El Ayuntamiento de Madrid sube un 2% la mayoría de tasas y algunos impuestos

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid subirá un 2 por ciento, lo mismo que el IPC, la mayoría de tasas e impuestos, no cubrirá vacantes ni se contratará interinos menos en los casos urgentes para prestar servicios esenciales pero se compromete a no destruir empleo público ni a reducir los salarios de estos trabajadores.

   Así lo han detallado este jueves la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno extraordinario para aprobar inicialmente el plan de ajuste 2012-2022, mecanismo que exige el Ejecutivo central para que las corporaciones locales puedan acogerse al instrumento de operación a largo plazo para ponerse al día en el pago a proveedores. Mañana pasará por Pleno y el siguiente paso será presentarlo ante el Ministerio.

   El plan presentado prevé ahorrar 160 millones con respecto al presupuesto presentado para 2012 mientras que esta cantidad se elevará a 394 millones en 2013. El objetivo es reducir la deuda, que quedará pendiente de pago en 2016 en torno a más de 4.000 millones de euros, como ha calculado Dancausa.

   Para conseguirlo aumentarán a partir de 2013 la mayoría de impuestos y tasas, sin meter en esta subida la ya prevista del IBI con la nueva Ponencia de Valores y la subida "temporal y excepcional" marcada por el Gobierno de la Nación.

   Así se actualiza el IPC en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el de Actividades Económicas. Esa subida se sumará a la del 2 por ciento en todas las tasas y precios públicos menos en la de Basuras, la de Servicios de Emergencias de Bomberos y la Tasa de Vados. También saldrá más caro acudir a los talleres culturales (46 por ciento) o a las piscinas municipales (26 por ciento) para "aproximar los importes de los precios al coste del servicio".

   Dancausa ha dado a conocer pormenorizadamente la estimación de ingresos que maneja, de la que ha dicho que es "prudente y realista" teniendo en cuenta la previsible congelación de las entregas a cuenta del Estado, que supone el 31 por ciento del presupuesto municipal. También ha recordado que desde hace años registra esta partida un descenso del 4,6 por ciento (586 millones) alcanzado los niveles de 2006.

   A eso se suma que a partir de 2013 el Ayuntamiento no prevé ingresos por operaciones financieras y que a partir de 2015 cambiará la forma de presupuestar los ingresos, de manera que solamente se consignarán los ingresos efectivos recaudados y no los derechos reconocidos.

   Para incrementar los ingresos, además de actualizar al IPC las tasas y precios públicos, el Ayuntamiento intensificará la lucha contra el fraude, facilitará el pago de tributos mediante domiciliación e ingresos a cuenta, mejorarán los procesos de cobro para reforzar la recaudación en vía ejecutiva y adoptará medidas para aprovechar mejor los inmuebles no necesarios para la prestación de servicios.

   De este modo, hasta 230 trabajadores municipales se han trasladado desde un edificio arrendado en Mejía Lequerica a Cibeles al tiempo que el Ayuntamiento ha enviado cartas a los propietarios de los inmuebles en los que están alquilados "para que reduzcan sus precios o extinguir los contratos".

   También se ahorrarán gastos en lo relativo al personal al no cubrir vacantes, limitar la contratación de interinos a las necesidades urgentes e inaplazables en los servicios esenciales o promoviendo la máxima movilidad. También la jornada laboral y el personal se adaptará a las necesidades del servicio, se reducirán un 20 por ciento las horas extras (excepto en el caso de policías municipales o bomberos) y un 5 por ciento el absentismo laboral.

   Otras de las medidas pasan por suspender los premios especiales por antigüedad y por años de servicio pero sí se mantendrán los trienios, además de eliminar la acción social para los trabajadores públicos (gafas, tratamientos dentales) a excepción de las ayudas al transporte y para quienes tengan a su cargo a una persona discapacitada. A destacar también que el Ayuntamiento reducirá el número de representantes sindicales y liberados institucionales.

   En cuanto a la reducción de gastos en bienes y servicios, el plan del Ayuntamiento contempla la reducción del número de vehículos, la unificación de los procesos de contratación, ahorro en telefonía, agua y energía o la racionalización en el uso de impresoras y material informático.

   Dancausa ha detallado igualmente que los procedimientos de contratación valorarán sustancialmente la mejor oferta económica al tiempo que se reducirá un 20 por ciento la asignación destinada a vocales vecinos, se recortará en las subvenciones a grupos políticos y se suprimirá la subvención nominativa a sindicatos.

   Botella ha afirmado, por su parte, que este "esfuerzo adicional de austeridad" incluye un conjunto de medidas "poco populares pero con visión de futuro" que contribuirán a la recuperación nacional mientras "se mantienen los servicios esenciales y se garantiza el buen funcionamiento en la ciudad".

