domingo, 22 de abril de 2012

La Comunidad de Madrid ha recuperado el proyecto de concentración geográfica de las sedes judiciales de Madrid

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha recuperado el proyecto de concentración geográfica de las sedes judiciales de Madrid, pero aún está en estudio la manera en que se va a llevar a cabo.

   Se trata de una respuesta parlamentaria de la Comunidad a una pregunta de la diputada de UPyD Elvira García Piñeiro, que quiere saber qué partes del proyecto que ha decidido modificar el Gobierno de la Comunidad de Madrid de cara a las conversaciones que se mantienen con el grupo Carlyle u otros posibles socios o inversores privados en relación con la continuación de la construcción del Campus de la Justicia de Madrid capital.
   La Comunidad no cita el proyecto del Campus, pero destaca que "se ha recuperado el proyecto de concentrar geográficamente las sedes judiciales de Madrid" y dice que actualmente está "en estudio cómo se va a desarrollar".

El posible desahucio de Vicente, la peor cara de crisis

MADRID.- Vicente Torres nunca se había imaginado que a sus 73 años vería, convaleciente desde la cama de su habitación, cómo se evitaba que le quitaran su piso de 49 metros cuadrados en el madrileño barrio de Carabanchel, en un ejemplo de las consecuencias más brutales de la crisis económica que sufre España.

Tapicero jubilado, Vicente fue operado del corazón hace dos meses y tiene la movilidad muy reducida, por lo que vive con su nieto Jonathan, de 24 años, que cuida de él aunque no tiene trabajo ni cobra prestación por desempleo. Sobreviven con los 600 euros de la pensión del abuelo.
Vicente se enfrenta a perder definitivamente la vivienda en la que vive hace unos 50 años tras haberla puesto como aval para una hipoteca de su hijo, que ya perdió su casa.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró esta semana postergar su desahucio, uno de los 200 que se producen a diario en España, aunque la comisión judicial puso una nueva fecha: el 3 de mayo.
"Hemos ganado algo de tiempo, esperemos poder detener la ejecución (hipotecaria)", dijo Rafael Mayoral, abogado de la PAH, que esgrimió motivos humanitarios ante la comisión judicial encargada de certificar el desalojo con la ayuda de la fuerza pública.
Aunque Mayoral presentó ante los funcionarios de la comisión documentación médica que certifica el estado de salud de Vicente, las funcionarias y el procurador suspendieron la ejecución debido a que, según su parecer, no había suficientes efectivos policiales para hacerlo.
El caso de Vicente y Jonathan es cada vez más habitual en un país con 5,3 millones de parados y en el cual la tasa de cobertura para desempleados se sitúa en el 57 por ciento, lo que significa que un 43 por ciento de ellos no reciben ayuda alguna.
En este caso, la entidad ejecutante es Citifin, filial de Citigroup, y la PAH solicita, al igual que en todos los desahucios, que al menos se les conceda el alquiler social.
Mayoral dice haberse puesto en contacto con Citifin, y que "no han atendido a las razones humanitarias".
Contactado, Citigroup no ha querido hacer comentarios.
"Creemos que la sociedad civil tiene medios suficientes para convencer a las entidades financieras para que cedan(...) y creemos que las autoridades judiciales deberían tutelar los derechos de los deudores en los procedimientos de ejecución hipotecaria para que no se vean en indefensión", señaló Mayoral.
El fenómeno de los desahucios plantea una disyuntiva entre el cumplimiento de la ley hipotecaria española, por un lado, y de los derechos humanos y la Constitución española, por otro.
La Carta Magna garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos establecerán normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
En España, a diferencia de otros países, la entrega de la vivienda no es generalmente suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, pese a que el Gobierno aprobó, a comienzos de marzo, un "código de buenas prácticas" bancarias para que los ciudadanos en riesgo de exclusión social que no puedan seguir pagando sus hipotecas salden la deuda con la devolución del inmueble.
Casi la totalidad de las entidades financieras españolas se han adherido voluntariamente a este código --lo que, en ese caso, lo convierte en vinculante--, pero sus críticos señalan que la norma establece requisitos prácticamente imposibles de cumplir.
Desde la PAH se hace hincapié en que el sistema judicial español debe hacer más esfuerzos para proteger a los ciudadanos deudores con menores posibilidades económicas frente a los recursos jurídicos de la banca.
"Los tribunales tienen la obligación de tutelar los derechos de todas las personas que tienen un procedimiento judicial, y además, cuando está en peligro la vida o la integridad física de una persona, lógicamente está por encima de cualquier diligencia judicial que se quiera ejecutar", señala Mayoral.
Los desalojos se han disparado en España después de que el país sufriera un duro golpe por la paralización del mercado inmobiliario y de la construcción que dejó a millones de personas sin trabajo.
Para paliar el problema, sindicatos y otras asociaciones presentarán una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago, de manera que, en casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, como en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos.
Para que se admita a trámite deben lograr 500.000 firmas, y posteriormente el Congreso de los Diputados debe debatir la propuesta y, eventualmente, aprobarla. Una posibilidad muy poco probable.
Los cerca de 200 desahucios al día en España, que cuentan en cada intervención con la comparecencia de una comisión judicial acompañada por la policía, contrastan --más allá del drama humano detrás de cada caso concreto-- con las reclamaciones crónicas de racionalización del funcionamiento del muy saturado sistema judicial español.
El drama de los desahucios ha tenido, además, implicaciones internacionales, pues gran parte de los afectados por los desalojos son inmigrantes que se han quedado sin trabajo en el sector de la construcción.
Por este motivo, a mediados de marzo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió de que podría denunciar las leyes hipotecarias españolas ante organismos internacionales al considerar que "atentan contra los derechos humanos". Los ecuatorianos son la segunda mayor colectividad de inmigrantes en España, por detrás de los rumanos.

