La mora hipotecaria baja al 4,07 % en el primer trimestre, hasta mínimos de 2012

MADRID.- La morosidad de los créditos concedidos para la compra de una vivienda cayó en el primer trimestre de 2019 hasta el 4,07 %, lo que supone mínimos desde septiembre de 2012, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

Igualmente, la morosidad de los créditos concedidos al sector promotor e inmobiliario también se redujo entre enero y marzo de este año hasta el 8,67 %, la tasa más baja desde junio de 2009.

El Banco de España ha dado a conocer hoy estos datos correspondientes al primer trimestre del año, junto a la tasa de morosidad total de las entidades financieras que operan en España -bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito-, que cayó en abril hasta el 5,70 %, con lo que se mantiene en mínimos de 2010.

Tal y como indican los datos del Banco de España, tanto la tasa de morosidad del total de la cartera crediticia de la banca, como la específica de los créditos destinados a la adquisición de vivienda o a las actividades de promoción inmobiliaria se ha reducido.

El crédito destinado a la compra y rehabilitación de una vivienda bajó en el primer trimestre del año hasta los 513.593 millones de euros, frente a los 514.668 millones registrados al cierre de 2018.

Dentro de esta cartera, las hipotecas morosas o impagadas también se redujeron hasta los 20.884 millones de euros, desde los 21.247 millones registrados en el último trimestre de 2018.

De esta manera, la morosidad de los créditos destinados para la compra de una vivienda se han reducido hasta mínimos desde hace casi siete años.

En marzo de 2014, en plena crisis financiera, la morosidad hipotecaria alcanzó máximos históricos al situarse en el 6,32 %.

Por las mismas fechas, en junio de 2014, la morosidad del sector promotor e inmobiliario también se disparó hasta máximos históricos, hasta alcanzar tasas superiores al 38 %.

Al cierre del primer trimestre de 2019, dicha tasa se sitúa muy lejos de esa cota, en el 8,67 %.

Según los datos del Banco de España, el crédito concedido por las entidades financieras a las empresas del sector promotor se redujo hasta los 87.409 millones de euros, frente a los 87.988 millones de cierre de 2018.

De ese volumen (87.409 millones de euros), 7.582 millones eran dudosos, una cantidad también inferior a los 8.463 millones registrados durante el trimestre anterior.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 

Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 

Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.

En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).

El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 

Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

La FEMP negocia incluir a los Ayuntamientos en los primeros puestos de la relación de pagos del nuevo FLA

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno están manteniendo conversaciones para que en el nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013 los Ayuntamientos aparezcan en los "primeros puestos" de la relación de pagos que las Comunidades Autónomas deben realizar con el dinero que reciban de dicho fondo.

   Así lo ha confirmado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, quien asimismo se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de que finalmente el Gobierno opte por esta fórmula para facilitar que las CCCA salden sus deudas con los Ayuntamientos.

   "El Gobierno está siendo muy receptivo de cara a establecer esa nueva relación de gastos con cargo al FLA, al considerar que existe una cuestión de justicia ligada a eso", ha asegurado, para recordar que los Ayuntamiento son "uno de los grandes proveedores de determinados servicios de las Comunidades Autónomas".

   Según De la Serna, este cambio es necesario porque el hecho de que en el anterior Fondo de Liquidez los Ayuntamientos aparecieran "en último lugar" provocó que el dinero solicitado por las Comunidades no fuera suficiente para hacer frente a sus deudas con los municipios, que "en su conjunto" rondan ya, tal y como ha estimado el presidente de la FEMP, los 2.000 millones de euros.  

   "El problema no era tanto el volumen o el importe que el Gobierno ponía a disposición de las Comunidades Autónomas, sino que las Comunidades habían solicitado importes por valores inferiores, y que al haber una lista con una relación numerada, nos habíamos quedado fuera", ha explicado.

   Aunque De la Serna ha matizado que todavía no tienen la confirmación de que esta vaya a ser la fórmula elegida para garantizar que parte del dinero que reciban las CCAA del FLA lo dediquen a pagar sus deudas con los Ayuntamientos, sí ha reconocido que "el Gobierno está siendo dialogante" y que espera que esto sea así.

   "Hay que poner de ejemplo la actitud que está manteniendo este Gobierno  de dialogo en todas estas cuestiones y reformas. Está siendo muy receptivo con este clamor de los municipios, porque lo que ocurre es que muchos no pueden pagar a sus proveedores al no tener esas deudas pagas", ha alabado.

Hacienda descontará ingresos a administraciones morosas para pagar a proveedores

 MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en la creación de un instrumento por el cual los proveedores de cualquier administración morosa podrán dirigirse directamente al Ministerio para que éste "arbitre la forma de pago" de la deuda.

 

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en Sevilla, donde ha explicado que Hacienda descontará la deuda a municipios y comunidades de su participación en los ingresos del Estado.

   El ministro ha asegurado que no es difícil poner en marcha un instrumento de este tipo tras la experiencia que supone el plan de pago a proveedores y porque parte de los ingresos de las comunidades y los ayuntamientos depende del Gobierno central.

   Montoro ha señalado que este instrumento estará listo en los primeros meses de 2013 e impedirá que las administraciones se financien a costa de no pagar a los proveedores. En este sentido, ha garantizando que se cumplirá "estrictamente" la Ley de Morosidad en todas las administraciones.

   "Las administraciones españolas no pueden vivir situaciones de morosidad porque provocan la crisis empresarial, la de los autónomos que son los proveedores de las administraciones, al interrumpir la circulación económica en España", ha subrayado, tras considerar "incalculable" el daño que hace a la imagen de España cualquier voz que dice que un ayuntamiento o comunidad autónoma le debe dinero.

   Según el ministro, ésta será una de las reformas que emprenderá el Gobierno en los próximos meses y se sumará a otros instrumentos que ya están en marcha, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que es "una continuidad del pago a proveedores" y pretende también facilitar liquidez a las regiones.

   En este sentido, Montoro ha recordado el éxito del plan de proveedores, por el que se gestionaron 5,5 millones de facturas atrasadas, anteriores a 2012. La gestión de este macroplan, según Montoro, demostró que España cuenta con una Administración pública "muy eficiente".

