Los cargos de confianza en Madrid ya se ajustan a la limitación del 0,7% del total de plantilla de la reforma local

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno central establece que el número de asesores de los ayuntamientos con una población superior a los 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia) no podrá superar el equivalente al 0,7 por ciento de la plantilla municipal. 

   Al respecto, recordar que en el caso de Madrid con la última reducción del personal eventual (del 20 por ciento) de las áreas de Gobierno acometida por la Junta de Gobierno el 17 de enero, el personal de confianza suponía ya el 0,7 por ciento del total de 29.153 empleados que componen la plantilla municipal.

   En aquella reforma, las plazas de personal de confianza alcanzaban los 85 puestos en áreas de Gobierno, se mantenían los 84 plazas de personal eventual de los grupos municipales, los 41 que lo hacen en los 21 distritos, y los tres que trabajan en el Pleno municipal, según recoge un comunicado del Ayuntamiento tras el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno.

   Precisamente este viernes el Consejo de Ministros ha analizado este viernes un segundo informe de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la reforma de la administración local, con la que calcula que se ahorrarán 7.129 millones de euros al reducir el sector municipal, limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones como centrales de servicios locales.

   El ministro Cristóbal Montoro ha presentado al Consejo de Ministros este documento, que también ha sido remitido al Consejo de Estado para que haga aportaciones. El ministro ha subrayado la importancia del proyecto y la necesidad de profundizar en las negociaciones en las Cortes, porque el proyecto afecta a la "arquitectura institucional del Estado".

   Uno de los objetivos de la reforma es clarificar competencias municipales, pero también reforzar el control financiero y presupuestario sobre los municipios y racionalizar la estructura local, de la que desaparecerán todas aquellas entidades que no cumplan unos mínimos de eficiencia.

   Montoro ha aclarado que no desaparecerán ayuntamientos, pero que dejarán de prestar sus competencias cuando no sean eficientes. Ha asegurado que el Gobierno alentará la concentración de servicios en las diputaciones, porque cree que puede generar ahorros, así como la fusión de localidades.

   Montoro ha explicado que el Gobierno finalmente no reducirá el número de concejales, sino el de aquellos con retribución, una opción que "ahorra mucho más". El objetivo, ha dicho, es impulsar la participación en política "y si esa participación es voluntaria, mejor".

   Así, de los 68.285 concejales, 12.188 (el 18 por ciento) podrá tener dedicación exclusiva y cobrar. En Madrid podrán cobrar 45 (son 57) y en Barcelona, 32 (son 41). De 700.000 a un millón, serán 25 los concejales con retribución, y de ahí hacia abajo. Por ejemplo, de 50.000 a 100.000 vecinos, cobrarán 15 ediles; y de 10.000 a 15.000 habitantes, lo harán 5.

   También se limitarán los sueldos de los presidentes de diputación, que podrán cobrar como máximo, incluidos todos los conceptos retributivos y la asistencia, lo que el alcalde de la corporación más poblada de su provincia.

   Montoro ha querido subrayar otra de las medidas previstas. Se reducirá el número de contratados eventuales que puede tener un municipio, el personal que entra y sale de los ayuntamientos generalmente con el cambio de gobierno local.

   Ahora, se reduce a 6.489 el número total de asesores. En los ayuntamientos mayores de 500.000 habitantes, no podrán superar el equivalente al 0,7 por ciento de la plantilla municipal; en los de 75.000 a 500.000, no podrán haber más asesores que concejales; en los de 50.000 a 75.000, no más que la mitad de los concejales y por debajo de estas poblaciones, sólo se podrá contratar a 7, dos o un asesor (pueblos de 5.000 a 10.000 vecinos).

   En las diputaciones, consejos y cabildos insulares el personal eventual no podrá superar la mitad del número de diputados o miembros electos. En el resto de entidades locales, o de sus organismos dependientes, no habrá personal eventual.

   Además, los Presupuestos Generales del Estado limitarán también las retribuciones del personal público de la Administración Local y los sueldos de los directivos de empresas públicas locales. La intención es evitar las enormes diferencias actuales, ha dicho Montoro.

   La reforma define con precisión la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la administración local; tendrán unas competencias obligatorias y unos servicios mínimos que prestar no podrán ofrecer otros añadidos hasta que aquellos no estén garantizadas.

