Dimite el concejal socialista Daniel Viondi por darle tres toques en la cara a Almeida

MADRID.- El concejal socialista Daniel Viondi ha dimitido tras darle tres toques en la cara al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En una de las sesiones más bochornosas que se recuerdan en la sede del Ayuntamiento, el concejal ha sido expulsado del pleno porque, tras agotar su turno de palabra, se ha acercado al asiento del regidor y le ha dado unas palmadas en la cara mientras le dejaba unos documentos. Almeida ha mostrado su enfado ante lo ocurrido.

 

El presidente del Pleno del Ayuntamiento, Borja Fanjul, ha llamado al edil socialista tres veces al orden. Acto seguido, el concejal ha sido expulsado de la reunión; no sin antes ser apercibido por el presidente ante la negativa de Viondi de abandonar el lugar. "Por favor, que alguien le saque del Pleno. Si hace falta llamar a la Policía, que lo hagan", ha dicho Fanjul. El concejal del PSOE, finalmente, ha abandonado la sesión.

“Se ha producido un hecho que no se había dado en la historia de este pleno. El señor Viondi me ha tocado la cara en tono amenazante hasta tres veces”, ha clamado Almela. Poco después y ante la estupefacción de los concejales, el presidente de la cámara municipal, Borja Fanjul (PP), ha pedido a Viondi que abandonara el hemiciclo durante el debate de una iniciativa para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso.

"Se ha producido un hecho que no se había dado en la historia de este Pleno. El señor Viondi me ha tocado la cara en tono amenazante hasta tres veces". Almeida ha recordado, durante su intervención, la polémica protagonizada por el edil socialista en el Parlamento regional.

"El señor Viondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento, no se lo voy a permitir. No vuelva a tocarme jamás la cara", ha dicho el alcalde, visiblemente molesto. 

Almeida ha exigido, además, a la líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que tome cartas en el asunto: "Espero que tome medidas: no se puede tocar a nadie en la cara".

La actitud del edil socialista ha sido públicamente reprochada por parte de la líder del partido en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. La portavoz socialista ha pedido disculpas por la actitud de Viondi: "En nombre del Grupo Socialista y como portavoz, quiero pedir disculpas al señor Martínez-Almeida por lo que acaba de suceder. Desde el grupo solo podemos estar de acuerdo con el máximo respeto a esta cámara y a todos los miembros de esta corporación municipal".

En un tuit que ha publicado Viondi hacia las siete de la tarde de este jueves ha anunciado su renuncia y ha pedido disculpas por lo sucedido en el pleno. Y con el mensaje, el PSOE ha desactivado una bomba que acababa de estallar en una sesión que había transcurrido sin apenas momentos de tensión. 

“He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible”, ha anunciado en sus redes el concejal socialista.

Viondi también renuncia a todos sus cargos orgánicos, según fuentes del PSOE de Madrid. El edil era coordinador en la ejecutiva de Madrid ciudad, secretario general de Vicálvaro, miembro del comité regional y del comité federal. Fuentes de la dirección de la federación madrileña sentencian: “No había justificación a su comportamiento”. 

La Junta Electoral será la encargada de nombrar a su sustituta, la siguiente en la lista, que es María Caso, según han informado fuentes socialistas. Caso es socia fundadora de Demos Lab y directora de EI Futuro. Es ahora, miembro del consejo asesor del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora en el Gobierno de España y vicepresidenta de Talento para el Futuro.

Madrid Turismo mira a Oriente Medio y Asia

MADRID.- Madrid Turismo by Ifema, el proyecto conjunto en el que trabajan la Comunidad, el Ayuntamiento de la capital e Ifema Madrid, mira a Oriente Medio y el Sureste Asiático con la meta puesta en conseguir que sus turistas «no puedan concebir un viaje a Europa» sin incluir Madrid en su itinerario.

Así lo ha explicado la directora de Madrid Turismo by Ifema, Yolanda Perdomo,  con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra este miércoles.

Atraer a un turista «de alto impacto», es decir, con mayor capacidad de gasto, es uno de los objetivos de esta entidad, cuya directora reconoce que en uno de sus mercados emisores buscados --el norteamericano (Estados Unidos, Canadá y México) y el de países de Sudamérica como Colombia, Brasil y Argentina--, esta estrategia ya está dando sus frutos, mientras que ahora el reto está en atraer al turista de Oriente Medio --Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar-- y de Extremo Oriente y el Sudeste Asiático --Corea del Sur, China, Japón, Singapur (cuyos turistas son los que más gastan del mundo en destino), Malasia, Indonesia y Tailandia--.

En este sentido, Perdomo ha incidido en que el objetivo es conseguir atraer al perfil del turista árabe o del sudeste asiático que gusta de viajar a Europa pero no recala tanto en Madrid, circunstancia que achaca al «desconocimiento» frente a otros destinos y que Madrid Turismo by Ifema está determinada a cambiar.

Un turista de «largo radio» que contribuye a «desestacionalizar» el mercado y que se caracteriza por su «capacidad de gasto» y de generar «más oportunidades en la cadena de valor», pues se trata de un perfil «que busca congraciarse con el lugar que visita», apostando por las experiencias y productos locales.

Además, Yolanda Perdomo explica que Madrid «no puede depender sólo de un mercado» para evitar que la caída de uno de esos mercados impacte muy negativamente en el sector turístico.

Se trata, insiste la directora de Madrid Turismo by Ifema, de apostar por un turista muy concreto que contribuya a «minimizar lo negativo» y «maximizar lo positivo» del turismo para el lugar de recepción, pues sostiene que lo que se critica en ocasiones como «sobreturismo» es en realidad «mala gestión de los flujos».

