lunes, 30 de septiembre de 2013

Las tasas aeroportuarias podrían aumentar hasta un 2,5% en 2014

MADRID.- Las tasas aeroportuarias subirán hasta un 2,5% como máximo durante 2014 en el conjunto de la red de Aena Aeropuertos, según se desprende del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año presentado este lunes en el Congreso.

   A partir del 1 de marzo de 2014 y con vigencia indefinida, la cuantía de las prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena Aeropuertos se incrementan en el 2,5% respecto a las cuantías exigibles en 2013.
   En el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2013, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) incrementado en un punto, sea inferior al 2,5%, el porcentaje a aplicar será el IPC mencionado incrementado en un punto.
   Aena Aeropuertos firmó el pasado mes de mayo con las principales compañías aéreas, representadas por las patronales Aceta, AECA, IATA, ALA, y AOC España, un acuerdo por el que fijó una subida del IPC más un punto en 2014, cuatro puntos menos de lo inicialmente previsto, ya que el máximo permitido por ley era del IPC más cinco puntos.
   Dicho acuerdo permite atenuar la subida de las tasas durante los próximos cinco años, al contemplar un incremento del IPC más tres puntos para el año 2015, y del IPC más cuatro puntos para los años 2016, 2017 y 2018.
   Según el RD Ley 11/2013, aprobado el pasado 2 de agosto, los incrementos máximos para los próximos cinco años se fijan en el 2,5% en 2014, el 4,5% en 2015 y el 5,5% en los tres años sucesivos, con el fin de ajustar la fórmula de cálculo del déficit prevista como consecuencia del acuerdo alcanzado con diversas asociaciones de compañías aéreas.
   No obstante, el incremento para 2014 no será de aplicación a la cuantía de la prestación por pasajero con movilidad reducida (PMR), recogida en el apartado 1 del art. 78 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, cuyo importe se congela y queda por tanto fijado en 0,61 euros por pasajero en todos los aeropuertos.
   Según figura en la disposición octava, por la que se modifica la Ley de 21/2003 de Seguridad Aérea, la reducción de cuantías no será de aplicación en el caso de vuelos privados.
  En lo que se refiere a las tasas por pasajero, las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y por seguridad en conexión se reducirán en un 30%. Se entiende por pasajero en conexión aquel viajero que desembarcando en un aeropuerto gestionado por Aena Aeropuertos en un vuelo, vuelve a embarcar con el mismo billete y en el mismo aeropuerto, en un plazo máximo de 12 horas, al objeto de realizar un nuevo trayecto con un número de vuelo diferente y destino distinto al de origen.
  En los aeropuertos de Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la reducción de cuantías del 15% en los supuestos de vuelos con el territorio peninsular y del 70% cuando se trata de vuelos interinsulares no será de aplicación en el caso de los vuelos privados.
   El importe mínimo a pagar por operación en concepto de aterrizaje y servicios de tránsito aéreo de aeródromo en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur se actualizará conforme a la subida establecida.
   En los aeropuertos de Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia el importe mínimo a pagar por operación-aterrizaje será de 14,66 euros y de 7,84 euros por servicio de tránsito de aeródromo.
   En los aeropuertos de La Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza será de 10,82 euros el importe mínimo por operación-aterrizaje y de 6,18 euros el mínimo por servicios de tránsito de aeródromo.
   Finalmente, en los aeropuertos de Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos el importe mínimo por operación-aterrizaje será de 5,86 euros y de 4,31 euros el mínimo por servicios de tránsito de aeródromo.
   La mercancía en conexión, cargada y descargada en el recinto aeroportuario entre vuelos de la misma compañía, queda exenta de pago. En los aeropuertos no peninsulares queda exenta de pago la mercancía cargada o descargada cuyo objeto sea el tráfico interinsular. En estos aeropuertos, para el resto de los tráficos, las cuantías aplicables a la carga directa como en conexión se reducirán en un 15%.
   Las cuantías aplicables a la mercancía cargada o descargada en el recinto aeroportuario cuyo objeto sea el tráfico internacional se reducirán en un 50%.
   Estarán obligados al pago de la prestación pública por servicios meteorológicos las compañías aéreas y las restantes personas físicas, jurídicas o entidades a los que se les facilite dichos servicios en los vuelos que aterricen en un aeropuerto o helipuerto gestionado por Aena Aeropuertos. El importe a abonar será el resultado de aplicar al peso máximo de despegue de la aeronave, expresado en toneladas, una cuantía unitaria de 0,18 euros.

