MADRID.- El subsidio de desempleo de un autónomo que
cesa en su actividad y cierra su negocio supera en menos de dos euros a
la pensión de jubilación que le espera al que se retira, 720,56 euros
por 718,75 euros: por debajo del salario mínimo en ambos casos (735,90 mensuales), y también inferior al umbral de la pobreza (9.601 anuales)
en el del paro, que solo cubre doce mensualidades. Cuando llega a doce,
ya que la duración media de la prestación no llega a los diez meses
(9,65), recuerda hoy Público.
Son dos de las principales conclusiones que
ofrece el informe anual de AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes
de Trabajo, sobre la gestión de la prestación del CATA (Cese de la
Actividad de Trabajadores Autónomos), cuyos seis años de vigencia han
supuesto para el Estado una ganancia neta de
alrededor de 800 millones.
El informe también explica cómo más de la mitad de las solicitudes son rechazadas
y cómo el volumen de peticiones se redujo en 600 con respecto al año
anterior. Concretamente, las mutuas desestimaron el año pasado 1.787 de
las 3.310 peticiones resueltas (54%, con otras 368 en trámite), a las
que se sumaron 255 de las 354 que fueron recurridas.
Otros 156 autónomos desistieron o vieron cómo
las mutuas anulaban sus expedientes al considerar que no habían
entregado toda la documentación que les requerían, que fue también la
causa del 84,3% de las desestimaciones -“no acreditar correctamente el
cese en la actividad, de acuerdo con los requisitos de la normativa
reguladora de la prestación”. El resto se reparten entre no tener
cubierto el periodo mínimo de cotización (56) o tener cuotas pendientes
de pago (44), algo que regularizó la mitad de los afectados.
Pese a lo bajo del nivel de aceptación de solicitudes de cese de actividad, en realidad se ha disparado
con las 1.616 del pasado ejercicio tras comenzar con un 21% en el
primer ejercicio de aplicación, en 2011, y tardar dos años en superar el
25%.
Ceses de actividad por violencia machista y por divorcio
Poco más de 540.000 de los 3,2 millones de
autónomos añaden a su cuota el 2,2% de la base que da derecho al
subsidio por cese de actividad, lo que supone 20,23 euros mensuales en
el caso de la base mínima (919,80 euros) por la que cotiza el 85% del
colectivo.
Ese
pago da derecho, tras un mínimo doce meses
de aportación y antes de la edad de jubilación, a recibir entre dos y
doce meses un subsidio de 643,86 euros (el 70% de la base) a 1.096,60
euros (1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o
Iprem),
siempre que se cumplan una serie de requisitos que incluyen el
compromiso de realizar, mientras se recibe la prestación, actividades
formativas y de orientación profesional, así como las de promoción de la
actividad emprendedora que pueda convocar el Servicio Público de
Empleo.
El grueso de los ceses de actividad, con un peso superior al 75%, se deben a motivos
económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza
mayor y la pérdida de licencias administrativas para el negocio que se
explotaba.
Algo más del 20% de los ceses (361)
corresponden a Trade (autónomos dependientes), mientras que “en nueve
ocasiones, la causa por la que se reconoció el derecho a la prestación
fue divorcio o separación, y en cinco expedientes la causa derivaba de
violencia de género”, señala el informe. La legislación contempla como
una vía de acceso al subsidio por cese de actividad las situaciones de
violencia machista y de ruptura matrimonial que conllevan la pérdida de
su medio de vida para la víctima.
“Hemos de pasar a hacerlo obligatorio”
“El sistema del CATA está bien
estructurado, pero hay que mejorarlo”, sostiene el secretario general de
UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad,
quien considera que “hemos de pasar de algo voluntario a algo
obligatorio, como ocurre en el régimen general de los trabajadores por
cuenta ajena”.
En
este sentido, destaca que la cifra de autónomos que cotiza para cubrir
su eventual cese de actividad no llega a suponer la quinta parte del
colectivo.
“Cuantos más cotizantes haya mayor será el ingreso; eso permitirá
ampliar tanto la cuantía como la duración y, por lo tanto, mejorar la
protección de quienes tienen situaciones de mayor debilidad”, sostiene.
Sin embargo, las reformas normativas
apuntan en otro sentido. El hecho de que el pasado mes de junio dejara
de ser una cotización obligatoria para los Trade provocó un descenso de
las aportaciones.
Las mutuas, más restrictivas que la Administración
Por
otro lado, llama la atención la
diferencia entre los resultados del sistema de mutuas, que gestiona el
92,7% de las solicitudes, y el de la Administración, que tramita el
resto: un 41,41% de aprobaciones frente a un 65,16%, ya que los
Servicios de Empleo “resolvieron favorablemente 187 solicitudes de un
total de 287”.
El
informe señala que el cese de actividad,
en el que el presupuesto de cotizaciones para 2017 se elevaba a 132
millones de euros, con 109 recaudados en los primeros diez meses, volvió
a salirle rentable al sistema, ya que los pagos no alcanzaron los 18
millones de euros.
Por una parte, “el importe teórico estimado
de las prestaciones reconocidas a abonar por las mutuas, en el
ejercicio 2017, ascendería a 11.235.046 euros, lo que supone un descenso
interanual del 0,61%”. Y, por otra, las cotizaciones de esos autónomos
que cesaron en su actividad se situó, con una media de 321 euros
mensuales, en 5.019.070. Eso hace un total de 16,2 millones a los que hay que añadir 1,2 gestionados por la Administración.
La cuantía media del subsidio más la cotización se situó en 1.042,46 euros,
con el registro más elevado en Segovia (1.362,64) y el mínimo en
Palencia (782,05), mientras que los extremos de la duración se
localizaron en esa última provincia, con 5,2 meses, y en Zaragoza
(11,57).
La dejadez de las comunidades
UPTA,
que mostró su malestar por “el escaso
resultado que este sistema está ofreciendo para los autónomos
cotizantes que necesitan esta prestación”, insistió en denunciar el
“escaso interés” de las comunidades autónomas por gestionar los nueve
millones de euros (1,3 de 2017) acumulados para acciones de formación y
reinserción laboral de autónomos desde que se puso en marcha el sistema.
“Ninguna comunidad autónoma ha solicitado
al Ministerio de Empleo que le transfieran la cantidad que le
corresponde” de ese 1% de recaudación, señaló Abad, que criticó cómo “esto se viene repitiendo año tras año”
sin que ninguna administración se preocupe de “tratar un tema tan
complejo como el de reincorporar al mercado laboral a personas que han
perdido su negocio”.
La organización ha solicitado a la
Dirección General de Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo,
incluya este asunto en la próxima conferencia sectorial con las
comunidades autónomas.
