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lunes, 2 de julio de 2018

España, único país del euro donde se está adelantando la edad efectiva de jubilación

MADRID.- España es la única potencia de la eurozona donde se está adelantando la edad efectiva de jubilación tras haberse impulsado las reformas en pro de la sostenibilidad del sistema público de pensiones que pretendían justo lo contrario: retrasar el grueso de las jubilaciones. En el resto de socios del euro, con la única excepción de los Países Bálticos, las vidas laborales se alargan y se pospone la edad de retiro. De este modo, se agranda la brecha entre la edad real y la edad legal de jubilación, según recoge elEconomista.

Lejos de demorarse las jubilaciones, como pretendió la reforma de 2011 y, en general, el marco normativo al que se aferran las economías avanzadas, en España se está adelantando la fecha efectiva de retiro. 
Según los últimos datos completos y comparables de la OCDE, las jubilaciones anticipadas se han adelantado seis meses frente a los registros de 2011 situándose la edad media de retiro española en los 62,4 años frente a la pretensión de llevar la jubilación gradualmente hasta los 67 años en 2027 y frente a los 62,9 años en que se situaba en 2011.
Mientras, en el mismo periodo, Alemania ha conseguido retrasar la edad media de jubilación un año y medio (de 61,7 a 63,2 años); Francia, un año (de 59,2 a 60,2); Italia un año y ocho meses (de 60 a 61,7 años); Portugal, un año y dos meses (de 65,7 a 66,9); Grecia, en medio de sus rescates, ha logrado un ensanchamiento de 4 meses (de 60,8 años a 61,1); y el conjunto de la eurozona un año y cuatro meses (de 61,7 a 63 años).
Estos retiros anticipados son otro de los factores que presionan al alza el gasto en pensiones, unidos a la mayor esperanza de vida. Como explica el secretario general de Ocopen, Manuel Álvarez, esta deriva es sumamente significativa. 
"Antes de las reformas, la edad de jubilación había ido aumentando y estaba más próxima al tope legal de retiro. "La evolución lógica hubiera sido que siguiera subiendo", justifica.
Nuestro país pincha en la consecución de esta meta, lo que engorda el desafío de las cuentas de la Seguridad Social y pone de manifiesto que nos alejamos de la pretensión de la reforma de 2011, que incluía un retraso gradual de la edad legal de jubilación hasta llegar paulatinamente de los 65 años anteriormente vigentes a los 67 en 2027.
Diversos expertos y organismos, como el Fondo Monetario Internacional recomiendan que se alarguen las vidas laborales ante el desafío que supone la pirámide poblacional envejecida, la baja natalidad, y la mayor esperanza de vida para los sistemas públicos de pensiones.
El fracaso español en la consecución de esta meta pone de manifiesto, además, uno de los grandes hándicaps de los gobiernos en materia de pensiones: la presión electoral de pasar por las urnas cada cuatro años rebaja la intensidad pedagógica a la hora de explicar con nitidez a los ciudadanos la situación exacta que aguarda al Sistema Público e implicar a los distintos actores en el reequilibrio de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. 
En parte, explican los expertos consultados por elEconomista, sucede que no ha calado el mensaje de demora en la edad de jubilación. Por otro lado, tanto la reciente crisis, como la incertidumbre normativa, ha propiciado que crecieran las jubilaciones anticipadas.
España no solo se queda sola en la eurozona en esta deriva al acortamiento de la vida laboral; también se queda rezagada en la comparativa con la OCDE, el club de las economías más avanzadas. En EEUU, en Reino Unido, Australia, Chile, Japón, y en la media del club de las economías más potentes, la edad efectiva de jubilación se ha ido retrasando, con la excepción de México, donde ha descendido ligeramente, pero por motivos no comparables, ya que ha bajado de 70,2 años a 69,5 en un país que ha experimentado una fuerte modernización de su estructura económica.
La bajada continuada de la edad promedio de jubilación real en España se debe, sobre todo, al auge de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas que se han producido de forma transversal y generalizada en la mayor parte de los sectores de actividad, amén del impacto que los ERE acaecidos durante la crisis que propiciaron la salida anticipada de numerosos efectivos del mercado laboral español.
Como explica el investigador de la Universidad de Essex Javier Santacruz, mientras las prejubilaciones se sigan manteniendo como una de las principales vías para salir del mercado laboral antes de la edad legal de jubilación, la edad real seguirá reduciéndose hasta los 62,2 años en 2018. 
Solo cambios normativos que impidan su aplicación y el fin de la reestructuración de sectores como el bancario u otros sectores regulados (eléctrico, telecos...) que son grandes emisores de salidas del mercado antes de la edad, pararán la tendencia a la baja de la edad real y, por tanto, irá convergiendo a la edad legal como sí está ocurriendo en el resto de países comparables de la eurozona, explica Santacruz.
Los datos del Ministerio de Trabajo constatan la caída de la edad efectiva de jubilación, pero arrojan una cifra diferente a la reflejada por la OCDE. Según los registros estadísticos oficiales del Gobierno español, la edad media de retiro cae desde 2013, fecha de la más reciente reforma de las pensiones, y se sitúa en los 64,1 años en el último ejercicio con datos cerrados (2016), frente a los 62,4 años que recoge la estadística del club de las mayores economías del planeta. 
La razón es que la estadística de la OCDE 'limpia' y homogeneiza las diferencias entre regímenes singulares que no coexisten en todos los países, como pueden ser, entre otros, el del carbón o el de clases pasivas. Como explica el secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, la metodología de la OCDE es la más consistente. Mide las variables en todos los países de la misma forma, de manera que puedan ser completamente comparables y fieles a la realidad del tejido económico y social.

