lunes, 30 de enero de 2012

El Ayuntamiento de Madrid ordena investigar un uso indebido de recursos públicos

MADRID.- El Gobierno municipal de Madrid ha ordenado a la Inspección General de los Servicios que investigue un presunto uso indebido de recursos públicos, en concreto de un vehículo cedido por una adjudicataria para realizar labores de mantenimiento, por parte de funcionarios del Ayuntamiento.

   Según informa este lunes 'El País', varios funcionarios del área de Circulación habrían estado utilizando con fines privados varios vehículos que la empresa que se encarga del mantenimiento de los semáforos de la capital habían puesto a disposición del Ayuntamiento para realizar inspecciones o acudir a incidencias o reparaciones. Además, habrían pasado las facturas de gasolina, multas o peajes derivadas de este uso privado e ilegal a la empresa contratada
   El vicealcalde de la capital y portavoz del Ejecutivo municipal, Miguel Ángel Villanueva, ha explicado en declaraciones a los medios antes de una reunión del Grupo Popular que, "ante las informaciones aparecidas en un medio de comunicación", el Ejecutivo local "actuará con total transparencia, contundencia y absoluta rapidez".
   "Por eso, se ha dado orden a la Inspección de los Servicios para que realice una investigación, una información detallada de lo que aparece hoy denunciado. A resultas de esa investigación se podrán tomar medidas cautelares, se podrá detectar o incoar expedientes disciplinarios o, si hubiera algún tipo de responsabilidad penal, dar traslado de la pieza al Ministerio Fiscal", ha señalado.
   Así, Villanueva ha considerado que "no es el momento" de abrir una comisión de investigación en el seno del Consistorio, tal y como ha pedido esta misma mañana el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, porque "lo que es razonable y responsable es dejar a la Inspección General de los Servicios que haga su trabajo".
   En este sentido, ha tachado de "desproporcionados algunos comentarios de la oposición, que en su momento tendrán adecuada respuesta" y ha considerado que "tampoco sería interesante establecer ningún tipo de juicio previo en este asunto".
   "Hoy toca decir que el Gobierno ha actuado con rapidez, contundencia y transparencia. Vamos a dejar a la Inspección que determine las responsabilidades que hubiere lugar y, en función de ese dictamen, seguro que podremos posicionarnos todos, el primero el Gobierno", ha apostillado.
   Así, una vez esté concluida esa investigación interna, el Ejecutivo local podrá "saber exactamente de qué se está hablando" y entonces "será el momento de determinar responsabilidades disciplinarias o políticas, si las hubiese".
  "Pero en este momento lo que toca es dejar trabajar a la Inspección General de los Servicios", ha insistido el vicealcalde, asegurando que todo el proceso se realizará con "un respeto escrupuloso a la ley".
   Por otra parte, Villanueva ha eludido avanzar si el Ejecutivo local tiene algún indicio concreto de cuántas personas podrían estar implicadas en este asunto o de cómo ha podido pasar tanto tiempo sin que se conociera, ya que según la información publicada los hechos se habrían estado produciendo desde 2007.
   "Lo más adecuado en estos momentos es dejar a la Inspección de los Servicios que realice su trabajo. Si creemos en el Estado de Derecho, lo que corresponde en estos momentos es que la Administración, a través de sus órganos, realice una investigación previa, y cualquier comentario mío no va ayudar a esa investigación", ha dicho.
   Por otra parte, Villanueva ha hecho hincapié en que "en cualquier caso no se está hablando de ningún tipo de irregularidad en la adjudicación" del contrato a la empresa Etramad, que mencionan las informaciones publicadas, sino de "la presunta utilización indebida de un recurso municipal, en este caso un automóvil, puesto a disposición para otro fin".
   Preguntado por las fotografías publicadas hace unos meses de la entonces delegada de Medio Ambiente y Movilidad y hoy alcaldesa, Ana Botella, saliendo de su coche oficial para ir a la peluquería, Villanueva ha señalado que "la utilización de un vehículo oficial por las personas que, por razones de seguridad, deben disponer de ese vehículo y de escolta a lo largo del día" no es en absoluto equiparable.
   "Me parece que, evidentemente, no estamos hablando de lo mismo y sería un absoluto disparate situar ambas cosas en un mismo plano. Me parece un absoluto disparate utilizar la necesidad de determinados cargos públicos de, en función de su cargo, usar medios como vehículo oficial o escolta y situarla en una presunta utilización indebida de un vehículo para realizar un desplazamiento privado. Creo que no procede establecer ese mismo plano de responsabilidad", ha zanjado.

