Cifuentes abandona la UCI de la Paz y seguirá la recuperación en planta

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha abandonado a primera hora de esta tarde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Paz de Madrid, donde permanecía desde que hace 20 días sufrió un grave accidente de moto en el Paseo de la Castellana, han informado hoy fuentes cercanas a la paciente.

   De hecho, el hospital ha confirmado en un parte emitido a las 17 horas de este lunes la nueva situación sanitaria de la delegada del Gobierno. No obstante, han decidido que, por criterio facultativo, todavía no podrá recibir visitas "porque necesita continuar con su recuperación".

   En la última semana, la recuperación de Cifuentes ha progresado favorablemente bien y los médicos han comprobado que su funciones cardiaca, pulmonar y renal se han ido restableciendo, por lo que han tomado esta decisión.

   De hecho, fuentes de su entorno han señalado que los médicos que la atienden han comentado en varias ocasiones que su recuperación ha sido "sorprendente" y esperan que así sea la 'segunda fase' de su estancia en el hospital.

   En los últimos días en la UCI la delegada ha podido leer y ha estado escuchando música clásica. Estaba consciente durante todo el día, podía comer alimentos sólidos y levantarse de la cama, ayudada por los enfermeros, para mantenerse un tiempo sentada. Además, le habían ido retirando progresivamente la medicación.

   Cifuentes ingresó con siete costillas rotas (de las 3 a la 10), traumatismo torácico grave y hemoneumotórax, consecuencia del importante impacto. Fue operada para recuperar una arteria dañada y la prueba neurológica que le practicaron los facultativos no detectó daños craneoencefálicos.

Cristina Cifuentes ya ‘ejerce’ de alcaldesa de Madrid

MADRID.- Cristina Cifuentes, ha empezado sutilmente a ‘robarle’ competencias a la alcaldesa Ana Botella, Ayer, la delegada del Gobierno en Madrid anunció medidas para luchar contra el botellón y la venta callejera de comida en la capital, a pesar de que reconoció que son tareas municipales.

Cifuentes ha pedido Ayuntamiento de Madrid que declare la calle Julián Romea y aledaños 'Zona de Acción Prioritaria' para combatir "más eficazmente" el botellón, una decisión que toma a pesar de que es una competencia municipal, pero dice que lo hace porque este problema le preocupa mucho y los madrileños se quejan reiteradamente.

Y es que Cristina Cifuentes quiso dejar claro a los madrileños que aunque la normativa vigente atribuye a las corporaciones locales el velar por el cumplimiento de las medidas para evitar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, se trata de un asunto que preocupa a la Delegación del Gobierno en Madrid, donde llegan de manera habitual numerosas quejas de los vecinos que padecen las molestias del botellón.

Además Cifuentes informó que ha pedido al Ministerio de Interior que la venta callejera de comida sea incluida en el Código Penal como un delito contra la salud pública. Y también quiere que se establezcan sanciones a quienes mantienen 'pisos francos' para surtir a los llamados 'lateros' que venden bebidas junto a los locales de ocio nocturno

Esta estrategia de ‘robarle la cartera’ a la regidora podría dar más peso a la que se considera candidata del aguirrismo para suceder a Ana Botella, tras el desgaste que ha supuesto para la mujer de José María Aznar la tragedia del Madrid Arena.

Fuentes del PP aseguraron en su día a elboletin.com el que desde el entorno de Esperanza Aguirre se promociona a Cristina Cifuentes como la candidata idónea para la Alcaldía y en esa supuesta lucha por suceder a Ana Botella enmarcaron el hecho de que arremetiera contra la propuesta de la alcaldesa de suprimir “las nuevas generaciones de los partidos” porque “la gente, donde tiene que estar cuando tiene 16, 17, 18 años es trabajando, estudiando o formándose”.

Cifuentes no quiere convertir Madrid "en una ciudad tomada por la Policía"

PARACUELLOS DEL JARAMA.-   La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que perseguirá los escraches pero "no tiene ninguna intención de convertir Madrid en una ciudad tomada por la Policía".

   Tras la Junta de Seguridad celebrada en Paracuellos del Jarama, Cifuentes ha afirmado que no le gusta hablar de escraches, sino "directamente de lo que son: coacciones e intimidaciones, una forma de ejercer una presión que además en muchos casos es violenta".

   "La violencia mediante le amenaza y la coacción es también un tipo de violencia y me parece que este tipo de actuaciones no son compatibles con el Estado de Derecho ni la democracia. Creo en el derecho que tiene cualquier ciudadano a salir a la calle y protestar, un derecho constitucionalmente protegido y que los poderes públicos tenemos que proteger. Pero nada tiene que ver el derecho de manifestación con la coacción", ha esgrimido.

   En el caso de que se incremente la presión en los escraches, Cifuentes ha indicado que su departamento "va a actuar con la Ley en la mano, impidiendo que las protestes se realicen de manera violenta".

 "Todo lo que tiene que ver con el derecho de reunión será protegido siempre y cuando se practique de forma pacífica. Si una protesta deviene en violenta, deviene automáticamente en ilegal y entonces se aplicará la Ley", ha añadido.

   Tras el escrache practicado el viernes a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, la delegada ha indicado que "no tiene ninguna intención de convertir Madrid en una ciudad tomada por la Policía".

   "Creo que es una ciudad abierta, donde se permite que sin ningún tipo de cortapisas se puedan manifestar (los ciudadanos) como prueban las 3.419 manifestaciones y concentraciones del año pasado y las más de mil este año, pero todo tiene que hacerse de manera pacífica y conforme a las leyes", ha añadido.

   "Con la Policía que hay es suficiente, pero es evidente que si aumentan estas actuaciones violentas y coactivas la Policía hará lo que se hizo el viernes, que es identificar a los promotores de una concentración ilegal e iniciar el correspondiente expediente administrativa sancionador", ha proseguido.