   En cuanto al Plan Económico y Financiero (PEF), aprobado por el Ministerio en diciembre, la delegada Dancausa ha afirmado que "es compatible" con el hoy presentado y que espera que el departamento que dirige Cristóbal Montoro lo subsuma dentro de la iniciativa hoy presentada por tener mejoras, como la eliminación de la deuda a proveedores en 2012 y no en 2016, como estaba previsto inicialmente.

El Supremo absuelve a la socialista Trinidad Rollán de un delito de prevaricación

MADRID.- El Tribunal Supremo ha absuelto a la exsecretaria de organización del PSM y exalcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, del delito de prevaricación del que había sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por votar a favor de un convenio urbanístico aprobado en un Pleno celebrado por el Ayuntamiento en noviembre de 2001 y que contaba con un informe negativo.

   En una sentencia, de la que ha sido ponente Miguel Colmenero Menéndez, el Alto Tribunal exonera a la que fuera 'mano' derecha' del líder socialista madrileño, Tomás Gómez, de los ocho años de inhabilitación especial que se le impuso tras ser condenada por prevaricación. Así, el Supremo revoca ahora la sentencia que dictó el TSJM contra toda la excorporación municipal.

   En el juicio, Rollán aseguró que desconocía el informe en contra elaborado por el secretario porque no se incorporó al Pleno y manifestó que su voto fue "honesto" al creer que estaba cumpliendo con sus obligaciones para sacar adelante unas viviendas sociales. Además, sostuvo que no tenía constancia de que ese informe estuviera incluido en el expediente y en la carpeta de los puntos a debatir en el Pleno.

   La Sala de lo Penal determina ahora que no concurren elementos propios de la prevaricación, puesto que "existe una línea jurisprudencial que, tratándose de entidades locales, admite directa o indirectamente la permuta de bienes patrimoniales por obra futura".

   Asimismo, critica que el TSJM "ni en los hechos probados ni en la fundamentación jurídica se hace referencia concreta a los trámites que debiera haber seguido el Ayuntamiento para la enajenación, bien se acudiera al procedimiento de la subasta pública, o bien al elegido de la permuta".

   Además, recalca que "el control ordinario sobre la legalidad de la actuación de la Administración corresponde a los tribunales de esa jurisdicción, interviniendo la jurisdicción penal solo en los casos más graves".

   Así, precisa que interviene en casos "en los que se aprecia una contradicción tan absoluta con el Derecho que lo acordado por la autoridad o funcionario público no pueda encontrar ningún apoyo en una interpretación mínimamente razonable de la norma realizada con los métodos usualmente admitidos, resultando así una resolución que, al carecer de la mínima justificación, debe ser calificada como arbitraria".

   En concreto, el fallo absuelve a Rollán y al resto de sus compañeros de la ex Corporación Municipal de Torrejón de Ardoz, juzgados en diciembre de 2011. Entre ellos estaban los concejales Francisco Martín Rojas y a Valentín Gómez Morán. También son absueltos Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón. 

   El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría pidió en el juicio ochos años de inhabilitación por la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Patrimonio Siglo XXI para la construcción de unas viviendas sociales, ya que consideraba que, al salir adelante, se había incurrido en un delito de prevaricación.

   Tras el fallo, los abogados recurrieron ante el Supremo la sentencia por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley, entre otros motivos.

   En su recurso, el abogado de Rollán, Antonio González úbeda, se quejaba de que el tribunal de instancia había incurrido en un error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en la causa y que no resultaron ser contradichos por otros elementos probatorios.

   Entre los documentos, cita el decreto de convocatoria del pleno de noviembre de 2001. De hecho, el letrado ya advirtió en la vista oral que la ausencia de este acta podría motivar la solicitud de nulidad del procedimiento.

El PSOE pide la declaración de bienes de González para aclarar el caso del ático

MADRID.- El PSOE en el Parlamento regional va a reclamar a la Mesa de la Asamblea de Madrid el acceso a la declaración de bienes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para esclarecer el caso del ático en Guadalmina que un medio de comunicación le atribuye.

   En declaraciones en la Asamblea de Madrid, el parlamentario Enrique Cascallana ha explicado que ayer en la Mesa intentaron pedir la comparecencia de González en la Asamblea de Madrid, y ha añadido que "escudándose en el Reglamento y el Estatuto de Autonomía", los 'populares' han interpretado que los socialistas quieren conocer "la vida particular" de González, cosa que a ellos no les interesa. Según ha señalado, les "preocupa que la actividad de un vicepresidente se ponga en cuestión" y se "ligue al Caso Gürtel".

