Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza

MADRID.- El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto, según www.elindependiente.com.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.

Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto, en que poder se puede.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios.

También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”. 

“Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, añadía.

Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales ‘dueños’.

El último paso que ha dado esta organización es la presentación el pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.

“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.

“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios de carrera”, añadió.

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.

Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).

En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.

En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).

Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).

Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.

Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.

Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

Las administraciones públicas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".

   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.

   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.

   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.

   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.

   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.

   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.

   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.

   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

La Comunidad de Madrid une electrónicamente los registros de la administración

MADRID.- Madrid es la primera comunidad autónoma en unir electrónicamente los registros de la administración estatal, regional y local, con la implantación del sistema ORVE o la Oficina de Registro Virtual, una herramienta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que permitirá a los madrileños presentar la documentación requerida por cualquiera de las tres administraciones en cualquier registro de la región.

   Así lo han anunciado el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, Salvador Victoria, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en un acto que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos para presentar este sistema, después de un periodo de prueba de seis meses.

   La Oficina de Registro Virtual, a la que hasta ahora se han adherido un total de 150 municipios de la región, pero que terminará por llegar a los 179 en un breve periodo de tiempo, permite digitalizar el documento en el mismo momento en que es presentado en cualquier administración y enviarlo a la que corresponda de forma inmediata.

   Además, este trámite telemático ofrece plenas garantías jurídicas al ciudadano, quien conservará el documento original, según ha destacado el consejero de Presidencia y Justicia, que ha indicado que el sistema estará operativo en 379 oficinas de registro --los 57 registros de la Comunidad, los 27 del Estado, los 48 del Ayuntamiento de Madrid y 247 registros de los municipios restantes--.

   Victoria ha explicado que el sistema ORVE supone un ahorro de dinero y de tiempo para las administraciones, ya que la tramitación ordinaria cuesta en torno a tres euros y tarda una media de 16 días.  Mientras, para los ciudadanos supone una mayor comodidad y seguridad jurídica, ha señalado.

   Según Victoria, Madrid ha sido elegida para llevar a cabo la implantación del sistema ORVE como proyecto piloto gracias a que fue la primera comunidad autónoma en implantar la ventanilla única en todos los municipios de la región.

   Asimismo, ha subrayado la colaboración entre las distintas administraciones para este proyecto, para agregar que 2013 va a ser "un año muy complicado", que "va a requerir muchos sacrificios por parte de todos" y colaboración entre todas las administraciones.

   Por su parte, Beteta ha dicho que éste es el primer paso hacia el objetivo para 2014 de "una administración sin papeles" y, por lo tanto, "mucho más barata". De hecho, según sus cálculos, la implantación del sistema ORVE en la Comunidad de Madrid supondrá un ahorro anual de cinco millones de euros para todas las administraciones involucradas.

   "Ni un día sin reformas es el objetivo que tenemos que tener todas las administraciones", ha enunciado Beteta, quien ha asegurado que el Gobierno de España "no ha frenado su afán reformista" desde que tomó posesión hace poco más de un año.  "No hay reforma pequeña", ha aseverado, al tiempo que ha sostenido que "el tren reformista" tiene como estación final el crecimiento económico, pero pasa por las reformas estructurales.

   Así, según Beteta, la herramienta contribuirá a la consecución del "equilibrio presupuestario", al que se ha referido como la actual "garantía de la prosperidad futura".  Al mismo tiempo, posibilitará la "inmediatez", que el ciudadano pueda saber en qué estado de tramitación se encuentra su expediente y "reducir la brecha digital", ha destacado.

   En el acto han intervenido también el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ángel Fernández, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, David Pérez, y la delegada de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa.

   Calvo Sotelo ha dicho que "las nuevas tecnologías van a ser una de las principales palancas para superar con éxitos los retos a los que nos enfrentamos", ya que proporcionarán una mayor "competitividad". Asimismo, permitirán "acortar las distancias entre las distintas administraciones y el ciudadano y las administraciones".

   "La reforma de las administraciones tiene un importancia fundamental desde esa convicción", ha afirmado, en alusión al desarrollo de una "agenda digital" por parte del Gobierno de la nación.

   Por su parte, Fernández ha constatado que con iniciativas como ésta se atiende a los tres objetivos de las entidades locales: "ser útiles, facilitar la comunicación entre los ciudadanos y las administraciones y, además, ahorrando el mayor gasto posible". A su juicio, "la vía es la colaboración entre las distintas administraciones".

   Pérez ha señalado que el nuevo sistema "nace con mucha fuerza y apoyo de todas las administraciones", y que permitirá una administración "lo más transparente, lo más ágil y lo más austera posible".

   Finalmente, Dancausa  ha destacado que en el Ayuntamiento de Madrid actualmente se pueden realizar 95 trámites on line, 18 de ellos incorporados en el último año. En 2012 se presentaron más de un millón de escritos, de los que unos 50.000 iban dirigidos a otras administraciones, fundamentalmente a la Comunidad de Madrid y a la Administración General del Estado, ha precisado.

UPyD pregunta si el Palacio de Congresos cumple todas las medidas de seguridad

MADRID.- La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha enviado al Gobierno una pregunta escrita referente a la seguridad en el Palacio de Congresos del paseo de la Castellana de Madrid, para saber si el edificio cumple todas las medidas de seguridad exigibles y cuándo se han realizado las últimas inspecciones de riesgos.