   Concretamente, Cifuentes ha destacado que el escrache del viernes el exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Vestrinje, "encabezaba ese movimiento, como ha aparecido de manera patente en los medios de comunicación y de la propia emisión de los miembros de la comisión de audiovisuales de Sol del 15M, que lo estuvieron retransmitiendo en directo".

   De hecho, ha indicado que en esas imágenes se puede ver quién eran los cabecillas y a quienes se enfrentaron con la Policía cuando les instó a disolver esta concentración porque no había sido comunicado, "tal y como la Constitución y las propias leyes dicen que se tiene que hacer".

Desestiman una querella contra Cifuentes por multar a manifestantes el 27-O

MADRID.- El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha desestimado una querella de IU contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "por no ser constitutivo de infracción penal" interponer multas administrativas a los participantes en concentraciones o protestas no comunicadas oficialmente como la del pasado 27 de octubre.

   La delegada del Gobierno en Madrid ha mostrado este jueves en una rueda de prensa su "satisfacción" por el archivo de las actuaciones. "La querella, a mi modo de ver, era política porque yo, como delegada, me limito a cumplir la ley con mayor o menor acierto. Nunca ha estado de acuerdo en querer judicializar la vida política", ha añadido.

   Además, Cifuentes ha señalado que el hecho de que la presentaran dos diputados de Izquierda Unida de fuera de Madrid es "una cosa bastante exótica".

   Concretamente, el diputado por Valencia, Ricardo Sixto y por Málaga, Alberto Garzón esgrimieron como base legal de dicha querella que la Delegación del Gobierno había cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada", alegando además que no se produjo ni desorden ni daño alguno.

   Le imputaba también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal).

   Sin embargo, en el fallo, el juez considera "indiscutible" que la manifestación del 27 de octubre, que discurrió por el centro de Madrid, produjo "una seria alteración o perturbación del orden público, impidiendo la normal utilización de las vías y espacios públicos".

   Y así argumenta que es función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana y mantener las condiciones adecuadas al efecto.

   El juez asegura que aunque los querellantes afirmaron que se iniciaron múltiples expedientes sancionadores a raíz de la intervención policial, sólo se identifica uno, la multa aplicado al propio diputado Garzón, "que se incorporó a la manifestación pese a estar advertido de que no había sido ni comunicado ni autorizada".

   En esta sentido, indica que "no hay indicios de dicha identificación caprichosa o indiscriminada" ni que la Policía hubiera recibido una orden semejante de Cifuentes.

   Y frente al argumento de los parlamentarios de IU de que "ninguna manifestación es ilegal", en virtud del artículo 3 de la Ley Orgániza 9/83, que establece que ninguna reunión estará sometida al régimen de autorización previa, el magistrado recuerda que otro punto de dicha normativa indica que "si se desarrolla en lugares de tránsito público, deberá ser comunicada por escrito a una autoridad gubernativa, que podrá prohibirla".

   El magistrado esgrime además que el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/92 considera infracción grave la celebración de manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público, así como originar desórdenes graves en las vías o espacios públicos.

   Por otro lado, de la documentación obrante en autos "no se desprende indicio alguno de que se haya faltado a la verdad en la narración de los hechos en el expediente sancionador ni tampoco de que se haya supuesto la intervención de personas ajenas a la manifestación o se hayan hecho constar manifestaciones distintas de las efectivamente realizadas".

   Por último, el magistrado indica que las identificaciones realizadas por la Policía ese día "no equivalen en modo alguno a una declaración de ideología o creencias por parte del manifestante".

Cristina Cifuentes anuncia querella criminal contra 'tuiteros' por difamación

MADRID.- La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que va a presentar varias querellas criminales contra distintos 'tuiteros' por difamación en relación a un 'tuit' en el que se vierten acusaciones contra ella y su marido.

   Tras circular esto por la red, la delegada se ha puesto a contestar uno por uno con los tuiteros que han movido la información. "Le anuncio la presentación de una querella criminal contra usted por DIFAMACIÓN c/c @policia", ha enviado Cifuentes a cuatro tuiteros en el transcurso de una media hora.

   Ante este advertencia de la política del PP, alguno le ha pedido disculpas y Cifuentes las ha aceptado. "Disculpas aceptadas, pero borre el tuit difamador", ha replicado la delegada del Gobierno en respuesta a uno de ellos.

   Esta misma semana, la delegada de Gobierno ya había retuiteado, con copia a la cuenta de la Policía Nacional, distintos tuits en los que se le amenazaba e insultaba.

Gómez cree que un delegado de Gobierno debe actuar con prudencia y no tener "posiciones ultras"

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha considerado este miércoles que un delegado de Gobierno debe ejercer sus responsabilidades con "prudencia" y no tener "posiciones ultras" como, a su juicio, tiene la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

   "Lo que se le exige a un delegado de Gobierno es que ejerza su  responsabilidad con prudencia y con moderación y no con posiciones radicales y ultras como hace la delegada del Gobierno en Madrid", ha afirmado Gómez preguntado por las palabras de la delegada, que vinculó a la Plataforma Antidesahucios (PAH) con grupos proetarras.

   Gómez se expresaba así tras presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la "privatización" sanitaria en la Comunidad de Madrid preguntado por los actos que han tenido lugar en los últimos días y el acoso que han denunciado algunos políticos.

JpD critica la "torpeza" de Cifuentes al vincular a desahuciados con el entorno de ETA

MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia ha criticado este miércoles las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya que se intenta "vincular con torpeza a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca con el entorno de ETA".

   El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha asegurado que "resulta sorprendente" que desde "ambitos gubernamentales" se vincule a las plataformas de desahuciados con ETA". "Estos colectivos se han distinguido por actuar de forma pacífica", ha añadido.

