Sanidad recoge hasta diciembre 14.000 efectos graves y 500 muertes por las vacunas covid

 

MADRID.- Las vacunas contra la covid han provocado reacciones adversas en miles de españoles. El último Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID del Ministerio de Sanidad recoge, hasta diciembre de 2022, 84.650 notificaciones de acontecimientos adversos, 14.003 consideradas graves y 500 con desenlace mortal.

De hecho, un estudio publicado en el British Medical Journal en septiembre de 2022, con pacientes de EEUU y cinco países europeos –entre ellos, España–, vincula la inmunización contra la covid-19 con mayor riesgo de trombosis con trombocitopenia.

ATEAVA, la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca, cuenta entre sus 93 socios con militares, guardias civiles, policías, docentes, fisioterapeutas, bomberos, enfermeros, funcionarios de prisiones, veterinarios, asistentes de familia, trabajadores sociales. Son de todas partes de España y una media de edad de 35-40 años. Alrededor del 50% todavía no se ha podido incorporar al trabajo.

Sus patologías incluyen trombosis, encefalomielitis miálgica –EM/SFC–, trastornos neurológicos, inflamación sistémica, cardiopatías, cuadros autoinmunes y un complejo entramado de síntomas severos que la medicina todavía no sabe cómo tratar ni catalogar.

Los dolores fuertes son algo que tienen en común muchos de ellos, igual que ocurre con los 115 socios que en la actualidad tiene otra plataforma a nivel nacional, APAVaC19 –Asociación de Personas Afectadas por las Vacunas COVID-19, que incluye a inoculados con Janssen, Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

Algunos no tuvieron tanta suerte. "Hay compañeros que murieron por esos efectos secundarios", dice Celia Piquer, de 47 años, veterinaria, vacunada el 29 de marzo de 2021.

Una de ellas fue M. C. G. H., auxiliar educativa en Aldeas Infantiles SOS de Tenerife y madre de una niña de un año. Se vacunó el 10 de marzo de 2021 y empezó a quejarse de que le dolía la cabeza. "En el centro médico no le dieron importancia. Pero yo la veía cada vez peor", relata su hermana.

La noche del 21 de marzo, "estaba como zumbada, se le caían las cosas, se mareaba, no podía hablar. Entonces, llamé a una ambulancia y se la llevaron de urgencias". Falleció a las pocas horas, doce días después de la inoculación, por un derrame cerebral y bajada drástica de las plaquetas. Según el informe que recibieron del Servicio Canario de Salud, "puede haber correlación con la vacuna". 

Lorena Montesinos, comercial de 47 años, con dos hijos de 10 y 16, y presidenta de APAVaC19, asegura: "Una semana después de la segunda dosis de Pfizer, el 14 de julio de 2021, "empezaba a ir a rastras del cansancio y los dolores articulares".

Fue empeorando hasta que, al año, una internista de la Seguridad Social le dio el diagnóstico: "Postcovid vacunal con posible desregulación del sistema inmunológico".

"La gente no quiere saber nada, prefiere mirar hacia otro lado. Yo me he sentido muy abandonada por los médicos. ¿Por qué tienen tanto miedo de reconocerlo? Las vacunas han salvado vidas, pero, como muchos medicamentos, tienen efectos secundarios", nos dice, tras dos años de lucha.

"Dentro de las reacciones postvacunales, un grupo de pacientes ha desarrollado encefalomielitis miálgica (EM/SFC)", cuenta a Público la doctora Eva Martín, médico especialista en esta enfermedad que no tiene cura y que limita, al menos, al 50% las capacidades físicas y mentales del paciente. ¿Cómo puede establecerse la correlación? La clave, para esta experta, está en el timing, cuando vacuna y enfermedad "son factores coincidentes en el tiempo".

"Hay mucha reticencia a hablar del tema, porque la pandemia nos ha dejado un trauma", indica a Público el doctor Francisco Mera, director de la unidad de investigación y asistencial de covid persistente en una clínica madrileña.

Mera nos describe el "síndrome postvacunal" como un proceso inflamatorio sistémico, con envejecimiento celular acelerado, dolor neuropático, fatiga crónica, calambres. Un cuadro muy parecido al síndrome postcovid, con la diferencia de que pueden darse en pacientes vacunados que nunca tuvieron el virus.

Lo mismo apuntan dos artículos publicados en Science en enero de 2022 y en julio de 2023 con el titular: "Las vacunas de coronavirus pueden causar síntomas parecidos a los del covid persistente".

Según el afectado Pedro García, , de 49 años, profesor de Física y Química en un instituto de Barcelona y padre de dos hijos de siete y cuatro años, el Ministerio de Sanidad "solo saca estadísticas, no estudia los casos para validarlos y hacer seguimiento". 

"A mí nadie me ha llamado", dice. El Ministerio no ha respondido a la consulta de Público para contrastar esta observación.

"Es inédito que, después de una pandemia en que se ha vacunado casi el total de la población, no se hayan empezado a estudiar aún los efectos secundarios. No se están recogiendo datos. A la gente que ingresa con un cáncer o con un infarto no se le pregunta cuántas dosis se puso", nos dice el cardiólogo Esteban García Porrero, Premio Nacional de Medicina Siglo XXI y responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital de León.

Por lo pronto, en su especialidad, "en los últimos dos años, ha aumentado la incidencia de infartos en personas jóvenes".

Los usuarios del Sistema Nacional de Salud mantienen su valoración positiva de la atención recibida en los centros sanitarios

MADRID.- Los usuarios de los diferentes servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud en el año 2018 se muestran satisfechos de la atención recibida. Así se desprende del Barómetro Sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Las personas que acudieron a los centros de atención primaria del Sistema Nacional de Salud manifiestan, en un 86,5% de los casos, una valoración muy positiva de la atención recibida. Las expectativas previas sobre la Atención Primaria son, además, altas ya que siete de cada diez personas señalan que la atención recibida fue más o menos igual a como esperaban que fuera.

El 84% de los pacientes destaca que la atención prestada fue buena o muy buena en las consultas de especialistas. Del mismo modo, el 88,6% de los pacientes ingresados en los hospitales del SNS evalúan positivamente la atención sanitaria recibida y un 35,3% de los pacientes se encontraron con una atención mejor que la esperada,  frente a un 9,2% que  considera que fue peor de lo esperado.

A su vez, el 77,5%  de las personas que utilizaron los diferentes dispositivos y servicios de urgencias del SNS consideran que recibieron una buena atención.

Respecto a la opinión general de la población (usuarios y no usuarios),  el 68,3% manifiesta que el sistema sanitario en España funciona bien o bastante bien aunque necesite algunos cambios, mientras que  el 26,2% piensa que necesita cambios fundamentales y un 4,7% que hay que rehacerlo completamente.

En una escala de puntuación de 1 a 10, la satisfacción general de la ciudadanía con el sistema sanitario público se sitúa en 6,57 puntos.

La mayoría de las personas se manifiestan partidarias del uso del sistema sanitario público frente al privado. 

Así ocurre en las distintas opciones analizadas por el estudio:

• Consultas de atención primaria (68,2%).
• Consultas de atención especializada (56%)
• Ingreso en hospital  (67%)
• Urgencias (64,4%)

En las consultas de atención primaria son muy apreciados aspectos como la confianza y seguridad que transmite el médico (7,68 puntos sobre 10) y el personal de enfermería (7,64), los cuidados y la atención por parte del personal médico (7,63) y de enfermería (7,64)  y la información recibida sobre el problema de salud (7,53).