El Tribunal Supremo deniega las últimas pruebas solicitadas por el juez Garzón en su defensa

MADRID.- El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena denegó las últimas pruebas solicitadas por Baltasar Garzón en su defensa antes de dictar, a finales de la semana pasada, el auto por el que imputó al juez suspendido de la Audiencia Nacional un delito de cohecho impropio en la causa por su gestión presuntamente irregular de unos cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, cuando disfrutaba de una licencia de estudios.

   Entre otras pruebas, la defensa de Garzón había soliciado la declaración como tesigo del asesor Ángel Luis Durán, a los efectos de aclarar su cumplimientación del impuesto de patrimonio del ejercicio 2002, "por si cupiera todavía alguna duda sobre el hecho cierto de que el investigado disponía en Nueva York de una única cuenta abierta en Citibank.
   Según Marchena, sin embargo, dicho testigo "poco o nada puede añadir acerca de si el investigado disponía de una o más cuentas en la entidad bancaria". Así, rechaza el testimonio porque "su declaración nunca garantizaría ese extremo, toda vez que la liquidación de  pudo ese impuesto se efectuó con los datos ofrecidos por el propio Garzón, no con los que su asesor fiscal pudo indagar por propia iniciativa".
   En el auto conocido este lunes, el instructor Marchena echaza asimismo la incorporación de los justificantes de la aplicación de los patrocinios realizada por el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York donde se realizaron algunos de los cursos, que había sido solicitada por el abogado de Garzón en esta causa, que ejerce el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina.
   A este respecto, Marchena señala que el testimonio de los principales responsables de las entidades que ofrecieron fondos para los cursos organizados por el querellado pone de relieve que "ninguna de aquéllas exigió una cuenta pormenorizada" de los términos en que fueron aplicadas las cantidades abonadas al centro acadénmico.
   Añade que los documentos que obran en la pieza separada y a los que alude la defensa, referidos  al supuesto detalle de las subvenciones obtenidas del Banco de Santander, "no son tales". Se limitan, según señala, a una carpeta entregada por la trabajadora del centro Laura Turégano "en la que se entremezclan recibos".
    La propia Turégano, según recuerda Marchena en este auto, testificó que el Banco de Santander -uno de los patrocinadores de los cursos junto con Cepsa, Endesa, BBVA y Telefónica- "no les había exigido liquidación pormenorizada de la subvención aplicada", y que por ello carece de sentido promover una comisión rogatoria a EE.UU. con el fin de indagar la existencia de estos certificados.
   Tampoco resulta pertinente, a juicio del instructor del caso, llamar a declarar a los responsables de la universidad norteamericana Jo Labanyi y Anthony Geist para aclarar otros extremos de la gestión de los cursos realizada por Garzón.
   A Marchena le vale con el escrito firmado por otra representante del centro académico, Nancy Kilson, sobre lo señalado en la página web del mismo que Garzón "obtuvo los fondos necesarios para las dos series de coloquios celebrados".
   El pasado viernes, el instructor Marchena notificó el auto por el que daba concluida la instrucción de la causa abierta a Garzón en relación con el dinero que obtuvo de las distintas  empresas que patrocinaron unos cursos que él dirigió en el centro académico norteamericano. En esta resolución, el magistrado del alto tribunal concluye que existen indicios de comisión por el juez de un delito de cohecho impropio, que conlleva una pena de multa de 3 a 6 meses.
En el comunicado, fechado en Madrid, Garzón señala que la inculpación por un delito de cohecho que realiza el instructor del Supremo "contradice lo ampliamente probado en la causa" y realiza afirmaciones "graves e inciertas" contra él y otras personas -en alusión, sin citarlas, a su esposa e hija- que nada tienen que ver con la "investigación prospectiva" que Marchena ha realizado sin respetar sus derechos.
   El auto de Marchena constituye el paso a la fase intermedia de este procedimiento -auto de transformación- , y en ella se da traslado a las diferentes partes para que formulen acusación o bien petición de sobreseimiento en el plazo de 10 días. Una vez recibidos estos informes, Marchena podría dictar la apertura de juicio oral y sentar en el banquillo por tercera vez al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5.
   La Fiscalía no ha venido acusando en esa causa procedimiento, por lo que es probable que insista en su archivo, mientras que la acusación popular, ejercida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, solicitarán su procesamiento por cohecho, prevaricación y también extorsión continuada.
   El juez aprecia indicios de comisión de un delito de cohecho impropio del articulo 426 del Código Penal por tres motivos: que Garzón era autoridad o funcionario público en el momento de los hechos, que las dádivas o regalos fueron entregadas a su condición de juez y que ello implico obtención de una ventaja o aprovechamiento personal o de un tercero.