   Además, ha subrayado la importancia de orientar la política económica a las pymes y autónomos para que sea viable la recuperación y para salir cuanto antes de la crisis. De hecho, ha recordado que España es miembro fundador del euro y que gracias a esa estabilidad, más de 800.000 autónomos y pymes han generado millones de empleos.

   Por otro lado, Montoro se ha referido a la reducción del déficit comprometida con la Unión Europea (UE), que se está "rozando con las manos" y que "es tan importante para recuperar la confianza en España". Asimismo, se ha referido a la reforma laboral y a la reforma bancaria como puntos para incrementar la actividad de pymes y autónomos.

   Según Montoro, en España hay algunos síntomas positivos que están permitiendo recuperar cierta confianza, como la reducción de la deuda externa y el asentamiento de las bases del crecimiento. "Es la primera vez que cambiamos el signo de la balanza de pagos sin recurrir a una devaluación, es un fenómeno histórico", ha señalado, tras asegurar que 2013 estará cargado de reformas para avanzar por ese mismo camino.

Los autónomos encabezan el ranking de sectores con más perdidas por impagos

MADRID.-   Los servicios profesionales, colectivo que engloba a autónomos, abogados, arquitectos o ingenieros, ha reducido este ejercicio sus pérdidas por impagos del 4,5% al 4,2% actual, coyuntura que, sin embargo, no ha impedido que repita un año más en la primera posición del ranking de pérdidas por impagos en Europa, según un estudio elaborado por la firma sueca Intrum Justitia.

   Por su parte, en la cola del ranking sigue apareciendo el sector utilities (gas, agua y energía) con un 1,8%, aunque este año registra un incremento después de cuatro años de estabilidad en el 1,5%.

   En términos generales, la media europea de pérdidas por impagos se ha incrementado hasta el 2,8%, un porcentaje que registra una tendencia al alza desde 2007 cuando la media era del 1,9% (2,7% en 2011, 2,6% en 2010 y 2,4% en 2009). Este porcentaje se traduce en unas pérdidas por impagos de 340.000 millones de euros, según apunta el informe.

   Así, uno de cada dos autónomos afirma tener problemas de liquidez debido a la morosidad y el 53% indica que se ha incrementado el retraso en el pago por parte de sus clientes. Según el estudio, el retraso en el pago "es mayor en el sector público y empresas", puesto que tardan 15 días después de la fecha de vencimiento, hasta alcanzar los 45 días.

Las administraciones públicas adeudan 5.500 millones a los autónomos

MADRID.- Las administraciones públicas deben actualmente a los trabajadores autónomos en torno a 5.510 millones de euros, que corresponderían a las deudas acumuladas desde enero hasta finales de noviembre de 2012 así como a las facturas pendientes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores, según el observatorio del trabajo autónomo de ATA.

   La Federación de Autónomos agrega también que los entes públicos tardan un tiempo medio de 163 días en pagar las facturas atrasadas al colectivo de autónomos y pymes, por lo que denuncian que "se está incumpliendo la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la Unión Europea, que obligará a las administraciones en 2013 a pagar en 30 días".

   En concreto, la encuesta realizada por la patronal de autónomos revela que cuatro de cada diez autónomos (40,5%) tarda en cobrar más de seis meses y sólo el 11,8% cobra antes de 90 días de las administraciones públicas.

  El análisis apostilla que las administraciones públicas de Cataluña son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas, como refleja que la deuda ascienda a 922 millones de euros en este territorio, un 16,7% del total de la deuda española total con los autónomos.

   Las siguientes administraciones públicas que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son las de Andalucía (789 millones de euros, un 14,3% del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (772 millones de euros, un 14%) y Madrid (558 millones de euros, un 10,1% del total ). Así, las administraciones públicas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 55,1% de la deuda pública con los autónomos y microempresas.

   De su lado, los entes de Navarra y La Rioja son las que menos facturas adeudan a los autónomos, con una estimación de 48 y 35 millones de euros, respectivamente, lo que representa un 0,9% del total de la deuda española en el caso de la primera y un 0,6% en el de la segunda.

   Al desglosar los plazos medios de pago por comunidades autónomas, los entes públicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional. La media del periodo de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes es 167 días en ambas comunidades.

  Por encima de la media autonómica nacional - 163 días - también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días, y Castilla La Mancha y la Región de Murcia, ambas con 164 días  de espera de las deudas que las Administraciones Públicas tienen contraídas con ellos.

    En cuanto al tiempo medio de cobro por territorio, las administraciones catalana y valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional, con una media del periodo de pago de facturas atrasadas que se acerca a los 167 días. Por encima de la media autonómica nacional también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días.

   Las administraciones asturianas mantienen la media de pago nacional con sus autónomos, concretamente los trabajadores por cuenta propia del Principado tardan 163 días, de media, en recibir el pago de las facturas que les son adeudadas. Con periodos medios de pago inferiores a la media nacional se sitúan Canarias (151 días), Aragón (145 días) o Cantabria (139 días).

   Por su parte, los organismos públicos de La Rioja (55 días), Navarra (51 días) y País Vasco (49 días) son las que menos tardan en pagar a autónomos y pymes "y las que más se acercan a la Ley de Morosidad", recuerdan.

   Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, las administraciones públicas con este volumen de deuda a los autónomos "continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas".

El Gobierno abona más de 1.100 millones en facturas pendientes de proveedores

MADRID.- El Gobierno central ha abonado más de 1.100 millones de euros en facturas pendientes de proveedores de las nueve comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

   Esta cantidad corresponde al segundo de los tres tramos del FLA destinado a Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Asturias y Cantabria. De esta forma, la deuda de estas regiones con proveedores se ha reducido un 49,9% durante este ejercicio.

   El plan de aplicación del FLA, remitido a las comunidades autónomas el pasado 25 de septiembre, especificaba que los importes percibidos por las regiones del FLA deberían destinarse obligatoriamente al pago de determinados conceptos.

