Vox urge a Ayuso a derogar las leyes LGTBI y bajar impuestos en su primera reunión de la legislatura

MADRID.- La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha urgido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a derogar las leyes LGTBI regionales y a bajar impuestos en la primera reunión que mantienen las dirigentes en esta legislatura.

"Ha sido una reunión cordial en la que desde Vox hemos dicho un poco los temas que más nos importan", ha explicado Monasterio en el patio de la Real Casa de Correos en la que Ayuso recibió este lunes y martes a los portavoces de los grupos parlamentarios en la ronda de contactos que sirve de pistoletazo de salida a la actividad parlamentaria que arranca este jueves con el primer pleno tras el verano.

Monasterio ha sintetizado en tres ejes las preocupaciones de su partido: rebaja de impuestos, atajar el problema de la vivienda y trabajar en la educación, donde ha enmarcado la eliminación de la "ideología de género" de los contenidos curriculares.

La derogación de las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid ya fue una de las reclamaciones principales de Vox a la Comunidad, ante lo que Ayuso apuntó que se revisarían. Para Monasterio esto no sería suficiente, ha remarcado este lunes, ya que entiende que deberían ser eliminadas porque parten de la "autodeterminación", que provoca un "problema muy serio" al anteponer la voluntad "sobre todo lo demás".

Según la portavoz de Vox desde el Gobierno autonómico se le ha trasladado que llevan ya tiempo trabajando sobre estos textos pero no le han señalado ningún horizonte para que estos cambios se voten en la Asamblea de Madrid.

"¿Cómo vamos a criticar al Gobierno de España si tenemos unas leyes que obligan en los colegios al adoctrinamiento de género?", ha lanzado Rocío Monasterio, quien ve con buenos ojos la revisión de los libros de texto escolares y considera que "sacar la ideología" de las aulas debería incluir también cuestiones como "la Agenda 2030".

En el campo de la educación también ha puesto el foco en la importancia de garantizar su calidad como "ascensor social" y como herramienta para poder atajar problemáticas como la salud mental, las drogas o las bandas.

Monasterio también ha explicado que la vivienda será otro de los ejes de la actividad parlamentaria de su partido, sobre la que ha insistido en la necesidad de aumentar la oferta para poder garantizarla y rebajar los precios.

"Es un tema difícil a corto plazo pero es clave para que los jóvenes se emancipen y tengan un proyecto de vida", ha proseguido la portavoz de Vox, quien apuesta por liberalizar suelos y flexibilizar usos.

Las bajas de impuestos han sido otro de los puntos clave planteados desde Vox a la presidenta. Monasterio ha hecho un llamamiento a reducir tributos pero sin "aumentar la deuda" para lo que cree que es imprescindible identificar el "gasto improductivo" y recortarlo. En este campo ha citado como ejemplos de ello las fundaciones y el número de diputados de la Asamblea de Madrid, una de sus peticiones en la pasada legislatura.

Aún así ha advertido de que estas bajadas de impuestos deberán garantizar que lo que se ofrece a los extranjeros pueda ser aprovechado por los madrileños. Esto se trata de una alusión a la rebaja tributaria para inversores de fuera de España que Vox tumbó en la Asamblea y supuso una de las fricciones con el PP en la recta final antes de las elecciones.

Al ser preguntada por el cambio de estatus de Vox --de socio imprescindible del PP en la anterior legislatura a no ser necesario para el PP--, ha deslizado que ahora la presidenta tiene "las manos libres para hacer lo que dice".

"Lo que anuncie no tiene impedimento. Ojalá se ejecuten las cosas en las que estamos de acuerdo, pero no por contentar a Vox, sino por mejorar la vida de los madrileños. Yo no estoy para una lucha partidista", ha resumido Rocío Monasterio.

Pedro Rollán será el ‘hombre fuerte’ del nuevo Gobierno de Ángel Garrido

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha introducido cambios en su Gobierno entre los que destacan la elección de Pedro Rollán como vicepresidente y portavoz y el nombramiento de dos nuevas consejeras (Yolanda Ibarrola en Justicia y María Dolores Moreno en Políticas Sociales y Familia).

El hasta ahora consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán, será el hombre más fuerte del Ejecutivo tras Garrido al convertirse en vicepresidente (cargo que hasta ahora no existía), según ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa.

Además, Rollán estará al frente de la Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por lo que también será el nuevo portavoz y asumirá la presidencia del Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña epicentro de las investigaciones del caso Lezo.

La actual directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, será la nueva consejera del ramo en sustitución de Garrido, que desde la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta seguía ejerciendo este cargo en funciones al igual que el de consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno.

Por su parte, la directora general de la Mujer, María Dolores Moreno, será la nueva consejera de Políticas Sociales y Familia en lugar de Carlos Izquierdo, que se convertirá en consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Garrido, que hoy ha tomado posesión como presidente de la Comunidad, ha firmado esta tarde el decreto que establece el número y denominación de las consejerías, que pasan a ser nueve, una más que hasta ahora. Estarán dirigidas por cinco hombres y cuatro mujeres (dos más que las que había hasta el momento).

