Esperanza Aguirre: "Ni me he muerto ni me he retirado de la política"

VILLAVICIOSA DE ODÓN.- La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este miércoles que a pesar de que ha dejado la Presidencia de la Comunidad de Madrid hace casi un mes, no se ha muerto ni tampoco se ha retirado de la política.

   A su llegada a un acto de entrega de 400 carnés a nuevos afiliados celebrado en Villaviciosa de Odón, Aguirre ha sido aclamada por decenas de simpatizantes que le esperaban a las puertas del centro donde se organizaba el encuentro.

   A la petición de uno de ellos que seriamente le ha pedido que no deje el partido, la presidenta de la formación madrileña le ha respondido con una sonrisa: "¿No me ves aquí? Ni me he muerto ni me retirado de la política".
Aguirre participaba este miércoles, 10 de octubre, a las 19.30 horas, en un acto de entrega de más de 400 carnés a nuevos afiliados del Partido Popular  pertenecientes a la Comunidad de Madrid que se desarrollaba en Villaviciosa de Odón, según ha informado la formación madrileña.
   Se trataba del primer acto público que tiene Aguirre como presidenta del PP desde que decidiera abandonar la primera línea de la política con su dimisión como presidenta del Gobierno regional. Sobre su salida del partido, no se ha pronunciado y el secretario general del partido madrileño, Ignacio González, ya ha señalado en más de una ocasión que dejará la Presidencia cuando ella quiera.
   De hecho, González recuerda siempre que fue reelegida como presidenta del PP de Madrid en el pasado Congreso Regional del partido con un 97 por ciento de los votos, por lo que, ha dicho, no es momento de plantearse cuándo va a dejar la formación ni quien se postula para sustituirla al frente del PP de Madrid.
   Durante el acto, Aguirre entregó también una condecoración a Eusebio Martín Maestro, como concejal Honorario del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, por sus 27 años de servicio a los ciudadanos, ocupando 25 como teniente de alcalde del Consistorio y por haber sido cofundador del PP de Villaviciosa de Odón con una antigüedad de 30.
   Aguirre estuvo acompañada por Ignacio González, y por el alcalde de la localidad, José Jover Sanz, además de otras personalidades de la formación popular. El acto se celebró en el Auditorio Teresa Berganza, ubicado en la Avenida Príncipe de Asturias, de Villaviciosa de Odón.

Leguina pide una "reforma interna" en el PSM para desterrar el 'zapaterismo'

MADRID.- El escritor y expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, se ha manifestado por realizar una "reforma interna" dentro del PSM y el PSOE para desterrar "toda la etapa del zapaterismo" con vistas a establecer "otra forma de hacer política", para añadir que este debe ser el objetivo del secretario regional del secretario general regional, Tomás Gómez.

   "Estos son los toros con los que debe lidiar Tomás Gómez", ha comentado Leguina durante la presentación de su último libro 'El camino de vuelta' en el Centro Cultural Círculo de Lectores (O'Donnell, 10), donde hace un repaso personal sobre la evolución del socialismo.

   Leguina ha confesado que ve "mal" tanto al PSM como al PSOE por toda "la aventura zapaterista" y considera que "es el momento" de "enterrar" ese periodo, algo que considera también "difícil" porque "todos los que están mandando ahora dentro del partido son herederos" de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la formación.

    En este sentido, ha apuntado que no se puede acometer una "regeneración" como hizo en su momento Zapatero porque se tendría que recurrir a "los chicos recién comulgados", sino que sería más efectivo hacer una reforma interna bajo la premisa de tratar de hacer "otra forma" de hacer política.

   Para Leguina, lo que cabe esperar en esta etapa es que haya reformas internas dentro del socialismo, que se haga una selección de personal, se esponje el partido y que "entre gente nueva pero no en el sentido de que no hayan trabajado nunca".

 "Se agradecería tener algunos abogados del Estado", ha apuntado con ironía el expresidente de la Comunidad.

   Respecto a su valoración del actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, Leguina ha comentado que no debe preocuparse por liderar al partido en unas elecciones sino de "preparar el nuevo liderazgo que llegará, si llega".

   "No está escrito en las estrellas que el PSOE sea eterno", ha comentado el exdirigiente socialista para remarcar la conveniencia de hallar un nuevo liderazgo que mantenga el peso del partido entre la ciudadanía.

   Además, Leguina ha considera que Rubalcaba era "lo menos malo" para el partido en el último Congreso federal y entiende que la posibilidad de que la diputada nacional Carmen Chacón comandara el PSOE "era una locura".

   "Y casi saca el 50% de los votos, algo que no habla mal de Chacón sino del PSOE", ha remarcado para manifestar su incredulidad de que dirigentes como el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, apoyaran una candidatura de un miembro del PSC.

El Ayuntamiento de Madrid multa con 3.100 euros al Santander por no pasar la ITE

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto una multa de 3.100 euros al Banco Santander por no pasar o presentar en tiempo y forma el documento acreditativo de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de tres edificios protegidos de la calle Alcalá, concretamente los de los números 10, 12 y 14. 

   Se trata de inmuebles singulares protegidos, como ha explicado a su vez el Grupo Municipal de Izquierda Unida. A destacar el edificio situado en la calle Alcalá 14 esquina con Sevilla, conocido como el Palacio de La Equitativa, que fue sede central del Banco Español de Crédito.

   En este caso el expediente de la sanción, por un importe de 1.000 euros, se comunicó a la entidad bancaria por "el incumplimiento de su obligación de presentar en el plazo otorgado el acta de inspección técnica de edificios".

   En el caso del inmueble del número 10 la sanción municipal estipulada asciende a 1.500 euros mientras que la del 12 es de 600 por "haberse presentado acta de inspección con anterioridad a decretarse la resolución del mismo", como explica IU echando mano de la documentación municipal.