El Gobierno congelará transferencias a CCAA que no paguen multas por déficit

MADRID.- El Gobierno congelará las transferencias que contempla el sistema de financiación autonómica a las comunidades que no paguen las multas impuestas ante la desviación de sus objetivos de déficit, según el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria.

   Así lo ha explicado la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás en una sesión informativa, tras asegurar que la ley es más exigente que las anteriores porque introduce la idea de control permanente de la situación económica desde el suministro constante de información.
   Hasta este momento, solo se elaboraba un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, mientras que a partir de ahora se realizarán una serie de informes periódicos que permitirán un mayor control y rigor en el cumplimiento de los objetivos.
   De hecho, una de las novedades del texto es que las comunidades aportarán mes a mes las liquidaciones de ingresos y gastos al Estado, de forma que el Gobierno pueda publicar mensualmente el déficit de las comunidades autónomas, algo que hasta ahora hacía de forma trimestral.
   El control, los requerimientos de información y los mecanismos preventivos y correctivos que contempla el anteproyecto entrarán en vigor con la aprobación de la ley, por lo que se podrán aplicar ya en los presupuestos del año 2012 y estarán plenamente en vigor de cara a las cuentas de 2013.
   El proceso se iniciará, tal y como ha expresado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, antes del 1 de abril, cuando el Ministerio de Hacienda proponga los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. En 15 días, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) tendrán que emitir un informe al respecto.
   Tras recibir el informe, el Consejo de Ministros fijará los objetivos e incluirá el techo de gasto del Presupuesto estatal junto a un informe del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la situación económica, que contendrá, además, la regla de gasto. Propondrá también objetivos de déficit individuales a las comunidades autónomas que, previo informe del CPFF, también se aprobarán en Consejo de Ministros.
   Una vez que los objetivos y el techo de gasto se aprueben en las Cortes, las administraciones deberán aplicar dichos objetivos y la regla de gasto en la elaboración de sus Presupuestos. Así, antes del 1 de agosto deberán remitir al CPFF los límites de gasto aprobados y antes del 1 de octubre enviarán a Hacienda las líneas fundamentales de sus Presupuestos.
   En ese mismo mes, antes del día 15, Hacienda informará sobre la adecuación de los Presupuestos a la regla de gasto y el objetivo de estabilidad y hará posibles recomendaciones. De hecho, desde el mismo momento en el que empiece a evaluar los techos de gasto autonómicos Hacienda puede activar los mecanismos preventivos y correctivos. En los meses de octubre, noviembre y diciembre se aprobarán los presupuestos de los gobiernos autonómicos y locales.
   Antes del 1 de abril del año siguiente, el Ministerio emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos iniciales y antes del 1 de octubre emitirá un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del ejercicio anterior y el grado de cumplimiento del ejercicio corriente. Con esta información, que publicará periódicamente, enviará informes al CPFF y a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
   Si en este proceso Hacienda detecta riesgo de incumplimiento de los objetivos podrá formular una advertencia en cualquier momento, lo que llevará a la administración en cuestión a adoptar medidas en el plazo de un mes. Si se no se adoptan estas medidas o son insuficientes, entrarán en juego las sanciones.
   Tras detectar el riesgo y si se supera el 95% de límite de deuda (100% en el periodo transitorio) se limitará de forma automática el endeudamiento de la administración en concreto, que solo podrá realizar operaciones de Tesorería.
   Si alguna administración incumple sus objetivos, deberá elaborar en un mes un plan económico financiero (uno de reequilibrio si incurre en un déficit estructural) que permita reducir la desviación y volver a cumplir los objetivos en el plazo de un año. El plan, que será analizado en el CPFF, se seguirá trimestralmente y puede llevar a la imposición de sanciones si no se cumple. En el caso de las entidades locales, los planes se supervisarán en la CNAL.
   Ante el incumplimiento de los planes, las administraciones requerirán el visto bueno para todas las operaciones de endeudamiento, elaborarán informes para sacar adelante cualquier subvención o convenio y tendrán 15 días para adoptar un acuerdo de no disponibilidad si no cumplen sus planes económico financieros.
   Además, los mecanismos correctivos se concretarán en depósitos con interés en el Banco de España. Las administraciones no recibirán el interés si no aplican medidas en tres meses y los depósitos se pueden convertir en multas si pasan seis meses. Si transcurren nueve meses, el Gobierno puede acordar el envío de una delegación de expertos al territorio incumplidor.
   La secretaria de Estado ha explicado, además, que el Gobierno congelará las transferencias previstas en el sistema de financiación a todas aquellas comunidades que no paguen la multa impuesta previo acuerdo del Ejecutivo. Además, las multas también se podrán imponer a las comunidades que no cumplan sus obligaciones de información.