Mantendrán sus puestos en Economía, Empleo y Hacienda Engracia Hidalgo; en Sanidad Enrique Ruiz Escudero, en Transportes, Vivienda e Infraestructuras Rosalía Gonzalo; en Educación e Investigación Rafael van Grieken; y en Cultura, Turismo y Deportes Jaime de los Santos.

Estos cinco consejeros tenían estas mismas responsabilidades durante el Gobierno de Cifuentes, que dimitió el pasado 25 de abril como presidenta regional después de semanas de polémica por las irregularidades del máster en la Universidad Rey Juan Carlos y la publicación de una información en la que se le atribuía un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

El cambio en el número de consejerías es fruto de la división de la de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en dos: Presidencia y Portavocía de Gobierno, por un lado, y Justicia, por otro.

La de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio cambia de nombre al pasar a ser Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Las competencias de Administración Local estarán integradas en la Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por lo que dependerán también de Rollán.

El nuevo Gobierno presidido por Garrido celebrará este martes su primera reunión en la Real Casa de Correos tras la toma de posesión de los consejeros.

El tercer consejero con más acciones de Sabadell se refuerza en el banco

MADRID.- José Ramón Sufrategui es uno de los consejeros de la banca española más activos en Bolsa, uno de los que más se suelen mover en plena temporada de resultados o cuándo Banco Sabadell experimenta movimientos bruscos en Bolsa.

Los primeros resultados trimestrales no han sido una excepción. Sufrategui ha comprado 30.000 títulos de Sabadell a un precio de 1,62 euros cada uno y se consolida como el tercer miembro del máximo órgano de administración con más acciones del banco, segun dice hoy Expansión.
Tras las últimas compras, Sufrategui ha elevado su participación hasta el 0,053% del capital. Solo Josep Oliu y José Luis Negro tienen más peso en el capital entre los consejeros de la entidad.
La nueva apuesta compradora del consejero se produjo inmediatamente después de la publicación de los resultados del primer trimestre, el pasado 26 de abril. La entidad catalana ganó 259,3 millones en el primer trimestre, un 32,7% más que el pasado año. El beneficio superó lo previsto por el mercado, que descontaba un resultado de 213 millones.
Sin embargo, el mercado hizo una lectura cauta de los números de Sabadell, ya que la mejora del beneficio de los tres primeros meses del año se sustentó principalmente en el descenso de los de los saneamientos. Por el contrario, los ingresos cayeron y los costes crecieron provocando un recorte del margen neto del 20%.
Sabadell, que acabó en rojo en las cuatro últimas sesiones de la semana pasada, despide abril en plena batalla por mantener el soporte clave de los 1,60 euros por acción. Sólo un poco más abajo, en los 1,56 euros, están los mínimos intradía marcados a lo largo de 2018.

Sabadell recibe 3.200 millones del FGD por la CAM

MADRID.- Las pérdidas en las que el Fondo de Garantía de Depósitos incurrió el año pasado por el compromiso de asumir el 80% del deterioro de la cartera protegida procedente de la antigua CAM no hacen sino crecer a medida que pasan los ejercicios, según revela hoy Expansión. 

Vendido efectivamente el banco CAM a Sabadell en junio de 2012 (aunque el acuerdo se alcanzó varios meses antes a la espera de recibir el visto bueno de las autoridades comunitarias por contemplarse ayudas públicas), se contemplaba el compromiso del FGD de hacer frente al 80% de las pérdidas en que se incurriera al vender una cartera protegida de inmuebles y créditos inmobiliarios por valor de 24.644 millones de euros una vez se hubieran consumido las provisiones existentes en el balance de CAM por valor de 3.882 millones de euros.

Punto de inflexión

Estas provisiones fueron suficientes para hacer frente a las pérdidas generadas durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Pero a partir de ese último año se agotaron, lo que provocó que, con cargo a las ventas llevadas a cabo en 2015, Sabadell pidiera al FGD 825 millones de euros, que este le ingresó el último día de febrero de 2016. El año pasado Sabadell elevó la factura hasta acercarla a los 1.000 millones, exactamente 981 millones de euros.
La liquidación presentada en las primeras semanas de 2018, correspondiente a lo ocurrido en 2017, ha crecido sustancialmente hasta superar de largo los 1.300 millones de euros, lo que podría sorprender al compararla con los dos ejercicios anteriores, dada la recuperación del sector inmobiliario que se ha registrado en los dos últimos años. Fuentes del banco no quisieron confirmar la cifra que han recibido, declarando que se trata de información que no es pública y, por lo tanto, declinaron hacer ningún comentario al respecto.

Factura al alza

Puede haber algunas explicaciones al crecimiento anual de la factura. La primera de ellas es que, si bien Sabadell ha vendido activos dañados por un importe similar al de ejercicios anteriores, lo que ha ocurrido es que el peso de los activos procedentes de CAM es relativamente mayor que el de los que estaban en el Banco Sabadell y que no tenían la cobertura del fondo de garantía. 