   Según consta en el texto de la pregunta, la diputada de la formación magenta recuerda que el Palacio de Congresos sufrió en 1995 un incendio. "Desde entonces no se han producido las correspondientes obras de reforma y recuperación del edificio y tampoco se han realizado inversiones de entidad suficiente dirigidas al mantenimiento adecuado del inmueble", asegura.

   Ante los "trágicos acontecimientos" ocurridos en el Madrid Arena de la capital el pasado 1 de noviembre, cuando una avalancha de asistentes a una fiesta provocó la muerte a cinco jóvenes, Díez se pregunta si el Palacio de Congresos gestionado por el Instituto de Turismo de España cumple "todas las medidas de seguridad exigibles a un edificio de su categoría".

   "¿Cuándo se ha realizado la última inspección de riesgos en el inmueble y cuál ha sido el resultado de dicha inspección? ¿Tiene previsto el Gobierno realizar inversiones relacionadas con la seguridad del inmueble? ¿Por qué importe? ¿En qué plazos?", añade la batería de cuestiones de la líder de UPyD.

La reforma local obligará a las CCAA a financiar al 100% los servicios a ayuntamientos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos para la prestación de determinados servicios por parte de las entidades locales, de modo que se garantice el cien por cien de la financiación y su continuidad en el tiempo.

   Según ha explicado De la Serna en rueda de prensa en Moncloa tras reunirse durante casi dos horas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actualmente "muchos de los servicios" que prestan las entidades locales "se hacen con convenios de colaboración que no tienen estabilidad en el tiempo y cuya financiación no está asegurada".

   "Eso hace que en momentos en que se reduce la aportación de las comunidades autónomas el propio servicio queda en entredicho y las entidades locales se ven abocadas a su sustitución, a su modificación o a su desaparición", ha denunciado.

   Así, ha confirmado que la nueva ley contemplará que "cuando una entidad local vaya a desarrollar un servicio por encomienda de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tenga asegurado el cien por cien de la financiación y lo haga de una manera estable en el tiempo para planificar los recursos adecuadamente y con una cierta garantía".

   "No es una ley de haciendas locales pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida", ha reconocido, para añadir que "contiene algunos artículos que mejoran mucho la relación institucional entre las diferentes Administraciones Públicas".

   En este sentido, ha manifestado que le parece "muy positivo" que "por primera vez el Gobierno central introduzca una cláusula de salvaguarde" lo que hacen los ayuntamientos actualmente "sin ningún tipo de cobertura jurídica".

 "Va más allá, garantizando la prestación en el tiempo", ha valorado, para añadir que desde la FEMP plantean que la nueva ley establezca un plazo determinado de años durante los que deba garantizarse la prestación del servicio.

   "Creemos que el hecho de que esa partida figure en los Presupuestos de la comunidad autónoma no es garantía suficiente, por eso aquí también pedimos un poco más: que se establezcan mecanismos dentro de la Ley que garanticen que ese dinero va a llegar", ha señalado, para añadir que "quizás una de las vías podría ser la retención de los ingresos a las Comunidades Autónomas si no cumplen".

   Asimismo, De la Serna ha destacado el hecho de que la reforma de la Administración Local pretenda clarificar competencias municipales para evitar duplicidades ya que es algo que desde las entidades locales llevan "toda la vida" reclamando, sobre todo en lo que se refiere a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos cuando son responsabilidad de otras administraciones y que, tal y como ha denunciado De la Serna, suponen un coste de 10.000 millones de euros.

   "Lo más importante es lo que tiene que ver con la distribución de competencia. El saldo cualitativo que podemos alcanzar es aquel asociado a la clarificación de competencias para evitar duplicidades. Pensamos que esa clarificación de competencias mejoraría el funcionamiento de las administraciones públicas, y el ratio de eficiencia. Nos referimos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales", ha detallado.

   Por otra parte, ha señalado que todavía queda por definir qué entidad supramunicipal será la que se encargue de prestar aquellos servicios que los ayuntamientos no vean rentable y eficiente o no estén en condiciones de prestar.

   En este sentido, ha reconocido que la asunción de dichas competencias por parte de las diputaciones provinciales es una posibilidad planteada en algunos documentos de trabajo "parciales" de cara a elaborar el anteproyecto de la ley, pero no es definitivo. "Lo que demuestra es que se está trabajando intensamente en la reforma. No debemos pronunciarnos sobre documentos parciales", ha manifestado.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.

   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  

   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.

   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.

   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.

   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.

   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

Los empleados públicos ganan un 30% más que la media

MADRID.-   El sueldo medio anual de los trabajadores con contratos temporales fue un 32% inferior al de los contratados de manera indefinida durante el año 2010, mientras que el sueldo anual del sector público superó en un 30,8% el salario medio, según la 'Encuesta Anual de Estructural Salarial' del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a 2010.

   En concreto, el salario medio bruto medio alcanzó los 22.790,20 euros en 2010, frente a los 29.811,67 euros del sector público. El sector privado, por su parte, presentó un salario medio de 21.231 euros, un 6,8% inferior al promedio anual.

   Por su parte, el salario anual de los directores y gerentes superó ampliamente los 50.000 euros en 2010, sobrepasando así en un 148,8% el salario medio de aquel año.