   Como no consiguieron esta comparecencia, Cascallana ha indicado que los socialistas van a registrar la petición de acceso a la declaración de bienes de Ignacio González y ha insistido en que "no es intromisión en la vida privada del vicepresidente". Además, ha avanzado que en el Senado, más que una comparecencia del director general de la Policía, va a formular una pregunta al respecto.

   "Transparencia por Rajoy y apagón por Esperanza Aguirre en Madrid no parece el mejor método", ha considerado el socialista, quien ha afirmado que "Madrid es el epicentro de la Gürtel", y que consejeros, diputados y alcaldes "han sido implicados en el caso".

   En este punto, ha añadido que al vicepresidente "los escándalos siempre le han salpicado". A su juicio, "en términos democráticos", González "tenía que haber comparecido en la Asamblea a petición propia", y "negarse pone sobre la mesa muchas dudas".

   Cascallana ha explicado que "el lujo exhibido en esa urbanización, en la forma de vida, en esos viajes que paga en metálico contrastan con los salarios de esta Asamblea". "No hay capacidad para tener ese nivel de vida", ha remarcado y ha destacado que les llama la atención que el piso se alquiler mediante una empresa "que oculta fiscalmente los orígenes de muchos ingresos de empresas, muchas veces tapadera".

   Por su parte, el portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha afirmado a los medios preguntado por si le parece bien que se facilite esta información, que "cuando hay indicios de que alguien se puede aprovechar de su cargo público para tener una situación económica mejor parece el caso".

   Además, por parte de UPyD, el portavoz adjunto Ramón Marcos ha considerado "temprana" esta petición y ha opinado que habrá "que esperar" a ver si esta polémica "se concreta en algo más o no", ya que está en juego "el honor de una persona". A su juicio, mientras no se concrete más, se debería esperar al momento en que hubiera "indicios en vía judicial y que pudieran determinar otro tipo de responsabilidades".

   En el lado opuesto, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, ha afirmado que el artículo 208 de la Cámara dice que los miembros del Gobierno "comparecerán para informar de los  asuntos de su competencia" y este asunto no tiene "ninguna vinculación" con los asuntos competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

   Henríquez de Luna ha destacado que la Dirección General de la Policía ha dicho que "no existe ninguna investigación abierta" y ha criticado que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, "pretenda casus belli de un asunto que no tienen relevancia policial". De hecho, lo ha considerado "lamentable". 

   Además, ha destacado que la Dirección General de la Policía ha aseverado que "no hay ninguna investigación contra el vicepresidente", por lo que "no procede en absoluto que se pueda pedir la comparecencia del vicepresidente a este respecto".

Ana Botella suprimirá las subvenciones a los sindicatos

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid subirá un 2 por ciento, lo mismo que el IPC, la mayoría de tasas, algunos impuestos, no cubrirá vacantes ni se contratará interinos menos en los casos urgentes para prestar servicios esenciales pero se compromete a no destruir empleo público ni a reducir los salarios de estos trabajadores.

   Así lo han detallado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno extraordinario para aprobar inicialmente el plan de ajuste 2012-2022, mecanismo que exige el Ejecutivo central para que las corporaciones locales puedan acogerse al instrumento de operación a largo plazo para ponerse al día en el pago a proveedores.

   El plan presentado prevé ahorrar 160 millones con respecto al presupuesto presentado para 2012 mientras que esta cantidad se elevará a 394 millones en 2013. Para conseguirlo aumentarán impuestos y tasas, sin incluir en esta revisión al alza la ya prevista del IBI con la nueva Ponencia de Valores y la subida "temporal y excepcional" marcada por el Gobierno de la Nación.

   De este modo, se actualiza el IPC en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el de Actividades Económicas. Esa subida se sumará a la del 2 por ciento en todas las tasas y precios públicos menos en la de Basuras, la de Servicios de Emergencias de Bomberos y la Tasa de Vados. También saldrá más caro acudir a los talleres culturales o a las piscinas municipales.

La manifestación del 29-M tras la huelga general acabará finalmente en Sol

MADRID.- El Ministerio del Interior ha asegurado que acata la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de permitir que la manifestación central de la huelga general del jueves finalice en la Puerta del Sol de Madrid como solicitaron los sindicatos UGT y CCOO. No obstante, desde el Departamento que dirige el ministro Jorge Fernández Díaz, sostienen que "no es los más conveniente".

   Al ser preguntados acerca de la decisión del TSJM, fuentes de este Ministerio han defendido que el recorrido adecuado era el que había trazado la Delegación de Gobierno y que preveía la finalización de la marcha en la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la Puerta de Alcalá.

