Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»

SEVILLA.- Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a Abc su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. 

La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».

En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?

De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.

En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?

Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.

Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.

¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?

Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.

Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.

Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.

El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.

¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?

Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del  equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación. El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.

Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?

No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.

Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.

Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho. Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.

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UGT y CCOO dicen que en España no hay "normalidad judicial"

MADRID.- Pese a que aseguran que no comparten «ni el objetivo, la independencia, ni la estrategia, la proclamación unilateral que persiguen y promueven las fuerzas independentistas», lo cierto es que UGT y CCOO participarán en la manifestación del próximo 15 de abril en Barcelona, junto a los separatistas de la ANC y Òmnium Cultural, pidiendo la vuelta a casa de los presos soberanistas. Y ayer en un comunicado conjunto justificaron su participación en la marcha ante la necesidad de «construir puentes de encuentro» y para recuperar la «normalidad institucional, política y judicial», recuerda hoy El Mundo.

Las dos grandes centrales sindicales ponen en entredicho la normalidad judicial tras las decisiones que los jueces respecto al procés y que califican de «desproporcionadas», tanto «en la tipificación de algunos delitos como en el abuso de la utilización de la prisión preventiva». UGT y CCOO insisten, no obstante, en que su participación en la manifestación del domingo «en ningún caso puede confundirse con su apoyo al procés», pero aseguran que las causas judiciales contra personas «que hasta hace poco tenían altas responsabilidades institucionales» están teniendo «importantes consecuencias sociopolíticas» y podrían «incluso tenerlas sobre el rigor del sistema español si es desautorizado en instancias europeas».

Por eso, exigen que de forma «urgente» se conforme un Gobierno en Cataluña «dentro del marco Constitucional y Estatutario, porque es necesario recuperar el autogobierno dejando de aplicar el artículo 155, para que ese Gobierno se ocupe de los problemas de la gente (paro, desigualdad...), para dejar atrás el procés y abrir una etapa de diálogo entre en Cataluña y con el Gobierno».

Esto es, en definitiva, dicen, que el Gobierno renuncie al «inmovilismo» y las fuerzas políticas independentistas «al unilateralismo» que han mantenido desde el inicio del conflicto. Por eso, advierten de que han propuesto «una reforma constitucional» que dé respuesta a las aspiraciones de mayor autogobierno «en el marco de un Estado Federal».

Su postura a lo largo de todo este tiempo no siempre ha sido entendida por sus afiliados. Fuentes de UGT reconocen a El Mundo que el anuncio de su participación en la marcha de este domingo ha provocado «cierto malestar» en la organización. Ahora bien, aseguran que han conseguido llegar a una postura consensuada en el Consejo Confederal que se celebró el martes, y niegan que se trate de «una manifestación independentista» porque, precisan, el objetivo es «defender que haya un Gobierno transversal que aúne el mayor número de sensibilidades» y «la libertad de los presos preventivos» para que preparen sus juicios en casa.

Su posición en este asunto no le ha salido gratis a UGT y CCOO, que han reconocido haber perdido afiliados. En una rueda de prensa celebrada ayer, las portavoces de ambos sindicatos en Cataluña, Montse Ros y Laura Pelay, respectivamente, mostraron su preocupación por la división social en Cataluña y que perciben dentro de sus organizaciones». 

«Hubo bajas en 2017. Más de 500 personas a lo largo del año pasado. La mitad pensaba que éramos cercanos al independentismo, y los demás que éramos unionistas», dijo Ros, aunque añadió que pese a las bajas ha habido un crecimiento neto de afiliados». 

«Tenemos mucha más variabilidad (bajas y altas) por las contrataciones temporales», subrayó. Pelay también admitió bajas en UGT Cataluña. «En un momento en el que la sociedad está polarizada, buscamos un mínimo común denominador y establecer puentes» dentro de un sindicato plural.

Tampoco muchos votantes de la órbita que hoy representan los comunes entienden la comprensión de la coalición que lidera Colau con algunas protestas de los independentistas. Pero la alcaldesa no cambia de postura y anunció ayer que acudirá a la manifestación para pedir la libertad de los «presos políticos», informa Víctor Mondelo. 

Busca tender una cortina de humo después de que el martes tuviera que enterrar dos de sus principales proyectos al no recabar la mayoría suficiente para sacarlos adelante en el pleno del Ayuntamiento. Obviando que sólo el 33% de los barceloneses quiere que Cataluña sea un Estado independiente según el último barómetro del Consistorio, la primera edil de la capital catalana reclamó al PSC.

La "chapuza Lexnet" ya tiene castigo: España infringió la ley de protección de datos

MADRID.- Fue la mayor crisis a la que se enfrentó el Ministerio de Justicia durante los últimos años. El pasado verano, un fallo informático dejó inoperativo durante días el sistema LexNet. Además, el 27 de julio, un grave fallo de seguridad informática dejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales, parte del código fuente de la plataforma y de la Intranet del propio ministerio, recuerda El Confidencial. 

La gravedad no era poca cosa, ya que los profesionales del sector jurídico pudieron acceder incluso a documentos de terceras personas: bastaba con cambiar los IDs que identifican a cada usuario en la URL para acceder a la bandeja de entrada privada de otra persona y a los documentos de cada uno de los procesos judiciales que tenía en marcha.

Desde Justicia se intentó minimizar el impacto de aquel fallo, que muchos expertos jurídicos e informáticos calificaron de "chapuza Lexnet", que se prolongó durante varios días y contó con nuevos episodios. 

Además, el ministro Rafael Catalá aseguró en sede parlamentaria que la plataforma sólo dejó de ser segura un 0,75% del tiempo y que el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales. 

Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no opina lo mismo: la plataforma que costó más de 7 millones de euros de dinero público, que puso en entredicho a las empresas que la desarrollaron y que denunció al propio informático que ayudó a desvelar el fallo acaba de ser sancionada por incumplir la Ley de Protección de Datos.