   También se situaron por encima del salario medio los técnicos y profesiones científico intelectuales (un 45,6% por encima) y los técnicos y profesionales de apoyo (un 22,5% superior), mientras que el resto de ocupaciones presentaron salarios inferiores a la media, siendo los más bajos los de los trabajadores en ocupaciones elementales.

   Aunque el salario medio anual se aproximó a los 23.000 euros en 2010, el INE precisa que el salario más frecuente en 2010 fue de 16.489,9 euros anuales, con una diferencia entre ambos de más de 6.000 euros. El organismo estadístico explica esta diferencia en el hecho de que aunque pocos trabajadores cobraban salarios muy altos en 2010, "influyeron notablemente en el salario medio".

   Las diferencias salariales entre hombres y mujeres apenas han variado respecto a la anterior encuesta. En general, la ganancia media anual de los hombres fue de 25.479,74 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 77,5% de esta cuantía, con 19.735,22 euros.

   El INE ha destacado que el número de mujeres que ganaron menos de 14.000 euros al año fue mayor que el de varones. A partir de esta cifra, las mujeres de cada nivel salarial son siempre inferiores en número al de los hombres con el mismo sueldo.

   Los datos de Estadística reflejan que la actividad económica que presentó el mayor salario medio en 2010 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 48.803,35 euros por trabajador de media al año, un 114,1% más que la media anual. A continuación, se situaron las actividades financieras y de seguros, con 41.638,7 euros, un 82,7% más que el promedio nacional.

   Por el contrario, los salarios medios anuales más bajos correspondieron a la hostelería, con 14.629,55 euros; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 15.682,32 euros, cantidades inferiores en un 35,8% y un 31,1% al promedio.

   Por comunidades autónomas, los salarios más elevados correspondieron a País Vasco (26.593,7 euros), Madrid (25.988,95 euros) y Cataluña (24.449,19 euros), frente a las remuneraciones más bajas, que se localizaron en Canarias (19.315,56 euros), Extremadura (19.480,55 euros) y Galicia (20.241,99 euros).

   Por edades, el organismo estadístico ha resaltado que en 2010 hubo una relación positiva entre la edad de los trabajadores y el nivel salarial, de forma que los de mayor edad, los más antiguos y los más experimentados percibieron los salarios más elevados.

   El salario medio anual en 2010 para los trabajadores de 20 a 24 años fue de 13.349,15 euros, frente a los 28.234,60 euros de los trabajadores de 55 a 59 años.

González y Botella acuerdan seguir eliminando duplicidades

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, han mantenido este martes su primera reunión institucional desde que el jefe del Ejecutivo autonómico tomara posesión de su cargo el pasado 27 de septiembre y, tras repasar los distintos asuntos que les competen, han acordado seguir eliminando duplicidades y llevando a cabo iniciativas que potencien la actividad económica en la ciudad y en la región.

   Tras casi dos horas de reunión en la Real Casa de Correos, ambos dirigentes han comparecido ante la prensa para avanzar los temas tratados y como ya lo hizo en la primera reunión que mantuvo con la expresidenta del Gobierno regional Esperanza Aguirre, Botella ha repetido con el verde, en este caso, una camiseta que acompañaba de una falda negra de flecos.

   Coincidiendo ambos en lo "fructífera" que ha sido la reunión, han destacado cuatro temas importantes, entre ellos, la nueva imagen que se va a dar a la Puerta del Sol, donde el Ayuntamiento plantará todos los árboles que el subsuelo les permita, por infraestructuras como el Metro que hay bajo la plaza, y sacará a concurso terrazas de veladores.

   Según Botella, la idea es que tanto los vecinos como los turistas puedan "vivir la ciudad" y "disfrutar" de una plaza "menos dura", que tendrá hasta sombras "necesarias" en algunas épocas del año. En este punto, ha anunciado que su actuación no se va a quedar aquí y que estudian instalar un quiosco de hostelería con terraza en la Plaza del Carmen y terrazas de veladores en Callao.

   Este asunto ha ocupado parte del encuentro e incluso han admitido que los dos se han asomado desde una de las ventanas de la sede del Gobierno madrileño para contemplar imaginariamente cómo va a quedar la plaza con este nuevo proyecto. "Desde la ventana hemos visto las posibilidades de la Plaza, son muchas", ha reconocido.

   Otro de los temas ha sido el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones para eliminar duplicidades y el presidente del Gobierno ha avanzado que antes de que finalice el año elaborarán una normativa en el marco de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad para poder, en enero, hacer factibles los acuerdos alcanzados.

   Pese al interés de los periodistas por conocer qué duplicidades se van a seguir eliminando, el presidente solo ha mencionado las del Samur y Summa, señalando que "previsiblemente" el primero será el encargado de gestionar las emergencias en la capital. En cuanto a la vivienda, González ha dicho que queda relegada a una siguiente fase de negociaciones.

   Asimismo, ha habido avances en cuanto a la instalación de un centro de excelencia universitaria gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid, y que será el desarrollo del "embrión" actual, pues en estos momentos la institución ya está desarrollando algunos programas, en concreto, estudios de postgrado.