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domingo, 29 de enero de 2012

Los ayuntamientos madrileños suspenden en transparencia en materia ambiental y urbanística


MADRID.- Los ayuntamientos madrileños suspenden en transparencia y participación ciudadana en materia ambiental y urbanística conforme a una encuesta realizada por Ecologistas en Acción publicada en la revista 'Ecologista'.

   Según la organización, ninguno de los 34 ayuntamientos madrileños analizados (de los 179 municipios de la región) ha logrado la puntuación mínima exigible que correspondería a aquellos casos en los que se cumpliera la legalidad europea o nacional.
   Así, Ecologistas denuncia "el maltrato al que se somete a las personas que intentan acceder a su derecho legítimo de informarse". De hecho, según sus datos, en el 79 por ciento de los ayuntamientos los funcionarios o altos cargos se han dirigido de manera inadecuada a quienes han solicitado información.
   Asimismo, el 50 por ciento de los ayuntamientos encuestados no responde jamás a quejas o escritos, según la encuesta. "Los resultados muestran una política municipal de información viciada y un tipo de relación con los vecinos que evidencia graves carencias democráticas.

Directores de IES piden el sobreseimiento de los expedientes sancionadores abiertos

MADRID.- La Asamblea General de la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid reunida este mes de enero ha pedido el sobreseimiento de los expedientes sancionadores abiertos durante el conflicto de los recortes en Educación iniciado el pasado mes de septiembre.