jueves, 24 de mayo de 2018

Estos son los requisitos para los policías que se quieran jubilar con 59 años

MADRID.- Policías locales de todo el país se han manifestado por las calles de Madrid para pedir la jubilación anticipada a los 59 años. Igual que sus colegas de los cuerpos de seguridad autonómicos, que sí pueden prejubilarse. Apuntan desde los sindicatos que “un policía de 65 años no está en las condiciones físicas necesarias para servir eficazmente al ciudadano”.

CSIF, uno de los sindicatos convocantes de la manifestación, asegura que más del 10% de los agentes locales tienen más de 50 años y que no hay suficientes puestos “de oficina” para poder reubicarlos a todos. Afirman que las plantillas de la policía local son “plantillas envejecidas que es necesario renovar con efectivos”.
Después de casi un año “sin noticias”,  un día antes de la manifestación, el Partido Popular incluyó una enmienda a los Presupuestos que incluyen las reivindicaciones de los policías. “Un paso en la dirección correcta” para algunos, y “mero oportunismo político” para otros.
La medida incluye una cotización adicional como contrapartida y para mantener el equilibrio financiero del sistema, aplicando un tipo del 10,6% sobre la base de cotización que se repartiría entre un 8,84% a cargo de los ayuntamientos y el 1,76% a cargo del propio policía.
¿Pero, cuales son los requisitos y especificidades que debe cumplir un policía local que se quiera jubilar a los 59 años?, se pregunta y reponde la Cadena COPE.

Años trabajados
A la edad de jubilación estándar se le puede restar el producto de multiplicar los años cotizados en la policía local por un coeficiente del 0,20 siempre y cuando no supere los seis años.

Años de carencia
La anticipación de la edad de jubilación estará condicionada a la necesidad de tener cubierto el periodo de carencia de 15 años necesarios para acceder a la cotización y 15 años como policía municipal.

Faltas
Se descontarán las faltas al trabajo excepto por enfermedad, accidente, maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y permisos y licencias retribuidas.

Cotización adicional
Como contrapartida y para mantener el equilibrio financiero del sistema, este decreto para la prejubilación lleva consigo un incremento en la cotización a la Seguridad Social.

Sistema escalonado
Se trata de un régimen transitorio que irá cambiando hasta 2027. Un policía local que acceda a esta pensión en 2018 necesitará 35 años y 6 meses cotizados, 36 años si accede en 2021 y 37 si se produce en 2027 o en años posteriores.

lunes, 30 de abril de 2018

Los (pocos) casos en los que el autónomo sí puede prejubilarse

MADRID.- La jubilación anticipada para los trabajadores por cuenta propia también existe, aunque no es muy común. En este artículo de Cinco Días se explica cuáles son los casos en los que un autónomo puede prejubilarse.

Según explica la empresa Plus Ultra Seguros la primera condición que hay que cumplir para poder realizar esta gestión es ser “mutualista”. Además de cumplir una serie de requisitos comunes
  • Pueden solicitarlo dos años antes de la edad que reglamentariamente sea de aplicación, que actualmente es de 65 años y 6 meses. No obstante, en unos años la edad de jubilación se fijará en los 67 años, por lo que los autónomos podrían prejubilarse a los 65.
  • Estos profesionales por cuenta propia deberán acreditar un periodo de cotización efectiva de, al menos, 35 años; siendo dos de ellos correspondientes al periodo de 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud o al momento de cese.
Una vez se aceptada la jubilación anticipada, estos autónomos experimentarán una reducción en la cuantía a percibir que va del 2% por trimestre para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses hasta el 1,625% por trimestre para aquellos que hayan cotizado más de 44 años y medio.
Eso sí, según explica la empresa anteriormente citada hay excepciones en lo que respecta al periodo de cotización de algunos colectivos, como son los del sector agrario o los autónomos contratados a tiempo parcial.
También podrán acogerse quienes se hallen en uno de estos dos grupos, ambos con una edad de 60 años.
  • Profesionales que se acogieron al Régimen Especial de la Minería del Carbón a día 1 de abril de 1969 y cotizasen a alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón a día de 31 de enero de 1969 o con anterioridad.
  • Quienes estuvieran en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar a día de 1 de agosto de 1970.