   Por otro lado, González ha trasladado a Botella las modificaciones que quiere introducir en la nueva Ley de Patrimonio Histórico, con el fin de hacer compatibles la protección de los edificios, en este caso de la capital, con la eliminación de trabas administrativas. A juicio de la alcaldesa, la actual protección es "excesiva". Sería, además, un complemento a la Ley de Dinamización de la actividad económica.

ATA denunciará a las administraciones que se retrasen en pago a proveedores

MADRID.- La Federación de Autónomos (ATA) ha anunciado que denunciará a las administraciones públicas que se retrasen más de 30 días en los pagos a proveedores a partir del próximo 20 de marzo, día en que entra en vigor la directiva europea de morosidad, que obliga a los entes públicos a pagar sus facturas en ese periodo de tiempo.

   Durante la presentación del 'Barómetro sobre la situación de los autónomos y expectativas 2012', realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo, el presidente de la federación, Lorenzo Amor, ha afirmado que la asociación denunciará los posibles impagos, "pues si un autónomo se retrasa 24 horas con el pago de las cotizaciones sociales, le recargan un 20%, y si los demás se retrasan, no pasa nada".

   Según Amor, hay una "diferente vara de medir" para los trabajadores por cuenta propia y el resto de empresas y corporaciones, "y eso es algo inasumible".

   El barómetro revela que cinco de cada diez autónomos (55,3%) tarda más de seis meses en cobrar sus facturas. De entre ellos, el 24,1% tiene que esperar más de 361 días, "es decir, más de un año". Solo uno de cada diez trabajadores por cuenta propia espera un plazo de entre 60 y 90 días para poder cobrar.

   A pesar de que para el presidente de ATA el Plan de Pago a Proveedores que entró en vigor el pasado mes de junio "es una de las medidas más importantes que se han tomado desde el inicio de la crisis", la morosidad sigue creciendo. En concreto, el colectivo cifra en más de 5.000 millones de euros la cantidad que ya se le adeuda.

   "No entiendo por qué una Administración tarda de media 160 días en pagar sus facturas y que a un autónomo se le penalice por retrasarse un solo día", ha insistido Amor, quien ha destacado que País Vasco, Navarra, La Rioja y Galicia cumplen la ley de morosidad, "y si estas comunidades pueden, el resto también".

   "Ya está bien de cargar sobre los ciudadanos los problemas de gestión de otros", ha clamado el presidente de ATA, quien ha asegurado que la federación va a ejercer su derecho a denunciar, "tal y como le ha animado el comisario europeo de Industria y Emprendedores, Antonio Tajani".

   Casi nueve de cada diez de los encuestados (89,7%) por el Observatorio del Trabajo Autónomo no ve posible contratar nuevos trabajadores en lo que queda de año. El motivo principal para casi la mitad (45,6%) reside en la caída de la actividad.

   Además, el 87,3% de los emprendedores tiene la sensación de que el paro seguirá aumentando en 2012, frente a un 5,4% que cree que las cifras de desempleo se empezarán a reducir este año.

   El presidente de ATA ha resaltado que el pesimismo ha crecido entre los autónomos desde el último barómetro del mes de mayo, "ya que la situación sigue siendo bastante compleja". De hecho, tres de cada cuatro trabajadores (77,6%) manifiesta que la actividad económica de su negocio es negativa y un 65,9% cree que la situación irá a peor.

   En cuanto a la financiación, "otro de los principales problemas del colectivo", el 61,4% reconoce necesitar financiación para su negocio, mientras que el 30,9% no ve necesario apoyo financiero. Sin embargo, de los autónomos que admite necesitar esa ayuda de los bancos, el 65,5% no se ha dirigido a las entidades financieras para solicitar liquidez.

   De los que sí lo han hecho (33,8%), a casi la mitad (46,4%) le han denegado la financiación, al 23,5% sí se la han concedido, pero por un importe inferior al solicitado, y únicamente el 27,6% "la ha obtenido sin cortapisas".

   "A pesar de todo y conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la economía, la mayoría (60,2%) del colectivo ha decidido no repercutir el aumento del IVA en sus productos y servicios", ha aseverado el presidente de ATA, quien ha especificado que el 42,6% ha asegurado que no lo hará nunca, mientras que el 17,6% lo hará a partir del 1 de enero de 2013.

   Para siete de cada diez autónomos (71,5%), las subidas del IVA y del IRPF "no son las medidas más indicadas para salir de la recesión". No obstante, la reforma laboral está vista "con muy buenos ojos" por el colectivo, ya que el 78,6% la apoya.

   Asimismo, la reducción de las cotizaciones a las nuevas altas de familiares colaboradores es la segunda medida mejor valorada, con un 68% de aceptación entre el colectivo.

   Sin embargo, Lorenzo Amor ha advertido de que "seguir apretando la llave de la economía, que son los autónomos, asfixiará más a este país". El presidente de la federación ha subrayado que el colectivo no pide que le regalen nada, "sino que no le pongan trabas a la hora de generar empleo".

El Gobierno crea una autoridad fiscal para supervisar los presupuestos de todas las administraciones

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo va a crear una autoridad fiscal independiente para controlar el gasto de todas las administraciones públicas españolas.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, la vicepresidenta ha explicado que la intención del Gobierno es que esta institución "sea capaz de anticipar las desviaciones en los presupuestos de las administraciones".