   El artículo 207 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid contempla no presentar la ITE como falta leve con sanciones que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros.

   Ante esto, el portavoz de IU, Ángel Pérez, ha arremetido contra los "descuidos" del Santander afirmando que las sanciones en casos similares deben ser "lo suficientemente significativas, de forma que persuadan de la importancia que la ITE tiene de manera aún más singular en este tipo de edificios".

El PP rechaza poner en marcha la reforma del Valle de los Caídos

MADRID.- El PP ha rechazado una moción en el Pleno del Senado para poner en marcha la reforma del Valle de los Caídos y crear para ello una comisión parlamentaria que busque consensos sobre cómo hacerlo, ya ha asegurado que este es un asunto "totalmente agotado" y superado además por la crisis económica.

   "Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es una invitación a ocuparse de los problemas de los vivos, que en estos tiempos que corren no son pocos ni sencillos", le ha dicho el portavoz 'popular' Alejandro Muñoz-Alonso al vasco Iñaki Anasagasti (PNV), autor de la moción.

   La iniciativa del grupo nacionalista pedía originalmente abordar el traslado de los restos de Franco fuera de la basílica del Valle de los Caídos, pero Anasagasti ha aceptado una enmienda del PSOE y el texto final abogaba por crear una comisión Congreso-Senado que trabajar en cómo convertir el lugar en centro de la memoria, siguiendo las recomendaciones hechas el año pasado por la comisión de expertos creada por el Gobierno anterior.

   El senador vasco se ha mostrado "cuidadoso" al elegir las palabras para recabar apoyos y "que nadie se ampare en ellas para no votar algo que, en cualquier país del mundo, sería lo normal". Y aunque con reticencias, ha aceptado la modificación del PSOE "si con esto el PP vota a favor".

   Pero el senador Muñoz-Alonso ha aclarado de entrada el 'no' de su partido a un asunto que, en lo que va de legislatura, se ha planteado en ocho ocasiones en las Cortes, ha dicho. "Es notable que se empeñe usted en celebrar el aniversario de la muerte de Franco, el reverso de los que lo hacen con nostalgia", le ha dicho a Iñaki Anasagasti, al que le ha recordado, ante su "moderación actual", que llegó a hablar en el Senado de volar el Valle de los Caídos.

   Ha considerado que la comisión de expertos se formó de manera "unilateral" en la pasada legislatura y que no todo lo decidió por unanimidad, como es el caso de qué hacer con los restos del dictador. El futuro del Valle de los Caídos, ha argumentado, requiere "los más amplios consensos".

   Por último, Alejandro Muñoz-Alonso ha censurado que el senador del PNV haya intentado dar "lecciones" de sensibilidad democrática. "Yo hice lo que tuve que hacer en el momento que había que hacerlo, corrí los riesgos necesarios y trabajé por una España democrática donde y cuando tuve que hacerlo", se ha defendido.

   El senador balear Josep Antich ha defendido su aportación a la iniciativa de crear una comisión porque este puede ser el "instrumento" para avanzar en el consenso sobre cómo transformar el Valle de los Caídos. "Merece el máximo esfuerzo de consenso para avanzar con solidez", ha defendido.

   Ante las dudas de Anasagasti sobre la eficacia de una comisión --"usted sabe que un camello es un caballo hecho por una comisión", ha dicho el senador vasco--, Antich ha explicado que podría servir para que el Gobierno "haga algo" con un asunto paralizado.

   Joan Saura, portavoz de la Entesa, ha explicado el voto a favor aunque también con dudas sobre la creación de una comisión, ya que a su juicio es suficiente y claro el trabajo del grupo de expertos.

   Por el Grupo Mixto, Jesús Enrique Iglesias (IU) ha aclarado su voto en contra debido a que se atienda el criterio de la familia del dictador sobre el futuro de los restos: "No se respetó la voluntad de las familias de quienes fueron trasladados al Valle de los Caídos", ha dicho.

Comienza la veda de caza mayor y menor en los más de 700 cotos de la región

MADRID.- Esta semana se abre la veda de caza mayor y menor en los más de 700 cotos de caza abiertos este año en toda la región madrileña, según la Orden aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

   Así, los más de 35.000 cazadores con licencia que operan en la comunidad madrileña podrán disfrutar de la caza mayor (ciervos, gamos, muflones y jabalíes) desde el 8 de octubre de este año hasta el 21 de febrero de 2013. El periodo para cazar cabras montesas será del 1 de noviembre al 31 de enero.

   Por su parte, se podrá cazar conejos, perdices, liebres, palomas, codornices, faisanes, cornejas, estorninos pintos, grajilla, tórtulas, urracas y zorzoles del 8 de octubre al 31 de enero. No podrá superarse el cupo de 10 ejemplares de tórtula común y 10 de codorniz por cazador y día. No existe limitación para el resto de las especies.

   Los días establecidos para la caza son los jueves, los fines de semana y festivos nacionales y autonómico, por lo que mañana día 11 será el primer día hábil para cazar en la Comunidad.

   La caza de cualquier otra especie no contemplada en la Orden requerirá la autorización previa de la Consejería. Queda prohibido ejercer la actividad cinegética en aquellos cotos cuyos titulares no hayan presentado el obligado Plan de Aprovechamiento Cinegético debidamente cumplimentado.

   Podrá practicarse caza mayor en los cotos privados de caza declarados como caza mayor. Los permisos de caza, que concede el Ejecutivo autonómico se refieren exclusivamente a la caza mayor, ya que para la menor no es necesario solicitar ningún tipo de permiso, salvo que se trate de batidas extraordinarias, como en el caso del control de conejos en verano o de predadores en primavera, como las urracas y los zorros.

   En cuanto a la caza mayor, de la que existen más de un centenar de cotos específicos, se establecen monterías, baterías, ganchos de caza mayor y recechos. Sus precios rondan, de media, los 3.000 euros. Uno de los animales más atractivos para este tipo de actividad cinegética es el corzo.