   Con fecha del 16 de marzo se celebró en la Delegación una reunión para coordinar la seguridad de la manifestación con la asistencia de representantes de las organizaciones convocantes y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En dicha reunión se les indicó a los representantes sindicales que la coincidencia del final de la manifestación con otras concentraciones y manifestaciones comunicadas con anterioridad y les propuso que finalizaran la manifestación en la Puerta de Alcalá, como hicieron en la última convocatoria.

   En la resolución de la Delegación de Gobierno, se comunicó a CC.OO. y UGT que en el centro de Madrid ese día hay una manifestación de CGT y Solidaridad Obrera desde la Plaza de la Beata María Ana Hasta Neptuno y otra de la plataforma sindical de la EMT y otros tres sindicatos que empieza en la Plaza de Atocha y termina en la calle Jacinto Benavente.

   Asimismo, en la Puerta del Sol, el espacio público propuesto por los organizadores como punto final de la manifestación, sobre las 19 horas, hay una concentración de la plataforma contra la impunidad del franquismo, comunicada previamente a la Delegación de Gobierno.

   Si bien la representante de dicha plataforma dijo no tener inconveniente alguno en coincidir con la manifestación convocada por CC.OO. y UGT y en compartir espacio en la Puerta del Sol, el departamento que dirige Cristina Cifuentes estimó "no aconsejable" la coincidencia entre ambos actos.

   Además, argumentaba que dada la previsión de alta participación en la manifestación de los dos sindicatos mayoritarios (250.000 personas) sería necesario realizar numerosos cortes de circulación, "que implicarán una grave afectación de la almendra central de Madrid, y sobre todo del distrito Centro, con repercusión en la prestación de servicios esenciales desde el punto de vista de la seguridad (ambulancias, bomberos, policía, etc.)".

   Por otro lado, la Delegación apelaba a que existen otros derechos fundamentales del resto de personas, "también dignos de protección, que por más que la protesta y reivindicación de los convocantes legítima y respetuosa conforme a derecho, no puedan perturbar en el ejercicio a la libertad de movimientos".

   "Atendiendo al principio de proporcionalidad y con el fin de posibilitar el ejercicio adecuado del derecho de manifestación de todas las organizaciones convocantes, evitando que se produzca un colapso circulatorio en el distrito centro, se estima necesario modificar el final de esta manifestación, sin que ello suponga menoscabo alguno del derecho fundamental de reunión para los sindicatos convocantes", zanjaba la Delegación de Gobierno en una decisión que ha sido corregida ahora por el TSJM.

El PP espera que la Ley de Transparencia sirva para prevenir la corrupción

MADRID.- El PP confía en que la futura Ley de Transparencia sirva para prevenir la corrupción en España y evitar el despilfarro en las administraciones públicas, a la vez que mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar el buen uso de los recursos públicos.

   El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha celebrado el anteproyecto aprobado este viernes por el Gobierno en el Consejo de Ministros y ha recordado que se trata de una regulación "muy importante y necesaria" que ya tenían otros países de la Unión Europea.

   A su juicio, es fundamental regular la transparencia de las instituciones públicas porque los ciudadanos "tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero".

 "Es una medida muy importante de regeneración política, la transparencia es la mejor medicina para prevenir la corrupción y el buen gobierno es la mayor garantía para evitar el despilfarro", ha subrayado.

   Bermúdez de Castro ha alabado también el procedimiento elegido por el Ejecutivo para su tramitación, ya que contará "por primera vez en la historia" con un periodo de quince días de audiencia pública durante los que los ciudadanos podrán aportar sus recomendaciones y sugerencias de mejora.

   "Cuanta más transparencia, más confianza y control de las cuentas públicas", ha resumido el dirigente 'popular' al recordar que los principios de "eficacia, ejemplaridad, austeridad y rigor en la gestión de recursos" que establece la ley deben regir la actuación de todo gobernante.

   El secretario general del PP en el Congreso ha destacado también la inclusión en la Ley de Transparencia de un baremo para "poner límite" al sueldo de los alcaldes.

   Para Bermúdez de Castro, esta ley contribuirá al "esfuerzo" del Gobierno "por ganar confianza, credibilidad y solvencia" y enviar al exterior "la imagen de que España es un país cumplidor". "El Gobierno está haciendo los deberes, y esta ley, junto a la de estabilidad presupuestaria, envía un mensaje claro de que España es un socio fiable", ha concluido.

Los cargos públicos que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años

MADRID.- Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y ha recalcado que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes del mes de junio-- permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".

   "La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos. También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado.

