El Tribunal Supremo confirma la nulidad de 22 desarrollos urbanísticos de Madrid

MADRID.- Un total de 22 desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) son nulos, de acuerdo a una sentencia firme del Tribunal Supremo. La decisión judicial echa por tierra el intento de maquillar el problema como una cuestión formal. Ecologistas en Acción, organización personada en este procedimiento, destaca la importancia que el tribunal otorga a la participación ciudadana y el Medio Ambiente.

La sentencia, dada a conocer recientemente, hace alusión expresa a dos ámbitos urbanos, Arroyofresno e Instalaciones Militares de Campamento, pero es aplicable a un total de 22 áreas, entre ellas Valdebebas, Valdecarros, Los Berrocales o Los Ahijones. Un total de 135.000 permisos de viviendas se ven por tanto potencialmente afectados por esta decisión, que concluye una larga batalla judicial.
El PGOU aprobado en 1997 por el Ayuntamiento de Madrid declaró urbanizable un importante porcentaje de la superficie protegida del municipio. En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció en contra de plan.
Una decisión que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2007, cuando desestimó el recurso del Ayuntamiento y declaró injustificada la desclasificación de suelo protegido en 22 áreas.
Un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2008 quiso subsanar la revocación de buena parte del PGOU de Madrid, mediante la incorporación de un “complemento a la memoria” que pretendía subsanar la nulidad declarada por la justicia.
El caso volvió al TSJM, que en este caso rechazó en 2011 un incidente de ejecución presentado por un demandante particular contra el acuerdo de la Comunidad. Y de nuevo se recurrió al Tribunal Supremo, cuyos jueces han mantenido la interpretación inicial del plan urbano.
La reciente sentencia anula el citado acuerdo y declara la nulidad de todos los actos derivados (planes parciales y de sectorización). Además invalida expresamente el Plan Parcial de la primera fase de la Operación Campamento, tal y como se solicitaba en el recurso presentado.
Ecologistas en Acción valora muy positivamente esta sentencia, que demuestra que las alegaciones contra el PGOU no eran sólo una cuestión formal. La administración municipal y la autonómica han tratado de eludir el cumplimiento de la sentencia de 2007, tratando de legalizar lo que no era legalizable, aprobando planes parciales e incluso concediendo licencias de edificación, a sabiendas de la inseguridad jurídica que podía provocar en los ciudadanos que han adquirido viviendas en los sectores afectados.
En la actualidad Ecologistas en Acción estudia las medidas que podría solicitar a los tribunales con el objetivo de conseguir que la sentencia sea cumplida y se preserven los ámbitos afectados, algunos de ellos con gran valor ambiental.
Cabe destacar, por último, que la intervención de Ecologistas en Acción en este procedimiento ha sentado una importante doctrina jurisprudencial. A partir de ahora, cualquier persona, incluso si no fue parte inicialmente del procedimiento judicial, puede interesar la ejecución forzosa de una sentencia que declara la nulidad de la actuación administrativa en materia de urbanismo en ejercicio de la acción pública (Sentencia de la Sala III Del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2010 en el recurso 3648/2008). Esto permitirá ampliar el control de la legalidad urbanística y minimizar los espacios de impunidad frente a la corrupción.

Abren expediente a 300 personas por la manifestación ilegal de ayer en Madrid

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto expediente administrativo a 300 personas como convocantes y promotores de la protesta ciudadana para rodear el Congreso que se celebró ayer entre las plazas de España y de Neptuno.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, los expedientes se ha abierto a las personas que fueron identificadas por la Policía por su presencia en la manifestación "no comunicada" y por tanto "ilegal" que ayer por la tarde recorrió el centro de Madrid.

En caso de prosperar tras el proceso administrativo que se abre ahora, estos expedientes darían lugar a sanciones de 300 euros.

Esos 300 expedientes equivalen al 10 % de las 3.000 personas que, según la propia Delegación, participaron ayer en la marcha al Congreso, en protesta esta vez contra los Presupuestos Generales del Estado.

En la anterior protesta, que se celebró el pasado día 23 con la asistencia de unos 2.000 manifestantes según la Delegación, se abrió expediente administrativo a algo menos de 50 personas.

En ambos casos las manifestación se desarrollaron sin incidentes.

