Tras presentar la reforma de una zona interbloque en La Elipa, Carabante ha trasladado a la prensa que actualmente el Ayuntamiento está "viendo internamente la posibilidad de convertir en propietarios a los superficiarios, de manera que quienes tienen hoy una vivienda protegida del Plan 18.000 puedan tener una vivienda en propiedad y no les venza la protección".
Son los servicios jurídicos y la Intervención General los que están analizando los posibles procedimientos una vez que van venciendo los 30 años de protección. "Ha ido finalizando la protección de las viviendas y hay inquilinos y superficiarios que deciden ser propietarios pidiendo al Ayuntamiento que les venda esas viviendas", ha explicado.
"El anterior equipo de Gobierno sacó un pliego de licitación para que cualquier afectado de esas promociones pudiera acceder a la compra y, como consecuencia de críticas y controversias con los inquilinos, el Ayuntamiento desistió de ese procedimiento", ha indicado Carabante.
El Plan 18.000 toma su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital de los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.
Entre 1984 y 1997, el Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000.
Eran viviendas de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial.
Desde el
principio, superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus
viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les
correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes,
en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen
asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los
edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de
superficie.
Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento
ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte
proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal.
El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre
de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado
hasta el 31 de diciembre de 2012.
Ya en mayo de 2013, con Ana
Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y
Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de
enero de 2018, con Manuela Carmena al frente.
Debido al
interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para
consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo
pliego "pero cumpliendo el acuerdo del Pleno" que incorporaba la medida
consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que
establece que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública
podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid,
quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños",
apuntaba meses atrás el entonces delegado de Desarrollo Urbano, Mariano
Fuentes.
Esto supone que el Ayuntamiento "no puede vender en
este programa suelos destinados a protección pública, sólo los
calificados como libres y a precio de mercado", mientras que los
superficiarios del Plan 18.000 "consideran que es un agravio comparativo
con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de
suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre, tal y
como es condición obligatoria si se quiere cumplir con lo acordado en
los Pactos de la Villa".
El Pleno de Cibeles aprobó por unanimidad el 25 de abril de 2023 la
enmienda de adición firmada por el PP a las proposiciones de PSOE y Más
Madrid para dar una salida al Plan 18.000, de modo que los titulares del
mismo sean excluidos de la prohibición de la enajenación de viviendas,
como señalaban los Pactos de la Villa. Se trataba de dejar sin efecto el
pliego general de pactos y condiciones del Plan 18.000.
La
Asociación Plataforma de Afectados del Plan 18.000 ha aclarado a través
de un comunicado que no son inquilinos en ningún caso sino propietarios
de las viviendas porque las construyeron a través de cooperativas.
"Pagamos los ladrillos uno a uno, con hipotecas, y lo que deseamos es
poder comprar el suelo, pagándolo, por supuesto, a un precio justo", ha
trasladado la presidenta de la asociación, Ángeles Toribio.
"El Ayuntamiento no nos vende las viviendas, nos vende el suelo bajo el
cual están edificadas porque las viviendas son nuestras, las pagamos
nosotros", ha remarcado.
