MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado
levantar la suspensión cautelar provisional, decretada el pasado día 10
de julio, que había decretado sobre el proceso de externalización de
seis hospitales públicos de la región, según consta en el auto de la
sección tercera de la Sala de los Contencioso Administrativo remitido
este miércoles por el alto tribunal madrileño.
Esta decisión
deviene de la inadmisión del recurso contencioso administrativo
presentado por el PSM al entender la sala que los socialistas "no
ostentan de ningún modo un 'interés legítimo' en orden a la impugnación"
de la resolución sobre los pliegos.
El TSJM fundamenta su
decisión de no admitir a trámite el recurso de los socialistas contra el
proceso al entender que no tienen legitimidad para impugnar la
resolución de la Consejería de Sanidad, puesto que no son parte directa
del proceso, precisamente uno de los argumentos que había planteado el
Gobierno regional en sus alegaciones. Ante esta decisión cabe recurso de
reposición en el plazo de 5 días ante el mismo tribunal.
"Los
pretendidos recurrentes ni tienen la condición de licitadores que
pudieran participar en la convocatoria, lo que sí otorgaría legitimación
para impugnar la misma por la concurrencia de un evidente 'interés
legítimo' ni pueden articular su invocada legitimación activa para
impugnar la convocatoria sobre la base de un interés abstractos como
simples usuarios y en defensa de la legalidad que no le corresponde",
expone la sentencia.
El fallo recalca que la condición de
diputados regionales y concejales de diferentes ayuntamientos no les
otorga tampoco un 'interés legítimo' para recurrir, "máxime cuando
actúan en su nombre y derecho y como simples usuarios de seis hospitales
cuya gestión sanitaria especializada se sacará a concurso, sin que se
atisbe ni acredite en qué medida la concesión de tal gestión les puede
afectar negativamente".
El TSJM había decidido suspender
cautelarmente el proceso el 10 de julio tras un recurso del PSM
presentado ante la corrección, por parte de la Comunidad, de un error en
los pliegos para introducir la palabra 'anual' en el apartado de las
garantías que debían presentar las empresas.
Ante ello, y
según lo dispuesto en esa resolución el Gobierno regional presentó
alegaciones para solicitar la retirada de la medida cautelar. En este
sentido, el Ejecutivo autonómico expresaba que la corrección favoreció
la concurrencia de empresas y que el PSM no tenía legitimidad para
reclamar esa medida al no ser perjudicado directo ni parte interesada en
el proceso.
Además, en esas alegaciones se exponía que el PSM
tenía un "interés partidista" a la hora de recurrir la externalización
de los seis hospitales y que suspender la medida podía acarrear un
perjuicio a los ciudadanos, al impedir la aplicación de una medida de
ahorro y sostenibilidad del sistema sanitario.
En su ultima
comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, el
consejero Javier Fernández-Lasquetty relató sobre la cuestión de la
garantía que la Comunidad optó por seguir los antecedentes
administrativos que se habían dado en las concesiones sanitarias
anteriores (en los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Rey Juan Carlos)
en los que se optó por una exención parcial de las garantías, al
plantear un importe de 6 millones de euros, "muy inferior" al 5 por
ciento del importe total del contrato.
Al respecto, señaló que
ese criterio "no fue cuestionado ni recurrido en ninguna de las
licitaciones anteriores" y, por ello, se optó en los pliegos de la
ampliación de la gestión indirecta de seis hospitales se tomó la
decisión de eximir parcialmente de la garantía definitiva y exigir el 5
por ciento del valor anual. Ello suponía una cantidad aproximada de 28
millones, que consideraba "suficiente" para preservar la prestación
adecuada del servicio público en caso de que pudiera haber alguna
incidencia.