Las autopistas vacías, otra cara de la burbuja española

MADRID.- En la garita del peaje de Leganés, a la entrada de Madrid, los empleados miran a la distancia, pero los coches llegan con cuentagotas: la crisis hace que los españoles deserten de las autopistas, llevando a varias de ellas al borde de la quiebra.

"Hemos solicitado el concurso de acreedores, por cuanto ahora mismo no podemos hacer frente a los vencimientos que tenemos de la deuda... ya estamos en manos del juez", explica José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid, que gestiona las autopistas Radial 3 y Radial 5.

En el caso de estas dos vías, puestas en marcha en 2004, la carga es pesada: 660 millones de euros de deuda con los bancos, 340 millones con los constructores originarios del proyecto y 400 millones que se deben pagar a los vecinos por las expropiaciones para la construcción de esas autopistas.

Una situación que se repite en los últimos meses en España, cuarta economía de la zona euro en plena recesión.

La autopista Madrid-Toledo fue la primera en solicitar un concurso de acreedores en mayo, seguida en septiembre por las Radiales 3, 4 y 5, que sirven para entrar a la capital y luego continuar hacia Cartagena-Vera y Ocaña-La Roda.

"No hay ninguna sorpresa", comenta Paco Segura, especialista del sector transportes de la ONG Ecologistas en Acción. "En España, del mismo modo que ha habido una burbuja inmobiliaria, ha habido otra burbuja de infraestructuras, y una de las que más se ha desarrollado ha sido la de las autovías", explica antes de denunciar "una situación absolutamente aberrante".

 "Hemos estado construyendo miles y miles de kilómetros de autovías en itinerarios que no tenían la densidad de tráfico que lo justificase", afirma.

"Está fuera de duda que se construyeron demasiadas infraestructuras en un momento determinado, muchas de las cuales han resultado que posteriormente no tienen utilización: ha pasado con carreteras, ha pasado con aeropuertos y antes o después se descubrirá que esta pasando con el AVE", el tren de alta velocidad, admite López Casas.

Esta política, muy activa hasta el estallido de la burbuja en 2008, permitió a España alcanzar auténticos récords: líder europea en kilómetros de autopistas y en número de aeropuertos comerciales de vocación internacional; número dos mundial en kilómetros de vías de alta velocidad, sólo por detrás de China.

Los concesionarios de autopistas ponen cara larga, sufriendo por el frenesí constructor incluso antes del inicio de la crisis, ya que el Estado, mientras daba curso a una serie de vías de peaje, siguió construyendo una red paralela de carreteras gratuitas, muy preferidas por los automovilistas.

La crisis agravó los efectos perjudiciales: en el primer trimestre, el tráfico por las autopistas de pago bajó un 8,2% interanual, alcanzando su nivel más bajo desde 1998, según el ministerio de Fomento.

"Los cálculos más solventes dicen que el tráfico en el entorno de Madrid ha caído en los últimos cinco años en el orden de un 15-20%" y "en nuestro caso ha caído mucho más", se lamenta el propietario de Accesos de Madrid.

"La coyuntura económica nacional hace que el coste del peaje es un elemento que se mide mucho más a la hora de tomar la decisión de si se va por una carretera de pago o no, siempre que hay una alternativa gratuita", destaca Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de Carreteras (AEC). Globalmente, "es evidente que ha habido una sobrevaluación de la demanda estimada y el tráfico real es la cuarta parte frente a lo previsto", añade.

Según Ecologistas en Acción, la autopista Madrid-Toledo sólo ve pasar el 11% del tráfico inicialmente previsto, mientras que en los accesos a la capital, "en casi todas las que están quebrando, prácticamente ninguna llegaba al 40% del tráfico estimado para el que se habían construído", asegura Paco Segura.

"Donde tendríamos que tener 35.000 vehículos diarios, tenemos 10.000", confirma López Casas, mostrándose poco optimista en cuanto a una ayuda del Gobierno, enzarzado en un esfuerzo de austeridad sin precedentes. "Si no hay dinero para prácticamente nada, tampoco debe haberlo para resolver los problemas de los privados", como los concesionarios, concluye.

Los embalses madrileños siguen perdiendo agua pese a las recientes lluvias y ya están al 51%

MADRID.- Los embalses de la Comunidad de Madrid acumulan este sábado un total de 482 hectómetros cúbicos y se encuentran al 51 por ciento de su capacidad total, según datos facilitados por el Canal de Isabel II.