Otra razón se refiere al nivel de cobertura que Sabadell había constituido sobre los activos de CAM, inferior a los del propio Sabadell, gracias a tener un plazo de 10 ejercicios para venderlos con la garantía parcial del FGD. Una vez que han disminuido en el conjunto los activos malos procedentes de Sabadell, los de la antigua CAM salen más deprisa.

Las cifras de pérdidas esperadas de la cartera que sigue protegida por el FGD, según los cálculos de este organismo hechos públicos en 2017 con los datos de cierre del ejercicio de 2016, se cifraban en 7.390 millones de euros, de los que el fondo de garantía tendría que asumir casi 6.000 millones y el resto correría a cargo de Sabadell. El tamaño de la cartera que aún queda por vender y que sigue protegida no lo hacen público ni el FGD ni Sabadell.
La realidad es que, en los cinco años transcurridos desde la venta de CAM a Sabadell, las pérdidas efectivas por la venta de una parte no conocida públicamente de la cartera protegida están ya muy cerca de los 8.000 millones de euros al sumar la totalidad de la provisión inicial que tenía CAM y las cantidades que han tenido que aportar el FGD y Sabadell.
La presión de las autoridades supervisoras europeas para que los bancos aceleren la venta de sus activos problemáticos en el menor tiempo posible, en torno a los próximos tres ejercicios, ha tenido como efecto concreto en Sabadell que la entidad destinara todas las plusvalías obtenidas por la venta de algunos negocios el año pasado a aumentar el nivel de provisiones y en el FGD a plantearse en qué medida podría hacer frente al pago de las pérdidas previsibles en un menor tiempo, cuestión complicada ya que la institución se nutre de las cuotas que cada año pagan los bancos y su situación financiera no es precisamente holgada.

Los afectados de la CAM, a por Luis de Guindos

ALICANTE.- Los afectados por el pufo de las cuotas participativas de Caja Mediterráneo no se rinden y han presentado ante la Audiencia Nacional nuevas alegaciones para reabrir una causa que ha sido archivada hasta en cuatro ocasiones por no hallar indicios de delito en la comercialización de un producto que dejó sin ahorros a miles de clientes de la entidad, según revela hoy El Mundo en su edición de Alicante. 

La Plataforma CAM, a través del abogado Diego de Ramón, considera que la emisión de estos títulos -similares a las acciones pero sin derechos políticos- fue una estafa masiva orquestada por la cúpula de la Caja para recapitalizar la entidad en un momento, 2008, en el que se flirteaba con la quiebra.

Y en esa operación, a juicio de los afectados, tuvo un papel relevante el entonces jefe de Lehman Brothers en España, Luis de Guindos, actual ministro de Economía y aspirante a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, un puesto que se juega esta misma semana en Bruselas. 

La Plataforma CAM sostiene en sus alegaciones remitidas al juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional que Guindos, cuya firma ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM, debe ser citado a declarar por su presunta responsabilidad en la «trama».

El colectivo ha presentado como prueba en el juzgado el vídeo del acto celebrado en mayo de 2008 en el recinto ferial IFA que sirvió a los directivos de la CAM para aleccionar e instruir a su red comercial en las tareas de venta y colocación de las cuotas entre su clientela. 

En ese acto, cuyo vídeo fue revelado por este diario, además de los principales directivos de la Caja, participó Luis de Guindos, que entre otras cosas, afirmó aquel día que se trataba de una operación que iba a «hacer historia en la economía española», que iba a quedar «en los libros de texto», que iba a ser «analizada en las escuelas de negocios y las universidades», y que la plantilla de la Caja encargada de vender las cuotas podría «alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo» sus competidores.

La prueba nueva

Para el colectivo que reúne a cientos de personas que perdieron su dinero, el contenido del vídeo, que refleja las instrucciones de María Dolores Amorós (directora general adjunta) al personal para vender las cuotas, «es absolutamente revelador, en el sentido de que acredita la trama urdida desde la dirección de la CAM para la colocación masiva de un producto de riesgo, como son las cuotas participativas entre sus clientes, con independencia de su aptitud o no para ser titulares de las mismas, ocultando su verdadera naturaleza y condiciones, con el objetivo de asegurar una ganancia segura para la entidad».

De Ramón también ha solicitado a la Audiencia Nacional que vayan a declarar Emilio Ontiveros, presidente en aquella época de Analistas Financieros Internacionales, que intervino igualmente en el acto como asesor financiero de la caja en la operación; el exdirectivo de la CAM, José Pina, y la periodista Marta Fernández, que presentó el evento.

El abogado mantiene en su escrito que «esta nueva prueba -el vídeo del acto de IFA- acredita la existencia de un plan pre ordenado por parte de la dirección de la CAM tendente a la recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad, por lo que procede la reapertura de la causa al objeto de la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que procedan».

La juez envía al banquillo a los directivos de la CAM por la venta de preferentes

ALICANTE.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la apertura de juicio oral contra los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós por la supuesta comercialización fraudulenta de las preferentes y la deuda subordinada que emitió la extinta caja alicantina, según avanza el diario Información. 

