El PP espera que la Ley de Transparencia sirva para prevenir la corrupción

MADRID.- El PP confía en que la futura Ley de Transparencia sirva para prevenir la corrupción en España y evitar el despilfarro en las administraciones públicas, a la vez que mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar el buen uso de los recursos públicos.

   El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha celebrado el anteproyecto aprobado este viernes por el Gobierno en el Consejo de Ministros y ha recordado que se trata de una regulación "muy importante y necesaria" que ya tenían otros países de la Unión Europea.

   A su juicio, es fundamental regular la transparencia de las instituciones públicas porque los ciudadanos "tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero".

 "Es una medida muy importante de regeneración política, la transparencia es la mejor medicina para prevenir la corrupción y el buen gobierno es la mayor garantía para evitar el despilfarro", ha subrayado.

   Bermúdez de Castro ha alabado también el procedimiento elegido por el Ejecutivo para su tramitación, ya que contará "por primera vez en la historia" con un periodo de quince días de audiencia pública durante los que los ciudadanos podrán aportar sus recomendaciones y sugerencias de mejora.

   "Cuanta más transparencia, más confianza y control de las cuentas públicas", ha resumido el dirigente 'popular' al recordar que los principios de "eficacia, ejemplaridad, austeridad y rigor en la gestión de recursos" que establece la ley deben regir la actuación de todo gobernante.

   El secretario general del PP en el Congreso ha destacado también la inclusión en la Ley de Transparencia de un baremo para "poner límite" al sueldo de los alcaldes.

   Para Bermúdez de Castro, esta ley contribuirá al "esfuerzo" del Gobierno "por ganar confianza, credibilidad y solvencia" y enviar al exterior "la imagen de que España es un país cumplidor". "El Gobierno está haciendo los deberes, y esta ley, junto a la de estabilidad presupuestaria, envía un mensaje claro de que España es un socio fiable", ha concluido.

Los cargos públicos que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años

MADRID.- Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y ha recalcado que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes del mes de junio-- permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".

   "La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos. También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado.

   La vicepresidenta ha explicado que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del próximo lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. La norma se compone de tres bloques:  publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

    En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.

    Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.

   Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública.  Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades  Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.

    El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución, estableciendo un "equilibrio" entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública. El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud.

    En cuanto a los límites, no se proporcionaran datos si afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los  ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí que ocurre en países como Estados Unidos.

    Sáenz de Santamaría ha indicado que la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia, encargándose de resolver las reclamaciones que se produzcan en caso de denegación de acceso  de información. 

    El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con rango legal" para todas las administraciones públicas, que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.

    Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurará: la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones; el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública; no formular los planes económico financieros en los supuestos que figura en la Ley de Estabilidad; o el incumplimiento de medidas de corrección previstas en esa norma.

   Sáenz de Santamaría ha recalcado que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.

   Además, en el caso de que haya "un verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable", la conducta "será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con una inhabilitación de hasta diez años y la correspondiente multa".  Aunque no se prevé en la norma la pena de cárcel, la portavoz del Gobierno ha recordado que si  no se cumple la pena de multa, ésta "se sustituye por una pena de prisión".

    El objetivo de esta norma es "complementar" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan y sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos", de forma que los altos cargos "responden con carácter personal de esa conducta". Es más, ha subrayado que esta ley trata de "evitar" que "alguna administración diga que cumple el seis por ciento de déficit" y "acaba dejando el país en un ocho".

   La portavoz del Gobierno ha hecho hincapié que "el responsable sólo puede ser el competente". En este sentido, ha comentado que, por ejemplo, si un consejero es el responsable de enviar a Hacienda un plan de ajuste y no lo hace, sería "el responsable". "La competencia determina la responsabilidad", ha reiterado.

    Sáenz de Santamaría ha explicado también que la Ley de Transparencia "por primera vez hará públicas las resoluciones en relación con las compatibilidades e incompatibilidades", colgándose en la web "las autorizaciones o denegaciones que se den en este punto". 

  Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.  

Madrid dice que los 'hispanobonos' son un instrumento "muy atractivo"

MADRID.- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha afirmado este viernes que los 'hispanobonos', un mecanismo que estudia poner en marcha el Gobierno para financiar a precios razonables a las comunidades autónomas, son un instrumento "muy atractivo y bienvenido".

   "Cualquier iniciativa que ayude a que las administraciones públicas, las comunidades autónomas, nos podamos financiar en estas fechas es muy bienvenida", ha afirmado Manglano preguntado sobre los hispanobonos, al tiempo que ha destacado que el acceso a crédito para las comunidades autónomas en general "no está siendo fácil y por lo tanto, es un instrumento muy atractivo y bienvenido en las fechas en las que estamos".

   No obstante, Manglano ha afirmado para la Comunidad "los mercados sí que están abiertos", y ha explicado que hace una semana han emitido cerca de 665 millones de euros en deuda de la Comunidad con " una acogida muy favorable". Así, ha apuntado que en origen la oferta había sido de 250 millones y al final se aumentó hasta los 665 millones.