De esta forma, una gestión adecuada de los mismos «evita fricciones» con los habitantes locales y genera «oportunidades para ellos». 

 «Solamente cuando el local vive bien y disfruta, el de fuera quiere vivir su experiencia», subraya.

A la hora de competir con otras grandes capitales europeas que, al igual que Madrid, cuentan con una rica oferta de arte, cultura o patrimonio, la española cuenta con una «ventaja competitiva enorme» como es el territorio de la Comunidad de Madrid.

«Madrid tiene su estilo de vida inusual, a media hora del centro puedes bodeguear, ver un pueblo pintoresco, un castillo, jugar al golf. En Madrid lo urbano y lo no urbano están muy cerca», sostiene Yolanda Perdomo, quien advierte que esto no ocurre en otras ciudades con una trama urbana más extensa y dispersa.

Por lo tanto, la responsable de Madrid Turismo by Ifema insiste en que la estrategia turística de Madrid --el destino «más sexy y vibrante de Europa»-- pasa por esos turistas con mayor capacidad de gasto y un juego entre lo urbano y lo no urbano para competir con otros destinos del viejo continente.

Se trata de una estrategia, reconoce, «muy ambiciosa» que se apoya no sólo en las técnicas comerciales tradicionales, sino en líderes de opinión e influencers básicos en mercados como el asiático y que ya han recalado en Madrid para generar un contenido que permita consolidar en el largo plazo el atractivo de la Comunidad y la capital en sus países.

En este sentido, Perdomo ha destacado la colaboración «óptima» que existe tanto entre el sector privado y el público, como entre las instituciones madrileñas, como Ayuntamiento y Comunidad, algo de lo que Madrid puede «sacar pecho», subraya, antes de culminar, convencida, de que estas acciones van a dar «muy buenos resultados» en el futuro.

La firma de hipotecas en Madrid mejora, pero continúa en negativo con una caída del 21,9% en julio

MADRID.- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad de Madrid en julio ha caído un 21,9% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 18,8% a nivel nacional), hasta un total de 4.404 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 4,59 puntos más, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la región se prestaron 905,83 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 27,1% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 25,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 5.516 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.392millones de euros. De ellas, 9 fueron sobre fincas rústicas y 5.507 sobre fincas urbanas, de las que 4.404 fueron sobre viviendas, 27 en solares y 1.076 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 318 y en 168 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 2.396 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.910 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.896 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 5.985 correspondieron a viviendas, 28 a fincas rústicas, 1.805 a urbanas y 78 sobre solares.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid a la Ley por el derecho a la vivienda

 

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite media docena de recursos contra diversos aspectos clave de la Ley de Vivienda. El pleno, por unanimidad, ha aceptado estudiar los recursos interpuestos por el Partido Popular y comunidades autónomas donde gobierna, como Andalucía, Madrid o Balears, así como el presentado por el Parlament de Catalunya. 

Los recursos cuestionan aspectos de competencia, al entender que la norma estatal invade el ámbito de acciones de las comunidades autónomas, pero también aspectos clave como la regulación de la vivienda protegida, de las zonas tensionadas y de los parques públicos de vivienda. 

La ley por el derecho a la vivienda entró en vigor a finales del pasado mes de mayo, aprobada con el voto en contra de las derechas de PP y Vox bajo la acusación de estar fomentando la 'okupación' ilegal desde el Boletín Oficial del Estado. 

La norma tiene 36 artículos que regulan, entre otras cosas, las zonas declaradas tensionadas, las políticas de vivienda protegida o de los parques públicos de vivienda o el concepto de gran tenedor y medidas a tomar desde las administraciones públicas. 

El PP trasladó su voto en contra de la tramitación parlamentaria de la ley al Tribunal Constitucional. Lo hizo tanto a través de su propio grupo parlamentario como a través de varias comunidades autónomas donde Gobierna: Andalucía, Madrid y Balears, cuyos recursos también han sido admitidos a trámite. 

Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, anunció que no aplicaría la normativa donde no sea obligatorio. La competencia en materia de regulación de la vivienda es de las comunidades autónomas.

En estos recursos, el PP y las comunidades cuestionan artículos que tienen que ver con estas competencias, que consideran invadidas, pero también aspectos clave de la norma: la definición de vivienda protegida, los derechos de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, la regulación de las zonas tensionadas, la regulación de los parques públicos de vivienda o la información que puede obtener un comprador en un proceso de adquisición de una vivienda.  

El pleno del Constitucional también ha admitido a trámite el recurso que presentó el Parlament de Catalunya, un recurso presentado con el apoyo entre otros de ERC, partido que apoyó la normativa en su tramitación parlamentaria. 

Este recurso ataca normativa sobre vivienda protegida o acciones en mercados tensionados pero, sobre todo, el artículo que define los fines de las políticas públicas de vivienda y que, entiende, invade competencias de la Generalitat de Catalunya. 

El Ayuntamiento de Madrid estudia cómo los afectados por el Plan 18.000 podrían acceder a su vivienda en plena propiedad

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid estudia cómo los afectados por el Plan 18.000 podrían acceder a una vivienda en plena propiedad una vez que les va venciendo la protección, de 30 años, ha adelantado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Tras presentar la reforma de una zona interbloque en La Elipa, Carabante ha trasladado a la prensa que actualmente el Ayuntamiento está "viendo internamente la posibilidad de convertir en propietarios a los superficiarios, de manera que quienes tienen hoy una vivienda protegida del Plan 18.000 puedan tener una vivienda en propiedad y no les venza la protección".