   Por ello, Bosch considera "lamentable" que estos colectivos, en los que participan personas que están a punto de perder su casa o que ya la han perdido, además "tengan que soportar campañas gubernamentales de desprestigio".

   "La situación de crispación social en este ámbito resulta comprensible, ante la existencia de datos objetivos como suicidios, multitud de dramas familiares e innumerables personas que han quedado en situación de marginación o exclusión social", ha enumerado.

   Por ello, desde la asociación se emplaza al Gobierno a que aporte "soluciones a estos problemas, en lugar de dedicarse a descalificar a quienes los sufren y a quienes defienden sus derechos fundamentales".

   Asimismo, el portavoz cree que la "actitud del gobierno" contrasta con el "continuo trato de favor que practica hacia los intereses de las entidades bancarias, como ha puesto de manifiesto la última sentencia de la jurisdicción europea".

   "Además, resulta tremendamente censurable que se utilicen hechos tan dolorosos como los vinculados al fenómeno terrorista como fórmula para difamar gratuitamente a quienes expresan su disconformidad con la alarmante situación de los desalojos hipotecarios en nuestro país", ha criticado.

   Por ello, pide a las instituciones que se dediquen a buscar soluciones a los problemas sociales y no a aumentar la crispación para disimular su falta de medidas ante la situación actual. "Reclamamos al gobierno que impulse una regulación adecuada de nuestra legislación hipotecaria, lo cual implica dejar de favorecer los intereses de las entidades bancarias y adoptar medidas de protección de las personas afectadas por las hipotecas", ha reclamado.

   En cuanto a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Bosch ha declarado que la legislación hipotecaria española vulnera la Directiva europea de protección de los consumidores. "Al conceder ventajas y privilegios a las entidades bancarias y dejar en situación de indefensión a los ciudadanos, los cuales no pueden protegerse de las cláusulas abusivas de los contratos", ha valorado.

   Asimismo, ha señalado que dicha resolución demuestra que en los últimos años "se ha estado desalojando de sus viviendas a decenas de miles de familias con una legislación que era contraria a derecho".

 "La citada sentencia ha provocado una situación de intensa desorientación y ausencia de referencias normativas en los juzgados, al no existir una ley aplicable, por lo que no existen ahora criterios de uniformidad en el ámbito de la ejecución hipotecaria", ha finalizado.

Cristina Cifuentes: "Jamás he visto ningún sobre"

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, afirma que lleva militando en el PP desde el año 1979 y "jamás he visto ningún sobre", en referencia a una supuesta contabilidad oculta del Partido Popular relacionados con el extesorero 'popular' Luis Bárcenas.    

"Jamás ni he recibido ningún sobre ni conozco de sus existencia más que lo que ha aparecido en los medios. Jamás he recibido retribución ninguna del Partido Popular", ha añadido Cifuentes tras una reunión mantenido con representantes de asociaciones del taxi de la región.

Cifuentes y el Ayuntamiento incrementarán la vigilancia policial en zonas con prostitución

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el nuevo delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Enrique Núñez, han acordado este martes incrementar la vigilancia policial en zonas sensibles de la capital donde se cometen delitos con incidencia social y económica entre sectores mas vulnerables como en aquellos distritos con presencia de redes de prostitución.

   Así lo ha manifestado Cifuentes tras mantener su primer encuentro con el nuevo equipo de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid para revisar algunos de los acuerdos en materia de colaboración y coordinación con el Consistorio madrileño. A la reunión han asistido el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Días y el jefe de la Policía municipal, Emilio Monteagudo, entre otros.

   Durante el encuentro se ha realizado un balance de las relaciones que hasta ahora han mantenido ambos equipos y se han analizado las bases para definir esta colaboración en aras a potenciar las vías de coordinación. Según Cifuentes, la atención se ha centrado en las relaciones relativas a la cooperación general e institucional, la participación ciudadana y el cumplimiento de las ordenanzas municipales y a legislación vigente.

   Así, la delegada del Gobierno ha destacado que la cooperación general con este área del Ayuntamiento hasta ahora ha sido "muy positiva", si bien ha indicado que se reforzará para que "la eficacia policial mejore y se potencie la utilización de todos los recursos técnicos y humanos". En este ámbito, ha señalado que seguirán celebrando reuniones operativas entre la Delegación y la Concejalía de Seguridad.

   En cuanto a los mecanismo de participación, ha recordado que el pasado mes de noviembre se celebró la última reunión conjunta con el Ayuntamiento y ha avanzado que la Junta de Seguridad del Ayuntamiento se celebrará en febrero.

   Además, ha indicado que se ha planteado también seguir avanzando en potenciar el establecimiento de operativos conjuntos para reforzar la eficacia policial, así como revisar el protocolo de colaboración de 2005 para actualizar sus objetivos.

   Las conversaciones han fructificado además en un acuerdo para incrementar la vigilancia policial en zonas sensibles donde se cometen delitos con incidencia social y económica entre sectores mas vulnerables.

   Así, Cifuentes ha especificado que se quiere luchar contra las redes de prostitución asentadas en Villaverde, la colonia Marconi, el polígono industrial de Vicálvaro o en algunas zonas del centro de Madrid. También ha señalado que se incrementarán el número de policías en zonas con presencia de narcotráfico, como en la Cañada Real, o donde se produce un tráfico ilegal de toxicómanos a través de las llamadas cundas.

   Sobre la prostitución, la delegada ha querido dejar claro que la función de la policía no es perseguir la prostitución, sino a las bandas extorsionadoras y a los proxenetas. "Las prostitutas son las víctimas de estas redes", ha reseñado.

   Tras tachar de "muy productiva" la reunión, Cifuentes ha destacado que se inicia "una nueva etapa de relaciones entre ayuntamiento y Delegación".

 "El objetivo es común: seguir trabajando para que las cifras en Madrid de seguridad ciudadana sigan arrojando datos positivos", ha destacado.