El Gobierno estudia crear una agencia para emitir 'hispabonos'

MADRID.- El Gobierno estudia la posibilidad de crear una agencia vinculada al Tesoro Público para emitir deuda y repartirla después entre las comunidades autónomas para reducir los problemas de las regiones a la hora de acceder a los mercados.

   Según han señalado fuentes financieras, ésta es una de la posibilidades que baraja el Ejecutivo, que esta misma semana se reunió con los bancos creadores de mercado para tratar este tema, entre otras cuestiones.

   Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad señalan que aún no hay una fórmula definida ni una fecha concreta, aunque ésta es una de las opciones que se barajan para la propuesta que el Departamento que encabeza Luis de Guindos tiene previsto hacer en las próximas semanas.

   La propuesta de Economía podría concretarse así en la puesta en marcha de los conocidos como 'hispanobonos', emisiones de deuda del Estado en representación de las regiones que muchos sectores económicos han reclamado en los últimos meses.

   El propio ministro de Economía se ha mostrado partidario de los 'hispanobonos' en reiteradas ocasiones, justificando esta medida en la necesidad de armonizar el coste de las emisiones en todo el territorio nacional.

   Incluso ha llegado a asegurar que las comunidades autónomas se podrían ahorrar unos 1.000 millones de euros en costes financieros si emitieran al tipo al que lo hace actualmente el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

   De hecho, mientras que el Tesoro ha logrado reducir el coste de sus emisiones en lo que va de año y ha colocado más de lo previsto, algunas comunidades han tenido dificultades para cerrar sus colocaciones o se han visto obligadas a pagar tipos muy elevados.

   Éste es el caso de Castilla y León, que el pasado martes colocó poco más de 50 millones de los 200 millones que pretendía colocar, o de la Comunidad de Madrid, que tuvo que elevar considerablemente el interés para colocar 660 millones.

   Este tipo de situaciones ha disparado las alarmas del Ministerio, que ha decidido poner fin a esta situación con una propuesta concreta que presentará en las próximas semanas y que previsiblemente dará luz verde a los 'hispanobonos'.

   Esta medida, beneficiará a muchas comunidades con dificultades para financiarse, aunque queda la duda de si las regiones que han cosechado buenos resultados en sus emisiones recurrirán también a la nueva agencia del Estado o si, por el contrario, seguirán emitiendo su propia deuda.

   Los expertos alertan de que la medida, pese a ser positiva, puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro, que mantiene una buena racha desde el pasado mes de diciembre y que ha logrado reducir notablemente el interés.

   Éste mismo motivo frenó a la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, que siempre se opuso a que el Estado asumiera las emisiones de las comunidades para evitar el deterioro de las emisiones del Tesoro.

   Desde Ahorro Corporación, el director de la mesa de deuda pública, Javier Ferrer, admite que una medida de este tipo puede elevar el interés que paga el Tesoro actualmente, aunque no cree que acabe siendo perjudicial para España.

   En este sentido, considera que la puesta en marcha de los 'hispanobonos' puede ser muy "interesante" para el mercado y puede tener una "gran acogida" entre los inversores, sobre todo entre los españoles, aunque eleve el coste.

   Por su parte, desde Intermoney, José Carlos Díez, considera necesario que el Estado avale a las comunidades, aunque duda de la efectividad de la medida entre los inversores, que prefieren cosas más sencillas y acaban recurriendo al bono que ofrece el propio Tesoro.

   Díez asegura que hay ejemplos que demuestran que estas iniciativas no siempre funcionan, como las emisiones de la banca avaladas por el Tesoro, y cree que una medida de este tipo puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro porque "socializa" la deuda. "Será algo que acaben teniendo en cuenta las agencias de rating", ha dicho.

González exige que se hagan públicos los documentos que le vinculan a la Gürtel

MADRID.- El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha exigido este jueves que se hagan públicos los documentos que le puedan vincular con el 'caso Gürtel' después de las informaciones publicadas en el diario 'El Mundo' acerca de la compra de un piso en Guadalmina, con el fin de que él se pueda defender.

   "Exijo que si el diario El Mundo dice que hay informes policiales que él tiene o tiene declaraciones en procesos judiciales de testigos que dicen lo que dicen, que lo hagan público para que yo me pueda defender y entonces ir a los tribunales de justicia", ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

   Precisamente González ha acudido a esta conferencia de prensa con los documentos con los que cuenta él y que acreditan que tiene un contrato de arrendamiento con Coast Investors, al que paga trimestralmente el alquiler de este piso; las transferencias bancarias al respecto y una escritura de compraventa ajena a su persona, entre un empresario asturiano y un americano.  

   González ha indicado que "no hay ni una sola prueba documental" ni nadie "que acredite nada", por lo que ha exigido que se hagan públicos todos los documentos dado que "entre la libertad del derecho a la información y el secreto profesional se hace muy difícil, si no hay encima ningún documento sobre el que actuar, hacer ninguna actuación", ha añadido.

   "Si alguien dice que el piso es mío, que enseñe una escritura de mi propiedad, si hay alguien que dice que me lo ha vendido, que diga cuándo, dónde, qué día, ante qué notario, pero lo que dicen lo tendrán que acreditar", ha insistido el vicepresidente madrileño, quien ha recalcado su exigencia de que "todo se acredite". 