   Se busca así que desaparezcan las llamadas competencias impropias, aquellas que han venido ejerciendo los ayuntamientos pese a ser de titularidad autonómica. La pretensión del Gobierno es que si una comunidad quiere que los ayuntamientos presenten un servicio que le compete, deberá garantizar su financiación, a riesgo de que Hacienda les reste la cantidad impagada de su participación en los ingresos del Estado. Para no llegar a este extremo, se permite por primera vez, la compensación de deudas pendientes entre administraciones.

   En el informe se fija que las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las comunidades, aunque se les da un periodo transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.

   Otro de los objetivos del Gobierno es establecer además un coste estándar de los servicios municipales y comparar todos los que prestan los municipios. Los resultados obligarán a que se dejen de prestar servicios ineficientes o a que estos sean ejercidos por las diputaciones si se trata de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. En el caso de los municipios mayores, podrán ceder esa competencia voluntariamente o delegarla a la CCAA.

   Las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán al mismo proceso de evaluación. Si no lo superan, serán disueltas. Los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las Diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios.

   Asimismo, se revisa en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes para reducir su número. Los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo mientras tengan vigente un plan de ajuste y deberán sanear las empresas dependientes o liquidarlas.

   En el plazo de tres meses, entidades menores y mancomunidades deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. Igualmente, se someterán a la evaluación de sus servicios.

   Otro importante aspecto de esta reforma es el que refuerza la función interventora en las entidades locales y se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. Montoro ha explicado que se busca un control "más riguroso" del que se ha tenido en los últimos años.

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.

   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.

   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.

   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.

   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.

   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.

   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.

   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.

   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.

   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.

   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

El PP propone un decálogo de medidas para la reforma local en su XX Intermunicipal

ALMERÍA.- El PP ha aprobado este sábado en el marco de la XX Intermunicipal de la formación celebrada en Almería, un decálogo de medidas para mejorar la Administración Local y que se incorporarán a la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el mes de enero.  Entre esas propuestas, el PP plantea que las competencias de Sanidad y Educación recaigan "de manera íntegra" en las Comunidades Autónomas.

   En sus conclusiones en materia municipal, el PP plantea la modernización de la planta local española. "Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local", recoge el citado documento.

   Además, aboga por hacer realidad el principio que ya proclamó Mariano Rajoy en su discurso de investidura: "una administración, una competencia". En este marco, apuesta por la "promoción de la medición, contratación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos". Según el PP, la reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.

   Asimismo, sostiene que en la nueva ley local las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Se trata, precisa, de terminar "con el problema de las competencias impropias", que constituye una reivindicación histórica de los entes locales.

   También defiende un modelo que premie la mejor gestión local. Así, "otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior". Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida.

   El documento explica que habrá una "regulación anual" del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las corporaciones locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones. Además, se recuperarán las funciones que venían prestando los interventores con "habilitación de carácter nacional".

Cifuentes aboga por un modelo de Estado más racionalizado

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha abogado este martes por un modelo de Estado, al amparo de la Constitución, que adopte medidas de racionalización de las estructuras administrativas y evitar, con ello, duplicidades entre ellas como medio de respuesta a la crisis económica. 

   No obstante, ha relatado que "en ningún caso puede ni debe contemplar la desmembración unilateral de lo que históricamente ha sido y es España", que conllevaría a su juicio "una pérdida de su identidad como nación", ha agregado en referencia a las pretensiones independentistas de determinadas formaciones políticas en Cataluña.

   Por tanto, ha recalcado que supone un "gravísimo error y una manifiesta irresponsabilidad política" plantear un cambio de modelo de carácter rupturista, que "vulnera" la Constitución tanto si se pretende un "proceso de independencia en un territorio concreto" como hacia un "modelo federal" con carácter genéricos", cuyas "bondades respecto al modelo autonómico son bastantes discutibles"

   Durante la celebración del 34º aniversario de la Constitución realizada en la sede del Gobierno regional, Cifuentes ha remarcado que España vive actualmente los momentos "más difíciles en muchas décadas", tanto en lo económico como en lo social.

   Por otro lado, esta coyuntura económica y social requiere de "grandes sacrificios para todos" como consecuencia de las "medidas dolorosas en muchos casos" realizadas en un "ineludible ejercicio de responsabilidad" han efectuado las administraciones para hacer frente a una "crisis sin precedentes" en este país.

   "Pero no basta con estas medidas. Se requiere además, como presupuesto básico, la necesaria estabilidad política y territorial que hoy, más que nunca, se configura como uno de los principales valores aportados por la Constitución y que se sitúa como 'imagen de marca' para mantener o, en su caso, devolver la confianza en España y en su potencial para la recuperación económica", ha añadido la delegada del Gobierno.