miércoles, 25 de abril de 2018

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 
En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.
Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 
Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.
 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.
La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 
Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 
La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 
En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.
Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 
Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 
De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.
Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 
Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.
Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.
Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.
El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.
Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 
Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.
El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.
Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 
Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 
Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.
Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.
Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 
Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).
En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 
Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.
Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.
Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

sábado, 14 de abril de 2018

Los tres modelos de pensiones que sí funcionan en Europa

MADRID.- Las negociaciones para la reforma de pensiones en España no atraviesan su mejor momento. La fórmula para revalorizar las pensiones ha enfrentado a los integrantes del Pacto de Toledo, que es el foro donde deben fraguarse las líneas generales de la próxima reforma de la Seguridad Social. Al tiempo, los pensionistas volverán a salir a la calle el domingo para reclamar que sus pensiones se revaloricen con el IPC, recuerda Cinco Días.

Esta misma semana, el director de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos se lamentaba del “retraso” que experimentaban estas negociaciones; pero apuntaba que el futuro del sistema de pensiones español debería imitar de alguna forma las reformas hechas en algunos países europeos como Reino Unido, Suecia u Holanda. Tres responsables de estos sistemas han explicado en unas jornadas de Inverco en Madrid cómo funcionan:

Reino Unido

El modelo británico ha experimentado una importante reforma desde 2012, que aún se está implantando de forma progresiva.
El director de Asuntos Internacionales de la Asociación inglesa de pensiones (LPSA), Graham Vidler, explicó que en 2005 los responsables británicos “se dieron cuenta de que nos acercábamos a un futuro con pensionistas más pobres que la generación anterior”. Ante esto se creó una comisión con la patronal, los sindicatos y la comunidad académica, que diseñó un nuevo sistema, que empezó a aplicarse en 2012. “Su actual éxito radica en que todos los Gobiernos desde entonces han hecho suya y defendido esta reforma”, dijo Vidler.
 El sistema británico tiene ahora tres pilares: una pensión mínima estatal, “muy baja, si se compara con otros países europeos” –admite este responsable–; y un segundo pilar de pensiones privadas colectivas que nacen en el seno de la empresa para los trabajadores que, como novedad de la reforma, es de adscripción semiobligatoria. Además, hay un tercer pilar de pensiones privadas voluntarias e individuales.
La semiobligatoriedad (o, como también se le conoce en el sector, afiliación automática) consiste en que los empresarios, están obligados a suscribir un fondo de pensiones empleo (colectivo) para los trabajadores de más de 22 años; con una aportación en la actualidad del 5% de su salario. Si bien en abril de 2019 este porcentaje se elevará al 8%, con lo que finalizará la implantación de la reforma.
Pero los expertos ya han pedido aumentar dicha aportación hasta el 12%, también de forma progresiva. En Australia, con una reforma similar, van a tardar 30 años en esa ampliación, explicó Vidler. “Pero el Gobierno británico está siendo muy precavido con esta mayor aportación porque aún no saben cómo se tomarán los trabajadores la ampliación del 5% a 8%", añadió".
El trabajador tiene un mes para salirse del fondo, y si no lo hace, permanece. La tasa de abandono es del 10% muy inferior a una tasa de entre el 25% y 40% que se esperaba. Desde 2012 ya hay 1,2 millones de empresas que ya han inscrito a 9,5 millones de trabajadores de forma automática en estos planes de pensiones. Estos se suman a los 11 millones que ya tenían uno de estos planes antes de la reforma y otros 8,5 millones que por edad o por ser autónomos no tienen acceso a ellos. De hecho, una de las lagunas de la reforma es el impedimento de acceso al segundo pilar de los autónomos. “El Gobierno no sabe como solucionar esto, porque habría que subirles los impuestos”, admitió Vidler.
Otro de los objetivos aún no conseguidos con la reforma es llegar a una tasa de reemplazo de la pensión que suponga dos tercios del salario medio. De momento, para un salario medio de 32.626 euros brutos anuales (28.000 libras) se obtiene una pensión media de 17.361 euros (9.670 euros de pensión pública y 7.691del segundo pilar de planes de pensiones colectivos), por debajo del objetivo de tasa de reemplazo (22.139 euros).