Son los servicios jurídicos y la Intervención General los que están analizando los posibles procedimientos una vez que van venciendo los 30 años de protección. "Ha ido finalizando la protección de las viviendas y hay inquilinos y superficiarios que deciden ser propietarios pidiendo al Ayuntamiento que les venda esas viviendas", ha explicado.

"El anterior equipo de Gobierno sacó un pliego de licitación para que cualquier afectado de esas promociones pudiera acceder a la compra y, como consecuencia de críticas y controversias con los inquilinos, el Ayuntamiento desistió de ese procedimiento", ha indicado Carabante.

El Plan 18.000 toma su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital de los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.

Entre 1984 y 1997, el Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000.

Eran viviendas de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial. 

Desde el principio, superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes, en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.

Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.

Ya en mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente.

Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego "pero cumpliendo el acuerdo del Pleno" que incorporaba la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que establece que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños", apuntaba meses atrás el entonces delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.

Esto supone que el Ayuntamiento "no puede vender en este programa suelos destinados a protección pública, sólo los calificados como libres y a precio de mercado", mientras que los superficiarios del Plan 18.000 "consideran que es un agravio comparativo con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre, tal y como es condición obligatoria si se quiere cumplir con lo acordado en los Pactos de la Villa".

El Pleno de Cibeles aprobó por unanimidad el 25 de abril de 2023 la enmienda de adición firmada por el PP a las proposiciones de PSOE y Más Madrid para dar una salida al Plan 18.000, de modo que los titulares del mismo sean excluidos de la prohibición de la enajenación de viviendas, como señalaban los Pactos de la Villa. Se trataba de dejar sin efecto el pliego general de pactos y condiciones del Plan 18.000.

La Asociación Plataforma de Afectados del Plan 18.000 ha aclarado a través de un comunicado que no son inquilinos en ningún caso sino propietarios de las viviendas porque las construyeron a través de cooperativas. 

 "Pagamos los ladrillos uno a uno, con hipotecas, y lo que deseamos es poder comprar el suelo, pagándolo, por supuesto, a un precio justo", ha trasladado la presidenta de la asociación, Ángeles Toribio.

"El Ayuntamiento no nos vende las viviendas, nos vende el suelo bajo el cual están edificadas porque las viviendas son nuestras, las pagamos nosotros", ha remarcado.

Las patrullas antigrafitis de Madrid estarán plenamente operativas a mediados de octubre con 40 agentes

MADRID.- Las patrullas antigrafitis de la capital estarán plenamente operativas a mediados de octubre y se compondrán de 40 agentes, tal y como ha informado este martes la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad, Inma Sanz.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el primer Centro Intergeneracional en Arganzuela, la vicealcaldesa ha indicado que su estructura "ya está creada" y que estos agentes se dedicarán a combatir estas situaciones vandálicas y que se quieren erradicar de la ciudad.

"Las pintadas vandálicas no tienen cabida en nuestra ciudad, afean y además en muchas ocasiones degradan de una manera tremenda las zonas del centro de la capital y de algunos otros espacios, y por lo tanto lo vamos a combatir", ha asegurado Sanz.

Además, ha indicado que lo llevarán a cabo en coordinación con el área de Medio Ambiente para limpiar "muchos más metros cuadrados de lo que se venía haciendo hasta estos momentos". También, ha recordado que se incrementarán las sanciones y ha subrayado que "no es arte" sino "vandalismo".

Esta patrulla recibirá el nombre de Sección de Protección del Patrimonio Urbano. El proyecto de esta Sección policial, dotada inicialmente por unos 40 efectivos (12 agentes por turno, en turnos de mañana, tarde y noche, junto a mandos), se pondrá en marcha esta semana para su inmediata puesta en funcionamiento.

La primera instalación fotovoltaica flotante de la región cuenta con más de 3.700 paneles en Torrelaguna

MADRID.- La Comunidad de Madrid estrena la primera instalación fotovoltaica flotante para la producción de energía limpia y renovable, un novedoso equipamiento público situado en el depósito inferior de la minicentral hidroeléctrica de Canal de Isabel II en el municipio de Torrelaguna.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado hoy martes esta infraestructura para supervisar su funcionamiento una vez finalizada su construcción y previo a su entrada en funcionamiento para finales de este año.

El complejo ha habilitado un total de 3.770 módulos fotovoltaicos en una superficie de 11.680 metros cuadrados con una inversión de 2,1 millones de euros.

Esta estructura flotante permitirá comprobar las condiciones de mantenimiento, anclajes, resistencia y afección al medio acuático, así como determinar los criterios para el diseño y la posible ejecución de instalaciones similares en la superficie de embalses.

La planta ya terminada cuenta con una potencia pico de 1.696 kilowatios, de manera que anualmente podrá producir el equivalente al consumo de 1.300 hogares.

Desde hace más de un siglo en Torrelaguna se crea energía hidroeléctrica debido a los 150 metros de desnivel del canal transversal. Actualmente, y gracias a la maquinaria renovada, se sigue produciendo esta fuente limpia a la que ahora se suma la aportación de los paneles solares.

Esta nueva flotante forma parte del Plan Solar de Canal de Isabel II para la puesta en marcha de 34 nuevas plantas solares fotovoltaicas en infraestructuras de la compañía pública con financiación de fondos europeos. De ellas, 26 ya están en ejecución para impulsar la generación y el autoconsumo de energías limpias.

La inversión total de este programa asciende a 55 millones de euros para una producción que, en su mayor parte, se usará in situ y cuyos excedentes puntuales podrán ser vertidos a la red eléctrica aumentando su aportación en el mix energético.