De esta forma se da la circunstancia de que, aunque la Audiencia no encontró delito en la venta de las cuotas participativas -el tribunal instó a los afectados a reclamar individualmente por la vía civil-, los exdirectivos de la CAM sí deban responder por las supuestas malas prácticas que realizó la entidad para colocar estos otros valores. 

En concreto, según Lamela, los acusados pudieron cometer los delitos de estafa agravada, publicidad engañosa, fraude de inversiones y un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas durante la comercialización y posterior gestión de estas emisiones.

En total, se calcula que unos 75.000 pequeños ahorradores compraron preferentes y deuda subordinada de la CAM pero la mayoría ya fueron compensados por el Sabadell cuando se hizo cargo de la entidad y ofreció canjearlos por acciones del banco. Un canje que aceptó alrededor de 97% de los afectos. Sin embargo, el abogado Diego de Ramón en representación de algunos afectados y, posteriormente, la asociación Adicae decidieron actuar contra los directivos.

Inicialmente la investigación incluyó las preferentes, la deuda subordinada y las cuotas participativas pero se decidió segregar el caso de estas últimas en una pieza separada e incluir también su venta en la pieza principal, donde el tribunal no halló delito en su venta e instó a los afectados a acudir a la vía civil.

Fianza mínima

Por su parte, la pieza en la que se investigó si la comercialización de preferentes y deuda subordinada se hizo con engaño siguió su curso, hasta que se ha producido la apertura de juicio oral. 

El abogado Diego de Ramón (en la imagen) solicitaba inicialmente una indemnización de 11,8 millones para los afectados pero la juez considera que no ha sabido justificar esta cantidad, por lo que sólo reclama una fianza solidaria para Roberto López Abad y María Dolores Amorós de 6.000 euros, de la que también designa como responsables civiles subsidiarios al Banco Sabadell, como heredero del negocio financiero de la CAM, y la Fundación CAM. Además, como responsabel civil directo designa a la aseguradora Caser.

La juez también fija tres días de plazo para que la Fiscalía decida si quiere acusar y sumarse a las acusaciones particulares.

Cabe recordar que, tanto López Abad, como Amorós ya han sido condenados a tres años de prisión por falsear las cuentas de la CAM, aunque la sentencia todavía no es firme ya que está recurrida ante el Supremo.

Las preferentes son valores de deuda perpetua que la mayoría de las entidades emitieron durante los años iniciales de la crisis para recapitalizarse ante los problemas de liquidez que muchas de ellas empezaban a tener. Se trata de productos complejos pero, en muchas ocasiones, se vendieron a pequeños ahorradores sin conocimientos financieros para conocer sus implicaciones.

En el caso de las cajas nacionalizadas, el Gobierno articuló un sistema de arbitraje para compensar a los afectados mientras que en la CAM fue el Sabadell el que organizó un canje de preferentes por acciones para que los clientes de la entidad recuperaran el dinero. En total, el banco catalan ofreció canjear 1.630 millones de euros.

Además de la que se sigue contra los directivos de la CAM, la Audiencia Nacional también tiene en instrucción otra causa por estafa por la comercialización de preferentes de Caja Madrid. También se investigaron las emisiones de Caja Duero y Caja España, pero el caso se archivó.

Los afectados por las cuotas recurren la sentencia de la CAM en el Supremo

ALICANTE.- Esta misma semana, antes de que expire el plazo establecido, la Plataforma de Afectados de la CAM ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Supremo ante la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó el pasado mes de octubre a los directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por falseamiento de cuentas, según adelanta hoy El Mundo. 

López Abad y Amorós fueron condenados a tres años de prisión; Martínez a dos años y nueves meses de cárcel; y Sogorb a cuatros años. Ahora, los afectados de las cuotas participativas quieren que se les indemnice ya que se sienten perjudicados de los delitos societarios por los que han sido condenados todos ellos, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional no observa que exista responsabilidad civil alguna en las actuaciones de los directivos, evitándoles así el pago de posibles indemnizaciones.

Muy al contrario, la Plataforma que representan Diego de Ramón y Carlos Pena asegura en un extenso estudio jurídico que pueden acogerse a la figura legal del «tercero perjudicado». 

 En este sentido consideran que son perjudicados de los delitos cometidos por los responsables de la caja, independientemente de en que momento se falsearon las cuentas, simplemente por el hecho de que les afectó esa falsedad en sus inversiones. 

«Si como consecuencia de dichos delitos de falseamiento de cuentas y administración desleal se derivan perjuicios directos a los adquirientes de cuotas participativas y otros productos financieros como Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada que hubieran adquirido con anterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas», esgrimen, «la respuesta no puede ser otra que sí, puesto que dada la configuración del tipo del artículo 290 del Código Penal, son igualmente sujetos pasivos del delito los adquirentes de productos financieros adquiridos con anterioridad a la publicidad de las cuentas falsificadas».