En el expediente sancionador, la AEPD asegura que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, infringió el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que determina que "el responsable de un fichero (...) deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".

No acaba ahí la cosa. Además, Justicia también infringió el artículo 10 de dicha ley, que le obliga al "secreto profesional respecto de los mismos [los datos personales] y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".

Según la AEPD, por tanto, durante el grave fallo de seguridad de Lexnet "se difundieron datos personales que tenían unos usuarios y pudieron ser vistos por otros usuarios".

La vulneración de estos dos artículos le ha supuesto al Ministerio de Justicia la ejecución de una infracción grave, aunque no habrá sanción efectiva más allá de la publicación de este expediente, ya que la AEPD considera que Justicia "ha tomado las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir el incidente de seguridad referido".

No es el único 'tirón de orejas' que la AEPD le da al Ministerio de Justicia. En el expediente sancionador también se recoge que "la versión de Lexnet que tenía la brecha de seguridad se puso en producción el 20 de julio a las 21:45h, se detuvo a las 15:15h del 27 de julio y se sustituyó por una nueva versión a las 16:25h", con lo que Lexnet funcionó durante más de una semana con un sistema informático vulnerable.

Además, los responsables de la plataforma no fueron precisamente rápidos, ya que el primer aviso de vulnerabilidad se produjo "mediante un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Lexnet aproximadamente a las 02:00h (madrugada) del jueves 27 de julio de 2017" y luego "la misma persona [el letrado José Muelas] envió un mensaje público por Twitter aproximadamente a las 9:30h del mismo día en el que se manifestaba cómo explotar la vulnerabilidad del incidente".

Sin embargo, "el subdirector de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fue informado de ello "entre las 10:30h y las 11h". A continuación, "entre las 11:30h y las 14h se realizaron verificaciones exhaustivas, para comprobar si el comportamiento era anómalo o un problema puntual de un único usuario". Finalmente, "a las 14h "se detiene el sistema” y “a las 16:20h el error de programación que produjo el incidente de seguridad está solucionado”.

En resumen, pasaron más de 9 horas desde que Lexnet recibió el primer aviso de vulnerabilidad hasta que lo abordó, y más de 14 horas hasta que el error se subsanó... para volver a fallar poco después.

Según la investigación recopilada por la AEPD, 284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían, realizando 1.438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada. De ellos, 74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada.

Pero, ¿a qué tipo de información ajena se pudo acceder durante casi ocho días? Según la AEPD, "a las notificaciones practicadas, traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc., a las notificaciones ya aceptadas, a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario y a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores".

Los tipos de cuenta que quedaron expuestas fueron "las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. Otras cuentas más sensibles", asegura la AEPD, "como las correspondientes a la Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina legal, abogados del estado, servicios jurídicos de las CC.AA y Seguridad Social, no estaban afectadas por el incidente".

En total, durante ese periodo de tiempo se accedió "al 0,1% de los buzones de Lexnet, al 0,02% de los mensajes que se intercambian en un día, al 0,0001% de todos los mensajes que se han intercambiado en la plataforma Lexnet desde el inicio de su operación", aunque no se puede saber hasta qué punto los documentos vulnerados eran más o menos determinantes.

La cuestión, en cualquier caso, es evidente: pese a que el Ministerio de Justicia quitó hierro al asunto y el ministro Rafael Catalá aseguró en el Congreso que "el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales", lo cierto es que, según la AEPD, la cosa fue mucho más allá: el Gobierno infringió la Ley Orgánica de Protección de Datos y, según los expertos, Lexnet volverá a fallar antes o después.

Torres-Dulce: 'La Justicia, en evidencia cuando no da respuestas solventes a la corrupción'

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al problema de la corrupción como una de las cuestiones "que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad" durante su discurso en el Acto de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar respuesta "solvente y tempestiva" a este problema.

Se ha referido seguidamente a la crisis económica "severa y prolongada", que pone a prueba el entramado institucional.

   "Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales, el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento de desánimo derivase en desafección de la cosa pública", ha manifestado.

    No obstante, y pese a la "sombría realidad", el fiscal general asegura que existe una ciudadanía consciente de que "es fuente de toda legitimidad política" y ello pese al "sentimiento de decepción que puede suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes".

   El fiscal general se ha referido a la corrupción en la Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de complejos, "por lo que no admiten un tratamiento común".

   A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se concentró en la comercialización de títulos "mediante su colocacion entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos" como discapacitados o personas "imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio".

   Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.

Sentencias por corrupción

Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.

   En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.

   En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.

   Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la denominada "burbuja inmobiliaria", en la que "la sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos", la Fiscalía advierte en su Memoria de los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a cabo "una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción".

   "Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber", apunta la Memoria.

    En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un importante sector de la ciudadana ha calado "la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial".

 "Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia", señala.

   A su juicio, los delitos de corrupción constituyen "una de las formas más graves de delincuencia" porque "provocan el desvío de fondos públicos a fines privados" y suponen, además, "un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.

   Según el Ministerio Público, el "incremento cuantitativo y cualitativo" que la corrupción ha experimentado en los últimos años contribuye a crear "un estado de opinión" y afecta al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, "poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento".

   Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar la oficina fiscal, dotándola de "auténticas unidades de investigación criminal", potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo tecnológico a las investigaciones telemáticas.

El juez del 'caso Blesa' pide amparo formal por las presiones que sufre

MADRID.- El titular del Juzgado de Instrucción de Madrid nº 9, Elpidio José Silva, instructor del "caso Blesa", ha remitido  este martes un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando formalmente el amparo ante las presiones que dice sufrir desde distintos ámbitos.

   Aunque no se ha dado a conocer el contenido de escrito, fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que el juez que ha enviado a prisión al expresidente de Caja de Madrid, Miguel Blesa, dice en su escrito que sufre injerencias en su trabajo por parte de la Fiscalía de Madrid, de miembros del propio CGPJ y de algunos periodistas.