   Por su parte, Núñez ha recalcado que su mandato estará marcado por  "la cooperación absoluta y la coordinación permanente con la delegación de gobierno". Así, ha dicho que su línea de actuación será "mejorar cada día más la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos de la ciudad de Madrid".

   "Vivimos en una ciudad segura, pero no podemos bajar la guardia. Por tanto, la máxima colaboración son los objetivos que nos marcamos. Queremos seguir trabajando en los operativos conjuntos y marcar líneas de colaboración", ha agregado y ha añadido que "hay que aunar esfuerzos entre todos".

Cifuentes quiere que en los partidos se trabaje "gratis"

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha propuesto este martes que las personas que ocupan cargos en los partidos políticos deberían hacerlo "gratis", "sin cobrar" de forma que "con sus aportaciones y sus cuotas" contribuyeran a sostener la estructura de la organización política.

   Así lo ha expresado Cifuentes en una entrevista en esRadio, en la que la delegada del Gobierno en Madrid ha abogado por que los partidos políticos reduzcan su estructura al considerar que tienen una "burocracia excesiva". Así, a juicio de Cifuentes, se conseguiría una mayor transparencia.

   "Las personas que estamos en política y no solo las personas que tenemos un cargo público, todos si trabajamos para nuestro partido mi opinión es que hay que hacerlo gratis, sin cobrar", ha afirmado la delegada del Gobierno, quien ha detallado que esta forma de trabajar debería extenderse a las personas que ocupan cargos dentro de los partidos.

   "La clave es la transparencia y es verdad que no ha sido así", ha reconocido Cifuentes, que ha considerado que esta circunstancia ha favorecido que los ciudadanos se planteen dudas sobre la financiación de los partidos y "si viene de comisiones o no". De esta forma, "lo primero" para la delegada del Gobierno es "saber de dónde se percibe el dinero por parte de los partidos políticos.

   Asimismo, la delegada del Gobierno en Madrid ha pedido que salga a la luz cualquier información relativa "a la corrupción del señor Bárcenas o de cualquier otra persona que tenga que ver o haya tenido que ver" con ello. "Yo lo que quiero como militante del PP es que salga todo a la luz, es lo que queremos todos los ciudadanos y más los militantes del PP, a los que nos afecta directamente", ha señalado.

   Además, Cifuentes ha negado que se esté limitando la capacidad de actuación de la Policía en Madrid. "No se está limitando en absoluto como sabe la Jefatura Superior de Policía, que tiene libertad absoluta para hacer cualquier tipo de investigación", ha indicado.

   De esta forma, la delegada del Gobierno ha tildado de "eficacísima" la lucha contra la corrupción que hace la Policía, a pesar de la opinión que pueda tener algunos de los sindicatos policiales. "En España se han podido conocer muchas cosas gracias a informes e investigaciones de Policía", ha concluido.

Cifuentes: "Hay grupos antisistema que tratan de helenizar las protestas"

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, asegura que en algunas movilizaciones hay "elementos muy radicales" que quieren "provocar incidentes" y que han tratado de "helenizar las protestas" de los ciudadanos. Cifuentes cree que parte de la protesta social en la capital estaba "dirigida políticamente" por quienes trataron "de ganar en la calle" lo que no pudieron en las urnas.

Sobre los altercados que se han registrado en algunas de estas protestas, está "convencida" de que "en algunas concentraciones y manifestaciones ha habido elementos muy radicales que han ido precisamente para provocar incidentes, de manera intencionada".

 "Ha habido y hay grupos antisistema en España y en Madrid que han tratado de helenizar algunas protestas, aunque no lo han conseguido, afortunadamente, sobre todo gracias a la profesionalidad y buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad", afirma. En su opinión, la Policía Nacional ha conseguido "con una intervención mínima y proporcional" aislar ese tipo de fenómenos.

En 2012 ha habido un "nivel de movilización muy alto", con 3.419 manifestaciones y concentraciones en Madrid, que se han saldado sin grandes incidentes y con la intervención de la Policía en un número "prácticamente irrelevante" de ellas, ha afirmado Cifuentes. "Por eso, cuando se nos acusa de querer criminalizar la protesta, las cifras lo desmienten. El número tan elevado de manifestaciones significa que no se ha criminalizado nada y se ha permitido que quien quisiera manifestarse pudiera hacerlo", sostiene.

La delegada incide en que no es partidaria "ni de restringir ni de limitar el derecho de manifestación", pero sí de "racionalizar el espacio público", para que no coincidan varias movilizaciones en el mismo lugar o a la misma hora. Pone como ejemplo a los comerciantes de la zona centro de la capital, donde se celebra el 80% de las movilizaciones, afectados "cada vez que hay una manifestación en el centro" porque "tienen que cerrar sus comercios". 

En cuanto al movimiento 15-M, origen de la mayoría de las protestas, considera que "ha ido evolucionando y en estos momentos está muy diluido entre otros movimientos que han ido surgiendo".

 "No quiero quitarle valor ni mérito, porque me merece todo el respeto del mundo, pero sí creo que lo que definió el 15-M en un inicio ahora significa otra cosa, y ha quedado claramente diluido", añade.

Cifuentes es consciente de que la Delegación del Gobierno "es un puesto complicado porque está en el ojo del huracán" y también por la situación que ha heredado. "En los últimos tiempos en la Delegación quizá había ciertas carencias, y una de ellas es que a la Policía Nacional no se la estaba respaldando, a mi modo de ver, de manera suficiente y adecuada, cosa que ha cambiado", explica.

Sobre la polémica por el hecho de que algunos agentes antidisturbios no lleven su número identificativo visible, la delegada explica que sus chalecos de protección no lo llevan porque no son personales, sino del equipo, pero el ministerio ya ha sacado un concurso "para poder adjudicar que cada agente tenga su propio chaleco, con su identificación".