Suecia

Los suecos tienen ya un sistema completamente implantado de cuentas nocionales (cuentas virtuales individuales en las que se depositan las cotizaciones que hace cada trabajador). Así, con un salario medio de 3.280 euros mensuales y una carrera laboral promedia se obtiene una pensión media de 1.740 euros (que se componen por 1.210 euros de pensión pública, de carácter obligatorio; 350 euros de los fondos de pensiones de empresa --fondos de empleo en España-- y 180 euros de pensiones privadas).
Para llegar a esta pensión los suecos no tienen límite de edad en sus aportaciones; se tiene en cuenta lo aportado a lo largo de toda su vida laboral y contribuyen con el 18,5% de sus ingresos para la prestación. Un 16% de esa contribución va al sistema de cuentas nocionales y el 2,5% restante a uno de los más de 800 fondos privados de pensiones existentes. La base máxima de cotización son 46.875 euros anuales; así todo lo que se gane por encima de esa cifra no cotiza para la pensión.
Pero si hay algo por lo que se conoce al sistema sueco es por su afamado sobre naranja; así se conoce a la información detallada y anual que cada trabajador recibe del Gobierno para informarle de sus aportaciones y su posible pensión futura.

Holanda

En el caso holandés, hay también tres pilares: uno público de pensión mínima; un segundo de planes colectivos de pensiones en las empresas, que es también obligatorio (e incluye pensiones de invalidez, viudedad y orfandad) y un tercer pilar privado y voluntario. Los beneficiarios de los dos primeros pilares están con toda la información de sus cotizaciones y pensiones en un registro nacional. Las condiciones de los planes de pensiones en las empresas se fijan en negociación colectiva y deben contar con una financiación plena y garantizar el poder adquisitivo, lo que también es polémico en este país. Las contribuciones de empresarios y trabajadores rondan el 20%.

martes, 10 de abril de 2018

La preocupación por las pensiones alcanza su mayor nivel en 30 años

MADRID.- La preocupación ciudadana por el futuro de las pensiones ha repuntado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto de los últimos 30 años, mientras continúa bajando la inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El barómetro del CIS, elaborado entre el 1 y el 13 del pasado mes de marzo, refleja que las pensiones escalan hasta el quinto puesto en la lista de problemas y ya son citadas por un 15,5 por ciento de los encuestados.
Del otro lado, la independencia de Cataluña vuelve a caer a su nivel más bajo desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, con un 8,6 por ciento frente al 11,3 por ciento del mes pasado.

lunes, 9 de abril de 2018

El Gobierno apuesta por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE

MADRID.- Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno a medio plazo es que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB. Dado que tiene el compromiso con Bruselas de bajar el déficit a cero, eso implica que el gasto público acabará en ese 38%, lejos del 48,1% que se alcanzó en 2012, cuando se disparó por las ayudas bancarias, el paro, la caída del PIB, los intereses de la deuda y las pensiones. Si se compara el 38% con cifras europeas, la decisión del Gobierno es una apuesta clara por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE, publica El País.

De las palabras de Montoro se infiere que la estrategia del Ejecutivo consiste en seguir aumentando los gastos pero menos de lo que crezca el PIB. El gasto per cápita podrá incluso subir. Pero de esta forma el Estado de Bienestar irá perdiendo tamaño respecto a la tarta de la riqueza nacional, incluso si el envejecimiento de la población exige en el futuro más recursos para las pensiones o incluso si España es uno de los países de la UE que menos ayudas brinda a las rentas bajas.
En relación al PIB, los desembolsos públicos quedarían en cotas similares a los de países anglosajones o del Este de Europa. Se situarían incluso al mismo nivel que EE UU, que tiene mucho gasto militar pero no recoge en sus Presupuestos una parte sustancial del gasto sanitario, de educación o de pensiones, ya que en buena medida se financian de forma privada. Pero con unas diferencias sustanciales en contra de España: una natalidad peor, una productividad más baja, menos población trabajando y menos pensiones privadas.
En esas circunstancias, España se colocaría lejos de la media de la UE, que alcanza el 46,3%, y de la media de la zona euro, en el 47,6%. Y se encontraría aún a mayor distancia de los países del Centro y Norte de Europa. 
Como explica José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, los países que optan por un Estado más pequeño también pueden disfrutar de unos estándares de vida elevados. Sin embargo, eso requiere una sanidad y una educación mayoritariamente privadas. 
“España debería tener un debate abierto sobre qué Estado de Bienestar quiere tener, qué es lo que se pretende proveer y cómo se financia”, dice. Algunos economistas apuntan que la presión creciente de las pensiones hará que esta estrategia del Gobierno se derrumbe. Y el límite del 38% se antoja todavía más estricto cuando se soporta una deuda de casi el 100% del PIB.