De hecho, la Plataforma de Afectados fueron los denunciantes originales allá por octubre de 2011 de los desmanes que se habían cometido en la caja de ahorros alicantina. No obstante, aseguran, «las presiones políticas obligaron a que se separase la causa en una principal de la que nos sacaron, la de la sentencia, y en otra subordinada relativa a las cuotas participativas, que se ha archivado en cuatro ocasiones», señala Pena.

Por eso, entendiendo que si la sentencia atribuye a un delito societario, debe ser la aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser) la que se haga cargo de indemnizar a los afectados por las cuotas. 

Y es que para ello sólo tienen que demostrar que poseen un contrato jurídico con la entidad -que son las propias cuotas- y el perjuicio de haber sido víctimas del delito societario que sí resultó probado en el juicio que dio lugar a la sentencia condenatoria de López Abad, Amorós, Martínez y Sogorb. 

Entre otras cosas, porque muchos de ellos no vendieron sus cuotas precisamente porque los dirigentes de la caja les estaban engañando sobre la solvencia de una entidad financiera cuyo rescate ha terminado por costar cerca de los 11.000 millones de euros. 

«Considerando los hechos probados como constitutivos de un delito del art. 282 bis del CP sobre la estafa de inversores, se ha verificado que como consecuencia de la publicidad de las cuentas anuales declaradas falsas se han realizado inversiones en productos financieros de las CAM con el correspondiente perjuicio económico de forma efectiva a los adquirentes de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la CAM que realizaron su inversión tanto con anterioridad como con posterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas, por lo que procede en consecuencia el reconocimiento de las responsabilidades civiles derivadas del delito», sostienen.

A lo que añaden en su recurso que no tiene que ver el plazo temporal de las cuentas falsificadas: «La inclusión dentro del ámbito objetivo a los adquirentes de productos financieros con anterioridad a la falsificación de las cuentas de los años 2010 y 2011, ni modifica sustancialmente los hechos ni cambia su calificación jurídica, puesto que los hechos son los mismos y la calificación jurídica sigue siendo la inicialmente propuesta: art. 290 CP». 

Y concluyen: «Lo trascendente es que el art. 290 CP prevé como sujetos pasivos a personas que no necesariamente tienen por qué haber comenzado su relación con la entidad después de elaborarse las falsedades: ello es evidente en el caso de los socios, y por lo tanto la misma interpretación ha de mantenerse en relación con los terceros».

El vídeo de De Guindos en IFA, en los juzgados

Venta masiva de cuotas. La Plataforma de Afectados de la CAM va a presentar en los juzgados los vídeos publicados por El Mundo en los que el entonces presidente de Lehman Brothers Europa (hoy ministro de Economía) Luis de Guindos, como asesor de la caja animó a más de 1.000 directores comerciales de la CAM a vender masivamente las cuotas a todos los clientes sin importar el nivel de conocimiento sobre productos financieros que tuviesen.

El ministro de Economía niega que cobrase 100.000 euros, tal como se pregunta el portavoz de Afectados de la CAM

ALICANTE.- Las revelaciones sobre el gran acto que celebró Caja Mediterráneo (CAM) el 24 de mayo de 2008 en el recinto ferial de Alicante, IFA, para la presentación a sus máximos responsables en toda España de las cuotas participativas que poco después saldrían a Bolsa, se suceden. Tal y como informó El Mundo el pasado lunes 8 de enero, el principal reclamo en aquel acto fue el hoy ministro de Economía y entonces director general y apoderado mancomunado de Lehman Brothers Europa, Luis de Guindos. 

Él era el encargado de convencer a los futuros vendedores de 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, de las bondades de un producto que suponía ingresos futuros de 292 millones de euros para la entidad. Su firma era la que había redactado el proyecto de la salida a bolsa, la que había realizado toda la publicidad y papelería, y la que iba a asesorar sobre la venta de este producto. Pero, ¿cuánto cobró por ello Lehman Brothers y cuánto su director general?

Junto a De Guindos, el otro experto invitado fue Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que actuó de asesor financiero de la Caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM. Además intervinieron el presidente de la Caja, Vicente Sala, y el director general, Roberto López Abad.

El Mundo ha tenido acceso a documentos oficiales de la caja de ahorros en los que se cifra el pago a Lehman Brothers. Concretamente dos millones de euros por actuar de bookrunner. Un pago que se subdividió en una «comisión de praecipium» de 1.125.000 euros; una «comisión de asesoramiento» de 375.000 euros; y una «comisión de colocación» en la que Lehman Brothers y Ahorro Corporación -la entidad elegida para vender las cuotas entre grandes inversores-, en su condición de «entidades Colocadoras», recibieron 500.000 euros cada una de ellas. 

En ese mismo escrito se explicita que «Gesamed (Gestión de Activos Mediterráneo Sociedad de Valores SA, entidad participada al 100% por la caja)  no percibirá comisión de colocación alguna».

Además, la CAM impone que ambas entidades «colocadoras» no podrán ceder, total o parcialmente, las comisiones mencionadas salvo cuando la cesión se realice a favor de intermediarios financieros (entendiendo como tales aquellos autorizados para realizar las actividades descritas en los artículos 63 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores) que formen parte de su grupo (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio) o de sus representantes o agentes debidamente registrados en la CNMV o en el Banco de España».
Con estos datos se entienden algunas de las afirmaciones realizadas por De Guindos en aquel acto en el que fue presentado como «uno de los mejores especialistas en cuotas participativas». 