   La mayoría de los cotos se encuentra en propiedades privadas y el resto en terrenos públicos convertido en zonas de caza regulada perfectamente delimitados y anunciados, y a las que se sólo pueden acceder personas autorizadas.

   Las licencias de caza y pesca, expedidas por la Dirección General del Medio Natural de la Comunidad de Madrid, constituyen documentos personales e intransferibles cuya tenencia es necesaria para el ejercicio de la actividad cinegética y piscícola.

   Se establece así, por tanto, un único tipo de licencia para el ejercicio de la caza o de la pesca en el ámbito del territorio madrileños, concretándose en esta última la especialidad de con armas o sin ellas. La licencia sólo habilitará a su poseedor para cazar cualquier especie que esté fijada para ellos.

   Los periodos de caza y los calendarios de veda los establece cada año el Gobierno regional. Aunque suelen durar desde mediados de octubre hasta febrero, cabe la posibilidad de que se conceda un permiso puntual para el control de poblaciones.

   En los terrenos sometidos a régimen cinegético especial se precisa estar en posesión de autorización expresa del titular del acotado para el ejercicio de la caza. Las licencias de caza o pesca podrán solicitarse por un período de uno a cinco años computable a partir de la fecha de expedición. En el caso de menores de 16 años, el período máximo de vigencia será el restante hasta dicha edad y nunca superior a los cinco años y en la de mayores de 65 será indefinida.

El Banco de España ultima el relevo del jefe de la inspección

MADRID.- El ‘hombre tranquilo’, como lo llama alguien que conoce bien los entresijos del Banco de España, mueve ficha. El gobernador Luis Linde ultima el relevo de Jerónimo Martínez Tello como director general de Supervisión. Es decir, del jefe de los servicios de inspección de las entidades de crédito, un puesto clave en el organigrama del banco central, según adelanta www.elconfidencial.com

Su salida sería la primera en importancia desde el que Linde tomó posesión del cargo antes del verano, y supone desprenderse del funcionario que mejor conoce las tripas del sistema financiero. No en vano, ha sido director general de Supervisión desde el año 2009, lo que significa que le ha tocado vivir los años más duros y difíciles del sector prácticamente en 30 años, desde la última crisis bancaria. Fuentes del Banco de España, sin embargo, aseguraron ayer a este diario que no constaba una decisión en ese sentido.

La salida de Tello no estaría directamente relacionada con las críticas que ha recibido la inspección por sus actuaciones, en particular en el 'caso Bankia'. Al contrario. Tendría que ver con el fin de un ciclo y hasta con el agotamiento físico de Jero, como se le conoce en la inspección.

El gobernador estima que los servicios de inspección han trabajado correctamente en los últimos años y, según las fuentes consultadas, lo que han fallado son las interferencias políticas. O dicho en otros términos, los informes de la inspección estaban ahí, pero el anterior equipo de gobierno -gobernador y subgobernador- no procedieron en consecuencia, como era de esperar.

Como sostiene alguien que conoce bien el Banco de España, el "error de Mafo" fue querer resolver los problemas del sistema financiero sin dinero público para no aumentar el déficit, lo que al final agravó la situación. En este proceso, Martínez Tello “se ha dejado las pestañas”, y de ahí que el nuevo gobernador aborde su primer cambio relevante, que no tiene por qué ser inmediato. De hecho, Linde ha viajado a Tokio para participar la cumbre anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial, y allí permanecerá hasta la semana próxima.  

Momentos delicados

Linde, que conoce al dedillo la institución por dentro, ha preferido no hacer cambios en profundidad en unos momentos especialmente delicados para la entidad, que ha perdido buena parte de su credibilidad a causa de escándalos como el Bankia o Banco de Valencia.

De hecho, ha mantenido hasta ahora a los cinco directores generales de la entidad. Incluido el jefe del Servicio de Estudios, José Luis Malo de Molina, quien en los últimos tiempos había tenido frecuentes divergencias con el exgobernador Fernández Ordóñez. Su política ha sido y es recuperar la credibilidad perdida, y de ahí que se mueva con pies de plomo en la entidad. Sobre todo en unos momentos como los actuales, en los que todavía no ha concluido la reforma del sistema financiero.

Las aguas internas en la inspección, en cualquier caso, han estado revueltas desde que estalló la crisis financiera. Los inspectores redactaron a finales del año pasado un escrito en el que cuestionan abiertamente la labor del gobernador Fernández Ordóñez. Y no sólo eso. Se desmarcaron de la actuación del regulador en cuestiones tan sensibles como la permanencia en el cargo de Alfredo Sáenz tras ser condenado en firme por el Tribunal Supremo o el papel del banco central en el asunto de las indemnizaciones a ex directivos de las cajas de ahorros.

Según Banco Santander, el nivel de deuda pública "empieza a ser incómodo" en España

MADRID.- El director adjunto del Servicio de Estudios del Banco Santander, Antonio Cortina, ha indicado que el nivel de deuda pública, que según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 alcanzará el 90,5% del PIB, "empieza a ser incómodo".

   En una jornada sobre 'Desapalancamiento y Crecimiento en España' organizada por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Fundación de Estudios Financieros, explicó además que un proceso de desapalancamiento de esta deuda no debería afectar de forma "directa e inmediata" al crecimiento económico, más allá del momento inicial.

   Asimismo, Cortina indicó que la deuda de las familias se encuentra en un nivel "confortable", aunque su distribución es desigual y puede dar lugar a segmentos más expuestos al incremento de las presiones financieras.

   Si bien, confió en que dados los avances en la reestructuración del sistema financiero y la unión bancaria "cabe esperar que las dificultades de acceso al crédito se atenúe en los próximos meses" y permita una mejor asignación del mismo desde el punto de vista de la distribución.