   La asociación ha manifestado su "satisfacción y esperanza" ante el inicio de las negociaciones entre la Administración educativa y las organizaciones sindicales, "en el convencimiento de que solamente a través del diálogo es posible reconducir un conflicto que nunca debiera haberse producido".
   Asimismo, y "como paso ineludible hacia la normalización", considera "imprescindible" tanto el sobreseimiento de los expedientes así como el de cualquier otro procedimiento sancionador que afecta a los directores, relacionado con el conflicto vivido.
   Finalmente, consideran "urgente" restablecer las reuniones de trabajo con la Administración educativa, "suspendidas unilateralmente por parte de esta desde el mes de julio del pasado año". Quieren que estos encuentros les permitan "ir dando respuesta a los innumerables asuntos tanto del funcionamiento ordinario de los Institutos como de la necesaria planificación del curso próximo".
   Precisamente, esta semana FETE UGT Madrid ha exigido a la Consejería de Educación y Empleo la retirada de los expedientes abiertos contra docentes en general a raíz de las movilizaciones en Enseñanza Pública.
   Tras la apertura de expediente a un director de la DAT Madrid Sur "por exponer lo que suponen los recortes educativos y permitir la libertad de expresión de sus compañeros", FETE-UGT Madrid solicitó en la Mesa Sectorial del pasado 12 de enero la retirada de los expedientes abiertos contra los docentes que apoyaron las movilizaciones.
   Recordando a los directores del IES Maestro Matías Bravo, de Valdemoro, y del IES Ana María Matute, de Velilla de San Antonio, ambos expedientados, UGT considera que la Consejería "vulnera gravemente la libertad de expresión de los ciudadanos y los trabajadores, emprendiendo sanciones por considerar la libertad de expresión como falta grave".
   UGT reitera la exigencia a los directores de Área territorial que los expedientes sean retirados "de forma inmediata" y llevará de nuevo esta exigencia a la Mesa Sectorial convocada para el próximo jueves, 2 de febrero.

La Agencia para el Empleo de Madrid consigue la autorización para constituirse como agencia de colocación

MADRID.- La Agencia para el Empleo de Madrid consiguió el pasado 17 de enero la autorización del Gobierno regional para constituirse como agencia de colocación sin ánimo de lucro, como anunció el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, en la última comisión ordinaria del ramo.

   Se trata de una petición largamente reclamada por todos los partidos presentes en la Corporación y con la que, en palabras de Calvo, "se conseguirá el perfeccionamiento de los trámites de las intermediaciones (labores) que hacía la Agencia y que se culminaban de aquella manera". "Ahora profundizaremos en la labor que se hacía", añadió.
   Por su parte, el portavoz del área de IU, Ángel Lara, mostró su "satisfacción" por la reconversión de la Agencia para el Empleo y propuso al equipo de Gobierno la necesidad de plantear convenios de colaboración con la Comunidad para conseguir financiación con la que cubrir los talleres y cursos a impartir.
   Calvo recogió el guante al afirmar que la intención es convertir la Agencia en entidad colaboradora para conseguir más financiación y acceder a la base de datos de los desempleados madrileños.

Cavero pide a Metro "innovación" y "creatividad" en época de crisis

MADRID.- El nuevo consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, que se ha estrenado en el cargo este domingo, ha pedido al equipo de gestión de Metro de Madrid que "utilice en época de crisis la creatividad y la innovación para mejorar la línea de ingresos".

   Así lo ha manifestado el nuevo consejero durante su visita a la estación de Cruz del Rayo, a la que se ha dotado de la tecnología necesaria para que disponga de cobertura móvil. El acto ha incluido un recorrido en Metro que ha finalizado en la estación de Colombia.
   El consejero ha señalado que "lo que no se pueda conseguir con la línea de ingresos, se mirara por los costes" y ha añadido que se "debe empezar por los costes superfluos". Asimismo, ha dejado claro que el primer reto que tiene la consejería de Transportes e Infraestructuras es "intentar que los costes no afecten ni al servicio, ni a la calidad, ni a la experiencia que tiene un usuario del Metro".
   Cavero, que ha declarado que "aun está en fase de aterrizaje", ha dado importancia a "la divulgación e información sobre la estructura de gastos e ingresos de Metro".
   Asimismo, ha señalado que el 60 por ciento del coste de Metro es una subvención pública. "El 60 por ciento es un porcentaje muy alto con lo cual creo que nosotros tenemos el reto de tratar de reducir ese porcentaje y hacerlo de forma creativa ya que la forma creativa siempre es mejorar los ingresos", ha proseguido.
   Por último, ha manifestado que en muchas estaciones de Metro "existe un potencial de mayor utilización de espacios ya sea con tiendas, o con nuevas oportunidades comerciales".