   La vicepresidenta ha explicado que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del próximo lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. La norma se compone de tres bloques:  publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

    En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.

    Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.

   Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública.  Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades  Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.

    El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución, estableciendo un "equilibrio" entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública. El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud.

    En cuanto a los límites, no se proporcionaran datos si afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los  ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí que ocurre en países como Estados Unidos.

    Sáenz de Santamaría ha indicado que la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia, encargándose de resolver las reclamaciones que se produzcan en caso de denegación de acceso  de información. 

    El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con rango legal" para todas las administraciones públicas, que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.

    Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurará: la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones; el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública; no formular los planes económico financieros en los supuestos que figura en la Ley de Estabilidad; o el incumplimiento de medidas de corrección previstas en esa norma.

   Sáenz de Santamaría ha recalcado que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.

   Además, en el caso de que haya "un verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable", la conducta "será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con una inhabilitación de hasta diez años y la correspondiente multa".  Aunque no se prevé en la norma la pena de cárcel, la portavoz del Gobierno ha recordado que si  no se cumple la pena de multa, ésta "se sustituye por una pena de prisión".

    El objetivo de esta norma es "complementar" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan y sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos", de forma que los altos cargos "responden con carácter personal de esa conducta". Es más, ha subrayado que esta ley trata de "evitar" que "alguna administración diga que cumple el seis por ciento de déficit" y "acaba dejando el país en un ocho".

   La portavoz del Gobierno ha hecho hincapié que "el responsable sólo puede ser el competente". En este sentido, ha comentado que, por ejemplo, si un consejero es el responsable de enviar a Hacienda un plan de ajuste y no lo hace, sería "el responsable". "La competencia determina la responsabilidad", ha reiterado.

    Sáenz de Santamaría ha explicado también que la Ley de Transparencia "por primera vez hará públicas las resoluciones en relación con las compatibilidades e incompatibilidades", colgándose en la web "las autorizaciones o denegaciones que se den en este punto". 

  Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.  

Madrid dice que los 'hispanobonos' son un instrumento "muy atractivo"

MADRID.- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha afirmado este viernes que los 'hispanobonos', un mecanismo que estudia poner en marcha el Gobierno para financiar a precios razonables a las comunidades autónomas, son un instrumento "muy atractivo y bienvenido".

   "Cualquier iniciativa que ayude a que las administraciones públicas, las comunidades autónomas, nos podamos financiar en estas fechas es muy bienvenida", ha afirmado Manglano preguntado sobre los hispanobonos, al tiempo que ha destacado que el acceso a crédito para las comunidades autónomas en general "no está siendo fácil y por lo tanto, es un instrumento muy atractivo y bienvenido en las fechas en las que estamos".

   No obstante, Manglano ha afirmado para la Comunidad "los mercados sí que están abiertos", y ha explicado que hace una semana han emitido cerca de 665 millones de euros en deuda de la Comunidad con " una acogida muy favorable". Así, ha apuntado que en origen la oferta había sido de 250 millones y al final se aumentó hasta los 665 millones.

El Gobierno estudia crear una agencia para emitir 'hispabonos'

MADRID.- El Gobierno estudia la posibilidad de crear una agencia vinculada al Tesoro Público para emitir deuda y repartirla después entre las comunidades autónomas para reducir los problemas de las regiones a la hora de acceder a los mercados.

   Según han señalado fuentes financieras, ésta es una de la posibilidades que baraja el Ejecutivo, que esta misma semana se reunió con los bancos creadores de mercado para tratar este tema, entre otras cuestiones.

   Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad señalan que aún no hay una fórmula definida ni una fecha concreta, aunque ésta es una de las opciones que se barajan para la propuesta que el Departamento que encabeza Luis de Guindos tiene previsto hacer en las próximas semanas.

   La propuesta de Economía podría concretarse así en la puesta en marcha de los conocidos como 'hispanobonos', emisiones de deuda del Estado en representación de las regiones que muchos sectores económicos han reclamado en los últimos meses.

   El propio ministro de Economía se ha mostrado partidario de los 'hispanobonos' en reiteradas ocasiones, justificando esta medida en la necesidad de armonizar el coste de las emisiones en todo el territorio nacional.

   Incluso ha llegado a asegurar que las comunidades autónomas se podrían ahorrar unos 1.000 millones de euros en costes financieros si emitieran al tipo al que lo hace actualmente el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

   De hecho, mientras que el Tesoro ha logrado reducir el coste de sus emisiones en lo que va de año y ha colocado más de lo previsto, algunas comunidades han tenido dificultades para cerrar sus colocaciones o se han visto obligadas a pagar tipos muy elevados.

