MADRID.- La caza en España es un sector económico de primer orden. Genera
anualmente una actividad valorada en 6.475 millones de euros, lo que
supone un 0,3% del PIB español y equivale a toda la riqueza creada por
un sector tan potente como el del vino. Esta afición da empleo, entre
trabajos directos e indirectos, a 186.758 personas, lo que equivale al
81% de la plantilla de la industria de la automoción.
Estas
son algunas de las principales conclusiones del primer estudio
realizado sobre 'El impacto económico y social de la caza en España',
elaborado por la consultora Deloitte por encargo de la Fundación
Artemisa, el grupo de presión que engloba a las principales
organizaciones de cazadores e industriales del sector.
Como admitió el
presidente de Artemisa, José Luis López-Schümmer, con el documento
quieren cortar de raíz los ataques e insultos que recibe el colectivo,
sobre todo desde las redes sociales, y reclamar, por contra, «el
reconocimiento que se nos debe» por la importante contribución de este
sector al desarrollo económico y social del país, al mantenimiento del
medio rural, y a la conservación del medio ambiente.
El estudio se presentó en el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y varios de los principales responsables
de este departamento asistieron al acto para dar su «respaldo total» a
la actividad cinegética y a sus protagonistas, por su preservación del
medio ambiente y por ser clave, destacaron, para frenar el
despoblamiento rural.
En España hay 713.139 personas con licencia
de caza que practican la actividad en unos 32.800 cotos asentados en
43,8 millones de hectáreas declaradas como de aprovechamiento
cinegético, lo que representa nada menos que el 87% del territorio
español. Más de la mitad de estos terrenos, en los que cada año se
abaten 20 millones de piezas menores y 600.000 de caza mayor, están en
las dos Castillas y Andalucía.
La caza, de hecho, es el tercer deporte
español con mayor número de federados, detrás del fútbol y muy cerca del
baloncesto, y en Europa solo Francia supera su número de licencias.
El
cazador tipo, según el estudio, es un hombre de 46 años o más, con
empleo y estudios universitarios, que gasta anualmente unos 9.694 euros
en su afición, que practica tanto caza menor como mayor en cotos, y que
tiene como principales destinos Castilla-La Mancha (86%), Castilla y
León (35%), Andalucía (34%), y Extremadura (33%).
España es, además,
como demostró la reciente visita de Donald Trump Jr., uno de los
principales destinos de turismo cinegético del mundo, por la diversidad
de especies y modalidades de caza.
El gasto anual directo de los
diferentes agentes cinegéticos es de 5.470 millones de euros, en un 67%
realizado por los propios cazadores, y su contribución el PIB equivale
al 4% de la generada por la construcción o al 9% de la del sector
financiero. La Administración también se beneficia de la actividad, pues
recibe 614 millones anuales a través de tasas e impuestos.
De los
puestos de trabajo que genera, 45.497 son empleos directos de los cotos
y organizadores de cacerías y 141.261 indirectos. Un dato que destaca
el estudio es que siete de cada diez puestos dan empleo a personas del
mundo rural con nivel de estudios primario, que tendrían muy difícil su
integración laboral sin esta actividad.
Los
propietarios y administradores de terrenos cinegéticos destinan
anualmente unos 285 millones de euros a acciones de gestión y
conservación de la caza y la fauna silvestre. En concreto, dedican 233
millones a repoblaciones e inversiones de conservación medioambiental y
54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, y a podas,
cortafuegos y otras mejoras del monte.
La actividad de la caza y
sus inversiones, recuerda el documento, deduce también de forma
importante los accidentes de circulación y los siniestros agrícolas en
el mundo rural. Evita la sobrepoblación de jabalíes y corzos, que son
los responsables del 54% de los siniestros de tráfico causado por fauna
silvestre, y también reduce los daños agrícolas, el 12% de los cuales
son atribuibles a especies cinegéticas.
López-Schümmer, en su
resumen del estudio, indicó que sin cazadores habría más accidentes de
tráfico, crecerían los daños a las cosechas, se devaluaría la
conservación de los espacios naturales, aumentarían los incendios
forestales, se extenderían las enfermedades en el ganado, descendería el
valor del patrimonio rural, y aumentaría la despoblación de estos
pueblos, muchos de los cuales ya están cerca de su extinción.