   También ha comentado que para salir de la crisis se requiere un amplio consenso político, "firme decisión en lo económico", "compromiso de solidaridad" en lo social e "unidad en el ámbito territorial".

   "Hoy más que nunca debemos ser conscientes de que la Constitución y su modelo político y territorial son factores de estabilidad y la estabilidad es un potente factor de competitividad y dinamización económico", ha apostillado.

   En ese sentido, Cifuentes ha detallado que existen aspectos esenciales en la Constitución que adquieren a fecha de hoy "mayor firmeza que nunca", como es el caso de la indisoluble unidad de la nación y un modelo de Estado que da respuesta a una mayor autonomía "sin contemplar en modo alguno la posibilidad de aventuras soberanistas que conlleven a la ruptura" de dicha unidad.

   En este sentido, la delegada del Gobierno ha ensalzado a la Constitución por promover un modelo de convivencia democrática, que hace posible el desarrollo de la pluralidad y diversidad que existen en España y que es la "principal salvaguarda de los derechos esenciales", como es la libertad y la seguridad.

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".

   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.

   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.

   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.

   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.

   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.

   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.

   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.

   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).

   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.

   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.

   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.

   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.

   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".

   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.

   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.

   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.

   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.

   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".

 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.

   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".

   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.

   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.

   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.

   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.

   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.

   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.

   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

Lombardía propone reducir a tres las regiones en Italia y a la mitad los diputados y senadores

ROMA.- El presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni, ha propuesto la abolición del actual sistema de organización territorial para "reducir el coste de la política" y crear tres grandes áreas: Norte, Central y Sur. Además, apuesta por reducir a la mitad el número de diputados y senadores en Italia.

   En una conferencia, Formigoni ha abierto la caja de Pandora, siendo el primer alto cargo político en Italia en realizar una propuesta concreta para la reorganización territorial.

   "Para rebajar el coste de la política, es el momento de poner la atención en la reorganización de las regiones. Son demasiadas y demasiado pequeñas. Hay que tener menos regiones y más grandes", ha sugerido Formigoni.

   A raíz de esta reforma, el presidente de Lombardía ha asegurado que se suprimirían 331 conserjerías regionales de un total de 1.111 que existen a día de hoy, según ha recogido el diario italiano 'Corriere della Sera'.

   "El Parlamento debería seguir nuestro ejemplo. Es el momento de reducir a la mitad el número de diputados y senadores", ha añadido Formigoni, quien ha admitido que esta sería una reforma "radical".

   Sobre esta propuesta ya ha opinado el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, quien ha apelado a la moderación y ha afirmado que "hay que valorar todos los aspectos en las diversas instituciones y no solo centrarse en la parte negativa" de la organización territorial italiana, según ha informado el periódico italiano 'La Repubblica'.

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.

   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.

   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.

   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.

   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.

   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".

   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.

   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".

   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".

 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.

   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.

   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.

    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".

 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".

   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 

Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.

   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".

Rajoy anuncia un recorte del 30% en el número de concejales

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles durante su intervención en el Pleno del Congreso que recortará un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos del país, como medida dentro de un paquete de reforma de la administración pública que busca mayor "austeridad" y "eficiencia".

   Según ha indicado el presidente, se reducirá un 30% el número de concejales "por tramos de población, según la Ley Orgánica de Régimen de Bases Locales", y además se "homogeneizarán y publicarán" las retribuciones de los cargos municipales en función de unos baremos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado y que también atenderán a las características de cada municipio.

   La reforma de las administraciones públicas también buscará "evitar duplicidades atendiendo a la premisa de una administración, una competencia", por lo que se "solucionarán las competencias impropias de los ayuntamientos, para que no presten servicios para los que no tengan la financiación necesaria" y se reforzará el papel de las diputaciones provinciales con el objetivo de que centralicen la prestación de servicios y "garanticen que los pequeños municipios reciban unos servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". Según Rajoy, esto generará un ahorro de unos 3.500 millones de euros.

   Finalmente, se acometerá una "reducción, e incluso eliminación, de empresas públicas en el ámbito local" para evitar duplicaciones "e incluso triplicaciones", y se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento" de la "imparcialidad" del Interventor Municipal y de los funcionarios de carácter nacional.

