Lo ha explicado a los periodistas el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, a la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, al término de la reunión. A la cita han acudido 210 jueces.
Jueces y fiscales de
toda España han celebrado juntas este viernes en las que,
mayoritariamente, han expresado su malestar con las políticas del
Ministerio de Justicia y sus planes de reformas legislativas, así como
contra los recortes estatutarios y salariales al colectivo. Reclaman a
Justicia que se siente a negociar en el plazo de 15 días ya que, en caso
contrario, llevarán a cabo un plan de movilizaciones que no excluye
paros parciales o una huelga indefinida.
En la reunión de este viernes, los jueces de Madrid también han votado pedir la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón,
pero la propuesta no ha prosperado por escaso margen. Asimismo, no
descartan ir a la huelga si la negociación con el ministerio, que ha
planteado una amplia reforma legislativa –en la que se incluye una
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial–, no da sus frutos y
no atiende a sus peticiones.
Por unanimidad, todos los jueces de
Madrid han aprobado el cumplimiento escrupuloso del horario de
audiencia, en el que los jueces atienden al público y a los
profesionales, ciñéndolo a las cuatro horas diarias legales, que en la
práctica se extendían durante bastante más tiempo. González Armengol
señaló que son "tercermundistas" tanto el sueldo de los
jueces españoles como la ratio juez-ciudadano en nuestro país, que es
de 10 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 20 de media en la UE.
Resaltó que en España hay un político por cada 106 habitantes, y un juez
por cada 10.000 habitantes.
Los jueces de Badajoz reclamaron
también en una reunión celebrada este jueves la dimisión de Moliner, se
adhirieron a una futura huelga indefinida y, ellos sí, reprobaron al
ministro Alberto Ruiz-Gallardón por su injerencia en la independencia
judicial.
En Barcelona, la junta general de jueces lamenta igualmente la "ausencia de voluntad política para modernizar la Justicia en España" y tampoco ha descartado medidas de presión como la huelga, si bien han aplazado la decisión a la junta de octubre.
En
rueda de prensa, la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, ha
explicado este viernes que en la junta, a la que han asistido 143
jueces de forma presencial o por delegación, se ha ratificado por
unanimidad un manifiesto en el que se muestra el "descontento de los jueces por cuestiones endémicas"
por falta de inversión, voluntad política, la congelación de plazas
judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema judicial y la falta de
concreción en la carga de trabajo de cada juzgado. "En la
Administración de Justicia, en tiempos de crisis aumenta el trabajo y
podemos llegar a una situación de colapso", ha advertido Feliu, a lo
que ha añadido que están trabajando por encima de la carga de trabajo
prevista. Ha avisado de que ello tiene un límite, deplorando que en
épocas de bonanza tampoco se haya invertido en Justicia: "Incluso
sanidad ha tenido muchas inversiones como el expediente digital y
nosotros no tenemos nada de esto. Aún funcionamos con papel y
fotocopias de fax".
Ha detallado que durante la junta se ha abordado la posibilidad de emprender medidas de presión
porque algunos jueces piensan "que se ha llegado al límite", entre las
que se han barajado la autorregulación y cumplir a rajatabla las horas
de audiencia, aunque, por el momento, no han puesto sobre la mesa la
convocatoria de una huelga. Para Feliu, la posibilidad de convocar paros
en los juzgados la abordarán de cara a la junta de octubre, ya que consideran que tendrá "más eficacia" si se convoca a nivel estatal y no sólo en Barcelona.
La junta ha aprobado por unanimidad adherirse al documento de las asociaciones de jueces suscrito el pasado lunes [descargar aquí] en el que se lamenta la ausencia de inversión,
la descoordinación en la gestión, la congelación de plazas, los
recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político
de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Este documento ha sido firmado
por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación
Francisco de Vitoria (FdV), Jueces para la Democracia (JpD), la
Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de
Fiscales (APIF), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Unión
Progresista de Fiscales (UPF) y no descarta la convocatoria de una
huelga.
También han mostrado su malestar con la situación y han
apoyado las protestas de las asociaciones los 20 jueces centrales de lo
Contencioso y de Instrucción de la Audiencia Nacional, así como la Sala de lo Penal de dicho órgano.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch,
ha destacado que el 75 por ciento de los jueces y fiscales españoles
han apoyado el comunicado conjunto de las asociaciones contra la
política judicial del Gobierno e instando a la negociación al
Ministerio.Y no sólo en las grandes capitales como Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao o Sevilla, sino en los partidos judiciales pequeños.
"Ello
demuestra el fuerte malestar existente con la gestión de
Ruiz-Gallardón", agregó Bosch, quien cree que el ministro debe abandonar
su "prepotencia y sentarse a dialogar de forma
constructiva con las asociaciones". Le darán un plazo de 15 días antes
de decidir movilizaciones entre las que no excluyen los paros parciales o
la huelga.
Respecto a la petición de dimisión de Moliner que
plantean algunos de sus compañeros como los de Madrid o Badajoz, Bosch
destacó que el próximo lunes las asociaciones se reunirán con el
presidente del CGPJ y le pedirán que apoye sus reivindicaciones.
Por
su parte, los miembros de las principales fiscalías territoriales
también han apoyado el comunicado conjunto de las asociaciones que
reclaman una negociación al Ministerio y no descartan medidas de presión como paros parciales o una huelga.
Así lo han hecho los fiscales de Madrid, Barcelona,
Valencia, Palma de Mallorca, Guadalajara, Navarra, Santander o Santiago
de Compostela, según los datos provisionales que manejaba la Unión
Progresista de Fiscales (UPF). En algunas de estas reuniones se ha
subrayado el malestar de la profesión, que se siente despreciada por las
medidas del Gobierno.
La portavoz de la UPF, María Moreto,
considera un éxito ese respaldo máxime teniendo en cuenta que la mayoría
de los fiscales no pertenecen a ninguna asociación.
Esta representante se mostró sorprendida porque Moliner haya
citado el lunes para hablar del malestar en el sector judicial
únicamente a las asociaciones de jueces, cuando en este conflicto existe
una comisión unitaria de todas las asociaciones de jueces y fiscales, y
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial afecta a ambos
colectivos. En todo caso, subraya que el interlocutor de las
asociaciones en este asunto es el Ministerio de Justicia y no Moliner.
Las juntas celebradas en ciudades de todo el país han puesto en evidencia un alto nivel de malestar de los jueces.
La mayoría se han adherido al documento presentado por las asociaciones
de jueces y fiscales. Los encuentros entre jueces asociados y no
asociados se producen días después de que las siete asociaciones, que
representan a todas las sensibilidades de la carrera judicial y fiscal
hayan alcanzado un acuerdo para cumplir estrictamente las horas de audiencia fijada por la ley, la convocatoria de una concentración y otras medidas de protesta.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró el jueves que los jueces tendrán el "máximo respeto" por parte del Ministerio si deciden ir a la huelga
"en su condición de funcionarios públicos" y ha recordado que conforman
también un poder del Estado. Por su parte, el presidente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, mantendrá reuniones
con las asociaciones judiciales, jueces no asociados, jueces decanos y
presidentes de los tribunales superiores de justicia para conocer su
parecer.
El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma del estatuto orgánico de los jueces
que limita la actuación de los sustitutos y limita los días de permiso.
Eso sí, se ha comprometido a volver a convocar oposiciones para el
ingreso en la Carrera Judicial a partir de 2013 y mantenerlas con
carácter anual, tras haber mantenido conversaciones con el presidente
del órgano de gobierno de los jueces.