El objetivo de Canal de Isabel II es ser autosuficiente energéticamente dentro de seis años a partir de fuentes renovables o de alta eficiencia propias. En 2022 ya generó un total de 275,2 gigavatios/hora de electricidad, más del 50% de su consumo anual.

Esto impidió la emisión de casi 40.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), a las que hay que sumar otras 60.000 evitadas mediante la compra de energía 100% limpia.

Canal es la empresa con mayor potencia instalada en generación de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid y cuenta con un total de 109,31 megavatios distribuidos en más de 40 infraestructuras de todas las fases del ciclo integral del agua, lo que la convierte en el mayor productor de su sector en Europa, según datos de la propia empresa pública.

Inma Sanz confirma un repunte de ciertos delitos en la capital aunque destaca la reducción de infracciones penales

MADRID.- La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado este martes el repunte que se ha producido en 2022 y comienzos de 2023 de ciertos delitos en la capital aunque ha destacado la reducción que ha habido de infracciones penales.

Así lo ha trasladado hoy desde el primer Centro Intergeneracional de Arganzuela. "Los datos que hemos tenido en el año 2022 y los primeros datos de 2023 nos hablan de un repunte en ciertos delitos en la capital, sobre todo si lo comparamos con el año 2022, pero también quiero dejar claro que las infracciones penales si comparamos con el año 2019 se han reducido en la ciudad de Madrid", ha explicado Sanz.

En esta línea, ha asegurado en que Madrid es "una de las capitales más seguras del mundo" pero ha reconocido que también tiene "problemas que están para ser atajados". La vicealcaldesa ha insistido en que le gustaría tener "más capacidad para poder hacerlo".

"Tenemos un déficit estructural de más de mil agentes de policía municipal que no podemos cubrir porque el Gobierno de España no nos permite ampliar la tasa de reposición para poder cubrirlos", ha resaltado.

Sin embargo, ha afirmado que desde el Gobierno municipal han hecho "todo lo que está en su mano" con la incorporación de más de 1.300 agentes en el anterior mandato y 400 policías municipales más operativos en las calles de Madrid.

La Policía Municipal de Madrid detuvo o imputó en la primera mitad de este año a 4.204 personas, 197 de ellas relacionados con delitos de violencia doméstica y de género y 34 por abusos y agresiones sexuales, según datos de las estadísticas del Cuerpo Local.

En los primeros seis meses de este año el mayor número de detenidos están relacionas con la seguridad vial, con 2.015 conductores arrestados o investigados (1.808 en la primera mitad de 2022), 1.769 de ellos por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas (1.287 hace un año).

Le siguen los de hurtos 608, casi el doble que los 388 del mismo periodo del año pasado. Le sigue los delitos contra la salud pública (252), violencia de género y doméstica (197), lesiones (153), atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad (135) y el robo con violencia e intimidación a personas (107).

Luego en las estadísticas aparecen los detenidos por amenazas (95), falsedad documental (78), contra la propiedad industrial o intelectual (61), otros delitos contra el patrimonio (52), robo con fuerza en vehículos (38), abusos y agresiones sexuales (34) --10 más que el año pasado--, robo con fuerza en inmuebles (31), malos tratos a menores (22), robo o hurto en el uso de los coches (17) y mendicidad de menores (1).

Vox desenmascara a "Mercadona" por identificarse con la más que dudosa Agenda 2030

MADRID/VALENCIA.- La cadena de supermercados españoles Mercadona celebraba esta semana el octavo aniversario de su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un mensaje en las redes sociales en el que anunciaba que quiere seguir «trabajando para alcanzar un futuro más sostenible». 

En la práctica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se resumen en un conjunto de medidas no votadas por los ciudadanos sino aceptadas por la gran mayoría de dirigentes políticos occidentales a través de lobbies, y que en la práctica supone la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque a la familia, a la vida y las raíces de Occidente. 

En este sentido, impone el «fanatismo climático», la ideología de género y alienta las avalanchas migratorias con el perjuicio inexorable a la prosperidad de las familias, al sector primario y a la industria.  

La polémica llegaba cuando muchos usuarios respondían al mensaje publicado en Twitter afirmando que no volverían a comprar en ninguna de sus tiendas. 

Incluso Vox, partido que ha defendido en incontables ocasiones a la empresa española y a su dueño, Juan Roig, de los ataques sufridos de manera habitual por Podemos, se hacía eco de la publicación y mostraba su sorpresa por el hecho de que «una empresa privada se dedique a hacer campañas políticas, enarbolando una bandera que está amenazando nuestro campo, nuestra industria y el progreso de todos los españoles».  

Por su parte, la síndica de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha asegurado que lo que critican es que una empresa "alce la bandera" de los ODS, con los que Vox está "totalmente en contra". 

"Y lo vamos a seguir defendiendo", dijo tras rechazar que la cadena de supermercados defienda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Ayuso reorganiza el PP de Madrid tras la configuración de Gobierno de la Comunidad y los ayuntamientos

MADRID.- La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reorganizado el partido a nivel regional tras la configuración del nuevo Gobierno autonómico y de los ayuntamientos salidos de las elecciones de mayo, modificando 16 de los 32 puestos de la Dirección.

En todo caso, en la primera línea se mantienen tres de los cuatro vicesecretarios: Ana Millán (Organización), Jesús Moreno (Acción Política) e Inmaculada Sanz (Sectorial). Solo será sustituido Jorge Rodrigo, quien tras convertirse en consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras saldrá de la Vicesecretaria de Electoral, para dejar paso a José Antonio Sánchez (viceconsejero de Presidencia).