CiU cree que los recortes son "humo" de cara a Europa

BARCELONA.- El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha asegurado que los recortes de 10.000 millones de euros en educación y sanidad previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "humo" y no podrán aplicarse al ser competencias transferidas a las comunidades, por lo que cree que se trata de un anuncio de cara a la Unión Europea (UE).

   En rueda de prensa este domingo tras la reunión de la Ejecutiva Nacional de CiU, ha cifrado en 1.700 millones el ahorro que, por porcentaje de población, estos recortes supondrían para Cataluña si se aplicaran.
   Por ello, ha criticado que el Gobierno no se atreve a tomar medidas "y las pocas que han tomado y publicado en el BOE, invaden algunas de las competencias transferidas".
   Duran ha señalado como otro de los motivos para rechazar los presupuestos que éstos son "discriminatorios para las comunidades en general y Cataluña en particular".
   El portavoz de la federación en Madrid considera que si Rajoy pidió aumentar el objetivo de déficit del Estado debido a la "herencia socialista", ahora debería permitir que las comunidades que han cambiado de gobierno, como Cataluña y Castilla-La Mancha, hagan lo mismo.
   Por ello, dos días después de que la federación presentara una enmienda a la totalidad de los presupuestos, ha advertido de que no hay "margen de negociación" para retirarla.
   En su opinión, sí hay dinero para Cataluña pero se destina a otros fines, como la línea del AVE a Extremadura y Galicia, y el Museo del Prado de Madrid.
   Duran se ha referido también a las declaraciones este sábado del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a quien ha recalcado que el Estado debe 759 millones de euros "como mínimo, más otros convenios que tampoco se han liquidado".
   Tras lamentar que no hay ninguna partida prevista para saldar la deuda, ha afirmado que la federación se conformaría con una declaración de principios: "Luego ya nos pondríamos de acuerdo en cómo y cuándo pagar", ha declarado.

Feijóo aboga por un Estado autonómico "más delgado y menos costoso"

SANTIAGO.-   El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no cree que "haya que hacer una enmienda a la totalidad" al Estado autonómico, pues asegura que "puede seguir funcionando" si es "más delgado y menos costoso". 