IU propondrá un sistema de recogida de libros usados en Madrid

MADRID.- El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz de Las Artes, Milagros Hernández, trasladará al Pleno del martes una proposición para que se impulse un sistema permanente de recogida de libros usados, ha informado IU del Ayuntamiento en un comunicado. 

   "Se trataría fundamentalmente de fijar puestos permanentes de recogida de volúmenes, informar al ciudadano de su ubicación, seleccionar el material que venga y, posteriormente, ubicarlo en los programas o lugares más adecuados como pueden ser centro de mayores, albergues, centros juveniles, etc", ha dicho Hernández.  
   La iniciativa de IU, englobado en lo que denomina Programa Libro, pasaría por definir qué podemos depositar, dónde podemos hacerlo, quiénes serán los beneficiarios de los libros recogidos en los puntos establecidos y las formas de colaboración de entidades entre otros.
   "Las campañas puntuales tiene una eficacia limitada pues no consolidan esta práctica; de llevarse a cabo este programa la estabilidad de los puntos de recogida procuraría entre los vecinos la costumbre de saber qué hacer con sus libros cuando ya dejen de usarlos", ha concluido.

Convocan a una cadena humana para pedir medidas "urgentes" para paliar los efectos de la pérdida de trabajo

MADRID.- La Asociación Nacional de Desempleados (ADESORG) invitó a los ciudadanos a formar este domingo una cadena humana entre el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Moncloa para pedir "medidas urgentes" para paliar los efectos que la pérdida de trabajo acarrea a los "desempleados, precarios, hipotecados y afectados por la crisis económica en general". 

   En concreto, se crearon dos cadenas estáticas: desde el Congreso hasta la plaza de Oriente, pasando por la Carrera de San Jerónimo, Sol, la calle Arenal, la Plaza Isabel II y la calle Carlos III; y desde Moncloa hasta la Glorieta de Cardenal Cisneros, por la calle Avenida Puerta del Hierro.
   Desde la organización aseguran que este evento se realizó con "civismo", sin cortes de tráfico y "sin molestias a negocios y vecinos" y que es la respuesta a la "no actuación" de los diferentes partidos políticos.
   También hicieron un llamamiento a la "responsabilidad" que tiene el Gobierno actual y al "aparente abandono" que los interlocutores sociales dan como respuesta a "las lamentables situaciones que un importante número de desempleados y familias están padeciendo".

Secretarios judiciales temen que el juicio a Garzón tenga efectos intimidatorios

MADRID.- El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha mostrado hoy su apoyo a Baltasar Garzón y ha expresado su temor por que el proceso iniciado al juez por investigar los crímenes del franquismo pueda tener un "efecto intimidatorio" en la investigación de otros crímenes contra la Humanidad.

En un comunicado, el SISEJ se ha adherido a las diversas muestras de solidaridad que desde distintos colectivos se están produciendo a raíz de las tres causas abiertas en el Tribunal Supremo a Garzón: por las escuchas del "caso Gürtel", por investigar los crímenes de la Dictadura y por los cobros que recibió en los cursos que impartió en Nueva York.
Coinciden los secretarios judiciales con el temor expresado por la Comisión Internacional de Juristas de que el "proceso iniciado contra el magistrado Garzón pueda tener un efecto intimidatorio en la investigación de otros crímenes contra la Humanidad tanto a nivel estatal como internacional".
Para el sindicato, la actuación del juez al declarase competente para instruir la causa del franquismo se enmarca dentro de los "numerosos convenios internacionales suscritos por nuestro país" y normas de carácter supranacional que responden a las asociaciones que reclamaron "un reposo digno para sus familiares, víctimas de la contienda que enfrentó a los españoles".
No obstante, el SISEJ advierte de que con este apoyo a Garzón no quiere realizar un ataque a las decisiones del Tribunal Supremo, al que muestra su respeto "como órgano máximo de la jurisdicción, salvo la constitucional".
En su opinión, cualquier aplicación incorrecta de la ley por parte de jueces y tribunales debe resolverse mediante el "régimen de recursos ordinarios y extraordinarios", ya que "todo lo que va más allá supone un quebranto a la esencia que se preconiza para el tercer poder del Estado".
Los secretarios judiciales consideran imprescindible y necesario que los magistrados puedan aplicar la ley "con libertad e independencia" para que los ciudadanos "sigan confiando en la Justicia como máxima garantía de sus derechos".