   La petición deberá ser estudiada en Comisión Permante por el Consejo aunque es improbable que se haga en la sesión convocada para mañana, puesto que el escrito acaba de llegar y debe ser analizado antes de que la Secretaría del órgano de gobierno de los jueces emita un dictamen favorable o contrario a la petición.

   La semana pasada, fuentes del CGPJ aconsejaron al juez Silva que presentara por escrito y formalmente solicitud de amparo tras denunciar durante un acto público estar sufriendo "todo tipo de presiones" y "muchísimas injerencias".

   Se da la circunstancia de que el magistrado tiene pendiente desde el pasado mes de abril un expediente disciplinario incoado por el CGPJ por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y falta de consideración a sus funcionarios.

   La Comisión Disciplinaria le investiga por dos faltas muy graves y una grave. Las primeras lo son por "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado mientras que la grave corresponde al artículo 418.5, que sanciona la falta de consideración a sus funcionarios.

Una pareja de guardias civiles de paisano asiste al juez del 'caso Blesa'

MADRID.- Una pareja de agentes de la Guardia Civil ha asistido al juez Elpidio José Silva durante los últimos interrogatorios efectuados con motivo de la investigación sobre el préstamo por valor de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán mientras era consejero, según informaron fuentes jurídicas.

   Los efectivos del Instituto Armado han estado presentes el miércoles y el jueves en el interior del Juzgado de Instrucción nº 9 en el que se ha desarrollado la toma de declaración de varios ex miembros del Comité Financiero imputados en el marco de este procedimiento.

   Este hecho ha motivado la perplejidad entre las partes personadas que desconocen la condición en la que se encuentran los agentes habida cuenta de que no había ningún detenido durante los interrogatorios. Algunos achacan su presencia a una falta de funcionarios en el Juzgado de Silva.

   La ronda de declaraciones comenzó ambos días con retraso, por lo que los imputados permanecieron en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla hasta que algunos fueron llamados a comparecer y a otros se les notificó que su citación se posponía para otro día.

    El instructor despachó el jueves con el representante del Ministerio Fiscal y con los agentes de la Guardia Civil antes de dar comienzo a los interrogatorios. Llegado el momento, en la sala aguardaba a cada imputado el magistrado, el fiscal, los abogados defensores, la acusación popular ejercida por Manos Limpias, el secretario judicial pero también dos guardias civiles vestidos de paisano.

   Durante los interrogatorios, los agentes permanecieron sentados en los últimos bancos de la sala y sin tomar notas. La Guardia Civil está practicando las diligencias ordenadas por el juez instructor en el marco de este procedimiento.

   La Fiscalía investiga una queja emitida directamente por varios funcionarios por conducta inapropiada del magistrado, sobre quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado un expediente disciplinario por falta de consideración a sus funcionarios, entre otros motivos.

   El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito "doloso" por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra". Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid, Carlos Vela, está imputado por delito societario.

   El instructor también investiga a Blesa por la compra, en abril de 2008, del 83% del City National Bank de Florida por 927 millones de dólares. Caja Madrid se hizo con la totalidad de la entidad estadounidense en 2010 aportando otros 190 millones de dólares. Silva ve indicios "muy relevantes" de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.

Los Tedax hacen explosionar una mochila sospechosa en los Juzgados de Capitán Haya

MADRID.- La mochila explosionada en la calle Capitán Haya de Madrid contenía en su interior un artefacto simulado compuesto por una olla a presión con unos cables, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los vigilantes de seguridad de la Audiencia Provincial de Madrid alertaron sobre las siete de la tarde de la presencia de una mochila sospechosa en la zona del número 53 de la calle Capitán Haya de Madrid, en las proximidades de los Juzgados de lo Penal y la sede de Loterías y Apuestas del Estado.

Según su relato, un individuo colocó la mochila en el suelo y abandonó inmediatamente el lugar en una motocicleta. Las cámaras de seguridad de la Audiencia Provincial, en las proximidades del lugar, grabaron al individuo en el momento en que dejó el objeto y huyó del lugar.

Tras recibir el aviso en el 091, la Policía estableció un dispositivo en el lugar de manera preventiva y acordonó la zona, estableciendo un perímetro de seguridad en torno al número 53 y se cortó el tráfico en la citada calle, entre su confluencia con la Rosario Pino y con Bravo Murillo.

Los vecinos de los portales próximos fueron desalojados, así como el personal de Loterías y Apuestas del Estado, que se vio obligada a retrasar la celebración de los sorteos de este martes hasta que la Policía autorizó su acceso al edificio.

Perros de la Policía Nacional adiestrados en la detección de explosivos realizaron un primer análisis de la mochila sin que marcaran a los agentes ninguna sustancia sospechosa. No obstante, de manera preventiva, agentes de los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) de la Policía Nacional se personaron en el lugar y detonaron de manera controlada la mochila.

En un primer momento, sobre las diez de la noche de este martes explotó lo que los agentes denominan 'cebo' y una hora después, a las 22.55 horas, el objeto en sí. La mochila contenía en su interior un artefacto simulado compuesto por una olla a presión con unos cables y una sustancia en su interior que este miércoles será analizada por la Policía Científica.

A falta del análisis exhaustivo en los laboratorios de la Policía Científica, la sustancia que había en el interior de la olla tiene apariencia de arena, aunque será el estudio minucioso de la misma la que determina qué material es.

Minutos después de las once de la noche, la Policía dio por terminada la alerta y comenzó a dejar pasar a los vecinos, salir a las personas que aguardaban en bares y restaurantes cercanos y restableció el tráfico en la zona.

No obstante, los agentes permanecían en el lugar realizando pruebas y análisis. Al lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, ambulancias de manera preventiva y los servicios de limpieza del Ayuntamiento.

