MADRID.- Los sindicatos USO, UGT, CCOO Educación, CSIF, ASP, FESVet, ACAIP, ANPE,
APFP y la Confederación Intersindical firmaron en julio de 2022 un acuerdo con ATEAVA para luchar porque las secuelas postvacunales se reconozcan como contingencia laboral. Una situación que afecta también a los que han sufrido reacciones adversas por las vacunas contra la covid.
Así, desde UGT se explica a Público que "los trabajadores daban un servicio público y recibieron la recomendación por parte de la administración de inocularse.
Hubo muchas presiones, incluso con listas de vacunados y no vacunados.
Es una cuestión de justicia y coherencia protegerlos", confirma José de las Morenas de Toro, coordinador de la Secretaria Confederal de Salud Laboral de UGT.
Desde la Unión
Sindical Obrera (USO) también defienden esta línea: "Cuando la
asociación de trabajadores esenciales afectados por la vacuna
AstraZeneca (ATEAVA) se reunió con nosotros para pedirnos ayuda,
entendimos perfectamente el problema", cuenta a Público Sara García de las Heras, su secretaria de Acción Sindical y Empleo a nivel confederal.
"No era una cosa
sorprendente que hubiera salido de la nada. Ya llevábamos tiempo
viéndolo entre los afiliados y los trabajadores, desde que empezaron las
inoculaciones", explica.
García de las Heras nos habla de "situaciones
extremas de trabajadores que están tratando de obtener el
reconocimiento de incapacidad, porque no pueden trabajar, en otros casos
se ha pedido la adaptación del puesto de trabajo a su nueva situación,
otros no han podido recuperarse y siguen de baja".
Unos
meses antes, el 31 de marzo de 2022, la Comisión de Investigación de
las Vacunas Covid-19 aprobó, por mayoría de votos en el Congreso de los
Diputados, sus conclusiones, con algunas recomendaciones.
En ellas, puede
leerse que, "a la luz de las reacciones adversas que las vacunas
anticovid han podido causar, recomendamos evaluar la necesidad de
medidas de acompañamiento a las personas afectadas, como asistencia
médica y psicológica, prestación farmacéutica y servicios de
rehabilitación".
Sin embargo, "desde entonces, a mí nadie me ha llamado", nos dice el presidente de ATEAVA, Pedro García, que compareció ante la comisión en febrero de 2022.
El mismo documento recoge la necesidad de
"promover estudios sobre potenciales reacciones adversas a las vacunas
frente a las consecuencias a largo plazo de la salud de las personas
afectadas".
En el punto de mira de ATEAVA está AstraZeneca, que fue retirada del mercado español de forma definitiva en julio de 2021, debido a ciertos efectos graves relacionados con un tipo específico de trombosis.
No obstante, García de las Heras se queja de que "la Administración está tirando balones fuera,
diciendo que esa incapacidad no tiene un origen laboral. Esgrimen que
la vacunación fue voluntaria". Pero los sindicatos no están de acuerdo.
"Hubo
muchas
presiones en los centros de trabajo, incluso con listas de vacunados y
no vacunados y otros medios coercitivos. Estamos hablando de un
colectivo que daba un servicio público y tuvo la recomendación del
Estado de vacunarse. Es una cuestión de justicia y coherencia
protegerlos", señala a Público José de las Morenas, coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT.
Contingencia laboral
El procedimiento de averiguación de causa para el reconocimiento de baja por contigencia laboral
es un trámite complejo, largo y farragoso. Por eso, García de las Heras
recomienda no embarcarse en esta aventura en solitario, "que el
afectado siempre tenga una asesoría jurídica a la hora de presentar una
reclamación, preferiblemente con una organización sindical".
Según advierte
esta experta en contingecias laborales, "el tema de reconocimiento
laboral de cualquier dolencia exige mucha paciencia y entereza porque el
proceso está pensado para que te desanimes".