   Pese a las recientes lluvias, el nivel de los pantanos está muy por debajo del año pasado por estas mismas fechas, que estaban a más del 70 por ciento, debido a que la tierra sigue estando muy seca y los acuíferos vacíos debido a la práctica ausencia de precipitaciones durante todo este verano.

   Por embalses los más llenos son el Atazar, con 222 hectómetros y el 52 por ciento; Valmayor, con 64 hectómetros y el 52 por ciento de su capacidad; y Santillana, que almacena 41 hectómetros y está al 45,5 por ciento de su capacidad.

   Por el contrario, los embalses que almacenan menos cantidad de agua son el de Los Morales, que sólo cuenta con el 9,4 por ciento de su capacidad gracias a sus 0,22 hectómetros cúbicos; el de Navalmedio, con 0,29 hectómetro cúbicos de agua y un 41,6 por ciento de su capacidad; y La Jarosa, que tiene 2,3 hectómetros cúbicos y se encuentra al 32 por ciento.

El magnate Adelson aporta otros 10 millones a la campaña de Romney en EE UU

WASHINGTON.- El magnate estadounidense Sheldon Adelson y su esposa, conocidos donantes del Partido Republicano, aportaron en octubre otros 10 millones de dólares (7,7 millones de euros) al conocido como "Super PAC", un comité destinado a la recaudación de fondos para respaldar al candidato republicano a la presidencia Mitt Romney, diciendo que esperaban "nivelar las condiciones" con los demócratas de cara a las elecciones del 6 de noviembre.

 

En un año de campaña con unas contribuciones sin precedentes, Adelson y su mujer, Miriam, han destacado por encima del resto.

El multimillonario de 79 años, presidente de la compañía de casinos y complejos turísticos Las Vegas Sands, que será la encargada de la construcción del complejo Eurovegas, en Madrid, se convirtió en el mayor donante del Partido Republicano en la campaña de 2012, enviando al menos 47 millones de dólares a las arcas republicanas junto con su mujer.

Los Adelson aportaron 5 millones de dólares cada uno al comité Super PAC Restore Our Future, alrededor de la mitad del dinero del fondo, según los archivos de la Comisión Electoral Federal publicados esta semana. Los archivos son las últimas revelaciones antes de las elecciones del 6 de noviembre.

En un comunicado, los Adelson dijeron que estaban ejerciendo sus "privilegios" de libertad de expresión para contrarrestar los millones de dólares recibidos por el presidente Barack Obama en forma de contribuciones de liberal multimillonario George Soros y los sindicatos.

"Nuestra familia ha sentido la obligación de ayudar a nivelar las condiciones dando su apoyo a los candidatos y las causas en el otro lado de la ecuación", decía el comunicado aportado por un portavoz de Sands.

Una serie de casos judiciales en Estados Unidos en los últimos años han puesto el foco sobre el gasto político como una forma de libertad de expresión.

Las sentencias propiciaron la aparición de las Super PAC, grupos externos que pueden recaudar una cantidad ilimitada de fondos, pero que formalmente no pueden coordinarse con las campañas oficiales.

Soros, un financiero multimillonario, ostentaba el anterior récord de donación política con 27,5 millones de dólares aportados a los demócratas en 2004. En octubre, Soros aportó 1 millón de dólares al Super PAC de apoyo a Obama.

Los Adelson también han donado a Super PAC que ayudan a los republicanos en el Congreso. Fueron los principales donantes de cara a la convención del partido en Tampa, Florida, a finales de agosto.

Durante las primarias republicanas, los Adelson emplearon su fortuna para atacar a Romney. Aportaron más de 20 millones de euros para el aspirante a candidato Newt Gingrich, que ganó en las primarias de Carolina del Sur.

Los Adelson se convirtieron en donantes de Romney en junio, cuando el candidato pasó a ser el contrincante republicano de Obama.

Forbes estima que la fortuna de Adelson es de 20.500 millones de dólares.

En septiembre, Adelson declaró a la página web estadounidense Politico que planeaba gastar más de 100 millones de dólares o "lo que fuera necesario" para derrotar a Obama.