   En primer lugar, hacer frente a los pagos de sus vencimientos de deuda pública, tanto de principal como de intereses, y posteriormente, las cuantías dirigidas a cubrir las necesidades de financiación del déficit público autorizado, tienen como destino obligatorio el pago de proveedores.

La recesión multiplica las deudas de empresas y familias con las CCAA

MADRID.- Lo  ‘normal’ es que las administraciones territoriales -comunidades y ayuntamientos- tarden mucho en pagar a sus proveedores. Pero lo que realmente es novedoso es que sean las familias y las empresas quienes acumulen cuantiosas deudas con la Administración. Y eso es, exactamente, lo que está sucediendo en la actualidad. Sin duda, por el deterioro de la renta disponible de los agentes económicos derivada de la recesión, dice hoy 'El Confidencial'.

Según los datos remitidos por los 17 gobiernos regionales a Hacienda, los derechos pendientes de cobro -lo que el sector privado debe a las haciendas autonómicas- han aumentado durante los primeros nueve meses de este año en 5.875 millones de euros. De esta cantidad, el 45% tiene que ver con retrasos en el pago de impuestos, y el resto procede de conceptos no estrictamente tributarios. 

Esta cifra, sin embargo, hay que minorarla debido a que las haciendas autonómicas han logrado recuperar 1.893 millones procedentes de ejercicios anteriores. En todo caso, las deudas rozan los 3.100 millones de euros. Andalucía es, con diferencia, la comunidad que cuenta con mayores dificultades para cobrar. La deuda de los andaluces con la Junta ha crecido en 1.275 millones de euros en lo que va de año, y a continuación se encuentra País Vasco (966 millones). Tan sólo en Canarias y La Rioja ha bajado algo, pero de forma irrelevante. En los dos casos por debajo de los 25 millones. 

Esta cantidad contrasta con la evolución de lo que adeudan las comunidades autónomas a sus proveedores, que está bajando de forma relevante. En concreto, y según Hacienda, las obligaciones pendientes de pago -lo que debe el sector público al privado- ha descendido en 5.816 millones hasta septiembre. En este caso, la variación tiene que ver con el Plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, que ha supuesto un antes y un después. 

Las mejores regiones

Los datos aparecen en la ejecución mensual presupuestaria remitida por los gobiernos regionales a Hacienda, y ponen de manifiesto que tres comunidades -Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid- llevan el peso del proceso de puesta al día de sus pagos a proveedores. En los dos primeros casos, por encima de los 1.540 millones de euros, y en el tercero 1.237 millones. Por el contrario, y según Hacienda, las obligaciones pendientes de pago han crecido a lo largo de 2012 en tres regiones: Comunidad Valenciana (620 millones); Castilla y León (203 millones) y Murcia (111 millones), que han visto aumentar sus deudas pese al plan de pago a proveedores.

La información de Hacienda  es relevante porque supone la foto más actual -la información se hace pública de forma trimestral- sobre la liquidez de las comunidades autónomas, y revela que las obligaciones pendientes de pago de los gobiernos regionales asciende a 30 de septiembre a 12.988 millones de euros. La cantidad, como se ha dicho, representa un fuerte descenso respecto  a años anteriores gracias al plan de pago a proveedores.

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.

   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".

   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".

   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".

 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

La mora de los promotores alcanza el máximo histórico del 22,9%

MADRID.- La tasa de morosidad de los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias alcanzó el 22,8% en el primer trimestre, con 67.421 millones de euros, la cifra más elevada la historia, según datos del Banco de España.

   De esta forma, mientras persiste la sequía del crédito para la compra de viviendas, la mora de los promotores se ha más que triplicado desde 2008, año en el que alcanzó los 19.416 millones de euros, iniciando una progresión ascendente que aún no ha finalizado.

   Así, el dato al cierre de este primer trimestre supera en más de siete puntos porcentuales el del mismo periodo de 2011 (15,2%) y refleja que estas empresas afrontan también un 2012 complicado.

   En datos absolutos, el saldo de préstamos dudosos en el apartado de actividades inmobiliarias se situó en marzo en 67.421 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 5.000 millones de euros respecto al cierre de 2011 y de casi 20.000 millones respecto a marzo de 2011.

   Al mismo tiempo, los créditos totales para actividades inmobiliarias alcanzaron los 295.696 millones de euros, un 0,8% menos que al cierre de 2011, y un 5,2% inferior al primer trimestre del pasado año.

   Asimismo, la tasa de impago de los créditos para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria alcanzó en el primer trimestre el 3%, tres décimas por encima del nivel alcanzado en 2011, del 2,7%.

   El saldo de créditos hipotecarios dudosos alcanzó a cierre del pasado trimestre 18.326 millones de euros, mientras que el saldo total de préstamos para la compra de vivienda con garantía hipotecaria cerró en 608.763 millones.

   Así, los créditos hipotecarios se han reducido un 0,6% respecto al cierre de 2011 y un 0,9% en relación a los suscritos en el primer trimestre del pasado año, en claro reflejo de la caída de las compraventas de viviendas que, a su vez, está detrás de las dificultades por las que atraviesan los promotores.

   Este ratio de morosidad hipotecaria se mantuvo por debajo del 1% hasta marzo de 2008. A partir de junio de ese año comenzó a registrar un mayor repunte, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis, y a cierre de ese mismo ejercicio ya superaba el 2%.

   El mayor incremento se produjo precisamente en el tercer y cuarto trimestre de 2008, cuando se elevó en 0,60 puntos y en 0,50 puntos porcentuales. Desde 2009 la morosidad hipotecaria continuó su ascenso, aunque más moderado, ya que se situó en el entorno de las tres décimas.

El Gobierno estudia crear un registro público de inquilinos morosos

MADRID.- El Gobierno contempla la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar de este modo el arrendamiento, según contempla el 'Programa Nacional de Reformas 2012' remitido por el Gobierno a la Comisión Europea (CE).

   El Ejecutivo quiere "impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos" por lo que, afirma, está "estudiando la posibilidad" de crear este registro donde figuren los nombres de los arrendatarios conflictivos.