Respecto a las consultas de médicos especialistas son especialmente valorados el trato recibido del personal sanitario (7,56), la confianza y seguridad que transmite el personal médico (7,43) y la información recibida (7,45)

En la opinión sobre el funcionamiento de los hospitales destacan el equipamiento y medios tecnológicos que ofrecen (7,74), los cuidados y atención del personal de enfermería (7,89), la atención del personal médico (7,89) o la información que reciben los pacientes sobre la evolución de su problema de salud (7,65). El hecho de estar ingresado en una habitación compartida con otros pacientes se valora con 6,69 puntos.

Entre los aspectos susceptibles de mejora en los diferentes servicios asistenciales se identifican, fundamentalmente, los relacionados con los tiempos de acceso a los servicios: la obtención de cita el mismo día que se solicita, si así se desea, en Atención Primaria (solo un 47,7% la para el mismo día o el día siguiente) y los tiempos de espera hasta ser visto por el especialista (solo un 35,7% son vistos antes del mes).

De igual modo, la percepción sobre la evolución de las listas de espera, como en anteriores ediciones, es negativa: el 47,7% piensa que sigue igual y el 24,3% que ha empeorado. Un 8,1% piensa que ha mejorado.

La mayor parte de la población seleccionaría el sistema público en sus diferentes servicios si pudiera elegir entre éste o el privado,  situándose cerca del 70% en el caso de la atención primaria y la hospitalización. Desde 2010 se ha incrementado de forma gradual el número de personas que prefieren el Sistema Sanitario Público.

Entre los temas coyunturales que se han explorado en esta edición del Barómetro Sanitario destacan los bloques relacionados con los cuidadores de personas con necesidades especiales por padecer enfermedades crónicas, demencias u otros tipos de discapacidades y el tema de los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos similares.

El 34,8% de los entrevistados dicen que conocen a algún familiar o amigo cercano que necesita cuidados especiales por estar en alguna de estas situaciones. Cuando a estas personas se les pregunta por cuales serían las medidas que podrían tomar las administraciones para ayudar a los cuidadores, las más frecuentemente citadas son: "los servicios de atención a domicilio" (46,1%) y el "apoyo económico en forma de salario mensual a las/os familiares cuidadoras/es" (45,6%). Otras medidas incluyen los "centros de día" (20,85), las "residencias y otro tipo de alojamientos" (15,4%) o la reducción de jornada para las/los familiares cuidadoras/es (15,4%).

En relación a los cigarrillos electrónicos y tabaco sin combustión, el 85,9% de los entrevistados ha oído hablar de los primeros y un 18,9% del segundo. De entre los que conocen alguna de esta dos formas de fumar, el 62,2% considera que debe regularse su consumo en lugares públicos de igual forma a como se ha hecho con el tabaco tradicional.

Finalmente, se pregunta a todos los entrevistados si consideran que debe ampliarse la lista de lugares donde está prohibido fumar. El 41,3% opina que sí, el 46,3% que no y el 12,3 % no sabe. Entre los lugares citados por aquellos que dicen que debería ampliarse la lista de lugares donde está prohibido fumar destaca el coche particular cuando viajan menores (72,9%) o incluso cuando viajan otras personas, independientemente de su edad,   distintas al fumador (64,6%) y los estadios de futbol y otros espacios deportivos al aire libre (61,4%).

Como en ediciones anteriores, el Barómetro recoge las personas mayores de 18 años que, en el último año, dejaron un tratamiento médico recetado por el Sistema Nacional de Salud por motivos económicos. 

En 2018 se situó en el 3%, por debajo del porcentaje registrado en 2017 (4,7%) y la cifra más baja de los últimos años, un punto de inflexión de este indicador que se espera se mantenga en esta  tendencia decreciente.

La sanidad española ya no es de las 10 mejores del mundo: cae al puesto 19

MADRID.- De estar entre los diez primeros al puesto 19. Esa ha sido la significante caída que ha sufrido la atención sanitaria en España en tan solo un año según un estudio publicado por la revista The Lancet y recoge Redacción Médica.

El portal se hace eco de una investigación que mide la calidad del sistema sanitario de los 195 Estados del mundo mediante la comparación de datos de 32 causas de muerte curables con una atención médica adecuada, como la tuberculosis o el tétanos, para adjudicar una puntuación de 0 a 100.

Las cifras de 2016 sitúan a España, con sus 92 puntos, en el puesto número 19 lo que supone un descenso de diez posiciones respecto a la estadística de 2015.

Las naciones que encabezan la tabla son Islandia, Noruega y Holanda, mientras que a la cola se quedan la República Centroafricana, Somalia y Guinea-Bissau. En la clasificación, España se encuentra por delante de Francia y Grecia. Del otro lado, Andorra, Italia e Irlanda superan al SNS coordinado por Dolors Montserrat.

La llamativa diferencia puede tener su explicación en que, en este nuevo trabajo, The Lancet toma más variables para establecer la puntuación. Además, hay que tener en cuenta que la media global ha aumentado considerablemente debiéndose, principalmente, a las mejoras sanitarias de las zonas del África subsahariana y del sudeste asiático.

En el caso de España, la peor puntuación la obtiene el parámetro que mide la atención al cáncer de piel, con un 57; seguido de cáncer de cervis, con un 60, y testicular, con un 79 sobre 100. 

Por el contrario, enfermedades como el tétanos, la diabetes, la apendicitis o las hernias son resueltas dentro del SNS de la mejor forma posible, pues se valoran con los cien puntos posibles.

La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

MADRID.- La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular. 

Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid), recoge El País.

En términos absolutos, se corresponde con un incremento de 70 muertes anuales, y el porcentaje aumenta con el tiempo: en el tercer año de estudio, el 2015, la mortalidad ascendió un 22,6%. Estos resultados sugieren que la modificación de la cobertura sanitaria ha tenido "un gran efecto" en el estado de salud de poblaciones vulnerables con pocas alternativas de acceso a la atención médica.

Los investigadores han estimado el efecto del Real Decreto en la tasa de mortalidad de inmigrantes indocumentados al comparar el patrón de mortalidad entre el grupo de población por cuya nacionalidad tienen más probabilidades de ser irregulares y el de la población española que no ha sido afectada por la reforma. 

Para ello, se han servido de información pública obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que registra todas las muertes acaecidas en España: son datos individuales de los fallecidos de nacionalidades con una mayor proporción de sin papeles entre 2009 y 2015. Desde 2009 hasta 2012, la mortalidad en ambos grupos se mantiene o incluso decrece. 

En 2012 hay un punto de inflexión y comienza a aumentar la de los inmigrantes, según ha explicado a El País Judit Vall, coautora del informe e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y del Centre de Recerca en Economia y Salut (CRES-UPF).

La científica advierte que los resultados obtenidos son una estimación mínima de una realidad que sospechan mayor porque en el primer grupo de referencia, el de los migrantes en situación irregular, se han incluido los fallecidos que sí tenían papeles.

"Sabemos que este grupo incluye personas que no se vieron afectadas; no los podemos distinguir porque los registros de mortalidad no proporcionan información sobre el estado administrativo", detalla Vall. 

"Y aún así, encontramos ese aumento del 15%, con lo cual estimamos que el impacto que hemos hallado es lo mínimo que en realidad debe haber".

