miércoles, 25 de julio de 2012

La Comunidad de Madrid no acudirá al fondo de rescate

MADRID.- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha reconocido este miércoles que el Gobierno regional tendrá que "limitar probablemente muchos de los servicios" que están prestando para "no gastar más de lo que se ingresa", lo que a su juicio significa "la solidaridad y responsabilidad de las administraciones con la situación económica que tiene España".

   Al ser preguntado sobre si la Comunidad acudirá al fondo de rescate creado por el Gobierno de Rajoy, al igual que Cataluña, el vicepresidente ha destacado que Madrid tiene una situación económica que les ha permitido ser "probablemente la única administración que ha cumplido de manera sistemática con los objetivos de déficit".
   En este sentido, ha recordado que la Comunidad lleva cuatro años haciendo recortes importantísimos en el presupuesto de la comunidad en sus gastos estructurales. Además, ha mencionado "la modificación del presupuesto reduciendo mil millones de euros para evitar que estas circunstancias se produzcan" en alusión a un posible rescate.
   "Madrid va a ajustar sus gastos para llegar al objetivo de que haya equilibro presupuestario. Eso significa que los ingresos tienen que coincidir con los gatos. No se puede gastar mas de lo que se ingresa porque ahora no hay crédito. Y si lo hay, es escaso y carísimo".
   "Somos conscientes de que hay que reducir gastos y tendremos probablemente que limitar muchos de los servicios que estamos prestando. Pero no podemos gastar mas de lo que ingresamos", ha añadido.

Botella: "Las nóminas del Ayuntamiento de Madrid están garantizadas"

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha asegurado este miércoles en el Pleno Municipal que "las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento están garantizadas", pero ha  reconocido que no se puede garantizar "todo a la vez", en referencia al mantenimiento del personal y el pago de las nóminas y el mantenimiento de los servicios, por lo que "hay que priorizar".

   Botella ha respondido así preguntada por el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, "si tal y como ha insinuado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, existe riesgo de impago de nóminas en el Ayuntamiento de Madrid", y  le ha pedido "que tranquilice a los trabajadores".
   "Las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento han estado, están y van a continuar estando plenamente garantizadas", ha aseverado Botella, quien ha agregado que las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento, sus organismos autónomas y empresas "tienen la consideración de pago prioritario", al igual que los "servicios esenciales". Botella ha apuntado que el importe total de las nóminas a cargo del Ayuntamiento supera los 1.500 millones de euros anuales.
   Pérez ha criticado a los dirigentes 'populares' por aplicar y defender políticas de recortes, al considerarlos "injustos, desiguales, antieconómicos, desequilibradores y antisociales", y ha denunciado que, a su juicio, "no hay una sola medida que impulse la economía" o "que grave las grandes fortuna".
   A este respecto, Botella ha dicho que el Gobierno municipal es "partidario de una reordenación, de una reestructuración de las tres administraciones del Estado sabiendo que tienen que ser sostenible" y, con respecto al Ayuntamiento, ha defendido el plan de ajuste aprobado el pasado 28 de marzo para garantizar la estabilidad financiera, que "incide en el capítulo de ingresos pero sobre todo en el de gastos".
   Por otro lado, ha recriminado al portavoz de IU que pida  "una cosa y la contraria", en referencia al mantenimiento del personal, el pago de las nóminas, el mantenimiento de los servicio y al no hacer ajustes, ya que no se puede garantizar "todo a la vez".
 "En situaciones de crisis tenemos que priorizar. No pueden pedir cosas que son en sí mismas contrarias", ha señalado
   "Las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid están garantizadas y vamos a trabajar para que esto siga siendo así en el futuro", ha zanjado, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno municipal quiere que "una de las cosas que estén siempre garantizadas, como lo están en este momento, son las nóminas".

CC.OO denunciará a los antidisturbios por las "agresiones" a un bombero

MADRID.- La delegación sindical de CC.OO del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que denunciará a la Unidad de Intervención Policial (UIP) por las "agresiones" que, según el sindicato, sufrió el bombero detenido en la manifestación contra los recortes celebrada el pasado 19 de julio.