 "Además, todo policía tiene obligación de identificarse a requerimiento de cualquier ciudadano, como así hacen", añade.

Preguntada por su futuro y la posibilidad de que le propongan otra responsabilidad pública, la delegada asegura que no se plantea "nada" y estará "donde el partido diga". "Me veo como una persona que lleva mucho tiempo en política, con vocación de servicio público, intentado hacer siempre las cosas de la mejor forma posible y sin ambición política, porque no la tengo", concluye.

Cifuentes también ha avanzado que es probable que el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que elabora el Ministerio del Interior incluya medidas "que no gusten a una parte de la población". La ley "va a ser un avance importante" que dotará al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil "de instrumentos más eficaces para poder garantizar el orden publico y la seguridad ciudadana", ha señalado.

La delegada ha advertido de que cuando se legisla es "imposible hacerlo a gusto de todos", pero al final el Ejecutivo tiene la obligación de legislar "pensando en la mayoría y en el bienestar de los ciudadanos". 

"Es más que probable que en esa ley se tomen decisiones que no gusten a una parte de la población", ha admitido la delegada del Gobierno, quien cree que en esta ley se han de regular "con carácter general" aspectos como la prostitución, ya que ahora se aplican normas diferentes en las Comunidades y Ayuntamientos.

 "Habría que abrir un debate, sin criminalizar a esas mujeres, porque la mayoría lo hace de manera no voluntaria, obligada, pues muchas son víctimas de trata y hay que regular el ejercicio de la prostitución en determinadas zonas, como en la puerta de los colegios", ha explicado.

Cifuentes: "No me consta ningún expediente disciplinario a antidisturbios desde que estoy en el puesto

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que desde que está en el puesto no tiene constancia que se haya abierto expediente disciplinario alguna a policías o antidisturbios que han trabajado en las diversas manifestaciones que ha acogido la capital durante el último año.

   En un chat digital en el diario '20 minutos', en el que respondía a preguntas de los lectores, Cifuentes ha explicado que después de cada intervención de las Unidades de Intervención Policial (UIP) se hace un informe interno para analizar su actuación y ver si se puede mejorar. "Aunque abrirlo o no depende de la Dirección General de la Policía, no me consta ningún expediente disciplinario desde que estoy en el puesto", ha añadido.

   Precisamente, uno de los lectores también ha preguntado a Cifuentes por las investigaciones sobre los presuntos excesos policiales que se cometieron en el interior de la estación de Atocha el 25 de septiembre, en la primera convocatoria de 'Rodea el Congreso'. "La Dirección General de la Policía abrió una investigación interna sobre la actuación policial en Atocha de cuyo resultado le podrá informar en el Ministerio del Interior", ha respondido.

   En este sentido, la delegada ha respaldado la actuación de la Policía "como garante del Estado de Derecho y responsable de mantener la seguridad ciudadana.

   En otro punto, la delegada ha reiterado que está en contra de que se restrinja el derecho de reunión pero sí quiere que "se racionalice la utilización del espacio público para hacer compatible el derecho de manifestación con los derechos del resto de los ciudadanos".

   "Existen zonas de Madrid como la zona Centro especialmente castigada por movilizaciones que están llevando a la ruina a los comerciantes que tienen que echar el cierre cada vez que hay una manifestación", ha añadido.

   La delegada ha defendido que la autocrítica es "necesaria", al igual que el derecho a la protesta, "siempre que se haga de manera pacífica y conforme a lo que establecen las leyes".

 "Las medidas tomadas por el Gobierno del PP obedecen a la situación económica en la que nos encontramos", ha esgrimido tras ser preguntada por si decisiones del Gobierno eran contrarias a su programa electoral.

   Cifuentes ha afirmado también que "no tiene mayor interés" en entrar en polémicas sobre el número de asistentes a manifestaciones y que, por tanto, "no tiene inconvenientes" en que sea un organismo independiente el que haga el recuento de la participación en las protestas. Ha apuntado que actualmente el cálculo de asistentes a manifestaciones lo realiza la sala del 091 de la Policía Nacional según los datos que obtiene con las vistas aéreas desde el helicóptero.

   Sobre la limitación del derecho de huelga, que ha propuesto recientemente el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, Cifuentes ha destacado que es un derecho constitucional que apoya "sin reservas", pero ha añadido que "es una asignatura pendiente" que no esté regulado por la Ley, tal y como determina la Constitución.

   "Actualmente hay un Real Decreto del año 1977 y una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981 que regulan el derecho de huelga. Sin embargo, comprendo que la Ley de huelga no es una prioridad para el actual Gobierno, puesto que la crisis económica y el paso son mucho más importantes", ha añadido.

   Cristina Cifuentes también ha hablado de la corrupción. Ha abogado por que se elimine y aunque cree que no está relacionada con la crisis, "es posible que con ella haya aumentado o se perciba de otra manera".

 "Creo que tenemos que luchar contra la corrupción con todos los instrumentos a nuestro alcance", ha añadido.

   "La inmensa mayoría de las personas que nos dedicamos a la política lo hacemos con vocación de servicio público. El amiguismo, la corrupción o la falta de honestidad son las excepciones", ha asegurado en otra respuesta.

Cifuentes tiene "plena confianza" en la Justicia y cree que la querella de IU contra ella será archivada

MADRID.- La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha manifestado este lunes que tiene plena confianza en la Justicia y, en consecuencia, espera que sea archivada la querella presentada por Izquierda Unida por la actuación de su departamento durante las últimas protestas convocadas a través de las redes sociales en las inmediaciones del Congreso.

   En declaraciones a Es Radio,  se ha referido a la admisión a trámite por parte del Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid de la querella presentada por los diputados nacionales de la formación, Alberto Garzón y Ricardo Sixto.

   Cifuentes ha dicho que, de momento no tiene notificación de dicho juzgado al respecto, pero ha remarcado que el hecho de admitir a trámite una querella "no supone nada" y tiene plena confianza en que "el asunto se va a archivar" porque, como delegada del Gobierno, simplemente ha hecho "cumplir la Ley".