Beteta recalca que los gestores públicos que gasten sin tener crédito serán inhabilitados

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recalcado que la Ley de Transparencia permitirá inhabilitar durante diez años a aquellos gestores públicos que gasten "sin tener crédito para ese gasto", lo que permitirá "eliminar a los malos gestores y de la vida pública".

   Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al encuentro que él y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han mantenido en Madrid con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Beteta ha recalcado que "no se puede gastar sin tener dinero" y ha señalado que el mecanismo de pago a proveedores de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha revelado cómo estas administraciones han ido contrayendo importantes deudas.

   El Gobierno ya había advertido que la Ley de Transparencia contendría este tipo de castigos, pero el Consejo General del Poder Judicial había observado que a la vista de su redacción, la normativa no penalizaba el hecho de gastar por encima de lo presupuestado sino únicamente el falseamiento de las cuentas. Ahora Beteta ha sido más claro y ha subrayado que se inhabilitará a quien gaste sin tener crédito para ello, lo que supondrá "una auténtica revolución".

   Por otro lado, el secretario de Estado ha trasladado que en la reunión de hoy con el vicepresidente andaluz, que ha definido como "intensa en el fondo y con discrepancia en algunas cuestiones", le ha trasladado a éste que la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales pretende "mantener la calidad democrática" de las mismas, que estará inspirada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que contendrá entre sus ejes la idea de una administración, una competencia; la no supresión de ningún ayuntamiento pero sí la de otros entes supramunicipales "que solo hacen que estorbar".

   Además, ha subrayado que la voluntad del Ministerio es tramitar la misma como proyecto de Ley y, por tanto, sujeta a debate y enmiendas en el Congreso; y que se "estudiará" la posibilidad de convocar una Conferencia de Administración Local, "teniendo en cuenta que la competencia que existe entre las diferentes comunidades autónomas es muy asimétrica", debido a las diferencias que los estatutos de autonomía de tercera generación recogen en cuanto a competencias con respecto a los otros anteriores no reformados.

   Beteta no ha aclarado si el proyecto de ley será visto en el Consejo de Ministros de este viernes porque aún está en proceso de consultas con las diferentes comunidades autónomas.

   Por último, el responsable ministerial se ha referido al mecanismo que el Gobierno presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para facilitar a las regiones la colocación de deuda en el mercado y, tras señalar que en la reunión con Valderas no se ha abordado los condicionantes de la propuesta, ha dicho que con el déficit público establecido, en el 1,5 por ciento, las comunidades autónomas ven imposible financiarse o refinanciar deuda, por lo que, una ampliación del déficit es "de difícil justificación".

Cospedal critica el incremento de un 20% en 10 años de empleados públicos

MADRID.- La secretario general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este lunes que van a ser necesarios "más esfuerzos" para cumplir el déficit en las administraciones públicas, a pesar de que el "margen de austeridad" empieza a ser "pequeño", y ha arremetido contra el incremento en los últimos 10 años de los empleados públicos en 440.000 personas, un 20 por ciento, en el conjunto del país. "No es normal ni sostenible", ha dicho.

   En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Cospedal ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas han hecho "un ejercicio importante de contención del gasto", pero ha advertido de que puede ser necesario uno mayor porque ellas también son Estado y es España en su conjunto la que debe cumplir un objetivo de déficit. A ello se sumarán también los nuevos ajustes que el Gobierno va a anunciar en los próximos días, ha dicho, y que el PP apoyará sin fisuras aunque no le gusten.

   Será el caso del IVA, cuya subida en 2010 llevó a los 'populares' a organizar una campaña en contra, ha reconocido Cospedal. Si el PP estuvo "radicalmente en contra" entonces fue porque esa medida no siguió a "ningún ejercicio de austeridad", que sin embargo hoy considera que sí se ha hecho. Y ha vuelto a decir que es la "herencia" de la "nefasta gestión" de los gobiernos del PSOE la que exige estas medidas.

   Dicho esto, María Dolores de Cospedal ha recordado que este jueves, el Consejo de Política Fiscal y Financiera revisará el grado de cumplimiento de los planes de ajuste que han aprobado. Ha reconocido que la "inmensa mayoría" de las CCAA ha hecho un "gran esfuerzo de austeridad", pero deberán hacer más si es necesario. "Somos parte del Estado y el objetivo de déficit de España se cumple si cumple el Gobierno y cumplen los gobiernos y las administraciones de las Comunidades y esto tiene que quedar meridianamente claro", ha recalcado.

