El PSOE avisa al Gobierno de que no tiene ni el respaldo legal, ni el democrático, para privatizar la sanidad pública

MADRID.- La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha avisado al Gobierno de que no tiene ni el respaldo legal, ni el democrático, para privatizar la sanidad, que es un servicio público que está gestionado con recursos y personal público, que están pagando todos los españoles, y una medida que no prometieron en su programa electoral del año pasado.

   Así lo ha asegurado la portavoz socialista en rueda de prensa en la Cámara baja, tras la Junta de Portavoces de los martes, en la que también ha recordado que el Grupo Socialista defenderá una moción, consecuencia de interpelación, que ya debatió con la ministra del ramo, Ana Mato, a finales de noviembre, y en la que someterá a votación la implantación del euro por receta en Cataluña y Madrid.

   Es más, ha alertado de que estas pretensiones de privatización se extienden por todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con una respuesta de la ciudadanía como se está demostrando, a su juicio, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde desde hace tres semanas el profesional sanitario está en huelga.

   Así, ha recordado que la salud es un derecho constitucional, de todos, a la vez que ha insistido en que el negocio que está detrás de esta decisión política no responde a una sostenibilidad de su gestión sino a intereses privados.

   En este sentido, Rodríguez ha augurado que, "para que el negocio sea redondo", el objetivo final es privatizar al 100 por cien los centros de salud, como ya se ha realizado en Castilla La-Mancha, o en la Comunidad Valenciana, "pionera en la gestión privada" y ambas comunidades gobernadas por el PP.
 
Madrid mantendrá su plan de privatizar hospitales

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, afirmó hoy martes que mantendrá su plan de privatizar seis hospitales públicos y un 10% de los centros de salud de la región para poder cumplir con el recorte del déficit público pese a la oposición de los médicos, que llevan tres semanas en huelga.
El Gobierno autonómico insiste en que la sanidad seguirá siendo pública, universal y gratuita, aunque los médicos - que han contado con el apoyo de huelgas parciales del resto de los trabajadores sanitarios -, afirman que con esta medida se favorece a unas empresas privadas y que la calidad del servicio empeorará.
"Lo único que hacemos es introducir medidas de racionalización y de reducción del gasto público porque tenemos una crisis económica, los ingresos caen y los gastos hay que reducirlos", dijo en Radio Nacional de España el presidente madrileño.
Por ello, en octubre presentó un plan que la Asamblea regional aprobará previsiblemente el 20 de diciembre junto con los presupuestos, en el que se incluye la "externalización de servicios no sanitarios" de seis de los 36 hospitales públicos y de 27 centros de salud.
Las asociaciones de médicos, en una muestra de unidad poco frecuente, convocaron a los casi 40.000 facultativos de la región a una huelga indefinida que comenzó el 26 de noviembre y que tienen previsto mantener por lo menos hasta el día de votación del plan, si antes la Consejería de Sanidad no cambia su posición o se reúne con ellos.
"Está planteado como una medida de ahorro, pero es una medida de gasto", dijo Fátima Braña, representante de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). "Los datos no encajan, la privatización no supone un ahorro".
La Comunidad de Madrid - que en los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 edificó 11 hospitales por los que paga un canon anual a las empresas constructoras - sostiene que de esos hospitales, los tres con gestión privada tienen un coste sanitario por habitante notablemente menor que los otros seis - uno aún no se ha inaugurado y el otro se queda fuera del plan.
Las asociaciones médicas, en cambio, aseguran que el coste es menor en esos seis hospitales públicos, dicen que los contratos con las gestoras privadas incluyen una costosa actualización anual que paga la Comunidad, y afirman que los hospitales privados solo se encargan de patologías menores y de corta estancia, lo que les permite obtener buenos resultados con pocos recursos.
"Se va a pagar una cantidad excesiva por algo que en realidad cuesta menos (...) Es un privilegio que no entendemos", dijo Marisa Sánchez García, anestesióloga del Hospital de El Escorial, en la sierra de Madrid.
"Estamos dispuestos a hacer reformas, hay alternativas", afirmó Braña, que pidió una mayor participación de los médicos en la gestión real de la Sanidad.
"Se ha burocratizado y politizado, se toman decisiones que suponen un gasto añadido por no consultar a los expertos", agregó.
En los hospitales, muchos están a favor de la huelga, incluso a pesar de verse afectados, y piden que se mantenga el modelo de sanidad pública.