   Para darle un marco legal a este registro y la inclusión de los datos de los inquilinos, el Gobierno plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

   Esta propuesta está incluida en el apartado de medidas de dinamización del mercado de alquiler, que también contempla una flexibilización de la duración del contrato de arrendamiento, sin especificar cuál sería la modificación. Actualmente, a partir del primer año, el inquilino tiene  derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de cinco años.

   Por otro lado, el Gobierno fomentará el alquiler de las viviendas vacías mediante medidas fiscales, como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler.

   Asimismo, el informe propone una reformulación del sistema de valoraciones y una búsqueda de mecanismos para la homogenización del valor del suelo, de forma que no persistan los tres valores diferenciados actuales (fiscal-catastral, expropiatorio y financiero-hipotecario).

   El Gobierno contempla también la posibilidad de unificar las distintas ayudas al alquiler vigentes para que los ciudadanos puedan acudir a una "ventanilla única", dando prioridad a las personas con bajos niveles del renta e incluyéndolas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.

   Por último, el Ejecutivo llevará a cabo un Plan estatal para la regeneración urbana y el alquiler (2013-2016) con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, dar salida a las viviendas vacías y fomentar el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis.

   El plan contempla la definición de vivienda protegida destinada al alquiler con opción a compra, el fomento del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos e impulsar la rehabilitación.

   El Gobierno pretende con estas medidas impulsar el mercado del alquiler, ante el parón del mercado de la propiedad. Así, el Gobierno recuerda en el documento remitido en el que se detalla el Plan de Estabilidad para 2012-2015, que la demanda de viviendas ha registrado caídas "muy acusadas" en 2011 y que es previsible "un ajuste lento del mercado".

   Concretamente, prevé que las viviendas iniciadas se reactiven "muy suavemente", sólo compensando la reducción del 'stock' de inmuebles sin vender.

   De esta forma, se pasará de unas 90.000 viviendas iniciadas en 2011 a unas 105.000 viviendas en 2015, lo que implicará, al menos, "leves tasas" de crecimiento interanuales positivas en los indicadores de inversión inmobiliaria residencial durante 2014 y 2015.

Botella dice que "no tiene facturas ocultas en los cajones"

MADRID.-   La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha afirmado este lunes que el Ayuntamiento de la capital "no tiene facturas ocultas en los cajones" y que "tiene voluntad de pagar" las facturas pendientes, al tiempo que ha anunciado que arbitrará un sistema de pronto pago para las deudas futuras a proveedores.

   Por eso, durante su discurso en el foro 'La Razón de', organizado por el diario 'La Razón', Botella ha asegurado que "es el momento de pagar".

 "Como es bien sabido, además, no tenemos facturas ocultas en los cajones y tenemos voluntad de pagar. Por eso quiero anunciarles aquí mi compromiso firme para que el Ayuntamiento de Madrid no vuelva a demorarse en el futuro en el pago a sus proveedores", ha manifestado.

   En este sentido, el alcalde ha asegurado que el Área de Hacienda va a actuar en esa línea. "En cuanto nos hayamos puesto a cero de la deuda comercial acumulada, arbitraremos un sistema de pronto pago en las facturas futuras de nuestros proveedores. Y que lo hagamos a la mayor celeridad posible. El mensaje es muy claro: No volverá a haber retrasos. Es el momento de pagar y es el momento de cumplir", ha reiterado.

   La primer edil matritense ha reconocido que el Consistorio ha demorado "más de lo que hubiese deseado" el pago a los empresarios que prestan servicios al Ayuntamiento, porque esa deuda comercial con los proveedores "agrava sus problemas de liquidez". 

"Por eso recibimos como una muy buena noticia la decisión del Gobierno de España anunciar un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales", ha apuntado.

   Botella ha explicado que esta mañana el ministro de Economía, Luis de Guindos, "ha expuesto con toda claridad cómo va a ser esta nueva medida" que consistiría, según ha indicado, en un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales que tendrá un importe de 35.000 millones de euros.

   Como ha dicho el ministro De Guindos, es una de las operaciones financieras más importantes llevadas a cabo por las entidades financieras españolas. Contará con la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con el aval del Tesoro Público. "Sabemos que se trata de un mecanismo para el pago de la deuda comercial de los Ayuntamientos que convertirá en deuda financiera a medio y largo plazo toda nuestra deuda comercial acumulada", ha proseguido.

   "Y creo sinceramente que si conseguimos estar a la altura, esta medida del Gobierno de la Nación puede ser una auténtica revolución en las relaciones de la Administración con los administrados. Creo, además, que permitirá a las empresas dedicar sus esfuerzos a lo que es su tarea: ofrecer los mejores bienes y servicios al mejor precio posible, en lugar de preocuparse por si podrán o no cobrar --o por cuándo podrán cobrar-- por los mismos", ha esgrimido.

   Así, con el mecanismo de pago a proveedores aprobado el viernes, el Gobierno de España va a inyectar más de un 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a las empresas españolas con el fin de que no continúen ahogadas por el retraso en los pagos de las Administraciones Locales.

   "Y eso es, en sí, una muy buena noticia para nuestra economía. Lo es porque son las empresas las que crean empleo y riqueza. Y lo es también porque nos obliga, como Administraciones Públicas, a una mayor celeridad en los futuros pagos a proveedores", ha declarado.

   La regidora madrileña ha apostado por "asumir este reto" pero también a pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy un nuevo sistema de financiación para las Administraciones Locales "que sea estable y sostenible en el tiempo".

   "La reforma del modelo de financiación local es una reclamación conocida, justa y pendiente. Una reclamación que no empaña lo más mínimo nuestro compromiso por ponernos a la cabeza en el cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria y reordenación del gasto público que la situación requiere", ha apuntado.

   Para Botella, esta reclamación que debe formar parte de las reformas estructurales que necesitan las Administraciones Públicas. "Como primera reforma imprescindible necesitamos evitar y suprimir las duplicidades en la prestación de servicios que realizan unas y otras administraciones. Necesitamos urgentemente una simplificación real y una distribución competencial real", ha añadido.

