MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes
porque prestan sus servicios a un coste superior del que podrían
prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata
de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del
total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento.
El cálculo de un coste estándar de los servicios que
obligatoriamente deben prestar los ayuntamientos es la piedra angular de
la reforma local que prepara el Gobierno y que mañana presentará a la
Comisión Nacional de Administración Local. El texto pasará después al
Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de
Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo
año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de
lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha
calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones de
euros, el 20 por ciento, por aplicación de este concepto. Sin embargo,
asegura que cerrará la fórmula de ese coste estándar en los próximos
meses y en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, según
han explicado fuentes del ministerio.
Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a
examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes,
perderán la gestión del servicio que presten de manera ineficiente,
según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades
(en caso de las uniprovinciales) las que se encarguen. Junto al
servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios
que los municipios dediquen a él.
Los ayuntamientos de mayor tamaño, podrán ceder esa gestión
voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza
de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus
mecanismos de intervención.
La creación de este coste estándar ha sido controvertida y cuenta
con la oposición frontal del PSOE, que interpreta la idea como un paso
hacia la privatización de servicios municipales que conllevará, añade,
una pérdida de calidad.
Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las
competencias perdidas, que podrán ser una, varias o todas. Durante ese
tiempo, según las mismas fuentes, la corporación municipal deberá
dedicarse a preparar un plan de ajuste para recuperar esa gestión y a
trabajar con la diputación para ello. No perderán su capacidad política,
puesto que los eligen los ciudadanos, pero no tendrán otra gestión que
hacer en el caso extremo de que pierdan todas las competencias.
Desde Hacienda se ha hecho hincapié en que el hecho de que un 8
por ciento de los pueblos más pequeños sean eficientes es la
demostración del que resto también lo puede ser. Y añaden que desde que
se comenzó a hablar de este concepto de coste estándar, y a través de
las docenas de reuniones con representantes locales, los municipios ya
han aplicado ahorros y ajustes.
De hecho, son más los ayuntamientos con superávit (4.623 en 2012) y
este año, en mayo, Hacienda ha recibido más de 6.000 de las
obligatorias liquidaciones de presupuestos en mayo, un 40 por ciento más
que el año anterior. "La ley ha entrado en vigor antes de estar en
vigor", dicen estas fuentes.
Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se insiste en
que el coste de los servicios baja cuanto mayor es la población a la que
se le presta. La densidad, de hecho, es el único factor que se ha
tenido en cuenta al calcular el coste estándar; es decir, la dispersión
de la población se tendrá en cuenta al medir lo que a un municipio le
cuesta dar un servicio.
Así, según Hacienda, en los pueblos pequeños se paga tres veces
más: 1.219,98 euros es el coste por habitante y año en un municipio de
menos de 5.000 habitantes de unos servicios que en una ciudad de más de
100.000 vecinos cuestan 445,44 euros.
El contenido completo de la reforma local, con la que Hacienda
lleva lidiando más de un año, será presentado este martes en la CNAL, en
la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias. La
norma regula, además de este asunto del coste estándar, qué competencias
son obligatorias, cómo convenir con las comunidades la prestación de
las competencias que son suyas pero que prestan los municipios (llamadas
impropias), la aplicación de la ley de estabilidad, etc.
Las fuentes de Hacienda han asegurado que además se va a buscar el
establecimiento de una "horquilla salarial" para los funcionarios
locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y
entre todos ellos y los funcionarios del Estado.
Sin embargo, no han precisado cómo, ni si significará que algunos
van a perder sueldo. Se está trabajando en ello y se incluirá cada año
en la Ley de Presupuestos del Estado.
