MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al
problema de la corrupción como una de las cuestiones "que más debilitan
la fortaleza moral de nuestra sociedad" durante su discurso en el Acto
de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras
judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia
cuando no es capaz de dar respuesta "solvente y tempestiva" a este
problema.
Se ha referido seguidamente a la crisis económica "severa y prolongada", que pone a prueba el entramado institucional.
"Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales,
el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento
público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión
que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento
de desánimo derivase en desafección de la cosa pública", ha manifestado.
No obstante, y pese a la "sombría realidad", el fiscal general
asegura que existe una ciudadanía consciente de que "es fuente de toda
legitimidad política" y ello pese al "sentimiento de decepción que puede
suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes".
El fiscal general se ha referido a la corrupción en la
Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las
causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas
por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de
complejos, "por lo que no admiten un tratamiento común".
A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la
ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el
empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente
solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se
concentró en la comercialización de títulos "mediante su colocacion
entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos" como discapacitados o
personas "imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la
naturaleza jurídica del negocio".
Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas
de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un
120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario
público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por
delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las
causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y
por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.
Sentencias por corrupción
Las sentencias por delitos relacionados con la
corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa,
tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un
151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la
Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.
En el último trienio la incoación de causas por este tipo de
delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la
prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de
delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año
pasado.
En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la
presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011,
año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más
repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año
representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación
administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.
Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la
denominada "burbuja inmobiliaria", en la que "la sociedad en general y
las administraciones públicas en particular disponían de una gran
cantidad de recursos económicos", la Fiscalía advierte en su Memoria de
los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a
cabo "una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la
corrupción".
"Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de
impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o
corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o
sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los
servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple
honestamente con su deber", apunta la Memoria.
En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un
importante sector de la ciudadana ha calado "la idea de que la Justicia
no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la
respuesta judicial".
"Desmontar este estado de opinión es una tarea que
recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de
Justicia", señala.
A su juicio, los delitos de corrupción constituyen "una de las
formas más graves de delincuencia" porque "provocan el desvío de fondos
públicos a fines privados" y suponen, además, "un ataque a las
instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de
Derecho.
Según el Ministerio Público, el "incremento cuantitativo y
cualitativo" que la corrupción ha experimentado en los últimos años
contribuye a crear "un estado de opinión" y afecta al propio
funcionamiento de la Administración de Justicia, "poniéndola muchas
veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta
adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento".
Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar
la oficina fiscal, dotándola de "auténticas unidades de investigación
criminal", potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo
tecnológico a las investigaciones telemáticas.