Empresa-Estado, similitud económica / Ángel Tomás Martín *

Para encontrar de forma definitiva solución a la gravísima coyuntura económica que envuelve a España, hemos de partir, de forma escueta, de los motivos que la ocasionaron, y de un diagnóstico concreto, realista y exento de ideologías políticas, que hagan posible establecer y aplicar con urgencia las soluciones viables, tal vez únicas, que hagan posible el crecimiento económico, el cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado, la disminución progresiva del desempleo y la amortización del endeudamiento insoportable que nos hemos creado entre Estado, Comunidades, Autónomas, Corporaciones Locales, sistema financiero y familias. Una política económica a todos los niveles nefasta, que ha olvidado el ejercicio de una " economía política" previsora, justa, inteligente y ausente de ideologías, ha sido el motor de un desequilibrio de magnitud hasta ahora desconocido.

Un sistema económico basado casi exclusivamente en la construcción, alimentado financieramente con extrema generosidad y falta de control, y un desprecio y abandono de los sectores industrial y agrícola, tenía que conducirnos a un debilitamiento progresivo de la actividad económica, reflejada en el cierre de empresas, el crecimiento del paro, la casi paralización del flujo financiero, el endeudamiento Público y el descenso de la recaudación fiscal.

Nuestro déficit público supera los 950.000 millones de €, cifra que acumula los más de 425.000 millones contraídos en los cinco últimos años, y que sigue aumentando por un gasto muy por encima de los ingresos y una acumulación de intereses (prima de riesgo ) excesivos al haber perdido la confianza de los mercados financieros. Sanear las cuentas públicas, construir unos presupuestos reales y equilibrados, que deben incluir los planes realistas de amortización de nuestro endeudamiento, depurar y reconducir el sistema bancario a lo que debe ser su actividad comercial, abandonada en gran medida, y crear las normas imprescindibles para volver al crecimiento de la riqueza, por la única vía posible, el tejido empresarial, es la gran tarea responsabilidad de todos.

Es incuestionable que debemos introducir las reformas necesarias a nuestro sistema fiscal que posibiliten al empresariado en activo y a los emprendedores y creativos, diseñar y acometer nuevos proyectos renovadores, diferenciados y competitivos. Es necesario medidas de protección al ahorrador para que revierta en beneficio de la economía real.

Hay que supervisar el mercado energético, liberalizándolo y resolviendo racionalmente el tan manido déficit tarifario por el único camino posible, las emisiones de capital necesario para compensar la supresión de las subvenciones estatales, y proseguir con las energías renovables necesarias, pero no soportadas en los recibos del consumidor; medida imprescindible para alcanzar la competitividad en los mercados exteriores. No culpemos ni hagamos responsables del déficit a las empresas y a las familias; la verdadera responsabilidad corresponde a los gestores de las empresas energéticas que emprenden y amplían actividades sin la capitalización necesaria y suficiente, olvidando los mercados bursátiles.

Igual que una empresa bien gestionada controla su endeudamiento y cuenta de pérdidas y ganancias para evitar una situación irregular que pueda ser irreversible, el endeudamiento público y su correlación con el cumplimiento estricto presupuestario, evitando déficit progresivo e incontrolado, debe ser una tarea de obligado cumplimiento en la gestión económica de todo responsable político. Pero además, de producirse el déficit, debe planificar y acometer un proceso de estímulo de la actividad económica real capaz de generar la riqueza necesaria para amortizarlo mediante el crecimiento de los ingresos públicos.

El escenario en el que nos encontramos es: Un endeudamiento, cuya cuantía impide su amortización en los plazos corto y medio, agravado por la acumulación de intereses generados por tipos inasumibles. Un presupuesto deficitario con gastos que superan el doble de los ingresos. Ausencia de nuevas empresas y de crecimiento de las activas. Un desempleo que alcanza niveles muy preocupantes. Falta de flujo financiero, y una imperiosa necesidad de adelgazamiento del gasto público. Todo ello, ha conducido al convencimiento de un rescate urgente, a pesar del rechazo de ciertos sectores que siguen negando su necesidad.

Tal vez por ello, y porque Bruselas lo exigía, se pusieron en marcha medidas impopulares de recorte en el gasto e inversiones, que vienen ocasionando protestas ininterrumpidas; y una subida de impuestos que no ha logrado el crecimiento de la recaudación, sino todo lo contrario, cuando no se acometen reformas estructurales que faciliten el crecimiento de la actividad económica. Ejemplo de ello han sido: La baja de la remuneración de los funcionarios, la subida de tasas en la enseñanza, el control farmacológico y el copago del mismo, la subida de impuestos directos e IVA, entre otros varios, y la drástica supresión de importantes inversiones públicas. No debemos olvidar que aún quedan recortes en determinados sectores, en muchos casos innecesarios o duplicados. A pesar del esfuerzo, el déficit sigue creciendo por falta de ingenio y decisión en la toma de medidas que faciliten el crecimiento de la riqueza nacional.

El rescate solo será efectivo si cubre la cifra total de endeudamiento, si el interés es asumible, y si el plazo de amortización es lo suficientemente largo para que la cuantía de devolución anual pueda asumirse por los sucesivos presupuestos generales. En caso contrario solo hay un camino que haga posible el crecimiento, la emisión de "deuda perpetua", o a un plazo no inferior a veinticinco años (no ocultamos la dificultad de su viabilidad). No podemos permitirnos no reconocer la necesidad del rescate, pero en las condiciones mencionadas anteriormente y acompañado del saneamiento de la banca y del flujo del crédito. La falta de decisión y del alargamiento en el tiempo nos situará en manos de nuestros acreedores y sin posibilidades de autogobernarnos. El reciente acuerdo del "Fondo de Rescate Europeo" cuadruplicando sus reservas hasta dos billones de €, podría hacer viable la solución a nuestro problema, puesto que se crea para el rescate integral de Italia y España.