El estudio presenta los resultados diferenciados por tres grupos de edad: de 0 a 19 años, de 20 a 39 y de 40 a 64. Los mayores de 65 no se han incluido porque hay muy pocas personas en situación irregular que rebasen esa edad. 

Gracias a las excepciones marcadas por el Real Decreto, que son las embarazadas, la atención de emergencia en caso de enfermedad grave o accidente y los menores, se ha observado que no hay ningún efecto de la reforma en estos últimos. En el grupo de edad de 20 a 39 años ha aumentado la tasa de mortalidad mensual en un 16,49%. El efecto para el grupo de 40-64 años es del 19,89%. 

Por continente de origen, la reforma aumenta la tasa de los africanos en un 16,69% con respecto al nivel anterior a la reforma, en un 23,42% para los centro-sudamericanos y en un 30,40% para los asiáticos.

Los resultados también muestran que los efectos de las restricciones en la cobertura sanitaria son más altos en el caso de muertes acaecidas por causas evitables si se cuenta con acceso rápido al sistema de salud público: la falta de detección de enfermedades mortíferas y la interrupción de tratamientos en caso de enfermos crónicos. El impacto más fuerte, según Vall, es en las muertes por cáncer. 

"En algunos tumores la detección precoz es muy importante y sabemos que el cáncer, muchas veces, no da signos de alerta", explica. La experta recuerda que, si se pierde la tarjeta sanitaria, también se pierde el acceso a toda medicación subvencionada y a tratamientos como la quimioterapia.

 "Y en el caso del cáncer, es carísima", incide. En el caso de otras dolencias que requieren medicación crónica como VIH, o en enfermedades contagiosas como tuberculosis, sí que se ha hallado un coeficiente positivo, pero no significativo.

Es difícil obtener una cifra precisa del número de personas que han tenido acceso restringido al sistema de salud como resultado de la reforma. "Ha sido complicado encontrar datos porque la población inmigrante en situación irregular no está muy bien identificada", afirma Vall, que advierte que, hasta el momento, solo se disponen de algunos informes de organizaciones no gubernamentales como los de Red Acoge o Médicos del Mundo cuyas estimaciones se sustentan, más bien, en casos particulares. 

No obstante, sí sabe que en 2016 las autoridades españolas detectaron a 37.295 inmigrantes viviendo de manera irregular. Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en el Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2013 haber retirado 873.000 tarjetas sanitarias. Este último número representa un 13,87% de la población inmigrante en España en 2012 y un 1,86% de la población total.

El RD 16/2012 fue justificado por el Gobierno como la manera de evitar el fraude en la obtención de la tarjeta de salud española (el turismo sanitario) y ahorrar unos 500 millones de euros. Ha sido muy polémico desde su aprobación porque restringe el acceso al sistema de salud pública a la población inmigrante indocumentada, que hasta entonces solo necesitaba el padrón para obtener la tarjeta sanitaria. 

La reforma estableció que debían estar en posesión de un permiso de residencia oficial y para obtenerlo, tenían que demostrar que estaban trabajando regularmente o que tenían recursos suficientes para cubrir los gastos de subsistencia durante su estadía en el país. Diversas comunidades autónomas han introducido leyes autonómicas que permiten el acceso al sistema de atención médica para inmigrantes indocumentados. Aragón, Valencia, Cantabria, Baleares o la Comunidad de Madrid son algunos ejemplos.

Aunque el impacto es mayor en las Comunidades Autónomas que lo aplican a rajatabla, el estudio no ha hallado diferencias significativas entre ellas, algo que Vall se explica porque la mayoría de decretos regionales se introdujeron después del Real Decreto, y para entonces este colectivo ya era reacio a hacer uso de los servicios de atención médica por el temor a revelar su situación irregular. 

"Se ven como perseguidos y señalados, y convencerles que de van a poder acceder al sistema de salud ya no es tan fácil porque ya tienen miedo a ser deportados o denunciados", explica la investigadora.

Solo cuatro CCAA - Madrid incluida- no tienen un compromiso para sacar OPE sanitarias periódicas

MADRID.- Dos de los grandes retos del Sistema Nacional de Salud español son hacer frente a la escasez de especialistas y la renovación de una plantilla sanitaria cuya mayor parte de efectivos se jubilarán próximamente. Por ello, la publicación de Oferta Pública de Empleo (OPE) cobra especial importancia en este sector, según redaccionmedica.com.

Hasta el momento, hay una mayoría de comunidades autónomas que se han comprometido a publicar sus OPE con cierta periodicidad, ya sea anual o bianual. Sin embargo, aún hay bastantes que no se han pronunciado al respecto.

La periodicidad de las OPE ya es una realidad en algunas comunidades autónomas. El departamento de Salud del País Vasco es uno de los primeros que se ha comprometido a su convocatoria cada dos años, al igual que Extremadura, región que firmó un pacto en 2017 por el que se comprometía a convocar concursos de traslado con carácter bianual.

En el mismo sentido se han pronunciado las consejerías del Principado de Asturias y Canarias, aunque lo han hecho de forma verbal, asegurando que la periodicidad se produciría cada dos años. Finalmente, y también con carácter bianual se han mostrado a favor Aragón y Andalucía. Esta última ha afirmado que las categorías menos numerosas pueden tener una periodicidad mayor, ya que la demanda no es tan alta en algunas especialidades como en Atención Primaria.

A pesar de ello, no todas las comunidades han apostado por una periodicidad bianual, sino que algunas como Galicia, Baleares y Castilla y León se han decantado por que esto sea anual. Del mismo modo se han pronunciado Cataluña, mediante un acuerdo verbal, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Valenciana, cuyas consejerías se han ofrecido a realizar una OPE anual con las plazas correspondientes a la tasa de reposición de cada ejercicio.

Hay algunas comunidades que todavía no han puesto sobre la mesa la posibilidad de tener una periodicidad en sus OPE. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, que no descarta que en un futuro se pueda llevar a cabo; Cantabria y Murcia. Estas regiones todavía no han anunciado ningún tipo de acuerdo de este tipo, por lo tanto, la convocatoria de sus OPE responde a sus propios criterios.

Finalmente, la consejería de Salud de La Rioja ha confirmado que en la actualidad se encuentra manteniendo conversaciones con los sindicatos regionales para que en un futuro se pueda comprometer a una periodicidad en la convocatoria de sus OPE. A pesar de ello, todavía se trata de un proyecto que está sobre la mesa y que no ha sido cerrado por las partes.

De la misma manera el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado recientemente que su comunidad se compromete a publicar OPE en Sanidad con periodicidad anual. Sin embargo, tal como aseguran fuentes sindicales a Redacción Médica, ese compromiso no se ha pactado en Mesa Sectorial y carece de formalidad. 

La Comunidad de Madrid construirá un nuevo Hospital 'La Paz' en diez años con una inversión de 359 millones

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado la construcción de un nuevo Hospital La Paz, en los mismos terrenos que el actual pero con nuevos edificios que sumarán cerca de 50.000 metros cuadrados más de superficie, y que va a convertirlo en el centro sanitario de “vanguardia” y “referencia” del país y Europa.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de unos 10 años, que arrancará en 2019, y supondrá una inversión totalmente pública de 359 millones de euros. “Estamos invirtiendo en el futuro”, ha asegurado la presidenta para añadir que la sustitución de las viejas instalaciones por otros nuevos es el más importante de la legislatura.