   Éste es el caso de Castilla y León, que el pasado martes colocó poco más de 50 millones de los 200 millones que pretendía colocar, o de la Comunidad de Madrid, que tuvo que elevar considerablemente el interés para colocar 660 millones.

   Este tipo de situaciones ha disparado las alarmas del Ministerio, que ha decidido poner fin a esta situación con una propuesta concreta que presentará en las próximas semanas y que previsiblemente dará luz verde a los 'hispanobonos'.

   Esta medida, beneficiará a muchas comunidades con dificultades para financiarse, aunque queda la duda de si las regiones que han cosechado buenos resultados en sus emisiones recurrirán también a la nueva agencia del Estado o si, por el contrario, seguirán emitiendo su propia deuda.

   Los expertos alertan de que la medida, pese a ser positiva, puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro, que mantiene una buena racha desde el pasado mes de diciembre y que ha logrado reducir notablemente el interés.

   Éste mismo motivo frenó a la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, que siempre se opuso a que el Estado asumiera las emisiones de las comunidades para evitar el deterioro de las emisiones del Tesoro.

   Desde Ahorro Corporación, el director de la mesa de deuda pública, Javier Ferrer, admite que una medida de este tipo puede elevar el interés que paga el Tesoro actualmente, aunque no cree que acabe siendo perjudicial para España.

   En este sentido, considera que la puesta en marcha de los 'hispanobonos' puede ser muy "interesante" para el mercado y puede tener una "gran acogida" entre los inversores, sobre todo entre los españoles, aunque eleve el coste.

   Por su parte, desde Intermoney, José Carlos Díez, considera necesario que el Estado avale a las comunidades, aunque duda de la efectividad de la medida entre los inversores, que prefieren cosas más sencillas y acaban recurriendo al bono que ofrece el propio Tesoro.

   Díez asegura que hay ejemplos que demuestran que estas iniciativas no siempre funcionan, como las emisiones de la banca avaladas por el Tesoro, y cree que una medida de este tipo puede elevar el coste de las emisiones del Tesoro porque "socializa" la deuda. "Será algo que acaben teniendo en cuenta las agencias de rating", ha dicho.

González exige que se hagan públicos los documentos que le vinculan a la Gürtel

MADRID.- El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha exigido este jueves que se hagan públicos los documentos que le puedan vincular con el 'caso Gürtel' después de las informaciones publicadas en el diario 'El Mundo' acerca de la compra de un piso en Guadalmina, con el fin de que él se pueda defender.

   "Exijo que si el diario El Mundo dice que hay informes policiales que él tiene o tiene declaraciones en procesos judiciales de testigos que dicen lo que dicen, que lo hagan público para que yo me pueda defender y entonces ir a los tribunales de justicia", ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

   Precisamente González ha acudido a esta conferencia de prensa con los documentos con los que cuenta él y que acreditan que tiene un contrato de arrendamiento con Coast Investors, al que paga trimestralmente el alquiler de este piso; las transferencias bancarias al respecto y una escritura de compraventa ajena a su persona, entre un empresario asturiano y un americano.  

   González ha indicado que "no hay ni una sola prueba documental" ni nadie "que acredite nada", por lo que ha exigido que se hagan públicos todos los documentos dado que "entre la libertad del derecho a la información y el secreto profesional se hace muy difícil, si no hay encima ningún documento sobre el que actuar, hacer ninguna actuación", ha añadido.

   "Si alguien dice que el piso es mío, que enseñe una escritura de mi propiedad, si hay alguien que dice que me lo ha vendido, que diga cuándo, dónde, qué día, ante qué notario, pero lo que dicen lo tendrán que acreditar", ha insistido el vicepresidente madrileño, quien ha recalcado su exigencia de que "todo se acredite". 

"Pido que todo lo que se dice se acredite y cuando sepa quién, cómo y dónde, si tengo la posibilidad de plantear algún tipo de acción legal lo haré", ha apostillado.

   El portavoz del Gobierno autonómico ha explicado que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le ha informado de que no existe "ninguna información ni ninguna investigación oficial por parte de la policía" ni ningún procedimiento judicial. "Por lo tanto, quiero que si existen, que se ponga encima de la mesa", ha dicho.

   Precisamente, por ello, ha exigido también que la Policía "diga si existe alguna investigación oficial, con motivo de qué, en qué causa, quién lo ha ordenado y que se ponga encima de la mesa".

 "Y si como insinúa la información, hay presuntos testigos que dicen que han hecho declaraciones en algunos presuntos procesos judiciales que desconocemos que me relacionan con algunas operaciones y constructores, exijo que la pongan encima de la mesa", ha insistido.