(*) Economista y empresario

Madrid, a la cabeza de las capitales europeas con mayor cantidad de manifestaciones

MADRID.- Casi doscientas manifestaciones al mes, una media de seis al día, alrededor de 1.750 en lo que va de año convierten a Madrid en una de las capitales europeas, junto con Berlín, en las que la pancarta y el silbato han pasado a formar parte ya del trajín diario de la ciudad.

Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid, desde el 1 de enero y hasta el 1 de octubre se han celebrado en la región 2.180 manifestaciones y concentraciones, es decir, 242 al mes. O lo que es lo mismo, ocho al día.

De ellas, 1.730 tuvieron lugar en la capital, lo que significa una media mensual de 192, y diaria de 6. Cifra última que se dispara en jornadas especialmente "calientes", como el pasado viernes, cuando la ciudad acogió 40 de las 43 protestas que la Delegación autorizó en toda la comunidad.

Precisamente, a tenor de estas cifras y de los incidentes que tuvieron lugar en las convocatorias de 25S bajo el lema "Rodea el Congreso", la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, abrió esta semana un debate sobre el derecho de manifestación al sugerir la posibilidad de "modularlo".

Un derecho recogido en el artículo 21 de la Constitución y regulado en la Ley Orgánica 9/1983 que para partidos como el PSOE, IU o UPyD, y para algunos sindicatos policiales, está ya perfectamente regulado, aunque el PP es partidario de abrir un debate y ve caminos a explorar para evitar los abusos en ese derecho.

El gobierno, por su parte, ya ha dejado claro que no se plantea modificar la ley y que el Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en esas protestas.

No sólo eso. El artículo 494 del Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año para aquellos que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso, el Senado o un parlamento autonómico cuando estén reunidos y se altere su normal funcionamiento.

En otros países de nuestro entorno también se limita el derecho en ese tipo de espacios. Así, en Alemania la ley federal establece una zona de seguridad y exclusión que restringe el derecho de reunión en torno a los organismos constitucionales.

Todas las legislaciones europeas recogen la manifestación como un derecho fundamental. "Todos los alemanes -dice el artículo 8 de la Ley Fundamental de ese país- tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, sin notificación ni permiso previos".

Y todas prevén la posibilidad de prohibir la convocatoria si las autoridades consideran que puede perturbar el orden público o que los motivos invocados son contrarios a la ley.

De todos modos, las prohibiciones son muy raras. Por ejemplo, según ha señalado a Efe un portavoz de la Prefectura de París, en lo que va de año se han prohibido en la capital gala menos de diez manifestaciones, la última de ellas el pasado 29 de septiembre cuando un movimiento de extrema derecha intentó protestar contra "la inmigración, la finanza y los medios".

Pocos días antes, la Prefectura prohibió una protesta ante la Gran Mezquita de París solicitada por un solo individuo contra la película "La inocencia de los musulmanes".

La crisis ha disparado el número de convocatorias en toda Europa. De hecho, el motivo que esgrime la mayor parte de los organizadores a la hora de solicitar permiso es la oposición a los recortes sociales y laborales.

Berlín es una de las ciudades europeas en las que se desarrolla un mayor número de movilizaciones. Según los datos estadísticos de su Policía, el pasado año se convocaron un total de 4.174, de las que 574 fueron marchas de protesta y 3.600 concentraciones.

Roma, según fuentes de su Ayuntamiento, acoge una media de una protesta diaria, que casi siempre parte de plazas tan emblemáticas como la de los Santos Apóstoles, Navona o del Popolo.

Además, desde hace años, la ciudad sufre huelgas en el sector del transporte, a una media de una al mes, que paralizan la ciudad.

Grecia es uno de los países de la UE que más está padeciendo la crisis económica. Aún así, su capital, Atenas, es escenario de la mitad de manifestaciones que se convocan en Madrid, con una media de tres diarias, organizadas en su inmensa mayoría contra la política de austeridad exigida por la troika.

Antes de la crisis, las protestas no eran frecuentes en Portugal. Sin embargo, en los últimos tres años ya se ha celebrado una decena de ellas con una participación superior a las 100.000 personas.

¿Y en las grandes ciudades españolas?. La media también es inferior a Madrid. En Barcelona han tenido lugar este año, hasta el 5 de octubre, 851, con una media de tres al día.

Valencia ha acogido en los nueve primeros meses del año un total de 1.287, lo que supone un incremento del 89,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2011, y una media de 4,7 diarias.

En ese mismo periodo, las calles de Sevilla han sido escenario de 670 movilizaciones, es decir, de 2,5 diarias. 

La Comunidad alerta por la entrada de aire de África

MADRID.- La Comunidad de Madrid, a través de un comunicado en la web de la consejería de Medio Ambiente alerta de que ha regresado una masa de aire africano a la atmósfera y de que la concentración de polvo puede ser de hasta 40 microgramos por metro cúbico. Este aire está cargado, sobre todo, de cuarzo y arcilla, por lo que aumentarán los niveles de contaminación atmosférica por las partículas en suspensión.

Las partículas (PM-10) en la ciudad de Madrid se mantienen aún en niveles verdes, aunque van en aumento y se espera que crezcan en las siguientes horas. Estas partículas afectan especialmente al aparato respiratorio, pues su alcance suele ser hasta la garganta (el número hace referencia a su tamaño).

Desde Ecologistas en Acción, a través de uno de sus portavoces, alertan de que estas particulas interfieren en el aparato respiratorio de las personas, “aunque por su grosor se quedan en las mucosas”. La directiva europea elimina de sus estadísticas el polvo africano por ser de origen natural. Esta masa de aire puede llegar hasta América a través del Atlántico.