Adelson podría aportar entre 20 y 30 millones de dólares más a grupos de fondos que no tienen por qué informar de sus colaboradores, según Politico.

Adelson también empleó sus contribuciones para apoyar una defensa más fuerte por parte de Estados Unidos de la soberanía de Israel. Es el director de la Coalición Judía Republicana y ha considerado demasiado blandas las posiciones de Obama sobre Israel.

En la anterior campaña presidencial de 2008, Adelson fue un donante mucho menos destacado, aportando alrededor de 100.000 dólares a los candidatos republicanos y los fondos del partido, según el Centro por las Políticas Receptivas, un grupo no partidista que analiza los gastos.

El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.

La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.

Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.

En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":

• Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
• Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
• Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.

Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.

Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.

Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.

Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:

• Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
• Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
• Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
• Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
• Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
• Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
• En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

El juego de Adelson / Félix Bornstein

El 16 de octubre estuvo en Madrid Sheldon Adelson, magnate de los casinos, para confirmar a las autoridades de la Comunidad su voluntad de desarrollar el proyecto Eurovegas, aunque no desveló la incógnita de cuál será el municipio beneficiario de una lluvia inversora –según nos dicen– de 17.000 millones de euros. Las primeras gotas podrían empezar a caer durante el año 2013. 

En las fotos que testimoniaron la visita se ve, junto al señor Adelson, al presidente regional, Ignacio González, con ademán risueño y tan visiblemente satisfecho que parece la foto de su primera comunión. El día anterior, González había inaugurado sus visitas oficiales  como presidente de la Comunidad al Palacio de La Moncloa. A su salida anunció a los periodistas que, entre otros asuntos del orden del día, había recibido del presidente Rajoy el máximo apoyo del Gobierno español a la localización en Madrid del proyecto Eurovegas. 

La cortesía informativa del señor González fue una actitud tan pueril como inútilmente maliciosa, pues ya se encargó poco después el mismísimo Sheldon Adelson de mandar un remitido a la prensa diciendo que el día de autos –el 16 de octubre- había matado dos pájaros de un solo tiro. Es decir, que él también había visto a Rajoy (de lo que González no había dicho ni mu). Por lo que era redundante e innecesaria la afirmación de Ignacio González de que el presidente del Gobierno le ve con muy buenos ojos (que ve con buenos ojos a míster Adelson, apostillo, porque de otras miradas este servidor no sabe nada de nada).     

Mientras algunos rodean el Palacio de Invierno sin percatarse de que dentro no hay nada (salvo los fantasmas insomnes de sus antiguos inquilinos), el tira y afloja de míster Adelson y el señor González son tan reales como la vida misma. Hace muchos años el gran jurista alemán Franz Neumann definió la Ley –como expresión de la soberanía del Estado democrático- de manera insuperable. 

Según Neumann, la Ley es la suma de la voluntad y la razón. Sin embargo, ese ideal jurídico –un Estado democrático que persigue la justicia y dispone de la fuerza necesaria para hacerla efectiva- es una reliquia en la época de la globalización. El aparato coactivo del Estado no es ninguna broma para sus ciudadanos corrientes, pero en la escena internacional el Derecho del Estado ha perdido incluso la intensidad en re menor que ostentaba y ya sólo cabe calificarlo con el neologismo soft law. Sobre todo si el viejo soberano no tiene potencia económica y se encuentra al borde de la quiebra fiscal.

Frente al imperio del antiguo y derogado hard law, el Derecho lábil, débil y blando del soft law. Frente al Estado que impone sus condiciones a los extranjeros que quieren atravesar las fronteras e instalarse en su territorio (ya sólo es un policía eficaz para los extranjeros pobres), el Estado como agente privado entre otros muchos partícipes de la economía global; como parte contratante y persona en pie de igualdad (en el mejor de los casos) que se relaciona con otros negociantes de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, como usted y como yo cuando pactamos con otro particular la compraventa de un piso o la adquisición de un vehículo usado. En estos casos las condiciones de la operación dependen del poder del talonario que tenga cada parte.