   En este sentido, también ha dicho que los denunciantes solo pretenden "criminalizar" la actuación de la Delegación y que la Policía y la Guardia Civil "hacen un estupendo trabajo" para que garantizar y mantener el Estado de Derecho.

   Por otro lado, Cifuentes está a favor del derecho a la huelga de forma ordenada y cree que una ley que regule este derecho es una de las "asignaturas pendientes". No obstante, ha dicho que para ello se requiere un amplio consenso político y "entiende" que esta cuestión no sea prioritaria para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "porque lo prioritario ahora es la crisis y el paro".

IU alega que Cifuentes "prevarica" poniendo multas en marchas no comunicadas porque "ninguna manifestación es ilegal"

MADRID.- El diputado nacional de IU Alberto Garzón ha alegado este miércoles que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "prevarica y atenta contra los derechos humanos" cuando su departamento interpone multas administrativas a los participantes en concentraciones o protestas no comunicadas como la del pasado 27 de octubre ya que, según ha argumentado, "ninguna manifestación es ilegal".

   Así lo ha explicado hoy Garzón, junto al también parlamentario de IU Ricardo Sixto, tras interponer una querella criminal, en nombre de la coalición de izquierdas, en los Juzgados de Plaza de Castilla contra Cifuentes en relación a las "identificaciones arbitrarias, detenciones indiscriminadas y un fenómeno de represión policial, administrativa y económica que no tiene otro objetivo que asustar a la gente y meterle miedo".

   Garzón ha indicado que su partido recoge "lo mejor que han hecho otros movimientos sociales previamente, como la Comisión de Legal del 15M" y así ha anunciado que colgarán en la web de IU Federal un modelo de recurso a estas multas, "que no tienen fundamento ninguno".

   "Tiene mucho sentido esta querella para ponernos en frente de quienes vulneran los derechos fundamentales y constitucionales y tratan de hacer política por la vía policial y de sanción económica. En muchos de los casos (hubo personas multadas) que ni si quiera aparecieron en la manifestación y estuvo identificando a muchas personas con mucha antelación al lugar donde era la concentración", ha indicado.

   El diputado de IU esgrime que dichas sanciones "quieren hacer creer que hay manifestaciones ilegales cuando no existe una manifestación ilegal. "Existe una manifestación convocada o no, por lo tanto, el redactado de la multa tiene el objetivo de engañar a la ciudadanía para meterle miedo. Es un despropósito y una barbaridad que necesitaba una respuesta judicial, además de las políticas que IU viene acometiendo", ha añadido.

   Además, Garzón ha anunciado que va a hacer extensible esta querella a otros delegados del Gobierno, como los de Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha por hechos similares. "Estamos recopilando todas las multas de concentraciones parecidas al 27-O en Madrid", ha añadido. No obstante, de momento solo conocen las cifras aportadas por la propia Cifuentes el día después del 27-S, que habló de 300 personas identificadas, que recibirían una propuesta de multa de 500 euros.

   El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada".

   Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal).

   La querella apunta a que el 27 de octubre, día en el que manifestaron cientos de ciudadanos, convocados por el movimiento 25-S, entre Plaza de España y Plaza de Neptuno, "identificaron a cientos de personas con la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas "sin que se registrase ni un solo incidente violento ni daño alguno sobre personas o bienes". Algunos ciudadanos denunciaron que fueron identificados si ni siquiera participar en la marcha, cerca de Plaza de España.

   "Esta forma de actuar parece responde a un plan trazado previamente, en el que la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro", señalan en la querella.

   En la misma presenta también un vídeo en el que el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró que desde el Gobierno "se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas" y declaraciones de las propia Cifuentes en una entrevista en Telemadrid en la que, según los denunciantes, "admitió públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual".

   El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada".

   Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal) porque, a juicio de los querellantes, la actuación de la delegada "conculca el derecho fundamental a la intimidad personal y a la interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas políticas, pasarían a formar parte del listado de personas que controla la Delegación y cuyo paradero se desconoce".

   La querella también alude al artículo 23.c de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana dice, en referencia a las sanciones por acudir a una protesta no comunicada, que "en ningún caso pueden ser sancionados los participantes, sólo los convocantes".

   "Es una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior para amedrentar y poner multas a la opinión pública y a la ciudadanía que en una situación de crisis tan terrible está cada vez saliendo más a la calle para protestar y defender sus derechos", ha asegurado el diputado de IU Ricardo Sixto.

   Por todo ello, los querellantes quieren que el juez tome declaración a Cristina Cifuentes, que se aporten todos los expedientes de personas sancionadas en los alrededores de la manifestación del 27-O, que se cite a declarar como testigo a Alfredo Perdiguero y a uno de los sancionados y que se aporte la grabación de la entrevista de Cristina Cifuentes en Telemadrid antes mencionada.

Cifuentes pide por escrito a Moix medidas cautelares para impedir a Flores celebrar más fiestas

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha remitido este martes al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, una carta en la que le solicita que se impongan medidas cautelares para evitar que Diviertt y sus responsables, es decir, Miguel Ángel Flores, puedan llevar a cabo en cualquier recinto de la Comunidad eventos de características similares al de Madrid Arena hasta que se esclarezcan los hechos en la investigación que dirige el juez Eduardo López y se depuren las responsabilidades penales.

   En una carta, Cifuentes informa a Moix de la previsión inicial de la fiesta que se iba a celebrar en Año Nuevo en La Cubierta de Leganés, un extremo que finalmente no se materializará después de que el propietario haya negado que vaya albergar cualquier evento promovido por la empresa de Flores, quien está imputado por la muerte de cinco chicas en la fiesta de Halloween celebrada en Madrid Arena.