Lo ha desgranado este lunes el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del partido, quien ha hecho hincapié que el anterior equipo, salido del último Congreso Regional, estaba enfocado en "abordar los retos electorales" del ultimo año.

Así, la Vicesecretaría de Organización la compondrán desde ahora Montserrat Teba Díaz, María Dolores Martínez Ojeda, Miguel Ángel García Martín, José Virgilio Menéndez Medrano, Gustavo Eustache Sotelo, Javier Hurtado Mira y Juan Antonio Peña Ochoa mientras que en la de Territorial estarán Lucía Paniagua, Alberto González Díaz, Pedro Muñoz Abrines y Pablo Rodríguez Sardinero.

En la Vicesecretaría de Sectorial estarán Rocío Albert López-Ibor, Marta Marbán de Frutos, Pablo Posse Praderas, Daniel Martínez Rodríguez, José María García Gómez, Eva María Gallego Berzal, Ignacio Catalá Martínez, Ana Dávila Ponce de León, Borja Fanjul Fernández-Pita, Mónica Lavín Moreno-Torres y José Manuel Maza Muriel. Por su parte, Sonia Cea Quintana, Rafael Núñez Huesca, Isabel Vega de la Vara y Álvaro Ballarín Valcárcel integrarán la de Acción Política.

Según ha explicado Serrano, algunos de los nuevos diputados de la Asamblea asumen en el partido la responsabilidad de las áreas en las que trabajan en la Cámara regional por "coherencia". También se ha incorporado a seis concejales del Ayuntamiento de Madrid. "Queda una estructura de partido pensada para abordar los retos que tenemos para que el PP de Madrid siga siendo el referente", ha subrayado.

En cuanto al Comité de Dirección, además de Ayuso, Serrano y los vicesecretarios, lo formarán Luis Partida (Comité de Alcaldes), Francis Galeote (Comité Jurídico), Nikolay Yordanov (Afiliaciones), María Jesús García (Derechos y Garantías), Ignacio José Pezuela (Tesorera) y Victoria Barderas (Defensora del Afiliado).

Están incluidos también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el portavoz Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache; el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa García; el secretario de Coordinación Parlamentaria Pedro Muñoz Abrines; el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio; el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García; y el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Además, Serrano ha informado de que se iniciará el proceso de renovación de las estructuras locales y de distritos. Arrancará este otoño-invierno (del 28 de octubre al 25 de noviembre), con 120 asambleas de municipios y 10 de los 21 distritos de la capital. El objetivo, según ha anticipado Serrano, es comenzar el 2024 "con todas las estructuras renovadas".

El 'número dos' del PP madrileño ha hecho hincapié en que las elecciones municipales han generado nuevos liderazgos (cambios en las alcaldías) y estos cambios buscan "cohesionar y unificar el mensaje".

¿Se ha visto obligado el gobierno británico a renunciar 'de facto' a la agenda municipal de 15 minutos?

 

LONDRES.- "En el Reino Unido, el gobierno se ha visto obligado a renunciar a la agenda municipal de 15 minutos porque se destruyeron casi todas las cámaras y más de 50.000 personas se niegan a pagar las multas", ha dicho en su blog el prestigioso, por bien informado periodista, Benjamin Fulford. Pero Inglaterra no "renuncia" a la ciudad de los 15 minutos, pese a lo que se dice en las redes sociales, según la agencia internacional de noticias Associated Press.

 "Las cámaras no pueden ser protegidas porque han desfinanciado a la Policía. Los tribunales no pueden procesar a ese número de personas".

Los posts afirman que el Foro Económico Mundial (FEM) y otras organizaciones de mentalidad global están conspirando para imponer ciudades de "15 minutos" en las que sus libertades se verán gravemente recortadas por las tecnologías avanzadas.

Pero el principio de diseño urbano hace hincapié en la construcción de comunidades más compactas donde las necesidades cotidianas puedan encontrarse a 15 minutos a pie. No se trata de restringir los movimientos ni las libertades de las personas.

La idea de que Inglaterra está "abandonando" el concepto tampoco es exacta. Funcionarios británicos afirman que se están confundiendo erróneamente los esfuerzos basados en estos conceptos con las controvertidas normativas anticontaminación impuestas en otras partes del país.

El Plan de Mejora Medioambiental del Reino Unido, que pretende "restaurar la naturaleza" y "atajar la contaminación ambiental", por ejemplo, compromete al gobierno a garantizar que todo el mundo viva a menos de 15 minutos a pie de "espacios verdes" como parques y campos o "espacios azules" como ríos, estanques y otras vías fluviales.

"En la actualidad, el 38% de las personas no tienen espacios verdes o azules a menos de 15 minutos a pie de su casa", según el plan de 25 años, revisado en enero para incluir el nuevo objetivo y otros esfuerzos. 

"Por eso establecemos un nuevo y ambicioso compromiso de trabajar en todo el gobierno y más allá para garantizar que cualquier persona pueda llegar a un espacio verde o azul a menos de 15 minutos de la puerta de su casa".

Anna Calder, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, que dio a conocer el plan, confirmó que los esfuerzos para hacer realidad ese objetivo siguen en marcha.

Citó el Marco de Infraestructura Verde, un conjunto de directrices y normas dirigidas a planificadores y promotores comunitarios.

Funcionarios británicos afirman que el país insular sigue avanzando en los esfuerzos relacionados con el concepto de diseño urbano, sobre todo invirtiendo en más parques y espacios abiertos. 