   Bajo este prisma, ha recordado que en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid ya están trabajando en esa línea para evitar las duplicidades. Pero ése es un trabajo que nos afecta a todas las Administraciones. Todas necesitamos una redefinición de competencias como paso previo para poner en marcha un nuevo modelo de financiación local que sea estructuralmente estable y sostenible en el tiempo", ha destacado.

   A continuación, Botella ha mostrado su "firme compromiso" con los madrileños, un compromiso "que surge de la responsabilidad que exige la difícil situación que atravesamos, y de vocación de servicio hacia los madrileños y, por encima de todo, al país".

   "Y voy a cumplir ese compromiso por responsabilidad y con responsabilidad, porque hoy por hoy nadie puede prometer una España sin problemas, ni un Madrid sin problemas. Lo que sí podemos hacer es comprometernos a trabajar con seriedad para resolverlos", ha agregado.

   "Estoy convencida de que de esta crisis podremos salir, pero saldremos si trabajamos juntos por ese objetivo común bajo el liderazgo del Gobierno de la Nación. No saldremos si cada Administración busca soluciones particulares que no piensen en el interés común de España. Porque España ha avanzado siempre que hemos trabajado unidos por vínculos sólidos y compromisos firmes", ha finalizado.

El Gobierno regulará este viernes el pago de deudas de las administraciones públicas con las empresas

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un "mecanismo", que irá "más allá del ICO" y contará con la colaboración de las entidades financieras, para "liquidar" la deuda comercial que tienen pendiente todas las administraciones, incluidas las haciendas forales, con sus proveedores.

   Según ha dicho, esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas, que no ha cuantificado pero ha calificado de "considerables", "en el plazo de semanas, en los próximos meses".

   Montoro, que ha aprovechado una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Senado, ha señalado que este "procedimiento" está siendo ultimado "estos días" en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad.

   Los servicios jurídicos de ambos gabinetes están estudiando si este nuevo "esquema de financiación de proveedores", como también lo ha denominado, requiere cambios normativos que el Gobierno "llevaría adelante".

   Según ha argumentado posteriormente en declaraciones a los medios, esta nueva medida tratará de ir "más allá" de las líneas ICO aprobadas hasta la fecha que, según ha dicho, "han sido infrautilizadas" y "no llegaron a buen término". "Se trata de sortear los obstáculos que se plantearon entonces", ha añadido, para indicar a continuación que, con todo, el ICO "podría estar presente".

   Por otro lado, este mecanismo supondrá "una gran operación financiera" que el Estado "está en condiciones de acometer". Y es que el Gobierno pretende que sea un mecanismo "ágil", de forma que los proveedores no tengan que pasar por las administraciones para cobrar, sino que "puedan ir directamente a las entidades financieras".

   "Se trata de que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España", ha dicho.

   Montoro ha asegurado que esta nueva medida será "fundamental" para recuperar el ánimo de la Ley de Morosidad y supondrá una "inyección" económica para España. "Un país serio es el que cumple con el objetivo de déficit público, en el que las administraciones públicas cumplen con su deuda comercial", reiteró.

   "Vamos a dar certeza de que somos un país que cumple y trasladaremos al sector privado que los plazos de las deudas comerciales deben abonarse en los plazos establecidos por la Ley de Morosidad vigente", apostilló.

La deuda de las administraciones públicas madrileñas con las empresas proveedoras triplica la morosidad financiera

MADRID.- La deuda de las administraciones públicas en la Comunidad de Madrid con las empresas proveedoras de servicios externalizados supone el triple de la tasa de la morosidad financiera, según estimaciones de la Federación Regional de Servicios de UGT en Madrid (FeS UGT Madrid).

   La morosidad del sector público se sitúa "como mínimo" en el 21 por ciento, algo "sencillamente inadmisible" para el secretario general de esta federación, Roberto Tornamira, quien ha criticado también que se esté destruyendo empleo desde las propias administraciones y que se plantee, como lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una bajada de los impuestos.

   "¿Cómo se puede hablar de bajar impuestos en Madrid cuando se les debe cientos de miles de euros a empresarios pequeños y medianos que lo que están haciendo para paliar el problema es destruir empleo, no pagar las nóminas y llevar a los trabajadores a una situación insostenible?", se ha preguntado.

   El sindicato calcula que las demoras de los pagos a las empresas --lo que posteriormente repercute en el abono de nóminas o destrucción de empleo ante la obligación de ajustar gastos-- se sitúa en unos once meses. "Las propias patronales hablan de un 23 por ciento, y recuerdo que los bancos soportan una morosidad del 7,5 por ciento. Y se les está dando dinero público para que la hagan frente", ha apostillado Tornamira.

   Frente a esta situación, el sindicato ha elaborado un dossier con empresas que mantienen deudas con trabajadores y ha instado a estas a hacer frente a las administraciones, con la "sorpresa" en ocasiones de que "los empresarios no colaboren en la defensa de su propia empresa".

   Tornamira ha dicho haber comunicado a patrones y asociaciones empresariales estar dispuesto a "ir de la mano" en estas reivindicaciones, y que estos, "por miedo a enfadar a su cliente, no hacen nada". "Y no se dan cuenta que les están llevando de cabeza a la situación de proceso concursal", ha lamentado.

   "Tenemos que defender a las empresas para defender los empleos y que paguen las nóminas. Lo que no admitimos es que las empresas nos tome de rehenes y que el empresario pretenda lanzarnos contra las administraciones públicas para que los trabajadores vayan a la huelga, encima nos cuesta el salario, el riesgo de despido, el conflicto", y todo ello "para motivar al cliente a que pague", ha dicho.

   Además, ha denunciado que muchas empresas que se presentan a los concursos públicos son conscientes de que no podrán asumir los plazos de pago con sus trabajadores y que "tiran los precios". Es decir, ofrecen sus servicios por un precio muy bajo para ser elegida en el concurso público.

   Un ejemplo, según ha dicho el sindicato, es Esabe, adjudicataria de servicios en dependencias públicas --Juzgados, Tesorerías de la Seguridad Social, Consejería de Sanidad, Centros de Salud de las áreas 2, 3, 4 y 5, Delegaciones de Hacienda y la Universidad Autónoma, según UGT--.