   En rueda de prensa en la sede de CC.OO, los delegados sindicales han señalado que la "detención salvaje" del bombero se produjo por "una orden política", que pretendía "dar un escarmiento" al colectivo por las medidas de presión que están llevando a cabo por los "recortes ideológicos" de la Comunidad.
   El delegado sindical de CC.OO, Manuel Ariza, ha explicado que los antidisturbios "escondieron al bombero detrás de los antidisturbios para pegarle". Además, ha señalado que el bombero sufrió "una luxación de tobillo" y "porrazos en la cabeza" y ha apuntado que los antidisturbios "hasta tuvieron la delicadeza de quitarle el casco para abrirle la cabeza".
   Tras las agresiones, según ha declarado el colectivo, "los antidisturbios trataron de negociar con ellos" y les prometieron que si se iban de la manifestación, "el compañero saldría a la calle al día siguiente sin cargos". Los bomberos han calificado está negociación, a la que accedieron, de "chantaje" y han afirmado que "les engañaron".
   Desde la delegación de CC.OO se ha anunciado que se emprenderán medidas legales contra el trato que recibió el bombero, que permaneció 40 horas retenido, pero "no, contra el chantaje". Este profesional quedó en libertad el pasado sábado.

La UCM suspende las ayudas para acción social

MADRID.-   La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado un primer paquete de medidas de recorte en aplicación del último Real Decreto aprobado por el Gobierno central con medidas antidéficit y de la Ley de modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, que engloba, entre otras cosas, la retirada de ayuda a la acción social y la suspensión de la paga de jubilación.

   Fuentes universitarias han explicado que estas primeras medidas se aprobaron en un Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria ayer por la tarde después de que la reunión convocada por la mañana tuviera que ser suspendida por una protesta de funcionarios.
   Además de la suspensión de la paga de jubilación, la plantilla de la Universidad Complutense se queda sin la paga que reciben los trabajadores cuando llevan más de 25 años en el centro pues esta se retrasa hasta los 30 años de antigüedad; y se modifican algunos contratos de profesores asociados, que pasarán de ser anuales a cuatrimestrales.
   Según los sindicatos (CC.OO., CIPAS, CGT, CTP, CSIF, CSIT-UP, GTIP, SAP y UGT) todas estas medidas se han llevado al Consejo de Gobierno sin aportar documentación previa "y sin la más mínima negociación". De hecho, han criticado que el rector, José Carrillo, informó a los sindicatos de la Mesa Sindical el lunes por la tarde.
   En el mes de septiembre, el Rectorado iniciará un proceso negociador con las organizaciones sindicales donde se plantearan el resto de las medidas que se presentaron en la última Mesa Sindical y que se suman a este paquete de recortes en aplicación a las últimas decisiones de las administraciones.

Archivada la querella del ex jefe de Polícia Municipal de Alcorcón contra dos ediles por coacciones

ALCORCÓN.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Alcorcón ha desestimado y sobreseído provisionalmente la querella presentada por el subinspector de la Policía Municipal de Alcorcón, Sergio Ruiz Platero, por "acoso laboral, prevaricación y coacciones" interpuesta contra el ex primer teniente de alcalde, Oscar Romera, y el anterior concejal de Seguridad, Antonio Sayago, hoy responsable de Mantenimiento, al considerar que no se encontraban "indicios racionales, objetivos y fundados" de delito.

   El Auto, contra el que cabe recurso de apelación, recoge que tras exponer de forma pormenorizada los hechos demandados por Ruiz Platero, y la declaración de los imputados y testigos determina que "no se ha evidenciado indicios racionales, objetivos y fundados de actos degradantes, humillantes y que menoscaben o impidan contra su voluntad, el ejercicio de sus funciones como Jefe de Policía Local de Alcorcón, sin perjuicio eso sí, de las decisiones administrativas tomadas por el Ayuntamiento de Alcorcón en el ejercicio de sus funciones sobre su funcionariado incluido el propio querellante, y sin perjuicio de la tutela jurisdiccional contenciosa administrativa".
   Expone el documento a favor de los imputados varias cuestiones. En el caso de Óscar Romera afirma que debido al "mínimo contacto personal" existente entre el querellado y el querellante, hace que tal imputación sea, asegura el auto, "tan peregrina y remota que necesariamente obliga al sobreseimiento provisional de la presente causa por tal delito del artículo 173 del C. penal de acoso laboral, y en relación a tal querellado".
   Por su parte, en lo referente al otro imputado Antonio Sayago, al que reconoce una participación más "activa y directa por su cargo como concejal de seguridad", afirma de igual modo que no existen acciones que objetivamente revistan "indicios racionales y fundados de ataques graves contra la dignidad profesional o personal del querellante", por lo que concluye "sobreseyendo igualmente la causa por delito de acoso laboral en relación al querellado".
   Sayago ha asegurado que de esta manera ha quedado demostrado que no se cometió ningún delito contra Ruiz Platero y ha exigido las disculpas de "compañeros" de la corporación especialmente del PSOE ya que dice "se han hartado a acusar injustamente durante meses".
   También, el ex primer teniente de alcalde que actualmente se encuentra en la Administración del Estado, Óscar Romera se ha mostrado igualmente satisfecho al verse refrendado por la Justicia y anunciando que se estudiaran los pasos a seguir esperando que el auto sirva de lección a los que sentenciaron antes de que lo hiciesen los propios jueces.
   Por su parte, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha querido recordar que pese a que la sentencia aún no sea firme resulta ser "una gran noticia", ya que viene a apoyar a quienes se "les mancho la imagen" por el "desempeño" su labor y "sin pruebas o indicios claros" de irregularidades. "Esta sentencia viene a limpiar su imagen y dejar claro que estas personas eran inocentes", ha concluido.

