MADRID.- El diputado de Izquierda Unida y
portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar
Llamazares, ha presentado al Defensor del Pueblo, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Plural, una solicitud de recurso de
inconstitucionalidad contra la implantación de la tasa del euro por
receta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al considerar
que es una medida "recaudatoria y expropiatoria".
Tras presentar dicha solicitud, el diputado de IU ha asegurado que
el euro por receta --en vigor en Madrid desde el miércoles y en
Cataluña desde junio-- vulnera los artículos 139 y 149 de la
Constitución que establecen el principio de igualdad y la competencia
exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la
sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.
"No es un procedimiento disuasorio sino, muy al contrario, es
recaudatorio, expropiatorio y es una discriminación inaceptable entre
los ciudadanos españoles y, respecto a los más enfermos ya que serán
éstos los que más paguen", ha argumentado Llamazares para instar a que
esta normativa se paralice de manera "inmediata".
Y es que, a su juicio, este "insoportable tripago" es un "impuesto nuevo a la enfermedad"
y, especialmente, para los pacientes que tienen varias enfermedades,
los crónicos y los pensionistas. Así, ha insistido en la necesidad de
que se "paralice cuanto antes" porque tanto el Gobierno madrileño
como el catalán están "vulnerando" sus competencias y la "igualdad" de
los españoles en derechos fundamentales como la salud.
De hecho, en el texto que ha presentado el diputado de IU se
recuerda que el Consejo de Estado ha dictaminado que las comunidades
autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la
fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de
financiación pública, por ser esta una competencia exclusiva del Estado y
consagrada en el artículo 149.1.16. de la Constitución.
Por ello, según prosigue la solicitud, "no cabe admitir"
que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan
"gravámenes" cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento
del coste que los ciudadanos tengan que abonar para obtener un
determinado medicamento o producto sanitario.
"Hemos recurrido esta medida y pensamos que debe paralizarse
cuanto antes porque es una decisión prevaricadora por parte del Gobierno
de Madrid y de Cataluña a sabiendas de que esta competencia no es
propia, que es una competencia del Estado y a sabiendas de que vulnera
la igualdad de los españoles en derechos tan fundamentales como es el
derecho a la salud", ha zanjado Llamazares.
La tasa del euro por receta ha suscitado ciertas quejas y, según
informaron el miércoles fuentes gubernamentales, el
Gobierno se está planteando la posibilidad de llevar este mes al Consejo
de Ministros un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional por esta tasa.
Además, el Ministerio de Sanidad ya ha elaborado los informes
pertinentes en los que se puede basar el recurso y ha remitido toda la
documentación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que
tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado.
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