   "Esta empresa entra a prestar el servicio porque ninguna otra se presenta a los concursos, 'tira' los precios, es sabedora de que no va a poder cumplir con la normativa vigente ni con las condiciones del convenio, pero aun así la señora Esperanza Aguirre le sigue dando servicios", ha criticado.

   A trabajadoras de esta empresa se le han abonado en febrero las nóminas de diciembre. "Están trabajando con 60 días de financiación de la empresa. Y los trabajadores no somos bancos, no somos entidades financieras. Nosotros no tenemos un FROB. A nosotros la Administración central no nos da dinero del erario público para pagar las necesidades básicas de nuestras familias", ha señalado.

   A otros, como las encargadas de limpiar el Conservatorio de Música, se les adeuda parte de las nóminas de enero, febrero y marzo de 2011, y las de los pasados meses de noviembre y diciembre, así como la paga de navidad, han sido abonadas a principios de mes.

   Estos son ejemplos que forman parte de trece casos denunciados por el sindicato este viernes para advertir de un problema que afecta sobre todo a adjudicatarias de limpieza y seguridad. En este sentido, FeS UGT Madrid ha lamentado que a la hora de elaborar este informe no hayan tenido acceso a las deudas de las administraciones.

   Únicamente una empresa, Sasegur, ha proporcionado datos de unas deudas de la Administración pública que superan los 5 millones de euros entre la Consejería de Cultura y Deporte (1,24 millones de deuda), Metro de Madrid (625.000 euros) y el Ayuntamiento de la capital (491.000 euros). Los impagos con los distintos hospitales donde prestan servicios se sitúan cerca de los cuatro millones de euros (3,8 millones de euros).

   Muchos de los impagos o retrasos en las nóminas de los trabajadores se dan en empresas que realizan servicios en dependencias sanitarias de la Comunidad. Además de Sosegur y Esabe, están los casos de Provinen Seguridad (Hospital Clínico, Príncipe de Asturias y Torrejón), y Alerta y Control del Grupo PJC (Hospital 12 de octubre, Ramón y Cajal y Antiguo Hospital Puerta de Hierro).

   Otros casos son los de las deudas con ayuntamientos, donde, según ha querido matizar Tornamira, no se trata de "un problema de color político". Dos de los ejemplos significativos son los de los ayuntamientos de Parla y Alcorcón. Precisamente, el sindicato ha anunciado que presentará una denuncia al alcalde de este municipio, el popular David Pérez.

   En el municipio, hay convocada una huelga indefinida en varias empresas que operan en dependencias públicas. "El alcalde dice que no se están cumpliendo los servicios mínimos. Lo que no hay es una plantilla mínima", ya que, según ha sostenido "no llega a las necesidades del servicio.

   Ante todo, esto, desde el sindicato han remitido una treintena de alcaldes, gerentes de hospitales para que encuentren soluciones a estos impagos, y a los directores generales de las empresas implicadas para que "se alíen" y "se autoayuden en la defensa de su empresa". Además, han convocado junto con CC.OO. una concentración frene a la sede de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) el próximo 23 de febrero.

   "Creo que es hora de que la señora Aguirre deje de esgrimir una situación económica idílica, pero que es falsa. Dice que es de las comunidades menos endeudadas, pero claro, si no apunta las deudas que tiene, el balance arroja un número, pero que es falso", ha aseverado.

La morosidad de las administraciones supone un foco de destrucción

MÁLAGA.- El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, ha advertido este sábado de que la morosidad en las administraciones públicas supone "un foco de destrucción de empresas, autónomos y empleo", por lo que ha destacado la necesidad de que haya austeridad en las mismas como "medida de apoyo" al sector.

   En concreto, ha explicado, en la Convención Regional del PP que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta este domingo, que "el derroche" genera morosidad pública, la cual ha supuesto 36.000 autónomos y 94.000 empleos menos. Asimismo, ha indicado que estas administraciones adeudan 2.242,23 millones a los autónomos andaluces, que ya han adelantado 251 millones en concepto de IVA de facturas no cobradas.

   Además, ha señalado que la deuda de las administraciones públicas generan menos crédito disponible para empresas, autónomos y familias, ya que, según Amor, copan "el 70 por ciento" del mismo. Por ello, ha enumerado algunas medidas que, a su juicio, debieran ponerse en marcha para afrontar esta situación, como un régimen sancionador para los gestores públicos que no cumplan "escrupulosamente" con la Ley de Morosidad.

   Asimismo, el presidente de Autónomos-ATA ha considerado necesario una "priorización" de los pagos a autónomos y pymes, así como llegar a un acuerdo para poner en marcha una línea ICO solicitada y gestionada por las entidades financieras para poder cobrar facturas impagadas con un importe inferior a 6.000 euros.

   La hoja de ruta planteada por la federación, que aboga por "un giro radical" en la política económica andaluza y "una idea clara de hacia donde enfocar las medidas y las reformas necesarias para una salida definitiva y duradera de la crisis y una economía saneada y competitiva"; se sustenta en otros tres ejes.

   En primer lugar, actuar sobre las relaciones laborales, el diálogo social, el empleo y la formación, con una mesa del autónomo para el desarrollo de la Ley Andaluza del Autónomo; garantizar la liquidez en los pequeños negocios, y, por último, la puesta en marcha de un plan o una ley integral para fomentar las iniciativas del emprendedor.

   En este punto, ha mencionado la autorización "única y express" para la creación de empresas válida en todo el territorio nacional; la creación de una red de oficinas técnicas de asesoramiento al emprendedor; cotizaciones sociales en los primeros 24 meses para los menores de 30 años y mayores de 45; la creación de un fondo de capital semilla mixto público-privado y la inclusión de asignaturas sobre emprendimiento desde el inicio del sistema educativo.

   Amor ha lamentado que "durante la crisis se ha asistido con indiferencia a la desertización del tejido empresarial andaluz y a la desaparición de miles de autónomos". Es decir, "se ha intentando combatir las consecuencias, el paro, pero no el origen, la destrucción de empleo, igual que cuando se combate la fiebre, pero no la enfermedad", ha explicado.