"Pido que todo lo que se dice se acredite y cuando sepa quién, cómo y dónde, si tengo la posibilidad de plantear algún tipo de acción legal lo haré", ha apostillado.

   El portavoz del Gobierno autonómico ha explicado que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le ha informado de que no existe "ninguna información ni ninguna investigación oficial por parte de la policía" ni ningún procedimiento judicial. "Por lo tanto, quiero que si existen, que se ponga encima de la mesa", ha dicho.

   Precisamente, por ello, ha exigido también que la Policía "diga si existe alguna investigación oficial, con motivo de qué, en qué causa, quién lo ha ordenado y que se ponga encima de la mesa".

 "Y si como insinúa la información, hay presuntos testigos que dicen que han hecho declaraciones en algunos presuntos procesos judiciales que desconocemos que me relacionan con algunas operaciones y constructores, exijo que la pongan encima de la mesa", ha insistido.

   González ha tildado las informaciones que desde el martes publica este diario de "insidiosas y falsas", y, además, que no aportan "ni un solo documento que acredite nada" de lo que se dice. Así, ha aclarado que el piso del que se le acusa ser propietario no es de su propiedad, que tiene alquilado y "que conforme a lo estipulado en el contrato de alquiler" que tiene, y que paga "religiosamente".

   El vicepresidente ha indicado que el pasado domingo, antes de que estas informaciones salieran a la luz, acudió a la redacción de este periódico, para enseñar a las personas responsables de la noticia el contrato de alquiler que tiene y las transferencias bancarias que hace al propietario para pagar el alquiler.

   Sin embargo, ha venido a lamentar que no sirviera de nada: "Esto de las imputaciones e insinuaciones sin pruebas, esto que yo llamo el periodismo basura de la prueba diabólica que practican algunos, que es imputar a una persona algo insidioso sin acreditarlo y exigir al que se le imputa que pruebe lo contrario de lo que ellos no han sido capaces de probar, es una práctica deleznable, pero que desgraciadamente parece que está muy asentada".

   En definitiva, González ha exigido que se hagan públicos "esos presuntos informes de la policía" que los periodistas dicen tener y que digan qué investigación es esa, "si es oficial o no, quién la ha ordenado, en el ámbito de qué proceso, quién la está realizando, con qué recursos, cómo se paga y que aporten alguna prueba que acredite alguna de las insinuaciones y de las que no ha dado prueba hasta el momento"

   Preguntado por si tiene sospechas de qué motivo puede haber para que aparezcan estas informaciones, ahora que se acerca el Congreso Regional del PP de Madrid, González ha  apuntado que no tiene "ningún interés en especular" pero cree que "no es admisible ni razonable" este sistema "en el que uno tiene que demostrar cosas que los que hacen la información no acreditan".

   "Demostrar lo que no es posible es la prueba diabólica, es imposible. No se pueden hacer insinuaciones sin prueba documental que lo acredite", ha añadido González, quien ha concluido explicando los documentos que él posee  y que dicen que disfruta del piso de Andalucía en régimen de alquiler y que no conoce "otro documento que acredite lo contrario".

Bankia podría recortar costes salariales por 200 millones en dos años

MADRID.- Bankia prevé acometer un recorte de costes salariales por importe de 200 millones de euros durante los próximos dos años, lo que supone más de un 10% anual, según informa CC.OO.

   El sindicato sostiene que la dirección de Bankia, fruto de la integración de siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja, así lo ha planteado este jueves a la representación laboral en la entidad.

   El pago de la retribución variable de 2011 se realizará en la nómina de marzo, excepto para el personal objeto de supervisión, que está pendiente de la autorización del Banco de España.

   CC.OO. recalca que el impago de la retribución variable hubiera producido incumplimientos de acuerdos laborales y un incremento de la tensión laboral.

   Según el sindicato, la dirección de Bankia está abierta a amortizar puestos de trabajo entre las medidas de reducción de costes.

   Para la Federación de Servicios Financieros Comfia-CC.OO, "Bankia debe ordenar la casa, mejorar el gobierno corporativo y reducir el número de órganos de gobierno, así como recortar sus remuneraciones".

   A su parecer, "las cifras planteadas son muy discutibles y absolutamente desproporcionadas".

Unilever cierra su planta de Aranjuez, con 166 trabajadores

MADRID.- La multinacional de productos de consumo Unilever ha decidido cerrar su planta de Aranjuez, que está especializada en la producción de suavizantes y detergentes y cuenta con una plantilla de 166 trabajadores, como consecuencia del estancamiento de las ventas en Europa, del decrecimiento del mercado español y de la falta de perspectivas de crecimiento.

   Unilever sostiene que adolece de una sobrecapacidad productiva de suavizantes y detergentes en sus plantas europeas, y asegura que la de Aranjuez es "la menos competitiva" de todas ellas, pese a que en los últimos años ha puesto en marcha iniciativas que pudiesen evitar su cierre.

   "El entorno económico actual ha hecho que sea necesario tomar esta meditada decisión", añade el grupo fabricante, entre otras marcas, de 'Mimosín' y 'Skip'.

   En fuentes de la empresa indicaron que el mercado global de productos de lavandería ha sufrido una caída del 9% en los últimos cinco años, desde el comienzo de la crisis.