La transformación del hospital contempla medidas para mejorar el confort de pacientes y familiares, para lo cual se contempla que el 70 por ciento de las habitaciones sean individuales y disponer que el otro 30 por ciento se dediquen a estancias dobles.

Otra de las opciones que contempla la remodelación en materia de confort y hospitalización, dentro de su fase de anteproyecto, es la construcción de un “hotel de familiares” (que se enmarca en la cuarta fase de la reforma) para poder hacer estancias a “bajo coste” cuando exista la necesidad de pernoctar para acompañar a los allegados que estén ingresados, según indican fuentes del hospital.

En la presentación del proyecto, en la que ha estado acompañada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; el gerente del Hospital La Paz, Rafael Pérez-Santamarina; y el director de Gestión del centro, Juan José Pérez Blanco, la presidenta regional ha apuntado que el centro contará con 238.000 metros cuadrados, una transformación “necesaria” para resolver las “deficiencias” que arrastra un hospital con 54 años de actividad asistencial.

La cifra es la resultante de sumar el presupuesto de 183 millones de euros para los próximos diez años recogido en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Hospitalarias de la Comunidad de Madrid, presentado recientemente, a la cantidad que tenía prevista el hospital para obras de mejora en el mismo periodo, que asciende a 176 millones de euros.

Además de contar con un hospital “de vanguardia, más moderno, espacioso y humanizado”, como lo ha calificado Cifuentes, el proyecto generará alrededor de 2.500 nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos, durante el periodo de construcción.

“Nos adelantamos a las necesidades de la sanidad del siglo XXI y de una sociedad en constante evolución. Todo eso, y mucho más, será el futuro hospital de La Paz”, ha recalcado Cifuentes.

La presidenta también ha señalado que se ha optado por construir el nuevo complejo de edificios en la parcela actual del hospital, al entender que era la forma más ágil de acometer esta transformación, pues hacerlo en otra parcela implicaría realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), algo que retrasaría más el proceso.

También ha dicho que en alguna ocasión conversó con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sobre la posibilidad de dedicar una parcela para un nuevo hospital en el marco de la operación Chamartín, si bien ante la “falta de concreción” y a la necesidad de empezar “ya” esta iniciativa, el Ejecutivo regional se decantó por la demolición y la construcción de nuevos equipamientos.

A su vez, el director de gestión del centro ha destacado que las obras no van a afectar a los pacientes y que la parcela actual cuenta con buenas conexiones de transporte e infraestructuras, unido a la cercanía con el Ramón y Cajal y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que supone uno de los “hub sanitarios” más importantes.

Por otra parte, ha indicado que se van a utilizar cinco plantas desocupadas del edificio dedicado a la investigación del centro, del Carlos III y Cantoblanco para realizar traslado temporales de departamentos cuando arranquen las obras.

La superficie del hospital crece un 25%

La Paz aumentará un 25 por ciento su espacio actual, en concreto 47.356 metros cuadrados más, al pasar de 190.842 a 238.198 metros cuadrados, de los cuales serán de nueva construcción 205.538 y otros 32.660 serán reformados. También se crearán 10.250 metros cuadrados de áreas verdes, además de nuevos viales.

Tras la publicación del procedimiento para la elaboración del plan funcional y anteproyecto arquitectónico, se trabajará hasta noviembre de 2018 en la confección definitiva de todo el proyecto, que está previsto adjudicar en enero de 2019. Se prevé que las principales constructoras españolas pujen para hacerse con este jugoso contrato en un periodo de escasez de obra pública en el país.

“Según los expertos, acometer esta transformación exige remplazar las edificaciones actuales. De ahí que el estudio apueste por construir nuevos edificios en el mismo lugar en el que se encuentra ahora La Paz”, ha detallado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Para ello se contará con la participación de los profesionales, ya que para la elaboración de los planes funcional, de espacios y de equipamiento y mobiliario se crearán grupos de trabajo multidisciplinares formados por profesionales del hospital de todos los ámbitos y se contará con la colaboración de asociaciones de pacientes, sindicatos, la universidad, el Servicio Madrileño de Salud y colegios profesionales.

Cuatro hospitales consecutivos

El estudio previo de viabilidad técnica plantea una reforma en cuatro fases que, de facto, constituirán cuatro hospitales creados consecutivamente. Durante todo el periodo de construcción, La Paz no reducirá su actividad asistencial, ha asegurado la presidenta.

La primera de las fases se iniciará tras la adjudicación de las obras en enero y contempla la demolición del Edificio Norte, Docencia, grupos electrógenos, aparcamiento y Recursos Humanos (29.508 metros cuadrados) para construir el nuevo Hospital General y un aparcamiento para trabajadores (109.967 metros cuadrados) que estarán disponibles en 2022.

La segunda fase contempla la demolición del Hospital General (68.680 metros cuadrados) para construir en ese espacio las áreas de servicios ambulatorios, hospitales de día, rehabilitación y diálisis (59.428 metros cuadrados), que estarían terminados en 2025. 

Para la tercera fase se demolerán el área de urgencias generales y el Hospital de Traumatología (21.884 metros cuadrados) y se levantarán los nuevos edificios de Hospital Materno-Infantil y área de soporte asistencial (38.278 metros cuadrados), que entrarían en funcionamiento en 2027.

En la cuarta y última fase se derribará una zona del antiguo Hospital Materno-Infantil y se reformarán otros espacios como la torre de Maternidad, que se mantendrá (24.267 metros cuadrados), y una zona de servicios. Esta última fase estará terminada en 2029.

En materia de confort, habrá salas de espera más amplias y la creación de espacios de esparcimiento para usuarios y familiares. Por su parte, los profesionales tendrán nuevos espacios de gestión e intercambio, así como otros servicios que permitan la conciliación laboral y familiar, al igual que los familiares. Al respecto, fuentes del hospital apuntan a la creación de una guardería a modo de ejemplo de esas medidas.

El centro ha atendido a más de dos millones de pacientes hospitalizados en sus 54 años de vida, ha realizado 50 consultas, ha practicado dos millones de intervenciones y ha efectuado 12,5 millones de atenciones urgentes y ha visto nacer a 685.690 madrileños.

Cifuentes ha destacado a su vez que La Paz tiene una población de referencia de medio millón de madrileños y realiza al año 40.000 intervenciones quirúrgicas y 230.000 urgencias. A ello se suma más de un millón de consultas externas y el ingreso en planta de 46.000 pacientes.

Ignacio González, el único presidente autonómico que defiende el copago farmacéutico hospitalario

MADRID.- Ignacio González es, hasta ahora, el único presidente autonómico que se ha declarado abiertamente a favor del copago farmacéutico hospitalario, que tanta polémica ha suscitado y que rechazan ocho gobiernos regionales, en los que se incluyen tres del Partido Popular: Baleares, Extremadura y Castilla y León.

De momento, el presidente madrileño, Ignacio González, es el único dirigente autonómico quien ha dicho que su Gobierno "seguirá los acuerdos" que se adopten a nivel estatal en materia de "copago" farmacéutico hospitalario, al tratarse de una cuestión donde la Comunidad de Madrid no tiene "capacidad" de regular, según 'El Boletín'.

No están por la labor Castilla y León, Andalucía, País Vasco, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Canarias, Cataluña y Navarra, autonomías ya han anunciado su rechazo a aplicar la controvertida medida de que las farmacias de los hospitales cobren por los medicamentos que dispensan a enfermos graves o crónicos no ingresados, que entra en vigor el 1 de octubre.