   "No es necesario que ponga de relieve la gravedad de los hechos ocurridos en el pabellón, en el que murieron cinco jóvenes, ni los indicios racionales que apuntan a la presunta responsabilidad de los organizadores de Diviertt imputados que, al parecer, y sin ningún reparo moral, pretenden continuar con sus actividades como si nada hubiera pasado", recoge el escrito de Cifuentes.

   Asimismo, recalca que al margen de consideraciones jurídicas, debe tenerse en cuenta que lo ocurrido en el recinto municipal ha generado "una gran alarma social, sembrando la duda respecto a la empresa Diviertt y sus responsables en cuanto a la fiabilidad de los actos que pudiera organizar, ya fuera en 'La Cubierta' de Leganés o en cualquier otro lado".

   Por ello, la delegada de Gobierno señala que considera procedente solicitar al Ministerio Fiscal que valore la solicitud de medidas cautelares al órgano judicial competente a fin de evitar que "dicha empresa y sus responsables puedan llevar a cabo en cualquier recinto de la Comunidad eventos de características similares al celebrado en el Madrid Arena hasta que se resuelvan los hechos y se depuren responsabilidades penales".

Cifuentes ve una "desfachatez" la fiesta de fin de año de Flores

MADRID.- La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera una "desfachatez" que la empresa Diviertt, organizadora de la trágica fiesta de Halloween en el Madrid Arena, esté organizando otra "de similares características" en fin de año en La Cubierta, de Leganés.

   Cifuentes ha insistido, tal y como hizo el pasado viernes, en que "el fiscal o el juez deberían imponer alguna medida cautelar para que los Flores [Miguel Ángel y José María] no se sigan lucrando" con un evento similar al del Madrid Arena, donde "si algo queda claro de la instrucción hasta el momento es que el aforo estaba sobrepasadísimo, prácticamente duplicado".

   La delegada de Gobierno ha pedido, eso sí, que en el caso de que la fiesta llegue a celebrarse "que funcionen absolutamente todos los controles y la revisión no solo de que la instalación en condiciones, sino de que no se duplique el aforo".

 "Porque de nada sirve que la instalación esté en condiciones si luego la falta de escrúpulos de un empresario duplica el aforo. Creo que este es el principal factor de riesgo", incidió en una entrevista a Antena 3.

   En todo caso, Cifuentes insistió en que la idea de los Flores organizando una nueva fiesta le "parece inmoral".

 "Yo sí creo que debería poderse impedir y creo que el fiscal o el juez deberían imponer alguna medida cautelar para que los Flores no se sigan lucrando con una fiesta de similares características a la del Madrid Arena", comentó.

   "Legalmente es verdad que hay dificultades, porque este señor no está condenado y tiene una empresa que realiza una actividad; pero yo lo que creo es que mas allá de la situación legal, que tendrá que haber un juicio y hay que respetar la presunción de inocencia de todo el mundo, en derecho hay una cosa que se llaman medidas cautelares administrativas. Porque si ha habido una actividad con el resultado trágico, lo digo no solo como delegada, sino como persona, me parece una desfachatez que organice otra", apostilló.

   Dijo, a su vez, que su "preocupación" es "por tantos padres o tantos chavales que creen que se dan todos los requisitos de seguridad", mientras que "en el Madrid Arena pasó lo que pasó".

   Por último, añadió que "controlar las ordenanzas municipales y el botellón es potestad municipal, mientras que el control del aforo es de los organizadores y, solidariamente, de los propietarios del local donde se realiza la fiesta".

 "No se trata de lanzar balones fuera, sino que entre todos evitemos que se ponga en marcha algo similar al Madrid Arena", concluyó.

Cifuentes pide a la Fiscalía que impidan a Flores organizar la fiesta de Año nuevo en La Cubierta

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido este viernes a la Fiscalía y al juez Eduardo López que impongan medidas cautelares administrativas contra el propietario de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores, para impedir que organice la fiesta Space Fest 2013, que tendrá lugar previsiblemente en la Cubierta de Leganés.

   Diviertt suspendió la organización de la macrofiesta de Año Nuevo de 2013 en el recinto Madrid Arena y está buscando una nueva ubicación tras la orden de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de prohibir cualquier evento de este tipo en alguno de los edificios propiedad del Ayuntamiento tras el fallecimiento de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween.

   Flores declaró el pasado 20 de noviembre ante el juez en calidad de imputado. Tras su declaración, se le impuso la obligación de comparecer los días 8 y 24 de cada mes en el Juzgado más próximo a su domicilio. Manos Limpias solicitó entonces que se decretara su ingreso en prisión, una medida a la que se opuso la fiscal del caso al estimar que no se cumplían los requisitos para ello.

   En una entrevista en la cadena Cope, Cifuentes ha señalado que "si algo ha quedado claro hasta el momento" es que el aforo en la fiesta mortal de Halloween "no es que estuviera sobrepasado, sino prácticamente duplicado".

   La delegada ha calificado de "inmoral" que esta empresa "con un evidente ánimo de lucro y que ha sido capaz de poner en riesgo a tantos jóvenes" haya decidido hoy anunciar que exigirá responsabilidades al Ayuntamiento y a la empresa Madrid Espacios y Congresos (Madridec) por haberle arrendado, a su juicio, "un recinto que no reúne las condiciones necesarias para celebrar macrofiestas".

   "Ha habido cinco niñas muertas, que es lo peor de todo, y a pesar de eso todos estos señores --en referencia a los propietarios de Diviertt-- quieren ahora exculparse y echar balones fuera con maniobras procesales que me parecen una absoluta vergüenza", ha añadido.

   Cifuentes ha arremetido contra los hermanos Flores por su "evidente ánimo de lucro para enriquecerse" al intentar organizar una fiesta de música electrónica el 1 de enero previsiblemente en la Cubierta de Leganés, cuando "ambos están imputados y esta empresa tiene deudas con la Hacienda pública y pleitos con otros ayuntamientos".