El hoy ministro de Economía llegó incluso a manifestar: «Yo creo que las cuotas participativas será algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo (...) Es la primera vez que una caja de ahorros emite cuotas participativas, eso es importantísimo para la Caja del Mediterráneo, para el conjunto de las cajas, para el sistema bancario de nuestro país, y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española». 

Y añadió: «A todos los que participamos [en la emisión], que fundamentalmente son todos los empleados de la caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de textos, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (...) es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».
Preguntado a este respecto el portavoz de la Plataforma de Afectados CAM, Carlos Pena, desliza un nuevo dato. «¿Por qué el señor Roberto López Abad va diciendo por ahí ahora que él no irá a la cárcel habiéndole pagado 100.000 euros a De Guindos más allá de estos dos millones de euros que aparecen en los documentos?». 

En este sentido Pena exige al Banco de España que analice uno por uno todos los movimientos de 100.000 euros realizados por la caja de ahorros entre marzo y julio de 2008 para dilucidar si las palabras que atribuye a López Abad son ciertas y en todo caso incorporarlas a las causas judiciales en marcha. 

No en vano, aquella emisión de cuotas participativas resultó un absoluto desastre económico que unido a las también desastrosas inversiones de la CAM terminaron por provocar una intervención de Banco de España y un rescate por parte del Banco Sabadell. 

Las cuotas dejaron de cotizar en diciembre de 2011, el mes en que De Guindos fue nombrado ministro de Economía. El valor de las cuotas se redujo a cero. Miles de pequeños ahorradores perdieron su dinero; tuvieron que ir a los tribunales a intentar recuperarlo. La operación sí fue histórica. 
Frente a esto, meses antes De Guindos no dudó en decir a los vendedores de cuotas: «Yo lo que diría sería una cuestión, a todo el equipo de ventas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores (...) En estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo nuestros competidores».
El ministro de Economía, Luis de Guindos, a través de un responsable de comunicación del Ministerio, "desmiente rotundamente que cobrase 100.000 euros al margen de lo que cobró la entidad que presidía, Lehman Brothers", tal y como afirma el portavoz dela Plataforma de Afectados de la CAM, Carlos Pena (en la imagen).

Así vendía Luis de Guindos las cuotas de la CAM

ALICANTE.- Es el 24 de mayo de 2008. Apenas quedan unas semanas para que Caja Mediterráneo (CAM) debute en Bolsa. Es la primera caja de ahorros española en emitir cuotas participativas, un producto similar a las acciones pero sin derechos políticos. El recinto ferial IFA, en Elche, acoge un multitudinario acto de la CAM para su plantilla que sirve para presentar una emisión con la que se pretende hacer historia. La caja vive un momento exultante. Ni el ambiente de crisis financiera frena su aventura bursátil. Es un acto de reafirmación de la marca CAM. Se trata de dar moral a la tropa que tiene que colocar 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, unos 292 millones de euros, para que el proyecto no encalle. 

La prensa no puede asistir a un evento en el que las estrellas invitadas son Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y el presidente de Lehman Brothers España, Luis de Guindos, actual ministro de Economía. AFI actúa como asesor financiero de la caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerce de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM. 

Ontiveros y De Guindos, dos nombres propios de prestigio a los que recurre la CAM como reclamo ante los mercados financieros, están en Alicante para vender las cuotas, para insistir en sus ventajas, su rentabilidad y su acierto como inversión, según recuerda El Mundo en su edición alicantina. 

La maestra de ceremonias del acto es Marta Fernández, por aquel entonces presentadora de Cuatro. Intervienen Vicente Sala y Roberto López Abad, presidente y director general de Caja Mediterráneo respectivamente. Tras sus palabras, la presentadora da paso al hoy ministro y a Ontiveros para que hablen de los detalles de la CAM.  

Las afirmaciones de Luis de Guindos en ese acto, transcurridos diez años de la fatídica emisión, con la caja quebrada, desaparecida y absorbida por un euro por el Banco Sabadell, rescatada con un coste cercano a los 11.000 millones, y con miles de inversores atrapados en las fracasadas cuotas participativas de la CAM, no tienen desperdicio (los vídeos, inéditos hasta ahora, están disponibles en www.elmundo.es).
De Guindos es presentado por Marta Fernández «como uno de los mejores especialistas en cuotas participativas» de España. Ya durante el coloquio, De Guindos empieza con una descripción de lo que son las cuotas participativas y su buena aceptación en los mercados internacionales: «Son el recurso más valorado por los mercados», afirma. 

El acto avanza, y el actual ministro asegura lo siguiente: «Yo creo que las cuotas participativas será algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo (...) Es la primera vez que una caja de ahorros emite cuotas participativas, eso es importantísimo para la Caja del Mediterráneo, para el conjunto de las cajas, para el sistema bancario de nuestro país, y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española». 