   Además, el retroceso de las ventas de detergente en polvo, que concentra buena parte de la actividad de Aranjuez, alcanza el 18%, en contraste con la subida del 126% del detergente líquido y del 118% del de cápsulas.

   Según una carta remitida por el comité de dirección a la plantilla, a la que tuvo acceso Europa Press, la media de producción en las plantas europeas se encuentra en torno al 35%, mientras que en Aranjuez la ocupación media es del 20%.

   En este escrito se detalla que la planta española ha perdido 42.360 toneladas desde 2007 hasta el cierre de 2011, lo que supone un 30,2% menos, y que, sólo en el último ejercicio, ha disminuido en un 24,3% los volúmenes de producción.

   Unilever señala que la continuidad de esta fábrica "no es viable, ya que los costes de producción no son competitivos, comparado con otras fábricas del grupo que producen las mismas categorías".

   Desde la multinacional indicaron que la decisión de cerrar la planta de Aranjuez no tiene ninguna repercusión sobre la factoría de Leioa, en Vizcaya, especializada en la fabricación de productos de alimentación, como salsas y margarinas, ni sobre las oficinas centrales de Barcelona.

   La empresa ha anunciado que iniciará un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores para llevar a cabo un plan social en las mejores condiciones para los afectados. "Unilever tiene un fuerte compromiso con sus empleados y gestionará este proceso de un modo responsable, tal y como siempre ha venido realizando", añade.

   Por otro lado, la compañía defiende que el negocio de detergentes y suavizantes continúa siendo prioritario para Unilever en España, y el deseo de la empresa es aumentar su competitividad y ganar relevancia en este mercado.

Torres-Dulce será "implacable" contra la corrupción política porque es un "cáncer de la convivencia"

BADAJOZ.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sostiene que la "corrupción política" e "institucional" se está "revelando como un verdadero cáncer de la convivencia y del propio Estado de Derecho", motivo por el cual se comprometió ante el Congreso a ser "absolutamente implacable" en los casos en los que apareciera. 

Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal estarán en "primera línea de batalla con respecto a todas formas de corrupción, no solamente la económica o la política, sino a veces incluso la denominada corrupción institucional".

El fiscal general ha advertido de que si la corrupción institucional "no se ataja, si no se da una respuesta, acaba corroyendo los cimientos del Estado y del Estado de Derecho, que es la base de la convivencia democrática en un país".

Según Rajoy, si hay enchufes saldrá el nombre y se explicarán las razones

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Ley de Transparencia que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".

   En un almuerzo-mitin en Ribadesella junto a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Mercedes Fernández, Rajoy ha recalcado que los cargos públicos deben ser "austeros y respetar cómo nunca el dinero de los ciudadanos".

   "La Ley de Transparencia pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, que si se enchufa salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno", ha indicado.

   Rajoy ha enmarcado la Ley de Transparencia dentro de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo y ha añadido que con esta norma "todos los ciudadanos tendrán derecho a saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones".

   "Si dan subvenciones habrá que publicarlas, se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes", ha afirmado.

El mítico Café Gijón, en la cuerda floja

MADRID.- Si las características mesas de mármol blanco del Café Gijón hablaran, podrían contar la historia de la cultura española desde hace casi 125 años. Ahora, una de sus señas de identidad, su privilegiada terraza, puede pender de un hilo.

   Escritores, científicos, intelectuales, artistas... todos poblaron sus mesas en el Paseo de Recoletos semana tras semana en interminables tertulias pobladas de humo denso, que inspiró, entre otros, al premio Nobel Camilo José Cela para escribir La Colmena.

   Pero el café, que sobrevivió a la guerra civil, podría volverse inviable si no puede conservar su terraza, cuya contrata ha vencido. El Ayuntamiento la dado la concesión a otra empresa que presentó una oferta superior.

   "El problema auténtico (...) es que si la dirección del café se queda sin la terraza, que es en donde tiene la solvencia económica para mantener al personal y el café, ya que la facturación mayor está aquí fuera (..) se vea obligada (...) a vender", dijo José Bárcena, trabajador del Café Gijón encargado de las relaciones públicas.

   "Sería tan lamentable como que perdiésemos El Rastro, el Museo del Prado o cualquier lugar que forma parte de la estructura de esta ciudad que es Madrid, mi bello Madrid", agregó.

   Mientras continúa la incertidumbre, en su interior siguen las tertulias y sus asiduos se emplean en sus rutinas de siempre.

   "Ahora viene un señor, que no tiene que ver nada con la cultura ni con el arte, solamente a lucrarse porque va a tener en la terraza unas ganancias X", dijo Antonio Granados Valdéz, de 95 años, artista y escritor, en el interior del café.

   "Me parece un atropello que consiente quien sea el que le esté dando esa facilidad. Es una actuación contra el Café Gijón", agregó el artista desde la misma mesa del Gijón que visita todos los días.

Ana Pastor espera que la Eurocámara incluya el túnel de los Pirineos entre sus prioridades

BRUSELAS.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dicho que espera que el Parlamento Europeo incluya el Corredor Ferroviario Central entre los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transportes, que se beneficiarán de ayudas europeas. Pero el comisario de Transportes, Siim Kallas, ha dicho que el plan es "muy bueno" para España y ha rechazado renegociar la lista pactada con el anterior Gobierno socialista.

