que su formación política interpondrá medidas judiciales de responsabilidad patrimonial contra el presidente de la Comunidad, Ignacio González, para que "pague de su bolsillo todo el coste económico que está suponiendo la puesta en marcha del euro por receta".

   Así lo ha expresado Gómez durante la presentación de "más del doble" de firmas --se requieren 50.000-- para llevar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a la Asamblea de Madrid contra el euro por receta y "especialmente el copago farmacéutico a las personas que están en edad de jubilación"
"Lo que ocurre es que el PP, con su mayoría absoluta, impide que se pueda formalizar una ILP", ha sostenido.
   "Vamos a sacar toda una serie de baterías, de iniciativas, para frenar el desmantelamiento y privatización de la sanidad pública madrileña. Iniciativas institucionales, de movilización social e iniciativas judiciales", ha explicado el dirigente socialista.
   En este sentido, Gómez ha indicado que el próximo martes presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta, "algo que ya se ha impuesto en Madrid y está ocasionando un trastorno a los madrileños, a los farmacéuticos, y que es una medida más encaminada a desmantelar un sistema sanitario público en Madrid".
  "El copago farmacéutico y el euro por receta significa que paga más el que está más enfermo y no el que tiene más recursos económicos", ha aseverado Gómez.
   Respecto a la implantación del euro por receta en la región desde el 1 de enero, el líder de los socialistas madrileños ha asegurado que el euro por receta y su implantación están causando "mucho daño económico, porque ha habido campañas de propaganda, porque ha habido procesos informáticos que se han comprado con dinero de todos los madrileños para ponerse en funcionamiento, de modo que ha habido un gasto muy importante".
   Por ello, ha señalado que es "inconstitucional y no se ajusta a la legalidad", por lo que ha dicho que González "ha contraído unos gastos muy importantes de las arcas públicas a sabiendas de que es algo que va a ser declarado inconstitucional". Así, Gómez ha anunciado que además del recurso ante el Tribunal Constitucional ejercerán medidas judiciales contra el presidente regional.
   "No solamente una demanda de responsabilidad patrimonial, sino que también está cometiendo un delito de prevaricación, porque sabe que es ilegal la medida, y a sabiendas de que es ilegal, la ha impuesto a todos los madrileños", ha sentenciado Gómez.

   Asimismo, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que haga un recurso de inconstitucionalidad en Madrid "tal como ha hecho en Cataluña". En esta línea, ha solicitado a Rajoy que además exija "la suspensión de la medida, que no se siga cobrando el euro por receta a los madrileños".
   "El PP está desbaratando y desmantelando el sistema sanitario público. Está privatizando y abriendo las puertas a que se haga negocio con algo que es de todos, con la sanidad, con la salud, o mejor dicho, para que hagan negocio con la enfermedad de los madrileños", ha apuntado Gómez.
   Por último, el dirigente socialista ha comentado que él "no pagará el euro por receta", pero ha señalado que otra cosa diferente es que "cada ciudadano haga lo que considere en conciencia, porque después la administración tratará de cobrar el euro y además cobrar por intereses".