Es más el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá – también del PP como Ignacio González- ha dejado claro que con esta decisión de no aplicar "de momento" el copago de medicamentos quieren demostrar que la Comunidad Autónoma “apuesta por estar al lado de los más necesitados” y de ayudarles a sufragar los gastos que tienen las personas más vulnerables.

Euro por receta

Ignacio González no sólo no imita a sus homólogos del PP si no que recuerda que él ya intentó cobrar más por los medicamentos, con el ‘famoso euro por receta’ una medida que sigue calificando de “muy razonable” a pesar de que fue suspendida por Tribunal Constitucional.

El TC anuló este copago porque “puede erigirse en barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y mayores necesidades”.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid no ‘pierde la esperanza’ de hacer cambiar de opinión a González y ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para exigir al Gobierno regional que no aplique en Madrid el copago de farmacia hospitalaria.

Le recuerda que ya lo han hecho “diferentes gobiernos autonómicos del PP, y le piden que siga su ejemplo e inste al Gobierno de la Nación a suprimirlo de inmediato en todo el territorio nacional”.

El diputado y portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, considera que estamos ante una medida peligrosa ya que muchos pacientes pueden verse obligados a abandonar tratamientos que son vitales para ellos y ha insistido en la idea de que estamos ante “un copago injusto, insensato y en nada justificado”.

Además, el socialista ha querido recordar que este nuevo copago se suma al ya existente lo que supone un “castigo económico” más para aquellas familias que ya tienen la desgracia de tener enfermo a alguno de sus miembros.

Por todo ello los socialistas han pedido que la Asamblea de Madrid inste al ejecutivo de Ignacio González a utilizar todos los recursos legales que tenga a su alcance contra esta Resolución, poniendo en primer lugar un recurso de alzada ante la Secretaria General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad y que, además, anuncie públicamente, al igual que han hecho otros Gobiernos Autonómicos, que la citada Resolución no se hará efectiva en el Servicio Madrileño de Salud.

Madrid deriva pacientes a clínicas privadas mientras existen quirófanos públicos vacíos

MADRID.- La Comunidad de Madrid mantiene cerrados varios quirófanos en el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, porque no tienen demanda de pacientes suficiente en esa zona. El centro demanda a la Consejería que les envíe pacientes de otros hospitales para agilizar las listas de espera, sin embargo, se están derivando a hospitales concertados.

Cada tarde, varios quirófanos del Hospital del Sureste se encuentran vacíos. Solo esta semana, el lunes ya había un quirófano inutilizado, lo mismo el martes y miércoles y el jueves hasta tres. Calculan que en los últimos seis meses se podrían haber realizado hasta 180 operaciones. Por ello, piden que les deriven pacientes de otros hospitales, sin embargo, se están derivando a hospitales concertados.

"Se está produciendo una infrautilización de los quirófanos de tarde por fata de pacientes", señala Ángela Hernández, responsable de Atención Hospitalaria del sindicato AMYTS.

La Consejería se escuda en que son los pacientes tienen libertad para elegir dónde quieren operarse, y que son ellos quienes tienen que pedir el traslado, pero al mismo tiempo sigue derivando intervenciones a clínicas privadas con las que tienen conciertos.

Clínicas privadas que solo en 2012 hicieron mas de 19.000 intervenciones quirúgicas derivadas de la sanidad pública y con las que habrían facturado hasta 157 millones de euros, según cálculos de grupo parlamentario de UPyD.

La ministra de Sanidad y las Comunidades Autónomas se comprometieron el sábado a mejorar las listas de espera en todo el territorio.

Quizá el primer paso sea evitar contrasentidos, como que existan pacientes que necesitan quirófanos, y quirófanos que necesitan pacientes.

Un juzgado de Madrid vuelve a suspender cautelarmente la externalización de seis hospitales de la Comunidad

MADRID.- El Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid ha decretado la suspensión cautelar del proceso de externalización de seis hospitales de la región, en un auto dado a conocer este martes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que es quien encabeza la acción judicial.

   De esta manera se vuelve a paralizar temporalmente la concesión, después de que el pasado mes de julio lo hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la levantara el alto tribunal dos semanas más tarde al tiempo que inadmitía el recurso en este sentido del PSM.

   La Consejería de Sanidad ha explicado hoy que la Comunidad de Madrid va a estudiar este nuevo auto y que presentarán las alegaciones correspondientes dentro del plazo de 15 días con el que cuentan, y pese a las contradicciones que considera existen entre jueces después de que el TSJM ya confirmara que el proceso podía seguir adelante.

   El auto del magistrado Carlos Gómez Iglesias explica que los razonamientos expuestos por AFEM en los apartados precedentes "conducen, en definitiva, a la estimación de la solicitud formulada por la parte recurrente y a la adopción de la medida cautelar por ella solicitada, sin que, por otra parte y finalmente, se aprecie en este caso la concurrencia de las especiales circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la LRJCA, para efectuar un pronunciamiento de condena sobre las costas causadas en este incidente".

   Por ello, decide "estimar la solicitud formulada por la parte recurrente para la adopción de la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión de la ejecución de los actos administrativos impugnados" hasta que "sea dictada sentencia firme que ponga fin al procedimiento o hasta que éste finalice por cualquiera de las otras causas de terminación previstas legalmente".

El TSJM levanta la suspensión cautelar sobre la externalización sanitaria

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado levantar la suspensión cautelar provisional, decretada el pasado día 10 de julio, que había decretado sobre el proceso de externalización de seis hospitales públicos de la región, según consta en el auto de la sección tercera de la Sala de los Contencioso Administrativo remitido este miércoles por el alto tribunal madrileño.

   Esta decisión deviene de la inadmisión del recurso contencioso administrativo presentado por el PSM al entender la sala que los socialistas "no ostentan de ningún modo un 'interés legítimo' en orden a la impugnación" de la resolución sobre los pliegos.

   El TSJM fundamenta su decisión de no admitir a trámite el recurso de los socialistas contra el proceso al entender que no tienen legitimidad para impugnar la resolución de la Consejería de Sanidad, puesto que no son parte directa del proceso, precisamente uno de los argumentos que había planteado el Gobierno regional en sus alegaciones. Ante esta decisión cabe recurso de reposición en el plazo de 5 días ante el mismo tribunal.

   "Los pretendidos recurrentes ni tienen la condición de licitadores que pudieran participar en la convocatoria, lo que sí otorgaría legitimación para impugnar la misma por la concurrencia de un evidente 'interés legítimo' ni pueden articular su invocada legitimación activa para impugnar la convocatoria sobre la base de un interés abstractos como simples usuarios y en defensa de la legalidad que no le corresponde", expone la sentencia.

   El fallo recalca que la condición de diputados regionales y concejales de diferentes ayuntamientos no les otorga tampoco un 'interés legítimo' para recurrir, "máxime cuando actúan en su nombre y derecho y como simples usuarios de seis hospitales cuya gestión sanitaria especializada se sacará a concurso, sin que se atisbe ni acredite en qué medida la concesión de tal gestión les puede afectar negativamente".

   El TSJM había decidido suspender cautelarmente el proceso el 10 de julio tras un recurso del PSM presentado ante la corrección, por parte de la Comunidad, de un error en los pliegos para introducir la palabra 'anual' en el apartado de las garantías que debían presentar las empresas.