   En este contexto de crisis, la secretaria general del PP ha arremetido contra el incremento del número de empleados públicos en 440.000 personas, "una situación que hay que encarar y tomar medidas", aunque no ha precisado cuáles. El crecimiento en los últimos 10 años "no es normal" y tampoco, ha añadido, la confusión de competencias que existe entre unas administraciones y otras.

   Como argumento, Cospedal ha explicado que las administraciones públicas "no tienen como función ser agencias de colocación, para eso no pagan los ciudadanos sus impuestos", y deben dedicar el dinero público a "ayudar" a quienes sí deben crear puestos de trabajo: empresas y autónomos. "Es lo que se está tratando de encauzar desde el Gobierno de España y desde muchas Comunidades Autónomas", ha dicho.

   La secretaria general ha defendido en esta misma línea la reforma municipal que está preparando el Gobierno y que deberá limitar las competencias de las administraciones locales, con la consiguiente reducción de consistorios y de cargos.

  A su juicio es "elevadísimo" el número de concejales, que se solapan con diputados provinciales y otras estructuras institucionales. "Existen más de 8.100 municipios, con una media de 5.000 habitantes por municipio, cuando en países semejantes la media duplica o triplica esta cantidad. Es un tema que tenemos que abordar", ha insistido.

La CSI-F critica que el Gobierno tenga a los funcionarios en su "punto de mira"

MADRID.- El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha criticado que el Gobierno haya situado a los empleados públicos "en el punto de mira", y ha respondido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ningún empleado público se va a negar a que se evalúe su trabajo o productividad.

   Borra ha lamentado que cada vez que se anuncian noticias negativas para la economía española salgan a colación los empleados públicos, ahora con la posible eliminación de una de sus pagas extraordinarias, más horas de trabajo y mecanismos para evaluar su desempeño.

   El dirigente sindical ha recordado que en 2007, en el Estatuto Básico del Empleado Público que firmó el Gobierno socialista con los sindicatos, ya se contemplaban estos mecanismos de evaluación. Sin embargo, este tema aún está pendiente de desarrollo.

   Borra ha recordado que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, "no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos", que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.

   Sobre la afirmación de Montoro de que no conviene tener la idea de que con aprobar una oposición "se tiene todo hecho", Borra ha declarado que lo que se gana al superar un proceso selectivo es el derecho a un trabajo. "A lo mejor habría que pasar oposiciones para ser político", ha replicado.

   Desde CSI-F se ha vuelto a lanzar la oferta de alcanzar un gran pacto para luchar contra la crisis porque, según Borra, la situación es "tan dramática" que ha superado lo que puede hacer un partido o un Gobierno. "Se necesita el acuerdo de todos", ha precisado.

Malos tiempos para el funcionariado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, había avanzado hoy que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.
   Así lo ha señalado Montoro, quien ha asegurado que su tarea como ministro de Hacienda es disciplinar a las administraciones públicas.
   En este sentido, ha indicado que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se "tiene todo hecho", ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que "cumplir todos los días".
   "Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función publica a el régimen existente en el sector privado, ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer", ha dicho, tras explicar que como ministro es el "director de orquesta" que tiene que hacer cumplir a las administraciones.
   En cambio, el ministro no ha querido decir si el Gobierno se plantea también eliminar los moscosos, los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, y ha insistido en que su idea es avanzar en el número de horas semanales que trabajan.
   Por otro lado, ha admitido que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con "más peso" para que ver cuáles son productivos y para que la función pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios.

El Ministerio de Justicia propone controlar el horario de sus funcionarios

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha propuesto introducir el control horario de los funcionarios al servicio de esta Administración y ha entablado negociaciones con los sindicatos para estudiar dos resoluciones por las que se aprueba su calendario laboral.

   La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha convocado la próxima semana a los sindicatos del sector para conversar, entre otros puntos, sobre la distribución de la jornada y la fijación de los horarios determinados en el calendario laboral de los secretarios judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos Generales o Especiales.

   Las resoluciones afectan a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia --de aquellas comunidades sin las competencias transferidas--, así como a los secretarios judiciales de toda España ya que este Cuerpo depende del propio Ministerio.

   Las propuestas de Justicia no se refieren a los jueces y magistrados, ya que su regulación depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Las resoluciones proponen que las Gerencias Territoriales del Ministerio, con la colaboración de los responsables de los centros de destino, unidades y servicios de esta Administración, velen "en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo" mediante "el sistema de control" establecido. Se contemplan medidas para la corrección de incumplimientos e infracciones, algo que ya se hace en la actualidad.