Con el mismo muro,
se encuentran otras personas que padecen secuelas postvacunales y no
pertenecen al grupo de los trabajadores esenciales.
"Las demandas a la Administración se amparan en el principio de solidaridad:
eso implica que yo me vacuno por el bien de la sociedad pero, si a mí
me ocurre algo, esa solidaridad debe ser recíproca", dice a Público
Francesc Feliu, abogado experto en responsabilidad civil sanitaria y
profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Barcelona.
Lo
habitual con cualquier medicamento que produjera un daño a algún
paciente, sería dirigirse a la farmacéutica.
Pero, en este caso, antes de sacar las vacunas, el Gobierno español
anunció que había firmado un contrato con ellas por el que las eximía de
cualquier responsabilidad por posible efectos adversos de las vacunas
en la población.
"La Unión Europea sacó una norma que marcaba una excepción
sobre la Directiva europea de Responsabilidad de Productos –que obliga a
todos los fabricantes a responder por los daños que sus productos
pudieran causar–", recuerda a Público Alfonso Atela, abogado especializado en Derecho Sanitario y Profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco UPV/EHU.
Por
eso, este experto entiende que la opción que tienen los afectados es
hacer una reclamación por responsabilidad patrimonial al Estado.
"Lo más complicado es acreditar la vinculación con la vacuna",
reconoce Atela. En su opinión, los facultativos son reacios a
establecer diagnósticos de síndrome postvacunal porque "conocen lo
empírico, la fase de observación, pero desconocen el mecanismo. Es
necesario investigar más", recalca.
En la misma línea, Federico Zurita, profesor de Genética en la Facultad de Biología de la Universidad de Granada, indica a nuestro medio que "la
ciencia se basa en demostrar que una hipótesis es falsa y, si no lo
puedes demostrar, la mantiene hasta que surja una hipótesis que la
explica mejor".
En relación a los síntomas postvacunales, Zurita dice que "si
alguien se vacunó primero y luego tuvo ciertas reacciones, eso no se
puede negar. Lo que es difícil de asegurar es la relación causal". Aquí es donde entra el papel del perito, cuando se trata de analizar un caso individual en concreto.
"Somos
profesionales imparciales, ajenos al conflicto, que nos encargamos de
buscar los criterios causales, es decir, valorar las secuelas, el
tiempo, lo que ha sucedido durante ese periodo de tiempo y si las
secuelas pueden tener relación o no con las vacunas y con los efectos
adversos. Cogemos la parte técnica del caso y emitimos un informe
dirigido al órgano juzgador", nos explica el doctor Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, perito forense y judicial.
Recomendaciones para personas afectadas
Los pasos a seguir comienzan por recabar todos los informes médicos y pruebas
relativas a su caso. "Si no los tiene, debe pedirlos a los centros
sanitarios donde le atendieron. Hay que saber el número de lote o, en su
defecto, el documento donde aparece la vacuna que le pusieron y la
fecha", asesora Lorena Montesinos, presidenta de APAVaC19, Asociación de Personas Afectadas por las Vacunas COVID-19.
Por otra parte, "médico y paciente deben notificarlo a farmacovigilancia,
para que pueda procederse al registro y validación posterior del caso,
así como comprobar si esos síntomas aparecen en la última actualización
de la ficha técnica del medicamento", añade Montesinos.
"Es un paso
fundamental para ver el alcance de esto, de qué enfermedades hablamos.
Si todos los casos estuvieran notificados, se podrían ver las alertas y
se incluirían enfermedades que aún no están, como la encefalomielitis miálgica", observa.
Además, Pedro García aconseja "preguntar a su médico especialista qué pruebas específicas hay que hacer para probar la relación causa-efecto con la vacuna".
Por ejemplo, el
anticuerpo anti-PF4 permite detectar si el paciente ha sufrido
potencialmente un tipo muy específico de trombosis que está documentado
en casos de inoculación con AstraZeneca, tal y como recogen las recomendaciones de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME).