Ésta es la realidad medular del soft law, la ola que ha arrasado la soberanía de los Estados, especialmente mortífera para los Estados periféricos de la economía global, los más incapaces, endeudados y menos competitivos a la hora de establecer las reglas del juego a los inversores trasnacionales. Como le sucede a nuestra España en sus horas más bajas. Pero ocultando sus muletas, el Estado simula lo que ya no es y mantiene su liturgia procedimental con la intención de que sus ciudadanos –los electores- no descubran que el adagio “un hombre, un voto” vale menos que su sustituto moderno: “un dólar, un voto”. Sin embargo, el desengaño popular advierte sin dificultad que también ha pinchado la burbuja de la soberanía nacional y la democracia.

Los que no quieren darse por aludidos -porque no les interesa- son los oficiantes del sacramento democrático. De esta forma el presidente madrileño, Ignacio González, dice sin inmutarse que sacará a concurso oficial la adjudicación de las concesiones pertinentes para el uso del suelo público de su Comunidad en beneficio del interés general mediante un proceso de concurrencia competitiva entre los ahorradores interesados en hacer buenos negocios en Madrid (cubriendo con el velo de esta abstracción administrativa los pactos secretos que mantiene con míster Adelson). 

Por eso el Gobierno central ha remitido a las Cortes Generales un Proyecto de Ley para -con la inestimable ayuda de la Mesa del Congreso de los Diputados (que encomienda la aprobación del Proyecto a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia)- modificar la normativa vigente sobre las Haciendas Locales y conceder a los Ayuntamientos  la potestad, en la línea ya seguida por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de bonificar fiscalmente en el Impuesto sobre Actividades Económicas y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles las “actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales…o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración”.

“Bonificar” significa en este caso reducir hasta dejarlas –si se quiere- sólo en un raquítico 5% las cuotas de los citados tributos municipales, bastando para la mencionada declaración de especial interés o utilidad municipal el acuerdo del Pleno de la Corporación por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Con esta nueva vuelta de tuerca fiscal (pero aquí en el sentido contrario a las agujas del reloj, para aliviar la presión fiscal todo lo que resulte necesario), el Estado completa sus obsequios al magnate del juego. Porque a dichas bonificaciones fiscales se suman, para facilitar sus negocios, las infraestructuras ya existentes (pagadas por los vecinos), la red de aeropuertos, estaciones del AVE y demás equipamientos ferroviarios y de carreteras (pagados por todos los contribuyentes españoles), más lo que pueda caer de las empresas públicas (Ifema, Promadrid) que gestionan el turismo de ferias y congresos y analizan los proyectos de inversión en la Comunidad .

Los procedimientos formales de la democracia española, con una nomenclatura distinta para identificar a sus órganos internos, discurren paralelos a los de cualquier sociedad mercantil. Las negociaciones del Estado con la multinacional para ludópatas del señor Adelson lo acreditan. En el vértice superior de las respectivas pirámides los presidentes Adelson y Rajoy (asistido por su consejero-delegado González) pactan confidencialmente y después trasladan sus decisiones a los órganos colegiados del siguiente nivel (el Consejo de Ministros  en un caso y el Consejo de Administración en el otro). 

A continuación esas instancias ejecutivas, cada una por su lado, proponen al Parlamento y a la Junta General de Socios que adopten –convenientemente cocinados- los oportunos acuerdos para su aprobación mayoritaria y subsiguiente difusión al exterior. Concluido el proceso nadie dudará de que los dueños de la democracia son los ciudadanos y los de la empresa sus accionistas.

El único que permanece fuera de control es el duende de la memoria. Suele ser un personajillo burlón que se aprovecha de los errores de imprenta. Veamos. La ruleta, como la democracia, es un juego muy serio, sólo apta para gente responsable. Ítem más: desde el 27 de mayo de 2011, la Ley regula la actividad del juego, en sus distintas modalidades y en todo el ámbito estatal, “con el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos”. A tales efectos, la Dirección General de Ordenación del Juego obliga a “los operadores del juego” desde noviembre de 2011 a realizar el test de juego responsable a sus clientes mediante las contestaciones de estos últimos a un cuestionario oficial en el que figuran preguntas como las siguientes:

- ¿Ha jugado alguna vez más dinero de lo que tenía pensado?
- ¿El intento de interrumpir o detener el juego [si fuera el caso] le produce inquietud o irritabilidad?
- ¿Ha perdido alguna vez tiempo de trabajo o de clase debido al juego? y, por último
- ¿Cree usted que tiene algún problema con el juego?