   Además, la autoridad fiscal se encargará de controlar el gasto de los organismos públicos. Según ha señalado Santamaría, los PGE para el próximo año abordan "dos elementos fundamentales de actuación política y económica: el control del déficit público y la puesta en marcha de reformas que sean capaces de crear empleo y riqueza en España".

El Gobierno fija como retribución máxima para los alcaldes el sueldo de un ministro: 68.981 euros

MADRID.- El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.

   Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.

   El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles

   El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.

   La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.

   En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.

   Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.

   Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".

   Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.

   También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.

   Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.

   Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.

   Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

El Gobierno plantea a las CC.AA. homogeneizar los sueldos de los funcionarios

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.

    Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
    El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra.  De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
    Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.

Bruselas obligará a España a aumentar la frecuencia de las ITV

BRUSELAS.- España se verá obligada a aumentar la frecuencia de las ITV a coches y motocicletas que tengan más de seis años, que deberán someterse a controles anuales, según una propuesta legislativa presentada este viernes por la Comisión Europea. En la actualidad, la normativa española sólo introduce los controles anuales a los coches a partir del noveno año, mientras que las motos viejas pasan la ITV cada dos años.

   El objetivo de esta iniciativa, que debe ser respaldada por los Veintisiete y la Eurocámara, es salvar más de 1.200 vidas al año y evitar más de 36.000 accidentes relacionados con fallos técnicos de los vehículos.

   Los fallos técnicos causan el 6% del total de accidentes de coche, lo que representan 2.000 víctimas mortales al año en la UE. Esta proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto, según los datos de Bruselas.

   La propuesta aumenta la frecuencia mínima de los controles técnicos para los coches, que deberán pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda dos años más tarde y una vez al año a partir del sexto año. La normativa europea actual contempla inspecciones cada dos años a partir del sexto año.

   En el caso de España, la normativa vigente obliga a los coches a pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda a los seis años, la tercera a los ocho años y anualmente desde el noveno año. La legislación europea forzará a adelantar las inspecciones anuales al sexto año.

   La propuesta de Bruselas fija por primera vez a nivel de la UE controles para motocicletas, que no existen en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. En España, las motos ya están obligadas a pasar la ITV, pero la norma europea obligará a que los controles sean anuales a partir del sexto año, en lugar de cada dos años como sucede en la actualidad.

   "No creo que esté sirviendo a ningún lobby", ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, al ser preguntado por las críticas que le acusan de favorecer indebidamente al negocio de las ITV. Kallas ha insistido en que las estadísticas demuestran que a partir del sexto año los vehículos tienen más fallos técnicos.

   "Si conducimos un coche que no está en buenas condiciones para circular, nos convertimos en un peligro para nosotros mismos y para quienes nos acompañan", ha insistido Kallas. "Es más, somos un peligro para todos los demás usuarios de la carretera que nos rodean", ha señalado.

   La norma aumenta además la frecuencia de las inspecciones técnicas para los automóviles y furgonetas con un kilometraje excepcionalmente alto, 160.000 kilómetros en cuatro años. Estos vehículos deberán pasar la ITV anualmente a partir del cuarto año.

   Finalmente, Bruselas fija estándares comunes de calidad para las inspecciones técnicas y obliga a controlar los componentes de seguridad electrónicos. La normativa actual, que data de 1977, no obliga a controlar gran número de fallos técnicos que tienen graves implicaciones para la seguridad, como por ejemplo el ABS o el control electrónico de seguridad.

   Los Estados miembros tendrán libertad para imponer requisitos de control más estrictos que los que marca la UE.

Aguirre y Botella acuerdan reducir nueve duplicidades entre Ayuntamiento y Comunidad

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, han firmado este lunes un acuerdo para acabar con nueve duplicidades entre ambas administraciones, garantizando que el traspaso de competencias se hará con todos los recursos materiales y humanos que tienen hasta ahora.

   De esta forma, el Ayuntamiento cede competencias que detentaba por valor de 31,5 millones de euros, mientras que asume otras traspasadas por la Comunidad con un coste económico de 11 millones de euros.

      En concreto, la Comunidad de Madrid transferirá al Ayuntamiento de la capital los 17 centros de mayores, centros culturales (el Centro Pilar Miró), instalaciones deportivas (San Vicente de Paul y el Campo de Fútbol de Puerta Bonita) y los tres albergues juveniles.

   Por su parte, el Consistorio transferirá al Gobierno regional los tres centros residenciales para mayores, servicios de drogodependencia (siete instalaciones), los dos centros de atención a la discapacidad, los siete bibliometros y la atención telefónica de urgencia, de manera que el teléfono 092 se integrará en el 112.

   Ambas administraciones se comprometen a hacer efectivas estas transferencias el 1 de enero de 2013 y que se recojan en los presupuestos para el próximo ejercicio que se elaborarán a finales de año.

  En concreto, estiman que con esta primera fase, la cuantificación económica que se ahorra el Ayuntamiento con el traspaso es de 31,5 millones de euros y de 11 millones de euros en el caso de la Comunidad (cada administración asume el gasto de la otra).

   En cuanto a la segunda fase, ambas dirigentes han explicado que tendrá lugar en el 2013 y supondrá la supresión de duplicidades en el ámbito de asistencia sanitaria de urgencia, de los centros de día de mayores, ayuda a domicilio de dependientes y discapacitados, bibliotecas, asistencia sanitaria, escuelas infantiles de titularidad pública, vivienda y empleo.