Lissavetzky intuye una relación "causa-efecto" entre la reforma de Sol y las quejas por las manifestaciones

MADRID.- El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, intuye que existe una relación "causa-efecto" entre la preocupación del Consistorio sobre el elevado número de manifestaciones y la remodelación de la Puerta del Sol, lo que a su juicio anteponer intereses de carácter "político" a "la mejora de la ciudad".

   Lissavetzky ha manifestado que a su grupo municipal no le gusta el proyecto de reforma de la Puerta del Sol tanto desde el punto "urbanístico" cono el de "paisaje urbano". Además, ha agregado que "por muchos obstáculos" que se pongan las manifestaciones en Madrid se van a seguir celebrando hasta que no cese la política de recortes del PP.

   El portavoz socialista ha señalado que el proyecto de remodelación de esta zona no responde a un concepto de plaza como "lugar de encuentro de vecinos" ni al carácter "emblemático" de este enclave urbano.

   Tras subrayar que la creación de un quiosco de hostelería con una terraza de 300 metros cuadrados obligaría a un cambio de ordenanza, Lissavetzky entiende que la proliferación de terrazas en Sol parece que responde a crear "una serie de obstáculos".

   "Con terrazas y más terrazas no se consigue mejorar nuestra ciudad, quizás esta reforma tiene que ver con otra cosa", ha agregado el portavoz socialista para recordar que hace poco la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hace pocos días manifestaba su preocupación por el volumen de manifestaciones que se sucedían en Madrid.

   En este sentido, ha considerado "infantil" y "burdo" que no se expresen las razones "reales" de dicha remodelación. "Si lo que se quiere es que no haya manifestaciones que se cambie la política de recortes", ha espetado Lissavetzky.

Las líneas ICO para el sector turístico estarán disponibles la próxima semana

MADRID.- La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha avanzado este martes que las líneas ICO de las que se beneficiará el sector turístico se aprobarán la próxima semana, aunque ha dejado claro que no está prevista ninguna partida destinada al turismo senior para 2013.

Durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para hablar de los Presupuestos destinados a Turismo en 2013, Borrego explicó que las líneas ICO, ya aprobadas por el Consejo de Ministros en julio, se formalizarán en los próximos días, y se mantendrán las destinadas a innovadores y jóvenes en 2013.

Las líneas de financiación para jóvenes emprendedores del sector y para las empresas turísticas ascienden a 226,44 millones de euros.

Borrego recordó que existe una partida de 128 millones de euros este año para ayudas a la renovación de infraestructuras turísticas, a cuenta del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), no reflejada en los presupuestos para 2013.

Según dijo existe una bolsa de 165 millones de euros disponibles por este concepto --préstamos bonificados destinados a la renovación, modernización y reconversión de destinos turísticos maduros-- para el próximo año que no están consignados en los PGE.

Preguntada por el programa de Turismo Senior, Borrego explicó que pese a no estar prevista ninguna partida en los presupuestos de 2012, se han podido convocar nuevas plazas "contando con destinos, ayuntamientos y el sector privado", de forma que el pasado 2 de octubre ya empezaron a llegar "los primeros turistas".

No obstante, matizó que para el próximo año "no habrá ninguna partida para el turismo senior", ante unos presupuestos marcados por la "austeridad".

Así, Borrego defendió que si las partidas recogidas en los presupuestos "se saben usar" éstas pueden ser "muy eficientes" y contribuir a un sector "clave" para la economía de España.

Turismo cuenta con un presupuesto global de 330,62 millones de euros para 2013, un 24,5% menos que lo presupuestado el año anterior, excluidos algunos conceptos, asciende a 310,68 millones de euros, un 26,2% menos, para adaptarse a la coyuntura actual de consolidación fiscal y a los objetivos de políticas turísticas definidos en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) puesto en marcha por Industria.

Borrego indicó también que se formalizarán convenios con todas las comunidades autónomas con los que se fijarán los planes operativos de las 33 oficinas situadas en el exterior, de las que dijo que se está estudiando una "reestructuración" para "hacerlas más eficaces de acuerdo al mercado".

Por otro lado, la secretaria de Estado de Turismo defendió que el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 "ha dado sus resultados", y destacó los datos "francamente buenos" obtenidos este verano a pesar de que "no hay dinero".

En esta línea, destacó el aumento de un 6,2% del gasto medio por turista, y el aumento de más de un 4% en la entrada de turistas extranjeros hasta agosto, gracias a 28 medidas y 104 "acciones concretas" contempladas en dicho plan, de las que se han puesto en marcha 74, indicó.

"Espero que el año que viene las partidas sean de acuerdo con los datos obtenidos", dijo Borrego, tras apuntar que el sector turístico supone el 12% del empleo nacional. "Lo fundamental es que España se recupere", zanjó.

La recentralización del Estado y sus consecuencias

MADRID.- Según el CIS, el 40% de los españoles está a favor de regresar al centralismo y devolver a Madrid las competencias de las autonomías. Pero esto implicaría reformar la Constitución, afectaría a la clase política y obligaría a seguir pagando los sueldos de cerca de medio millón de funcionarios sin tarea, según http://arndigital.com

El Estado autonómico vive sus horas más bajas de los últimos años. Por un lado, su viabilidad está siendo puesta constantemente en duda por los partidarios a favor de la separación de Cataluña o de la implantación de un modelo federal. Por el otro, cada vez están cobrando más fuerza las propuestas de aquellos que exigen lo contrario. Cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados por el CIS se muestran favorables a la supresión de las comunidades, o, al menos, a que pierdan alguna de las competencias que les han sido transferidas. El principal argumento que esgrimen los partidarios de la recentralización es que esto supondría un importante ahorro y pondría fin a las duplicidades. Pero, según los expertos, dicho ahorro solo empezaría a notarse tímidamente al cabo de un mínimo de cinco años y, en el corto plazo, supondría duplicidades y serios problemas políticos, jurídicos y de deuda.
La pasada primavera, mucho antes del viraje hacia el soberanismo del Gobierno catalán, la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso que se devolviesen al Gobierno central competencias como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Tan sólo unos meses después, un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba que la mayoría de los ciudadanos veía con buenos ojos una recentralización. Algo que, en un momento en que Madrid ha establecido límites de déficit y endeudamiento de las comunidades, y en el que casi todas las regiones con mayor peso en la economía española han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), podría ser visto por algunos como una oportunidad política inmejorable.