   "Es una empresa dudosa y en principio responsable de la muerte de estas cinco niñas. Es inmoral e indignante que ahora quieran celebrar una fiesta similar. No puede ser que estos señores hagan una fiesta de similares características al Madrid Arena", ha añadido.

   Por ello, la delegada del Gobierno en Madrid ha anunciado que su departamento está "explorando todas las posibilidades legales" para impedir este macroevento. Sin embargo, ha comentado que la Ley en estos casos "es muy restrictiva" y que la Delegación sólo podría intervenir en el caso en el que se pusiera en peligro a las personas de la fiesta, no con carácter preventivo.

   Por eso, ha insistido como jurista en pedir al juez y a la Fiscalía medidas cautelares para prohibir esta fiesta y ha apuntado que el Ayuntamiento de Leganés ya ha dicho que realizará todas las actuaciones necesarias para que la instalación esté en la mejor condiciones. "De nada sirve que una instalación esté en las mejores si se duplica el aforo, como en el Arena", ha añadido.

   En esta misma línea, Cifuentes ha criticado al propietario de Diviertt por querer "seguir enriqueciéndose a costa de los jóvenes, montando fiestas que ya se ha demostrado en la última ocasión que no estaban en una situación segura, sino que ha habido cinco niñas muertas". Por tanto, ha abogado por impedir que Flores siga organizando fiestas mientras está siendo juzgado. "Es indigno e inmoral", ha concluido.

Cifuentes defiende que la intervención policial en la Asamblea fue "ejemplar"

MADRID.-  La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido que la intervención desarrollada este miércoles por la Policía Nacional ante la Asamblea de Madrid para controlar una manifestación en contra de los recortes en sanidad fue "ejemplar", y ha criticado que algunos diputados socialistas y de IU "jalearan" a los manifestantes.

   Así se ha expresado a su llegada al Senado, donde asistió a la conmemoración del aniversario de la Constitución, después de que ayer cientos de trabajadores de Telemadrid y de la 'marea blanca' coincidieran con sus protestas frente a la Asamblea de Vallecas durante el debate de los Presupuestos.

   A renglón seguido, ha criticado que los manifestantes, que contaban con autorización de la Delegación del Gobierno, "incumplieron los términos" del permiso al tratar de acceder al Parlamento regional mientras se celebraba una sesión plenaria, algo "claramente ilegal y tipificado en el Código Penal".

   "La Policía consiguió, con un cordón y sin cargar, impedir que los manifestantes entraran en la Asamblea. Tan solo hubo un detenido por resistencia policial y agresión, porque trató de saltar el cordón", ha precisado.

   Finalmente, la 'popular' ha tachado de "intolerable" que algunos diputados del PSOE y de IU "jalearan a los manifestantes y trataran de rentabilizar políticamente un conflicto".

Cifuentes aclara que no ha habido intervención policial en la manifestación que ha rodeado la Asamblea

MADRID.-   La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha aclarado este miércoles que no ha habido intervención policial en la manifestación que se ha celebrado esta tarde durante varias horas alrededor de la Asamblea de Madrid y donde ha coincidido la 'marea blanca' de los sanitarios con los trabajadores de Telemadrid.

   La delegada ha indicado en su twitter que la Policía "ha tenido que acordonar" el Parlamento madrileño "para impedir que los manifestantes entraran durante el Pleno, incumpliendo la ley".

   "Quienes dicen que un ciudadano ha sido herido por la Policía en la Asamblea de Madrid mienten: No ha habido intervención policial", concluye la delegada, que ha añadido a su comentario el hashtag '#Stopmentiras'.

La Delegación de Gobierno encuentra "diversos errores" en el contenido del informe del Ayuntamiento sobre el Madrid Arena

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid, al analizar el contenido del  'Informe sobre organización, gestión y seguimiento por Madrid Espacios y Congresos S.A. del evento denominado 'Thriller Music Park - Steve Aoki (Halloween)', que ha dado a conocer este jueves el Ayuntamiento de Madrid, ha apreciado "diversos errores", según ha informado en un comunicado.

   Por ello, ha realizado una serie de observaciones, entre las que se encuentran que respecto a las afirmaciones que se efectúan en las páginas 15 y 20 del informe municipal, en las que se hace referencia a una supuesta inspección y revisión previa de instalaciones del recinto por parte de funcionarios policiales, hay que señalar que "ni la Delegación del Gobierno ni el Cuerpo Nacional de Policía tienen competencias en esta materia, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente en materia de espectáculos públicos".

   Además, ha señalado que la función de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante la visita al recinto, a la que se refiere el informe municipal, se lleva a cabo "exclusivamente" para recoger la documentación administrativa pertinente, para su posterior traslado a los órganos competentes. (En concreto, certificados de instalación de estructuras, ignífugos, instalación eléctrica, servicios asistenciales, sanitarios y Plan de Vigilancia a cargo de la empresa).

   Asimismo, Delegación de Gobierno ha indicado que "de haber existido la supuesta inspección", el resultado de la misma hubiera tenido preceptivamente que "consignarse en un acta, de la que se entregará copia al titular u organizador o a su representante", según establece el artículo 30.5 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas. "Tal acta no consta entre la documentación anexa al informe presentado hoy por el Ayuntamiento de Madrid", ha explicado.

   Por último, ha manifestado que la propia Jefatura Superior de Policía de Madrid, ante las afirmaciones de la empresa organizadora respecto a una supuesta inspección previa, certificó con fecha 2 de noviembre que "desmiente rotundamente que funcionarios de esta Jefatura hayan realizado inspección alguna en dicho local y que dieran su visto bueno al respecto", y así lo acreditaron "fehacientemente" el día 1 de noviembre los propios funcionarios policiales que se desplazaron al recinto para recoger la documentación.