El número de empresas morosas cae hasta niveles de 2009

MADRID.- El número de sociedades morosas se situó en 116.986 en el acumulado del año hasta mayo, un 2,1% por debajo de las 119.581 registradas en los cinco primeros meses de 2009, según el informe 'Radar de impago empresarial' publicado por Axesor.

   El estudio, que muestra la evolución de los impagos entre empresas, revela que esta cifra mejora un 13,4% el dato de morosidad de los cinco primeros meses de 2010.

   Según el tamaño de la compañía, las pymes son las únicas que logran reducir el número de sociedades activas morosas, un 14,94% en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010.

   La gran empresa, por su parte, registra un incremento en el número sociedades con incidencias por incumplimiento de pago del 9,15%. Del total de empresas morosas que hay en España, 116.632 son pymes y 354 grandes empresas, señala el informe de Axesor.

   Por regiones, Andalucía encabeza el ranking de empresas morosas en España, con 24.875 compañías. Le siguen Madrid, con 19.765, y Valencia, con 16.304.

   En el lado opuesto se encuentran Ceuta y Melilla, Navarra y La Rioja, que registran las cifras más bajas de morosidad empresarial, con 237, 618 y 776 sociedades con impagos, respectivamente.

   Según el informe de la consultora, las sociedades mercantiles canarias son las que han registrado un ratio de incumplimiento más elevado (12,4%), seguidas de las empresas ubicadas en Andalucía (12,2%), Ceuta y Melilla (11,5%) y Murcia (11,4%).

   Por contra, País Vasco (4%), Navarra (4,5%), Cataluña (5,6%) y Castilla y León (6,2%) son las comunidades autónomas donde el porcentaje de sociedades morosas sobre el total del tejido empresarial activo ha sido menos elevado entre enero y mayo.

   Por sectores, el de la hostelería es el que presenta un mayor ratio de incumplimiento, con un 13,4% de sus sociedades envueltas en casos de morosidad, seguido del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, con un 11,6%.

   En el extremo opuesto se sitúan las compañías pertenecientes al sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un ratio de incumplimiento del 1,8%.

La Comunidad de Madrid debe 322,8 millones a autónomos

MADRID.- La Comunidad de Madrid debe 322,8 millones de euros a los autónomos de la región en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que estos empresarios han adelantado a la administración autonómica y que aún no les ha sido devuelto, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

   Según el documento, los autónomos españoles han adelantado más de 1.638,8 millones de euros que aún no han cobrado, el 66,9 por ciento de los cuales se concentra en Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

   Así, la Comunidad de Madrid es la segunda región más deudora, por detrás tan solo de Cataluña, que acumula 392,6 millones de retrasos, según ATA.

   Por detrás están Andalucía (200,7 millones), Comunidad Valenciana (180,5 millones), País Vasco (87,3 millones), Galicia (84 millones), Aragón (58,4 millones), Murcia (53,5 millones), Castilla-La Mancha (53 millones) y Castilla y León (52,1 millones).

    Con adelantos de IVA inferiores a los 50 millones de euros se sitúan las Islas Baleares (32,3 millones), Canarias (29,8 millones), Navarra (26 millones) y Asturias (24,2 millones).

    En el extremo opuesto, además de las ciudades autónomas de Ceuta (0,5 millones de euros) y Melilla (0,1 millones de euros), se sitúan Cantabria y La Rioja, comunidades que han adelantado a las arcas públicas 9,9 y 13,2 millones de euros, respectivamente.

   "El Estado está actuando como una sanguijuela con los autónomos, obligando a pagar el IVA de las facturas no cobradas y teniendo en cuenta que a día de hoy las administraciones públicas adeudan 13.300 millones de euros a los autónomos, cantidad que supone un incremento del 10 por ciento con respecto a primero de año", ha reprochado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

   Por ello, ha reclamado un cambio "inmediato" en el sistema de tributación del IVA para aplicar la directiva comunitaria 2010/45/UE del 15 de julio que "permite a los países el cambio del abono de las facturas al criterio de caja".

    "Queda patente que no hay voluntad política de cambio. El Gobierno desoye la directiva europea, incumple los acuerdos alcanzados en la Mesa del Autónomo el 5 de mayo de 2009 con las organizaciones de autónomos, y acumula ya 51 aplazamientos en el trámite de enmiendas a la Proposición de Ley del Partido Popular que pretende cambiar el actual sistema de tributación de IVA para que se abone una vez que se cobren", ha lamentado Amor.

   Finalmente, ha considerado "necesario" que "se tramite ya esta medida por la vía de urgencia dado que, con la actual coyuntura económica, que un colectivo tan duramente castigado como el de los autónomos, con la morosidad y la falta de accedo al crédito que padece, tenga encima que financiar a través de un IVA del 18 por ciento a las administraciones, supone una gran injusticia".

La mora de los promotores sube hasta el 15,24%, la más alta de la historia

MADRID.- La tasa de morosidad de los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias repuntó en el primer trimestre del año hasta el 15,24%, la cifra más elevada la historia, según datos del Banco de España. 

   El dato de marzo supera en 1,2 puntos el del cierre de 2010 (13,97%) y en 4,4 puntos el nivel del primer trimestre del ejercicio anterior (10,85%). La crisis ha puesto en un díficil situación a estas empresas, que afrontan un 2011 complicado, ya que la mora podría seguir creciendo.

   El saldo de préstamos dudosos se situó en marzo en 47.648 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 3.000 millones de euros respecto al cierre de 2010 y más de 12.000 millones respecto a marzo de 2010. Los créditos totales para actividades inmobiliarias alcanzaron 312.641 millones de euros, un 1% menos que a cierre del pasado año.

   Por entidades, los bancos lideran este capítulo de morosidad, con un 15,87% y un total de 21.424 millones de euros en créditos dudosos. Las cajas de ahorros se colocan en segundo lugar, con un 14,83% y 24.099 millones de créditos morosos.