   Los ministros de Transportes de los 27 han aprobado, con la oposición de Pastor, la nueva lista de proyectos prioritarios, que para España contempla el Corredor Ferroviario Atlántico y el Mediterráneo pero no el Central.

   "El Gobierno de España no puede compartir la propuesta actual de la Comisión porque con ella no se asegura el acceso equilibrado de todas las regiones al espacio europeo al quedar excluidos algunos itinerarios y algunos nodos que para nosotros son fundamentales y vertebradores", ha dicho la ministra de Fomento al término de la reunión.

   Además del Corredor Central, Pastor reclama a la UE que incluya entre las prioridades el puerto de Vigo y los aeropuertos de Alicante, Málaga, Tenerife Sur y Gran Canaria.

   "Nuestros eurodiputados van a seguir defendiéndolo", ha explicado la ministra de Fomento. "Nos quedan todavía unos meses de trabajo muy intenso y a ello nos vamos a dedicar en las próximas fechas", ha anunciado.

   Pastor ha resaltado que el Corredor Central ya estaba incluido en la lista de proyectos prioritarios de 2004 y que la propia Comisión está financiando un estudio sobre el túnel para conectar España y Francia a través de los Pirineos.

   Por su parte, el comisario de Transportes se ha mostrado dispuesto a ajustar elementos "menores" en la lista para España pero ha rechazado iniciar de nuevo las negociaciones.

   "Tuvimos negociaciones muy difíciles con el Gobierno español, yo mismo negocié con el entonces ministro (José) Blanco y llegamos a un acuerdo. Algunos elementos no pueden cambiarse. No podemos crear el precedente de iniciar de nuevo las negociaciones sobre la red", ha insistido Kallas.

   "La red negociada con el Gobierno español y que está en el mapa es una propuesta muy buena y está aceptada por los países vecinos, lo que es también muy importante y tiene un valor añadido europeo", ha apuntado.

Delegación del Gobierno en Madrid impide que la marcha del 29-M acabe en Sol

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha impedido a los sindicatos terminar la marcha convocada el día de la Huelga General, 29 de marzo, en la Puerta del Sol, por motivos de seguridad debido al "colapso" que se generaría en ese punto al coincidir varias marchas y por el derecho a la libertad de movimientos de los ciudadanos, según han informado fuentes del departamento que dirige Cristina Cifuentes.

   La institución se ampara en el informe emitido por el Ayuntamiento de Madrid, que desaconseja que las protestas terminen en la Puerta del Sol, "ya que conllevaría importantísimas retenciones y sustanciales repercusiones en la circulación de vehículos, tanto privados como de servicio público".

   Con fecha del 16 de marzo, se celebró en la Delegación una reunión para coordinar la seguridad de la manifestación, con la asistencia de representantes de las organizaciones convocantes y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En dicha reunión, se les indicó a los representantes sindicales que la coincidencia del final de la manifestación con otras concentraciones y manifestaciones comunicadas con anterioridad y les propuso que finalizaran la manifestación en la Puerta de Alcalá, como hicieron en la última convocatoria. Por tanto, se comunica a CC.OO. y UGT que en el centro de Madrid ese día hay una manifestación de CGT y Solidaridad Obrera desde la Plaza de la Beata María Ana Hasta Neptuno y otra de la plataforma sindical de la EMT y otros tres sindicatos que empieza en la Plaza de Atocha y termina en la calle Jacinto Benavente.

   Asimismo, en la Puerta del Sol, el espacio público propuesto por los organizadores como punto final de la manifestación, sobre las 19 horas, hay una concentración de la plataforma contra la impunidad del franquismo, comunicada previamente a la Delegación de Gobierno.

   Si bien la representante de dicha plataforma ha dicho no tener inconveniente alguno en coincidir con la manifestación convocada por CC.OO. y UGT y en compartir espacio en la Puerta del Sol, el departamento que dirige Cristina Cifuentes estima "no aconsejable" la coincidencia entre ambos actos.

   Además, argumenta que dada la previsión de alta participación en la manifestación de los dos sindicatos mayoritarios (250.000 personas) será necesario realizar numerosos cortes de circulación, "que implicarán una grave afectación de la almendra central de Madrid, y sobre todo del distrito Centro, con repercusión en la prestación de servicios esenciales desde el punto de vista de la seguridad (ambulancias, bomberos, policía, etc.)".

   Por otro lado, la Delegación ha asegurado que existen otros derechos fundamentales del resto de personas, "también dignos de protección, que por más que la protesta y reivindicación de los convocantes legítima y respetuosa conforme a derecho, no puedan perturbar en el ejercicio a la libertad de movimientos".

   En razón a lo expuesto anteriormente, "atendiendo al principio de proporcionalidad y con el fin de posibilitar el ejercicio adecuado del derecho de manifestación de todas las organizaciones convocantes, evitando que se produzca un colapso circulatorio en el distrito centro, se estima necesario modificar el final de esta manifestación, sin que ello suponga menoscabo alguno del derecho fundamental de reunión para los sindicatos convocantes".