   En una entrevista concedida a El País, Núñez Feijóo ha defendido que "no falla el modelo" de Estado, sino que "ha fallado el liderazgo y la coordinación, el marco común que el presidente de todos los españoles tiene que tutelar, vigilar y exigir a los que forman parte del Estado".
   Preguntado sobre si cree que se camina hacia una recentralización --tras el debate abierto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre una devolución de competencias al Estado-- Feijóo ha señalado que aunque "hay ciudadanos escépticos con el Estado autonómico", considera que "no es una opinión mayoritaria".
   Por eso, no cree que "haya que hacer una enmienda a la totalidad" al Estado autonómico hacia una recentralización, y añade que: "Lo que le pediría al Gobierno es que no se aprobase leyes sin el visto bueno de las comunidades autónomas y que luego su coste las tengan que pagar estas".
   "Las comunidades han de cumplir los criterios de déficit público y equilibrio presupuestario que impone el presidente del Gobierno. Si cada uno actúa corresponsablemente, el Estado autonómico, más delgado y menos costoso, puede seguir funcionando", ha dejado claro el líder del Ejecutivo gallego.

El PSM quiere rehabilitar el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla


MADRID.- El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta a la Comunidad de Madrid a que coordine las actuaciones necesarias para la rehabilitación y puesta en valor del Palacio del Infante Don Luis y su entorno con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

   En el texto que han registrado los socialistas también instan al Ejecutivo regional a  redactar el Plan Director del Palacio del Infante Don Luis en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que obliga a conservar estos bienes.
   Los socialistas exponen que el Palacio del Infante Don Luis fue construido en 1765 por Ventura Rodríguez, quien concibió una de las obras más notables del neoclasicismo madrileño y que responde a una iniciativa del Infante Luis de Borbón y Farnesio, el menor de los hijos varones del rey Felipe V y hermano de Carlos III, que se hizo con el señorío de Boadilla en 1761, adquiriéndolo por compra a la marquesa de Mirabal.
   Según afirman, el palacio está coronado por dos pequeños torreones situados en los extremos, sobre las cubiertas, que emulan la disposición del primitivo Palacio de las Dos Torres, sobre el que fue erigido el edificio actual y señalan que a diferencia del severo trazado del exterior, el interior destaca por su suntuosidad, especialmente visible en la capilla.
   Asimismo, exponen que en la capilla se encuentran el panteón, entre otros, de María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón, segunda hija de Luis Antonio de Borbón y esposa de Manuel Godoy y afirman que el palacio albergaba una importante colección de obras de arte, entre las que figuraban cuadros de Goya, Rembrandt, Murillo, Velázquez y Durero, entre otros artistas.
   El palacio integra además una extensa zona ajardinada y agreste y los jardines están dispuestos en terrazas, a las que se accede a través de escalinatas. A ello se añade la existencia de una huerta y de un parque agreste, que prolongan la zona ajardinada mediante un concepto integrador de arquitectura palaciega y rural.
   Tras describir otros detalles del palacio, los socialistas señalan en la PNL que  con la Guerra Civil española y los graves daños causados en el edificio (fue hospital, cárcel y puesto de mando) comenzaron una serie de intervenciones que afectan tanto a la construcción en si como al uso de la misma por la Dirección General de Regiones Devastadas: Hospital de Sangre, cuartel y, desde 1942 a 1973, escuela para niñas dependientes del Auxilio Social y recuerdan que se perdieron numerosas obras de arte.
   Por último, recuerdan que en 1974 fue declarado Monumento Nacional y hoy tiene la consideración de BIC (Bien de Interés Cultural) y en 1998 fue adquirido por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
   En este punto, ya en 2006, dicen que el Ayuntamiento cedió el palacio a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por 75 años, pero que a finales de 2009 el proyecto de la SGAE fue rechazado por la Dirección General del Patrimonio de la Comunidad de Madrid, por considerar que ponía en peligro los restos arqueológicos, entre otros motivos.
   En ese momento, el Ayuntamiento decidió retirar la concesión y la SGAE perdió definitivamente el palacio tras anular los tribunales la cesión, porque ya en 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló un proyecto del entonces ministro de Defensa, que planeaba instalar allí la Escuela Militar Ecuestre y realizar obras nuevas en un edificio que sólo se permiten de rehabilitación.
   Tras exponer estos hechos, desde el PSM indican que la Ley 10/1998 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en su artículo 18.1 señala que 'los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio", y a este respecto, indican que "este deber básico comporta salvaguardar la integridad del bien y no destinarlo en ningún caso a usos y actividades que pongan en peligro la pervivencia de los valores que hacen de él un bien cultural".
   Además, añaden que en su artículo 27.1 señala que "la Consejería de Educación y Cultura, podrá redactar, de oficio o a instancia de los titulares del bien, planes directores específicos para los Bienes de Interés Cultural con categoría de Monumento que contendrán exhaustivamente todas las determinaciones, condiciones, regulación detallada de los usos y características relativas al citado Monumento."
   Por ello, consideran que la protección integral y la definición de usos "debe acordarse entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte con el máximo consenso de las fuerzas políticas con representación municipal" en la localidad.