Menos para la pobreza y las familias

Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad lo mismo en pensiones que la media de la UE, un 12,8% frente a un 12,9%, y algo por debajo del 13,5% de la zona euro. Destina casi el doble a desempleo. En cambio, dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda.
Al tener un desembolso en pensiones similar al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones. 
Las prioridades se fijan en función de una población que envejece y cuyo voto cuenta. Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, señala que, sin subir poco a poco la presión fiscal, el ajuste se centra en las partidas que modernizan la economía como la inversión o el I+D. O en aquellas que deberían paliar la desigualdad.
Los expertos también destacan que se emplea bastante poco para la formación de parados si se tiene en cuenta el elevado desempleo. Por eso, muchos defienden que hace falta elevar algo más la recaudación sobre PIB. Si bien la mayoría admite que no se puede hacer de un día para otro sin hacer daño a la economía y que, por mucho que sea necesario, tampoco cabe esperar que esto se consiga simplemente combatiendo el fraude fiscal.
De hecho, la cifra del 38% de ingresos que escoge Montoro no sale al azar. Se trata de la media de recaudación de España desde 1995. La media del gasto entre 1995 y 2017 ha sido del 41,9%. Entre 2000 y 2007, permaneció en el 39%. Pero con la crisis se disparó, tocando en 2009 el 45,8%, el peor año sin ayudas financieras. 
El informe de los expertos para una reforma tributaria que se presentó en 2014 recordaba que España siempre generó déficit y deuda cuando el gasto superó el 38-40%. ¿Quiere eso decir que España no puede recaudar más?
Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas es que los españoles parecen sufrir una suerte de esquizofrenia fiscal: “Reclaman más servicios pero tienen la impresión de que pagan muchos impuestos”, afirma.
Otro serio inconveniente es que el sistema tributario se ha convertido en una especie de Frankenstein, montado a fuerza de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación y que tienen poco que ver con una redistribución eficiente y equitativa. Entre deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades, el sistema acaba como un queso gruyer, subrayan los expertos.

Hacienda afronta una factura histórica por la ola de jubilaciones de funcionarios

MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com

Este año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este concepto supere por primera vez los 10.000 millones.
Las previsiones elaboradas por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de 2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores. 
El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión, al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con fuertes penalizaciones.
Los sindicatos han advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por las carencias de personal.

Un problema creciente
Un vistazo a los presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las consecuencias  de este régimen especial para empleados públicos sobre las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012 por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015, precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.
Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente, la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.
El balance final subraya que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000 millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en 2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.
La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo. 
Lo hizo no sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas. 
Según fuentes del Pacto de Toledo, este asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna decisión al respecto.

domingo, 8 de abril de 2018

El Gobierno vuelve a aplazar que la mili compute para cobrar la pensión

MADRID.- El Gobierno ha vuelto a aplazar la elaboración de una norma que contemple que el tiempo dedicado a la mili o la prestación social sustitutoria compute como vida laboral para cobrar la pensión, una decisión que ha suscitado las críticas de los partidos políticos que exigen que se cumpla la Ley.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 vuelve a aplazar por quinto año consecutivo la elaboración de un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconozca la interrupción de la vida laboral ocasionada por el tiempo destinado al servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria. 
En concreto, suspende de nuevo la aplicación de la disposición adicional vigésima octava que incorporó la reforma de las pensiones socialista de 2011.
Este mandato establecía que el Gobierno debía presentar en el plazo de un año un proyecto de Ley para establecer un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconociera ese periodo de tiempo que retrasó o interrumpió las carreras de cotización de esos trabajadores.
Sin embargo, el actual Gobierno aplazó su aplicación ya en los presupuestos de 2014, alegando que no estaban concluidos los estudios previos necesarios e «imprescindibles» antes de la adoptar una medida «que podría afectar de manera notable al equilibrio financiero del sistema».
Esta medida podría afectar a los hombres nacidos entre 1954 y 1983 que realizaron el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, ya que ambas se suspendieron en 2001. 
A falta de datos oficiales de posibles afectados, al último reemplazo de la mili del año 2001 se presentaron algo más de 90.000 jóvenes, si bien este dato osciló cada año en función de la demografía a lo largo de los más de 200 años de servicio militar obligatorio.
Los grupos parlamentarios de la oposición han exigido al Gobierno que deje de aplazar vía Presupuestos la elaboración de la normativa que permitiría a estas personas incrementar sus años cotizados.
El portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha criticado que el Gobierno perjudique así a miles de ciudadanos que podrían verse beneficiados en su jubilación, sobre todo, después de que la crisis económica haya perjudicado sus cotizaciones y «muchos tengan dificultades para llegar a la pensión mínima».
El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha considerado que «el Gobierno no puede incumplir durante más tiempo el mandato de una Ley».
Actualmente sí existe la posibilidad de computar el tiempo destinado a la mili o servicio sustitutorio en el caso de no alcanzar el periodo mínimo de años cotizados exigido para poder acceder a la jubilación anticipada o a la parcial. 
En este sentido, el grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición no de Ley para que las mujeres que cumplieron el servicio social femenino vinculado a la Falange Española igualen sus derechos con los hombres que hicieron la mili, al menos, a efectos de acceder a la jubilación parcial o anticipada.