Un proceso políticamente imposible…

El problema es que, como señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, “salvo que se trate de llevar a cabo un cambio revolucionario, cualquier intento de suprimir una Comunidad Autónoma requeriría una reforma de la Constitución por la vía agravada del artículo 168”. Y, si lo que se pretende es que el Estado recupere competencias que han sido asumidas por una Comunidad, habría que modificar ineludiblemente su Estatuto, para lo que también sería necesario cambiar la Carta Magna, aunque, quizás, por el procedimiento del artículo 167, mucho más sencillo.

La reforma constitucional sólo podría eludirse en un número de casos muy limitado: en aquellos en los que, como sucede con la policía de tráfico en Cataluña, se haya utilizado una ley orgánica de transferencia o delegación.

Pero, según Punset, la recentralización es “políticamente imposible”. Esto se debería, como explica Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE, a que, si se viesen privados de todas sus competencias, lo más probable es que las instituciones de las comunidades autónomas dejasen de existir, lo que afectaría seriamente a la clase política. Según los expertos, si en España se adoptase un Estado centralista similar al francés, el número de políticos se reduciría de 400.000 a 100.000.

… y complicado para la economía

Éste motivo, el mismo que haría que la clase política española se opusiese en todo momento a una vuelta total al centralismo, es precisamente uno de los más utilizados por sus partidarios. Los otros dos son el ahorro y la supresión de duplicidades entre administraciones. Ahora bien, en el plano económico la recentralización también tendría una serie de consecuencias que no serían precisamente positivas.

Y es que, como señala el catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa, “todo puede ser económicamente viable: todo depende de los costes y de los beneficios”. En la actualidad, las competencias que tienen un mayor peso en el gasto público del Estado y de las autonomías son, como se ha venido recordando insistentemente, las relacionadas con la Sanidad y la Educación, ya que la justicia mantiene aún un notable grado de centralización. Se calcula que el gasto público en estas dos materias ascendía en 2009, antes de los últimos recortes, a cerca de 110.000 millones de euros.

Si Madrid recupera la titularidad de estas competencias, el gasto repercutirá en la Administración central, y también quedarán a su cargo los empleados públicos autonómicos que hasta entonces las desempeñaban. Pero, como explica el también profesor de la Complutense Alfonso Utrilla de la Hoz, es muy posible que, en vez de generar ahorro, a corto plazo la vuelta al centralismo produzca más costes, derivados, paradójicamente, de la aparición de nuevas duplicidades.

Nuevas duplicidades

Esas duplicidades estarían causadas, según Juan Aitor Lago, porque, aunque se queden sin tarea, los funcionarios que ocupan puestos administrativos en las autonomías seguirán manteniendo sus plazas fijas de trabajo, y, por lo tanto, cobrando los salarios correspondientes del Gobierno central, aunque no desempeñen ninguna función. Esto se vería de una forma especialmente acusada en la Sanidad y en la Educación, sobre todo en las universidades públicas autonómicas.

En este sentido, otros especialistas añaden que, si bien una recentralización supondría inequívocamente el despido de gran parte del personal laboral, el problema de los funcionarios no tendría solución. Estos mismos analistas indican que, de acuerdo con el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de dichos funcionarios –descontando al personal sanitario y los maestros, cuya inserción en un sistema centralizado sería mucho más sencilla– ronda el medio millón de personas.

Pagar más por la deuda

El otro gran problema vendría asociado a la deuda autonómica, que este año ha ascendido a 140.000 millones de euros. De la Hoz apunta que, una vez se hubiesen visto privadas de sus principales competencias, las comunidades seguirían teniendo que hacer frente a sus endeudamientos millonarios, pero podrían muy bien no tener ingresos para ello. Para salvarlas del ahogamiento, los expertos coinciden en que sólo quedaría una solución: que la Administración central hiciese suya dicha deuda. El problema es que, entonces, los elevados intereses de los bonos autonómicos podrían hacer que el Tesoro español tuviera que pagar mucho más para colocarlos en los mercados.

¿Y el ahorro?

El proceso de recentralización sería especialmente complejo y dificultoso, ya que las comunidades podrían oponerse a perder unas competencias que les fueron transferidas a lo largo de quince años. Y además, en una situación de problemas de costes y pagos de los intereses de la deuda, únicamente podría esperarse una reducción de gastos en un plazo mínimo de un lustro. Y todo ello dependería, no obstante, de las condiciones que Alemania impusiese de cara a una posible petición de rescate por parte de España y del modo en que se llevasen a cabo las conocidas como ‘economías de escala’, es decir, conseguir que la actividad de la Administración llegase al mayor número de usuarios al menor coste posible. Lo malo es que, como recuerda Xavier Cuadras, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en determinados servicios, como la Sanidad, su elevada territorialidad hace muy difícil que estas ‘economías de escala’ puedan tener una gran implantación. Por todo ello, los expertos coinciden en que, en lugar de impulsar un proceso involutivo hacia el centralismo, la opción más adecuada estaría en apostar por la reducción de gastos y la coordinación entre entidades territoriales.

Por qué no quieren a los políticos / José Oneto

La crisis institucional se agrava conforme se complica la situación económica y social del país, según reflejan dos de las más importantes encuestas que se elaboran periódicamente: la del oficial CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la que para el periódico “El País”, realiza Metroscopìa.