Los MIR de Madrid, los peor retribuidos de España

MADRID.- Un estudio comparativo de retribuciones de los médicos residentes en España en el año 2011 realizado por los doctores Vicente Matas Aguilera y María Jesús Hidalgo Valverde, del Centro de Estudios del Sindicato Médico de CESM-Granada, pone de relieve que es en Madrid donde peor se paga a estos jóvenes profesionales.

   Así, para elaborarlo, se han comparado cada uno de los años que componen la residencia, los diferentes conceptos retributivos y han partido de la hipótesis de que realizan una guardia semanal, aunque con frecuencia son más, lo que supone aproximadamente 80 horas mensuales (50 en días laborables, 17 en festivo o domingo y 13 en sábado).
   Así, Madrid es la que recoge las retribuciones mínimas, con un total de 14.677 euros brutos al año en el residente de primer año, que una vez descontado el IRPF y la Seguridad Social queda en una retribución neta de 12.369 euros al año, lo que se traduce en 927,35 euros al mes, recoge el estudio.
   Por consiguiente, en el quinto año de residencia, los MIR que trabajan en los hospitales madrileños también son los que cobran menos, alrededor de 20.577 euros anuales brutos, que se quedan finalmente en 16.518 euros netos.
   En el lado contrario, se encuentran los MIR de Canarias, que en el primer año de residencia se llevan 17.399 brutos (14.257 netos) y 23.268 euros en el quinto año (18.377 euros netos). La media se sitúa en los 15.545 euros al año brutos en el primer año (13.048 euros netos) y en los 21.343 euros pasados los cinco años (17.128 euros netos).
   El MIR en general tiene la posibilidad y la obligación de realizar guardias y las diferencias entre comunidades autónomas también son notables. En Madrid, un residente de primera año, se lleva 9,98 euros por hora en día laboral; 11,88 euros en festivo y 23,75 euros en día especial.
   Los resultados con una guardia semanal (80 horas al mes, 50 en laborable, 17 en sábado y 13 en festivo) se traducen para los MIR en Madrid en retribuciones de 24.940 euros brutos (19.503 euros netos) para los residentes de primer año y 36.572 euros brutos (27.349 netos) en el quinto año.

El distrito Centro acumula el 14% de los desahucios en la capital

MADRID.- El distrito Centro absorbe más del 14 por ciento del total de desahucios decretados entre septiembre del año pasado y febrero de este en la capital, según los datos del Ayuntamiento solicitados por la concejala de Izquierda Unida, Raquel López. 