miércoles, 4 de abril de 2018

El Gobierno sacará este año otros 3.826 millones de euros de la 'hucha' de las pensiones

MADRID.- El Gobierno volverá a hacer uso de la llamada "hucha de las pensiones" este 2018, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. El texto incluye que la Seguridad Social sacará del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros, "para atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión". 

 Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones).
En el Presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos de 2018 detallan esta partida concreta de uso de la hucha, al contrario que el año pasado, cuando tan solo hacía mención al "régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social".
Esta previsión del gasto se encuentra una hucha de las pensiones en mínimos. Tras la salida de 3.586 millones de euros para la paga extra de navidad el pasado diciembre, el Fondo de Reserva contenía 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002.
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.
Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social contará este año con un presupuesto de 149.967 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de 2017 y equivalente al 12,4% del PIB.

Préstamo de 15.164 millones del Estado

El Presupuesto de la Seguridad Social incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones sociales alcanzarán este año los 114.916 millones de euros, un 3,9% más que lo presupuestado inicialmente en 2017. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,6% de su presupuesto total, según asegura el Gobierno.
El Ejecutivo calcula que en 2018 la Seguridad Social ingresará 108.175,2 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores, un 4,2% más que en el presupuesto de 2017.
Asimismo, el sistema percibirá 133,2 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de los autónomos, un 0,4% más sobre el presupuesto de 2017, mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.607,3 millones de euros, un 0,2% más que en 2017.
Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 13.558 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 7.329 millones de euros irán destinados a cubrir los complementos a mínimos, un 2,1% más que en 2017.
Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de protección a la familia alcanzarán los 4.151,5 millones de euros (+2,7%) y el importe destinado a la atención a la dependencia será de 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.

sábado, 16 de febrero de 2013

IU pide una renta activa madrileña de 645€ para parados sin prestación

MADRID.- El Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama que, a partir del mes de mayo, se ponga en marcha una renta activa madrileña de 645 euros para parados que ya no reciban prestación alguna.

   Ante la situación de paro que hay en España y en la Comunidad de Madrid, IU reclama la creación de esta Renta Activa con la que el Ejecutivo regional asegure "la protección de los trabajadores parados que han agotado sus prestaciones y subsidios por desempleo o no tengan derecho a los mismos".
    El importe de esta Renta sería equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (645 euros al mes), tendría una duración mínima de seis meses, prorrogable si continúa esta situación, y estaría condicionada a la asistencia de cursos de formación.
   También quieren un complemento autonómico al Plan Prepara (400 euros) con ayudas que lleguen hasta el equivalente al salario mínimo interprofesional.
   Desde IU indican que los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que Madrid está sufriendo "una situación de emergencia social que requiere de los poderes públicos medidas que palien las consecuencias económicas y sociales que están soportando los trabajadores".
   En concreto, indican que estos datos ponen de relieve que en la región hay 665.600 parados, de los cuales más de 300.000 no reciben prestación alguna, y que un 9,2 por ciento de los hogares madrileños tienen todos sus miembros en paro.
   Desde la formación de izquierdas consideran que este "drama" se profundiza con las políticas de "recortes y privatizaciones" de servicios públicos esenciales, que "conseguirán más destrucción de empleo y más injusticia social".

domingo, 30 de septiembre de 2012

Canarias, Madrid y Baleares pagan el déficit de las pensiones de Cataluña, Euskadi y resto de CCAA

MADRID.- Los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña, Euskadi y el resto de las autonomías, según reflejan los datos de la Seguridad Social desagregados por regiones y provincias.