   Desde julio de 2011, la administración regional y local trabajan para conocer cuáles son los ámbitos en que existen duplicidades y cómo deben corregirse. En el mes de mayo, además, se aprobó en la Asamblea de Madrid un dictamen de la comisión de duplicidades en el Parlamento madrileño, a los que se añadieron trabajos de carácter técnico desarrollados en oficinas de las dos administraciones.

   Botella ha garantizado que los traspasos incluyen recursos materiales y humanos vinculados a cada función pero no las dotaciones presupuestarias. En este sentido, la alcaldesa ha explicado que este primer convenio, pionero entre administraciones, "mejorará la asignación de los recursos públicos y abaratará la gestión" de los mismos.

   La regidora de la capital ha señalado que los ciudadanos demandan "servicios de calidad y prioridades de gasto razonable", por lo que su esfuerzo pasa por que no se dupliquen los servicios y si bien ha reconocido que hasta ahora duplicar en medio ambiente o seguridad siempre ha sido "beneficioso" porque "contribuye a la mejor protección", hay otros servicios sociales, como los de los mayores, las escuelas infantiles o las bibliotecas, que se reduce a una simple duplicidad.

    "Hoy los ciudadanos nos exigen que cada euro que gastemos sea necesario e imprescindible", ha recalcado Botella, quien ha señalado que, por eso, firman ambas este acuerdo "para delimitar con precisión todas las garantías, evitar duplicidades y ser más eficaces". 

"Vamos a mejorar la gestión de los servicios públicos y todo sin reducir la calidad y la extensión", ha insistido.

   Por último, Botella ha considerado que el "posible ahorro" es "importante" pero lo es "mucho más" el objetivo de "ganar en eficacia y eficiencia" y mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. Es consciente de que es un "camino muy largo y complicado" pero lo considera "un primer paso" en un momento en el que están "obligados a trabajar" en este sentido.

   Por su parte, la presidenta madrileña ha asegurado que es una "satisfacción enorme" el haber podido firmar este protocolo porque van a prestar "de manera más eficiente, con menor costo a la misma y mejor calidad" los servicios ahora duplicados. Además, ha recordado que es un acuerdo cuyo compromiso adquirió en el debate de investidura celebrado hace un año, "cuando los madrileños le entregaron la mayoría al PP".

   "Me comprometí a crear una comisión para determinar con claridad las competencias duplicadas y lo cierto es que Madrid es la única que ha llevado a su Parlamento una iniciativa de este tipo", ha recordado la dirigente autonómica, quien ha añadido que las situaciones de crisis "muchas veces tienen aspectos positivos" y se afrontan problemas "que en épocas de bonanza nunca parece el momento" de hacerlo.

   En este punto, Aguirre ha explicado que hasta el momento no es que el Ayuntamiento y la Comunidad lo hayan estado haciendo mal con las duplicidades, sino que lo han hecho con "la sana intención de aumentar el beneficio" y ha recurrido al refranero para apostillar que "el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones".

   La presidenta madrileña ha recalcado que los ciudadanos quieren que "el servicio que se le preste sea de la mejor calidad y al menor coste posible" independientemente de quien lo gestione, por lo que ha considerado un paso importante el acuerdo de hoy, que tiene también como objetivo el extenderlo a otros municipios de la región "para beneficiar a un mayor número de ciudadanos".

   Durante la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, han estado presentes los consejeros del Gobierno de Aguirre, los delegados del Consistorio de la capital, y algunos diputados, como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna.

UPyD pedirá saber la distribución de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- UPyD quiere que el Gobierno explique sus planes de reforma de la administración local y cómo piensa redistribuir las competencias entre los ayuntamientos, las diputaciones, las Comunidades Autónomas y el Estado para evitar duplicidades.

   La iniciativa ha sido llevada al Congreso de los Diputados por la portavoz del grupo de UPyD, Rosa Díez, que quiere una respuesta por escrito a varias preguntas después de conocerse esta semana el informe preparado por Administraciones Públicas como base para la negociación con el PSOE de esta reforma.

   En texto se propone una lista de competencias municipales que mantiene básicamente las actuales, pero eliminando las relativas a educación y sanidad. "Es necesario que el Gobierno exploque cuál es el plan de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y la nueva distribución de competencias", asegura la diputada.

   En sus preguntas, UPyD quiere que el Ejecutivo aclare si quiere eliminar esas competencias en educación y sanidad, qué otras competencias cree que deben ser revisadas "y en su caso reorganizadas con los diferentes entes territoriales de España", y qué otras medidas pretende promover al reformar la citada Ley de Bases.

La CSI-F pide a Montoro que no pueda despedirse a funcionarios con oposición

MADRID.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha dirigido una carta de tres páginas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le insta a interceder ante el Grupo Popular para que modifique la reforma laboral en el Senado y se excluya de la posibilidad de despedir a empleados públicos por causas técnicas, organizativas y de producción a aquellos que obtuvieron su plaza mediante oposiciones.

   La organización también ha remitido la misiva a los presidentes de las comunidades autónomas para que los barones 'populares' también intervengan coincidiendo con el trámite final de la reforma y ésta incorpore una enmienda 'in extremis'.