La Sareb intenta ‘desahuciar’ a Casa Labra de su ubicación histórica junto a la Puerta del Sol


BARCELONA.- Casa Labra, famosa taberna madrileña fundada en 1860, está a punto de tener que abandonar el local que ha ocupado desde 153 años. Todo por culpa de la burbuja inmobiliaria y una ‘disputa’ entre el banco malo, Sareb, y la inmobiliaria Restaura, ahora en concurso de acreedores.

Restaura llegó a un acuerdo para vender el bajo que ocupa el restaurante a la tercera generación de la familia Molina, propietaria de Casa Labra desde sus inicios, una operación respaldada por el juzgado de lo mercantil nº 3 de Barcelona. Sin embargo, la institución presidida por Belén Romana ha presentado un recurso contra la venta según informa Economía Digital.

El banco malo heredó los créditos del edificio de Nocagalicia Banco y parece que no quiere vender por partes el inmueble cercano a la Puerta del Sol, valorado entre 30 y 36 millones de euros.

Así, Casa Labra, el único que ha presentado una oferta para quedarse en el edificio, podría tener que abandonar el local, que ha pasado a la historia porque entre sus paredes se fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879.

Ahora toca esperar de nuevo a la decisión del juzgado barcelonés sobre el recurso presentado por el SAREB. La resolución definitiva se conocerá antes de un año.

Nuevo varapalo judicial a Ignacio González por defender los “intereses” de la socia de su esposa en la sierra madrileña

MADRID.- El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha impuesto una multa y criticado duramente a la Comunidad de Madrid por su temeridad en el caso de la finca La Muñoza. Los ecologistas piden explicaciones a Ignacio Gónzalez.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la solicitud de nulidad presentada por la Comunidad de Madrid en el caso de la finca La Muñoza y la ha condenado a pagar 600 euros de costas al considerar que promovió el recurso “con temeridad” al intentar defender intereses privados.

Según recuerda Ecologistas en Acción, en abril, el tribunal había anulado la licencia que permitía la celebración de eventos en esa finca, propiedad de una fundación que preside Carmen Cafranga Cavestany, socia de la mujer de Ignacio González. 

Y tres meses después, la Comunidad de Madrid, sin ser parte en el procedimiento, presentó un incidente de nulidad solicitando la anulación de dicha sentencia, a pesar de que no la administración regional no formó parte del proceso judicial ni tiene competencias en el caso, tal y como informó elboletin.com.

Ahora, el TSJM desestima el incidente presentado, multa y condena en costas a la Comunidad de Madrid.

Ecologistas en Acción califica los hechos de muy graves y considera necesario conocer si la actuación de la Comunidad de Madrid vino determinada desde Presidencia del Gobierno regional, con el fin de favorecer a una persona particular.

Según esta organización ecologista, el último auto les da la razón en lo que ya denunció en julio: “que se podrían estar destinando fondos y servicios públicos para favorecer a una entidad privada vinculada a una persona allegada al Presidente González”.

Por ello considera necesario conocer si la actuación de la Comunidad de Madrid vino determinada desde Presidencia del Gobierno regional por si pudiera derivarse alguna responsabilidad.

Este colectivo recuerda que aunque la finca “es propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la actividad de celebración de eventos la realiza la sociedad Las Higueras del Tambor S.L, entidad a quien se ha cedido el usufructo. Esta sociedad está participada al 50% por la citada fundación y al 28% por Carmen Cafranga Cavestany. De facto, Cafranga controla el 78% de la sociedad, al ser presidenta de esta fundación. Carmen Cafranga es socia de la mujer de Ignacio González en Subastas Segre”.

Informan los ecologistas que desde su constitución, en febrero de 2006, Las Higueras del Tambor S.L se encarga de la explotación de La Muñoza. Además en noviembre del mismo año se registró como Centro Especial de Empleo de la Comunidad de Madrid. De esta forma, compagina la actividad mercantil con la formativa y la contratación de personas con dificultades psíquicas o físicas, lo que la convierte en receptora de subvenciones, exenciones fiscales, etc.