El TSJM abre diligencias para investigar la agresión al juez Palop en los calabozos

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias informativas para investigar la agresión que sufrió ayer el juez Eduardo López Palop, conocido por instruir el 'caso Madrid Arena', en los calabozos de los Juzgados de Plaza de Castilla tras decretar el ingreso en prisión de un detenido, han informado fuentes jurídicas.

   Dentro de las diligencias, que ya se han trasladado al Consejo General del Poder judicial (CGPJ), se ha solicitado al magistrado que informe sobre los hechos sucedidos. También se ha requerido al decano de los jueces, José Luis González Armengol, que aporte datos de lo sucedido.

   Las diligencias van encaminadas a mejorar el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los competentes de la custodia en los calabozos. En concreto, compete a la Guardia Civil y a Instituciones Penitenciarias.

   Tras tomar declaración a un detenido en los calabozos, el juez Palop recibió varios golpes después de que le comunicara su decisión de ordenar su ingreso en prisión por hechos que se desconocen.

   Al parecer, el hombre se abalanzó sorpresivamente contra el juez sin que los guardias civiles que lo custodiaban pudieran contenerle. La fiscal también resultó golpeada. Tras ello, el juez y la fiscal pasaron a ser examinadas por el forense.

Denuncia de la CIS.F

El sindicato CSI.F ha denunciado "la falta de seguridad" en los Juzgados madrileños que "se ha hecho evidente" tras la agresión ayer de un detenido al juez Eduardo López Palop.
   "Este hecho no es aislado y demuestra la inseguridad que sufren los profesionales de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid cuando desarrollan su actividad profesional", ha indicado el sindicato en un comunicado.  
   Así, señalan que como consecuencia de la actividad realizada en Juzgados y tribunales de Madrid, "es habitual el observar trifulcas, agresiones físicas y verbales dirigidas a los funcionarios de la Administración de Justicia que se encuentran en total indefensión ante la falta seguridad".
   "Estas situaciones son el resultado de la escasa seguridad existente en las sedes judiciales, cuestión que se puede ver agravada como consecuencia de las reducciones en esta materia que quiere llevar a cabo la Comunidad de Madrid dentro de la política de recortes que está aplicando", ha concluido CSI-F.

Sin armas

Vigilantes de seguridad de los Juzgados de la Comunidad de Madrid han denunciado que solo diez de los cerca de 200 efectivos desplegados en las sedes judiciales madrileñas vayan provistos con un arma como consecuencia de los "recortes" de la Consejería de Presidencia y Justicia en este ámbito.
   Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), que recoge la publicación a principios del pasado enero del contrato de los servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles de órganos judiciales.
   Según este documento, los archivos judiciales --situados en dos sedes diferentes-- cuentan con ocho vigilantes armados, mientras que los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla cuentan con un vigilante armado para el Decanato y otro como jefe de Equipo.
   En la Comunidad de Madrid hay cerca de 200 vigilantes de seguridad, de los que un total de 80 deben prestar el servicio armado. Sin embargo, solo diez van provistos de un arma durante su jornada laboral.
   El resto de sedes judiciales de la región, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, los Juzgados de lo Social, de lo Penal o lo Civil y la totalidad de órganos judiciales periféricos, carecen de vigilantes que lleven consigue un arma.
   Fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han indicado que "los técnicos de seguridad realizaron un estudio teniendo en cuenta la conflictividad en cada sede judicial y por lo tanto no existe riesgo alguno".
   En ese sentido, según han señalado, "se ha mantenido personal de seguridad con armas en las sedes judiciales en Plaza de Castilla y Capitán Haya así como en las sedes judiciales que se encuentran más aisladas en polígonos industriales".
   Asimismo, han destacado que "se trata de la segunda licitación del contrato que se hace ya sin armas con los de seguridad". Por ello, que estiman que detrás de la denuncia hay "intereses puramente laborales".
   Fuentes próximas al colectivo han denunciado esta situación, puesto que entienden que un arma es esencial en el desempeño de algunas funciones y especialmente como efecto disuasorio.
   "Las armas son disuasorias e intimidatorios", han recalcado y han recordado que "muy a menudo" se producen incidentes en los Juzgados que requieren de su presencia. Las mismas fuentes han destacado que un arma puede tener un coste mensual de alrededor de 200 ó 300 euros.
   Además, han denunciado que los recortes de la Comunidad de Madrid también han provocado la reducción del número de efectivos humanos. En concreto, se han eliminado un total de 39 puestos de los 200 vigilantes que antes había en los Juzgados.
   Por ello, han criticado que el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, asegurase el pasado jueves que "a pesar de estar en una época de reducción de gastos", la Comunidad de Madrid no haya limitado "el gasto en vigilancia y seguridad de las sedes judiciales".
   Así lo manifestó tras informar de que la Comunidad de Madrid destinará 15,8 millones de euros hasta 2014 para garantizar la seguridad y vigilancia en 64 edificios y sedes de organismos judiciales y fiscales de la región.

El TSJM cifra en un 42% el seguimiento de la huelga de jueces

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha cifrado en un 42 por ciento el seguimiento de la huelga de jueces en la Comunidad de Madrid, después de que la secundaran un total de 323 jueces y magistrados.

   Por órganos y jurisdicciones el seguimiento de la jornada de huelga ha sido de 7 magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 47 magistrados de la Audiencia Provincial, 160 jueces y magistrados en  Madrid capital y 109 jueces y magistrados en los Juzgados de periferia.

   En la Comunidad de Madrid están destinados cerca de 700 jueces y magistrados, lo que dejaría el seguimiento de la huelga en menos de la mitad del total, según ha informado el TSJM en un comunicado.

Concentración

Varios centenares de funcionarios, jueces y fiscales se han concentrado en la madrileña plaza de la Villa, ante la sede del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, contra la política del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Una empleada pública hacía la peineta a las reformas legislativas, mientras otros coreaban: "Sí hay dinero, lo tiene el tesorero".