   No obstante, respetarán el inicio de la marcha desde la Plaza Cánovas del Castillo para acabar en la Puerta de Alcalá, "un espacio igualamente emblematico de la ciudad de Madrid, lugar en el que estos sindicatos ya finalizaron la manifestación del día 11 de marzo y en el que queda plenamente asegurada la difusión de los mensajes objeto del acto".

   Por su parte, UGT y CC.OO. de Madrid han interpuesto un recurso contra la decisión de la Delegación del Gobierno de impedir a los sindicatos terminar la marcha convocada el día de la huelga general, 29 de marzo, en la Puerta del Sol por motivos de seguridad debido al "colapso" que se generaría en ese punto al coincidir varias marchas.

   En el documento, los sindicatos interponen un recurso especial para la protección jurisdiccional del derecho fundamental de reunión del artículo 21 de la Constitución contra la resolución dictada por la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid de 20 de marzo de 2012 por la que se modifica el itinerario solicitado en su día por ambas Organizaciones Sindicales.  

   La Delegación se ampara en el informe emitido por el Ayuntamiento de Madrid, que desaconseja que las protestas terminen en la Puerta del Sol, "ya que conllevaría importantísimas retenciones y sustanciales repercusiones en la circulación de vehículos, tanto privados como de servicio público".

   En el recurso, los sindicatos exponen que el 1 de marzo se solicitó por parte de los sindicatos a la Delegación de Gobierno la comunicación relativa al ejercicio del derecho de reunión a fin de organizar una manifestación que tendría lugar en la capital, el día 29 de marzo de 2012 con una duración prevista de 3 horas y 30 minutos, cuyo objeto es la protesta ante la Reforma Laboral.

   Tras la respuesta de la Delegación del pasado 20 de marzo, los sindicatos critican que "existe un claro recorte y modificación en cuanto al itinerario de la convocatoria", ya que la limita en cuanto a su lugar de finalización a la Plaza de la Independencia.

   A su juicio, "ello supone un recorte y modificación sustancial del itinerario solicitado por ésta parte y que como más adelante expondremos es desproporcionado y carente de justificación objetiva y razonable alguna".

   "Ello supone, por tanto, una limitación del Derecho de reunión y manifestación amparado en el artículo 21 de nuestra Constitución", recalcan en el recurso.

   Según los sindicatos, la Resolución dictada por la Delegación de Gobierno "no es objetiva, no está plenamente justificada y carece de proporcionalidad entre el fin que dice amparar y la lesión del derecho Constitucional que esta parte invoca".

   Asimismo, critica que obvie "la Doctrina Constitucional y de otros Tribunales de rango inferior sobre la utilización del espacio urbano por la sociedad democrática", recordando que "califica a dicho espacio no solo en un ámbito de circulación de vehículos, sino también en un espacio de participación ciudadana y lugar de ejercicio de un derecho de reunión como son las principales vías de nuestras ciudades".

   Por ello, piden que se proceda a la celebración de la correspondiente audiencia y se revoque la Resolución recurrida para que se acuerde haber lugar al ejercicio libre del derecho fundamental de reunión interesado en la solicitud de manifestación unida al expediente administrativo tramitado.

Los 27 no incluyen el Corredor Central del Pirineo entre sus prioridades

BRUSELAS.- Los ministros de Transporte de la Unión Europea han alcanzado este jueves un acuerdo político sobre la nueva lista de proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transportes, que se beneficiarán de financiación de la UE a cambio del compromiso de estar terminados en 2030. Para España, la lista incluye el Corredor Ferroviario Atlántico y, por primera vez el Mediterráneo desde Algeciras a Portbou.

   La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha sido la única en oponerse al acuerdo al no incluir infraestructuras consideradas fundamentales por el nuevo Gobierno, especialmente el Corredor Central, que conectará España y Francia a través de un túnel por el centro de los Pirineos. Pastor reclamaba también la incorporación a la lista de los aeropuertos de Canarias, Alicante y Málaga, así como el puerto de Vigo.

   En su intervención final, Pastor se ha mostrado confiada en que estos proyectos acabarán siendo aceptados en la negociación que se inicia ahora con el Parlamento Europeo, que también tiene poder de decisión en la materia. También Italia ha pedido que se incorporen más proyectos, pero ha dicho explícitamente que aceptaba el compromiso, según fuentes europeas.

   Durante el debate en el Consejo de Transportes, la ministra de Fomento dejó claro que "el actual Gobierno de España no puede compartir la propuesta actual al quedar excluidos itinerarios principales y vertebradores de nuestro país".

   Pastor reclamaba especialmente a la UE "la introducción en la red básica de la Travesía Central a través de los Pirineos, que es un proyecto esencial para las comunicaciones en Europa que ya figuraba como prioritario en la planificación europea del año 2004".

   "España seguirá trabajando incansablemente a lo largo de este proceso legislativo para que la importancia de la Travesía Central sea reflejada en el texto final", ha agregado.