   Ante ello, y según lo dispuesto en esa resolución el Gobierno regional presentó alegaciones para solicitar la retirada de la medida cautelar. En este sentido, el Ejecutivo autonómico expresaba que la corrección favoreció la concurrencia de empresas y que el PSM no tenía legitimidad para reclamar esa medida al no ser perjudicado directo ni parte interesada en el proceso.

   Además, en esas alegaciones se exponía que el PSM tenía un "interés partidista" a la hora de recurrir la externalización de los seis hospitales y que suspender la medida podía acarrear un perjuicio a los ciudadanos, al impedir la aplicación de una medida de ahorro y sostenibilidad del sistema sanitario.

   En su ultima comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, el consejero Javier Fernández-Lasquetty relató sobre la cuestión de la garantía que la Comunidad optó por seguir los antecedentes administrativos que se habían dado en las concesiones sanitarias anteriores (en los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Rey Juan Carlos) en los que se optó por una exención parcial de las garantías, al plantear un importe de 6 millones de euros, "muy inferior" al 5 por ciento del importe total del contrato.

   Al respecto, señaló que ese criterio "no fue cuestionado ni recurrido en ninguna de las licitaciones anteriores" y, por ello, se optó en los pliegos de la ampliación de la gestión indirecta de seis hospitales se tomó la decisión de eximir parcialmente de la garantía definitiva y exigir el 5 por ciento del valor anual. Ello suponía una cantidad aproximada de 28 millones, que consideraba "suficiente" para preservar la prestación adecuada del servicio público en caso de que pudiera haber alguna incidencia.

La 'Marea Blanca' celebra la paralización cautelar del proceso de externalización 'abrazando' la Puerta de Alcalá

MADRID.- Una nueva manifestación de la 'Marea Blanca' en defensa de la sanidad pública ha recorrido este domingo un fragmento de la calle Alcalá de Madrid, donde han celebrado la paralización cautelar del proceso de externalización sanitaria que lleva a cabo el Gobierno regional, concluyendo la movilización con un 'abrazo' a la Puerta de Alcalá.

   La marcha, que se ha iniciado a las 10.30 horas, ha partido de la Plaza de Cibeles y culminado en la Puerta de Alcalá. De esta forma, el recorrido era menos de la mitad que en la ocasión anterior, que salió de la Puerta del Sol para alcanzar el mismo destino.

   Además, el número de asistentes también se ha visto reducido notablemente, algo que los manifestantes han achacado a las vacaciones de verano y la paralización en los tribunales de este proceso. Sin embargo, insisten en que "hay que seguir luchando hasta que se paralice por completo".

   Alfonso Huerta, miembro de la Plataforma PATU Salud, ha señalado a los medios que están "bastante contentos" porque la última paralización que ha habido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "hace bastante ilusión" pero, no obstante, reconocen que no han conseguido "prácticamente nada".

   "Esto es solo el principio y vamos a seguir presionando", ha asegurado Huerta, quien ha apuntado que seguirán convocando "mareas", haciendo asambleas y realizando concentraciones.

   Por su parte, Juan Luis Ruíz, de la Plataforma Sociosanitaria del Sureste de Madrid, ha señalado que se "preparen" en el Gobierno regional porque el colectivo "no va a parar" hasta "conseguir volver a una situación de un derecho, tener un sistema universal, público y de calidad".

   El encuentro ha concluido con la banda 'Solfónica', interpretando nuevamente canciones tradicionales pero con una letra adaptada para las demandas del colectivo. A las 12.15 horas apenas quedaban en la Puerta de Alcalá un centenar de personas. Finalmente, se ha procedido a las labores de limpieza y el tráfico se ha reanudado plenamente pasadas las 12.30 horas.

Una nueva 'Marea Blanca' se echa a las calles de Madrid

MADRID.- La Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha convocado una nueva edición de la 'Marea Blanca', la séptima en lo que va de año, contra la externalización de seis hospitales de la región que planea el Ejecutivo regional.

   La marcha se inició desde la Plaza de Cibeles hasta llegar en un pequeño recorrido a la Plaza de la Independencia. Una vez allí, se formó una cadena humana para 'abrazar' la Puerta de Alcalá.

   'Abracemos la calidad pública y universal' recoge el lema de la convocatoria. A diferencia de anteriores ediciones, esta vez se ha adelantado la hora de celebración de la marcha para evitar que los asistentes sufran altas temperaturas.

   La marcha se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidiera suspender de forma provisional el proceso de externalización de la gestión de los seis nuevos hospitales (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, el del Tajo, el del Henares y el del Sureste), tras un recurso presentado por el PSM.

   Por su parte, la Consejería de Sanidad presentó alegaciones a esta medida decretada por el TSJM en relación con la corrección de errores de los pliegos basada en introducir la palabra 'anual' en la parte relativa a las garantías exigidas a las licitadoras. Con ello espera que se levante la medida cautelar.

   Con sus alegaciones, Sanidad estimaba que esa corrección favoreció la concurrencia de los licitadores y recalcaba que las partes directamente implicadas en el proceso recurrieron o impugnaron el pliego de condiciones.

   Además, el Gobierno regional sostiene en esas alegaciones que el PSM no está legitimado para recurrir el proceso porque ello sólo puede realizarse por las partes directamente implicadas en el proceso.

   Al respecto, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseveró recientemente que el PSM "sólo tiene un interés político y partidista" y que la falta de legitimidad de los socialistas para recurrir viene recogida en la jurisprudencia del propio TSJM, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

   Como consecuencia de la manifestación, doce líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han visto afectado su recorrido. Se trata de las líneas 1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 74, 146 y Exprés Aeropuerto. Según informa la empresa de transportes en su página web, se prevé que se recuperen los trayectos habituales en torno a las 12.30 horas.

Imputan a Lamela y Güemes por la primera externalización sanitaria

MADRID.- El juez de Instrucción nº 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz). Declararán en calidad de imputados el próximo dos de octubre.

   La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

   En un auto fechado ayer, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

   Tras incluir el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre. Las declaraciones en calidad de imputados concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados de un abogado, ya que declararán como imputados.

   Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.

   En la resolución, el juez expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a traves del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones".

   Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".

   La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la primera externalización, pues se desarrolló con "todos los procedimientos legalmente establecidos".

   Por tanto entienden que esta querella es una "maniobra política del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con gestión externalizada no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy alto", sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes.

   En relación con Lamela, la querella habla de su vinculación con la empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que "participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja".

   De igual modo, señala que Güemes, ex consejero de Sanidad entre 2007 y 2010, está vinculado a Unilabs, "una filial española de la mutliancional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre la compra del 55% de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera Salud", la adjudicataria.

   "La operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz. Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes", agrega el auto.

   Güemes es miembro del consejo de administración de Unilabs. Esta empresa adquirió el pasado noviembre Balaguer, la empresa a la que originariamente la Comunidad, con Güemes de consejero de Sanidad, adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009 en un concurso que, además, Unilabs perdió.

   En la querella se detalla cómo entre 2004 y 2007 se licitan y aborda la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, planteándose su construcción entre 2007 y 2011 de los hospitales de Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel.

   Prosigue explicando que para los hospitales construidos posteriormente, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba, se formalizan contratos de gestión del servicio público que incluyen también los servicios clínicos. El plazo de duración de los contratos es también de treinta años. Estos hospitales son conocidos como hospitales con colaboración público-privada (CPP) en régimen de concesión administrativa.