Endurecimiento

Cerca de 500 jefes de servicios de los hospitales públicos de Madrid abogan "endurecer" su postura en relación a la Consejería de Sanidad para lograr de forma efectiva la retirada del Plan de Sostenibilidad, y lograr con ellos que se abra proceso de negociación con el titular del departamento, Javier Fernández-Lasquetty, para tratar de buscar medidas alternativas de ahorro sin aplicar procesos de externalización.
Además, han expresado su rechazo a las reuniones aisladas entre los gerentes de los centros de hospitales de jefes de servicio de forma individual, al considerar que esa no es la manera adecuada de proponer alternativas de eficiencia de gasto. Frente a ello, han defendido que debe cesar ese proceso y sustituirlo por una negociación entre la administración y "una voz única y unitaria" que englobe a todo el colectivo sanitario.
Por otro lado, se ha remarcado que consideran tanto a Lasquetty como el presidente regional, Ignacio González, como "temerarios" e "irresponsables" por el conflicto que han generado en la sanidad madrileña con sus medidas y les han exigido que cambien de postura y negocien alternativas al Plan de Sostenibilidad con los órganos que elijan los profesionales de la Sanidad.
Estás son algunas de las propuestas barajadas en una asamblea de jefes de servicio, que han celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid, de cara a realizar un manifiesto, que verá la luz en breve cuando sea aprobado, para fijar su postura respecto al conflicto sanitario y sobre el proceso de consulta que ha iniciado la Consejería para sondear, a través de los gerentes de centro, la propuestas de eficiencia de los recursos públicos.
En este sentido, los jefes de sección también ha recalcado la defensa del personal eventual de los centros pero sin que sean "moneda de cambio" en la negociación con la Consejería, tener una "voz única" con todos los colectivos sanitarios para tratar de paralizar medidas como la externalización de centros.
También remarcan que los responsables de la Consejería y del Gobierno regional han actuado de "forma temeraria" y han llevado a la Sanidad a una situación de "caos", por lo que han insistido en que los jefes de servicio deben estar unidos ante una situación actual que han definido de "no negociación".
Además, durante el debate en la Asamblea se ha propuesto la posibilidad de incluir en el manifiesto que, si no fructifica un proceso de negociación por parte del Gobierno regional, solicitar una auditoría económica sobre el proceso de externalización, presentar una queja al Defensor del Pueblo o acudir incluso a la justicia ordinaria.
También ha habido voces que consideran que el presidente regional, Ignacio González, debe ser el que se "ocupe directamente" de las negociaciones con los colectivos de los profesionales sanitarios para tratar de revertir la situación, dado que ya se han emitido ya cuatro cartas a Lasquetty sin obtener respuesta.
Asimismo, algunos de los intervinientes han reclamado que el manifiesto pueda incluir la petición de dimisión de los gerentes de los hospitales que van a ser externalizados e incluso algunos también ha apuntado a la posibilidad de incluir la demanda de cese del consejero.
Una de las propuestas que se han abordado es la suspensión de la participación en las comisiones clínicas o en las juntas técnico-asistencial, así como ampliar la postura de estos jefes de servicio a nivel de toda España. También abogan por recoger firmas por especialidades y realizar nuevas concentraciones de médicos para la semana que viene.
Durante el debate de propuestas, ha habido varias intervenciones que han desconfiado sobre el proceso de diálogo con los gerentes de hospitales para formular propuestas de ahorro y entienden que de aplicarse el plan de la Consejería puede suponer una "sangría" para el personal eventual.
"Esto no es una negociación, es un sondeo y un engañabobos", ha manifestado uno de los jefes de servicio del Hospital de la Paz en relación al proceso de consulta sobre las medidas que pueden suponer ahorro en el capítulo 2 y el 1. "Esto no es una propuesta, es una golfada", ha manifestado en el debate de propuesta una jefa de servicio del Hospital de Móstoles.
También ha habido intervenciones sobre la posibilidad de judicializar el conflicto sobre los cambios y fomentar una auditoría económica por parte del Tribunal de Cuentas. Al respecto, un miembro de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha dicho que su colectivo está "moviendo" esa posibilidad para ver si pueden impugnar el pliego de condiciones de los concursos para externalizar centros sanitarios.