Además, dicen, las cámaras y multas a las que se hace referencia en los posts están asociadas a esfuerzos no relacionados para reprimir a los vehículos viejos y contaminantes en Londres y otras ciudades.

"El Marco incluye una herramienta cartográfica galardonada que puede ayudar a identificar los lugares donde más se necesitan los espacios verdes", escribió la agencia en un comunicado de prensa de febrero.

 "El gobierno ya ha utilizado la herramienta para garantizar que el fondo de 9 millones de libras "Levelling Up Parks" llegue a las zonas de bajos ingresos con acceso limitado a espacios verdes".

El concepto de ciudades de 15 minutos tampoco tiene "nada que ver" con las cámaras y las multas a las que se hace referencia en las publicaciones de las redes sociales, según Carlos Ratti, profesor de estudios urbanos del MIT y director de su Laboratorio de Ciudades Sensibles.

Las 50.000 multas mencionadas en los mensajes de las redes sociales se refieren probablemente a las casi 50.000 multas impugnadas con éxito en Birmingham por su Zona de Aire Limpio.

Las cámaras, por su parte, se refieren probablemente a la destrucción de cientos de cámaras de tráfico por los opositores a las restricciones de emisiones de Londres, conocidas como Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ).

Todo cerca, pero no tan bonito como parece

La idea es reducir las emisiones provocadas por los desplazamientos protegiendo a los vecinos de la contaminación. Por eso resulta imprescindible lo de moverse a pie o bicicleta, utilizando el coche solo en contadas ocasiones. 

Y estas restricciones de tráfico han sido, precisamente, las que han provocado la protesta de los ciudadanos que en algunas ciudades como Oxford, en el Reino Unido, ven en ellas una limitación de la movilidad.  

las restricciones se han ido poco a poco ampliando en la ciudad. Han ido llegando desde el centro a la periferia y actualmente ya hay muchos problemas circulatorios para poder llegar a muchos puestos de trabajo.

Y las restricciones en Oxford iban a ir más. A partir de 2024 se pondrían en marcha los llamados filtros de tráfico de seis vías por las que solo podrán circular libremente los autobuses y taxis (el transporte público), peatones y ciclistas. Los residentes que tengan coche tendrían permiso para conducir, pero solo 100 días al año -25 si eres habitante del condado y no residente en la ciudad-.

Y aunque desde las autoridades han anunciado que habría excepciones, como las personas con movilidad reducida o trabajadores sanitarios, hay muchos habitantes enfadados, tanto como para que el concejal de Movilidad haya denunciado en la BBC amenazas de muerte.

El Gobierno presiona para que más de 100 ciudades españolas apliquen las ZBE

 

 

MADRID.- Más de nueve meses después de que entrase en vigor la normativa que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, menos del 10% de los municipios españoles que deben activar la suya han cumplido con la ley, según el digital www.motorpasion.com

El Gobierno ya ha dejado claro que no habrá sanciones para los Ayuntamientos que no pongan en marcha su ZBE, pero acaba de avisar a decenas de localidades de que, si no lo hacen, tendrán que devolver los fondos europeos destinados a poner en marcha estas ZBE.

A nivel político, las ZBE han sido motivo de conflicto desde el primer día. A pesar de ello, la normativa que obliga a establecer una ZBE en las ciudades de más de 50.000 habitantes entró en vigor a principios de este año.

El problema es que, como reconoció hace unos días Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo hay 14 ciudades con una ZBE activa, menos del 10% de las 151 localidades españolas con más de 50.000 habitantes.

También tienen obligación de tener ZBE las ciudades de más de 20.000 habitantes para activarla, puntualmente y siempre que sea necesario, en episodios de alta contaminación.

Teresa Ribera reconoció, también hace unos días, que no habrá sanciones para las ciudades que no están cumpliendo con la normativa. Según la ministra, “no puede haber sanciones entre administraciones”. Pero eso no significa que el Gobierno esté dispuesto a mirar hacia otro lado.

El Ejecutivo acaba de avisar de lo que sucederá con las ciudades que sigan sin poner en marcha su ZBE a través de una carta que ha enviado a cerca de 200 ayuntamientos, según señala Público.

En esta carta, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana advierte a todos estos consistorios de que tendrán que devolver los fondos europeos que han recibido para impulsar la movilidad sostenible si no activan su ZBE.

Algunas ciudades todavía no tienen su ZBE porque están necesitando tiempo para establecerla, pero otras se han negado directamente a implantar esta zona con restricciones al tráfico y al aparcamiento, como Gijón.

El mismo aviso también va dirigido a las ciudades que están revirtiendo o modificando proyectos. Es algo que llevamos viendo desde hace unas semanas en varias ciudades, como en Barcelona, donde ya ha comenzado la demolición de la Barcelona peatonal de Colau.

Valencia es otro ejemplo porque ha decidido quitar un carril bici construido por el anterior Gobierno regional con fondos europeos Next Generation para devolvérselo a los coches. En Logroño también hay guerra política por el mismo motivo.

El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez, recordó “el fuerte compromiso de su ministerio con la transformación sostenible de la movilidad urbana, que, por ejemplo, se ve reflejado en la concesión de 1.500 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación a 196 municipios y dos entes supramunicipales para desarrollar 1.064 actuaciones encaminadas a implantar ZBE, a adquirir autobuses cero emisiones, a peatonalizar calles y a desplegar carriles bici, entre otras actuaciones”.

Según apunta El Nacional.cat, la carta que ha enviado el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a estos casi 200 ayuntamientos, señala que “el régimen de modificación de las inversiones establece que el beneficiario de los recursos tiene que cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, ejecutar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones".