   Según explica la formación en un comunicado, en términos acumulados llegaron a ser 3.243 desahucios, con 457 en Centro, seguido de Carabanchel --con 399-- y Puente de Vallecas --con 353--.
   "Por encima de las cifras alarmantes, están más de tres mil dramas familiares que exigen de las administraciones públicas medidas urgentes y eficaces", ha afirmado el portavoz municipal de IU, Ángel Pérez.
   En este contexto recordó que ya en el Pleno de febrero el Grupo, a través de la concejala María Prado de la Mata, presentó una iniciativa en la que, entre otras cosas, "se defendía como alternativa la creación de un parque de viviendas de alquiler social de precio asequible para vecinos procedentes de desahucios de sus viviendas".
   "Desde IU también se propuso un servicio de mediación dependiente del área de Servicios Sociales que tuviera como misión intermediar entre las entidades financieras y los vecinos afectados para paralizar los desahucios y ampliar los plazos de los desalojos", ha afirmado Pérez.
   El portavoz ha indicado que en otros ayuntamientos, como es el caso de Barcelona, ya se han adoptado medidas concretas para enfrentarse a estos supuestos. En fechas recientes, el Consistorio catalán estableció un protocolo con el Colegio de Procuradores para que los desahucios se comuniquen con antelación a los servicios sociales municipales con el fin de que se prevengan las actuaciones necesarias para proteger a estas familias en una grave situación de vulnerabilidad. En principio estará en vigor a partir de mayo.

Rescatan a 16 excursionistas extraviados en la sierra madrileña

MADRID.- Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Rescate e Intervención en Montaña (Sereim), rescataron en la tarde-noche de ayer a un grupo de excursionistas que se habían extraviado a causa de las malas condiciones meteorológicas existentes en la sierra madrileña mientras intentaban hacer una ruta por Cuerda Larga.

Según ha informado el Instituto Armado, sobre las 16 horas de este sábado la Central Operativa en Servicio de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid recibía una llamada en la que, desde la Sala del 112, se alertaba del extravío de unas 15 personas en la zona de Cabeza de Hierro.
Inmediatamente, se activaba al Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, que se desplazó al lugar para iniciar el auxilio. Tras lograr comunicar telefónicamente con ellos, a las 19 horas, los agentes iniciaron el descenso y los evacuaron hasta Valdesquí, donde les esperaba un autobús.
Las condiciones meteorológicas en las que se realizó este rescate por los agentes Especializados de la Guardia Civil fueron exigentes, puesto que en el momento del ascenso, aparte de la niebla, había ventisca y bajas temperaturas. En el rescate la Guardia Civil contó con la colaboración del GERA y de la Cruz Roja.

IU pide que la Agencia Tributaria actúe de oficio contra responsables de corrupción y prevaricación

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, pide en una pregunta escrita al Gobierno que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda actuar de oficio contra los responsables de casos de corrupción y prevaricación, y también pregunta cómo se recuperarán los fondos públicos que han sido "desviados" en ese tipo de tramas.

En la pregunta Lara apunta que "en los sucesivos casos de corrupción, prevaricación y otros que se están dictaminando en los juzgados sale continuamente a la luz la existencia de facturas de bienes y servicios que no tienen un reflejo mercantil y que se han realizado para desviar importes dinerarios".
Así, defiende que en este tipo de casos la AEAT debería poder "personarse de oficio" ya que las prácticas que se hayan podido realizar para "disfrazar" una presunta actividad económica mediante la presentación de declaraciones por IVA estas prácticas corruptas también afectan a las arcas públicas "a través de la deducción de gastos en el Impuesto sobre Sociedades, así como en el IVA soportado de esas empresas dadivosas".
Por todo ello, el dirigente de IU pregunta "qué medidas tiene adoptadas el Gobierno para la recuperación de fondos públicos desviados por causas de corrupción y prevaricación" y si la AEAT "tiene instrucciones para revisar las declaraciones fiscales de empresas o particulares implicados en esos asuntos". Además, reclama información sobre las cantidades recuperadas por la Agencia Tributaria en 2010 y 2011 procedentes de este tipo de tramas.