El Govern catalán estudia pagar la traducción del catalán en pleitos de Madrid

BARCELONA.- La consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, ha avanzado este domingo que la Generalitat estudia pagar la traducción del catalán de los pleitos que se hagan en Madrid.

   En una entrevista a Catalunya Informació, ha recordado que el Govern catalán tiene "la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el derecho de opción cuando tienen que acceder a los tribunales".
   Además, ha anunciado la intención de mantener las tasas que quiere aplicar a los usuarios de determinados servicios de la justicia, independientemente de las que implante el Gobierno central.
    "Nuestras tasas son autonómicas porque son por el apoyo que la Generalitat da a la justicia en materia de medios personales y materiales, es decir, que en este ámbito el ministerio no puede poner tasas", ha matizado.
   Bozal ha aclarado que las tasas catalanas se centrarán en los pleitos contenciosos, administrativos y civiles, y no en los asuntos de jurisdiccional penal y social.

Políticos, sindicatos y artistas se manifiestan en Madrid en apoyo a Garzón

MADRID.- Miles de personas, entre ellos políticos de PSOE e IU, sindicalistas y representantes del mundo de la cultura, se han manifestado este domingo por las calles del centro de Madrid para mostrar su solidaridad con el juez Baltasar Garzón y las víctimas del franquismo.

   Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, el coordinador general de IU, Cayo Lara, los socialistas Pedro Zerolo y Soraya Rodríguez, y los actores Juan Diego Botto, José Sacristán, Pilar Bardem y Lola Herrera, entre otros, se han sumado a una manifestación que ha partido al mediodía de la plaza de las Salesas, frente al Tribunal Supremo, donde Garzón será juzgado a partir del próximo martes por declararse competente por investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo.
   El secretario general de CC.OO. ha señalado que se trata de una "expresión de solidaridad con Garzón, el único magistrado que se ha atrevido a intentar desvelar la verdad de lo sucedido durante los años de represión de la dictadura franquista".
   Toxo ha señalado que "se reclama a ETA que pida perdón a las víctimas", una reclamación con la que está "de acuerdo", pero ha destacado que "nadie haya reclamado a los vestigios de la dictadura que pida perdón por el asalto al régimen democrático".
   Por su parte, el secretario general de UGT ha destacado la "integridad" de Garzón y ha señalado la "importancia de que se esclarezca la verdad" porque, en su opinión, "hasta que no se esclarezca seguirá habiendo muchas familias españolas que sentirán que la democracia no las reconoce en su integridad".
   Cayo Lara ha apuntado que la sociedad actual "se compromete cada día más con la corrupción" y "mayoritariamente quiere recuperar la memoria histórica y que se haga justicia a lo que ha sido el régimen genocida del franquismo".
   Por ello, ha señalado que "no se puede callar frente a lo que es un atropello contra un juez que ha tenido la valentía de intentar investigar a fondo una situación de corrupción en España".
"No se puede callar ante los que pretenden poner un puente de plata a la corrupción en España y quienes quieren poner un muro de silencio a la memoria histórica", ha insistido el dirigente de IU.
   También la socialista Soraya Rodríguez ha mostrado su apoyo al magistrado y "a los familiares y víctimas del franquismo". Rodríguez ha indicado que los socialistas quieren pedir "la aplicación clara y rotunda de la Ley de la Memoria Histórica", una ley que, a su juicio, es "tardía" pero "muy necesaria en la democracia".
   Además, ha señalado que la ley "no es un ajuste de cuentas contra nadie" sino "la búsqueda de la dignidad de las víctimas y de todos los españoles con el fin de ayudar y engrandecer la democracia. "Ninguna democracia se construye sobre el olvido y la ocultación", ha concluido.
   Junto a los representantes sindicales y políticos en la manifestación también han participado representantes del mundo de la cultura como Pilar Bardem, Lola Herrera, Marisa Paredes, Juan Diego Botto o José Sacristán.
   Bardem ha explicado que su presencia en la marcha es "en solidaridad y apoyo con Garzón y para que se haga justicia y reparación con las víctimas del franquismo" y ha señalado que el magistrado tiene "muchos enemigos políticos y envidias que se están agarrando a cosas absolutamente ridículas" como "que digan que ha prevaricado cuando no es cierto".
   Por su parte, Juan Diego Botto ha denunciado que "España sigue siendo el único país europeo que no se ha hecho cargo de las fosas comunes ni de los muertos en la guerra civil y en la etapa posterior" una situación que, a su juicio "no se corresponde con una democracia en un Estado de Derecho".
  "Que la primera persona que vaya a ser juzgada por los crímenes del franquismo sea un juez que ha intentado investigarlo, me parece que habla muy mal de nuestro Estado de Derecho", ha criticado.