   González ha tildado las informaciones que desde el martes publica este diario de "insidiosas y falsas", y, además, que no aportan "ni un solo documento que acredite nada" de lo que se dice. Así, ha aclarado que el piso del que se le acusa ser propietario no es de su propiedad, que tiene alquilado y "que conforme a lo estipulado en el contrato de alquiler" que tiene, y que paga "religiosamente".

   El vicepresidente ha indicado que el pasado domingo, antes de que estas informaciones salieran a la luz, acudió a la redacción de este periódico, para enseñar a las personas responsables de la noticia el contrato de alquiler que tiene y las transferencias bancarias que hace al propietario para pagar el alquiler.

   Sin embargo, ha venido a lamentar que no sirviera de nada: "Esto de las imputaciones e insinuaciones sin pruebas, esto que yo llamo el periodismo basura de la prueba diabólica que practican algunos, que es imputar a una persona algo insidioso sin acreditarlo y exigir al que se le imputa que pruebe lo contrario de lo que ellos no han sido capaces de probar, es una práctica deleznable, pero que desgraciadamente parece que está muy asentada".

   En definitiva, González ha exigido que se hagan públicos "esos presuntos informes de la policía" que los periodistas dicen tener y que digan qué investigación es esa, "si es oficial o no, quién la ha ordenado, en el ámbito de qué proceso, quién la está realizando, con qué recursos, cómo se paga y que aporten alguna prueba que acredite alguna de las insinuaciones y de las que no ha dado prueba hasta el momento"

   Preguntado por si tiene sospechas de qué motivo puede haber para que aparezcan estas informaciones, ahora que se acerca el Congreso Regional del PP de Madrid, González ha  apuntado que no tiene "ningún interés en especular" pero cree que "no es admisible ni razonable" este sistema "en el que uno tiene que demostrar cosas que los que hacen la información no acreditan".

   "Demostrar lo que no es posible es la prueba diabólica, es imposible. No se pueden hacer insinuaciones sin prueba documental que lo acredite", ha añadido González, quien ha concluido explicando los documentos que él posee  y que dicen que disfruta del piso de Andalucía en régimen de alquiler y que no conoce "otro documento que acredite lo contrario".

Bankia podría recortar costes salariales por 200 millones en dos años

MADRID.- Bankia prevé acometer un recorte de costes salariales por importe de 200 millones de euros durante los próximos dos años, lo que supone más de un 10% anual, según informa CC.OO.

   El sindicato sostiene que la dirección de Bankia, fruto de la integración de siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja, así lo ha planteado este jueves a la representación laboral en la entidad.

   El pago de la retribución variable de 2011 se realizará en la nómina de marzo, excepto para el personal objeto de supervisión, que está pendiente de la autorización del Banco de España.

   CC.OO. recalca que el impago de la retribución variable hubiera producido incumplimientos de acuerdos laborales y un incremento de la tensión laboral.

   Según el sindicato, la dirección de Bankia está abierta a amortizar puestos de trabajo entre las medidas de reducción de costes.

   Para la Federación de Servicios Financieros Comfia-CC.OO, "Bankia debe ordenar la casa, mejorar el gobierno corporativo y reducir el número de órganos de gobierno, así como recortar sus remuneraciones".

   A su parecer, "las cifras planteadas son muy discutibles y absolutamente desproporcionadas".

Unilever cierra su planta de Aranjuez, con 166 trabajadores

MADRID.- La multinacional de productos de consumo Unilever ha decidido cerrar su planta de Aranjuez, que está especializada en la producción de suavizantes y detergentes y cuenta con una plantilla de 166 trabajadores, como consecuencia del estancamiento de las ventas en Europa, del decrecimiento del mercado español y de la falta de perspectivas de crecimiento.

   Unilever sostiene que adolece de una sobrecapacidad productiva de suavizantes y detergentes en sus plantas europeas, y asegura que la de Aranjuez es "la menos competitiva" de todas ellas, pese a que en los últimos años ha puesto en marcha iniciativas que pudiesen evitar su cierre.

   "El entorno económico actual ha hecho que sea necesario tomar esta meditada decisión", añade el grupo fabricante, entre otras marcas, de 'Mimosín' y 'Skip'.

   En fuentes de la empresa indicaron que el mercado global de productos de lavandería ha sufrido una caída del 9% en los últimos cinco años, desde el comienzo de la crisis.

   Además, el retroceso de las ventas de detergente en polvo, que concentra buena parte de la actividad de Aranjuez, alcanza el 18%, en contraste con la subida del 126% del detergente líquido y del 118% del de cápsulas.