   Los empleados públicos han estado ataviados con camisetas amarillas en las que se podía leer el lema "Sin Justicia no hay derechos" y animados por una representante de CC.OO que, con micrófono en mano, coreaba: "Gallardón escucha, Justicia está en la lucha".

   Los asistentes han respondido así a la llamada de los sindicatos a participar en concentraciones desde las 11.30 hasta las 12.30 ante las oficinas judiciales y a la convocatoria de huelga de los jueces y fiscales. "No es una crisis, es una estafa", "Entre todos pararemos la reforma judicial", "No a las tasas, Justicia para todos" y "Gallardón dimisión", han sido los gritos más coreados.

   Entre los presentes se encontraban funcionarios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como jueces y fiscales de la Audiencia Nacional como el magistrado Eloy Velasco o los fiscales Vicente González Mota, Miguel Ángel Carballo, Dolores Delgado o Juan Antonio García Jabaloy.

   En el Tribunal Supremo el único magistrado que ha comunicado formalmente su intención de ir a la huelga ha sido Rafael Sarazá, el penúltimo en llegar a la Sala de lo Civil. Todas las vistas señaladas se han celebrado, aunque se está a la espera de recibir el seguimiento que ha tenido la jornada de paro en el alto tribunal.

   El Comité Nacional de Huelga ha cifrado a mediodía el seguimiento de la jornada de paro de jueces y fiscales en 2.553 miembros. La protesta ha sido convocada por la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

  Ha sido respaldada por la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ.

  En febrero de 2009 ya hubo dos huelgas de togas contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo, que acabaron con su dimisión. Jueces y fiscales se han unido ahora contra el deterioro de la Administración de Justicia, sus "paupérrimas" condiciones de trabajo y la politización del Consejo General del Poder Judicial.

   No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y desde entonces continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.

Los jueces españoles se muestran hartos con la corrupción

MADRID.- Unos 340 jueces se han reunido este sábado en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para tratar el tema de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas.

   Al término de la reunión, el portavoz de la asamblea y juez instructor de Guadalajara, Jesús Villegas, ha denunciado la falta de compromiso del poder político al no entender las exigencias actuales del pueblo.

   En relación a la nueva ley de tasas que entró en vigor hace unos meses, los jueces presentes en la asamblea han reconocido que no son aceptables pues "hieren la anatomía del Estado". Villegas ha añadido que "si se recorta en justicia se recorta en calidad" y que no es un ejercicio de responsabilidad echar a unos 1000 jueces.

   Asimismo, se ha hecho hincapié en la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la falta de representación que los jueces tienen en este organismo. El portavoz ha querido dejar claro que este órgano no representa a todos los jueces de España y debe "democratizarse" sin caer en el "corporativismo" y ha recordado que "incluso" desde la Unión Europea se "ha denunciado esta situación".

   Para finalizar, Villegas ha expuesto que los casos de corrupción aparecidos en estas últimas semanas en la prensa han sido "la gota que ha colmado el vaso" y que entre los jueces "eso de los sobres no ocurre".

 "Estamos cansados y hacemos un llamamiento a jueces y ciudadanos" ha concluido.

JpD cree que al Gobierno le interesa la falta de medios contra la corrupción

VALLADOLID.-   El portavoz nacional de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que al Gobierno le interesa la falta de medios para luchar contra la corrupción, que no quiere un poder judicial "fuerte y con instrumentos" y una manera de debilitarlo es "asfixiar" en los recursos materiales y humanos.

   Bosch se ha expresado así tras la celebración del Comité Permanente de la asociación en el marco de unas jornadas sobre la posición del poder judicial ante la crisis.

   En este marco, el portavoz de JpD ha asegurado que el Gobierno "sabe perfectamente" que en los juzgados no existen medios suficientes para combatir la corrupción y a pesar de ello no se asignan las medidas de refuerzo ni instrumentos necesarios para atajar el problema.

   De esta forma, la conclusión que extraen es que "al Gobierno no le incomoda un poder judicial débil, incapaz de poder afrontar determinadas investigaciones", pero además se llevan a cabo reformas que "debilitan" la posición de los jueces y se permite que el poder político pueda actuar "contra la independencia del poder judicial".

   "Es una combinación explosiva, con instrumentos muy precarios y una posición del juez frágil por los ataques que le puedan venir del poder político", ha indicado Bosch, en referencia a los recortes en materia de Justicia pero también la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que pretende "subordinar" la independencia judicial al poder político, algo que cree que permitirá poder actuar contra la independencia de los jueces y, en última instancia, dificultar la lucha contra la corrupción.

   A su juicio, se pretende "erosionar" la capacidad de independencia al no dar medios contra la corrupción como está ocurriendo con los juzgados que llevan asuntos de este tipo. Como ejemplo ha citado el caso Fabra, que en Castellón lleva casi diez años de instrucción y los juzgados de Nules no pueden tramitar una causa de esa envergadura sin medios suficientes o las actuaciones sobre Bankia, que tiene decenas de imputados, perjudicados.

   "Si un gobierno tiene una responsabilidad lo suficientemente elevada y una altura de miras institucional debe facilitar todos los medios para que estas cosas se aclaren", ha añadido Bosch, quien incluso cree que se "facilita" que no haya unas sentencias adecuadas.

   "Creo que hay relación, al menos indirecta, entre recorte de medios por parte del Gobierno y que el resultado final sea que no haya bastante capacidad en los casos de corrupción", ha dicho.

   En esta línea, y ante la sensación de "impunidad" que pueda apreciarse al ver a personas como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la calle, Bosch ha recordado que hay una investigación en marcha y se van a realizar diligencias, pero cree que "efectivamente no hay tratamiento adecuado a los problemas de corrupción política".

   "No es admisible que un inmigrante que coloca el top manta para poder sobrevivir tenga previstas posibles penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones pueda tener pena de multa", ha aseverado.