   Mientras que el horario de los funcionarios será controlado por la Administración, los secretarios judiciales vigilarán su cumplimiento ellos mismos. La propuesta del Ministerio establece que "los secretarios coordinadores o, en su caso, los de gobierno velarán en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo".

   La regulación del calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales les permite desempeñar cuatro o cinco horas durante el horario de atención al público en los juzgados y, el resto de la jornada, cumplirla fuera de la oficina judicial.

   El Ministerio argumenta que este colectivo ejerce funciones directivas, como la práctica de diligencias procesales o la preparación y estudio de resoluciones.

   La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CC.OO., Flora Martínez, ha explicado que se trata de la primera vez en la que el Ministerio establece dos resoluciones distintas para ambos colectivos y se muestra sorprendida porque sean los propios secretarios judiciales los que controlen su horario, a diferencia del resto de empleados públicos.

   "Además, se permitiría que los secretarios judiciales suspendieran las diligencias urgentes que se encuentran realizando por haberse iniciado en el tiempo de trabajo ordinario y que las continuara un funcionario del resto de los Cuerpos", explica.

  "Esto es inaudito puesto que en el calendario de los Cuerpos Generales se establece que, en ningún caso, se pueden interrumpir las diligencias y actuaciones urgentes", agrega.

   Para el sindicato, esta propuesta supone "una escandalosa rebaja de la jornada laboral de los secretarios judiciales a cuatro o cinco horas al día", algo que "en los tiempo que corren y con las medidas de ajuste que el Gobierno está adoptando en las Administraciones Públicas, es una decisión que, de mantenerla el ministro Gallardón, supondrá un error político de calado".

 "Será otra semana caribeña como la destapada en el CGPJ", concluye.

Según Beteta, el objetivo de la reforma local es "garantizar" los ayuntamientos

MADRID.- El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado que la intención del Gobierno al reformar las administraciones locales es "garantizar el futuro" de los ayuntamientos y no eliminarlos. "No pretendemos imponer agrupaciones o fusiones. El mapa debe ser simplificado, pero fruto del acuerdo de las partes, jamás por imposición", ha añadido.

   Durante su intervención en unas jornadas sobre la reforma de la administración pública en el Instituto de Empresa, Beteta ha dicho que en las próximas semanas su departamento presentará la propuesta para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, en la que está trabajando con partidos políticos y entidades locales de toda España.

   Además de insistir en que el nuevo mapa local será fruto del acuerdo y no una obligación, el secretario de Estado ha destacado que el proyecto en el que trabaja su departamento ayudará "a taponar una gran lacra en la gestión pública, las competencias impropias", al determinar la lista de materias que son responsabilidad exclusiva y obligatoria de los ayuntamientos y las que son de "carácter facultativo".

   Además, ha añadido, mientras las primeras no se presten con eficiencia no se podrán ejercer las segundas. Todo ello servirá además, según Antonio Beteta, para clarificar "el mapa competencial" español, distinguiendo entre el sector local, el autonómico y el estatal.

   El secretario de Estado ha defendido por último la intención de su departamento de potenciar las diputaciones, para que asuman las competencias de los municipios menores de 20.000 habitantes que no las presten con eficacia.

   Beteta ha querido subrayar la necesidad de que esta reforma se lleve adelante y que provoque también, en otoño, la modificación de la Ley de Haciendas Locales, para asegurar la financiación de los servicios que prestan los municipios.

   Ha insistido en que debe de establecerse para siempre en el sector público el principio de no gastar lo que no se tiene, de pagar las facturas y de hacer siempre el papel de la hormiga, "frente a la derrochadora cigarra", en la popular fábula.

La Comunidad estudia hacer el recorte salarial a los funcionarios por tramos

MADRID.- La Comunidad de Madrid está estudiando la posibilidad de que la disminución salarial del 3,3 por ciento a los empleados públicos recogida en el proyecto de ley de modificación de presupuestos presentado por el Gobierno regional se haga de forma progresiva, en función del salario de cada trabajador.

   Así se lo ha transmitido la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, a los sindicatos durante la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos que se ha celebrado este viernes para tratar los recortes salariales a los funcionarios, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al encuentro.

   Sin embargo, es algo que no lo tiene todavía decidido y el Gobierno autonómico ha quedado con las organizaciones sindicales en volver a verse el próximo martes. Para este día, los sindicatos ya contarán con una tabla que recoja esta reducción por fases en función del salario de cada uno y que, igualmente, se tiene que traducir en un 3,3 por ciento final.