   La ministra de Fomento ha solicitado también "la inclusión en la red básica del puerto de Vigo, que es el primer puerto pesquero de Europa y clave del desarrollo de toda la vertiente Atlántica", así como de los aeropuertos de Málaga, Alicante, Gran Canaria y Tenerife Sur "tanto por su volumen de pasajeros como por su importancia estratégica dentro de una industria de gran peso estratégico europeo como es la turística".

   Finalmente, Pastor ha defendido la incorporación de Zaragoza "como plataforma logística por su ubicación estratégica y nodo central de distribución de mercancías".

   Pero el comisario de Transportes, Siim Kallas, se ha mostrado inflexible y ha rechazado incorporar a la lista ningún nuevo proyecto por considerar que ello sentaría un "precedente diabólico" al dejar sin valor una lista que se elaboró tras dos años de consultas previas.

   "No podemos iniciar estas negociaciones de nuevo", ha dicho Kallas al término del debate público sobre redes de Transporte con los ministros de los Veintisiete.

   En su opinión, si se aceptan las peticiones de un país "otro Estado miembro se presentará con otra propuesta, y si aceptamos ésta los Estados miembros vendrán con otras propuestas. Esto no puede llevarnos lejos". Kallas ha señalado que durante los dos años de consulta ha habido "varias rondas de negociaciones, muchas posibilidades de discutir y de ajustar la metodología y propuestas concretas".

   La nueva norma incluye una cláusula de revisión que estipula que la Comisión tendrá en cuenta la situación económica y presupuestaria en la UE y en los Estados miembros cuando evalúe los progresos realizados en los proyectos a finales de 2023.

   Bruselas quiere que todas las infraestructuras incluidas en la red básica, incluidos el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, estén completadas en 2030. Para ello, ha propuesto movilizar 32.000 millones de euros del presupuesto comunitario durante el periodo 2014-2020. Con estos fondos se costeará entre el 20% y el 40% de los proyectos, especialmente los tramos transfronterizos.

   En el caso del corredor Central, la Comisión está financiando el estudio preliminar del túnel que atravesará los Pirineos y calcula, basándose en experiencias anteriores, que una vez iniciadas las obras tardará en construirse "más de 20 años", lo que incumpliría el requisito de que la infraestructura esté finalizada en 2030. De ahí su rechazo a incorporarlo a la lista de prioridades.

Delegación del Gobierno prohíbe la marcha atea

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto este miércoles prohibir la manifestación convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, "por su evidente voluntad de provocación" a los católicos, "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en la resolución", ha informado en un comunicado la institución que dirige Cristina Cifuentes.

   La resolución se basa, entre otros motivos, "en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".

   El escrito de comunicación presentado el 6 de marzo en la Delegación por los convocantes, señala, entre otras cuestiones, que el objetivo del acto conocido como manifestación atea, es "sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado".

   Se plantean en este escrito tres recorridos alternativos, iniciándose  todos ellos en la calle Santa Isabel y finalizando en la plaza de Lavapiés.

   El acuerdo de la Delegación del Gobierno que prohíbe esta marcha se fundamental en los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura Superior de la Policía, y la Abogacía del Estado, que coinciden en que dicha protesta no debe llevarse a cabo "por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público y afectar negativamente a la movilidad en la zona centro".

   En este sentido, la resolución detalla que en la convocatoria concurren seis datos objetivos. El primero es que la protesta se pretende llevar a cabo un día "de especial significado para las personas que tienen unas determinadas creencias religiosas como es el Jueves Santo".

   En segundo lugar, la resolución indica que el lugar elegido por los organizadores, como es el barrio de Lavapiés, "si bien es el caracterizado por su propia asociación de vecinos, es también un lugar céntrico de Madrid, en el cual transcurren múltiples procesiones católicas, próximas a todos los recorridos propuestos por los organizadores".

   En tercer lugar, la delegación asegura que el horario elegido, a las 20 horas, coincide con el de procesiones católicas que tradicionalmente se desarrollan en la capital y con el de oficios y liturgias que se celebran en las iglesias existentes en este entorno, "a las que acuden gran cantidad de feligreses".

   En cuarto lugar, consideran que la Semana Santa, además de tratarse de una festividad para los que profesan la religión católica, también es un momento en el cual la ciudad recibe múltiples turistas de España o del extranjero, "que visitan Madrid para disfrutar de las procesiones que se desarrollan, no sólo por su carácter cultural, sino también por su valor cultural de patrimonio histórico ya que, con este motivo, se visualizan en el espacio público obras de arte que son admiradas como un atractivo cultural más de la ciudad".

   En quinto lugar, el departamento estatal esgrime que los tres itinerarios propuestos por los convocantes se desarrollan en zonas próximas a las procesiones católicas del Jueves Santo.

   Por último, creen que es "más que probable" que la convocatoria de esta manifestación, una vez que sea conocida por la opinión pública, "dé lugar a la convocatoria de contra-manifestaciones que pueden producir incidentes de orden público".

   "Ya ocurrió así con motivo de la manifestación convocada por este mismo colectivo el día de Jueves Santo del pasado año, que dio lugar a la convocatoria de una concentración de un grupo de ideología antagónica, concentración que fue posteriormente desconvocada al prohibirse la manifestación por resolución de la Delegación del Gobierno", indica la resolución.