   Según estos datos, sólo ocho provincias aportan al sistema más de lo que reciben para pagar las pensiones. Se trata de Almería, Córdoba, Las Palmas, Tenerife, Guadalajara, Gerona, Madrid, Alava y las Baleares. En el análisis de estas cifras se pueden ver paradojas como el hecho de que Almería realiza una aportación neta al sistema de Seguridad Social, pero tiene una de las pensiones medias más bajas de España, 672,5 euros.
   Sin embargo, el País Vasco, cuya recaudación en cotizaciones sociales no cubre sus pensiones desde más siete años y en 2011 registró un déficit de 1.422 millones, tiene las pensiones más altas de todo el país. Los pensión media de jubilación de las tres provincias supera los 1.000 euros de media al mes.
   Los vascos aportaron al sistema en 2011 por cotizaciones sociales 6.124 millones y recibieron 7.547 millones para pensiones. Alava es la única provincia de esta CCAA que aporta a la Seguridad Social más de lo que recibe de ésta para pagar a sus jubilados, 1.011 millones frente a 994, con una pensión media de 1.033 millones.
   Guipúzcoa y Vizcaya, por el contrario, aportan menos de lo que reciben. En el primer caso son 2.013 millones frente a un coste global de sus pensiones de 2.489 millones de euros, siendo su pensión media mensual de 1.000, 23 euros. Vizcaya aporta 3.099 millones y recibe 4.062 y la pensión media se iguala a la de Alava con 1.033 millones.
   Estas cifras, que forman parte de la caja única de la Seguridad Social, han cobrado especial interés en su forma desagregada por CCAA tras la polémica suscitada por la reinvindicación soberanista del Gobierno catalán y sus acusaciones contínuas de que sus problemas económicos provienen de España y de que esta CCAA aporta más de lo que recibe a la solidaridad nacional.
   En el caso concreto de las cifras de la Seguridad Social, estas reflejan que, desde el año 2010, inclusive, las cotizaciones sociales que se pagan en Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas catalanes.
  Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de 18.422 milones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos fueron de 19.541 millones.
   Si las cifras se analizan por provincias, sólo Gerona tiene un saldo positivo --ingresa 1.560 millones de euros y recibe 1.548--, el resto reciben más de lo que aportan para sus jubilados. Es el caso de Barcelona, con una aportación de 14.317 millones y un coste total de sus pensiones de 15.291; lo mismo sucede en Lérida, donde las cotizaciones suman 878 millones y las jubilaciones cuestan 971 y en igual situación está Tarragona, con 1.616 millones aportados al sistema en 2011 y 1.728 millones recibidos.
   La pensión media también varía, siendo la provincia de Barcelona la que tiene jubilaciones más elevadas en esa CCAA, 886 euros de media al mes, frente a los 715 de Lérida; los 744 de Gerona y los 794 de Tarragona.
  Por CCAA, los saldos positivos que aportan Madrid, Baleares y Canarias a la caja única de la Seguridad Social son los que ayudan a equilibrar los ingresos y los gastos del sistema de pensiones. De hecho, Madrid aporta al sistema 17.293 millones de euros y los pensionistas de la CCAA cuestan 14.241, con lo que el saldo positivo para las arcas de la Seguridad Social con esta región es de 3.052 millones, a pesar de tener una de las pensiones medias más altas de España, después del País Vasco, 979 euros.
   Lo mismo sucede en Canarias, donde los ingresos netos para la caja única ascienden a 465 millones, después de que las cotizaciones recaudadas en esta CCAA ascendieron a 3.525 millones en 2011 y los pagos por pensiones supusieron 3.060 millones. Aquí, la pensión media es de 782 euros en Las Palmas y 782 en Tenerife.
   Baleares es la tercera CCAA con superávit en este sentido, ya que recauda por cotizaciones 2.251 millones y gasta en sus jubilados 1.878 millones, con un remanente para la Seguridad Social de 373 millones de euros en 2011, siendo su pensión media de 756 euros.
   Si el análisis se hace por provincias, son un total de ocho las que aportan más de lo que reciben. Un caso paradójico es el de Almería y Córdoba. Las dos provincias andaluzas que cuentan con pensiones medias entre las más bajas de España --no llegan a los 700 euros-- y sin embargo, contribuyen a pagar las del resto del país.
   En el caso de Almería, con 672 euros de pensión media, la aportación en 2011 al sistema de pensiones fue de 1.061 millones, pero sus jubilados sólo gastaron 952 millones, con lo que el remanente para la Seguridad Social fue de 109 millones de euros. Y el año anterior, fue de 136 millones.
   Lo mismo ocurre en Córdoba, provincia en la que los jubilados tienen una paga media de 695 euros, pero también contribuyen a pagar la de otros pensionistas, ya que las cotizaciones suman 1.881 millones y los pagos en pensiones en esta provincia ascienden a 1.668 millones, es decir, 213 millones de remanente para la caja única.
   No obstante, Andalucía gasta más de lo que ingresa para las pensiones: 13.271 millones frente a 15.230, siendo Cádiz la privincia con la pensión media más alta en esta región, 849 euros mensuales, frente a los 708 de Granada; los 703 de Jaén, los 774 de Málaga, o los 782 de Sevilla y Huelva.
   En Aragón, las cotizaciones ascienden a 2.918 millones y también son deficitarias, ya que el gasto asciende a 3.527 millones. La pensión media más alta de la región es la de Zaragoza, con 895 euros y la más baja, la de Teruel, con 777.
   Asturias cuenta con la quinta pensión media más alta del país, 982 euros. Esta CCAA, además, recibe casi el doble de lo que aporta, 4.189 millones frente a 2.231. Cantabria tampoco equilibra las cuentas ya que sus pensionistas cuestan 504 millones más de lo que se recauda en la región, cuya pensión tienen un coste medio de 861 euros al mes.
   En Castilla-La Mancha, el desfase es de 447 millones --3.348 de ingresos, frente a 3.929 de gastos--; aunque Guadalajara --con la pensión media más alta, 873 euros-- aporta más que recibe --468 millones frente a 464--.
   Galicia cuenta con uno de los mayores desfases por regiones, 2.275 millones de euros, pues recauda 5.136 millones y gasta 7.411 millones, a pesar de que Orense y Lugo son las provincias con las pensiones medias más bajas de todo el país, 605 y 617 euros.
   El déficit de Castilla y León también está entre los más altos, 2.092 millones, ya que recauda por cotizaciones 4.773 millones y paga en pensiones 6.865. La pensión media más alta es la de Valladolid, 925 euros, y la más baja, la de Zamora, 692.
   Los jubilados valencianos reciben 1.150 millones más de lo que se recauda en la CCAA por cotizaciones --8.848 millones, frente a 9.998--. Extremadura también tiene un desfase de 759 millones; el de La Rioja es de 92 millones; el de Murcia, de 49 millones; en Navarra, de 22; en Ceuta, de 96 y en Melilla, de 93.