   Para los sindicatos, esta propuesta es "menos negativa". Según los representantes de los trabajadores, que el esfuerzo que cada uno hace sea en relación a su salario "es menos malo" porque si se procede a un decremento salarial con el mismo porcentaje aumentan las diferencias salariales entre categorías.

   Sin embargo, si se hace de manera progresiva en función de los salarios, se mantienen las horquillas. "Harán menos esfuerzos los que menos tienen", han explicado desde los sindicatos en relación a esta propuesta que, de momento, reciben con cautela.

   Por otro lado, las organizaciones sindicales han planteado a la consejera del ramo que aclare otros puntos de la nueva normativa y le han preguntado si las ofertas públicas de empleo y los procesos abiertos de consolidación se van a respetar, y, por lo tanto, mantener.

   Precisamente, ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se comprometió ayer a hacer un "ajuste" en la cuestión de la disminución salarial en el caso de los médicos, que han mostrado su malestar porque, en su caso, se produce un desequilibrio a la hora de la reducción teniendo en cuenta que tienen menos salario y más complementos.

El Gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios

MADRID.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.

   En concreto, en el borrador se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.

   En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.

   En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.

   En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.

   De hecho, en una carta el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".

   En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

   De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.

   La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.

   En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.

   El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

   En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".

   Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".

   Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.

   Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.

   Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.

Los Ayuntamientos, en el punto de mira de la tijera del Gobierno

MADRID.- El Gobierno español está ultimando una reforma administrativa para delimitar de forma precisa las competencias de los ayuntamientos que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales, dentro de sus esfuerzos por cumplir los objetivos de déficit y racionalizar el gasto público.

Esta reforma de la ley del régimen local, que tendrá continuidad en otra esperada modificación de la financiación municipal, pretende despejar la actual maraña de instituciones en este ámbito y entre sus principales objetivos está el de impulsar la fusión de los ayuntamientos más pequeños.

Con estos cambios, el Gobierno confía en lograr ahorros de unos 3.500 millones de euros el próximo año, una pieza más de su activa estrategia para reducir drásticamente el déficit público desde el 8,5 por ciento de 2011 al 5,3 por ciento este año y al 3 por ciento en 2013.

Los ayuntamientos, muchos de los cuales están en una "situación crítica" según el Ejecutivo, supusieron un 0,4 por ciento del déficit total del año pasado, y deben reducir una décima esa cifra este año y llevarla a cero el siguiente.

Aunque las fusiones de ayuntamientos tendrán un carácter voluntario, podrían ser inevitables para muchos, si tienen dificultades para cumplir en solitario con una serie de criterios de eficiencia en función de su población - aún por definir - a la hora de prestar servicios como la recogida de basura, el alcantarillado o el abastecimiento de agua.

Estas exigencias les abocarán según el Gobierno o a unirse a otro municipio o a delegar directamente esas funciones en las diputaciones provinciales, unos organismos que saldrán claramente reforzados de la reforma en marcha.

"Se trata de primar la austeridad, aumentando la eficacia y eficiencia y evitando duplicidades para no despilfarrar recursos en la administración pública", dijo esta semana el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cuyo departamento pretende tener cerrada este mismo mes la propuesta de reforma.

Los cambios pretenden también enviar un mensaje de orden en el complejo mapa político español, en el que conviven más de 8.100 municipios, medio centenar de diputaciones provinciales, una decena de cabildos o consejos insulares, e innumerables entidades de ámbito local, además de las consabidas 17 comunidades autónomas.

El mapa municipal español se caracteriza además por una gran fragmentación, donde el 84 por ciento de los municipios tiene menos de 5.000 vecinos y sólo un 5 por ciento tiene más de 20.000 habitantes.

"La reordenación municipal es algo inevitable. Es hora de que reconozcamos que no todos los ayuntamientos son capaces de llevar cuentas ordenadas, de prestar servicios de modo eficiente a sus ciudadanos", señaló Beteta, que ha asegurado que el Gobierno quiere hacer la reforma con consenso y de la mano de las comunidades autónomas.

Según una encuesta realizada por la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) conocida esta semana, el 62,5 por ciento de los españoles estaría a favor de la fusión de municipios, un camino aún por explorar que han iniciado dos corporaciones gallegas, las de Cesuras y Ozas del Río.

