MADRID.- El Gobierno español ha dado hoy luz verde, en el último
Consejo de Ministros del curso político, al proyecto de Real Decreto por
el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos
de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se excluye
de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se
encuentren en España en situación ilegal.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
liderado por Ana Mato, ha dado a conocer que el Gobierno ha aprobado su
propuesta de excluir de la cobertura sanitaria pública a todos los
extranjeros que se encuentre en España en situación ilegal.
De esta forma, el Ministerio de Sanidad asegura garantizar "la
universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros
con residencia legal" gracias a la aprobación de este Real Decreto que
regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria
con cargo al Sistema Nacional de Salud.
Con esta medida, Mato afirma que se ha dado "un paso de
gigante" para ofrecer cobertura a la población. Además, considera que se
garantiza de esta manera "un mayor control y transparencia", ya que se
clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios.
Por otro lado, otro de los objetivos que el Ministerio de
Sanidad señala que se van a cumplir gracias a la aprobación del Real
Decreto es asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el
futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas.
Añadido a ello, se va a poner fin "a la multiplicidad de normas que han
regulado la prestación", indican desde este organismo.
En cuanto a la tarjeta sanitaria, ésta "será interoperable en
todos los servicios de salud del territorio nacional, y junto con la
historia clínica digital, servirá de herramienta para que los
profesionales sanitarios puedan acceder a los datos de un paciente
aunque se traslade fuera de su autonomía de residencia".
Por otra parte, fuentes del Ministerio aseguran que con al ver
luz verde la medida, España "se adapta a la normativa europea y pone
freno al turismo sanitario". Con ello, se evita "el uso fraudulento" por
parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud, manifiestan.
Además, esta cartera pretende generar un ahorro de 1.000
millones de euros con la aplicación de la reforma, lo que "redundará en
la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es
el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la
asistencia a extranjeros", subrayan.
Pero las modificaciones no acaban ahí, ya que tras escuchar
las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se va a impedir que el
sistema de salud siga sufragando la asistencia sanitaria de los europeos
que ya la tienen cubierta. Del mismo modo, los españoles que se
encuentren en esta coyuntura sufrirán la misma situación en el
extranjero.
No obstante, el Real Decreto si contempla la atención de
urgencia, por enfermedad o accidente; la atención en el embarazo, parto y
postparto; y la asistencia sanitaria a menores de 18 años en ciudadanos
en situación irregular. Gracias a esto, la cobertura ofrecida "se trata
de una más amplia que la de la mayoría de los países europeos",
sostienen desde la institución.
Por último, la titular de la cartera de Sanidad se ha mostrado
satisfecha de la base de datos del Sistema Nacional de Salud, algo que
considera "histórico". Gracias a ella, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social será el organismo único encargado de tramitar y
resolver en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario.
Además, será el encargado de detectar irregularidades como los
800.000 titulares que "constaban como beneficiarios de otras personas,
cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social y debían
ser titulares, las 200.000 de estas personas que figuraban como
beneficiarios de un pensionista pese a ser activos o las 150.000
tarjetas sanitarias activas que se han detectado de personas ya
fallecidas".