   En este modelo de gestión, la empresa privada recibe de la administración pública un canon anual que se paga por adelantado mensualmente, por cada persona de su área de protección, a cambio de atender las necesidades asistenciales de su población.

   Sexmero recalca en el auto que el objeto de esta investigación está encaminado a "la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño".

   Asimismo, a investigar "la denunciada ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda haber perjudicado a la Hacienda Publica".

   También se investigará "la denunciada falsedad o no de la facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de exconsejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de estas".

La Marea Blanca llama a ‘boicotear’ a El Corte Inglés por pujar por los hospitales madrileños

MADRID.- Profesionales y pacientes han decidido dar una respuesta contundente a la puja que ha presentado El Corte Inglés, junto a OHL y Ribera Salud, por los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y el del Sureste (Arganda del Rey), sacados a concurso por la Comunidad de Madrid. 

La Marea Blanca ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos dejen de comprar en los grandes almacenes propiedad de Isidoro Álvarez para mostrar así su repulsa a las externalizaciones ideadas por Ignacio González.

‘Si compras en El Corte Inglés favoreces la privatización sanitaria’. Ese es el lema de la iniciativa que ha puesto en marcha la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), y que se han encargado de difundir profesionales y pacientes por las redes sociales. Un ‘boicot’ con el que se pretende demostrar el descontento de la ciudadanía madrileña con las medidas del Gobierno regional.

Según el comunicado remitido por este colectivo, “resulta llamativo que una empresa comercial, sin experiencia en la prestación de servicios sanitarios, pretenda hacerse con la gestión de la atención sanitaria de más de 460.000 habitantes de la Comunidad de Madrid”. Por ello, los miembros de la ADSPM creen que “cualquier compra que se realice en El Corte Ingles, y por lo tanto suponga beneficios a esta empresa, favorece la privatización de la Sanidad pública”.

Para evitarlo, esta asociación ha hecho un llamamiento “a la población de la Comunidad de Madrid y del resto del país” para que muestre activamente “su repulsa a la privatización sanitaria, dejando de comprar en El Corte Ingles, manifestando su rechazo a los que quieren sacar beneficios de la atención sanitaria y defendiendo activamente una Sanidad pública de calidad”.

El consorcio formado por Ribera Salud (la aseguradora de Bankia y el Sabadell), Ingesan (concesionaria de servicios de OHL) y la compañía Iecisa (El Corte Inglés) presento una oferta en el concurso abierto por el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, por los hospitales Infanta Leonor y del Sureste.

No obstante, según indicó Ribera Salud en una nota de prensa, si el consorcio acaba obteniendo el visto bueno de la Comunidad de Madrid no serán estas empresas quienes controlen por completo estos centros. La oferta presentada sólo es por “una participación del 70% del accionariado”, mientras que el consorcio ha decidido “dejar el 30% restante abierto a la participación de los profesionales, para contar con su colaboración, implicación y vinculación”.

Un juzgado abre diligencias sobre la gestión privada de hospitales en Madrid

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid ha decretado en un auto la apertura de diligencias previas para dilucidar si existe una posible existencia de infracción penal en relación a la gestión de los tres hospitales de la región que ya tienen gestión externalizada (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

   Así lo ha detallado el juzgado en relación con un escrito presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) sobre posibles irregularidades en la gestión de estos centros hospitalarios.

   En este sentido, se da cuenta de su incoación de esta medida al Ministerio Fiscal y decreta que se practiquen diligencia previas. También se da un plazo de diez días para que el querellante ratifique el escrito presentado.

   En un comunicado, Afem ha dado cuenta de la apertura de estas diligencias y remarca que esta "poniendo todos los medios lícitos" a su alcance para revertir la externalización, ya sea con manifestaciones, huelgas o acciones jurídicas.

   Por otro lado, indica que presentará este jueves el recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones de la externalización de los seis nuevos hospitales y en el que solicita, además, la suspensión cautelar del proceso de licitación.

   Precisamente este viernes concluye el plazo para presentar ofertas de cara a optar a la gestión externalizada de los los Hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y Hospital del Tajo (Aranjuez).

   "La privatización de la gestión sanitaria no sólo no va a suponer un ahorro sino que va a salir más cara a los madrileños, no asegura la mayor calidad real posible en la atención a los pacientes y además vulnera normas desde el punto de vista legal y se producen irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos", remarca el colectivo en un comunicado.

   Finalmente, recrimina al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que no haya atendido a su juicio la opinión de los profesionales y la ciudadanía para "replantearse su descabellado plan". 

 "Sólo nos queda confiar en la justicia, y confiamos", detalla la portavoz de Afem, Fátima Brañas.

Madrid no se plantea de momento devolver lo recaudado con el euro por receta

MADRID.- La Comunidad de Madrid no se plantea de momento devolver a los ciudadanos el dinero recaudado con la medida implantada durante poco menos de un mes basada en el pago de un euro por cada receta farmacéutica expedida pues, según ha explicado su portavoz, Salvador Victoria, el Tribunal Constitucional no ha tomado ninguna decisión con carácter "retroactivo".

   Así se ha pronunciado el también consejero de Presidencia y Justicia en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras ser preguntado por si Madrid se plantea devolver lo recaudado después de que el TC haya decidido mantener en la región la suspensión cautelar dictada sobre esta medida desde hace unos meses, en la misma línea que hizo con Cataluña.

   Victoria ha destacado que lo que hace el TC es, a partir de una resolución, suspender la medida del euro por receta a raíz de una petición del Gobierno central pero que "en ningún caso" se habla de que tenga carácter retroactivo. "En ningún caso exige o toma ninguna decisión de carácter retroactivo, suspende a partir de la fecha de resolución esa medida", ha apuntado.

   Tras señalar que respetan la decisión del TC, ha apuntado que este acuerdo de suspensión de la medida "no afecta al fondo de la cuestión" y se ha remitido a las palabras del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que esta semana ya avanzaba que el Gobierno no iba a restablecer la medida independientemente de que se pronunciara el TC sobre la suspensión cautelar.

   "Ya dijimos que no lo íbamos a poner en marcha de manera inmediata", ha insistido Victoria, quien ha explicado que van a esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo y las competencias. "Vamos a esperar a la sentencia que en su momento podrá resolverse", ha indicado el portavoz, recordando que puede tardar "años" en salir.

   Victoria ha señalado que esta medida tenía "intención de concienciar en el uso racional de medicamentos" tras detectarse que en España se había detectado que se prescribían medicamentos cuando se disponían de otros en los botiquines. "No era de carácter recaudatorio sino de sensibilización y concienciación de uso racional de medicamentos", ha indicado.

   Así, ha apuntado que en los 25 primeros días que estuvo implantada la medida, Madrid consiguió un ahorro de 4,5 millones de euros, por lo que el "objetivo" con el que se puso en marcha la medida "se ha conseguido" y están "satisfechos" por ello en ese sentido.

La "marea blanca" vuelve a manifestarse en Madrid por la sanidad pública

MADRID.- Miles de personas se manifestaron este domingo en las calles de Madrid en una nueva "marea blanca" contra las medidas del Gobierno autonómico para privatizar seis hospitales y 27 centros de salud de la región.
La marcha, que se celebra los terceros domingos de cada mes desde comienzos de año, dio comienzo al mediodía y transcurrió entre la plaza de Neptuno y la Puerta del Sol, donde se leyó un manifiesto en defensa de la sanidad pública.