En esta línea continúa De Guindos: «A todos los que participamos [en la emisión], que fundamentalmente son todos los empleados de la caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de texto, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (...) es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».
Más tarde, se dirige al personal de la CAM que tiene que colocar las cuotas en el mercado: «Yo lo que diría sería una cuestión, a todo el equipo de ventas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores (...) En estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo nuestros competidores».  

Incluso al Ibex-35

El coloquio se desarrolla, y Marta Fernández pregunta a De Guindos si las cuotas de la CAM podrán formar parte del Ibex 35, a lo que responde: «Por supuesto, depende del volumen de cotización, y evidentemente si pasa el listón, entrará a cotizar y a formar parte del Ibex 35».
En la parte final de la presentación Marta Fernández pide a Ontiveros y De Guindos que lancen un último mensaje, como broche, sobre la pionera iniciativa de la CAM. 

Ontiveros se muestra claro, y declara ante el auditorio: «En estas cosas, más que la retórica, es dar la orden [de compra de las cuotas], ¿no? Yo voy a dar la orden inmediatamente. Tengo en mi empresa, en AFI, un par de cuentas abiertas en la CAM y en mi familia otras dos o tres, y voy a ir al máximo que me dejen. Yo creo que una inversión que dé un ROE [rentabilidad sobre recursos propios] del 15 o del 16% no la da nadie actualmente. El único problema es la limitación de ese 5% claro [era el volumen máximo de participación en cuotas que podía acumular un único inversor]».
A continuación , De Guindos toma el testigo: «Yo también por supuesto voy a ir, y voy a intentar convencer a todos mis familiares próximos, y además seguro que van a ir porque creo que es una oportunidad única». 

 Y el colofón de Guindos: «Esta es una operación que va a hacer historia, que va a hacer historia desde el punto de vista de lo que es la CAM, las cajas de ahorros en genéricos y la economía española. Desde ese enfoque estoy extremadamente orgulloso de haber participado con todos vosotros y con el equipo directivo en lo que creo que va a ser una operación única en la historia del sistema bancario español». 

El resto de la historia es conocido. La CAM debutó en Bolsa el 23 de julio de 2008. Tres años más tarde, fue intervenida por el Banco de España. Las cuotas dejaron de cotizar en diciembre de 2011, una vez que el Sabadell se quedó con la CAM por un euro. El valor de las cuotas se redujo a cero. 

Miles de inversores, sobre todo pequeños ahorradores, clientes de toda la vida de la CAM, perdieron su dinero, tuvieron que ir a los tribunales a intentar recuperarlo.Ese mismo mes de diciembre de 2011, Luis de Guindos fue nombrado ministro de Economía, cargo que aún mantiene. La operación sí fue histórica.

Las cuotas participativas de la CAM arruinaron a miles de inversores tras el falseo de las cuentas de la entidad

MADRID.- Lehman Brothers, el banco de inversión liderado por el actual ministro de Economía Luis de Guindos, se embolsó en 2008  millones de euros por colocar productos financieros tóxicos a 50.000 clientes. Esta empresa, que quebró un mes después, fue la principal responsable, coordinadora y colocadora de la emisión de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, una suerte de preferentes que tras la quiebra de la caja, han supuesto la perdida de su dinero para miles de ahorradores, según recuerda El Español.

En 2008 y ante la necesidad de capitalización, la CAM fue la primera caja de ahorros del país en lanzar "cuotas participativas", una especie de acciones de la entidad negociables en el mercado pero sin derechos de voto. El objetivo era conseguir liquidez y Lehman Brothers, con De Guindos a la cabeza, planeó la emisión de 50 millones de títulos para estas ofertas participativas: en total, la CAM recaudó por ellos 292 millones de euros. 

Sin embargo, la quiebra de la entidad, que fue comprada solo cuatro años después por un euro por el Banco Sabadell, hizo que 50.000 personas según las asociaciones de afectados perdieran su dinero. Y que se desatara una batalla en los juzgados.

Cantidades cobradas por Lheman Brothers en la emisión de cuotas participativas de 2008. 

 

Las sentencias judiciales revelan que la empresa de De Guindos vendió las cuotas participativas de la CAM con las cuentas falseadas, pero no ha derivado responsabilidad penal alguna para ningún responsable del banco de inversión que tenía entonces a De Guindos como presidente ejecutivo para Europa.  

Según adelantó El Mundo, en 2008 fue el propio ministro quien, como responsable de Lehman Brothers presentó a los trabajadores de la CAM el producto que debían vender como una oportunidad: "Esta emisión va a ser estudiada en las mejores escuelas de negocios", llegó a decir De Guindos. Ahora, lejos de las aulas, está en manos de varios juzgados. 

1.163 millones de pérdidas

El pasado mes de octubre la Audiencia Nacional emitió la primera sentencia condenando a la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por falsear las cuentas de resultados de la entidad entre 2011 y 2012. Esos números sirvieron de reclamo para que los inversores compraran las cuotas participativas y confiaran en la solvencia y el bienestar económico de la CAM. Nada más lejos de la realidad.