Zapatero convoca una cena de despedida en Ferraz

MADRID.- El expresidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha convocado para hoy una cena de despedida en la sede de Ferraz para despedirse de la Ejecutiva de su partido, han informado fuentes socialistas. A la cena está previsto que acudan los dos candidatos a la Secretaría General, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón. 
 
   La cena, prevista para las 21.00 horas, ha sido organizada a iniciativa de Zapatero y será un "encuentro privado" sin cobertura de medios. La intención del secretario general del PSOE es despedirse personalmente de las 32 personas que han formado parte del máximo órgano del partido.
   De esta forma, Rubalcaba y Chacón han sido invitados a la cena de este domingo en su calidad de vocales de la Ejecutiva.
   Fuentes socialistas consultadas han precisado que Zapatero planteó la cena hace un par de semanas y que ha sido el secretario de Organización del partido, Marcelino Iglesias, el que se ha encargado de cursar las invitaciones.
   El próximo viernes, día 3, arranca en Sevilla el Congreso Federal del PSOE que elegirá al sustituto de Zapatero al frente del partido. Desde ese momento, Rubalcaba o Chacón tendrán la responsabilidad de presidir la Ejecutiva del partido.

sábado, 28 de enero de 2012

El corredor del Henares tendrá un nuevo tramo de autovía


MADRID.- El corredor del Henares tendrá un nuevo tramo de autovía cuando concluya la duplicación de la M-121 en el tramo que conecta Alcalá de Henares con Meco y que la Comunidad de Madrid tiene previsto licitar próximamente, "en cuanto se realicen las expropiaciones necesarias cuya orden acaba de ser publicada". 

   Según han confirmado hoy fuentes de la Consejería de Transportes, los trabajos consistirán en el desdoblamiento de la carretera M-121 desde su enlace con la A-2 hasta la entrada al centro urbano de Meco en un tramo de 4,2 kilómetros de longitud que en la actualidad registra unos altos valores de intensidad de circulación.
   En concreto, por este tramo circulan cada día aproximadamente 14.000 vehículos, de los que un 5 por ciento son pesados; por lo que el Gobierno regional considera necesario "aumentar la capacidad de la vía y su seguridad".
   Por este motivo, además del desdoblamiento de la calzada, el proyecto contempla la eliminación de las intersecciones a nivel ubicadas en todo el tramo y su sustitución por enlaces más seguros. Dentro de ellos se actuará sobre los accesos a las propiedades colindantes y a varias instalaciones del Campus de la Universidad de Alcalá.
   La carretera duplicada contará con dos calzadas de dos carriles cada una, una para cada sentido de la circulación y con vías de servicio para los accesos a las propiedades colindantes.