   A que el problema de la corrupción en España no esté bien contemplado, ni desde el punto de vista de los medios ni de las condenas, se añade, a su juicio, que se pueda "indultar con tanta facilidad" que la percepción de la ciudadanía es sensación de impunidad.

   A diferencia de lo que ocurre en España, ha recordado que en otros países también hay corrupción pero, aunque sea menor el grado, se persigue y se condena.

   "Aquí la sensación es que la gente va por la calle como si no hubiera ocurrido nada porque hay un código penal que contempla penas muy duras en algunos supuestos, ha dicho, al tiempo que ha añadido "en tono humorístico" que la "especie de cadena perpetua" que dice Gallardón que quiere implantar "no es precisamente para los políticos corruptos".

   Frente a la falta de endurecimiento de las penas para los casos de corrupción política y económica en la futura reforma del Código Penal, Bosch considera que se "criminaliza la pobreza", los robos de pequeña entidad, contra top manta o determinadas conductas delictivas.

   El portavoz de Jueces para la Democracia ha asegurado que en el encuentro de la asociación se han extraído conclusiones como el hecho de que las medidas del Gobierno pongan en cuestión el Estado de Derecho y ha puesto varios ejemplos, entre ellos el "uso abusivo" de los indultos que se produce a políticos corruptos, policías que han torturado o ciudadanos condenados a muchos años de prisión por homicidios imprudentes.

   El colectivo considera que en estos casos el gobierno "usurpa" las funciones del poder judicial y se "convierte en última instancia no autorizada", al no explicar las razones y motivos por los que se producen los indultos, algo que vulnera lo previsto en la Constitución sobre la competencia exclusiva de los juzgados para hacer cumplir la ley y hacer efectivas las condenas.

   De esta forma, cree que además de la sensación de impunidad y la falta de igualdad ante la ley, se transmite que un "amiguismo o proximidad" al Gobierno permite no cumplir las condenas.

   Tras la reunión del colectivo, Bosch ha hecho un repaso por lo que consideran ha sido la labor del Gobierno, que se inició con una andadura "con una política muy decidida de desmantelamiento del Estado social" y ahora hay una "segunda etapa" que supone la erosión del Estado de Derecho, que supone un "cambio cualitativo muy importante".

   Así, ha recordado que en esa primera etapa se realizó una reforma laboral "de dudosa constitucionalidad", se atacaron "con dureza" los derechos sociales y los servicios públicos pero además no se adoptaron medidas de protección para los afectados por las hipotecas mientras sí se mantuvieron los privilegios legales de las entidades bancarias, al tiempo que se acordó el rescate de la banca, lo que acentuó "todavía más" las desigualdades sociales.

   El último objetivo del Gobierno en el "desmantelamiento de lo público", ha añadido, se refiere a la Justicia con la privatización de los registros civiles, cuyas competencias se van a trasladar a los notarios, registradores de la propiedad y registros mercantiles de manera que "lo que hoy es gratuito y público" suponga su pago.

   La segunda etapa, ha explicado, cuestiona aspectos que hasta ahora no eran "discutibles" del Estado de Derecho como la Ley de Tasas Judiciales, "que privatiza la Justicia pero ataca el derecho fundamental de los ciudadanos a poder acceder a la jurisidicción". Por ello, han acordado pedir a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad.

   Según el portavoz de Jueces para la Democracia, "en muy pocos meses se han producido las mayores restricciones de derechos fundamentales de toda la etapa democrática".

El ciudadano deberá pagar al abogado de oficio

MADRID.- El ciudadano se comprometerá por escrito a pagar los honorarios devengados por el asesoramiento y la orientación que reciba del abogado de oficio en caso de que después no se le reconozca el derecho a recibir Justicia Gratuita, según recoge el borrador del Anteproyecto.

   El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprenderá el asesoramiento y la orientación previa al proceso, así como la información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, entre otros servicios.

  El borrador, que tiene fecha de 7 de diciembre, establece que el solicitante deberá suscribir una solicitud de asistencia que incluya el compromiso de que, si no se le reconoce con posterioridad este derecho, tendrá que abonar los honorarios devengados por dicho asesoramiento y orientación, de los cuales será informado.

   El texto añade que no será necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce después la Justicia Gratuita, deberá hacer frente a los honorarios devengados por la intervención de su abogado de oficio.

   Las personas que soliciten este derecho también deberán detallar las prestaciones que desean. Entre éstas, se contempla la representación gratuita de abogado y procurador, el coste de la mediación, la exención del pago de tasas, la inserción gratuita de anuncios o edictos, la asistencia pericial o la obtención de copias, testimonios o actas notariales, entre otros servicios.

   En la solicitud, los interesados harán constar los datos y documentos que permitan acreditar su situación económica así como la de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales, la pretensión que quieren hacer valer y cuáles son las partes contrarias en el litigio, en el caso de que las haya.

   Para verificar la exactitud de la renta y el patrimonio declarado, los Colegios profesionales "realizarán las comprobaciones y recabarán toda la información que estimen necesaria". En especial, requerirán por medios electrónicos la confirmación de estos datos a la Administración Tributaria, el Catastro, la Seguridad Social o los Registros de la Propiedad y Mercantiles.

   El borrador recoge el caso de que la sentencia que ponga fin al proceso condene en costas al beneficiario de Justicia Gratuita. Ante esta circunstancia, la persona quedará obligada a su abono si dentro de los cuatro años siguientes "viniere a mejor fortuna", es decir cuando sus ingresos y recursos económicos brutos superen el doble de los umbrales establecidos o se hubieran alterado sustancialmente las condiciones tenidas en cuenta para reconocer este derecho.

   En este sentido, se encarga a los Colegios de Abogados la "obligación" de "revisar periódicamente" si el beneficiario ha mejorado sustancialmente su situación económica. En todo caso, la revisarán seis meses antes de que venza el plazo de cuatro años.