Sin embargo, esta no es la opción preferida de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha enviado al Gobierno sus propias propuestas de reforma, en las que se inclina por una cesión de competencias a entidades mayores por parte de las corporaciones más pequeñas, en lugar de por uniones o fusiones de las mismas.

Los municipios - que según datos del Banco de España acumulaban a finales de 2011 una deuda de 35.420 millones de euros - se financian con el cobro de tributos y tasas, mediante las transferencias que reciben de otras administraciones y a través del endeudamiento. La crisis económica ha supuesto que esas tres vías se hayan visto drásticamente reducidas.

En este contexto, numerosos ayuntamientos están sufriendo para pagar a sus empleados públicos y tienen cientos de miles de facturas pendientes de cobro por servicios, lo que llevó al Gobierno central al salir al rescate - para evitar también una quiebra masiva de pequeñas empresas - con un plan de pago a proveedores.

Sin embargo, de los más de 4.600 municipios que quisieron acogerse a este plan, 2.000 de ellos no llegaron a presentar los planes de ajustes necesarios para recibir la financiación del Gobierno.

Y de los que los presentaron, unos 300 recibieron una valoración negativa. Uno de Guadalajara llegó a presentar un plan por el que necesitaría 7.058 años para poder saldar su deuda, algo calificado de "escalofriante" por parte de Beteta.

El origen del problema se encuentra tanto en años de mala gestión como en la prestación por parte de los ayuntamientos de servicios para los que no cuentan con financiación por corresponder en un principio esas funciones a las comunidades autónomas, enfrascadas por su parte en su particular vía crucis de contención del gasto.

Esas llamadas "competencias impropias", que suponen el 26 por ciento de todos los gastos de los ayuntamientos según un informe del Instituto de Economía de Universidad de Barcelona, es lo primero que se quiere suprimir.

Dentro de la revisión del mapa de atribuciones entre administraciones que ha emprendido el Gobierno, se prevé que los ayuntamientos más pequeños pierdan competencias, pero la situación podrá suponer todo lo contrario para las corporaciones de mayor tamaño, que podrían recibir funciones - y financiación - que ahora recaen en las comunidades autónomas.

También tendrán un papel reforzado las diputaciones provinciales, a las que el Gobierno quiere dar "más músculo técnico y financiero" que garantice la prestación de determinados servicios asumiendo la labor que en algunos puntos de España desempeñan las mancomunidades, que podrían estar llamadas a desaparecer.

El papel de las diputaciones - instituciones cuya función es gestionar los intereses económico-administrativos de las provincias - ha estado sin embargo en cuestión en los últimos meses, y líder del Partido Socialista ha llegado a asegurar que son unos organismos que "sobran", lo que podría dificultar el consenso al que aspira el Gobierno con la reforma.

Interinos estudian movilizaciones en la Enseñanza contra los cambios en las oposiciones

MADRID.- CC.OO. Madrid Enseñanza ha convocado para este martes, 8 de mayo, una Asamblea General del Profesorado Interino a las 17.30 horas en el salón de actos del IES San Isidro, para proponer movilizaciones generales y específicas después de conocer la propuesta de la Comunidad de cambiar el orden en las listas en las oposiciones de Secundaria.

   Este encuentro se celebra con los lemas que han venido acompañando desde principio de curso al movimiento del profesorado. Estos son 'Escuela pública de todos para todos', 'No a los recortes en los servicios públicos', 'No a una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil' y 'Por los derechos del profesorado interino'.

   En concreto, durante el encuentro tratarán la propuesta que la Consejería de Educación presentó la semana pasada en la Mesa Sectorial sobre las listas de interinos, donde la Administración quiere que sean los buenos resultados en las oposiciones de Secundaria los que primen en el acceso a una plaza de interino.

   La Consejería de Educación entregó el pasado 27 de abril en Mesa Sectorial un documento que recoge una propuesta de modificación de la ordenación de listas de interinos que afectaría sólo a las especialidades de Secundaria convocadas para 2012.

   Esta propuesta recoge que "cuando resulten necesarios nombramientos de interinidad para puestos de funcionarios docentes de alguna de las especialidades incluidas en la OPE aprobada para el año 2012, se les ofertarán en primer lugar a los aspirantes de la lista preferente que, habiendo superado la oposición, no hubieran resultado seleccionados, ordenados según la puntuación obtenida", han explicado.

   El resto de nombramientos se harían de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid que imparte enseñanzas no universitarias para el periodo 2006-2009, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2006.