   La carta enviada incluye el texto que el sindicato pide añadir a la disposición adicional segunda de la reforma, por la que, según señala, se abre la puerta al despido de 700.000 trabajadores en el conjunto de las administraciones públicas pese a haber aprobado unas oposiciones.

   "Que en ningún caso, lo establecido en esta disposición adicional segunda, sea de aplicación al personal laboral que ha adquirido esta condición por el procedimiento selectivo de ingreso establecido al efecto", puntualiza el sindicato.

   De esta manera, CSI-F señala la necesidad de acordar una redacción alternativa "que deje claro que el acceso mediante un proceso selectivo realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleados Público, sea elemento diferenciador".

   En el argumentario que CSI-F incluye en la carta, el sindicato recuerda que "el actual déficit que atraviesa España no ha sido generado ni por los servicios públicos ni por sus empleados", que, sin embargo, "han ocupado páginas y páginas en los medios de comunicación, como si fueran la causa y la solución viniera de la destrucción de la calidad en los servicios públicos y con la degradación de las condiciones laborales".

   "Creemos que se hace necesario buscar soluciones que no sean bajar el sueldo a los empleados públicos, ni reducir una administración con un tamaño homologable a los estándares europeos", añaden, para apostillar que "probablemente los 'mercados' tengan más información que los ciudadanos sobre las causas de la actual situación y vean que las medidas adoptadas sobre la función pública no hacen sino generar un alto grado de inestabilidad económica en los trabajadores públicos con una contraproducente repercusión al provocar un importante descenso del consumo".

   Asimismo, CSI-F pone el acento en "muchos gastos realizados por las administraciones públicas en muchos conceptos que no son servicios públicos" o en "algunas empresas públicas que sólo existen para burlar los controles públicos del gasto y de la contratación".

La administración pública española paga ya a 160 días frente a los 65 de media europea

MADRID.- La administración pública española ha aumentado sus plazos de pago de las facturas a proveedores hasta los 160 días en 2012, un 4,5% más respecto al mismo periodo de 2011, con lo que supera en 95 días a la media europea, fijada en 65 días, según informa Intrum Justitia en un comunicado.

   El director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, explicó que "estas cifras muestran la falta de eficacia de la Ley de Morosidad, ya que los plazos de pago de administraciones públicas y empresas en España no solo no han disminuido, sino que mantienen su escalada".

   De esta forma, el 90% de las empresas españolas cree que el Gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer para combatir la morosidad, a pesar de que el próximo 31 de mayo los ayuntamientos podrán empezar a pagar a los proveedores en el contexto del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FPP).

   Salvaterra consideró que "esta inyección a empresas será muy positiva y puede contribuir a regularizar las facturas con retraso en el pago y que se comiencen a pagar en tiempo las facturas vigentes".

   Además, respecto a la Directiva Europea de lucha contra la morosidad, el 81% de las empresas españolas cree que no ha tenido un impacto positivo; esta cifra se reduce hasta el 64% a nivel europeo.

   Así, el 80% de las empresas españolas teme un impacto negativo en su liquidez como consecuencia de los retrasos en los pagos e impagos. Más alarmante es el porcentaje de empresas que ve amenazada su supervivencia por la morosidad, que se sitúa en el 45%.

   Esta combinación de elementos ha supuesto que en 2012 las empresas españolas hayan encabezado el ranking europeo con el plazo medio de pago más largo: 97 días (45 más que la media europea).

   Por último, Salvaterra afirmó que "se tiene que interiorizar la importancia que tiene no pagar las facturas a tiempo; eso sumado a los impagos tiene un resultado fatal en la economía de las empresas porque las pérdidas por impagos suponen para España un déficit de 28.590 millones de euros".

Los Ministerios renegocian el alquiler de los edificios que ocupan

MADRID.-  Los Ministerios han comenzado ya a dar los primeros pasos para rebajar la factura de 100 millones de euros que pagan en su conjunto por los alquileres de los edificios que ocupan y que no son de titularidad pública. Uno de los contratos más significativos por su coste es el de las Torres Agora. En este caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere lograr una rebaja del 20 por ciento en los 8 millones que paga anualmente. De momento, Defensa ya ha ahorrado 300.000 euros y el Ministerio del Interior, prevé rebajar sus gastos por este concepto en un mínimo de 700.000 euros este año.

   Según el Inventario General de Bienes Inmuebles, la Administración General del Estado dispone de casi 55.000 edificios. Sin embargo, a pesar de esa cifra y de que hay patrimonio sin utilizar, cada año se pagan 100 millones de euros en alquileres. Según explicó la vicepresidenta del Gobierno en su comparecencia en el Senado, sólo en el centro de Madrid, en el interior de la M-30, hay patrimonio inmobiliario si utilizar por valor de 500 millones de euros.

   Por este motivo, el Gobierno aprobó en marzo llevar a cabo un Plan Integral de Gestión de ese patrimonio. El primer paso que se ha dado en esta dirección se ha producido hace unos días, con la constitución de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, que depende del Ministerio de Hacienda, y en la que están representados varios ministerios, entre ellos Defensa, Fomento y Exteriores. Los dos primeros son precisamente los departamentos ministeriales con más inmuebles en propiedad.

