MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha
vuelto a imputar a la mujer del exsenador y extesorero del PP Luis
Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, por un posible delito contra la
Hacienda pública en la causa en la que investiga las actividades de la
trama de corrupción desarticulada en la 'operación Gürtel'.
En
un auto hecho público este viernes, el magistrado señala que, según un
informe realizado por la Agencia Tributaria (AEAT) en junio de 2011,
Iglesias Villar "habría podido defraudar" una cuota de 222.112,58 euros
en el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
correspondiente al ejercicio de 2006.
El juez, que cita a la
mujer de Bárcenas a declarar como imputada el próximo día 17 de mayo de
acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha adoptado esta
decisión al haber aparecido en la instrucción "nuevos datos de los que
indiciariamente se podría derivar su responsabilidad penal" y poder
prescribir los delitos que se le atribuyen el próximo 30 de junio.
La resolución judicial detalla que la supuesta defraudación se habría
procido "al reflejar una supuesta ganancia patrimonial en cuantía de
558.196,97 euros, como derivada de la transmisión de un elemento
patrimonial adquirido el 15 de mayo de 1987, la cual estaría exenta de
tributación".
Tras la denuncia, Iglesias Villar presentó
diversa documentación para acreditar la transacción investigada y tanto
su representación como la del Partido Popular (PP) rechazaron en sendos
escritos la reapertura de la causa. La Abogacía del Estado, por su
parte, pidió su imputación en octubre de 2011.
El instructor acuerda reabrir la causa contra la mujer de Bárcenas por
la necesidad de realizar "la práctica de determinadas diligencias" a fin
de "depurar y corroborar la existencia o ausencia de tales indicios" y
la "conexión" que estos hechos pudieran tener con los que se atribuyen a
su marido, "actualmente también imputado en el presente procedimiento".
De igual modo, el juez explica que las diligencias contra la
imputada deben llevarse a cabo con independencia de la tramitación del
incidente de nulidad que la defensa de Bárcenas presentó ante la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto de marzo de 2012 por
el que se acordaba la reapertura de la causa contra él.
La
Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el
pasado 15 de marzo la reapertura de la investigación contra Bárcenas,
el exdiputado 'popular' Jesús Merino y el exconcejal de esta formación
en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote. A Bárcenas se le imputan los
delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros.
Además, el juez Ruz ha citado a declarar también el día 17 a otras
cinco personas, en este caso como testigos. Entre ellas figura el
exsenador 'popular' por Cuenca Francisco Utrera, que aparecía
identificado en un informe de la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) como mediador para obtener la concesión de
créditos de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para proyectos en
República Dominicana, Mozambique o Colombia. Los trabajos fueron
desarrollados por la empresa Ros Roca, relacionada con la 'trama
Gürtel'.
La policía considera que Utrera, que ocupó entre 2002 y
2003 el cargo de secretario general de Comercio Exterior y entre 2003 y
2004 el de secretario de Estado de Comercio y Turismo, coincide con una
persona identificada en documentación incautada a la trama como 'Señor
U', que "actuaba como contacto a nivel político al que se señalaban
gestiones a realizar para facilitar la concesión de los créditos".
"En
base al conjunto de documentación analizada se infiere que el nombre
'Señor U' corresponde a Francisco Utrera Mora", decía la UDEF.
Las gestiones desplegadas por el exsenador se centraron en la
realización de proyectos medioambientales en República Dominicana,
Colombia y Mozambique. "Tuvieron éxito al menos para la concesión de un
tramo de los créditos para República Dominicana", donde Ros Roca obtuvo
financiación por un importe superior a 11 millones de dólares. La
organización cobró a la empresa por las gestiones realizadas una
comisión de un 1 por ciento de la financiación obtenida, añadía el
informe de la UDEF.
Además del exsenador, prestarán declaración
ante el instructor el exdirector general de Comercio e Inversiones
Manuel Enrique Alejo, el que fuera consejero de Industria, Comercio y
Desarrollo del Gobierno de Aragón José Luis Rois, y el exdirector
general de Red Eléctrica Española Victoriano Casajus.
El
magistrado ordena, además, a la Agencia Tributaria que le remita un
cheque cobrado en junio de 2002 por importe de 1.058 euros y un ingreso
de 6.000 efectuado en Caja Madrid en diciembre de 2003 "para el pago de
facturas" del exconcejal de Estepona Ricardo Galeote.
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