"Mientras el cuerpo aguante y profesionales y ciudadanos estén dispuestos a seguir, aquí seguiremos", dijo Rosa Cuadrado, del sindicato Comisiones Obreras.

El Gobierno autonómico, en manos del Partido Popular, ha emprendido la privatización de la gestión de algunos hospitales públicos y centros de salud como parte de las medidas que afirma servirán para ahorrar más de 500 millones del presupuesto sanitario público.

Madrid, como las demás comunidades autónomas, tiene un objetivo fijado por el Ejecutivo central de reducir el déficit público autonómico al 0,7 por ciento este año.

La manifestación de la denominada "marea blanca", llamada así por las batas blancas que visten sus participantes, estaba encabezada por el lema del movimiento: "La sanidad no se vende, se defiende".

"La única explicación lógica que cabe para entender por qué el Gobierno regional continúa adelante con este plan de medidas de privatización es que existen compromisos opacos y nada transparentes entre el Gobierno de Ignacio González y las empresas interesadas en hacer negocio con la sanidad pública", dijo la secretaria de Sanidad del Partido Socialista de Madrid y diputada autonómica, Laura Oliva, en un comunicado.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido la medida al considerar que mejorará la eficacia de la sanidad.

El mes pasado, el Gobierno autonómico dio a conocer los pliegos de condiciones que tendrán que cumplir los adjudicatarios de la gestión de los centros hospitalarios, que han sido rechazadas por los sindicatos médicos.

El Hospital de la Paz en Madrid confirma un fallo en el almacenaje de 172 embriones congelados

MADRID.- El Hospital de la Paz ha confirmado la existencia de un fallo en uno de los contenedores donde se almacenaban alrededor de 700 embriones congelados con nitrógeno líquido, que los hace inviables para su utilización, y ha aseverado que las pacientes afectadas que así lo quieran podrán someterse a un nuevo ciclo de tratamiento.

   El centro hospitalario remarca que cada depósito contiene almacena uno o múltiples embriones de una misma paciente y que se ha comprobado que en este recipiente parece presentar una pérdida o fuga del compuesto superior a la evaporación habitual, siendo esta la posible causa del incidente.

   Ante esta situación, el Servicio de Reproducción Humana del hospital se está poniendo en contacto con las familias afectadas para explicarles lo sucedido directamente en consulta y ofrecerles repetir el ciclo de tratamiento a las que así lo deseen.

   Hasta el momento se ha citado en consulta a 70 mujeres, siete han dicho que no quieren repetir el ciclo, cinco lo dudan y el resto se someterá a un nuevo ciclo de tratamiento. Asimismo, se ha confirmado que de las 172 mujeres cuyos embriones estaban almacenados en dicho contenedor, 122 consiguieron embarazo.

   En un comunicado, el centro hospitalario lamenta lo ocurrido y detalla que el 22 de abril se descubrió que uno de los contenedores donde se almacenaban estos embriones congelados con nitrógeno líquido estaba vacío y éstos, en consecuencia, estaban en temperatura ambiente.

   Concretamente, se trataba del último contenedor incorporado al laboratorio de Embriología del Servicio de Reproducción Humana del hospital en 2010. No obstante, el hospital detalla que, con los contenedores disponibles ahora, incluso descartando el deteriorado, se tiene "capacidad suficiente para atender todos los casos".

   También agrega que todos los registros donde figuran las acciones que periódicamente se llevan a cabo están correctos. Así, La Paz explica que el relleno de los contenedores con nitrógeno líquido se comprueba una o dos veces a la semana y que el contenedor afectado se revisó el martes 16 y el miércoles 17 de abril y, entonces, se comprobó el nivel adecuado de nitrógeno.

   Tras el incidente y con intención de verificar la estanqueidad del contenedor, se han estado haciendo verificaciones de la altura del nivel de nitrógeno líquido tras el llenado del contenedor, y parece que en intervalos cortos de tiempo el nivel disminuye por lo que sí que parece haber una pérdida o fuga superior a la evaporación habitual, siendo esta la posible causa del incidente.

   Por otro lado, el servicio de mantenimiento del hospital está verificando este hecho y posteriormente hablará con el proveedor del contenedor y se tomarán las medidas oportunas.

   Tras analizar la situación, el hospital concluye que "parece tratarse de un hecho absolutamente fortuito y no debido a error humano ni a fallo en alguno de los procedimientos habituales de trabajo y en absoluto por falta de personal". Por tanto, asegura que el fallo no está relacionado con recortes económicos y ni con reducción de plantilla.

El TC admite el recurso contra la privatización de la sanidad en Madrid

MADRID.- El Tribunal Constitucional español ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 senadores socialistas contra una ley que habilita la privatización de la gestión de varios hospitales de la Comunidad de Madrid.

En una providencia, el pleno del alto tribunal resolvió la admisión "contra los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid", dijo.

Estos artículos habilitan a la región a externalizar la asistencia sanitaria de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, del Sureste, del Hernares y del Tajo, y la atención primaria de otros centros de salud públicos.

El ímpetu privatizador en el ámbito sanitario se ha encontrado con un rechazo casi unánime por parte del sector y de los ciudadanos, con encuestas que muestran que un 70 por ciento de los españoles se oponen a la privatización de la salud.

Tras decenas de movilizaciones y protestas, el martes los médicos madrileños iniciaron una nueva ronda de huelgas convocadas para protestar por los recortes en el gasto sanitario y la privatización sanitaria.

La Comunidad de Madrid, como el resto de las regiones españolas, han realizado impopulares planes para reducir sus gastos -principalmente en sus principales competencias de salud y educación- para poder cumplir con el objetivo del déficit presupuestario que el Gobierno español pactó con Bruselas.

Fiscalía pide que se archive el caso Morente al no acreditarse ninguna conducta delictiva

MADRID.- La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al juez Fermín Javier Echarri que investiga la muerte del cantaor Enrique Morente el sobreseimiento provisional del caso tras considerar que "no que ha quedado debidamente acreditada la comisión por parte de ninguno de los imputados de conducta delictiva alguna".

   En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid que lleva el caso, el fiscal entiende que "no puede imputarse" a los distintos profesionales médicos de la Clínica La Luz de Madrid donde fue atendido el cantaor "una acción u omisión contraria a las normas de la 'lex artis' que fuese causante del fallecimiento".

   Para llegar a dicha conclusión se ha basado en el informe del médico forense, que determinó que el diagnóstico, tratamiento y atención médica recibida en la clínica madrileña, desde el 2 de diciembre de 2010 hasta el fallecimiento del cantaor el 13 de diciembre de ese año, fue "adecuada" en todo momento.

   Entre otras cuestiones, el fiscal considera que la rotura de una arteriola que Morente sufrió tras su primera operación para la extracción del carcinoma que presentaba "no puede considerarse como mala praxis médica", puesto que se trata de "una de las posibles complicaciones" de la intervención.

   Igualmente, defiende que la actuación de los facultativos que atendieron a Morente en la UCI tras su primera operación fue "adecuada" y "en ningún momento" infringieron el deber de cuidado con el paciente "ni con su conducta se creó un riesgo previsible y evitable".

   Asimismo, también justifica la actuación del intensivista de la clínica que estaba de guardia cuando el cantaor empeoró y rechaza las dudas sobre si el doctor Moreno participó en la segunda intervención realizada esa misma noche.