   En el caso de que se falseen, oculten o declaren de forma errónea los datos de carácter económico, el litigante estará obligado a pagar las prestaciones recibidas, "sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan".

   Este redactado está sujeto aún a cambios. De hecho, el Ministerio de Justicia ha mantenido conversaciones con comunidades autónomas y colegios de abogados para incorporar sus aportaciones al borrador.

La candidatura de Hernández-Gil propone 44 medidas para renovar el ICAM

MADRID.- La candidatura de Antonio Hernández-Gil a las elecciones que celebra el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) el próximo 18 de diciembre incluye 44 medidas concretas para renovar el colegio e impulsar el liderazgo de la Abogacía madrileña frente a la sociedad.

   Acompañado por miembros de su lista, el todavía decano de los abogados madrileños ha destacado que su propuesta se asienta en principios de "responsabilidad, transparencia, eficacia, pluralidad e independencia". Para el candidato a seguir al frente del Decanato, estos principios deben servir de "guía para el colegio" y para liderar la voz de la Abogacía.

   La candidatura de Hernández-Gil, que se presenta bajo el lema de 'Confianza&Eficiencia', está integrada por Mª Ángeles Amador Millán para vicedecana, así como Luis Rodríguez Ramos, Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor, Francisco García-Mon y Rosa Bedregal Serrano, entre otros miembros.

   "Ofrecemos medidas concretas que ahora, después de cinco años al frente de la gestión del colegio, podemos acometer con realismo sin que ello repercuta en las cuotas de los colegiados", ha reseñado Hernández, quien ha precisado que la candidatura muestra la vocación de sus miembros para trabajar al servicio del colegio y de los abogados madrileños.

   Así, ha hecho hincapié en el principio de independencia para mantenerse al margen de cualquier grupo empresarial, político y social, un extremo que ha caracterizado estos cinco años de mandato. Además, ha destacado la pluralidad de su equipo al estar formado por 13 abogados que ejercen en diferentes áreas del derecho.

   En cuanto a las medidas relativas al Turno de Oficio, esta candidatura se compromete a presionar a la Administración para que el pago se produzca en un plazo máximo de 60 días desde la remisión de las certificaciones trimestrales. Además, potenciará la comisión del turno de oficio para asistir a abogados que prestan este servicio.

    Respecto al empleo, se renovará la bolsa de trabajo para incrementar el contacto con empresas y despachos y se creará el Plan PrimerTrabajo para facilitar el acceso a la profesión de los recién colegiados.

   En lo relativo al derecho de defensa, se crearán grupos de trabajo para resolver los problemas prioritarios con los agentes de la Administración de Justicia.

   Asimismo, ha recalcado que considera fundamental el actual modelo de asistencia jurídica gratuita, con "los colegios como garantes de la calidad, libertad e independencia, así como la exigencia de que las administraciones públicas cumplan con sus obligaciones legales en el pago puntual de los honorarios".

   Hernández-Gil ha criticado que los valores constitucionales estén en regresión, lo que a su juicio está afectando al derecho de defensa. También ha cargado contra los poderes públicos al considerar que su actual desatención está poniendo en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva.

   "El Turno de Oficio es una especial prioridad: y más en la actual crisis económica, agravada con la reciente Ley de Tasas ante la que nos opondremos por considerarla un obstáculo para el acceso a la Justicia", ha dicho el decano y ha defendido la integración de los servicios de orientación jurídica dentro del sistema de asistencia jurídica gratuita.

La Abogacía se levanta contra Gallardón por las Tasas Judiciales

MADRID.- Más de 150 abogados madrileños se han concentrado esta mañana en los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla para denunciar la pretensión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de recortar el derecho de acceso a los tribunales con la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales, que mañana será aprobada en el Senado, y han amenazado con que si se aprueba llevarán la Ley a la Unión Europea y al Tribunal Constitucional (TC) a través del Defensor del Pueblo.

   Encabezados por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, el decano de los abogados madrileños, Antonio Hernándel-Gil y el juez decano de Madrid, José Luis Armengol, los concentrados se han apostado en la entrada de los juzgados ordinarios de la capital portando una pancarta que rezaba: "Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales".

   La protesta se ha realizado en sintonía con otras concentraciones que han tenido lugar en toda España. Bajo los gritos de consignas de "Gallardón, dimisión" o "No a las tasas, Justicia para todo", Carnicer ha leído un manifiesto suscrito por la Abogacía en el que se alerta de que esta Ley merma el derecho de acceso a los tribunales y avisan de que, si se aprueba, acudirán al Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24.

   En el manifiesto se denuncia que la aplicación de tasas judiciales supondría recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia al considerar que consagra "una Justicia para ricos y otra para pobres". Por ello, se exige la inmediata retirada del proyecto y plantean que se alcance un Pacto de Estado en el que participen todos los colectivos implicados.

   Así, reclaman que se potencia la independencia de los jueces, la autonomía de la Fiscalía y la libertad de los abogados. En esta línea, solicitan a Gallardón modificaciones pertinentes para superar "los actuales errores, fraudes y abusos que se cometen a diario en el ámbito judicial".

   "Queremos que esta Ley se retire por su inoportunidad en este momento de crisis económica. No se pueden establecer tasas que no puedan abonar la inmensa mayoría de los ciudadanos", ha destacado Carnicer.

   Por otro lado, Carnicer ha criticado la celeridad de la tramitación parlamentaria de esta norma, que mañana pasará a la Comisión del Senado para su aprobación. Si se aprueba, el CGAE pedirá a los competentes plantear una cuestión de inconstitucional como al Defensor del Pueblo, a 50 diputados o al juez directamente cuando se plantea dentro de un proceso.

   Tampoco ha descartado elevar esta cuestión a la Unión Europea para comprobar si es  conforme o no al derecho europeo. "En otros países hay tasas pero tienen una regulación muy diferente. Tenemos una constitución que pone por encima los derechos constitucionales de las personas", ha señalado.