   Según una carta remitida por el comité de dirección a la plantilla, a la que tuvo acceso Europa Press, la media de producción en las plantas europeas se encuentra en torno al 35%, mientras que en Aranjuez la ocupación media es del 20%.

   En este escrito se detalla que la planta española ha perdido 42.360 toneladas desde 2007 hasta el cierre de 2011, lo que supone un 30,2% menos, y que, sólo en el último ejercicio, ha disminuido en un 24,3% los volúmenes de producción.

   Unilever señala que la continuidad de esta fábrica "no es viable, ya que los costes de producción no son competitivos, comparado con otras fábricas del grupo que producen las mismas categorías".

   Desde la multinacional indicaron que la decisión de cerrar la planta de Aranjuez no tiene ninguna repercusión sobre la factoría de Leioa, en Vizcaya, especializada en la fabricación de productos de alimentación, como salsas y margarinas, ni sobre las oficinas centrales de Barcelona.

   La empresa ha anunciado que iniciará un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores para llevar a cabo un plan social en las mejores condiciones para los afectados. "Unilever tiene un fuerte compromiso con sus empleados y gestionará este proceso de un modo responsable, tal y como siempre ha venido realizando", añade.

   Por otro lado, la compañía defiende que el negocio de detergentes y suavizantes continúa siendo prioritario para Unilever en España, y el deseo de la empresa es aumentar su competitividad y ganar relevancia en este mercado.

Torres-Dulce será "implacable" contra la corrupción política porque es un "cáncer de la convivencia"

BADAJOZ.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sostiene que la "corrupción política" e "institucional" se está "revelando como un verdadero cáncer de la convivencia y del propio Estado de Derecho", motivo por el cual se comprometió ante el Congreso a ser "absolutamente implacable" en los casos en los que apareciera. 

Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal estarán en "primera línea de batalla con respecto a todas formas de corrupción, no solamente la económica o la política, sino a veces incluso la denominada corrupción institucional".

El fiscal general ha advertido de que si la corrupción institucional "no se ataja, si no se da una respuesta, acaba corroyendo los cimientos del Estado y del Estado de Derecho, que es la base de la convivencia democrática en un país".

Según Rajoy, si hay enchufes saldrá el nombre y se explicarán las razones

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Ley de Transparencia que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".

   En un almuerzo-mitin en Ribadesella junto a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Mercedes Fernández, Rajoy ha recalcado que los cargos públicos deben ser "austeros y respetar cómo nunca el dinero de los ciudadanos".

   "La Ley de Transparencia pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, que si se enchufa salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno", ha indicado.

   Rajoy ha enmarcado la Ley de Transparencia dentro de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo y ha añadido que con esta norma "todos los ciudadanos tendrán derecho a saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones".

   "Si dan subvenciones habrá que publicarlas, se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes", ha afirmado.

El mítico Café Gijón, en la cuerda floja

MADRID.- Si las características mesas de mármol blanco del Café Gijón hablaran, podrían contar la historia de la cultura española desde hace casi 125 años. Ahora, una de sus señas de identidad, su privilegiada terraza, puede pender de un hilo.

   Escritores, científicos, intelectuales, artistas... todos poblaron sus mesas en el Paseo de Recoletos semana tras semana en interminables tertulias pobladas de humo denso, que inspiró, entre otros, al premio Nobel Camilo José Cela para escribir La Colmena.

   Pero el café, que sobrevivió a la guerra civil, podría volverse inviable si no puede conservar su terraza, cuya contrata ha vencido. El Ayuntamiento la dado la concesión a otra empresa que presentó una oferta superior.

   "El problema auténtico (...) es que si la dirección del café se queda sin la terraza, que es en donde tiene la solvencia económica para mantener al personal y el café, ya que la facturación mayor está aquí fuera (..) se vea obligada (...) a vender", dijo José Bárcena, trabajador del Café Gijón encargado de las relaciones públicas.

   "Sería tan lamentable como que perdiésemos El Rastro, el Museo del Prado o cualquier lugar que forma parte de la estructura de esta ciudad que es Madrid, mi bello Madrid", agregó.

   Mientras continúa la incertidumbre, en su interior siguen las tertulias y sus asiduos se emplean en sus rutinas de siempre.

   "Ahora viene un señor, que no tiene que ver nada con la cultura ni con el arte, solamente a lucrarse porque va a tener en la terraza unas ganancias X", dijo Antonio Granados Valdéz, de 95 años, artista y escritor, en el interior del café.

   "Me parece un atropello que consiente quien sea el que le esté dando esa facilidad. Es una actuación contra el Café Gijón", agregó el artista desde la misma mesa del Gijón que visita todos los días.