El aviso deja claro que incumplir cualquiera de estos proyectos o actividades implicará la devolución de los fondos europeos recibidos para llevarlos a cabo. En caso de que algunas ciudades quieran llevar a cabo cambios en estos proyectos, deberán aprobarse por la secretaría de Transportes.

En España, solo funcionan 14 de las 149 zonas de bajas emisiones obligatorias por ley

 

MADRID.- Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una opción. Son un requisito legal desde el 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor la Ley de Cambio Climático, que persigue entre otras cosas “mejorar la calidad del aire”.  Los municipios (y los territorios insulares) tenían más de un año y medio para implementarlas. La fecha tope era el 1 de enero de 2023. 

Este proyecto de zonas de bajas emisiones, además de la obligación legal, ha contado con financiación proveniente de los fondos de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros aprobado y entregado por el Gobierno central. 

A septiembre de 2023 hay vigentes esas 14 ZBE más otras tres de municipios alrededor de Barcelona (en Cataluña se llegó al acuerdo de extender la implantación de áreas con menos tráfico a poblaciones de más de 20.000 vecinos).

“Vamos con muchísimo retraso y tendría que darse un avance gigantesco en este trimestre final para que se pusieran en marcha este año”, reflexiona la encargada de Movilidad en Greenpeace, Cristina Arjona.

 “Primero se ralentizó porque el real decreto sobre ZBE llegó en diciembre de 2022, de hecho el Ministerio está siendo flexible por eso, pero, después de la elecciones municipales han llegado cambios de gobiernos locales y se ha pasado de retrasar a, en algunos casos, dar pasos atrás”, remata.  

En el registro del Ministerio se califica como “en trámite” a la mayoría de ciudades restantes, aunque hay más de 15 “pendientes”, es decir, “sin trámites iniciados”, según describe Transición Ecológica.  

Lo que ha hecho García Albiol en Badalona es anunciar que aprobará una moratoria a las restricciones de tráfico de la ZBE. “No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”, justificó el político del PP. En realidad, la normativa explica que esta medida debe buscar “impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público”. 

Y dentro de ese objetivo incluir “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”. 

Tres meses (con las vacaciones de por medio) le ha durado al nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), la Zona de Bajas Emisiones puesta en marcha en el cuarto municipio más poblado de Cataluña. Pretende desactivarla al dejar sin efecto sus restricciones. 

Era una de las únicas 14 zonas en funcionamiento –de 149– en poblaciones de más de 50.000 habitantes, donde es obligatorio desde el 1 de enero pasado, según el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Es apenas un 9%. 

Carmen Duce, coordinadora de Transporte en Ecologistas en Acción, explica que “como ni la ley ni el real decreto que desarrolla las zonas contempla sanciones eso ha permitido dilatar el proceso”.

 “Lo que hemos podido ver in situ es que, en un principio, los ayuntamientos no tenían ni idea de lo que significa una zona de bajas emisiones y como el decreto del Gobierno no llegó hasta diciembre de 2022, eso les permitió echar balones fuera”, abunda Duce. 

La cuestión es que antes de eso, en noviembre de 2021, Transición Ecológica publicó unas directrices sobre cómo podrían implementarse estas áreas. Un documento para orientar a las ciudades que estaban obligadas a desarrollar su ZBE.  

Ahí se recogieron cuatro vías para sacar coches de las urbes. Incluso el real decreto que se elaboró un año después contempla que aquellos municipios que hubieran puesto en marcha zonas de tráfico restringido antes del real decreto tendrían 18 meses para retocar sus planes y adecuarlos a la normativa si no encajaban.

“Luego llegaron las elecciones municipales del 28M”, prosigue Duce. “Donde había voluntad política nos decían que hacerlo antes de la votación era un suicidio. Y después hemos detectado que donde ha habido cambio, parece que hubiera una consigna de esto no porque es lo que hacían lo otros, obviando, eso sí, el compromiso legal y, además, unos fondos asignados”.

La vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha avisado a partir del anuncio de García Albiol que “el Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”. Badalona ha recibido un millón de euros de fondos europeos solo para el proyecto de implementación de esa zona de bajas emisiones.  

Arjona entiende que en el asunto de las zonas de bajas emisiones ha habido “una falta divulgación y difusión a la población sobre qué suponen porque, al final, parece que sean una molestia en lugar de algo positivo”. 

Duce coincide: “Se ha explicado muy mal. Se ha jugado con la idea de que solo podrían usarse coches eléctricos, es decir, algo para ricos, y en realidad se trata de un montón de cosas más como la movilidad activa, la bicicleta o el transporte público”.

Además, Carmen Duce apunta otra circunstancia: “Todos los recursos ante tribunales que se han presentado cuando había medidas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Gijón... han hecho que los ayuntamientos optaran por hacerlo vía ordenanza municipal que, si bien tienen su lado positivo porque hay más información pública, hacen el proceso más lento”.

La idea de que haya estas áreas con menos tráfico es “reducir las emisiones [de gases] derivadas de la movilidad”, explica la ley. Más de un cuarto de las emisiones en España son producidas por automóviles, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. 

En Barcelona, por ejemplo, el 60% del dióxido de nitrógeno proviene de los vehículos, según el Ayuntamiento. En Madrid, aproximadamente un tercio de todos los gases de efecto invernadero salen de los tubos de escape. Es, con mucho, el principal contaminador, según las tablas municipales.  