Un 36,9% de los españoles apuesta por acabar con las comunidades autónomas

MADRID.- Un 36,9 por ciento de los españoles son partidarios de un Estado con un único Gobierno central y eliminar las comunidades autónomas o mantenerlas pero restarles autonomía, según refleja el último Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   El sondeo fue realizado durante los primeros quince días de diciembre tras la celebración de las elecciones autonómicas de Cataluña, centradas en el debate sobre independencia, autodeterminación y federalismo.
   Al ser preguntados por el modelo de Estado que prefieren, la posición mayoritaria, elegida por el 32,5 por ciento de los encuestados, sigue siendo la de dejar las cosas como están, con un Estado con comunidades autónomas.
   Sin embargo, hasta un 24,6 por ciento prefiere acabar con las autonomías, un porcentaje muy similar al de hace un mes (24,9 por ciento), y un 12,3 por ciento apuesta por mantener las comunidades pero restarles autonomía.
   En el otro lado de la balanza, un 11,9 por ciento de los ciudadanos defienden comunidades autónomas con mayor autonomía que en la actualidad y un 9,4 por ciento apoya un modelo en el que las autonomías puedan decidir si quieren la independencia. Estos porcentajes son medio punto inferiores a los del barómetro del mes de noviembre.
   Otra pregunta refleja que más de la mitad de los encuestados se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma (54,1 por ciento). Mientras, un 15,5 por ciento declara sentirse únicamente español, un valor un punto y medio inferior al del último sondeo; y un 5,6 por ciento asegura sentirse únicamente de su comunidad autónoma, también ligeramente inferior al porcentaje reflejado en la encuesta de noviembre.

Se duplica entre los españoles la preocupación por corrupción, fraude y aumenta la de sanidad

MADRID.- El último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado diciembre revela que se ha duplicado la preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude respecto del mes anterior, al tiempo que ha aumentado la de la sanidad, que marca un nuevo récord.

   La encuesta, hecha pública este viernes, se basa en 2.480 entrevistas domiciliarias realizadas entre el 1 y el 15 de diciembre en 237 municipios de 49 provincias y tiene un margen de error de más/menos un 2 por ciento.
   En concreto, la corrupción y el fraude ha recibido un 17,2 por ciento de menciones, casi el doble que el pasado mes de noviembre, cuando fue citado por el 9,5 por ciento de los entrevistados, lo que le hace irrumpir en el cuarto puesto de la lista de preocupaciones ciudadanas, por detrás del paro, los problemas de índole económica y la clase política.
   En cualquier caso, el ránking de las preocupaciones ciudadanas sigue liderado por el paro, pese a que su porcentaje desciende levemente, pasando del 80,8 por ciento que alcanzó en noviembre al 77,1 por ciento de diciembre, mes éste en el que el número de desempleados ha descendido en 59.094 personas.
   El segundo puesto sigue siendo para los problemas económicos en general, con 39,5 por ciento de las alusiones, y el tercero, aunque ya muy por detrás, lo sigue ocupando, con el 29,8 por ciento de las respuestas, la clase política aunque, eso sí, suma ocho puntos más que hace un año.
   Justo detrás de la corrupción y el fraude, que ocupan el cuarto lugar, se encuentra la sanidad. Aunque baja un puesto en la lista de los problemas nacionales respecto a las encuestas de los últimos tres meses, vuelve a marcar, con un 12,9 por ciento de los cuestionarios, un nuevo récord, al incrementarse un punto y medio respecto de noviembre.
   Ello puede deberse a las numerosas manifestaciones que los profesionales de la sanidad madrileña han protagonizado durante el pasado mes de diciembre contra la intención del Gobierno de Ignacio González de privatizar la gestión de este servicio.
   En el sexto puesto las cosas han cambiado respecto al mes inmediatamente anterior, puesto que entonces en ese lugar figuraba los bancos y ahora, con un 7,6 por ciento, se encuentra la educación, que está acaparando últimamente la atención de los medios de comunicación ante la reforma educativa que lidera José Ignacio Wert. No obstante, la preocupación de los españoles por las entidades bancarias aparece en el puesto siguiente, con un 7 por ciento de las respuestas.
   Por otra parte, la preocupación por los desahucios, que irrumpió por primera vez en el Barómetro de noviembre ocupando el puesto número ocho, pasa al noveno lugar al ser citado por el 5,6 por ciento de los encuestados, después de las primeras medidas decididas por el Gobierno para frenar este drama social.
   Respecto a las cuestiones que más afectan personalmente a los entrevistados, el paro continúa a la cabeza (47,2 por ciento), seguido de los problemas de índole económica (35,8 por ciento) y la sanidad (12,8 por ciento) y los políticos (10,1 por ciento).