MADRID.- La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido a trámite una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Municipal en la que se pide derogar varios artículos de la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid de 2009 para preservar el carácter público del Canal de Isabel II.
Según señala la Proposición de Ley, publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, la vía que eligen para asegurar el carácter público de la empresa de aguas es derogar "todas aquellas disposiciones que quebranten o meramente alteren el irrenunciable carácter público" del Canal y, en especial, los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad.
Y es que los firmantes opinan que la entidad es "un patrimonio común de esta ciudadanía con todos sus elementos integrantes", además de un "instrumento de una gestión honesta que ha de proseguir en el tiempo para la mejora del bienestar de las poblaciones y en armonía entre ese bienestar y las exigencias ambientales" del entorno.
Dentro de su alegato, los ayuntamientos dicen que "la utilización del agua, su tratamiento para diferentes finalidades y, en especial, su dedicación a satisfacer las necesidades primordiales de la población, como son la del consumo de boca, la higiene personal y el tratamiento de los alimentos, constituye uno de los rasgos esenciales de las civilizaciones humanas".
Se remontan a la antigua Roma, y afirman que el derecho romano declaraba explícitamente a los acueductos como cosas consideradas fuera del comercio de los hombres, y citan la "gran tradición jurídica española en materia de ordenamiento hidráulico". Así, afirman que "tanto la antigua Ley de Aguas de 1879, como la vigente de 1985 y el Texto Refundido de 2002 son inequívocas en la afirmación del carácter público del agua".
"El legislador muestra de este modo el valor social del recurso y trata de evitar la intervención de actitudes basadas en el ánimo de lucro", sostienen y dicen que "más de 150 años de ininterrumpida presencia y actuaciones ha ido generado un amplio y rico patrimonio territorial que ha estado y está al servicio de las actividades propias del Canal de Isabel II y que es garantía de que tales actividades se llevan a cabo en las mejores condiciones de seguridad y protección".
Por otro lado, apuntan que ese conjunto de espacios "de gran valor histórico y paisajístico" son "parte de la riqueza colectiva de esta ciudadanía", y aseveran que el conjunto íntegro de lo que se conoce como Canal de Isabel II "debe permanecer como público en su indivisible totalidad".
Los firmantes aseguran que "la continuidad de la naturaleza jurídica pública de esta institución garantiza no ya los derechos de los ciudadanos, sino también los de todos los trabajadores que a lo largo del tiempo, han venido, vienen y vendrán haciendo posible el hecho relevante de que unos seis millones de personas no sientan preocupación por el agua".
Afirman también que el servicio "se ha venido prestando ininterrumpidamente a satisfacción de la inmensa mayoría de la población que considera al Canal como algo propio de la identidad madrileña", y dicen que el historial se ha desarrollado "bajo los auspicios de una gestión pública muy valorada" por los ciudadanos.
"La intención del Gobierno regional de proceder a la privatización, por el momento parcial, de algunos de los servicios que actualmente realiza la entidad Canal de Isabel II, resulta poco adecuada para que estos servicios básicos sigan funcionando como hasta el presente e incluso mejoren", defienden.
Además, afirman que hasta el presente, se viene observando "una total opacidad y un apresuramiento que en nada favorece la participación ciudadana plena en asuntos que le conciernen y cuyo derecho no puede ser menospreciado en aras de unos propósitos económicos contrarios al interés general rectamente entendido".
Por ello, consideran que los ciudadanos y en su representación los ayuntamientos, han de exigir de las autoridades de la Comunidad de Madrid cuanta información referente a las intenciones y fines que dichas autoridades alberguen respecto al Canal, a fin de que "cualquier decisión que se pudiera adoptar, lo sea con el pleno conocimiento y consentimiento de la citada ciudadanía, siendo lo más predecible que la gran mayoría opte por la continuidad de la gestión pública de su servicio de aguas y de saneamiento".
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