   En este primer encuentro se acordó, como medida más inmediata para el ahorro de costes, la renegociación de los alquileres, pero ésta  estará encuadrada en un plan más amplio para la optimización de los espacios públicos dependientes de la administración central mediante una gestión integral de los mismos.

   Para ello, ese mismo día se dio también la orden de realizar, a través de una aplicación web, un listado de los edificios que cada Ministerio tiene en propiedad y en alquiler y los espacios libres de que dispone con el objetivo de cruzar datos entre Ministerios y lograr sinergias en el aprovechamiento.

   Tras la orden, todos los ministerios se han puesto manos a la obra en la recopilación de datos y en la renegociación de contratos. Esto último incluso, con la perspectiva, en algunas ocasiones, de poder dejar en un futuro los espacios alquilados para reubicarse en edificios públicos.

   Este por ejemplo, es el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ya ha comenzado a renegociar el alquiler de las Torres Agora, un complejo de dos torres de 14 plantas, con más de 30.000 metros cuadrados y tres sótanos con capacidad para 500 plazas de aparcamiento, propiedad de Inmobiliaria Colonial.

   Fuentes gubernamentales aseguran que este es precisamente uno de los alquileres más costosos. Su precio se negoció en el pico alto del boom inmobiliario, en el año 2003, y el Ministerio que dirige José Manuel García Margallo está pagando ahora 650.000 euros al mes, lo que supone 8 millones al año. Desde 2004, que es cuando los diplomáticos ocuparon el complejo, el Gobierno ha pagado 64 millones de euros.

   Ahora, Exteriores quiere rebajar la factura como mínimo un 20 por ciento, lo que supondría, pasar a pagar 6,4 millones de euros anuales. Pero además, y según las fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, la intención es llegar a un acuerdo con la propiedad para dejar el edificio en un futuro, ya que la idea es volver a Marqués de Salamanca, donde estaban originalmente, si se hacen las reparaciones necesarias.

   Otro de los departamentos alquilados que Exteriores quiere reubicar en patrimonio público es la Dirección General de Asuntos Consulares, que antes estaba en Torres Agora, pero por una cuestión operativa se trasladó a la calle Ruiz de Alarcón, donde ocupan 4.000 metros cuadrados.

  Por otro lado, el Ministerio de Defensa ya ha logrado rebajar su gasto en alquiler en más de 300.000 euros tras la integración de la empresa pública Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA) en la sociedad estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE). El cambio implica que las dos sociedades compartirán sede.

   Al margen de esto, Defensa cuenta como fuente de financiación la venta de inmuebles que gestiona el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), aunque es un patrimonio que se va reduciendo. Así, si entre 2005 y 2008 aportó 300 millones de euros cada año, en 2009 aportó 50 millones y en 2010 sólo seis millones.

   En el Ministerio del Interior, el espacio que ocupa se divide en dos apartados, por una parte los servicios centrales y por otra, los inmuebles de Policía y Guardia Civil, donde según indican fuentes de este departamento ministerial, la mayoría son instalaciones propias. Aún ya se están renegociando algunos contratos.

   Y en lo que se refiere a los servicios centrales, buena parte son recursos propios, pero cuentan con dos edificios alquilados que generan un gasto de 1,7 millones anuales. En uno de ellos, el contrato tiene vigencia para varios años, pero el otro finaliza cuando acabe el año y, según informa este Ministerio, se va a poner fin a esta relación contractual, lo que supondrá un ahorro de 700.000 euros.

   El Ministerio de Justicia tiene un total de 125 contratos de alquiler, pero sólo algunos de estos son edificios enteros, el resto son dependencias más pequeñas. No obstante, los servicios del departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón ya están estudiando qué alquileres concluyen, dónde reubicar determinados servicios en espacios propios y los arrendamientos que renegocian.

   En la misma tarea se encuentra el Ministerio de Fomento, que tampoco descarta abandonar algunos inmuebles que tiene alquilados y agrupar su actividad en otros en propiedad. Este departamento cuenta con muchas sedes repartidas por todo el país y está realizando el diagnóstico en estos momentos.

  Educación y Cultura también está en la misma tónica, aunque admiten que con algunos de los edificios que ocupa la parte relativa a Cultura están teniendo más dificultades.

Montoro podrá destituir a cargos públicos que incumplan la Ley de Estabilidad

MADRID.- El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier administración pública", Estado, CCAA o ayuntamiento, que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

   La Ley de Transparencia consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.

   La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.

   La norma establece que el órgano competente para "ordenar la incoación" cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda. En los demás supuestos, el órgano competente será el titular de Hacienda.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a "la pérdida de la condición de alto cargo".

 "La inhabilitación, como es una pena, la hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.

   Hace un par de meses, se preguntó a la portavoz si, en caso de que un consejero no envíe un plan de ajuste a Hacienda, el responsable podría ser el  presidente autonómico. Santamaría hizo hincapié en que "el responsable solo puede ser el competente".

 "La competencia determina la responsabilidad", recalcó entonces.

  Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha señalado este viernes que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.

   Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

   Entre las novedades hay un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

   La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.

   Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Santamaría ha concretado que "es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información" para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano que se encargará de redistribuirla".

   Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según la vicepresidenta.

   Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.

  El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración democrática y considera  que "tendrá efectos económicos porque genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.

   Sáenz de Santamaría ha manifestado que se trata de una norma "compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.