martes, 17 de enero de 2012

La Comunidad deja de prestar servicio sanitario a través de la UPAM a los docentes interinos

MADRID.- La Unidad de Prestaciones Asistenciales Médicas (UPAM), organismo dependiente del Gobierno regional, ha dejado de prestar servicio sanitario a los funcionarios interinos docentes en caso de enfermedad común debido a los límites de crédito que han establecido los Presupuestos Generales para 2012 a la Dirección General de la Función Pública.

   Así lo explica el director general de la Función Pública de la Comunidad, Miguel Ángel López, en una carta enviada a los centros, en la que explica que la "difícil situación económica general" está "obligando a todos a adoptar decisiones que garanticen un nuevo equilibrio entre el nivel y ámbito de prestación de determinados servicios y la capacidad financiera real de la Administración Pública".  
   En dicha misiva, el director explica que el proyecto de los presupuestos en Madrid es "fiel reflejo de esta realidad y ha limitado considerablemente a la Dirección General de Función Pública el crédito presupuestario destinado a financiar la prestación sociosanitaria por enfermedad común".
   Esta prestación está reconocida con efectos de 1 de enero de 2009 en los ámbitos del Convenio Colectivo para el Personal Laboral y de los Acuerdos Sectoriales del Personal Funcionario de Administración General y de Justicia, según se explica en el texto.
   Como consecuencia de estos limites, desde el pasado 1 de enero, la aplicación de esta prestación sanitaria por enfermedad común queda "exclusivamente" para el persona laboral y funcionario incluido en el ámbito de aplicación de las citadas normas, "quedando, por tanto, excluidos los funcionarios interinos de cuerpos docentes".
   Todo ello, "salvo que se pudieran desarrollar en un futuro convenios de colaboración o acuerdos con los órganos de representación, en donde se concretarían los ámbitos de la prestación y los sistemas de financiación de la misma".
   El director aclara que esto "en nada afecta a las prestaciones derivadas de contingencia profesional, como un accidente de trabajo o enfermedad profesional", casos en los que los interinos "mantendrán su régimen de colaboración con la Seguridad Social a través de la unidad específica encargada de la gestión de dicha colaboración".
   Desde FETE UGT han criticado la manera en que los docentes interinos se han enterado de esta modificación, pues aseguran que "no ha habido ninguna explicación por parte de la Administración a los afectados" y que muchos interinos han tenido constancia de este hecho "en el momento de solicitar consulta o asistencia médica" en los últimos días.
   Así, han lamentado que todos aquellos que seguían algún tipo de tratamiento en la UPAM se han visto obligados a interrumpirlo hasta que sean atendidos en la Seguridad Social y han denunciado que, incluso, en algunos casos, esta organismo ha solicitado el abono de las pruebas realizadas".
   Todos los afectados tendrán que solicitar su expediente médico al servicio de la UPAM para su consiguiente traslado al médico de la Seguridad Social si la primera no lo hace de oficio. FETE UGT ha denunciado el "trato vejatorio" que, en su opinión, se hace desde la Comunidad al colectivo de docentes interinos y exige la aclaración inmediata a todos los afectados.