MADRID.- Cerca de cien colegios siguen actualmente en España el
modelo de educación diferenciada o segregada por sexos, la mayoría de
ellos de inspiración cristiana o directamente pertenecientes a entidades
vinculadas a la Iglesia católica, especialmente el Opus Dei.
La decisión del Tribunal Constitucional de avalar que los colegios que
segregan por sexo a sus alumnos puedan percibir subvenciones públicas
vuelve a poner de actualidad la controversia sobre este tipo de
educación.
Además, pone fin a una polémica judicial que comenzó
cuando la Junta de Andalucía decidió retirar las ayudas a varios centros
concertados que segregaban por sexo, al entender que este modelo va en
contra del principio constitucional de igualdad y no discriminación.
Los datos no oficiales apuntan a que, del centenar de colegios que
apuestan por este modelo educativo en España, 67 mantienen conciertos
con las administraciones.
Un tercio de los colegios
que imparten educación diferenciada pertenecen a Fomento de Centros de
Enseñanza, una institución educativa vinculada al Opus Dei, que tiene
centros sobre todo en Madrid (7), Comunidad Valenciana (6), además de en
Galicia y Andalucía (con 4 en cada una de estas comunidades); Aragón,
Navarra, Asturias, Murcia y Castilla y León (2 en cada una) y uno en
Cataluña y Cantabria.
También están vinculadas al
Opus Dei el grupo Attendis, que cuenta con 21 centros escolares en
Andalucía y Extremadura, así como la Institución Familiar de Educación,
que tiene 13 colegios en Cataluña y Baleares; Camp Joliu de Tarragona; o
el Grupo Educativo COAS, con nueve colegios concertados en el País
Vasco y La Rioja.
Los defensores de la educación
diferenciada (no usan el término segregada) esgrimen que el modelo está
ampliamente extendido en países como Estados Unidos o Reino Unido, y
aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores
resultados académicos de unos y otras, ya que se personaliza su
educación en función de sus diferentes ritmos madurativos y de
aprendizaje.
Además, consideran que, lejos de lo que
consideran prejuicios de sus detractores, este tipo de educación redunda
en una mayor igualdad entre sexos, ya que garantiza la igualdad de
oportunidades entre niños y niñas partiendo de que las diferencias entre
sexos son enriquecedoras y que lo que hay que eliminar son las
discriminaciones.
Sin embargo, no todos piensan así y
no hay consenso científico sobre la mejora de los resultados
académicos, como ha constatado la propia OCDE.
Comunidades como Cantabria, Asturias y, sobre todo Andalucía, fueron las
que llevaron más lejos sus objeciones a que este tipo de centros
recibieran subvenciones públicas, y en 2012 el Tribunal Supremo se
pronunció a su favor, avalando la decisión de la Junta de retirar las
ayudas a varios centros andaluces.
No obstante, con
la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) el Tribunal Supremo tuvo que volver a pronunciarse ante nuevos
recursos de los colegios y en esta ocasión sostuvo, sin esperar a que
resolviera el Tribunal Constitucional que, de acuerdo a la ley, los
centros tienen derecho a percibir las subvenciones.
El Constitucional ha ratificado esa doctrina al rechazar el recurso del
PSOE contra la LOMCE, al avalar que se subvencione con dinero público a
los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros
aspectos de la norma, como la alternativa obligatoria a la asignatura de
Religión.