La contabilidad falsa, por la que han sido condenados cuatro de los principales ejecutivos de la CAM, arrojaba beneficios por 39 millones de euros, en lugar de las pérdidas por 1.163 millones que en realidad lastraban a la caja. 

La sentencia de la Audiencia Nacional no contempla sin embargo condenas penales por la comercialización de la cuotas participadas al considerar que no está "suficientemente acreditado" que los ahorradores invirtieran basándose en la "supuesta e irreal situación económica de la entidad". 

Sin embargo, las reclamaciones de cantidades han seguido una vía distinta y muchos clientes han conseguido recuperar su dinero al considerar los tribunales que la distribución minorista debe considerarse nula "por error de vicio y consentimiento". 

Es decir: que la Audiencia Nacional no cree que nadie deba ir a prisión por venderlas, pero los juzgados que regulan este tipo de contratos financieros consideran que estaban viciados al estar sustentados en unas cuentas falsas. Y que por ello, el dinero debe ser devuelto a los ahorradores afectados. 

En una sentencia del 13 de junio de este año, el Supremo decide además que el Sabadell, que compró el banco en 2012, es la entidad encargada de hacer frente además a esas devoluciones. La entidad bancaria intentó rebatir esta doctrina en los distintos procedimientos abiertos, alegando que la CAM era una entidad jurídica distinta al Sabadell, y que por tanto el banco no debía heredar esos compromisos. 

Algo a lo que el Supremo cerró la puerta, declarando como heredero universal al Sabadell de todas las obligaciones que la CAM tuviera frente a terceros. Y por lo tanto, frente a los ahorradores que han perdido su dinero, reconocidos en sentencia.

Cuando De Guindos decía que iba a recomendar hasta a su familia comprar bonos de la CAM

MADRID.- Ocurrió en mayo de 2008. Por aquel entonces Luis de Guindos, actual ministro de Economía, era presidente de Lehman Brothers en España, estaba considerado “uno de los mejores especialistas en cuotas participativas de España” y dirigía la emisión de este producto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), recuerda hoy www.elplural.com

Poco más de un mes antes de que la CAM fuese la primera caja de ahorros española en salir a Bolsa, De Guindos alababa ante los que serían los futuros inversores este producto financiero, la propia plantilla de la entidad, en un acto en el ferial IFA en Elche. 

En él, el actual ministro no dejo de repetir una y otra vez que “las cuotas participativas serán algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo”, recomendando a todos los presentes su compra y la venta a sus clientes.

Incluso, afirmó que él mismo iba a comprar e intentaría “convencer a todos mis familiares próximos, y además seguro que van a ir porque creo que es una oportunidad única”.

Y lo fue, así como una operación histórica en la economía española, ya que sólo tres años después llegó la quiebra a la caja, su intervención por parte del Banco de España, su venta por un euro al Banco Sabadell y todos los que compraron cuotas participativas, principalmente pequeños ahorradores, perdieron todo su dinero y tuvieron que acudir a los tribunales para recuperarlo. 

Ese mismo año, 2011, Luis de Guindos fue nombrado ministro de Economía por Mariano Rajoy.

Se puede ver en la web de La Sexta el vídeo de la intervención de De Guindos en el acto de la CAM en 2008 ante todos los empleados que no veían la que se les caía encima.

El banco de De Guindos se embolsó dos millones gracias a las cuotas participativas de la CAM que arruinaron a miles de inversores

MADRID.- Lehman Brothers, el banco liderado en la actualidad por el ministro de Economía Luis de Guindos, se embolsó millones de euros por colocar productos financieros tóxicos a 50.000 clientes en 2008. Según El Español, la empresa fue la responsable de la emisión de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, recoge hoy www.lagaceta.es

La CAM fue la primera caja de ahorros en lanzar estos productos, basados en las entidades negociables en el mercado pero sin derecho a voto. El principal objetivo era conseguir liquidez y Lehman Brothers planeó la emisión de 50 millones de títulos para estas ofertas.

La quiebra de la entidad hizo que 50.000 personas perdieran su dinero. Cuatro años después, el Banco Sabadell compró la CAM y comenzó una batalla en los juzgados que llega hasta estos días. 

De hecho, las sentencias judiciales revelan que la empresa de De Guindos vendió las cuentos participativas con las cuentas falseadas. Sin embargo no se ha derivado ningún tipo de responsabilidad penal.

Según El Mundo, el actual ministro de Economía presentó a los trabajadores de la CAM el producto que debían vender como una oportunidad: “Esta emisión va a ser estudiada en las mejores escuelas de negocios”.

El pasado mes de octubre la Audiencia Nacional emitió la primera sentencia contra la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por falsear las cuentas entre 2011 y 2012. Fue precisamente esta operacion la que incitó a los inversores a comprar las cuotas participativas.

Todo era falso, pues la CAM arrojaba pérdidas por 1.163 millones de euros. La sentencia de la Audiencia no contempla condenas penales por la comercialización de las cuotas participadas: “No está suficientemente acreditado”, dice.