Cuando se inauguren los casinos de Eurovegas en Alcorcón, Paracuellos o Villarriba de Abajo no pienso perderme el interrogatorio de míster Adelson a don Ignacio González: ¿Cree usted, señor presidente, que tiene algún problema con el juego? Yo no lo sé, pero desde luego el problema sí lo tenía su antecesora: en la Ley autonómica 4/2006 se modificó la Ley del Juego en la Comunidad “a fin de proteger el derecho de los ciudadanos a que les sea prohibida la entrada en los establecimientos de juego”. ¿Habrá cambiado Esperanza Aguirre de costumbres echando unas manitas de tute con el señor Adelson después de la cena en su reciente invitación madrileña?

http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/el-juego-de-adelson/4748 

Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.

El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.

Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.

Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.

Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.

Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.

Negociar o pagar

Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.

Pagan los que menos tienen

Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.

El ascenso continúa

Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

http://arndigital.com/economia/noticias/4019/un-euro-en-descubierto-en-cuenta-corriente-puede-costarle-35-al-titular/

Miles de personas recorren las calles de Madrid contra "los Presupuestos de la deuda"

MADRID.- "No nos representan" o "No debemos, no pagamos" son algunos de las consignas que se han vuelto a escuchar este sábado en las calles de la capital, en la que ya es la quinta protesta convocada por la Coordinadora desde la que tuvo lugar el 25 de septiembre para 'rodear el Congreso' y pedir el inicio de un proceso constituyente. 

Asimismo, se trata de la segunda acción celebrada esta semana en los alrededores de la Cámara Baja, si bien, a diferencia de la que tuvo lugar el martes 23, este sábado la concentración en Neptuno está siendo precedida por una marcha desde Plaza de España que pasadas las 19.00 horas recorría la Gran Vía, cortada al tráfico en sentido Cibeles.

La manifestación está encabezada por un grupo de personas que portan una gran pancarta en la que se puede leer 'Proceso constituyente. No a los Presupuestos de la Deuda'. 'La dictadura no estaba muerta, estaba de parranda" o 'Debajo de las porras está la dignidad' son otros de los mensajes que se pueden leer en los carteles de los participantes.

Al igual que ya ocurriera con las convocatorias anteriores, la Coordinadora decidió no comunicar la protesta por los cauces oficiales a la Delegación del Gobierno en Madrid al entender que el departamento dirigido por Cristina Cifuentes ya tenía conocimiento suficiente de las acciones que se llevarán a cabo para tomar las medidas necesarias que garantizaran tanto el desarrollo de la marcha como la circulación del tráfico en la zona.

Esto ha provocado que varios agentes de la Policía hayan identificado en Plaza de España a algunos de los manifestantes antes de que diera comienzo la marcha, tal y como ya ocurrió el martes en la Cuesta de Moyano antes de iniciarse la concentración en Neptuno.

Aunque la Coordinadora insiste en que la Constitución garantiza en derecho de reunión sin necesidad de pedir autorización previa, la Delegación del Gobierno insiste en que la Ley Orgánica 9/1983 que regula este derecho establece que "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas".

Como en las anteriores protestas, Interior ha realizado un fuerte despliegue policial compuesto por más de mil agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para impedir que los manifestantes se aproximen al Congreso de los Diputados y para velar por la seguridad en las calles de Madrid.

Así, uno de los participantes ha denunciado que están "totalmente rodeados de policías". "Estamos en un mercado común de desamparados, obreros, ricos y multimillonarios", ha criticado, para añadir que ha traído la bandera de Islandia "porque ellos sí que han podido meter en la cárcel a los políticos y a los banqueros".

Otra participante, ha afirmado que cree que se conseguirá algo con esta protesta, sobre todo cuando sean "dos millones de personas rodeando el congreso". Asimismo, ha señalado que para conseguirlo habrá más manifestaciones "porque el que resiste gana".

Madrid es la región más cara para celebrar una boda

MADRID.- Madrid es la comunidad autónoma más cara de España para la celebración de una boda, con una media de 19.250 euros, según un estudio de la feria "Las mil y una boda", que se celebra en Ifema.

Con motivo del certamen, que se celebra en Madrid del 26 al 28 de octubre, la organización ha divulgado un informe que indica el precio medio para la organización de un enlace con la referencia de cien comensales.