Los datos de los dos sondeos proporcionan una radiografía bastante aproximada de la grave deriva económica, política, social, constitucional e institucional en la que está el país, hasta el punto que, por ejemplo, en la serie histórica que viene elaborando el CIS, la preocupación por la clase política ha ido en aumento y ha alcanzado su récord, ya que más de la cuarta parte de los españoles creen que los políticos y la denominada clase política, constituyen el tercer problema del país, después del paro y de la situación económica.

Pero es que, además, casi el 89 por ciento está convencido de que la situación económica del país es mala o muy mala, el 67 por ciento que es peor que hace un año, y el 77 % que el año que viene será igual o peor que éste, al tiempo que más del 77 por ciento piensa que la situación política es mala o muy mala, más del 87 por ciento que es igual o peor que el año pasado y el 76 por ciento que el año próximo será igual o peor que hoy.

El cuadro lo completa Metroscopia al señalar que quizás, debido a esa desconfianza en la clase política, se desploma la fidelidad de los ciudadanos a los dos grandes partidos, que se hunden respecto a los resultados de las últimas generales, mientras sus líderes cosechan un gran rechazo. Más el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, ya que el 90 por ciento de los encuestados confían poco o nada en él, frente al 84 por ciento de disconformidad frente a Mariano Rajoy. Dos cifras realmente preocupantes.

De los dos sondeos se deduce que el malestar social que ha provocado la crisis económica y sus devastadores efectos, han terminando dañando a los partidos políticos, a sus dirigentes, a los gobernantes, al sistema democrático, e incluso al modelo de Estado autonómico, al que se acusa de ser uno de los causantes del despilfarro que ha complicado, en alguna medida, la actual crisis, que ha terminado por condicionar el futuro político del país, en tanto hemos ido perdiendo soberanía frente a Europa a la que, para agudizar más la “gran crisis” en la que estamos, se quiere incorporar Cataluña, después de independizarse y escindirse de España, mientras tenemos que cumplir unas durísimas condiciones económicas -endurecidas en caso de un rescate de la Deuda soberana- que nos han conducido, por el momento, a una de las mayores recesiones económicas desde el final de la guerra civil de l936-1939. Aunque el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, acaba de asegurar en Luxemburgo, en la reunión del Eurogrupo, que “España no necesita más austeridad”.

Al final, ese gran despilfarro, la falta de un mínimo consenso para hacer frente a una crisis que se puede llevar todo por delante; los numerosos casos de corrupción que hace que, por ejemplo, en el Parlamento valenciano el tercer grupo parlamentario sea el de los “imputados” en numerosos casos de corrupción; que muchos imputados puedan volver a presentarse a las elecciones, como si no hubiese pasado nada; que representantes partidos políticos tengan una gran responsabilidad en el gran escándalo del hundimiento de las Cajas de Ahorros que han tenido que ser rescatadas con el dinero de los ciudadanos; que conocidos los datos de su desprestigio ante la ciudadanía, la única reacción que hayan tenido haya sido en vez de hacer la mínima autocritica, echarse la culpa uno a otro, el PP al PSOE, el PSOE al PP, Carlos Floriano a los gobiernos socialistas y Oscar López al gobierno de Rajoy, explica muy bien esa falta de sensibilidad con lo que realmente está pasando, ese desprestigio que está afectando gravemente al sistema, esa ausencia de liderazgo, en uno de los momentos más graves de nuestra democracia.

http://www.republica.com/2012/10/08/por-que-no-quieren-a-los-politicos_559523/

El tiempo sigue corriendo en contra de Shakira y las familias de Puerta de Hierro, según AI

MADRID.- Unas 300 personas se enfrentan en la zona de Puerta de Hierro, en Madrid, a la llegada del invierno viviendo entre escombros y hacinadas en las pocas viviendas que quedan en pie, y en vehículos, como consecuencia de los desalojos forzosos. El caso de Shakira sigue revistiendo especial urgencia, a juicio de Amnistia Internacional.

Han pasado casi tres meses desde que Shakira G. N. de 6 años sufriese el desalojo forzoso de la vivienda de sus abuelos. Vivía allí después de que el Ayuntamiento de Madrid derrumbase la vivienda de sus padres, en 2011, sin ofrecerles alojamiento alternativo adecuado, sin tiempo para retirar sus pertenencias y según versión de los pobladores, por una orden judicial dirigida contra una tercera persona.

Y han pasado casi tres meses desde que a Shakira le diagnosticasen un tumor cerebral de pronóstico muy grave. Las últimas semanas ha estado hospitalizada. Ante esta situación, el Ayuntamiento no ha ofrecido una solución eficaz y duradera.

Las autoridades locales se comprometieron ante Amnistía Internacional a valorar la situación de los menores, que no han sido realojados en Puerta de Hierro. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida eficaz para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.

El cumplimiento de esta obligación es urgente. La llegada del invierno exige que las casi 300 personas que continúan viviendo en el poblado y los 70 menores cuenten con un realojo que les permita ejercer su derecho a un nivel de vida digno. Asimismo, el comienzo del curso escolar y la necesidad de recuperar el rendimiento escolar de los menores, mermado por los impactos de los desalojos, exije una respuesta inmediata de las autoridades.

Hasta la fecha, Shakira y su familia no ha recibido ningún ofrecimiento de realojo adecuado, que al igual que a otros menores, el Ayuntamiento debió haber garantizado.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha reiterado a España que los desalojos deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos. El Ayuntamiento de Madrid no los ha respetado.

De manera urgente, el Ayuntamiento de Madrid debe paralizar todos los desalojos forzosos hasta que no se produzca, entre otras garantías, una valoración de los impactos sobre las personas, algo a lo que el Ayuntamiento se comprometió. Debe cumplir sin dilación la obligación de proporcionar un alojamiento alternativo adecuado a la familia de Shakira y al resto de las familias del poblado de Puerta de Hierro.