Empleados públicos abuchean a autoridades madrileñas en la Policía de Madrid

MADRID.- Cerca de un centenar de empleados públicos han recibido con abucheos a diversas autoridades madrileñas en un acto de entrega de diplomas de los nuevos agentes de Policía Local en la Academia de Policía de Madrid.

   En el acto se encontraban la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y alcalde de Alcorcón, David Pérez. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, tenía en su agenda acudir a este acto pero finalmente no ha asistido.
   Con gritos de 'El próximo parado, que sea un diputado', 'No a los recortes', 'Esperanza, dimisión' o 'Esto es una mamandurria' los empleados públicos concentrados, entre los que se encontraban numerosos médicos ataviados con su vestimenta de trabajo o policías, han increpado a los políticos que esperaban el inicio del acto en el campo de fútbol de dichas instalaciones.
   Los manifestantes han pedido disculpas a los policías locales que este miércoles recibirán su diploma, pero mediante un altavoz les han explicado "que no queda otra". Los familiares asistentes al acto les han respaldado con un aplauso, que durante minutos han seguido reclamando consignas como 'Basta ya de tanto recortes' o 'Hijos de Fabra'.

La Fiscalía se opone a la intervención judicial de Bankia

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este miércoles a la petición de intervención judicial de Bankia solicitada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el colectivo 15-M al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de la instrucción sobre las presuntas irregularidades cometidas por el antiguo consejo de administración del banco. 

   Según fuentes personadas en la causa, el Ministerio Público ha advertido que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía nacional. Ha defendido, además, que ninguno de los dos querellantes goza de legitimidad para pedir una medida de este tipo.
   En la comparecencia, celebrada para examinar la solicitud de los dos querellantes, el juez ha escuchado la declaración de un único representante de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002.
  Durante la vista, que se ha prolongado durante más de cuatro horas, el representante ha defendido la legalidad de la gestión del banco y ha explicado que los cambios en las cuentas de la entidad  --que los querellantes interpretan como una manipulación-- se debieron principalmente a que sus gestores tuvieron que amoldarse a hasta 12 cambios en la regulación bancaria realizadas por el Gobierno en el último año.
  El representante de Bankia, que ha defendido la gestión del consejo de administración imputado, y ha agregado que las modificaciones en las cuentas no respondieron a "un cambio de criterio contable sino a una modificación de la estimación". "No existe percepción de error en la fusión" que creó la entidad, ha añadido.
   Además, el miembro del servicio jurídico de la entidad ha desvelado que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, ya tenía preparado un plan de saneamiento alternativo cuando presentó un resultado de 300 millones de beneficio, en el ejercicio en 2011. Fuentes jurídicas han avanzado que el juez Andreu tomará su decisión en los próximos días.
  El juez ha escuchado los argumentos de ambos y las alegaciones del resto de partes personadas en la causa, es decir, los representantes legales de aquellos acusados ya personados en la instrucción.
   El Ministerio Público, primero en intervenir a través del fiscal Alejandro Luzón, ha coincidido en su oposición a la intervención con la postura defendida por los abogados de los 33 imputados, que también han rechazado la medida propuesta por UPyD y el 15-M.
   Así, Anticorrupción ha indicado en la comparecencia que UPyD, como acusación popular, no tiene legitimidad para solicitar medidas de tipo civil, sino únicamente penal. Tampoco el colectivo 15-M --que representa a una decena de accionistas y está personado como acusación particular-- puede hacerlo, dice el fiscal, ya que la solicitud de intervención está sólo prevista para los trabajadores o acreedores de la entidad que quieran reclamarla y no para los propietarios de acciones.  
   En la misma línea que Fiscalía y su advertencia de "temeridad" el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha advertido de la inconveniencia de intervenir judicialmente el banco y ha asegurado que esto sería "letal" y una clara muestra de "desconfianza" hacia el propio Fondo y, por tanto, el Estado.
   Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.
   También se imputan delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.
  Están, además, imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.
   El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.