Pero sin embargo, tal y como denuncia este colectivo, “los eventos que se organizaban en la finca, bodas, banquetes, galas promocionales de grandes marcas, parecen, a todas luces, superar las actividades formativas bajo las que se amparaba para organizar eventos”.

 “Estas actividades no están autorizadas en el espacio protegido como es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, donde se ubica la finca”.

Acusan a Figar de expulsar a 22.000 alumnos de la FP

MADRID.- Este año unos 22.000 estudiantes se quedarán sin plaza en Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. Así lo han denunciado padres y profesores en sendos comunicados, en los que acusan a Lucía Figar de no tomar medidas para paliar la oferta insuficiente de plazas públicas y de promover la escuela privada al haber quitado el concierto a la FP mientras da becas a los alumnos que estudien en estos centros. Por ello, exigen el cese de la consejera de Educación por exponer a miles de jóvenes “al paro y a la exclusión social”.

La FAPA Giner de los Ríos se ha mostrado muy crítica con la situación que atraviesan estos días los estudiantes que han optado por la FP. En una nota los padres denuncian que Figar sigue excluyendo a los jóvenes del sistema educativo “a través de la selección económica y la falta de ampliación de plazas y ciclos formativos”. Según sus cálculos, en el presente curso “unos 22.000 alumnos solicitantes de Ciclos Formativos van a quedarse sin plaza: 12.000 alumnos de Grado Medio y 10.000 de Grado Superior”, una cifra que podría aumentar cuando acabe el proceso de escolarización.

Esta cifra “engloba a aquellos alumnos que han solicitado plaza dentro del plazo establecido por la Administración Educativa, y aquellos que, por los plazos establecidos por la Consejería de Educación y muy difíciles de cumplir, no pudieron obtener los certificados académicos que les permitiesen presentar las solicitudes dentro de plazo”, señala el colectivo de padres, que dicen sentirse “despreciados y maltratados por la Administración”.

“Los alumnos no dejan de estudiar porque quieran, sino porque no existen plazas suficientes”, remarca la FAPA Giner de los Ríos, que acusa de “irresponsabilidad” al Gobierno regional por “no tomar las medidas adecuadas para acabar con esta situación, incluso por promoverla, en un absurdo intento de beneficiar a las empresas privadas de educación sin, al parecer, darse cuenta de cuál es la situación económica real de la ciudadanía madrileña”.

Los padres dicen que el proceso de admisión para ciclos formativos durante el presente curso 2013/14 se ha caracterizado por “una aplicación informática que no ha funcionado, con multitud de errores que no se han podido resolver”, la “falta de creación de plazas, ciclos y unidades”, la “ausencia de una red organizada y adaptada a la demanda del alumnado y el mercado laboral”, la “desaparición de las plazas concertadas en Grado Superior, sin ampliación de las de los centros públicos y, por tanto, supresión de plazas y expulsión del alumnado del sistema educativo”, y la “creación de becas de FP de las que solo podrán disfrutar aquellos alumnos que tengan capacidad económica para financiar las cuotas que los centros privados exigen”.

Por todo ello, el colectivo exige “el cese de la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, la apertura de nuevas unidades públicas de FP, la desaparición de las becas de FP para el alumnado de los centros privados, la reorganización de la red de centros y la puesta en marcha de nuevos ciclos de formación profesional”.

Y en la misma línea se han expresado los profesores. La Federación de Enseñanza de UGT Madrid ha denunciado “la oferta insuficiente de plazas públicas en la Formación Profesional” y ha exigido “una respuesta inmediata de la Administración que permita que los miles de alumnos que se van a quedar sin plaza de FP puedan estudiar”.

“La falta de un estudio serio de la red de centros de Formación Profesional, la escasa oferta de plazas de Formación Profesional públicas, la reducción de las plantillas de profesores y de unidades en cada uno de los ciclos, la implantación precipitada de la FP dual, la disminución del módulo de Formación en Centros de trabajo, el incremento de las tasas en la FP de Grado Superior, la privatización de las plazas concertadas de FP de Grado Superior... en definitiva, el escaso interés de esta Administración por la Formación Profesional” es la que ha generado esta situación, por lo que el sindicato ha instado a Figar a dar “una respuesta inmediata” que “permita a los jóvenes madrileños poderse formar y labrarse un futuro digno”.