   Asimismo, las cooperativas de crédito tenían 1.426 millones de euros en créditos dudosos, lo que situaba su morosidad en el primer trimestre en el 13,58%, mientras que los establecimientos financieros de crédito tenían una mora del 8,28%.

   Asimismo, la tasa de impago de los créditos para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria alcanzó en marzo en el 2,41%, levemente por debajo del nivel de 2010, cuando cerró en el 2,40%. Estas tasa reflejan que el endeudamiento de las familias se ha contenido.

   Este ratio de morosidad se mantuvo por debajo del 1% hasta marzo de 2008. A partir de junio de ese año comenzó a registrar un mayor repunte, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis, y a cierre de ese mismo ejercicio ya superaba el 2%.

   El mayor incremento se produjo precisamente en el tercer y cuarto trimestre de 2008, cuando se elevó en 0,60 puntos y en 0,50 puntos porcentuales. A lo largo de 2009 la morosidad hipotecaria ha continuado su ascenso, aunque más moderado, ya que se ha situado en el entorno de las tres décimas.

    El saldo de créditos hipotecarios dudosos alcanzó a cierre del pasado ejercicio 14.863 millones de euros, mientras que el saldo total de préstamos para la compra de vivienda con garantía hipotecaria cerró en 614.432 millones.

   En este capítulo, las cajas y los bancos empatan, ya que ambas entidades cerraron el primer trimestre del año con una tasa del 2,34%. Las cooperativas de crédito situaron su morosidad hipotecaria en el 1,84% y los establecimientos financieros de crédito en el 10,28%.

Alertan de que las administraciones públicas se están financiando con el retrasao de pagos a los proveedores

BARCELONA.- La Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (Asset) ha alertado de que las demoras de pago de las administraciones a sus empresas proveedoras está provocando cierres por falta de liquidez.

   En la asamblea anual de Asset, el presidente de la entidad, Josep Badia, ha defendido que para salir de la crisis "hay que hacer muchas cosas, la primera, cumplir las leyes, por ejemplo la ley de morosidad".

   En este sentido, ha argumentado: "No podemos permitir que nuestras empresas substituyan, de facto, a las entidades financieras como entes financiadores de la Administración pública".

   Por otro lado, Badia ha abogado por la simplificación administrativa, y en este sentido ha celebrado la ley omnibus impulsada por la Generalitat.

   Asimismo, ha reivindicado: "Las empresas precisan que las leyes sean claras, duraderas y den pie a pocas interpretaciones. Es por eso que, leyes como la Reforma Laboral y también la de la Reforma de la Negociación Colectiva, que se pueden convertir en normas abstractas, difusas, poco concretas y poco perdurables en el tiempo, hacen un flaco favor a la recuperación económica".

Las empresas madrileñas tardan entre 22 y 32 días en pagar

MADRID.- Las empresas madrileñas tardan en pagar a sus proveedores una media de 22,32 días, 24 horas más que la media nacional, que se sitúa en 21,24 días, según el estudio realizado por Informa D&B.

   El 58,92 por ciento de las empresas españolas no ha respetado las condiciones de pago pactadas con sus proveedores en el primer trimestre del año, frente al 57,13 por ciento que no las cumplió en el último trimestre de 2010.

   El plazo medio de retraso de pago fue de 21,29 días, un empeoramiento de 0,42 días respecto a los 20,87 días de media registrados en los tres últimos meses de 2010.

   Los importes de las facturas analizadas suman 8,69 millones de euros, de los que el 27,89 por ciento se pagó puntualmente; la mayor parte, el 66,25 por ciento, se abonó con un retraso de hasta 30 días, y el 1,41 por ciento con un retraso superior a 120 días.

   España y Portugal fueron los dos países europeos que pagaron con mayor retraso respecto a los plazos acordados, superando una demora de 20 días (29,98 para Portugal). La media europea fue de 13,42 días en el primer trimestre. Los periodos establecidos para los pagos en España oscilan generalmente entre 90 y 120 días, situándose entre los más altos de Europa.

   La Administración pública superó los 40 días de pago de las facturas, con una media de retraso de 40,36 días. En el sector de la construcción esta cifra se situó en 33,48 días y en las actividades inmobiliarias en 33,20 días.

   Los sectores que se situaron por debajo de la media nacional fueron los transportes y comunicaciones (21,24 días), educación, (21,05), agricultura e industrias extractivas (21,03), energía (20,40) y solo dos por debajo de los 20 días estuvieron la industria manufacturera (18,57), el comercio y la reparación de automóviles (17,14).

   Respecto a la distribución geográfica, el comportamiento de pagos de las empresas refleja una marcada división entre el Norte y el Sur de España. Todas las comunidades del Sur superan la media nacional, excepto Ceuta, mientras que todas las del Norte están por debajo.

   Las comunidades donde se registraron los mayores retrasos fueron las Islas Canarias (39,46 días), Andalucía (30,59) y Murcia (29,93), si bien redujeron la media respecto al trimestre anterior.

   En el otro extremo, se situaron el País Vasco, con una media de 11,65 días, Navarra (13,54) y Aragón (14,57). Sin embargo, en este caso todas ellas incrementaron sus cifras frente al último trimestre de 2010. La Comunidad de Madrid superó ligeramente la media nacional, con 22,32 días, mientras que Cataluña se situó por debajo, con 18,94 días.

   El 47,91 por ciento de las microempresas y el 39,51 por ciento de las pequeñas empresas cumplieron con los plazos de pago pactados frente al 22,20% de las medianas y el 8,95 por ciento de las grandes empresas.

   La mayoría de las empresas medianas y grandes pagan en un plazo de hasta 30 días, 65,32 y 79,82 por ciento respectivamente, mientras que esta cifra es más baja en el caso de las micro y pequeñas empresas, del 35,65 y del 47,18 por ciento respectivamente.

   Todos los tipos de empresas empeoran su comportamiento de pagos respecto al último trimestre de 2010, aunque las más afectadas son las pequeñas empresas que suben su media en 0,64 días, si bien son las microempresas las únicas que presentan un retraso superior a la media española, con 22,80 días.