   "Estas tasas son absolutamente desorbitadas. Tenemos esperanza de que den marcha atrás. Si no lo hacen es porque no conocen la realidad social", ha reseñado.

   Por su parte, Hernándel-Gil ha pedido la retirada de la reforma, ya que a su juicio "condenaría a importantes sectores de la sociedad a no poder asumir los costes de una defensa legítima".

   Asimismo, José Luis Armengol, ha tachado el proyecto de "denigrante", ya que a su juicio supone un atentado a la tutela judicial efectiva. "Desde la Judicatura hemos reclamado al Ejecutivo que valore la posibilidad de fijar tasas moderadas en supuestos excepcionales", ha dicho.

   "Con esta Ley, lo único que se hace es perjudicar al ciudadano justiciables", ha recalcado Armengol, quien no ha descartado que se pueda plantear, al igual que estudia el CGAE, una cuestión de inconstitucionalidad a algún Juzgado madrileño en el que tendrá la última palabra el Constitucional.

Victoria descarta una Ciudad de la Justicia 'Low Cost' al no estar previsto en los presupuestos

MADRID.- El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha descartado la idea de retomar la construcción de la Ciudad de la Justicia en un modo 'Low Cost' al no estar contemplado dentro de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013.

   Así lo ha manifestado el responsable autonómico en materia judicial al recalcar que este macroproyecto, iniciado en 2004 por el exconsejero Alfredo Prada, está "totalmente suspendido y aparcado".

    La idea de resucitar este proyecto corrió a cargo de la exconsejera Regina Plañiol, quien el pasado marzo señalo que la Comunidad de Madrid estaba pensando en acudir a la iniciativa privada para crear una nueva Ciudad de la Justicia. Con esta medida, según apuntó entonces, "los madrileños se ahorrarán 30 millones de euros" en el alquiler de sedes judiciales.

   Sin embargo, Victoria ha señalado que por ahora el proyecto quedará estancado. No obstante, ha dejado claro que toda la Judicatura está a favor de reagrupar las sedes judiciales en Madrid ante su actual dispersión, uno de los principales problemas que aqueja a la Justicia madrileña.

   "Todos creemos en la agrupación de sedes judiciales. Si se puede hacer con un coste '0' o sin inversiones se trabajará en esto", ha señalado el consejero.

Abogados del Turno de Oficio finalizan su encierro en la sede del ICAM con una "renuncia masiva" a las guardias

MADRID.- Los abogados del Turno de Oficio de Madrid han concluido a las 12.30 horas de este sábado su encierro en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), situada en la calle Serrano, como protesta a los recortes que se están produciendo en el ámbito del Servicio de Justicia Gratuita, ha informado el portavoz de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Isidro Moreno.

   La iniciativa, promovida por ALTODO, forma parte de las movilizaciones que se encuadran en la campaña de renuncia a las guardias en protesta por el impago de los honorarios de 2012 y la reducción en un 20 por ciento de las tasas.

   La jornada de encierro, que se inició a las 12 horas de este viernes y ha transcurrido "con toda normalidad", arrancó con una asamblea informativa sobre el Turno de Oficio y una mesa redonda en la que "varios compañeros explicaron algunas propuestas para solucionar este conflicto", ha indicado el portavoz de ALTODO.

   Además, Moreno ha señalado que se ha hecho una "presentación masiva" de renuncias a las guardias correspondientes al mes de diciembre para el Servicio de Justicia Gratuita.

El CGPJ no suspenderá de funciones a la juez Cillán hasta que el TSJM no abra juicio oral contra ella

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no suspenderá cautelarmente en sus funciones a la juez de instrucción nº 43 de Madrid, María del Coro Cillán, que ha sido procesada por un delito continuado de prevaricación, hasta que no se abra contra ella juicio oral.

   La Comisión Permanente del Consejo ha sido informada este martes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de procesar a la magistrada por un delito continuado de prevaricación, que habría cometido en relación a diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la discoteca madrileña MOMA.

   Cillán es conocida por instruir casos de relevancia mediática como la muerte del joven Álvaro Ussía o la investigación que se abrió por posible destrucción de restos recogidos en los focos de los atentados del 11-M.

   El órgano de gobierno de los jueces ha pedido al TSJM que le vaya informando del "transcurso procesal de la causa" abierta a la magistrada madrileña, si bien recuerda que el Reglamento de la Carrera Judicial no prevé la posibilidad de suspender provisionalmente a los jueces "hasta tanto en las diligencias penales se dicte auto de apertura de juicio oral". Ese es el criterio que se ha adoptado en relación con otros magistrados procesados, como Baltasar Garzón.

   La decisión del TSJM supone declarar formalmente imputada a Cillán, a quien además se ha una fianza de 17.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles que se depuren en el proceso.

   En el auto dado a conocer este martes, el TSJM aprecia la existencia de elementos típicos del delito continuado de prevaricación. Por ejemplo, señala como conducta irregular que la juez implantara una administración judicial respecto a "unos locales en los que ni consta ni se denuncia la comisión de hechos delictivos, sino una controversia entre sus titulares".

   Además, tacha de "escandaloso" que la juez nombrase a un administrador judicial "sin debate ni reflexión ninguna" y por una providencia le reconociera seis días más tarde una retribución mensual de 18.000 euros.

   Asimismo, recalca que la juez nombró para uno de los dos puestos de administrador a su propio novio, quien "pasó a ser administrador único con una retribución mensual de dos mil quinientos euros".

   El pasado diciembre, la comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incoó un expediente disciplinario a Coro Cillán por cuatro posibles faltas de disciplina cometidas en relación diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la discoteca madrileña MOMA.

   Además, se ordenó remitir al fiscal superior de Madrid, Eduardo Esteban, el acta levantada por la Inspección del Consejo tras una visita realizada a su juzgado. Esta denuncia fue el origen del procedimiento abierto ahora contra la juez Cillán.