Como consecuencia de la crisis, el gasto en bodas en España ha caído en los últimos cuatro años y en 2011 descendió en un 10 por ciento con una media de 16.800 euros.

La región más cara para la celebración de nupcias es Madrid con una estimación promedio de 19.250 euros, por delante de Cataluña y Valencia, en las que hay que realizar un desembolso inferior a los 19.000 euros.

En el lado opuesto, Extremadura y Canarias son las comunidades autónomas en las que resulta más barato llevar una celebración con un gasto de unos 14.000 euros.

Las partidas del presupuesto que más se han reducido han sido las destinadas a banquetes y viaje, aunque en el último año se desembolsó menos dinero en la compra de vestimenta, recoge el informe.

El banquete representa el principal coste de la boda y concentra la mitad del total.

El coste por invitado puede oscilar entre los 40 y los 100 euros, cifra a la que cabe añadir gastos en música o barra libre, que suman entre 600 y 1.500 euros más.

En cuanto al atuendo de los contrayentes, para el vestido, complementos, maquillaje y peinado de la novia se dedican más de 2.500 euros.

En el caso del novio, el gasto oscila entre los 380 y los 1.000 euros.

Las arras, alianzas y detalles para amenizar la celebración nupcial suman unos mil euros más, a los que se añaden unos 1.900 euros aproximadamente por el reportaje fotográfico o vídeo.

El viaje de los contrayentes suele costar como mínimo unos 1.400 euros en función del destino.

El estudio, que incluye datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), también señala que en 2011 se registraron 161.345 matrimonios, un 4,4 por ciento menos que en 2010.

El año pasado Madrid fue la tercera región en la que más enlaces se llevaron a cabo, más de 24.600 ceremonias.

A la cabeza se encuentran Andalucía y Cataluña con 28.360 y 26.692 ceremonias, respectivamente.

Cientos de policías se manifiestan frente al Ministerio del Interior contra los recortes

MADRID.- Cientos de policías nacionales de toda España se han manifestado este sábado frente a la sede del Ministerio del Interior para reclamar mejoras salariales. Además, los responsables de la Confederación Española de Policía(C.E.P.), Unión Federal de Policía (U.F.P.) y el Sindicato profesional de Policía (S.P.) han leído un manifiesto que posteriormente han entregado en el Ministerio.

   En declaraciones a los medios, el presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía, José Ángel Fuentes, ha asegurado que lo que quieren manifestar las tres organizaciones convocantes al Gobierno y al Ministro del Interior es el "descontento por el tratamiento que están teniendo con el cuerpo nacional de policía". Desde estas tres organizaciones se entiende que es un momento duro para todo el mundo y que "la policía también estamos sufriendo recortes".

   Sin embargo, Fuentes ha pedido que se entienda "la peculiaridad de la función policial, que se tenga en cuenta los horarios desestructurados y la función de riesgo". Para finalizar, ha insistido en reclamar un estatuto profesional propio y "no tener la sensación de abandono" que tienen ahora.

   Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, denuncia que les han bajado sus condiciones retributivas y que les han cercenado sus derechos, "un policía, a partir del tercer día que se pone enfermo empiezan a quitarle de su sueldo". A raíz de esto, ha afirmado que les faltan condiciones laborales que han ido perdiendo en los últimos 3, 4 y 5 años.

   "En definitiva, pedimos que se valore un poco más a la policía" y que esto va en detrimento de la seguridad pública. En relación a la respuesta que puede tener la ciudadanía, ha defendido que "tienen que entender que estamos velando por el orden público, que no somos sus enemigos" y que esa es la imagen que la administración ha intentado hacerles ver, ha concluido.

   Por otro lado, el secretario general de la Unión Federal de Policía, Javier Jesús Arrillaga, ha afirmado que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía "pedimos un reconocimiento de nuestro trabajo". Además, ha asegurado que están "cansados y hastiados de los recortes" que sufren por parte de "este gobierno y de los precedentes".

   Al igual que las otras dos organizaciones, desde U.F.P. piden una "singularización expresa" de su trabajo, ha reconocido. "Tenemos funciones constitucionalmente reconocidas en el artículo 104" ha denunciado Arrillaga.    

   Tras la lectura del manifiesto los representantes de estos tres  sindicatos policiales han entregado el manifiesto en el registro del Ministerio del Interior.