“En realidad implementarlas va a mejorar la salud, el espacio urbano, va a dar más espacio a peatones, hará que el transporte público funcione mejor...” detalla Cristina Arjona. “Ha sido un hándicap que no se haya hecho esa difusión positiva porque, una vez que se implantan estas medidas, la población ve cómo son y nadie las quiere revertir”, comenta esta ingeniera civil que ilustra el argumento con el caso de la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona que una jueza ha ordenado eliminar una vez ejecutada, tras la denuncia de un grupo de comerciantes. Ahora, ninguno allí desea perderla. “Fui detractor, pero me gusta”, comentaba un vecino a elDiario.es tras conocerse el fallo judicial.

Tanto Arjona como Duce insisten en la necesidad de que se completen todas las áreas previstas. Este pasado jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes, en medio de actos por la Semana de la Movilidad, han insistido conjuntamente en la importancia de las ZBE ya que “priorizan los desplazamientos a pie o en bicicleta y el transporte público, colectivo y descarbonizado, frente a otros modos de transporte más contaminantes”.

“No puede entrarse en el revanchismo político”, remata Duce. “Lo primero debería ser la salud y el bienestar población. Los pasos atrás es que son a veces ridículos y también hay que decir que la mayoría de los trayectos diarios son a pie o en transporte publico y los coches son un minoría”.

En este sentido, los datos oficiales de la Comunidad de Madrid dicen que el automóvil privado representa el 39% de los viajes a diario. En la ciudad de Barcelona, el coche supone solo el 25% de todos los desplazamientos. En el área metropolitana de Valencia y en Sevilla es un 40%.

“Pero –remata la ecologista– los coches ocupan mucho espacio en las calles y parece que también en las mentes”.

La ONU pretende crear una autoridad mundial contra la pandemia con poderes de aplicación del confinamiento

 

NUEVA YORK.- La declaración de la ONU sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias ha sido aprobada por Dennis Francis, presidente de la Asamblea General de la ONU (AGNU), a pesar de las objeciones de 11 países. Esta aprobación se llevó a cabo sin someterla a una votación de la asamblea completa. El propósito de esta declaración es establecer una autoridad pandémica global con poderes disruptivos, como la capacidad de imponer confinamientos, promover la vacunación universal y censurar lo que considera "desinformación".

La declaración respalda el uso de tecnologías de salud digital para "implementar y respaldar medidas de salud y fortalecer los esfuerzos nacionales de respuesta" en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia. Algunos de los puntos que se solicitan incluyen una mayor vigilancia y la implementación de documentos sanitarios digitales. Los pasaportes de vacunas serían considerados como tecnologías de salud digital.

La caída de las tasas de vacunación en todo el mundo es motivo de "profunda preocupación", según la declaración. Se compromete a respaldar la investigación y el desarrollo de vacunas, considerando que la vacunación de rutina es una intervención rentable y eficiente en salud pública. 

Para mejorar la inmunización, se insta a fortalecer las capacidades de divulgación y proporcionar información basada en evidencia para fomentar la confianza, aceptación y demanda. Además, se busca ampliar la cobertura de vacunación para prevenir brotes y evitar la propagación y reaparición de enfermedades transmisibles.

La declaración enfatiza la necesidad de convertir los poderes temporales relacionados con COVID-19 en permanentes de manera sostenible, aprovechando las prácticas y lecciones aprendidas de la pandemia. Además, busca el establecimiento de un fondo pandémico de 30 mil millones de dólares por año para "inversiones críticas" relacionadas con la preparación y respuesta a las pandemias.

La nueva declaración expresa su preocupación por el impacto negativo de la desinformación y la desinformación relacionadas con la salud en los servicios de inmunización sistemática a nivel mundial. Además, se solicita la implementación de medidas para abordar la información errónea, especialmente en las plataformas de redes sociales. También se busca contrarrestar la vacilación de la vacuna y generar mayor confianza en las autoridades de salud pública.

La colaboración mundial en la prevención de pandemias y la mejora de la salud pública es creída por los partidarios de la declaración como algo que será ayudado por ella. Algunas de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 serán aplicadas, según afirma la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo, aquellos que entienden las implicaciones de esta medida están muy preocupados, incluyendo al presidente del Centro de Política de Seguridad, Frank Gaffney, quien la describe como "sin precedentes". 

Él dijo: "No hay forma de evitar el hecho de que va a venir a expensas de la soberanía de las diversas naciones a las que posteriormente se les dirá que tienen una emergencia y se les dirá lo que tienen que hacer al respecto".

"Esta es una prensa de corte completo para que la totalidad de la Organización de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y sus organizaciones afiliadas, respalden y apoyen su propuesta globalista de la OMS en todo el mundo estado policial totalitario médico y científico", dijo Francis Boyle, J.D., Ph. D., experto en armas biológicas y profesor de derecho internacional de la Universidad de Illinois.

También preocupa a los críticos que, al apoyar las restricciones al estilo COVID-19, se cierren las escuelas y se obligue esencialmente a las mujeres a abandonar sus trabajos, lo cual podría llevarlas potencialmente a la pobreza.

Una carta fue escrita por los representantes de 11 países al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual expresaron sus reservas sobre la declaración. En dicha carta se afirmaba: "Creemos firmemente que esta no es la manera adecuada de gestionar las negociaciones multilaterales e inter gubernamentales sobre temas de gran importancia para la comunidad internacional, especialmente para los países en desarrollo". 

Boyle ha acusado a la Asamblea General de la ONU de distorsionar la declaración al obtener la aprobación del presidente de la AGNU, ya que sabían que no sería aprobada como una resolución de consenso por parte de la Asamblea General debido a las 11 objeciones presentadas.

Dr. Manuel Jesús Rodríguez, forense español, relata lo que ha visto en autopsias de muertes instantáneas