   A la vista de estos datos, la resolución estima que en la convocatoria concurren similares circunstancias a las que fundamentaron la prohibición de la manifestación convocada para el día de Jueves Santo del pasado año (21 de abril de 2011), entre cuyos convocantes se encontraban los mismos que ahora comunican una nueva manifestación.

   Así, la Delegación del Gobierno ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 267, de 20 de abril de 2011, que declaró la citada prohibición conforme a derecho, tras recurrir los convocantes a la Justicia.

   La legitimidad de la prohibición derivaba de las dos circunstancias que principalmente habían sido invocadas por la Delegación del Gobierno para prohibir la manifestación: la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa y la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, circunstancias ambas apreciables también en la manifestación pretendida en el presente año.

   También hace referencia el acuerdo de la Delegación del Gobierno a otro de los aspectos que tuvo en cuenta la sentencia dictada en 2011, en la que se afirma que "la manifestación, por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de las procesiones".

   El acuerdo de la Delegación del Gobierno apunta además que "no debe obviarse la fecha, lugar y hora elegidas por los convocantes que, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación.

   Por tanto, la institución que dirige Cristina Cifuentes considera que la marcha atea "supone una real y no potencial vulneración del orden público, con peligro para la integridad física o moral de las personas y la integridad de bienes públicos o privados".

   La prohibición de la manifestación atea se ha producido un cuarto de hora después de que la plataforma por la libertad religiosa 'Más Libres' entregara a la delegación del Gobierno más de 31.000 firmas, recogidas por Internet en tan sólo una semana, pidiendo dicha prohibición.

   El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha declarado que el único ánimo de los convocantes de esta marcha es "injuriar" y que lo que pretenden es celebrar un "aquelarre laicista". Conocida la prohibición de la marcha, la web ha afirmado que se trata de "un éxito cívico en defensa de la libertad".  

   A las puertas de la Delegación del Gobierno, Arsuaga ha argumentado que en la manifestación realizada finalmente en mayo pasado por los que ha denominado "laicistas extremistas y radicales" --tras ser prohibida la 'procesión atea' del Jueves Santo-- se cometieron delitos de calumnias, injurias y ofensas contra los sentimientos religiosos.

   "Hubo insultos inclasificables, que sería muy duro reproducirlos. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la libertad de expresión, pero tiene unos límites", ha añadido.

   Además, el presidente de HazteOir ha recordado que presentaron una querella contra la anterior delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, por un supuesto delito de prevaricación por permitir la conocida como 'marcha antipapa' del pasado 17 de agosto en el centro de Madrid, en plena Jornada Mundial de la Juventud.

   No obstante, ha señalado que reciente el tribunal decidió no admitir a trámite dicha querella, decisión que será recurrida, ha especificado Arsuaga.

Casi 430 personas malviven en El Gallinero

MADRID.- En El Gallinero malviven en 96 chabolas hasta 89 familias, lo que suma un total de 430 personas, de las que 185 de ellas son menores de edad -60 de tres a cinco años y 125 de seis a dieciséis años--, según datos aportados este miércoles por el coordinador general de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Martínez Serrano, en la comisión ordinaria del ramo.

   Tanto el PSOE como UPyD han llevado a la comisión la necesidad de poner en marcha un plan de actuación integral para garantizar las condiciones de habitabilidad y salubridad del asentamiento. "Viven entre escombros, con ratas, sin letrinas ni luz ni agua y ustedes (en referencia al equipo de Gobierno) no pueden cobijarse en la titularidad privada de los terrenos y deben garantizar los servicios públicos", ha exigido la concejala de la formación magenta Cristina Chamorro.

   La edil ha añadido que lo que domina en El Gallinero es la "falta de coordinación" entre el IRIS, la Junta de Villa de Vallecas, la Comunidad, Madrid Salud, la Policía Municipal y Nacional, Cruz Roja y Cáritas, sin olvidar "las actuaciones de disciplina urbanística descontrolada" que se materializan en los derribos, como el último, ocurrido el pasado 5 de marzo.

   Por su parte, el socialista Pedro Zerolo ha definido lo que ocurre en El Gallinero como "un drama, un situación límite", lo que le ha dado pie para asegurar que el Gobierno contará con el apoyo de los grupos políticos para poner en marcha ese necesario plan de actuación integral. "Sabemos que se han hecho cosas pero de manera descoordinada y que, por ejemplo, se quita la basura pero no se cumple el compromiso de llevar cubos", ha asegurado.

   Ante esta afirmación, Carlos Martínez Serrano ha negado las palabras de Zerolo asegurando que el asentamiento cuenta con contenedores "tipo bañera" añadiendo que cada vez que se retiran basuras se recogen hasta 1.074 toneladas de residuos.

   Además, el coordinador ha valorado "positivamente" los trabajos realizados por las distintas administraciones en lo que a intervención social se refiere. Así, ha recordado que el convenio firmado con el IRIS cuenta con un montante de 1,3 millones de euros sin olvidar que la población de El Gallinero se caracteriza por su "poco interés por integrarse", lo que dificulta todavía más el objetivo de la integración. "Continuaremos con los esfuerzos continuos para integrar y erradicar una zona poco razonable para que se desarrolle la vida", ha subrayado.